Criminalidad económica e internacionalización del derecho penal: experiencias en la Unión Europea y en el Mercosur

Revista Nº 24 Jul.-Sep. 2008

José Daniel Cesano(1) 

Doctor en derecho y ciencias sociales Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

I. Introducción: objeto y método del trabajo

Constituye un lugar común en la literatura jurídica contemporánea el señalar que, una de las notas distintivas del derecho penal actual, está representada por la marcada tendencia hacia su internacionalización.

Dicho fenómeno, al menos en el contexto Europeo, se está produciendo en niveles distintos y en ámbitos diferentes: “por un lado se incrementan las iniciativas legislativas y proliferan los convenios internacionales en materia penal por los que los Estados se obligan con relación a tipos concretos de hechos delictivos, se aprecia una influencia creciente de disposiciones emanadas de la Unión Europea en el derecho penal nacional de los Estados o se establece un catálogo de crímenes internacionales (en el Estatuto de la Corte Penal Internacional); por otro lado, se ponen en marcha nuevos tribunales pena les en el orden internacional: los de la antigua ex Yugoslavia y Ruanda, o, últimamente, la Corte Penal Internacional. Todo ello, sin olvidar los nuevos instrumentos de auxilio judicial internacional como la ejecución de condenas extranjeras, el traslado de personas condenadas o la trasmisión de procedimientos en materia penal”(2).

De todas estas manifestaciones —dada la especialidad de la obra en que se incluye esta investigación— solo nos ocuparemos de las que se vinculan con la criminalidad económica(3). Para el logro de tal cometido nos parece importante formular las siguientes precisiones metodológicas:

A) El trabajo comenzará con una sistematización de las normas sustantivas que han experimentado este proceso de internacionalización. Con esa finalidad, partiremos de una distinción entre las disposiciones diseñadas ex profeso para la tutela de bienes jurídicos comunitarios, de aquellos productos normativos elaborados para prevenir y reprimir las ofensas dirigidas contra intereses económicos nacionales, derivadas del ataque de la delincuencia económica trasnacional(4). Luego, y ahora desde una perspectiva analítica procesal, abordaremos los principios fundamentales que rigen los mecanismos de cooperación judicial penal internacional.

B) El universo geográfico de la investigación quedará circunscrito a dos ámbitos comunitarios: la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)(5).

C) Junto a la sistematización formulada, realiza remos una breve descripción de algunos de los problemas más relevantes que genera este proceso de internacionalización; en particular: las tensiones constitucionales que puede producir la elaboración de normas comunitarias y las dificultades relativas a la armonización legislativa.

D) Finalmente, efectuaremos una breve referencia a las funciones que se le asigna al método del derecho comparado, en este proceso de internacionalización.

II. Manifestaciones de la internacionalización del derecho penal económico

A) El derecho penal económico y la protección de los intereses comunitarios

a) La cuestión en la Unión Europea (UE)(6) 

Resulta innegable que desde la misma versión original del Tratado para la Fundación de la Comunidad Europea (1957) ya se reconoció la existencia de un interés jurídico supranacional merecedor de cierta protección. Nos referimos, más concretamente, a la libertad de competencia europea.

Es cierto que —según lo refiere Hirsch— en dicho instrumento no se había hablado una sola palabra acerca del derecho penal (7) . Sin embargo, en su artículo 87, apartado 2º (art. 83, 2º, “a”, según el texto de 1992), el Consejo, a propuesta de la Comisión, debía garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en los artículos 85 y 86 (hoy, artículos 81, apartado 1º. y 82), referidas a acuerdos contrarios a la competencia y aprovechamiento abusivo de una posición dominante en el mercado, “mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas”(8).

Por otra parte, como consecuencia de la verificación de diversos fraudes de subvenciones(9) —y sin mengua del ámbito de tutela anterior (competencia)— , en 1995 se aprobó el Convenio Relativo a la Protección Penal de los Intereses Financieros de la Comunidad Europea; ampliándose, así, el espectro de bienes jurídicos comunitarios protegidos. En efecto, con este Convenio los Estados miembros se comprometieron a describir como hechos punibles, en cada uno de los ordenamientos nacionales, las acciones defraudatorias en perjuicio de los intereses financieros de la Unión Europea(10). Tal tendencia se ha visto consolidada aún más a partir de los trabajos preparatorios de la Constitución Europea (2004); en tanto, con fundamento en la norma de habilitación contenida en el artículo III.415, se confiere a la Comunidad competencia para que, a través de una ley o ley-marco europea establezca “las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que perjudique a los intereses financieros de la Unión, con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión”. Esto significa que, con respecto a esta materia y las que menta el artículo III.271 (y sobre las que luego volveremos), de entrar en vigencia estos preceptos, “el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo pueden sancionar tales leyes directamente en función de decisiones de mayoría”(11).

Con respecto a este último bien jurídico, los esfuerzos comunitarios se encuentran avanzados; aspecto que puede ejemplificarse a través de la labor desarrollada por la comisión, integrada por un grupo de expertos, que viene trabajando en la elaboración de un Corpus Juris para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea(12). Esta labor se efectúa con el firme propósito de superar definitiva mente “la estrategia penal comunitaria basada en el principio de asimilación”, carente de posibilidad de alcanzar, al menos con cierta eficacia, los objetivos de tutela que se persiguen(13).

b) La cuestión en el Mercado Común del Sur (Mercosur)(14) 

No podemos iniciar el tratamiento de este tema sin antes marcar la notable diferencia existente entre la Unión Europea y el Mercosur.

Los métodos de acción utilizados por la UE representan la experiencia más avanzada en materia de formación de una voluntad política y legislativa común en el seno de un grupo de Estados sólidamente estructurados.

En efecto, en el plano institucional “la Unión Europea realiza una combinación entre las técnicas de intergubernamentabilidad y supranacionalidad. En el plano estrictamente jurídico, la integración europea se caracteriza por un ordenamiento jurídico autónomo, basado en la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales y en la posibilidad de recurrir a la jurisdicción para la aplicación de esas normas (invocabilidad en justicia)”(15).

Estas grandes líneas del derecho comunitario “no encuentran ningún eco en los contornos jurídicos del Mercosur. En primer lugar, adopta una estructura institucional visiblemente minimalista (...). En segundo lugar, el bloque no es dotado de un ordenamiento jurídico autónomo, por lo que constituye un fenómeno de derecho internacional público clásico (...)”(16).

No obstante, la asimetría entre ambas comunidades regionales —fruto tanto de las singularidades del Mercosur como, y tal cual se acaba de consignar, de la negación en este último ámbito de algunos de los principios fundamentales de la integración Europea— igualmente encontramos aquí, algunas previsiones destinadas a la tutela de un bien jurídico comunitario. Se trata, también, del régimen de la competencia.

Ya en el mismo tratado para la constitución del Mercado Común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (firmado en Asunción, el 26 de marzo de 1991), se convino que su conformación implica: “[l]a libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias [...]. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados [...] [y] [l]a coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales [...] a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados partes [...]” (art. 1º). Como se podrá advertir, desde la etapa fundacional, “uno de los objetivos es asegurar condiciones adecuadas de competencia, idea que se reitera en otra disposición al prescribirse que los Estados partes asegurarán condiciones equitativas de comercio y coordinar[án] sus respectivas políticas nacionales, con el objeto de elaborar normas comunes sobre competencia comercial”(17).

En este marco, el 17 de diciembre de 1996, en Fortaleza (Brasil), se suscribe el Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur (18); dentro de cuyo ámbito es dable observar normas protectoras de carácter penal. Es así que, de acuerdo con el artículo 2º de dicho documento, “[l]as reglas de este protocolo se aplican a los actos practicados por personas físicas o jurídicas de derecho público o privado u otras entidades que tengan por objeto producir o que produzcan efectos sobre la competencia en el ámbito del Mercosur y que afecten al comercio entre los Estados partes”. Por otra parte, el artículo 4º preceptúa que: “[c]onstituyen infracción a las normas del presente protocolo, independientemente de culpa, los actos, individuales o concertados, de cualquier forma manifestados, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito del Mercosur y que afecten el comercio entre los Estados partes”.

