Cuentas en participación: registros típicos para un contrato atípico

Revista Nº 45 Ene. Mar. 2011

Juan Guillermo Pérez Hoyos (Colombia) 

Contador Público Especialista en auditoría externa y revisoría fiscal Premio nacional Fedecop al mejor trabajo de investigación (2003) Socio director de proyectos, Aserto Asesores Consultores Ltda 

Introducción

Del tipo de los contratos de colaboración, la cuenta en participación es una modalidad contractual que cada día toma un mayor auge para el desarrollo de toda suerte de negocios mercantiles, tal vez a partir de aquel elemento suyo que permite que uno de sus componentes permanezca oculto a la comunidad y ausente de responsabilidad sobre las operaciones realizadas en virtud de la colaboración pactada, en tanto quien gestiona los negocios se reputa, en primera instancia, como único dueño, y único responsable, de ellas.

Pero ese carácter oculto del partícipe no gestor en este contrato es un requisito relevante, pero no una condición sine qua non para su celebración. Dice la norma mercantil colombiana (C. Co., art. 511) que el partícipe oculto tendrá responsabilidad solidaria en los negocios, conjuntamente con el partícipe gestor, a partir del momento en que aquel revele, o autorice revelar, su participación en el negocio contratado.

La ausencia de responsabilidad del partícipe oculto se da en la medida en que con tal carácter su nombre no es oponible a terceros y, en consecuencia, no podrán interponerse acciones en su contra ni podrá interponerlas él contra terceros en defensa de los negocios celebrados por el gestor (C. Co., art. 510). Así, la responsabilidad del partícipe oculto se limita al valor de sus aportaciones y, de acuerdo con lo pactado, él participará de las ganancias o de las pérdidas del negocio convenido (C. Co., art. 507).

En este ambiente, el tema contable se presenta con dos aristas básicas. De un lado, la norma internacional y, de otro, la colombiana (D.R. 2649/93), que sólo lo trata de una manera empírica a partir de tímidas menciones en la norma del plan único de cuentas para comerciantes (D.R. 2650/93). Este vacío ha sido llenado con un pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades (Circ. Externa 115-000006, dic. 23/2009), el cual sometemos a examen, dadas las condiciones actuales del desarrollo contable en Colombia y su futuro direccionamiento hacia las normas internacionales(1).

1. Marco legal y antecedentes

Algunos autores (Gual Dolman 1993: 190) encuentran los orígenes de la cuenta en participación en la figura colonial de la encomienda, en la que “sólo aparecía el comendator, quedando oculto el partícipe”, antecedente histórico del “carácter oculto de las cuentas en participación”. Así, en sus más remotos orígenes, la cuenta en participación se erige como una modalidad contractual que permite la vinculación de personas no comerciantes en negocios mercantiles, sin que tal participación sea conocida de manera externa, logrando el partícipe oculto limitar su responsabilidad frente a los negocios realizados, y obteniendo el gestor “un aumento patrimonial sin los inconvenientes que tiene el préstamo para quien necesita dinero: obligación de pagar un interés fijo y de restituir íntegramente el capital recibido” (Garrigues 1987: 56).

En la evolución legal de las cuentas en participación, los autores mencionados relatan antecedentes normativos que se ubican en el código prusiano de 1794, en el que, bajo el nombre de “sociedad oculta o tácita”, se regula la vinculación contractual de una persona con la empresa de un comerciante, sobre el criterio de que tal vinculación debía ser con toda la empresa del comerciante, es decir, con todos sus negocios, y no con operaciones aisladas, caso en el cual era tratado el contrato como una “sociedad civil ocasional”.

Luego del código prusiano, se refieren antecedentes en el Código de Comercio alemán de 1861, y ya en el siglo XX se cita el Código Civil italiano de 1942, en el que, con el nombre de “asociación en participación”, se perfila la cuenta en participación, “que expresamente admite la posibilidad de que el asociado participe en el resultado de una empresa o de una o varias operaciones aisladas” (Garrigues 1987: 59), precisando también que la responsabilidad frente a terceros y la dirección de los negocios son responsabilidad del gestor.

Siguiendo con Garrigues, entre las características destacables de las cuentas en participación encontramos la ausencia de requisitos formales para su celebración y la no necesidad de una razón social individual. Asimismo, el negocio no se constituye como una nueva persona y no existe autonomía patrimonial con los bienes vinculados al negocio, pues ellos se reputan como del gestor.

En Colombia, el contrato de cuentas en participación se encuentra definido entre los artículos 507 y 514 del Código de Comercio, en los cuales se prescribe que:

a) Es un contrato celebrado entre dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes (art. 507).

b) El contrato lo ejecuta sólo uno de ellos, bajo su responsabilidad y con obligación de rendir cuenta (art. 507).

c) Los partícipes reciben las ganancias, o las pérdidas, en la proporción convenida en el contrato (art. 507).

d) Su constitución no está condicionada a las formalidades legales de las compañías mercantiles (art. 508).

e) El contrato no constituye una persona jurídica independiente (art. 509).

f) El gestor será reconocido como único dueño del negocio (art. 510).

g) En tanto no revele, ni autorice revelar, su calidad en el negocio, el partícipe oculto no puede entablar acciones contra terceros ni ser sujeto de ellas, y su responsabilidad se limita al monto de sus aportes (arts. 510 y 511).

h) El partícipe oculto tiene derecho de inspección en cualquier tiempo, y el partícipe gestor está obligado a rendir cuentas del negocio al oculto (art. 512).

i) Las condiciones de las modificaciones de la naturaleza jurídica (art. 513).

j) Las reglas para regular las relaciones entre los partícipes (art. 514).

