De la reparación a las víctimas y la garantía del plazo razonable y el nuevo sistema acusatorio en Colombia(*)

Revista Nº 20 Jul.-Sep. 2007

Jaime Enrique Granados Peña 

Profesor de la Universidad de Los Andes 

(Colombia) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió el pasado 1º de julio del 2006 el caso de las masacres de Ituango v. Colombia, sobre los hechos ocurridos en La Granja, el 11 de junio de 1996 y, El Aro, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre de 1997. Además de lo referente a la grave afectación a los derechos humanos que sufrieron las víctimas de estas masacres por las que se responsabiliza al Estado colombiano(1), el caso permite una reflexión en relación con artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, particularmente, sobre la reparación de las víctimas y la garantía a un juicio sin dilaciones injustificadas o plazo razonable.

Ambos conceptos merecen un análisis especial, a propósito de la reforma constitucional y legal que consagra en Colombia un sistema de procesamiento penal de carácter acusatorio, Acto Legislativo 3 del 2002 y Ley 906 del 2004, puesto que de los principales retos de la reforma y justificaciones de la implementación de un sistema de corte acusatorio, son precisamente, por un lado, reinvidicar a la víctima del proceso penal(2) y, lograr el cumplimiento del derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas(3). En relación con el plazo razonable, este estudio se hace además necesario puesto que, a mi modo de ver, el nuevo esquema procesal implica una manera particular de entender el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas. Para ello, se abordará el tema de cómo la reforma acusatoria es una manera de que el Estado responda positivamente a las víctimas de los delitos. La segunda parte de este escrito estará orientada a analizar la garantía del plazo razonable o derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas y a presentar una propuesta para su entendimiento a partir del nuevo sistema acusatorio.

1. Importancia de la nueva estructura procesal penal colombiana y el concepto de reparación

Es significativo considerar el conjunto de recursos internos del Estado colombiano para determinar si hubo o no violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos frente al caso Ituango v. Colombia(4). Se debe apreciar si el Estado movió su gendarme en las distintas jurisdicciones, con el fin de reprender a los culpables de un hecho punible y reparar a las víctimas efectivamente, a través de todos los medios de reproche que tiene a su alcance, en especial los procesos penal, contencioso administrativo y disciplinario.

Estos procesos permiten en conjunto, y si fueron adelantados de forma efectiva y eficaz, apreciar el esfuerzo del Estado por respetar garantías judiciales y brindar protección judicial. Sin embargo, tal como está definido y reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede limitarse la consideración sobre el acceso de las víctimas a la protección de sus derechos, teniendo en cuenta simplemente las reparaciones pecuniarias. El verdadero acceso a una reparación integral se logra mediante un proceso penal eficaz, que reconozca a plenitud los derechos de las víctimas, no solo a la reparación sino a la verdad y a la justicia. Los derechos de las víctimas, de acuerdo con los principios constitucionales y las exigencias internacionales, no se ven garantizados con las reparaciones económicas del proceso contencioso administrativo(5) o con las sanciones disciplinarias, proceso en el que las víctimas no tienen cabida como tales, pues se orienta a los fines y funciones del Estado en relación con la buena marcha de la función pública, y no es su fin la reparación integral a la víctima(6).

Es de destacar que, en Colombia, se logra un avance importante a favor de la reparación verdaderamente integral de las víctimas cuando, por Sentencia C-228 del 2002, la Corte Constitucional colombiana(7) establece que la víctima tiene derecho a la verdad, justicia y reparación, interpretación que en sentir de la Corte se corresponde con la dignidad humana y el concepto de reparación integral(8). Concepción que acoge plenamente y desarrolla la reforma acusatoria, introduciendo, entre otros cambios, un concepto de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de conflictos(9).

En este sentido, el acceso a la justicia que protege la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la garantía de los derechos fundamentales involucrados y afectados por los delitos configurados, se logra a través del proceso penal. El Estado colombiano, aun antes de cualquier exigencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actuó positivamente al reformar constitucional y legalmente, su procedimiento penal (A.L. 03/2002 y L. 906/2004, nuevo Código de Procedimiento Penal) con el fin de tornarlo más eficiente y garantista tanto para los implicados en los procesos penales como para la víctima y sus derechos.

En efecto, según se lee en la exposición de motivos del proyecto de Código de Procedimiento Penal, se plasma la concientización por la protección de las víctimas y la reparación integral de sus perjuicios que inspira el cambio de todo el procedimiento penal:

“Es así como a la luz de la nueva regulación legal, las víctimas de un delito en garantía de los derechos que les asiste a la verdad, la justicia y la reparación, pueden intervenir en todas las fases de la actuación penal para demandar la adopción de medidas de atención indispensables en orden a garantizar su seguridad personal y familiar, como también las de protección necesarias frente a toda injerencia indebida a su privacidad o dignidad.

Así mismo, pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad para la determinación de sus derechos de carácter civil —restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los perjuicios—, a través de la solicitud de las medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o a ser debidamente informadas sobre el desarrollo de averiguación, el juicio, la sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a efecto de promover el incidente de reparación integral.

Como también están facultadas para intervenir en el programa de justicia restaurativa, entendida ésta como el proceso en el que la víctima y el imputado o acusado participan conjuntamente de forma activa, en la resolución de cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado restaurativo o acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades de las partes y a lograr su reintegro a la comunidad, con o sin participación de un facilitador, mediante mecanismos tales como la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación.