Los textos que acabamos de transcribir, al decir de Spolansky, “no constituye[n] una propuesta para que cada Estado armonice su legislación interna, sino la formulación de (...) norma[s] de carácter comunitario, carácter que se proyecta en relación con el procedimiento de aplicación en el cual se prevé la creación del Comité de Defensa de la Competencia, órgano de naturaleza intergubernamental (art. 8º)” (19).

c) Tensiones constitucionales.

El contraste señalado en orden a las técnicas de integración respecto de ambas comunidades, lógicamente se traduce en diferencias significativas desde la perspectiva de las tensiones constitucionales que se derivan de la instrumentación de la tutela de bienes jurídicos comunitarios (esto es: protección de intereses financieros y de la competencia).

En la Unión Europea, la autonomía del derecho comunitario provoca preocupaciones en la doctrina que guardan vinculación con la garantía de legalidad(20).

En efecto, la diversidad en lo concerniente a los órganos de producción jurídica hace que podamos hablar, allí, de una auténtica red normativa, realmente compleja. En palabras de Donini: “[s]e asiste a un entrelazado reticular de fuentes de producción normativa (que va más allá de las ‘disposiciones’ abstractas de la ley) y a un pluralismo horizontal y vertical de esas mismas fuentes y de sus respectivos universos culturales”(21).

En tal panorama, se discute si la transferencia de competencia en materias penales a los órganos comunitarios no necesita de una base de habilitación más precisa que las cláusulas generales de los Tratados de la UE Ello se deduce —según lo expresa Sieber— “sobre todo del principio fundamental del derecho penal y constitucional nullum crimen sine lege, cuyas exigencias van mucho más allá de la mera reserva de la ley que existe tanto en el artículo 24 de la Ley Fundamental(22) como en las disposiciones correspondientes de los otros Estados miembros”(23). Si las competencias globales del Tratado de la UE facultan en diversos ámbitos a adoptar las “medidas necesarias”, y con ello no limitan ni el tipo de la pena ni su monto, entonces esta normativa no es suficiente como norma de competencia para el derecho penal(24).

Ciertamente, este tema no se soluciona apelando —como de hecho sucede en Alemania con las sanciones relativas a infracciones al régimen de competencia— ubicando estas disposiciones en el ámbito del derecho penal administrativo. Por ello lleva la razón Sieber al expresar que: “[...] queda claro que esta cuestión no puede resolverse por medio de etiquetas conceptuales equivocas de un derecho penal de infracciones administrativas del orden (Ordnungswidrigkeiten) [...]. ¡Estas construcciones conceptuales son siempre funcionales! Para la delimitación de las medidas coercitivas permitidas resulta decisiva la expansión del principio nullum crimen, que también es válido en el derecho de las infracciones administrativas del orden [...]”(25).

Si de la Unión Europea pasamos, ahora, al Mercosur, se podrá observar que la problemática constitucional es diversa. Aquí no se aprecian —aún— cuestiones relativas a la garantía de legalidad, por falta de determinación de la norma comunitaria autónoma (crítica de Sieber); ni resulta necesario repensar el asunto desde la perspectiva de una posible tensión entre las fuentes del derecho comunitario y el principio nullum crimen (según lo recomienda Bacigalupo). Ello se explica por cuanto, estas disposiciones regionales no gozan de aquella autonomía (en el sentido que carecen de aplicabilidad directa) sino que, en virtud del Protocolo de Ouro Preto (arts. 38 y 42), en la medida en que dichas normas (como ocurre con las relativas a la tutela de la competencia) se instrumenten como tratados, deberán ser —con carácter previo a su obligatoriedad— incorporadas a la legislación interna de cada Estado miembro, de acuerdo con los respectivos mecanismos constitucionales(26).

En el caso de la Argentina, tal particularidad torna el tema mucho más delicado desde que, la incorporación de la norma comunitaria está condicionada a sortear un análisis preliminar de compatibilidad entre ésta y las disposiciones constitucionales, en tanto consagran garantías protectoras de los derechos humanos. Por nuestra parte, hemos estudiado, en particular el tema en trabajos anteriores(27); limitándonos aquí a sintetizar el aspecto central de la cuestión.

Dijimos que en el ámbito del Mercosur encontramos normas que tutelan penalmente bienes comunitarios. Concretamente aludimos al régimen de la competencia. Ahora bien, el Protocolo de Fortaleza —al menos al tiempo que se redacta este trabajo(28)— solo ha sido incorporado al derecho interno de dos Estados miembros del Mercosur: primero lo hizo Paraguay (1997) y luego Brasil (2000). No sucedió lo propio aún con Uruguay ni Argentina.

Más allá de los motivos efectivos que puedan explicar esta actitud por parte del Estado argentino(29); desde un estricto análisis constitucional, para que la incorporación del protocolo se produzca en nuestro derecho interno, será menester que el Congreso (con un quórum calificado) lo apruebe(30). En tal sentido, el artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional, establece como competencia del Poder Legislativo Federal: “[a]probar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supranacionales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes”. A partir de este texto, ha sido clara la Ley Fundamental Argentina sobre la jerarquía garantizada al derecho comunitario, originario y derivado, en cuanto a su posición de privilegio solo frente a las leyes del congreso —y normas inferiores—, “lo cual deja de lado a la constitución que continúa ocupando la es cala normativa de más alto rango en el derecho argentino. Por ello, además de tener en cuenta las condiciones del artículo 75, inciso 24 (...), los tratados constitutivos del mecanismo de integración y las normas que en su consecuencia se dicten deberán guardar conformidad con los principios de derecho público garantizados constitucionalmente, en los términos del artículo 27 de la Carta Política. Lo dicho no solamente surge del tenor literal del inciso que se analiza, sino que resulta confirmado, además, por las disposiciones pertinentes de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional, en cuanto impedían al legislador constituyente modificar la Primera Parte de la Constitución, y con ello el artículo 27, conjuntamente con los artículos 30 y 31 de la ley mayor”(31).

La circunstancia recién apuntada tiene una innegable connotación práctica. Volvamos, a título de ejemplo, a las normas que tutelan la competencia en el protocolo. De sus artículos 2º y 4º se puede colegir que, las previsiones comunitarias permiten construir la punición de la persona jurídica. ¿Resulta esto compatible con el texto constitucional? Desde luego que no. Y sostenemos esta respuesta negativa por cuanto existe una norma constitucional concreta que veda(32), en nuestro sistema positivo, cualquier posibilidad de responsabilidad objetiva; motivo por el cual, la norma regional no podría pasar ni el examen previo de compatibilidad (que debe efectuar el legislador) ni, en caso de que este estudio no resultase muy atento, el control de constitucionalidad que realiza el Poder Judicial(33).

B) Tutela de bienes jurídicos nacionales frente a la criminalidad trasnacional

a) Marco general de análisis

Otra de las manifestaciones que asume el proceso de internacionalización de las previsiones normativas que integran el derecho penal económico está representada por una tendencia a la armonización legislativa entre los diversos Estados con la finalidad de proteger, con mayor eficacia, bienes jurídicos nacionales (en el sentido de no comunitarios) que pueden afectarse a través de la delincuencia organizada transnacional.

Sin desconocer las dificultades para obtener una conceptualización de la criminalidad organizada(34), existe cierto consenso en que, una de las notas distintivas de ella suele vincularse, además de con su carácter transfronterizo(35), con su estrecha relación con la delincuencia económica. Como lo expresa Castaldo: “[...] la criminalidad asociativa se ha expandido al mundo económico: las ganancias que derivan del crimen vienen reinvertidas en circuitos económico-financieros legales, sea con el objeto de descontaminar su origen ilícito, sea por las grandes ganancias que tal actividad produce”(36).

En este marco, es evidente que una delincuencia económica “que pretenda actuar por encima de las barreras nacionales exige sofisticadas estructuras, encargadas tanto de la ejecución de complejas operaciones delictivas como de su rentabilización, recurriendo para ello a la denominada ingeniería financiera. La delincuencia económica transnacional es, así, delincuencia organizada, tanto en sus manifestaciones empresariales convencionales como en las modalidades de la llamada macrocriminalidad [...]”(37).