En cuanto a la condición de comerciante para ser partícipe de estos contratos, la jurisprudencia colombiana ha señalado (C.E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Exps. 13724 y 15272, de abr. 10/2004 y oct. 12/2006, respectivamente, C.P. María Inés Ortiz Barbosa) que el contrato de cuenta en participación puede celebrarse “entre particulares que no ostenten esa calidad”. Así, no se requiere que los partícipes sean comerciantes “o que el objeto social de la sociedad esté dirigido a actividades de índole mercantil” para entrar a celebrar válidamente tal contrato.

La jurisprudencia citada está en concordancia con otra de la Corte Suprema de Justicia (Sent. de Cas. de jun. 10/52, citada por la Supersociedades, Conc. 220-104417, ago. 6/2009), que al respecto expresó que “si la operación que va a desarrollarse por medio de la asociación, es de suyo un acto de comercio, los partícipes toman la calidad de comerciantes para ese negocio, en caso de que por su profesión no merezcan la calificación general de tales”.

Los actos de las empresas mercantiles son actos mercantiles para todos los efectos legales, como en reiteradas ocasiones lo preceptuó el Código de Comercio colombiano (ver art. 20, nums. 5º y 19, y arts. 21 y 22). Adicionalmente, se precisa en el artículo 11 del mismo ordenamiento que se sujeta a las normas mercantiles quien ejecute ocasionalmente operaciones mercantiles, adquiriendo, en consecuencia, tal condición para el efecto, como ya lo había dicho la Corte Suprema de Justicia en la sentencia arriba citada.

Así, llegamos al artículo 100 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1º de la Ley 222 de 1995, que en su último inciso reza que “cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”. Uno de los efectos mercantiles de esa sujeción, aparte de los enunciados por el artículo 19 del Código de Comercio, es la realización de actos mercantiles. Las sociedades civiles quedan sujetas a ello, entendiendo por sociedades civiles las creadas bajo la norma civil, esto es, por excelencia: las asociaciones, corporaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

Entonces, la calidad de comerciante que exige la norma para realizar contratos de cuentas en participación se materializa en la naturaleza mercantil del acto, y no por la calidad de quienes intervienen, pues estos se convierten en comerciantes para tal efecto. Como las entidades sin ánimo de lucro están sujetas al ámbito de la norma mercantil, sus actos serán mercantiles y, en consecuencia, podrán celebrar válidamente contratos de esta naturaleza.

Los anteriores preceptos también son aplicables a las personas naturales no comerciantes —por ejemplo, los profesionales independientes— y extensibles en general a todos los no comerciantes, siempre que el contrato celebrado se entienda como un acto mercantil. Este es el sentido amplio que ha dado la jurisprudencia al marco legal del contrato de cuentas en participación, llevándolo a su concepto original cuando era usual que como partícipes ocultos actuaran “personas a las que estaba prohibido el ejercicio del comercio, como eran el clero y la nobleza” (Gual Dolman 1993: 190).

2. El ámbito de las normas internacionales de contabilidad

No obstante que en su numeral 2º se afirma que “no es una norma internacional de contabilidad, y por tanto no define reglas para ningún tipo particular de medida o presentación”, el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros (IASC, 1989)(2) es un referente obligatorio que “establece conceptos relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos” (num. 1º) y su alcance abarca la “aplicación a los estados financieros de todas las empresas industriales, comerciales o de negocios, ya sea en el sector público o en el privado” (num. 8º).

En la siguiente tabla se presenta la ubicación y definición de los elementos de los estados financieros dentro del marco conceptual:

 

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El primer hecho que salta a la vista en la descripción de los elementos de los estados financieros que hace el marco conceptual, es la inexistencia de las llamadas cuentas de orden(3). En la presentación de los elementos, el Marco Conceptual expresa que “los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas” (num. 47), pronunciándose en la misma dirección en IAS 1 sobre Presentación de Estados Financieros. En esta última, reitera cuáles son los elementos de los estados financieros (num. 5º) y los desarrolla. IAS 1 tiene un apéndice llamado “Ilustraciones sobre la estructura de los estados financieros”, en el cual entrega unos modelos de presentación de los estados financieros, observando que, consecuentemente con la conceptualización propuesta, carecen de las denominadas cuentas de orden.

La determinación de la ganancia o la pérdida neta en el período (IAS 8) se realiza a través de la operación de “todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el período” (num. 7º), con aplicación de los tratamientos previstos en la norma para los eventos de las partidas extraordinarias, los cambios en las estimaciones o en las políticas contables y los errores fundamentales. Entonces, el resultado del período se determina a partir de los elementos de ingresos y gastos según están definidos en el marco conceptual y en IAS 1, o, más concretamente, la ganancia o pérdida neta del período se determina dentro del patrimonio de la entidad, y en ningún caso por fuera de él.

