Daños morales no tasados en la indemnización por despido sin justa causa: análisis de la Sentencia de 22 de octubre de 2014 (SL-14618 (39642), M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón)

Revista Nº 189 Mayo - Jun. 2015

Diego Felipe Valdivieso Rueda

(Socio VS+M Abogados) 

Introducción

Este fallo ha dado paso a la posibilidad de que un trabajador, cuyo despido adquiera la condición de ser injustificado, persiga el pago por parte del empleador de los daños extra patrimoniales que se le puedan irrogar. El presente escrito pretende desentrañar los posibles efectos de la sentencia en el mediano y largo plazo y advierte, como primera medida, que no es fácil su tipificación, máxime cuando la jurisprudencia sobre el tema no es abundante y la Sala Laboral de la Corte no ha sido específica en este aspecto.

1. Situación de hecho

La controversia la suscitó el despido injusto (en opinión de la Corte) de una trabajadora del sector bancario que entregó, según el empleador, una tarjeta de crédito obviando los protocolos establecidos en los reglamentos internos del establecimiento. Ante esta situación, el banco, en uso de sus facultades legales de terminación del contrato por justa causa, decidió concluir el vínculo laboral.

1.1. La Sala Laboral de la Corte consideró que las competencias de autorización de crédito, análisis de riesgo y estudios necesarios no radicaban en cabeza de la demandante por estar al momento de la asignación del cupo crediticio de la tarjeta disfrutando de su período de vacaciones. Así mismo, se encontró probado que a la trabajadora en cuestión únicamente le incumbían funciones de mercadeo y contacto con los clientes de los plásticos pre aprobados en otras instancias del establecimiento bancario.

Por último, demostrada la injusticia del despido como también los daños morales que ello causó, la Corte les reconoce plena reparación y nos deja esta regla jurisprudencial para el futuro: aunque es obvio que toda pérdida del empleo produce en el individuo frustración, tristeza o sentimientos negativos, tal situación no es la única que debe mirarse para imponer una condena por daño moral, dado que es necesario ponderar la manera como el trabajador se vio afectado en su fuero interno, y cómo la actividad de la empresa lo lesionó injustificadamente (Subrayas nuestras).

2. Argumentos de la sentencia

En oportunidades pasadas la Corte había abierto la posibilidad de reparar los daños extra patrimoniales generados por despidos arbitrarios e injustificados. Sin embargo, esta sentencia concretó los anteriores pronunciamientos para así establecer que la indemnización prevista en la ley (CST, art. 64) deja de lado las partidas de daño moral y, por ende, solo cubre los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de ahí la necesidad de su pago cuando sea que ellos lleguen a causarse. A ese respecto: “(…) el individuo en sus espacios laborales no solo cumple una función determinada por la que percibe un salario, sino que en ellos desarrolla toda una serie de relaciones sociales a través de las cuales deriva una imagen propia que es la que proyecta tanto a su familia como a sus amigos. Además de ello, la actividad productiva remunerada le permite plantearse una vida a corto, mediano o largo plazo y eso, sin duda le da cierta estabilidad emocional.

La consagración de toda una vida de esfuerzo en una determinada empresa genera a su vez cierta aspiración al reconocimiento de la labor efectuada, y a la contraprestación moral por la misma, máxime cuando ella va acompañada de una trayectoria intachable y de una actividad proactiva”.

3. Alcance de la sentencia

De una lectura desprevenida del fallo en comento podemos deducir que cualquier empleador que despida a alguien sin justa causa, pero mediando la indemnización correspondiente, debe prepararse para que en cualquier momento le llegue la respectiva demanda que reclame los perjuicios que por su actuación repercutieron en la órbita espiritual y afectiva del trabajador.

3.1. No obstante, creemos que tal conclusión es apresurada. Lo que resulta reprochable es que el empleador, en uso de la subordinación que le es propia y creyendo de antemano obrar bajo el amparo de una causal de despido con justa causa (en últimas el que determina la legalidad de la causa alegada es el funcionario judicial), despida al trabajador sin que realmente esté configurada la causa de terminación imputable al colaborador.

Como ya lo habíamos adelantado, la sentencia no nos ofrece parámetros claros que permitan indubitablemente inferir los supuestos de hecho y los requisitos de causación de los daños morales, producto de un despido sin justa causa. Al parecer la Sala Laboral desconoce que en materia de obligaciones indemnizatorias debe acreditarse una conducta ilícita, un daño, un factor de imputación y un nexo de causalidad. Estos requerimientos no están desarrollados de manera inequívoca en la sentencia, sobre todo los tres últimos.