No existen dudas de que frente a esta manifestación de la internacionalización de la criminalidad, es necesario diseñar una respuesta penal adecuada, que debe, también, revestir alcance internacional y ha de sustentarse en la articulación de instrumentos de cooperación judicial y policial que garanticen la necesaria flexibilidad y eficacia(38).

De hecho, desde los trabajos vinculados con la Constitución europea, se viene propugnando en esa región trasladar, hacia los órganos de la Unión, ciertas competencias legislativas nacionales en materia penal, respecto de formas de criminalidad que no resultan estrictamente comunitarias; pero que, para su represión eficaz, exigen una tarea y esfuerzo mancomunado. Así, de conformidad con el artículo III.271.1.: “La ley marco europea podrá establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes”. En esta categoría delictiva, la norma menciona, entre otros, los siguientes tipos de criminalidad: el blanqueo de capitales, la falsificación de medios de pago y la delincuencia informática.

Ahora bien, en aquellos casos en que no se produce esa transferencia de competencias (transformando la materia en comunitaria) —sea porque los delitos en cuestión no estuviesen incluidos en la norma habilitante o, como ocurre con los miembros del Mercosur, porque, aún, no hay una tal transferencia en lo que concierne a cualquiera de estas formas de criminalidad— al menos resulta imprescindible armonizar las legislaciones de los Estados nacionales en estas materias.

¿Y por qué armonizarlas?

Una respuesta razonable sería esta: si para enfrentar, con un mínimo de efectividad, estas formas de delincuencia transfronteriza resulta necesario conformar estrategias basadas en la cooperación judicial penal internacional, el respeto del principio de doble tipicidad —como exigencia de la extradición— torna imperativa homogeneizar (desde una perspectiva legislativa) ciertos aspectos del derecho penal material.

No desconocemos que, en el ámbito de la Unión Europea, se ha elaborado una Decisión Marco sobre la Orden de Detención y Entrega Europea(39). Precisa mente, uno de los rasgos de dicho instrumento está dado por prescindir, parcialmente respecto de algunos delitos, de la exigencia de doble tipificación(40). Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional de alguno de los Estados miembros (aun cuando con matices), se han mostrado críticas al respecto. Así, en Alemania, Schünemann se ha opuesto, enfáticamente, a este proceso de flexibilización. Para este autor “extraditar a un nacional del propio Estado prescindiendo de la doble tipificación de los hechos es tanto como renunciar a las garantías clásicas del Estado liberal que han alumbrado en el mundo occidental el sistema de protección de los individuos frente al poder público y, más concreto, equivaldría a lesionar lo que denomina ‘principio democrático’ (...), en virtud del cual nadie puede ser declarado como enemigo de la sociedad y, en consecuencia, condenado con fundamento en unas normas penales en cuya confección no ha podido intervenir activamente, cuando menos mediante el ejercicio del derecho del voto”(41).

Es más: aún quienes se muestran dispuestos a tolerar esta eliminación parcial de la doble tipificación, no consideran prudente que, los Estados miembros autoricen la extradición automáticamente. En esta dirección, Ormazabal Sánchez expresa: “(...) debería constituir un impedimento —y de carácter insuperable— para dichas extradición o entrega, el hecho de que la tipificación o la fijación de la pena en un Estado entrañasen en el otro la vulneración de derechos fundamentales, tal como éstos estén configurados en la propia constitución estatal. En efecto (...) no parece (...) razonable permitir que ipso facto, las autoridades de un Estado queden facultadas para entregar a sus ciudadanos a la justicia de otros países donde no se respetarán ciertas garantías consideradas irrenunciables, que los ciudadanos —según la constitución correspondiente— ostentan en el propio Estado frente a los poderes públicos”(42).

Por esto, tanto para quienes se muestran críticos con la laxitud del principio de doble tipicidad como con respecto a aquellos sistemas regionales (caso del Mercosur) que aún mantienen incólume esta exigencia, resulta imprescindible el acercamiento o aproximación sectorial(43) de las legislaciones pena les nacionales en materia sustantiva y procesal.

b) Dificultades y peligros en la armonización

No obstante tal necesidad, no es posible dejar de señalar que un proceso de armonización no resulta algo fácil de lograr. La literatura jurídica contemporánea, en términos similares, coincide con esta apreciación(44).

¿Y cuáles son estas dificultades?

Numerosas y de variada naturaleza. Así —y sin ningún ánimo de exhaustividad— podemos señalar las siguientes:

b.1) Entre los países de la Unión Europea, las dificultades pueden derivar de la coexistencia de ordenamientos positivos que responden a culturas jurídicas diversas (derecho penal anglosajón y europeo-continental)(45). En efecto, ellas resultan diferentes no solo “en vista de sus principios básicos —así, por ejemplo, en el derecho anglosajón ya el razonar sobre principios es incluso algo extraño—, sino también en relación con la idea de codificación y extensión de la punibilidad”(46).

b.2) También los escollos pueden generarse a partir de la adopción de principios enfrentados en lo que atañe a la opción político criminal vinculada con la obligatoriedad o no del ejercicio de la acción penal procesal (legalidad vs. oportunidad)(47); obstáculo que ya no constituye un patrimonio exclusivo de los Estados miembros de la UE sino que, a juzgar por las diferencias que pueden apreciarse en esta materia —por ejemplo, entre Paraguay y Argentina(48)— se tornan igualmente extensivos a esta comunidad regional (Mercosur).

b.3) Un inconveniente no menor es aquél que se deriva del diferente estado de evolución en lo concerniente a las mismas materias por parte de los diversos miembros que integran la región. Piénsese, por ejemplo, en la regulación de la criminalidad informática entre los distintos Estados que conforman el Mercosur. Al respecto se ha señalado, con absoluta corrección, que la protección penal en este ámbito “presenta una serie de asimetrías entre los Estados miembros (...). Esto se visualiza desde lo formal, en el distinto modo en que se aproximaran a las necesarias actualizaciones legislativas y, desde lo material, en la diferente consideración de algunos problemas o la directa ignorancia de ellos” por parte de algunos de los países socios(49).

Las dificultades apuntadas —que, insistimos, tienen un carácter meramente ejemplificativo— son generadoras, a su vez, de un nuevo riesgo, que va de la mano de los discursos de emergencia que caracterizan a la política criminal actual(50): una desordenada sobreincriminación de fuerte tonalidad simbólica. En otras palabras: “el hecho de que no sea posible una legislación abarcativa, reflexiva y cuidadosa y que solo quede espacio para ‘salidas de apuro’, sumado a que los políticos, por otro lado, en lo que atañe a la lucha internacional contra el delito se encuentran bajo una fuerte presión de sus conciudadanos que condiciona su legitimación frente al poder, hace que, por lo general, quede como salida solo una ampliación indiferenciada de los tipos penales y de las medidas de coerción procesales. Los derechos de las personas y en especial los de la defensa del imputado, son hasta ahora, más bien dejados de lado”(51).

III. La cooperación penal internacional

Hemos dicho ya que la transnacionalización del delito constituye uno de los aspectos más relevantes de la criminalidad organizada. Ante tal característica, es de toda evidencia que los Estados nacionales —a la hora de diagramar sus estrategias para prevenir y reprimir dicha delincuencia— pueden verse reducidos a una virtual impotencia. De allí que, modernamente, se insista en la necesidad de intensificar la asistencia o cooperación en materia penal.

Dos son las modalidades que puede asumir esta cooperación: la administrativa, que es fundamental mente policial, y las variadas formas de cooperación judicial.

En lo que respecta a esta última, en la Unión Europea, a través del Tratado de Amsterdam (1997/1999), se confirió a la colaboración judicial interestatal objetivos concretos. Así el artículo 31 estableció que aquella asistencia incluiría, entre otros aspectos: a) la facilitación y aceleración de la cooperación entre los ministerios y las autoridades judiciales o equivalentes componentes de los Estados miembros, en relación con las causas y la ejecución de resoluciones; b) la facilitación de la extradición y c) la prevención de conflictos de jurisdicción. Por su parte, en la Constitución Europea se prevé la conformación y estructura del “Eurojust”, como estamento de coordinación para el trabajo conjunto de las autoridades de persecución penal de los distintos Estados integrantes de la comunidad; otorgándose, además, competencia a la Unión para instituir, mediante una ley europea, la figura de un Ministerio Público Europeo, con conocimiento respecto de la criminalidad que afecte los intereses comunitarios así como de la delincuencia especial mente grave(52).