De manera que las víctimas y los perjudicados adquieren con el nuevo sistema penal el status de protagonistas activos, acorde con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”(10).

Así es como el Estado colombiano, anticipándose a cualquier condena, en este sentido, tomó acciones trascendentales y efectivas adecuando su procedimiento penal, para lograr una debida impartición de justicia y ejemplarizante lucha contra la impunidad. En los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han consolidado las formas de reparación de las víctimas que constituyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición que incluyen, entre otras, la garantía de la verificación de los hechos y la revelación completa y pública de la verdad(11), a lo cual claramente se orienta el actual proceso penal colombiano, bajo los parámetros de permitir conocer la verdad y acceder a la justicia.

2. Del derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas y el plazo razonable

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado a las garantías como medios procesales que “sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o ejercicio de un derecho, vale decir, los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia”(12). Así, en la Opinión Consultiva OC 9/87, a propósito del artículo 8º, sobre los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, afirma la Corte que “[e]n efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la convención”.

En el caso Mapiripán se afirma que “[a]l establecer la responsabilidad internacional del Estado con motivo de la violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte, no es si en el ámbito interno se emitieron sentencias o se llegó a acuerdos conciliatorios por responsabilidad administrativa o civil de un órgano estatal, en relación con las violaciones cometidas en perjuicio de los familiares de algunas víctimas de los hechos de Mapiripán, sino si los procesos internos permitieron que se garantizara un verdadero acceso a la justicia conforme a los estándares previstos en la Convención Americana”(13) (resaltado fuera de texto).

Se ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que este debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables(14). Se debe, entonces, entrar a analizar el concepto de plazo razonable para determinar la efectividad e idoneidad de los procesos internos del Estado colombiano, por lograr que los derechos y libertades, concretados en un verdadero acceso a la justicia, sean considerados efectivos.

2.1. Concepto de derecho a un plazo razonable

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho subjetivo constitucionalmente consagrado por la mayoría de los Estados y tratados internacionales, de carácter autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela, que asiste a todos los sujetos del derecho privado que hayan sido parte en un procedimiento judicial. Se dirige frente a los órganos del Poder Judicial, aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todos los demás poderes del Estado, creando en él la obligación de satisfacer dentro de un plazo razonable las pretensiones y resistencias de las partes, o de realizar sin demora la ejecución de las sentencias(15).

2.2. Contenido del derecho: las dilaciones indebidas

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas y su interpretación debe hacerse en armonía con el derecho internacional. El derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas está contenida en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en el artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. La expresión “derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas” es compatible con la noción de “plazo razonable” utilizada en otros instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1. Básicamente son las expresiones que utiliza la dogmática de los derechos fundamentales para regular la prerrogativa del imputado a que su proceso termine tan pronto como sea posible(16). Los intentos por definir el concepto de plazo razonable son variados y no de fácil solución. Impera el sistema desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguiendo la teoría del no plazo, la cual indica que no es posible establecer con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable o no y que deben seguirse unos criterios que en abstracto y a posteriori permiten concluir si en el caso en concreto, al superarse los plazos legales, hubo o no afectación del plazo razonable(17). De conformidad con la naturaleza reaccional de este derecho fundamental, el Estado ha de comprometerse a prestar una justicia ágil y rápida. Surge necesariamente la pregunta por el contenido de dicho derecho: ¿qué debe entenderse por dilaciones indebidas que afecten el plazo razonable de la duración de un proceso?

A este respecto, el profesor Vicente Gimeno Sendrá acude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal Constitucional español y considera que constituye un límite mínimo, que ha de ser observado por los tribunales. Entiende el profesor, dilación indebida, conforme a la jurisprudencia del TEDH, señalando que no puede dictarse una regla universal que clarifique el concepto del plazo razonable o dilación indebida, debiendo apreciarse la infracción de dicho plazo en cada caso y según sus circunstancias(18).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la teoría del no plazo, remiten a tres criterios que se determinan a posteriori con el fin de establecer la existencia de la vulneración en el plano internacional y evaluar si la conducta de las autoridades estuvo dirigida a evitar la excesiva duración del procedimiento. Los criterios son:

1. Complejidad del caso.

2. Actividad procesal del interesado.

3. Conducta de las autoridades.

2.3. Criterio que se propone de plazo razonable

En Opinión Consultiva 16 de 1999 se considera al derecho penal como dinámico(19), dinamismo que debe darle la Corte misma a las normas que interpreta. En voto concurrente, el juez A.A. Cançado Trinidade apunta que “El factor tiempo es, en efecto, inherente a la propia ciencia jurídica, además de elemento determinante en el nacimiento y ejercicio de los derechos”.

Así mismo, afirma que:

“Toda la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos ha desarrollado, de forma convergente, a lo largo de las últimas décadas, una interpretación dinámica o evolutiva de los tratados de protección de los derechos del ser humano”(20).

