De subsdios y mecanismos de “cobertura”

Revista Nº 188 Mar.-Abr. 188

Fernando Castillo Cadena Ph. D. 

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Consultor y litigante.

Siempre he creído en las bondades del régimen de ahorro individual con solidaridad como mecanismo de administración de las pensiones obligatorias. Es absolutamente claro que la apuesta por uno de los dos regímenes, la implementación monopólica en su estructura fundamental y la oligopólica como mercado, hubiera producido muchos mejores resultados que el régimen híbrido actual. Sin embargo, el régimen de ahorro individual elimina privilegios indeseados casi de manera inmediata, bondad que no tienen los regímenes basados en la capitalización colectiva.

Existe la percepción de que la crisis pensional que afronta nuestro país está sobrediagnosticada; esto es, a los que estudian los números las cuentas no les dan; a los que piensan en estructuras competitivas óptimas, el modelo no les da; a los que buscan equidad en el sistema, claramente sienten frustración; a los que consideran que la redistribución de la riqueza es esencia del sistema pensional, lo que existe les produce desazón, con la sola percepción, cierta, de que el sistema de prima media redistribuye a favor de los más ricos. En fin, desde las posiciones de derecha hasta las de izquierda, desde los no intervencionistas hasta los totalitaristas critican ácidamente lo que tenemos concebido como sistema de pensiones y no les falta razón. Es pertinente señalar que, desde el principio, al país se le había advertido que la reforma a las pensiones era incompleta; sin embargo, lo que hoy se percibe es que era una reforma inviable; tremendamente costosa en todos los sentidos de la palabra, que tarde o temprano deberá ser revertida; aunque, también es cierto, se percibe que se viene dando de forma paulatina pero hacia objetivos no establecidos en la política pública pensional.

Uno de los objetivos establecidos, desde el mismo momento del inicio de la reflexión que a la postre llevó a la implementación de la Ley 100 de 1993, era la reducción de los subsidios estatales a las pensiones. En efecto, en la exposición de motivos al proyecto de Ley 155 de 1992 se estableció con meridiana claridad que “es necesario por lo tanto, elevar las cotizaciones, pero ello solo hasta el nivel del costo de largo plazo de las prestaciones”. Ello implicaba una reflexión acerca de la viabilidad de un esquema que requiere “la reducción de los beneficios más exagerados”. La clave está en establecer que el “sistema pensional ha de ser solidario en la base al garantizar beneficios básicos a los afiliados sin pretender solidaridad por reparto entre todos los afiliados”.

La solidaridad en la base implica un esquema que desarrolla procesos de apoyo, de afiliados, intra e inter generacional. En otras palabras: el sistema solo debía auxiliar pensiones mínimas, mediante subsidios cruzados o estatales directamente. Para toda la población, dado el monto del aporte sobre el salario, que alcanzara por sus propios medios el capital para financiar pensiones en exceso de la pensión mínima no habría derecho a ningún subsidio estatal.

Es así como el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 cumplía con la función de brindar solidaridad en la base mediante subsidios estatales directos. Para ello el piso pensional en el régimen de ahorro se diseñó en sede de prestación definida, es decir, el afiliado que no alcanza a ahorrar el capital necesario para financiar una pensión mínima, pero que cumple con la edad mínima de pensión, 62 años los hombres y 57 las mujeres y además ha reunido 1150 semanas de cotización, tiene, en principio, derecho a la pensión mínima. Nótese que se encuentran presentes los tres elementos esenciales de un esquema pensional en sede de prestación definida: Una edad, un número de semanas de cotización y un monto de la pensión (por ser la mínima es el 100% del salario mínimo).

El mismo artículo 65 estableció para el financiamiento de esta garantía de pensión mínima que, en virtud del principio de solidaridad, el Gobierno Nacional debía completar el capital faltante en la cuenta de ahorro individual para el acceso a la pensión. Así quedó diseñada la pensión mínima de vejez en sede de prestación definida y con subsidio estatal directo para los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Es fácil entonces concluir que el principio constitucional que dio soporte al nombre del régimen no cumplía una función ornamental en la estructuración del régimen, sino que representaba la finalidad de otorgar única y exclusivamente solidaridad en la base.

Sin embargo, el diseño estructural del régimen de ahorro individual recibió prontamente ataques que fácilmente tenían eco en la opinión. Desde luego algunos de los sectores privilegiados de la sociedad, ante la amenaza cierta de la eliminación de los subsidios estatales para la pensión, al no existir solidaridad por reparto entre todos los afiliados y el temor a la profundización de la reforma, buscaban frenar el avance de la reforma a favor de este régimen pensional.