En lo concerniente al Mercado Común del Sur, el 25 de junio de 1996, los Estados miembros suscribieron el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales; instrumento que fue incorporado al derecho argentino interno merced a la Ley 25.095.

Pero ¿qué se entiende por cooperación judicial penal internacional?

Cervini y De Araújo la conceptualizan —partiendo de la caracterización de Polimeni— de la siguiente manera: “conjunto de actividades procesales (cuya proyección no se agota en las simples formas), regulares (normales), concretas y de diverso nivel, cumplidas por órganos jurisdiccionales (competentes) en materia penal, pertenecientes a distintos Estados soberanos, que confluyen (funcional y necesariamente) a nivel internacional, en la realización de un mismo fin, que no es sino el desarrollo (preparación y consecución) de un proceso (principal) de la misma naturaleza (penal), dentro de un estricto marco de garantías (acorde al diverso grado y proyección intrínseco del auxilio requerido)”(53).

Esta cooperación judicial es susceptible de realizarse en distintos grados o niveles. Dichos niveles, a nuestro juicio, son(54):

a) Un primer grado que comprende a las medidas de asistencia más leve o simple (notificaciones, tramitación de pruebas, etc.);

b) Un segundo nivel que abarca las medidas de asistencia procesal penal internacional susceptibles de causar gravamen irreparable a los bienes de las personas (registros, embargos, secuestros, etc.); y

c) Un tercer grado que comprende a aquellos niveles de cooperación extrema susceptibles de causar gravamen irreparable en los derechos y libertades propios de quienes alcanza (extradición).

De estos tres niveles, el Protocolo de 1996 solo se refiere al primero y al segundo (art. 2º). En nuestro concepto, este instrumento no rige respecto del traslado coactivo emanado de una orden de detención. Tal cuestión deberá regirse por el acuerdo sobre extradición entre los Estados partes del Mercosur y —hasta tanto se produzca la incorporación— por tratados bilaterales(55). Esta última precisión no es una cuestión menor desde que, en virtud del artículo 1º, inciso 4º, del Protocolo, la asistencia interestatal se prestará “aun cuando las conductas no constituyan delito en el Estado requerido”; cuestión medular desde que la previsión elimina la previsión de doble tipicidad (respecto del primer y segundo nivel de asistencia)(56) más no así del tercero(57).

IV. La internacionalización y las nuevas funciones del derecho comparado

La utilización del método del derecho penal comparado(58) no constituye, ciertamente, ninguna novedad. Ya Feuerbach en sus Kleine Schriften (1833) había enfatizado su necesidad científica al considerar que la comparación era la fuente más rica de conocimientos de las ciencias de la experiencia(59).

Si en aquella época lejana ya se vislumbraba esta significación, con mayor razón aún, frente a este proceso de internacionalización que venimos analizando, debemos detenernos para valorar su rol.

Desde nuestra perspectiva, el método comparado conforma un instrumento valioso para la construcción de cualquier intento de armonización(60). En efecto, sin dejar de reconocer las dificultades que entraña todo intento de homogeneizar (en forma sectorial) los ordenamientos jurídicos, la comparación podrá poner en evidencia que —sin mengua de la diversidad— existen aspectos de la cultura jurídica susceptibles de ser expresados a través de una serie de principios comunes que, a su vez, permitan —si se nos autoriza la metáfora— esquematizar ciertos planos sobre los cuales proyectar esa armonización parcial(61).

Obviamente, la utilización eficaz de este método no debe quedar reducida a la exclusiva comparación de textos legales. Por el contrario: “[l]a función del derecho penal comparado se tendrá que extender, consecuentemente, a elementos extralegales, implicados en la aplicación del derecho (...)”(62). En otras palabras: la comparación sincrónica habrá de conformar el núcleo central, y la exigencia de concreción “lleva a aprehender la letra de las disposiciones, junto a su efectiva aplicación, lo que hace que enlacemos con la dogmática y se prepare el camino para la elaboración de la teoría general del derecho(63). En definitiva, de la comparación podrá resultar una similitud o una identidad de razones, siendo posible que la razón de los sistemas sea divergente, con una divergencia meramente formal o material. La propuesta sería, entonces, “el crear un derecho que encierre una razón jurídica nueva, producto de las razones de los derechos de los Estados miembros [de la región cuya integración se propugna], dentro del espíritu resultante de una voluntad de coalición cultural. Para esto es necesario incidir en que la inteligibilidad de un sistema se une al descubrimiento de su racionalidad, y en si son capaces de cohabitar las razones jurídicas en las que se apoya, confluyendo en la dinámica de la producción normativa, y proponiendo un esquema de modelización de los procesos decisionales que armonice el campo de la complejidad”(64).

V. Conclusiones

1. Desde una perspectiva de análisis teórico, el proceso de internacionalización del derecho penal económico reconoce diversas manifestaciones; a saber: a) la creación, por parte de instancias supranacionales, de figuras delictivas comunitarias, diseñadas para la protección de bienes jurídicos regionales (v. gr.: competencia, intereses financieros comunitarios) y b) la armonización sectorial de las legislaciones nacionales, con la finalidad de facilitar la cooperación judicial en materia penal, como instrumento para enfrentar la criminalidad organizada trasnacional que afecte intereses económicos locales.

2. Este proceso no está exento de dificultades. Los problemas que se observan son diversos, de acuerdo con la manifestación que asume la internacionalización (según la sistematización realiza da en la conclusión anterior) y a las características jurídicas propias del fenómeno integracionista.

3. Existen profundas asimetrías en las características del proceso de integración de la Unión Europea con las propias del Mercosur. En efecto, mientras en la primera se reconoce la autonomía y primacía de la regulación comunitaria; en el Mercosur la vigencia (y consiguiente obligatoriedad) de la norma regional está supeditada a la incorporación al derecho interno de los Estados miembros, a través de los respectivos mecanismos constitucionales (caso de Argentina [art. 75, inc. 24, C.N.]).

4. Las asimetrías señaladas repercuten significativamente al momento de precisar la problemática constitucional que puede enfrentar la elaboración de figuras delictivas comunitarias. En este sentido, parte de la doctrina Europea señala ciertos temores que se conectan ya con las tensiones que puedan derivarse entre el principio nullum crimen y las fuentes del derecho comunitario ora con la falta de determinación de la norma regional. En el caso del Mercosur en cambio, las dificultades son de otra naturaleza: si, como sucede con Argentina, la Ley Fundamental condiciona la aprobación de los instrumentos de integración —o las normas que de él derivan— a la compatibilidad entre éstas y la Constitución federal (ahora, notablemente enriquecida, por los diversos documentos internacionales de DD.HH. elevados a la máxima jerarquía normativa [art. 75, inc. 22, 2.ª cláusula, C.N.], resulta evidente que la norma regional, si bien tiene jerarquía superior a las leyes, está supeditada (para su vigencia) a la norma funda mental nacional.

5. Este último mecanismo (de incorporación previa al derecho interno) obstaculiza el proceso de integración regional en el Mercosur. En este sentido, es suficiente reparar en el diferente ritmo en que tiene lugar dicha recepción (v. gr. ni Argentina ni Uruguay han incorporado, a la fecha, las normas del Protocolo de Fortaleza [sobre defensa de la competencia]).

6. La prevención y represión de la delincuencia económica organizada trasnacional exige, de parte de los Estados nacionales, que intensifiquen los mecanismos de cooperación judicial en materia penal. Este proceso exige, a su vez, un acercamiento entre los sistemas penales (procesales y sustantivos) de los Estados miembros de la comunidad.