La esencia de la cuenta en participación logra que una persona, actuando en condición de partícipe oculto, se vincule a un negocio específico de otra, llamada partícipe gestor, es decir que ese partícipe oculto realiza un aporte para involucrarse en un segmento de negocio del gestor (segmento operativo al decir de IFRS 8), al que se define sobre la base de ser (i) un generador de ingresos y costos, (ii) disponer de información financiera separada y (iii) ser evaluado regularmente para la toma de decisiones. Para estas transacciones, IFRS 8 propone la identificación de un segmento de operación a partir del criterio que utiliza la entidad en sus negocios, lo cual puede resultar en la determinación de segmentos operativos por integración vertical, lo que ampliaría el requisito geográfico o de negocio que para definir un segmento utilizaba IAS 14.

2.1. Registros contables en la norma internacional

Vistos el ordenamiento legal, la definición de las cuentas en participación y las prescripciones de la norma internacional de contabilidad, los registros por las transacciones realizadas con ocasión del contrato de cuentas en participación serán los siguientes:

a) Por el partícipe gestor:

Ingresos: registra todos los ingresos brutos recibidos en virtud de las actividades realizadas, incluidos los provenientes de los negocios realizados por contratos de cuentas en participación. Debe tenerse en cuenta que bajo IAS 18, ingresos ordinarios, y el marco conceptual, “el concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí como las ganancias”. Estas las define IAS 8 en la forma en que lo reseñamos atrás.

Gastos: registra todos los gastos surgidos en las actividades realizadas, incluidos los reconocidos en la ejecución de negocios de contratos de cuentas en participación. Por su relación directa con las ganancias o pérdidas del contrato de cuentas en participación, las ganancias del partícipe oculto serán tratadas como un gasto en la contabilidad del gestor. Debemos recordar que el marco conceptual expresa que “la definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa”.

b) Por el partícipe oculto:

Ingresos: registra las ganancias recibidas del partícipe gestor provenientes de los negocios realizados en virtud de la cuenta en participación.

Gastos: registra las pérdidas trasladadas por el partícipe gestor provenientes de los negocios realizados en virtud de las cuentas en participación.

Finalmente, otras normas internacionales aplicables a contratos de colaboración no lo son respecto a las cuentas en participación. La IAS 31, participaciones en negocios conjuntos, aplica a entidades como los consorcios y las uniones temporales, pero no cubre la asociación aquí tratada; al precisar el alcance de esta norma, se sostiene allí que rige “en la contabilización de las inversiones en negocios conjuntos”, adoptando las siguientes definiciones específicas para su alcance:

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual por virtud del cual dos o más participantes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto.

Control es el poder de dirigir las políticas financiera y de operación de una actividad económica, para obtener beneficios.

Control conjunto es el acuerdo, contraído contractualmente, de compartir el control sobre una actividad económica” (subrayas del texto).

Los elementos que determinan el alcance de IAS 31 constituyen variables un tanto extrañas y ajenas a la cuenta en participación, pues veíamos en su conceptualización que en ella el partícipe gestor se reconoce como único dueño del negocio y lo ejecuta “en su solo nombre y bajo su crédito personal” (C. Co., art. 507). Guarda silencio entonces la norma internacional, sobre esta modalidad de contrato de colaboración.

3. El registro contable en Colombia

Para acercarnos al estudio del registro contable en Colombia de la cuenta en participación, empezamos describiendo los elementos de los estados financieros contenidos en la norma nacional (D.R. 2649/93), los cuales presentamos en el siguiente cuadro:

 

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La norma contable colombiana también guarda silencio en materia del registro de operaciones en contratos de colaboración, pues ella solo contiene prescripciones que desarrollan “el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas” (D.R. 2649/93, art. 1º). Vale decir, donde no hay persona, no existe contabilidad. Atraso significativo para el mundo contemporáneo, en donde la ejecución de negocios, desde negocios pequeños hasta megaproyectos, usualmente se hace a través de la asociación de entes que deciden compartir riesgos, operaciones y ganancias sin tener ánimo societario, bajo diversas formas de colaboración, tales como consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, joint venture u otras, todas sin referente en la norma colombiana(5).

De la normativa contable colombiana también hace parte el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, que contiene el conocido plan único de cuentas para comerciantes (PUC)(6). Como afirmamos en el caso de la norma internacional, a la luz de las definiciones de los elementos de ingresos y gastos en la norma colombiana, conjugadas con la definición legal de las cuentas en participación, es claro que los ingresos y gastos originados en este contrato deben registrarse en las cuentas correspondientes del ingreso y del gasto del partícipe gestor, único dueño de los negocios al decir de la norma mercantil; también serán un gasto del gestor las utilidades correspondientes al partícipe oculto.