Pero además durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango, el Gobierno Nacional, en mera interpretación nuestra de los hechos, pareció darse cuenta de que lo establecido en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 155 de 1992, en relación con el compromiso presupuestario del Estado, era cierto. El proyecto de ley establecía como ruta o derrotero para asumir el problema pensional: “Así mismo el pago de la gran deuda pensional heredada y el costo de la transición han de ser asumidos por medios fiscales y no parafiscales”. En otras palabras, la política pensional trazada buscaba que fuera el esfuerzo presupuestal directo del Estado, a través de impuestos generales, el que asumiera el costo de la deuda y de la transición, no de los ciudadanos afiliados. A ellos solo les correspondía soportar mediante aportaciones parafiscales no más allá del “costo de largo plazo de las prestaciones”.

Sin embargo, las presiones económicas de una u otra manera presionaron al cambio. Mediante la Ley 797 de 2003 se intentó variar el contenido del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 con una modificación de fondo en el concepto de solidaridad: en efecto, se quería pasar de una solidaridad de corte general a una solidaridad de corte grupal.

Súbitamente, el Gobierno Nacional determinó que los afiliados a los fondos de pensiones eran insolidarios y que, por ello, debían sacrificar parte de su aporte para repartir a través de un fondo de garantía de pensión mínima. En la exposición de motivos del proyecto de Ley 56 de 2002, plasmado en la gaceta 350 del Senado de la República del 22 de agosto de 2002, el Gobierno Nacional justificó la creación de este fondo al señalar:

“ART. 18.—Garantía de pensión mínima. Con el ánimo de introducirle un principio de solidaridad más claro al régimen de solidaridad, darle más seguridad a los afiliados de este régimen y reducir el impacto fiscal, el proyecto crea el fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad, como un patrimonio autónomo de naturaleza pública que será financiado con el 1.5% de cotización de los afiliados”.

Lo que llama la atención es el ánimo de introducirle un “principio de solidaridad más claro” al régimen de ahorro, para disfrazar la necesidad de imponer más contribuciones al afiliado, aún a riesgo de reducir una mesada pensional que en muchos casos no requería de subsidios estatales, o que si los iba a requerir, solo eran en la base para financiar pensiones mínimas en contraste con las pensiones del régimen de prima media las cuales repartían beneficios a todos sus afiliados, basados en subsidios regresivos. Es cierto que en la mencionada exposición de motivos se señaló que la nueva fórmula de cálculo para las pensiones del régimen de prima media con prestación definida iba a eliminar los subsidios regresivos; sin embargo, el efecto real era tan solo una reducción de los mismos, de tal forma que todas las pensiones otorgadas por ese régimen continuarían devengando subsidios a todo nivel, o mejor, subsidiando a los más ricos.

Dado lo anterior, con la expedición de la Ley 797 de 2003 se echó para atrás la promesa de que la deuda pasada y el costo de la transición iban a ser asumidas por el Estado, a través de impuestos, para trasladarla a los afiliados a través de cotizaciones y nuevos métodos expropiatorios para aquellos afiliados al régimen de ahorro individual bajo el disfraz de un nuevo aporte de solidaridad. De esta manera se privilegiaron tesis rentistas de corte fiscal que no afinan con el objetivo del sistema.

Así los incrementos en la tasa de cotización, el número de semanas de cotización para acceder a las prestaciones y los métodos expoliatorios fueron justificados con argumentos falaces.

El régimen de ahorro individual tiene una gran virtud tanto para aquellos que aunque no les gusta la intervención del Estado, tienen que soportarla dado el contrato social, como para aquellos que creen en la inclusión y en los sistemas pensionales como instrumentos de redistribución. Para los primeros, los derechos de propiedad sobre los aportes y rendimientos matizan en algo la intervención del Estado que los obliga a prever de manera obligada la capacidad económica en la vejez, cuando para este grupo ello se trata de un problema privado que debería tener una solución privada. Para los segundos se trata de varias cosas: de no entregar subsidios pensionales a aquellos que tuvieron demostrada capacidad de pago durante su vida laboral y que pueden financiar una pensión basada en su propio ahorro, obligado por el Estado; de la definición de un mínimo pensional igualitario que frente a esta carga justifique un subsidio estatal, para aquellos que no son capaces de lograrlo pero que han hecho un esfuerzo importante durante su vida laboral para conseguirlo y del nivel de subsidios aceptables en un país que se reconoce por su desigualdad e inequidad.