7. La armonización legislativa en lo que concierne al derecho penal material se justifica como resguardo mínimo vinculado con el tercer nivel de cooperación interestatal (extradición). Ello así atento a la exigencia de doble tipicidad que se deriva del acuerdo sobre extradición entre los Estados partes del Mercosur (que ya ha sido incorporado al derecho interno de Brasil, Paraguay y Uruguay). En el caso de la Unión Europea, si bien la Decisión Marco sobre la Orden de Detención y Entrega flexibiliza, respecto de un nutrido grupo de delitos, dicha garantía (doble tipicidad); la no eliminación total del recaudo y los reparos doctrinarios y jurisprudenciales que se han señalado (respecto de aquella flexibilización), conforman también, un buen motivo que justifica la necesidad de obtener esta armonización.

8. Pese a esta necesidad, la tarea de armonización no está exenta de dificultades, de la índole más diversa. No obstante ello, el empleo del método comparado puede significar un instrumento de significativa importancia en este cometido; utilidad que se deriva no solo como tarea previa para este intento de acercamiento sino, fundamentalmente, como herramienta eficiente para detectar la racionalidad jurídica común que puede subyacer a los distintos ordenamientos positivos que conforman una región.

(1) Profesor en las especializaciones en Derecho Penal Económico de las universidades Siglo 21 y Blas Pascal. Miembro del Consejo Consultivo del International Center of Economic Penal Studies (Nueva York).

(2) Cfr. Méndez Rodríguez, Cristina. Hacia la internacionalización del Derecho penal. En: Verdugo Gómez de la Torre, Ignacio y Sanz Mulas, Nieves (coord.), Derecho penal de la democracia vs. seguridad pública. Granada: Ed. Comares, 2005, p. 33.

(3) Por lo tanto, no analizaremos ni la tipificación de crímenes internacionales realizada por el Estatuto de Roma ni lo relativo a la instrumentación de la Corte Penal Internacional. Sobre estos aspectos, el lector puede consultar Kai Ambos. La parte general del derecho penal internacional. Bases para una elaboración dogmática, Coedición Duncker & Humblot (Berlín) - Temis (Bogotá) y Konrad Adenauer Stiftung (oficina Uruguay), Montevideo, 2005; del mismo autor, Implementación del Estatuto de Roma en la legislación nacional, en Ambos / Malarino, Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y España, coedición Instituto Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional (Friburgo) y Konrad Adenauer Stiftung (oficina Uruguay), Montevideo, 2003, pp. 25-31.

(4) Tomamos la distinción que realiza Ulrich Sieber. Estado de la evolución y perspectivas del derecho penal europeo. En: AA. VV., Hacia un derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann, Ed. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 602. Por su parte, informa Guillermo Ormazabal Sánchez. Espacio penal europeo y mutuo reconocimiento. Perspectivas Alemana y Española. Madrid: Ed. Marcial Pons, 2006, p. 24, nota nº 11 que, en la misma doctrina alemana, Schünemann unifica ambas categorías de criminalidad bajo la rúbrica genérica de “ delitos europeos ” (Europa-Delikte), es decir: “tipos delictivos creados por la Unión Europea relativos a bienes jurídicos propios (por ejemplo los delitos contra sus intereses financieros, es decir, su propio presupuesto, los realizados por sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos, etc.), o ser relativos a conductas que tienen lugar en varios Estados (Grenzüberschreitende Tathandlungen)”.

(5) La descripción de estos dos ámbitos, en modo alguno —y tal cual lo señalaremos en el texto— presupone, de nuestra parte, afirmar la similitud entre ambos modelos comunitarios. Se trata, por el contrario, de una selección que tiene como propósito —además de lo meramente informativo— justamente poner en contraste las innegables distancias entre la Comunidad Europea y el Mercosur.

(6) Antes del inicio de este proceso no debe pensarse que, el derecho comunitario, no tuvo incidencia sobre el derecho penal nacional. Por el contrario —y aún cuando no significara una transferencia de competencia legislativa a favor de la comunidad— la bibliografía venía señalando esta influencia, en particular con respecto a la integración de los tipos penales nacionales que contienen elementos normativos o se configuran como tipos penales en blanco. Al respecto, Geneviève Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, deuxième édition. Dalloz, Paris, 1994, p. 25, luego de distinguir conceptualmente el reenvío interno del externo, caracterizaba a este último de la siguiente manera: “La sanction est determinée dans un texte et il est renvoyé à un autre texte pour la définition de l’incrimination. Ce texte peut étre une loi, un décret, une convention internationale, ou un règlement communautaire”. En general, sobre esta técnica de reenvío a normas comunitarias, cfr. Luis Miguel Reyna Alfaro, Fundamentos de Derecho penal económico, Ángel Editor. México, 2004, pp. 95-103.

(7) Cfr. Hans Joachim Hirsch. Cuestiones acerca de la armonización del derecho penal y procesal penal en la Unión Europea. En: AA. VV., Estudios sobre justicia penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier. Buenos Aires: Ediciones del puerto, 2005, p. 657.

(8) En la doctrina alemana hay consenso respecto al carácter contravencional de estas multas. Así, Gerhard Dannecker. Sanciones y principios de la parte general del derecho de la competencia en las comunidades europeas. En: AA. VV., Hacia un derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann, Ed. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 546. Desde nuestra perspectiva, tal circunstancia no empaña la naturaleza penal de esta protección en atención a la inexistencia de diferencias ontológicas o cualitativas entre infracción contravencional y delictual. En todo caso, se trata de una mayor o menor intensidad en la tutela —derivada, a su vez, de la mayor o menor gravedad de la sanción— que no alcanza para borrar su claro contenido punitivo. Al respecto, cfr. José Daniel Cesano, La responsabilidad penal de la persona jurídica y el Derecho Comunitario: un caso de tensión constitucional (a propósito de los artículos 2º y 4º del Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur), Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. T LVII, Madrid, 2004, p. 398.

(9) Refiere Manuel Jaén Vallejo (cfr. El espacio judicial común europeo y la unificación del derecho penal y procesal penal en Europa: El Corpus Juris Europeo, en crimen y castigo. Cuaderno del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Año I, nº 1, agosto de 2001, Buenos Aires: Ed. Depalma, p. 75) que, desde hace tiempo y a partir de las investigaciones de Klaus Tiedemann, se viene advirtiendo que “la posibilidad de obtener una prestación sin contrapartida, y con un control muchas veces insuficiente, convierte a la subvención en un factor criminógeno por sí mismo. Y es que las dificultades en el control de las subvenciones y ayudas públicas no es fácil, pues hay numerosas entidades y personas beneficiarias, tanto en el ámbito industrial como en el agrario, donde las ayudas de algunos de los fondos comunitarios pueden llegar al millón de agricultores. Hay un caso que tuvo en su momento una gran importancia en la comunidad, el ‘caso del maíz griego’. En 1986 fueron exportadas desde Grecia hasta Bélgica 20.000 toneladas de maíz, declarando los responsables que se trataba de maíz de origen griego, cuando, en realidad, se trataba de maíz procedente de Yugoslavia, por lo cual la exportación no quedó sujeta al correspondiente arancel aduanero. A pesar de los apremios realizados desde la comisión al Gobierno de Grecia para que fueran iniciados los correspondientes procedimientos sancionadores ante este caso claro de fraude al arancel agrícola comunitario, éstos no se produjeron, por lo cual finalmente la comisión acudió al Tribunal de Justicia de la Comunidad, que en su sentencia de 21 de septiembre de 1989, ante la inactividad del gobierno de Grecia, y sobre la base de lo dispuesto por el artículo 5º del Tratado de la Comunidad Europea, relativo a la asimilación de la protección de los intereses de la Comunidad a la que corresponde a los intereses nacionales, afirmó que la protección de esos intereses comunitarios debía ser disuasiva, proporcionada y eficaz”.

(10) En virtud de esto, el legislador alemán, en 1998, modificó el parágrafo 264 del StGB, referido a ese delito. Lo propio sucedió en España con los tipos delictivos previstos por el artículo 308 del Código Penal. Sobre esta última previsión, cfr. Manuel Jaén Vallejo. La protección penal en el ámbito de las subvenciones. En: Enrique Bacigalupo (director), Derecho penal económico. Buenos Aires: Ed. Hammurabi, 2000, p. 348 y ss.