4. Nuestro entendimiento sobre el alcance que debe tener esta jurisprudencia

La ley prevé que el empleador, de acuerdo a su conveniencia, pueda dar por finalizada cualquier relación de trabajo (hay excepciones cuando opera la estabilidad laboral reforzada u otros fueros), siempre que pague la respectiva indemnización sin que deba demostrar ninguna otra circunstancia. No obstante lo anterior, el trabajador está en la obligación de soportar las pesadumbres y tristezas del rompimiento de un vínculo laboral porque se desprenden de una conducta lícita que el legislador radica en cabeza de cualquier patrono, esto es la subordinación, que es aceptada al momento de celebrarse el contrato de trabajo. Efectivamente, para que se esté en un supuesto de responsabilidad de civil es necesario, entre otros requisitos, que haya una conducta antijurídica. El despido sin justa causa pagando una indemnización tarifada no lo es, porque radica en una facultad no prohibida, salvo en los casos de estabilidad reforzada.

4.1. Si el empleador hace uso de alguna de las causales de terminación por justa causa, estas deben ser objetivas y soportadas. En efecto, se recomienda seguir los lineamientos definidos por la Corte Constitucional en Sentencia C-593 del 2014 para el rompimiento justificado de una relación laboral. Al actuar de esta manera no habrá lugar a pago alguno porque es una circunstancia que se deriva del incumplimiento contractual por parte del trabajador y por lo tanto él debe asumir las consecuencias que su mal obrar le genere. Además, en un litigio judicial se van a tener los soportes probatorios necesarios para acreditar la legalidad de la actuación.

Así las cosas, estamos en presencia de dos escenarios distintos: El primero de ellos hace referencia al despido sin justa causa, el cual no tendría por qué causar cargas de reparación extra patrimonial a menos que se traten de circunstancias donde se desconozca la protección laboral reforzada. El segundo, a los despidos que se plantean como justos pero que devienen en injustos, escenario donde encontramos procedente la condena moral, toda vez que no consideramos que sea una carga natural al trabajador el asumir las angustias y pesares de lidiar con una ruptura contractual donde se le imputa incumplimiento.

5. Recomendaciones

Ahora bien, en nuestro parecer, para que un despido pueda generar un perjuicio de naturaleza moral deberá significar alguna de las siguientes situaciones:

1. Arbitrariedad: Que el motivo de terminación no figure dentro las causales contractuales y legales de terminación del contrato o que se camufle dentro de una que sí lo es (como podría ser inducir a la renuncia).

2. Que el empleador se haya sustraído de su obligación de pago en perjuicio del trabajador: Como sucede por ejemplo, cuando un empleador inventa una justa causa de terminación del contrato con la intención de hacer discutible el reconocimiento de la indemnización de ley.

3. Que se omita el debido proceso: Tratándose de terminaciones del contrato con justa causa, que al trabajador no se le haya dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y de controvertir los argumentos que obran en su contra.

Desde luego, en cualquier escenario debe existir prueba del perjuicio alegado y relación de causalidad, es decir, que el despido sea la causa directa del menoscabo en la órbita afectiva del trabajador. 5.1. Por último, recomendamos que se establezcan reglas de juego claras al interior de la empresa. Es pertinente tipificar de manera inequívoca las causales convencionales de despido sin justa causa con sus respectivas consecuencias en el reglamento interno de trabajo, hacer que el trabajador las conozca y abogar por su estricto cumplimiento. También que se observe (en la medida de lo posible) lo dispuesto por la Sentencia C-593 de 2014. De esta manera nos blindaremos ante futuras pretensiones de daños morales porque estamos dentro de lo llamaríamos “un riesgo permitido”.

Queremos terminar con esta cita del tratadista español Luis Díez-Picazo que es pertinente para el caso en estudio: “debería ser considerado como daño moral la afectación de la esfera sicofísica que es consecuencia de la lesión de un derecho o bien de la personalidad. Este planteamiento aconseja separar de la perspectiva del daño moral toda una serie de hipótesis en que esas coordenadas no concurren, no solo, como dice M. Casals, porque el derecho no debe intervenir cuando el daño sea mínimo porque de minimus praetor non curat(1) o porque no existe gravedad de la consecuencia dañosa, o porque, como también hemos dicho, toda la vida de relación comporta enojos, disgustos y contrariedades en las que el derecho no debe intervenir y, finalmente, por la dificultad de la prueba de su existencia y de su valoración con el consiguiente riesgo de que a partir de puras ficciones aumente el número de pleitos y de las cuantías que se puedan demandar(2).

La existencia de un contrato de trabajo conlleva diferentes vicisitudes que el trabajador debe soportar pese a que generen dolor, pesar y sufrimiento, la misma Corte Constitucional ha dicho que la estabilidad en el empleo no puede traducirse en una inamovilidad del empleado. La cita resulta pertinente porque la sentencia puede dar lugar a que se estimule el “litigio especulativo” y se incrementen las demandas que se desvían del fin meramente reparatorio que persigue la responsabilidad civil para intentar sacar provecho lucrativo. En ese sentido, compartimos la postura de este doctrinante, porque la prueba de este daño no es fácil y no se puede abrir la posibilidad de que cualquier minucia sea daño moral indemnizable.

(1)“De la minucia no se ocupa el pretor”.

(2) En torno al daño moral. Ponencia en las segundas jornadas australes de derecho civil 2008.