Siguiendo estas consideraciones, que pueden traducirse en un deber de la Corte de dar vida y dinamismo a la interpretación sobre las normas de la convención y, por consiguiente, a los derechos fundamentales, se evidencia una importante oportunidad en el análisis del caso de Ituango, para revaluar el concepto de plazo razonable que se viene decantando. Se hace necesario establecer un nuevo criterio para considerar el concepto mismo, así como su interpretación en los casos concretos. Para ello, se requiere analizar la naturaleza de la investigación previa en los procesos penales, de la cual, según la propuesta que expongo, no puede cuestionarse el plazo razonable de duración, pudiendo ser exigible únicamente la existencia de un intento serio —criterio objetivo— por parte de las autoridades estatales de instruir los procesos; con el fin de reunir los elementos materiales probatorios y evidencia física necesaria que permita determinar si en el caso concreto es posible ejercer o no la acción penal. Lo anterior, sin que se puedan exigir resultados en tiempo determinado, pues dependerá de la complejidad del caso particular, siendo el criterio objetivo evaluable el intento serio de investigar.

En la Corte Penal Internacional se reconoce que los Estados parte solo están en la capacidad de garantizar un intento serio al investigar. Así, el Estatuto de Roma en sus artículos 17 y 20(21) trae el concepto de intención. En el artículo 17, numeral 2. b, sobre las cuestiones de admisibilidad, se conectan el concepto de demora injustificada con la intención de hacer comparecer a una persona a juicio. Así mismo, en el artículo 20 se excepciona la cosa juzgada cuando el proceso en el otro tribunal careciere de las garantías que lo tornaran incompatible con la intención de someter a la persona a la administración de justicia. Este concepto de intención, que se podría denominar intento serio, debe ser desarrollado para analizar el presente caso y para comprender que lo que se hace exigible es la debida diligencia e intento serio en la instrucción del caso, en el marco de una obligación de medio y no de resultado. Lo anterior, conduce a reformular la aplicación que se viene haciendo del concepto de plazo razonable en las investigaciones previas o no formalizadas y que lleva a análisis inapropiados de los artículos 8.1 y 25 de la convención.

La aplicación que se hace por los distintos tribunales de la garantía de plazo razonable, desde la investigación, no corresponde con el momento en que la misma se hace verdaderamente exigible, ni es compatible con la lucha internacional que se adelanta contra la impunidad, que ha llevado a considerar, entre otras garantías, la imprescriptibilidad de los delitos. Si la investigación penal no puede limitarse en tiempo en abstracto o a priori por variables particulares de cada caso en concreto como su complejidad, entre otros criterios, para cumplir sus objetivos de buscar, hallar, identificar, recopilar y asegurar los elementos materiales probatorios o evidencia física que permitan decidir el ejercicio de la acción penal(22), mal puede hablarse de plazos temporalmente razonables en dicha etapa, siendo exigible únicamente un intento serio y diligente de adelantar las actuaciones necesarias para que los hechos de que se trate no queden impunes.

2.4. ¿Cuándo se puede hablar de que existe plazo razonable?

2.4.1. Los sistemas procesales y la naturaleza de la investigación previa

El momento que debe ser tenido en cuenta para analizar el plazo razonable es el ejercicio de la acción penal, es decir, desde que se traba la litis(23), pues lo que ocurre antes son las averiguaciones por parte del Estado sobre la ocurrencia de los hechos y la autoría de los mismos. Esta fase investigativa, en el marco de un sistema acusatorio o de tendencia acusatoria, está caracterizada por ser desjudicializada, desformalizada, reservada y seria, rodeada de las mayores garantías. No existe proceso aún, pues simplemente en ella se pretende establecer por la parte acusadora si va a ejercer o no acción penal(24).

En el caso Eckle v. Federal Republic of Germany(25) el Tribunal Europeo analiza el período de tiempo a considerar para la duración del procedimiento en un plazo razonable de acuerdo con el artículo 6.1 de la Convención Europea y se considera que el tiempo debe empezar a correr desde que existen cargos en contra del acusado(26). Siguiendo con lo acogido en Wemhoff(27), Neumeister(28), Ringeisen(29), “[s]e trata de una utilización amplia de la palabra, cuyos alcances específicos son precisados por el mismo Tribunal: ‘la acusación’ en el sentido del artículo 6, párrafo 1, puede definirse como ‘la notificación oficial, emanada de la autoridad competente, del reproche por haber cometido una infracción penal’ idea que corresponde también a la noción de ‘repercusiones importantes sobre la situación’ del sospechoso”(30). Para el caso que se estudiaba, se tomó la fecha de la primera citación a los inculpados, en el esquema del nuevo proceso penal colombiano correspondería a la formulación de imputación(31).

Al hacer una diferenciación entre los sistemas procesales continental europeo y del common law, que siguen las tradiciones mixta, inquisitiva y acusatoria respectivamente, el primero incluye, como parte del proceso la fase investigativa, mientras que el segundo la considera preprocesal. Podría pensarse que las diferencias que de allí se derivan afectan la definición sobre el momento en que se empieza a considerar la duración del proceso, que al variar en cada sistema, es de destacar, pueden conllevar a validar como razonables plazos más largos en un determinado sistema que en otro.