Pero ocurre que una apreciación tangencial (y en el lugar equivocado, a nuestro juicio) respecto a la dinámica de la cuenta pasiva ha originado problemas en los principios de contabilidad en Colombia. La encontramos en la dinámica de los créditos de la cuenta 2840 - otros pasivos, cuentas en participación, y es una particularísima teoría patrimonial de determinación de utilidades que ha hecho carrera en el país.

Dice la dinámica de los créditos de la cuenta 2840 que en ella se registrará “el valor resultante a favor del (los) partícipe (s), bien sea por aportes o utilidades, en la liquidación parcial o definitiva del respectivo contrato de cuentas en participación, obtenido en la cuenta 9135 —cuentas en participación—” (destacado fuera del texto). La cuenta 9135 es una cuenta de orden contingente denominada “cuentas en participación”, que el decreto citado presenta con la siguiente descripción: “registra el valor de las responsabilidades contraídas por el ente económico, quien actúa en calidad de gestor (administrador del negocio) en la ejecución de contratos de cuentas en participación suscritos y desarrollados conforme a la legislación comercial vigente, tales como obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, aportes de los partícipes, ingresos, entre otros”.

En términos de negocios, administración es sinónimo de gestión, de utilización de recursos en el desarrollo de proyectos; de ordenar, dirigir y responder. Pero dentro del argot legal de las cuentas en participación, el partícipe gestor es mucho más que un administrador del negocio, pues, como se le define jurídicamente, el partícipe gestor es el “único dueño del negocio en las relaciones externas de la participación” (C. Co., art. 510). Único dueño, no solo administrador.

Sobre estas imprecisiones de la norma colombiana se ha construido un modelo contable que ordena registrar todas las operaciones de ingresos, costos y gastos del negocio de cuentas en participación dentro de las cuentas de orden, es decir, por fuera del balance y, más exactamente, por fuera del patrimonio del partícipe gestor.

Luego de quedar establecidas por fuera del patrimonio, las utilidades del contrato son enviadas arbitrariamente a las cuentas de ingresos del partícipe gestor. Allí deben ser consignadas en los ingresos ordinarios, como si pudiera darse ese nombre a unos recursos que no provienen del balance del comerciante, por encontrarse registradas las inversiones y operaciones en las cuentas de orden. Ahora que si el argumento es que sí son ingresos operacionales, por provenir de actividades propias del comerciante, entonces, ¿por qué se ubican los registros de las operaciones en las cuentas de orden? Profundas contradicciones de un modelo construido sobre la base de unas normas profesionales fijadas a fuerza de leyes y decretos.

Con base en lo expuesto, se mostrará una cronología de las disposiciones sobre el registro contable de las cuentas en participación:

• Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-32457, de agosto 30 de 2001. Este concepto dice que, con base en el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, los registros del partícipe gestor deben realizarse en las cuentas de orden, dentro de la cuenta 9135.

• Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 758, de 22 de noviembre de 2002. Prescribe la utilización de las cuentas de orden, de acuerdo con lo mencionado por el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, y de manera análoga a como lo había hecho la Superintendencia de Sociedades en el concepto citado atrás.

Este era el estado de las cosas al momento de aparecer la circular externa a que ahora nos vamos a referir.

3.1. Contratos de colaboración

Mediante la Circular Externa 115-000006, de 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Sociedades imparte instrucciones para los registros contables de los contratos de colaboración, incluidas las cuentas en participación, que deben seguir los entes económicos sometidos a su inspección, vigilancia o control. Este documento se complementa con una guía de aplicación expedida en la misma fecha, en la cual se presentan unos ejemplos de contabilización de contratos de colaboración, y entre ellos, algunos de las cuentas en participación.

La instrucción impartida para los registros contables mantiene la línea de interpretación que desde tiempo atrás se pregona, cual es la de utilizar las cuentas de orden durante todo el proceso de negocio. Al respecto, la circular externa arriba citada prescribe:

a) En la contabilidad del partícipe gestor:

i) Los aportes hechos por él al negocio, en caso que los haga, claro, se deben registrar en la cuenta 1260 - inversiones en cuentas en participación, y hacer simultáneamente unos registros iguales en las cuentas de orden. Hecho esto último, empieza a registrar las operaciones en las cuentas de orden, contabilizando en ellas los bienes adquiridos, las obligaciones contraídas, los ingresos, costos y gastos en que incurra en la celebración de negocios del contrato realizado.

Lo anterior lleva a que en cuentas de orden se manejen desde cuentas de caja y bancos hasta cuentas de resultado, en una réplica del plan de cuentas del comerciante, pero por fuera del balance.

Entonces, en cuentas de orden tendremos el manejo de cuentas bancarias, si el gestor aportó dinero al contrato. O registros de propiedad, planta y equipo, si aportó bienes. Aquí ocurre algo fundamental: como el partícipe gestor es el único dueño de los negocios, si aporta una suma de dinero y abre una cuenta bancaria especial para el contrato celebrado, lógicamente esa cuenta tendrá por nombre el de él mismo; y si se contabiliza en cuentas de orden, tendrá en ellas el manejo de un activo corriente que es totalmente suyo. Lo mismo ocurrirá si decide aportar un bien corporal, por ejemplo un edificio, para realizar allí las operaciones de negocio de las cuentas en participación. Entonces, ¿trasladará el edificio a la cuenta 1260, de inversiones, y lo retirará de su propiedad, planta y equipo, y luego lo integrará a las cuentas de orden como un edificio? El edificio aparecerá con un registro en el balance y otro por fuera de él. Pero el edificio sigue siendo de su propiedad, y sigue siendo edificio.