(11) Cfr. Perron, Walter. Perspectivas de la unificación del derecho penal y del derecho procesal penal en el marco de la Unión Europea. En: AA. VV., Estudios sobre justicia penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier. Buenos Aires: Ediciones del puerto, 2005, p. 733.

(12) Al respecto, cfr. Jaén Vallejo. El espacio judicial (...), ob. cit., p. 89 y ss.

(13) Cfr. Bacigalupo, Enrique. El “Corpus Juris” y la tradición de la cultura jurídico-penal de los EE. MM. de la Unión Europea. En: Hacia el nuevo Derecho penal. Buenos Aires: Ed. Hammurabi, 2006, p. 753. El principio de asimilación supone que los Estados miembros deben adoptar con relación al fraude que afecta a los intereses financieros de la Comunidad, las mismas medidas que adoptan para combatir el fraude que afecta a los intereses nacionales. Al respecto, cfr. Méndez Rodríguez, ob. cit., p. 55.

(14) Los Estados que integran el Mercosur son: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 1998, a través del Protocolo de Ushuaia, Bolivia y Chile suscribieron un compro miso democrático con los Estados originarios del Mercosur, por medio del cual los seis países reconocen que la vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y desarrollo de los procesos de integración y que toda alteración del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración regional. En la actualidad, junto a Bolivia y Chile, también revisten carácter de asociados: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

(15) Cfr. Ventura, Deisy. Las asimetrías entre el Mercosur y la Unión Europea. Los desafíos de una asociación interregional, Edición Konrad Adenauer Stiftung (Oficina Uruguay), Montevideo, 2005, p. 54.

(16) Cfr. Ventura, ob. cit., p. 54.

(17) Cfr. Spolansky, Norberto Eduardo. Integración regional y delitos económicos. En: A.A. V.V., Teorías actuales en el derecho penal. Buenos Aires: Ed. Ad – Hoc, 1998, p. 462.

(18) Previo a describir tales normas, analizaremos, brevemente, el proceso de formación de las mismas. Veamos: a) según el artículo 1º del Protocolo de Ouro Preto, la estructura institucional del Mercosur contará con los siguientes órganos: Consejo del Mercado Común, Grupo Mercado Común, Comisión de Comercio del Mercosur, Comisión Parlamentaria Conjunta, Foro Consultivo Económico - Social y Secretaría Administrativa del Mercosur; b) a su vez, en el seno de la Comisión de Comercio del Mercosur, fueron creados cuatro comités técnicos encargados de identificar los problemas y, a partir de ese diagnóstico, proyectar las alternativas que la Comisión eleve mediante Propuestas al Grupo Mercado Común (órgano ejecutivo del Mercosur) para que éste dicte las correspondientes resoluciones, obligatorias para los Estados partes; c) con relación al marco regulatorio de la competencia funcionaron cuatro comités técnicos; a saber: el nº 4, sobre “Políticas públicas que distorsionan la competitividad”; el nº 5, de “Defensa de la competencia”; el nº 6, sobre “Prácticas desleales y salvaguardias” y el Comité técnico nº 7 de “Defensa del Consumidor” y d) precisamente, en el ámbito del Comité Técnico nº 5, se analizaron las discordancias legislativas de los derechos nacionales en esta materia, concordándose en que las pautas generales de armonización debían ser implementadas como Protocolo; documento que se suscribe en Fortaleza el 16 de diciembre de 1996. Al respecto, cfr. Rodolfo Schurmann Pacheco y Jorge Pereira Schurmann. La protección jurídico-penal de la competencia en el Mercosur. En: David Baigún y Joaquín Pedro Da Rocha (coord.), Delitos económicos en la esfera del Mercosur. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, p. 135 y ss.

(19) Cfr. Spolansky, ob. cit., pp. 463/464.

(20) Tempranamente, y a partir de la experiencia del Corpus Juris, Bacigalupo (cfr. El “Corpus Juris” [...], ob. cit., p. 757), ha reparado en esta cuestión: “A partir de este momento, es preciso abrir una nueva discusión sobre el modo legislativo de llevarlo a cabo. El derecho penal tiene exigencias derivadas del principio de legalidad, entendido como una consecuencia del principio democrático, que es necesario estudiar con especial cuidado, dado que las fuentes tradicionales del derecho comunitario pueden ofrecer algunas reservas (...)”.

(21) Cfr. Donini, Massimo. Escenarios del Derecho Penal en Europa a principios del siglo XXI. En: Mir Puig, Santiago y Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.), Gómez Martín, Víctor (coord.), La política criminal en Europa. Barcelona: Ed. Atelier, 2004, p. 44. El autor equipara la situación actual del derecho europeo con los ordenamientos medioevales: “Este movimiento centrífugo se inserta en el marco de una nueva trama de particularismo y universalismo que recuerda en algunos aspectos a la Edad Media del derecho. Resurge la pluralidad de ordenamientos jurídicos vigentes junto a los estatales: los ordenamientos se atraviesan entre sí continuadamente. El statutum (ley de la ciudad, derecho ‘especial’) es el derecho nacional, la lex (universalis, del emperador) es la supranacionalidad (comunitaria o internacional) y todo ello conforma conjuntamente un nuevo ius proprium” (cfr. ¿Una nueva edad media penal? Lo viejo y lo nuevo en la expansión del derecho penal económico”. En: Terradillos Basoco, Juan Maríay Sánchez, María Acale (coord.), Temas de Derecho Penal Económico. III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico. Madrid: Ed.Trotta, 2004, p. 209). Para una descripción similar, cfr. Antonio Enrique Pérez Luño. La universalidad de los derechos humanos y el Estado constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p. 62.

(22) Dispone el artículo 24 de la Constitución Alemana: “1. Podrá la Federación transferir por ley derechos de soberanía a instituciones internacionales. 1.ª En la medida en la que los Estados regionales sean competentes para el ejercicio de las competencias estatales y para llevar a cabo las tareas del Estado, podrán, con la conformidad del Gobierno Federal, transferir derechos de soberanía a instituciones transfronterizas. 2. La Federación podrá encuadrarse en un sistema de seguridad colectiva y recíproca para la salvaguardia de la paz y consentirá con este motivo las limitaciones a sus derechos de soberanía que sean susceptibles de conducir a un orden pacífico y duradero en Europa y entre los pueblos del mundo y de garantizar dicho orden. 3. La Federación se adherirá, para la solución de conflictos internacionales, a los convenios sobre una jurisdicción de arbitraje internacional de ámbito general y de carácter obligatorio” (para el texto de la Constitución, cfr. Constituciones de los Estados de la Unión Europea, edición a cargo de Francisco Rubio Llorente y Mariano Daranas Peláez, Ed. Ariel, Barcelona: 1997, p. 3 y ss.).

(23) Cfr. Sieber, ob. cit., p. 612.

(24) Mutatis mutandi, Sieber, ob. cit., p. 613.

(25) Cfr. Sieber, ob. cit., p. 613. Sobre la aplicabilidad, respecto del derecho penal administrativo, de todo el sistema de garantías constitucionales diseñadas para el derecho penal delictual. cfr. Cesano, José Daniel. Estudios sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Formulaciones teóricas, realizaciones normativas y Derecho comunitario en el ámbito de la criminalidad económica. Buenos Aires: Ed. Ediar, 2006, pp. 54-60.

(26) Cfr. Carrizo Adris, Gustavo. El desarrollo del derecho de la competencia en el Mercosur. En: Revista Latinoamericana de Derecho, Año II, nº 3, enero – junio de 2005. Hemos utilizado la versión electrónica de este trabajo. Para su ubicación, cfr.: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/3/cnt/cnt1.pdf.

(27) Cfr. Cesano. La responsabilidad penal (...), ob. cit., pp. 394-400. También, Estudios (...), ob. cit., pp. 133-143.

(28) Al respecto, cfr. Portal oficial del Mercosur: http://www.mercosur.int/msweb/principal/contenido.asp .

(29) Una de las razones por las cuales, Argentina, todavía no decidió la incorporación parece vincularse con lo relativo a la instancia de apelación frente a sanciones impuestas por infracción a las disposiciones del protocolo. La afirmación anterior la inferimos, entre otros documentos comunitarios, del memorandum que sintetiza la posición de Paraguay frente a este tema (cfr. Mercosur/LXXXII CCM/DI nº 02/06).