En el caso Wemhoff, el magistrado Zekia en voto particular y disidente considera en relación con el plazo razonable de la detención preventiva que aunque difieran los sistemas continental europeo —en cuanto a que se regulan las disposiciones de la legislación y del procedimiento penal relativas a las fases anteriores al proceso, tales como las investigaciones previas, la instrucción y la acusación— y el common law —en el que el acusado es conducido ante un tribunal de primera instancia y juzgado en un tiempo bastante más corto que los países de tipo continental— no puede, con base en las diferencias que derivan de la naturaleza de los procedimientos, considerarse tratos distintos entre un país u otro al definir un plazo razonable, pues hay un mínimo de estándares obligatorios al suscribir el convenio de derechos humanos, que impide hacer diferencias entre uno u otro sistema —una situación contraria permitiría detenciones más largas como razonables en el marco de un sistema continental europeo que en el acusatorio que se considera maneja tiempos procesales más cortos—.

El magistrado Zekia considera que el factor decisivo a este respecto es el concepto de razonabilidad y que existe un tiempo límite más allá del cual privar a un hombre de su libertad no es permisible. En este caso, el factor determinante para considerar un límite temporal es que el implicado se encuentra privado de su libertad, lo cual genera la activación de derechos en razón de dicha condición(32). La detención se convierte, para estos efectos, en la notificación del reproche y, por tanto, el momento de “acusación” o momento en que se traba la litis, que permite hacer consideraciones sobre el plazo razonable. Es de tener presente, igualmente, que son diferentes los conceptos de plazo razonable en relación con la detención preventiva y el proceso mismo, cuando se afirma que “el concepto de tiempo razonable contemplado en el artículo 7.5 y en el artículo 8.1 difieren en que el primero posibilita que el individuo sea liberado sin perjuicio de que continúe el proceso, mientras que en el caso del artículo 8.1 se refiere a la duración del proceso medido en relación con una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes para la conducción del proceso”(33).

La opinión del juez Zekia nos induce a un aspecto de particular análisis y es, la trascendencia de la naturaleza del sistema procesal penal en la consideración del plazo razonable y la posibilidad de establecer un estándar igualitario independientemente de la naturaleza del proceso interno del Estado. El profesor Zaffaroni considera lo siguiente:

“Debe quedar claro que en todos estos casos la fase procesal preparatoria puede implicar una larga y compleja investigación para la comprobación de los extremos de la imputación, de modo que esta interpretación no conspira contra la posibilidad de formular acusación contra el imputado y requerir su juicio si, como establece la norma adjetiva federal, el plazo comienza a computarse desde el acto de indagatoria, que es el momento en que el Estado cuenta con el cuadro probatorio suficiente para formular una imputación, lo que a la par facilita que el procesado ejerza su primera defensa en respuesta a un requerimiento preciso. Es decir, una vez formulada una imputación penal en el acto de indagatoria, la agencia judicial cuenta con aquellos plazos para concluir con la instrucción, pasados los cuales —y vencidos también los términos para la citación a juicio y para la fijación de la audiencia de debate—, opera un impedimento de perseguibilidad previsto en la misma ley procesal, siempre que con anterioridad no hayan operado los plazos de prescripción del artículo 62 CP, a contar desde la fecha de comisión del hecho imputado”(34) —resaltado fuera de texto—.

Se evidencia cómo es posible tomar un único criterio —momento procesal—, como por ejemplo el momento de notificación de cargos formales, que independientemente del sistema procesal indique que puede considerarse la duración razonable del proceso.

¿Cuándo corresponde entender que se debe terminar la fase de investigación? Como lo afirma el profesor Juan Luis Gómez Colomer “[l]a fase de averiguación o procedimiento preparatorio, debe concluirse cuando la fiscalía estime que ya tiene recogido el material necesario, que permita decidir si va a ejercer la acción, es decir, si va a acusar, o no, archivando entonces la causa (v. §170 StPO)”(35). Este debe ser el límite de la misma, no puede establecerse un período de tiempo fijo y determinado, pues todo depende de las circunstancias particulares del caso, para obtener la evidencia y elementos materiales probatorios necesarios para tomar una decisión respecto a la causa, en el entendido de que la labor de la fiscalía o policía judicial se está llevando a cabo con la debida diligencia en un intento serio por esclarecer los hechos ocurridos.

Esta interpretación es compatible con el razonamiento que llevó a considerar la imprescriptibilidad(36) en el plano de la Corte Penal Internacional por los delitos de que conoce(37), entre otras razones por la complejidad y dificultad de esclarecer la ocurrencia de los mismos. No puede predicarse la necesidad de la imprescriptibilidad de los delitos graves y de trascendencia en la comunidad internacional con el fin de evitar que se premie la impunidad e, igualmente, establecer límites temporales, bajo un alcance o interpretación indebida del concepto de plazo razonable, que pueden constituirse en apremios que atenten contra una buena investigación y, por tanto, con la posibilidad de que el ente acusador triunfe en juicio.

Hay un verdadero impacto de los principios y disposiciones de la Corte Penal Internacional en las legislaciones de los países miembros, estos se están adecuando con el fin de disponer en los órdenes internos la imprescriptibilidad de la acción y las penas correspondientes a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra entre otros, es una forma de adecuar sus disposiciones en aras de garantizar el acceso a la justicia y la realización de procesos dotados de las garantías de independencia e imparcialidad en su ámbito interno. El tribunal internacional tiene el propósito de evitar la impunidad en la comisión de hechos delictuosos y uno de los principios en que se fundamenta para lograr verdadero acceso a la justicia es la imprescriptibilidad como derecho irrenunciable.