La circular externa propone que los bienes adquiridos y las obligaciones asumidas por el partícipe gestor en desarrollo de la cuenta en participación deben registrarse dentro de las cuentas de orden. Pero ocurre que esos bienes y esas obligaciones son de propiedad de, y están en cabeza de, el gestor, por lo que cumplen con todos los criterios para ser reconocidos como activos y pasivos del único dueño de los negocios. Imaginemos que ese gestor adquiere un bien corporal, otra vez un edificio, para desarrollar allí las operaciones de negocio del contrato celebrado. Como ese gestor es el único dueño frente a terceros, y él lo adquiere, la propiedad se registrará a su nombre, y frente a terceros él será el dueño. Luego no tiene correspondencia que en su contabilidad el inmueble no aparezca dentro de sus activos fijos y sí lo haga en una cuenta de orden. Es más, aunque no aparezca dentro de sus activos, el que la propiedad se encuentre a su nombre hace que ese activo esté expuesto a acciones legales de terceros, como embargos, o a acciones propias de aval y garantía, como la prenda, aun por transacciones derivadas de negocios diferentes al de las cuentas en participación que motivó su compra.

En cuanto a las obligaciones asumidas por el partícipe gestor para atender el contrato, sólo él debe responder por estas, de acuerdo con las definiciones legales dadas anteriormente. Propone la circular externa que dichas obligaciones se registren en cuentas de orden, por fuera del balance del gestor. Otro desacierto, pues siendo obligación del gestor, él deberá asumir su pago con sus propios recursos si es necesario, y con ellos y sus propios bienes responderá frente a terceros. Luego tener registrada una obligación económica que le pertenece, por fuera del balance, también conduce a emitir representaciones financieras que no reflejarán razonablemente la situación del comerciante.

Si volvemos la mirada a lo dicho por la norma contable internacional, se verá que estos registros no se proponen allí, inicialmente por la inexistencia de las cuentas de orden. Ahora, comoquiera que los activos adquiridos y las obligaciones asumidas por el gestor se hacen a su nombre, se constituyen en recursos controlados y en obligaciones a cancelar por él. De acuerdo con la norma internacional, el partícipe gestor debe registrar tales elementos dentro de su contabilidad.

ii) Los bienes aportados por el partícipe oculto se registran en cuentas de orden, claro, si se trata de aporte de bienes y no de servicios. Digamos, en primera instancia, que dentro de la estructura contable colombiana el registro en cuentas de orden de estos bienes aportados es razonable.

Cuando el partícipe oculto aporta un bien al contrato, no debe transferir la propiedad(7) de ese bien al partícipe gestor, pues ese acto desvirtuaría totalmente el contrato celebrado. Además, la transferencia de la propiedad, en términos legales, implica una operación contable de venta del activo, lo cual debería ser registrado de dicha forma por los partícipes oculto y gestor. En un caso hipotético, materializada la transferencia de la propiedad del activo, el partícipe oculto no podrá demostrar la existencia de la cuenta en participación, y dicho bien cumplirá con los requisitos estructurales y legales para ser considerado un activo del partícipe gestor. Por tal razón no existirá argumento válido para decirle a ese propietario que registre ese activo por fuera del balance.

Entonces, dada la circunstancia en que el bien aportado por el partícipe oculto no entraña transferencia de la propiedad, el registro en cuentas de orden parece razonable. Pero razonable en términos de la norma contable colombiana, pues no se debe olvidar que la norma internacional no considera la existencia de las cuentas de orden. Para esta última, un bien en estas condiciones no puede responder a la definición de estar controlado por el partícipe gestor, y no se convierte en un activo suyo en la medida en que dicha ausencia de propiedad lo conserva como un recurso controlado por el partícipe oculto.

iii) Las operaciones de negocio realizadas que comporten conceptos de ingreso, costo y gasto se deben registrar dentro de las cuentas de orden, y allí, en la cuenta de orden pertinente, “para establecer el resultado en la liquidación parcial o total del contrato, se saldan las cuentas de ingresos, costos y gastos contra una cuenta de resultado dentro de las mismas cuentas de orden” (Circ. Externa, num. 3.3.1, lit. d)). Es decir que las utilidades se liquidan por fuera del patrimonio del comerciante: toda una “novedad” en su patrimonio.

En este momento del análisis, queda perfectamente claro que las operaciones de negocio realizadas por el partícipe gestor son totalmente suyas. Entonces, pretender que ellas se registren dentro de unas cuentas de orden y que en esas cuentas se determine el resultado de ellas, resultado que luego se traslada al balance (arbitrariamente, decíamos antes), es algo que, a nuestro juicio, se aparta de la normativa contable colombiana e internacional.