(30) Como lo expresa Ventura, ob. cit., p. 198: “Según la Constitución, los tratados internacionales siempre deben ser incorporados al ordenamiento interno. El proceso de transposición es complejo y comprende tres fases: la firma y la conclusión del acuerdo, a cargo del Poder Ejecutivo (art. 99, inc. 11), la aprobación del tratado por el Poder Legislativo (art. 75, incs. 22 y 24), y finalmente la ratificación del tratado, mediante la cual el Poder Ejecutivo confirma su intención de conferir fuerza obligatoria a ese instrumento. (...). De acuerdo con el inciso 24 del artículo 75 de la Constitución, los tratados de integración concluidos con países de América Latina deben ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso”.

(31) Cfr. Perotti, Alejandro Daniel. Habilitación constitucional para la integración comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur. Tomo II, Uruguay y Argentina, Coedición Universidad Austral y Konrad Adenauer Stiftung (Oficina Uruguay), Montevideo, 2004, p. 894. En la opinión de Germán José Bidart Campos, el control de compatibilidad constitucional debería efectuarse con carácter previo a la incorporación. Ello así por cuanto, producida ésta sería de aplicación el principio del venire contra factum proprium non valet: “Tampoco es coherente que un Estado que se hace parte de un tratado, después de que se ha hecho parte y que lo ha incorporado a su derecho interno porque ha querido, de acuerdo con los mecanismos que su derecho interno habilita, venga a encontrarle las incompatibilidades con el derecho interno que de acuerdo con el derecho internacional siguen dejando pendiente la responsabilidad del Estado en el caso de que el tratado no se cumpla” (cfr. Los tratados de integración. Derecho comunitario versus derecho interno. Primacía o no de la Constitución, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 1995, p. 9). La opinión de tan prestigioso autor pareciera limitar el control de constitucionalidad de las normas de integración a la instancia legislativa (esto es, al momento de la incorporación [o no] del tratado). Por nuestra parte consideramos que este control también es posible a través de la instancia judicial y cuando ya se produjo aquella. Coincidimos, pues, con la apreciación realizada por Dromi San Martino Laura. Derecho constitucional de la integración, Coedición Marcial Pons - Ciudad Argentina - Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid (Buenos Aires), 2002, p. 491, en el sentido que: la cláusula de supremacía exige, para su eficacia, “la existencia de un sistema que garantice la defensa de la Constitución y se oriente al control de la constitucionalidad. En este sentido, el principio de primacía concluye que aquellas normas o actos violatorios de la Constitución carecen de validez o, lo que es equivalente, que corresponde categorizarlos como inconstitucionales o anticonstitucionales. No obstante, esta afirmación en abstracto se hace patente a través del remedio exacto para defender y restablecer la primacía alterada. Ello así, el concepto de primacía abre camino al del control de constitucionalidad” que encarna, en nuestro modelo institucional, el Poder Judicial. Para nuestra posición al respecto, cfr. Cesano, Estudios (...), ob. cit., pp. 139-140.

(32) Nos referimos al artículo 5º, apartado 3º, de la Convención Americana de Derechos Humanos que, en tanto recepta el principio de personalidad de la pena, termina por consagrar el principio de culpabilidad. Repárese que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el Pacto de San José de Costa Rica tiene, en nuestro sistema positivo, jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, 2ª cláusula, C.N.).

(33) Sobre estos aspectos, cfr. Cesano, ob. cit., pp. 136-139.

(34) La bibliografía sobre este tema es muy abundante. Entre otros, pueden consultarse los trabajos de Eugenio Raúl Zaffaroni. En torno al concepto de “crimen organizado” y Patricia Marcela Llerena. Criminalidad organizada transnacional y finanzas; publicados ambos. En: E.S., Julio Virgolini y Slokar, Alejandro (coords.), Nada personal(...) Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia. Buenos Aires: Ed. Depalma, 2001, pp. 9-15 y 209-219, respectivamente.

(35) Así, Castaldo, Andrea. Criminalidad organizada y mercado económico - financiero. En: J. Yacobucci, Guillermo (coord.). El crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización. Buenos Aires: Ed. Ábaco, 2005, p. 290.

(36) Cfr. Castaldo, Andrea. Una introducción al problema, en El crimen organizado (...), ob. cit., p. 275. De igual opinión es Terradillos Basoco, Juan. Sistema penal y criminalidad internacional. En: Nieto Martín, Adán (coord.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, t. I, coedición Universidad Castilla - La Mancha y Universidad de Salamanca, Cuenca, 2001, pp. 2-3 (apartado del autor), quien expresa: “Ante la necesidad de definición de un contexto valorativo desde el que proyectar la construcción del sistema penal, se puede partir del dato de que la delincuencia transnacional propia del proceso globalizador en que nos encontramos inmersos es, básicamente, delincuencia económico-empresarial organizada. En efecto, tanto el derecho interno como los convenios internacionales recogen manifestaciones de criminalidad transnacional cuyo denominador común es la orientación, objetiva y subjetiva, a la obtención del lucro. Quizá pueda apuntarse, como excepción, la delincuencia terrorista, generalmente incluida bajo la misma rúbrica [criminalidad organizada], pero lo cierto es que el terrorismo mercenario participa de los mismos caracteres, y el estrictamente político, por sus fines, presenta elementos específicos que aconsejan su tratamiento separado”.

(37) Cfr. Terradillos Basoco, ob. cit., p. 3. Fabián I. Balcarce, por su parte, caracteriza a la delincuencia globalizada como criminalidad económica (en sentido amplio) o, en todo caso, lucrativa (cfr. Derecho penal económico. Parte general, t. I, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, p. 94).

(38) Cfr. Terradillos Basoco, ob. cit., p. 6.

(39) Para una valoración general respecto a la Orden de Detención y Entrega Europea, cfr. Esther Gómez Campelo. Los derechos individuales en el procedimiento de extradición y en la Orden Europea de Detención y Entrega. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año 12, t. II, y Konrad Adenauer Stiftung (oficina Uruguay), Montevideo, 2006, pp. 995-999.

(40) Se trata de un catálogo amplísimo previsto por el artículo 2.2. de la Decisión Marco. En el ámbito del Mercosur, en nuestra opinión, no se verifica esta problemática (prescindencia de la doble tipicidad) en lo que concierne a la cooperación de tercer grado. Al respecto, vid. infra, nº III.

(41) Reproducido por Sánchez, Ormazabal, ob. cit., p. 107.

(42) Cfr. Sánchez, Ormazabal, ob. cit., p.138. Esta opinión también ha sido sostenida por el Tribunal Constitucional Federal alemán, en sentencia de fecha 18 de julio de 2005, en vinculación con la ley alemana de transposición de la Orden Europea de Detención: “el derecho primario de la Unión Europea se ocupa en el artículo 6º de su Tratado Constitutivo de la cuestión de la homogeneidad de estructuras entre los Estados miembros. La pura existencia de dicho precepto, de uno de los principios estructurales que aseguran el mecanismo de sanciones (art. 7º del Tratado), y de un estándar sobre la protección de los derechos humanos común a toda Europa, que toma como base la Convención Europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no justifica en modo alguno admitir que entre las estructuras del Estado de derecho de cada Estado miembro exista una efectiva sincronización que haga superfluo un examen caso por caso (de las peticiones de extradición). En este sentido, no cabe debilitar la garantía constitucional de los derechos fundamentales a través de la introducción de un estricto principio de mutuo reconocimiento ni de la amplia confianza recíproca entre Estados, derivada de aquel principio”(citado por Sánchez, Ormazabal, ob. cit., p. 135).

(43) Comulga con esta apreciación Tiedemann, Klaus. La armonización del derecho penal en los Estados miembros de la Unión Europea. En: Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, Año III, nº 7, Buenos Aires: Ed. Ad - Hoc, 1997, p. 54: “Son susceptibles de armonización no tanto los ordenamientos jurídico - penales y los códigos penales en su conjunto como algunos ámbitos o sectores individuales, cuya equiparación jurídica supera la división tradicional en parte especial y parte general y abarca también al derecho penal en un sentido más amplio, incluyendo las sanciones administrativas y el derecho procesal”.