Parte de la doctrina considera que “resulta claro desde el punto de vista del derecho constitucional que las actuaciones, particularmente los actos de instrucción, no pueden durar ad infinitum o tener en la ley unos lapsos que a todas luces son justamente irrazonables”(38). Pero entonces ¿cuál debe ser el límite temporal, si debiera haberlo? El razonamiento que acá se expone es que debe seguirse el criterio objetivo de un intento serio de investigar, atendiendo a criterios de razonabilidad y diligencia. Es necesario compatibilizar los derechos de la persona perseguida penalmente con los tiempos requeridos para una buena administración de justicia y esto se logra con el criterio objetivo que aquí se plantea(39).

2.4.2. Importancia del nuevo sistema y la nueva estructura procesal

Refiriéndose al sistema acusatorio, afirma el profesor Binder que “Este sistema se va imponiendo en la mayoría de los sistemas procesales. En la práctica, ha demostrado ser mucho más eficaz, tanto para profundizar la investigación como para preservar las garantías procesales”. A estas prácticas no ha sido ajena Colombia(40).

La reciente reforma del proceso penal colombiano constituye un intento por hacer de los derechos fundamentales verdaderas órdenes, entre otras, en lo referente al plazo razonable. El nuevo sistema modifica sustancialmente la etapa de investigación, suprimiendo el sumario criminal del sistema inquisitivo. El nuevo modelo de investigación implica la transformación de esta en una etapa puramente preparatoria del juicio criminal, entregada a los fiscales con el apoyo de la policía judicial, quienes deberán conducir la investigación de los delitos, realizar las diligencias de investigación y ejercer la acción penal pública. El proceso penal acusatorio no se subdivide en dos etapas, como acontece en los esquemas mixtos. La actividad de investigación no abarca la práctica de pruebas, ni mucho menos la adopción de decisiones que puedan comprometer derechos fundamentales de la persona investigada, caso en el cual, de ser necesario, la decisión es tomada por un juez de garantías. En este sistema, el momento que determina el comienzo del ejercicio de la acción penal, en su sentido más puro, se encuentra referido a la presentación de la acusación ante el juez de la causa, puesto que es en ese instante, dada la naturaleza adversarial del mismo, cuando se entabla la relación jurídico procesal entre los tres intervinientes fundamentales: juez, fiscal investigador-acusador y defensa(41).

3. A manera de conclusión

A propósito de la reforma en Colombia, afirmé que: “Debe resaltarse que técnicamente el proceso penal se inicia con el contradictorio que surge sólo a partir de la audiencia de formulación de imputación. Antes de ello las tareas investigativas ocuparán apenas una labor preprocesal, si se prefiere, preparatoria de una eventual contienda penal. Aun cuando se analizara con mayor detenimiento más adelante, lo cierto es que con fundamento en el artículo 250 numeral 4, al igual que del inciso final del mismo artículo, se desprende que únicamente con ocasión del descubrimiento de la prueba surge la relación jurídico procesal bilateral, propia del sistema acusatorio”(42).

El tiempo que transcurre desarrollando una investigación no puede significar de plano denegación de justicia, así este en abstracto pueda ser considerado excesivo, mientras se demuestre la existencia de intento serio o debida diligencia(43). Si existe un intento serio de investigación no puede hablarse de vencimiento de plazo razonable y, por consiguiente, violación de las debidas garantías y protección judicial; por el contrario, se demuestra interés de dar respuesta a la comunidad y las víctimas afectadas. En el presente caso, el gobierno colombiano ha demostrado dicho interés y se evidencia un intento serio de investigación, de establecer la verdad de los hechos y que permite hacer justicia, esta circunstancia no puede negarse simplemente por el transcurso del tiempo, cuando es manifiesta la complejidad del caso y los intentos por proteger a las víctimas e indemnizarlas(44).

Finalmente, con todo lo anterior, no puede concluirse correctamente que se violan los artículos 8.1 y 25 de la convención con el argumento de que no se desarrolla la investigación en un plazo razonable, cuando se evidencia un intento serio, a pesar de las limitaciones y dificultades del caso, por responder a las víctimas y la sociedad colombiana a través de los procesos internos, penal, administrativo, disciplinario y métodos alternativos de solución de conflictos, en aras de fomentar la justicia restaurativa(45).

(*) Este artículo se fundamenta en el documento enviado a la Corte Interamericana para el caso Ituango v. Colombia, como voto razonado particular, en mi calidad de juez ad hoc. Así mismo, contó con la invaluable colaboración de la profesora de la Universidad de Los Andes Ana Linda Solano López.

(1) El Estado colombiano además aceptó, el 14 de enero del 2005, su responsabilidad internacional por la infracción de la obligación de respeto a los derechos a la vida, a la libertad personal y a la propiedad privada Cfr. Corteidh. Caso de las masacres de Ituango, párrs. 19 y 20.

(2) Uno de los principales cambios contenidos en el Acto Legislativo 03 del 2002, es la función impuesta a la Fiscalía General de la Nación de proteger a la víctima y sus intereses. Esta intención constitucional de reivindicar a la antes olvidada víctima y su participación en los procesos penales y de garantizar el respeto de sus derechos orientado a una reparación integral es desarrollada además por la Corte Constitucional, a través de sus pronunciamientos. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-454 del 2006 y C-209 del 2007, entre otras.