De acuerdo con la norma técnica general de cierre contable (D.R. 2649/93, art. 60), la determinación de las ganancias o pérdidas se hace a través del cierre de las cuentas de resultado al final del período contable. La circular externa en comento propone una determinación de ellas por fuera del balance de comprobación, trasladando luego su resultado a las cuentas de ingresos ordinarios. Pero es forzado ese traslado, habida cuenta de diversas circunstancias expuestas dentro de este documento, y contra natura tal determinación.

Piénsese, por ejemplo, en una empresa cuya única actividad se realice a través de un contrato de cuentas en participación. A la luz de la circular externa, los ingresos operacionales de esa entidad se reducen a la cuota de utilidades que le corresponde dentro del contrato. Adicional a lo impropio que resulta registrar operaciones, activos y pasivos en cuentas de orden, le queda a esa empresa lo extraño del registro contable del resultado de la cuenta en participación, cuando este resultado es una pérdida.

Si el resultado operacional es de utilidad, la guía plantea trasladarlo al balance como un ingreso operacional, en la parte correspondiente al partícipe gestor, llevando a una cuenta pasiva lo correspondiente al partícipe oculto. Pero, cuando el resultado operacional es una pérdida, se cuida la guía de aplicación de describir el registro del traslado de la pérdida en la ejecución del contrato, integración que llama la Superintendencia de Sociedades, al balance del partícipe gestor. Para este registro sabemos que se debe cargar una cuenta del gasto, pero establecer la cuenta del abono pertenece al terreno de la alquimia contable.

b) En la contabilidad del partícipe oculto:

Respecto al manejo de la utilidad del contrato, estamos de acuerdo en que su registro debe cargarse como un incremento del activo, efectivo o cuenta por cobrar, contra un abono de la cuenta de ingresos. Evidentemente, el partícipe oculto sólo recibe la parte del resultado operacional convenida y por ese carácter no está en condición de registrar las operaciones realizadas.

Aunque no lo dice la circular externa, ni se encuentran ejemplos en la guía de aplicación, el registro contable de las pérdidas en la contabilidad del partícipe oculto debe hacerse a través del reconocimiento de un incremento en el pasivo (cuentas por pagar) o de un decremento en el activo (pago por caja o bancos), con cargo a la cuenta del gasto correspondiente.

En cuanto al registro de la inversión del partícipe oculto en su contabilidad, la apreciación de la circular externa nuevamente resulta extraña, por decir lo menos. Como en el caso del gestor, dice la circular que el partícipe oculto debe trasladar a la cuenta 1260 - inversiones, cuentas en participación, el activo aportado. Este registro no ofrece dificultad si el aporte es en dinero. Otra vez tomemos el ejemplo del terreno. Entonces, carga la cuenta de inversiones y abona la de propiedad, planta y equipo en la que se encuentra registrado el terreno. Y se vuelve al mismo punto del partícipe gestor, en donde el terreno aparece en cuenta de inversiones, no obstante sigue siendo un terreno. Afecto a un contrato especial, sí, pero ello no le genera ninguna restricción a su dominio, más allá de las contractuales con el gestor. Esas son de otro resorte en términos legales.

Otra curiosidad del registro anterior estriba en el hecho de que para el caso del participe oculto, la circular no le pide que luego de registrar el activo en la cuenta de inversiones lo baje simultáneamente a las cuentas de orden, manteniendo el doble registro que exige para la contabilidad del partícipe gestor. En un mismo documento se determinan registros contables diferentes para idénticas operaciones.

3.2. Cómo registrar contablemente las cuentas en participación

Frente a la realidad de la existencia de la circular externa tantas veces citada y de los contratos de cuentas en participación, nos queda entonces preguntar ¿qué hacer en presencia de una y otros? La respuesta está en el ámbito de aplicación de la circular externa. Los preceptos de este documento de la Superintendencia de Sociedades serán de obligatorio cumplimiento para las entidades sujetas a supervisión por ese organismo. En los términos de la Ley 222 de 1995, la supervisión se ejerce en las modalidades de inspección, vigilancia y control, definidas en los artículos 83, 84 y 85 de esa ley.

Como el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Sociedades es de carácter residual, tal supervisión se ejerce, en todos los casos, sobre aquellas sociedades que no se encuentran bajo la esfera de acción de otras superintendencias. Así, la vigilancia la ejerce en forma permanente y sobre aspectos de su formación, funcionamiento y objeto social, con las precisiones incorporadas por el Decreto 4350 de 2006. La norma define al control como la atribución que tiene la Superintendencia de Sociedades de ordenar correctivos en aspectos jurídicos, contables, económicos y administrativos.

La inspección se ejerce en forma ocasional y gira sobre la solicitud de información en cualquier tiempo de aspectos de tipo jurídico, contable, económico y administrativo. Pero en este caso, la inspección gravita sobre todas aquellas sociedades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). Esta superintendencia ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realizan actividades financieras, aseguradoras y bursátiles, y, en general, sobre toda entidad autorizada para captar dineros del público, contándose entre ellas a los bancos, las compañías de financiamiento, los fondos mutuos de inversión, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, los comisionistas de bolsas de valores, entre otros.