(44) Así, Delmás Marty, Mireille. Del Derecho Penal a la Política Criminal. En: ILANUD, Revista del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, año 11, nº 26, Buenos Aires, 2002, p. 80, expresa: “La armonización es un arte difícil que no solo supone el acercamiento entre los sistemas sino también el hacerlos compatibles unos con otros, hecho que da la idea de armonía (...)”. De la misma opinión, Perron, ob. cit., p. 741, quien refiere: “Tan necesaria es una equiparación recíproca de las normas penales y procesal - penales de los Estados miembros de la Unión Europea como difícil su realización práctica”.

(45) Este problema no se verifica en los Estados miembros del Mercosur, en tanto todos se corresponden con la tradición jurídica europeo continental.

(46) Cfr. Hirsch, ob. cit., p. 668. Si estas dificultades ya se aprecian respecto de una tentativa para la armonización sectorial del derecho penal económico, con más razón se advertirá con relación a otras formas de criminalidad común. En tal sentido, el mismo Hirsch, nos previene que: “(...) también al interior de los Estados europeo - continentales existen diferencias notables (...) sobre todo por motivos culturales, entre, por ejemplo, el derecho penal francés y el desarrollado en la mayoría de los demás Estados europeos (piénsese en parte del derecho penal sexual, el derecho penal de interrupción del embarazo y en la protección penal del matrimonio y la familia)” (ob. cit., p. 668).

(47) Para un marco teórico respecto de ambos principios, cfr. José Daniel Cesano. La incorporación del principio de oportunidad en la legislación penal argentina: Sugerencias para la construcción de un modelo. En: Evitando y humanizando el castigo. Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003, pp. 23-40.

(48) Como principio general, el sistema penal argentino se basa en el principio de legalidad procesal (art. 71, C.P.). Por su parte, el Código Procesal Penal de Paraguay (1998), en su artículo 19 establece criterios de oportunidad; lo que, de verificarse, tienen como efecto la extinción de la acción penal en relación con el partícipe a cuyo favor se dicte (art. 20). No obstante ello, y retomando la situación en Argentina, debe destacarse que existen legislaciones de Estados provinciales (por ejemplo: Mendoza, Buenos Aires, etc.) cuyas leyes de enjuiciamiento locales, directamente incorporaron estos criterios. La cuestión —en orden a las competencias legislativas en esta materia (esto es: si corresponden al Estado Federal o a las provincias)— no es pacífica. Para nuestra opinión, cfr., Cesano. De nuevo sobre las competencias constitucionales en torno a las facultades legislativas sobre la disponibilidad de la acción procesal penal, Revista de Derecho Penal y procesal Penal, Ed. LexisNexis, nº 5/2006, pp. 876/883.

(49) Cfr. Riquert, Marcelo Alfredo. Protección contra la delincuencia informática en el Mercosur. En: Baigún, David y García Rivas, Nicolás (dirs.), Delincuencia económica y corrupción. Buenos Aires: Ed. Ediar, 2006, p. 343.

(50) Sobre este aspecto, cfr. Cesano, José Daniel. Discursos de emergencia y política criminal: tendencias de la política criminal argentina en los albores del siglo XXI. En: Cuadernos de Política criminal, 2.ª época, Centro de Estudios de Especialidades Jurídicas, nº 86, Madrid, 2005, pp. 187-199.

(51) Cfr. Perron, ob. cit., p. 743.

(52) Cfr. Perron, ob. cit., pp. 731 y 734.

(53) Cfr. Cervini, Raúl y Marcello de Araújo Junior, Joáo. Cooperación penal internacional en el Mercosur. Concepto y límites. En: Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio R.; – García Pablos, Antonio y Pierangeli, José H. (coords.), De las penas. Homenaje al profesor Isidoro De Benedetti. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1997, p. 105.

(54) Cfr. Cervini y de Araujo, ob. cit., p. 120.

(55) Cuyo artículo 2º, inciso 1º, expresamente requiere la exigencia del principio de doble tipicidad. Sin embargo, a la fecha de elaboración de este trabajo, la Argentina aún no incorporó a su derecho interno dicho acuerdo; lo que sí realizaron Brasil, Uruguay y Paraguay (cfr. Portal oficial del Mercosur). En lo que concierne a los tratados bilaterales que regulan esta materia (esto es leyes 25.304 [Argentina – Uruguay]; 25.302 [Argentina – Paraguay] y 17.272 [Argentina – Brasil]), solo el primero contiene una previsión específica (art. 2º, inc. 1º ) referida a tal principio (doble tipicidad). Por su parte, la Ley 24.767 (de cooperación penal internacional), atento al contenido de su artículo 2º y la existencia de normas bilaterales, no resulta aplicable (en este tema) respecto de los países que integran el Mercosur (cfr. Mónica A. Antonioni, Ley de cooperación en materia penal. La extradición y la opción. Buenos Aires: Ed. Ad – Hoc, 1998, p. 28).

(56) Críticamente, respecto de la eliminación de esta garantía en relación con las medidas de segundo nivel, cfr. Raúl Cervini y Juarez Esteban Tavarez, Princípios de cooperaçãoJudicial Penal Internacional no Protocolo do Mercosul, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2000, p. 73: “Em nosso modo de ver (...) também corresponderia a mesma exigencia [dupla incriminação ] no caso dos pedidos de asistencia de segundo nível (registros, embargos, bloqueios, confiscos, etc.) suscetíveis de ocasionar gravames irreparáveis na esfera dos direitos”.

(57) Así Cervini y de Araujo, ob. cit., p. 124: “[...] el principio de doble incriminación funciona en todo caso como una garantía fundamental en el ámbito de la cooperación de tercer nivel, o derecho extradicional (...) o sea si se trata de solicitudes que afectan la libertad personal. De cualquier manera, aun cuando se interpretase la eliminación de este principio respecto de la extradición (lo que —insistimos— para nosotros no es así), resultarían aplicables los mismos razonamientos que realizan Schünemann y Ormazabal Sánchez, y que reseñáramos en el acápite anterior.

(58) Sobre este aspecto, cfr. Léontin y Jean Constantinesco. Tratado de Derecho comparado. El método comparativo, t. II, Universidad Católica de Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1987, pp. 5-37.

(59) La referencia la realiza Bacigalupo, Enrique. El método comparativo en la elaboración del Derecho penal europeo. En: Hacia el nuevo Derecho penal, ob. cit., pp. 584-585.

(60) Cfr. Donini, ob. cit., p. 47: “La comparación se ha convertido en la base epistemológica necesaria para la construcción de un derecho europeo común, es decir, para la armonización jurídica”. De la misma opinión Sieber, ob. cit., p. 619.

(61) Así lo entiende Bacigalupo, ob. cit. p. 583; quien ejemplifica con las tareas desarrolladas con motivo de la redacción del Corpus Juris. Este autor epiloga su pensamiento con la siguiente afirmación: “El método comparado, en el que se integren también la comparación de los sistemas dogmáticos y los criterios de aplicación de la ley penal, tendrá en el desarrollo de esta teoría europea del derecho penal una función decisiva, pues permitirá comprobar, mediante la confrontación de los distintos puntos de vista teóricos, hasta qué punto existe una diferencia fundamental y, en todo caso, cuáles serían los caminos de su superación. Es claro que las divergencias no desaparecerán nunca totalmente, pero ello es consecuencia de la naturaleza de las cosas” (p. 602). De igual opinión, enfatizando el valor del método en los trabajos previos a la armonización, cfr. María Isabel Garrido Gómez. La utilidad del iuscomparatismo en la armonización de los sistemas jurídicos. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 36, nº 108, México, diciembre de 2003, p. 918: “Congruentemente. La comparación no tiene una función meramente descriptiva, observa las semejanzas y diferencias concurrentes, y es el paso previo y preparatorio de la armonización”.

(62) Cfr. Bacigalupo, ob. cit., p. 595.

(63) Cfr. Garrido Gómez, ob. cit., p. 919.

(64) Cfr. Garrido Gómez, ob. cit., p. 920. De la misma opinión, Bacigalupo, ob. cit., p. 595.