(3) Refiriéndose al derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas, la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo consagró lo siguiente: “Sin embargo, esta garantía no encuentra desarrollo material en nuestro ordenamiento, porque la excepción se volvió la regla y los términos que prescribe la ley para índices el cumplimiento de las actuaciones no se verifican, como se comprobó mediante los índices anteriormente señalados (...) Ahora bien, obsérvese que desde la reforma del año 1987 se percibía la necesidad de adoptar el texto de los tratados internacionales sobre derechos humanos como orientadores del procedimiento penal, pues de otra forma no se podría dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esta materia”. Exposición de motivos proyecto de acto legislativo. En: López Morales, Jairo. Nuevo Código de Procedimiento Penal. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá: 2005, p. 22.

(4) Consultar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.doc (junio del 2007).

(5) Al tratar este aspecto en el caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, sentencia de 15 septiembre del 2005, parágrafos 212 y 213, se remite la Corte Constitucional colombiana a pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre alcances de la responsabilidad civil en relación con las exigencias de la protección internacional. En el caso Yasa v. Turquía, consideró el TEDH que:

“Una acción administrativa [...] es un recurso que se basa en la responsabilidad objetiva del Estado, en particular por actos ilícitos de sus agentes, cuya identificación no es, por definición, un prerrequisito para promover una acción de esta naturaleza. Sin embargo, las investigaciones que los Estados Partes están obligados [...] a llevar a cabo en casos de agresión mortal deben ser capaces de conducir a la identificación y castigo de los responsables [...]. Tal obligación no puede ser satisfecha mediante una simple indemnización de daños [...]. De otra manera, [...] la obligación del Estado de identificar a los responsables de la agresión mortal podría desvanecerse” (traducción de la Secretaría). Cfr. European Court of Human Rights. Yasa v. Turkey [GC], judgment of 2 September 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, § 74. Traducción del texto original aparece en la sentencia.

Así mismo, la Corte estimó que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. No obstante, la Corte valora algunos de los resultados alcanzados en dichos procesos contencioso administrativos, que incluyen algunos aspectos que abarcan las reparaciones por conceptos de daño material e inmaterial, los cuales tomará en cuenta al momento de fijar las reparaciones pertinentes, a condición de que lo resuelto en esos procesos haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso. Cfr. Corteidh. Caso Mapiripán v. Colombia, párr. 214.

En el mismo sentido, en el caso Kaya v. Turquía la Corte Europea de Derechos Humanos decidió que la violación de un derecho protegido por la convención no podía ser remediada exclusivamente por el establecimiento de la responsabilidad civil y el correspondiente pago de compensación a los familiares de la víctima. Cfr. European Court of Human Rights. Kaya v. Turkey [GC], judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, § 105.

Respecto al proceso disciplinario, el tribunal valora la decisión de la Procuraduría en cuanto al valor simbólico del mensaje de reproche que puede significar este tipo de sanciones en el interior de las Fuerzas Armadas. No obstante, como las partes no aportaron mayor información al respecto, la Corte no se pronuncia sobre lo actuado en dichos procedimientos.

(6) Las sanciones disciplinarias cumplen esencialmente los fines de prevención y de garantía de la buena marcha de la gestión pública. El artículo 16 de la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario, establece que “[l]a sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”. La Corte ha sostenido en relación con esta finalidad y las diferencias con el proceso penal lo siguiente:

“Cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de estos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios.

Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada esta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales” (Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996).

(7) En el mismo sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el derecho de participación de los afectados por atentados contra la dignidad humana en procesos penales no se limita solo a la reparación material, sino además les corresponde un derecho a la reparación integral incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia. (Ver sentencias T - 1267 del 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; SU - 1184 del 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-578 del 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-875 del 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-228 del 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-004 del 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T - 249 del 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, citadas en la Sentencia C-1154 del 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(8) La Corte Constitucional, en Sentencia C-228 del 2002, dice lo siguiente:

“Existe una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el ámbito nacional por la Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia (...).

El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón a la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica (...).

La Constitución ha trazado como meta para la Fiscalía General el ‘restablecimiento del derecho’, lo cual representa una protección plena e integral de los derechos de las víctimas y perjudicados. El restablecimiento de sus derechos exige saber la verdad de lo ocurrido, para determinar si es posible volver al estado anterior a la vulneración, así como también que se haga justicia (...).

De lo anterior surge que la concepción constitucional de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los derechos, que éstos sean orientados a su restablecimiento integral y ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo menos”.

(9) Sampedro Arrubla, Julio. La humanización del proceso penal, una propuesta desde la victimología. Legis, Bogotá: 2003, pp. 166 y ss.

(10) Exposición de motivos de la Fiscalía al proyecto de ley para el nuevo Código de Procedimiento Penal. En: López Morales, Jairo. Nuevo Código de Procedimiento Penal. T. 1, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá: 2002, pp. 68-69.