En este orden de ideas, la Superintendencia de Sociedades ejerce funciones de inspección sobre todo tipo de sociedades mercantiles(8). Así, por esta vía de interpretación, el ámbito de aplicación de la Circular Externa 115-000006 de 2009 de la Superintendencia de Sociedades alcanza a todas las sociedades mercantiles, aún cuando ellas se encuentren en condiciones de inspección, vigilancia y control de otra superintendencia, con la excepción de las vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entonces, una sociedad de vigilancia sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se encuentra bajo inspección de la Superintendencia de Sociedades, y así en cada caso particular.

3.3. Consecuencias en la estructura contable a partir del modelo de la circular externa

Destinatarias directas de la circular externa en comento, las sociedades mercantiles no tienen alternativa diferente a implementar el modelo contable prescrito por la Superintendencia de Sociedades, cuando realicen contratos de cuentas en participación. Este modelo entraña, entre otras, tres complejidades y dificultades estructurales en su aplicación, análisis e interpretación, fundamentalmente para el partícipe gestor de este contrato:

a) Generación de estados financieros que no reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedad. El registro de activos y pasivos del comerciante por fuera del balance conduce a una distorsión de la situación financiera tan grande como fuerte sea el peso de esos activos y pasivos dentro de la estructura financiera del comerciante. Igualmente ocurre con el registro de ingresos, costos y gastos por fuera del balance y la determinación de utilidades por fuera del patrimonio.

b) Desviaciones en la lectura de indicadores financieros y de gestión. Si los estados financieros no reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedad, la medición a través de indicadores financieros y de gestión en consecuencia tendrá una pendiente de desviación tan pronunciada como alejados de la realidad económica se encuentren los estados financieros.

c) Distorsión en la medida del patrimonio. La lectura del patrimonio de la sociedad resultará distorsionada en todo evento, subestimada unas veces, y sobreestimada otras. Un partícipe gestor que oculte en cuentas de orden un pasivo adquirido en virtud de ese negocio o que oculte en cuentas de orden las pérdidas obtenidas en los negocios de la cuenta en participación estará distorsionando de una manera tal su patrimonio, que eventualmente le ocultará a los usuarios de su información financiera que, por ejemplo, la sociedad se halla incursa en las causales de disolución a las que se refiere el Código de Comercio en su artículo 458, numeral 2º, que prescribe como causal especial de disolución para la sociedad anónima la ocurrencia de “pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito”.

No obstante lo anterior, se reconoce que los tres problemas estructurales de este modelo deben evaluarse, en cada caso específico, de acuerdo con la norma básica de la importancia relativa o materialidad, que la norma internacional desarrolla en el marco conceptual (nums. 29 y 30), y que en el caso colombiano se encuentra desarrollada en el artículo 16 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Se puede decir que en los dos ambientes la materialidad parte de reconocer que “la información tiene importancia relativa, o es material, cuando su omisión o presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a partir de los estados financieros” (marco conceptual, num. 30).

La materialidad que tenga en la representación de la información financiera del partícipe gestor la exclusión de activos, pasivos, ingresos, gastos y costos podrá llevar a emitir juicios de razonabilidad de los estados financieros, dependiendo de si se considera que por su cuantía no ocasionarán alteraciones en las decisiones de los usuarios de la información. Pero, cualquiera que sea el efecto material de las cifras, estamos en presencia de un desequilibrio estructural en los estados financieros preparados bajo este modelo.

Conclusiones

a) Para el caso colombiano, en primer lugar es altamente llamativo el que, cuando desde la esfera gubernamental se están trazando normas que propenden por allanar el camino hacia la adopción de las normas internacionales de contabilidad, otro importante componente del mismo sector del Gobierno esté instruyendo acerca de un modelo contable basado en elementos ajenos a la norma contable internacional. En este contexto, es claro que la Circular Externa 115-000006 de la Superintendencia de Sociedades va en contravía de la acción que pretende el Estado en materia contable. Sobre este aspecto, solo resta pedir que la acción estatal sea coherente, de manera que el mensaje para la comunidad nacional e internacional resulte claro y transparente.

b) Las consecuencias estudiadas por la utilización del modelo propuesto para las cuentas en participación pueden llegar a tener como resultado la necesidad de que las sociedades mercantiles busquen caminos alternos para mostrar, con modelos “paracontables”, lo que el modelo contable no les permite reflejar. Se trata de una profusión de trabajo contable más cercana a la contabilidad creativa que a las mejores prácticas de contabilidad e información.

c) No obstante, si se consolida el tránsito de la norma colombiana hacia la norma internacional de contabilidad, efímera será la vida de este modelo propuesto para las cuentas en participación. Pero los efectos para las sociedades serán permanentes, en la medida que perdurará el sesgo histórico en la información financiera de ellas.

d) Esencia sobre forma, rezan los principios de contabilidad internacionales y nacionales. Algo tan claro para unos y otros no lo ha sido para el modelo adoptado para las cuentas en participación. Bajo la perspectiva de ambas normas, las operaciones de ingresos, gastos y costos realizadas por el partícipe gestor le pertenecen a él y debe representarlas dentro de su contabilidad. También le pertenecen al gestor los activos y pasivos adquiridos con ocasión de los negocios realizados en el contrato, y en tal condición deben estar en su contabilidad. El deber ser del registro contable de las operaciones realizadas por el partícipe gestor es ese y solo ese, y se fundamenta en los elementos estructurales de la norma colombiana y de la internacional.