La pensión de vejez escrutada en su concepto bajo la perspectiva de que es un salario diferido del trabajador, desconoce la complejidad de su naturaleza, de su financiación y de su finalidad. No es salario, en forma simple, porque no proviene del empleador; y si bien el empleador, en los casos en que lo hay, realiza un esfuerzo económico importante, se requiere de subsidios estatales para el pago de la pensión y su financiación. La pensión de vejez no es sustituto perfecto, ni un producto homogéneo a la pensión de jubilación: la pensión de vejez responde al concepto de seguridad social que reconoce la necesidad de proteger a todos los ciudadanos del riesgo de la pérdida total de capacidad económica en razón del desgaste físico, síquico y mental que instrumentalmente se objetiva a través de una edad específica, como punto de referencia: la edad de retiro; la pensión de jubilación se estructuraba como derecho a partir del cumplimiento, con el mismo empleador, de un determinado tiempo de servicios; la edad era generalmente establecida como condición para su disfrute.

En la evolución de nuestra seguridad social se logró entonces reemplazar a la jubilación por la pensión de vejez para amparar al ciudadano de un riesgo común, incierto pero muy probable: la vejez. Al mismo tiempo el concepto de trabajo, trabajador, para bien y para mal, se va desligando del contrato de trabajo, para reconocer el trabajo independiente donde el trabajador es su propio empleador, concepto que hoy por hoy se asienta dentro del más conocido como trabajo decente.

Ahora bien, justificando, también de manera simple, la intervención del Estado, que de por sí es arbitraria, podríamos señalar la preocupación por la falta de previsión del ciudadano hacia un riesgo que se observa remoto: la vejez. Se estima entonces que el ciudadano no internaliza el riesgo y que, por tanto, el Estado debe tomar las medidas necesarias para hacer tomar conciencia de este riesgo, a través del sistema obligatorio de pensiones. La opción alternativa es la asistencia pública para quienes pierdan su capacidad de trabajo en razón de la edad. Ambas opciones requieren de esfuerzo presupuestal, esto es, de provisión presupuestaria para su financiamiento.

Ya desde la Ley 90 de 1946 se había estructurado el régimen de los seguros sociales bajo tres fuentes de financiamiento para la vejez: los aportes del empleado, del empleador, pero, por supuesto, los del Estado. Son conocidas las tensiones que generan estas obligaciones para cada uno de los financiadores: para el empleado su aporte significa sacrificar consumo actual. Muchas veces significa sacrificar otras inversiones que pueden darle a menor plazo mayor ventaja social, como por ejemplo, la inversión en educación. Para el empleador significa un costo laboral que encarece el proceso productivo y que afecta el precio del bien o servicio que vende en el mercado; para el Estado, y por ende para los ciudadanos que pagan impuestos, implica el costo de oportunidad de utilizar esos recursos para el logro de los demás cometidos estatales.

Así las cosas, en un país con tantas necesidades, la pregunta que subyace a la protección para la vejez es, cuánto debería ser el aporte de la pensión por parte del Estado. La respuesta que pretendió el Gobierno Nacional cuando presentó el régimen de ahorro individual como solución al problema pensional colombiano fue tremendamente igualitaria: El Estado solo subsidia las pensiones que correspondan al mínimo vital y el mínimo vital se entiende como el salario mínimo legal que decrete el gobierno.

Con la estipulación del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 se lograba este cometido de política pública. En un país inequitativo en materia pensional igualar por la base aparecía como una promesa de equidad pensional que implica solo subsidiar a quienes no alcanzan a tener una pensión equivalente a la mínima.

El régimen de ahorro individual por esa razón se denomina con solidaridad. En primer lugar, como se ha dejado ver, porque los que se pensionan de conformidad con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 no consumen subsidios estatales, son solidarios con las cargas del Estado; en segundo lugar, porque los únicos subsidios estatales que se consumen son los que financian la pensión mínima; y, en tercer lugar, pero no menos importante, porque sus afiliados y pensionados contribuyen al sistema de impuestos.

En contraste el régimen de prima media con prestación definida incrementó su dependencia del esfuerzo presupuestario del Estado. La tendencia generalizada a creer que este régimen es solidario porque los afiliados de hoy financian las pensiones de los pensionados de hoy, no tiene en cuenta una verdad: la prima media es sostenible solo en la medida en que haya aportación estatal. Además, la percepción general de que la pensión es un derecho y que su monto debe ser cercano al último salario cotizado, pensión como salario diferido, han presionado la cuantía del subsidio hasta lo éticamente reprochable. La prima media, como está definida actualmente y a pesar del avance logrado por la Ley 797 de 2003 es altamente inequitativa al otorgar subsidios altos a los que han demostrado tener capacidad de pago; pero además se alimenta de la solidaridad general, no sectorial, de los colombianos donde el 81.53% de los recursos para financiar la pensión provienen del presupuesto general de la Nación. Es decir, de los 41.7 billones de pesos que se requieren para el mantenimiento del régimen de prima media en 2015, los afiliados a dicho régimen tan solo aportarán, posiblemente en este año, 7.7 billones de pesos.