(11) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1154 del 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros v. Perú), Sentencia de 14 de Marzo de 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en la sentencia Barrios Altos del Perú estableciendo que la amnistía que había concedido Perú era contraria a la convención, a pesar de que el país se había comprometido a reparar materialmente a las víctimas, pues se estaba desconociendo su derecho a la verdad y a la justicia: “Todo Estado está en la obligación de realizar una investigación exhaustiva de hechos de los cuales tenga conocimiento como presuntas violaciones de derechos humanos, además de sancionar a los responsables de los mismos (...) El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención (párrafos 47-49 sentencia de fondo). En el mismo sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el derecho de participación de los afectados por atentados contra la dignidad humana en procesos penales no se limita sólo a la reparación material sino además les corresponde un derecho a la reparación integral incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia”.

(12) Cfr. Guerrero Peralta, Óscar Julián. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá: 2005, p. 30.

(13) Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, sentencia de 15 septiembre del 2005, párr. 211.

(14) Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, sentencia de 15 septiembre de 2005, nota al pie 216 se citan los siguientes casos: Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 66; Caso 19 Comerciantes, supra nota 190, párr. 188, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 209.

(15) Cfr. Gimeno Sendra, Vicente. Constitución y proceso. Tecnos, Madrid: 1998, p. 137.

(16) Pastor, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. Ad Hoc, Buenos Aires: 2002, p. 47.

(17) El profesor Daniel Pastor, en su trabajo El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho, propone un acercamiento al concepto de plazo razonable desde el derecho fundamental al debido proceso lo que necesariamente implicaría determinar legalmente el plazo razonable y sus efectos dentro del proceso y no posteriormente, debiendo proceder, al tratarse de un derecho fundamental, acudir a los mecanismos de protección como la tutela. Cfr. Pastor, Daniel R. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. Konrad Adenauer Stifttung, Argentina: 2002.

(18) Cfr. Gimeno Sendra, Vicente. Constitución y proceso.., cit., pp. 137-151.

(19) Opinión Consultiva OC – 16/99 del 1º de octubre de 1999.

(20) Opinión Concurrente, juez A.A. Cançado Trinidade, párr. 3. En similar sentido se pronuncia el juez Sergio García Ramírez en voto concurrente razonado, citando igualmente su posición en el caso Blake v. Guatemala, sentencia sobre el fondo, del 24 de enero de 1998.

(21) “ART. 17.—Cuestiones de admisibilidad.

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

(...).

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

(...).

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;

(...) (resaltado fuera de texto)

ART. 20.—Cosa juzgada.

(...).

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:

(...).

b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia” (resaltado fuera de texto).

(22) De lo contrario porque sobrevino el tiempo, sería obligar al fiscal a llevar a juicio un caso débil probatoriamente, lo que conduciría a perder ante un juez al que no se le brindaron los elementos para hacer justicia.

(23) En el derecho romano, la recopilación de Justiniano recoge una Constitución en la que se toman medidas a fin de que los litigios no se hagan interminables. Las leyes romanas posteriores a esa constitución establecieron un plazo preciso para la duración del proceso penal, disponiendo Constantino que empezara a contarse con la litiscontestación y que fuera de un año, plazo que, precisamente, el propio Justiniano elevó a dos años. Cfr. Pastor, Daniel. Ob. cit., p. 49.

(24) Sobre la investigación en el nuevo proceso colombiano:

“En esta etapa preprocesal, la fiscalía, a través de los organismos que cumplen funciones de policía judicial (CTI, DAS, SIJIN, DIJIN, Superintendencias y otros que las cumplen de manera especial y transitoria), desarrolla las averiguaciones iniciales que permitirán avanzar en la investigación. Se inicia de oficio por informaciones que lleguen a la fiscalía por medios lícitos, o con fundamento en denuncia, querella o petición especial, siguiendo con la tradición legislativa en la materia – (notitia criminis).

En este momento procesal se recauda la mayoría de elementos materiales probatorios que se convertirán en prueba en el juicio, pero con la muy importante novedad de no practicarse la prueba como tal. En efecto, el sistema que nos ha regido tradicionalmente, no se distingue el recaudo de la prueba de su práctica. En este nuevo sistema, la práctica de la prueba se hace a través del principio de contradicción dentro del sistema de examen cruzado, es decir, lo que técnicamente constituye una prueba es elemento material probatorio o la declaración rendida por el testigo o perito sujeta a la contradicción de las partes. Lo anterior aunado a que los principios de inmediación, concentración, publicidad y oralidad exigen que la práctica y valoración de la prueba se realice durante el juicio.

En esta etapa inicial, se permite realizar, sin orden judicial previa, toda actuación que no afecte derechos fundamentales: Búsqueda de elementos de prueba, obtención de evidencia física sujeta a la cadena de custodia, entrevista de eventuales testigos, y puede adelantarse durante el tiempo que dure la prescripción de la acción penal por el delito que se investiga. A este respecto conviene recordar que la ponencia presentada en la Comisión Primera del Senado propuso para limitar estas actuaciones, inicialmente a un año. Afortunadamente esta iniciativa fue rechazada. En consecuencia, los cuerpos de policía judicial deben actuar bajo la dirección jurídica de la fiscalía, pero se amplían las labores que pueden realizar sin orden previa por iniciativa propia mientras la acción penal derivada de la comisión de la conducta delictiva no haya prescrito o caducado”. Cfr, Granados Peña, Jaime. Antecedentes y estructura del proceso penal. En: Revista Universitas, n.º 109, Universidad Javeriana, Bogotá: junio 2005, p. 27.