e) Arduo trabajo les espera a los revisores fiscales y a los auditores cuando las sociedades bajo su fiscalización y control celebren contratos de cuentas en participación. ¿Qué tipo de dictamen emitirá, por ejemplo, el revisor fiscal o el auditor de una sociedad que actúa como partícipe gestor, que presenta en cuentas de orden activos de su propiedad y bajo su control y pasivos a su cargo, por un valor tal que calculados sobre los activos y pasivos del balance generarían cambios materiales en la ecuación contable?

Bibliografía

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— Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros.

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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA. Circular Externa 115-000006, de 23 de diciembre de 2009.

— Guía de aplicación de la Circular Externa 115-000006, de 23 de diciembre de 2009.

— Concepto 220-32457, de agosto del 2001.

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Normativa colombiana

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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 4350 de 2006.

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto Reglamentario 2649 de 1993.

— Decreto Reglamentario 2650 de 1993.

Jurisprudencia colombiana

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Radicado 15272, de 12 de octubre de 2006, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

— Expediente 13724, de abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

Glosario de abreviaturas

IAS: International Accounting Standard (en español, Norma Internacional de Contabilidad, NIC).

IASC: International Accounting Standars Committee.

IFRS: International Financial Reporting Standard (en español, Norma Internacional de Información Financiera, NIIF).

(1) El proceso de internacionalización de la contabilidad en Colombia tiene su origen en la Ley 1314 de 2009, que prescribe los principios y normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de información, y el proceso para su expedición.

(2) El IASB y el FASB anunciaron el pasado 28 de septiembre de 2010 la finalización de la primera fase de un proyecto de reformas para desarrollar y actualizar el marco conceptual de las NIIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). El proyecto fue discutido el 22 de octubre de 2010 y la primera fase trata sobre —objetivos y características cualitativas—. Actualmente se encuentran en desarrollo las fases del proyecto referentes a: i) definiciones de los elementos, el reconocimiento y la cancelación, ii) medición y iii) informes concepto de entidad (disponible en www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+ Framework).

(3) En la norma contable colombiana las cuentas de orden son reconocidas como uno de los elementos de los estados financieros (D. 2649/93, arts. 42 a 45) sobre los cuales gira el modelo contable propuesto para el registro de las operaciones de los contratos de cuentas en participación por la Superintendencia de Sociedades (Circ. Externa 115-000006, dic. 23/2009). A ello nos referiremos más adelante.

(4) En el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros (IASC, 1989), al que hicimos referencia en la sección sobre las normas internacionales, el costo de las ventas se encuentra incluido dentro de la definición de gastos y no constituye un elemento particular de los estados financieros (num. 78).

(5) En el sistema colombiano, la regulación profesional se da por vía de normas legales y no existe autorregulación. La Ley 1314 de 2009, que regula principios y normas de contabilidad, ha sentado las bases para la adopción en Colombia de normas internacionales de contabilidad y ha modificado la estructura legal de control y regulación del ejercicio profesional del contador público. No obstante el alborozo con que ha sido recibida la internacionalización colombiana de la contabilidad, su vigencia sólo se dará por vía de normas legales que la aprueben, cuya expedición será del resorte de los ministerios de Hacienda y de Comercio.

(6) Esta norma contiene una relación detallada de códigos y nombres de cuentas, con sus descripciones y dinámicas, que regulan el registro contable de las operaciones mercantiles. Con el tiempo, en Colombia ha hecho explosión la regulación de los registros contables a través de planes de cuentas, todos —únicos—, contándose actualmente 19 planes, incluido el de comerciantes, que ha quedado con un ámbito de aplicación residual. Hay regulación para sectores y para entidades específicas, como en los casos de planes de cuentas para el sector público, asegurador, financiero, solidario, de salud, o para entidades, como el Banco de la República, clubes de fútbol, cajas de compensación, empresas promotoras de salud públicas y empresas promotoras de salud privadas. En términos generales, los planes específicos conservan la estructura, descripción y dinámica de las cuentas del plan de los comerciantes, siendo a este al que nos remitiremos para efectos del análisis de registros contables en Colombia por inversiones de cuentas en participación.

(7) Así lo entiende la Superintendencia de Sociedades en la circular externa y por ello le pide al partícipe oculto el registro de su aporte en la misma cuenta de inversiones, como lo veremos más adelante.

(8) Aparte de las superintendencias de Sociedades y Financiera, en Colombia tenemos las superintendencias de Industria y Comercio, de Economía Solidaria, de Subsidio Familiar, de Notariado y Registro, de Puertos y Transportes, de Servicios Públicos Domiciliarios, de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. Ellas ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades de su actividad. La competencia residual de la Superintendencia de Sociedades surge cuando una determinada sociedad no queda bajo la supervisión de una superintendencia específica.