(25) Eckle v. Federal Republic of Germany (Series A, n.º 51, Application n.º 8130/78). European Court of Human Rights (1983) 5 EHRR 1, 15 July 1982.

(26) “The reasonable time’ limitation begins to run in criminal cases at the time a defendant is charged, which does not necessarily coincide with the trial date but may precede it. The Court defined ‘charged’ as ‘when notified officially of an allegation of criminal conduct and not when the initial complaint is made or a preliminary investigation begun’ (...) the period in question under Article 6 (1) includes the period from when a defendant is charged until the end of the appeal process. A criminal charge terminates when the sentence is definitely set, the charges are dropped, or the defendant is acquitted.

The number of years is one factor that should be taken into account but it is not dispositive. A reasonableness requirement exists under Article 6 (1) of the Convention. That requirement depends on the circumstances surrounding each case. Thus, the conduct of the applicants, the conduct of the judicial authorities as well as the complexity of the case are all relevant issues. However, delays of 17 years (as in this case) or even of 10 years are inordinate and as a general rule to be regarded as exceeding a reasonable time unless some extenuating circumstances existed”.

(27) Wemhoff v. Germany - 2122/64 [1968] ECHR 2, 27 June 1968.

(28) TEDH, sentencia caso Neumeister, 27 de junio de 1968.

(29) TEDH, sentencia caso Ringeisen, 16 de julio de 1971.

(30) Pastor, Daniel R. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. Konrad Adenauer Stifttung, Argentina: 2002, p. 145.

(31) Ley 906 del 2004, artículo 286: “La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías”.

(32) Artículo 5º del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 y artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.

(33) Cfr. Guerrero, Óscar Julián. Ob. cit., p. 96.

(34) Zaffaroni, Eugenio Raúl. Derecho penal, parte general. Ediar, Argentina: 2000, p. 860. Se toma simplemente la idea del momento procesal para considerar plazo razonable en un sistema de tradición continental europea. El autor considera que el concepto del plazo razonable de duración del proceso es un obstáculo procesal a la respuesta punitiva del Estado y que la prescripción de los delitos es el medio para asegurar el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.

(35) Gómez Colomer, Juan Luis. El proceso penal alemán introducción y normas básicas. Bosch, Barcelona: p. 151.

(36) Estatuto de Roma, art. 29.

(37) Estos son, de acuerdo con el Estatuto de Roma, artículo 5º, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

(38) Guerrero, Óscar Julián. Ob. cit., p. 95.

(39) A este respecto, consultar Pastor, Daniel. Ob. cit., p. 131, al analizar el caso Wemhoff, aunque no es exactamente el argumento que el autor sostiene, la idea de armonizar los intereses de la sociedad y del individuo que está siendo investigado es claramente lo que acá se pretende exponer.

(40) Binder, Alberto Martín. Iniciación al proceso penal acusatorio (para auxiliares de la justicia). Inecip. Campomares libros, Buenos Aire: 2000, p. 43.

(41) Gómez Colomer, Juan Luis. El proceso penal alemán introducción y normas básicas. Bosch, Barcelona: 1985, p. 151.

(42) Granados Peña, Jaime. Antecedentes y estructura del proceso penal, En: Revista Universitas, n.º 109, Universidad Javeriana, Bogotá: junio 2005, p. 24.

(43) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ivcher Bronstein y otros v. Perú, concluye que hubo violación del plazo razonable en caso de detención preventiva por no emplear la debida diligencia.

(44) En este sentido, se exponen las siguientes condenas penales:

• Proceso penal “La Granja”:

— El 14 de noviembre del 2003, el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado condenó al teniente de policía José Vicente Castro. Esta sentencia fue recovada y absuelto el teniente por el Tribunal Superior de Antioquia, el 2 de julio del 2004.

— El 12 de junio de 1996, se inició la investigación, dio apertura de investigación la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía, el 17 de junio de 1999, y, el 8 de julio del 2005, el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado condenó a:

Orlando de Jesús Mazo Mazo: concierto para delinquir, terrorismo, extorsión. 12 años de prisión.

Gilberto Antonio Tamayo Rengifo: terrorismo, extorsión, concierto para delinquir. 12 años de prisión, detenido por otros delitos.

Carlos Antonio Carvajal Jaramillo: concierto para delinquir, extorsión. 7 años de prisión, suspensión de la pena por edad.

Teniente Jorge Alexander Sánchez Castro: homicidio, concierto para delinquir, absuelto de extorsión. 31 años de prisión.

• Proceso penal “El Aro”:

— El 22 de abril del 2002, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Antioquia condenó a:

Francisco Enrique Villalba: homicidios, hurto y concierto para delinquir. 33 años de prisión.

— Carlos Castaño Gil: homicidios, hurto y concierto para delinquir. 41 años de prisión.

— Salvatore Mancuso: homicidios, hurto y concierto para delinquir. 40 años de prisión.

Entre otras condenas penales e investigaciones que se adelantan. Además de los procesos disciplinarios y contencioso administrativos que en conjunto evidencian la actitud del Estado colombiano por responder a la sociedad y las víctimas, teniendo presentes las complicaciones particulares que dificultan la investigación del caso.

(45) En este sentido, cfr. Sampedro Arrubla, Julio Andrés. La humanización del proceso penal. Legis, Bogotá: 2003.