Es por lo anterior que llamó demasiado la atención por frívolo y destemplado el hecho de que el gobierno hubiera señalado que se debía “introducir un principio más claro de solidaridad” al régimen de ahorro individual; cuando la solidaridad más fuerte hacia el Estado proviene de sus afiliados; y la externalidad creada, el ahorro, sirven a todos los objetivos de política económica general: El Estado se nutre a través de endeudamiento del ahorro pensional logrado.

Así las cosas, el Estado creó en la Ley 797 de 2003 el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, FGPM, para financiar en “primera instancia” la garantía de pensión mínima; en efecto, el gobierno expolió el aporte de los afiliados, afectando el ahorro pensional, afectando el valor de las mesadas pensionales, que no reciben ninguna clase de subsidios estatales, con el fin de que las mesadas pensionales en sede de garantía de pensión mínima tampoco reciban subsidios estatales. Es decir, recargaron con un nivel de solidaridad, inequitativo totalmente, a los afiliados al régimen de ahorro individual sin tener en cuenta el grado de solidaridad general que han venido recibiendo los afiliados al régimen de prima media.

Ahora bien, a pesar de que por medio de la Sentencia C-797 de 2004 el artículo de creación del FGPM fue declarado inexequible, un desmedido concepto de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado es el actual soporte para mantener su vigencia. En el concepto con radicación 1670 del 31 de agosto de 2005 existe un galimatías jurídico que desconoció no solo la sentencia de constitucionalidad sino el hecho de que el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Presupuesto exige que solo la ley prevea el manejo, administración y ejecución de los recursos parafiscales.

Como si fuera poco y para agravar el problema de inequidad, conforme con el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, los afiliados al régimen de ahorro individual que tengan cualquier clase de rentas, remuneraciones o pensiones que superen el salario mínimo, no tienen derecho a la garantía de pensión mínima; lo cual, si bien obedece a la lógica que el sistema de pensiones no debe servir de sustento económico de aquellos que tienen capacidad de pago, se torna perversa al negar el subsidio en la base.

Finalmente, en relación con el riesgo de pérdida de capacidad adquisitiva de los recursos destinados para pensión, el artículo 57 de la Ley 1328 de 2009 señaló que para el caso de los afiliados al régimen de ahorro individual, la Nación a través de FOGAFIN garantizará siempre, al menos una tasa real de cero con cargo a una prima que, conforme con lo que decida el Gobierno será, asumida por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima-FGPM o por el Presupuesto General de la Nación-PGN. El solo hecho de que se admita que puede ser financiada esta prima por el FGPM indica que existe una inmensa probabilidad de que la garantía constitucional establecida en el artículo 48 de la Constitución Política se va a surtir por recursos privados de naturaleza parafiscal y no por el Estado como debiera ser. De nuevo, a los afiliados al régimen de ahorro individual se les echa encima todo el costo de la solidaridad.

De esta manera aparece claro que los afiliados al régimen de ahorro individual se les impuso una mayor solidaridad, acudiendo al reparto solo en la base, e impidiéndoles al menos de entrada acceder a los subsidios estatales prometidos en la Ley 100 de 1993 para el acceso a la garantía de pensión mínima.

Es por todo lo anterior que llama la atención que el Gobierno Nacional haya creado un subsidio a las pensiones, pero no a favor de los afiliados, sino de las aseguradoras que hayan suscrito o suscriban contratos de renta vitalicia sobre afiliados que hayan optado por la modalidad de renta vitalicia o hayan sido trasladados a esta modalidad por efectos del control de saldos en la modalidad de retiro programado.

El argumento que se ha utilizado es que las aseguradoras colombianas no tienen forma de cubrir el riesgo del aumento real del salario mínimo. La reconstrucción del argumento parte de que las aseguradoras sí pueden prever el desempeño real de las tasas de interés, para el establecimiento de un interés técnico real, en el largo plazo pero de ninguna manera pueden predecir los incrementos reales del salario porque ello depende de la decisión política, y de vez en cuando de las intervenciones de la Corte Constitucional. Al no poderse prever el comportamiento del incremento real del salario mínimo, parece señalar este argumento, es “imposible” asegurar el riesgo del incremento real del salario mínimo. Entiéndase por incremento real, el aumento porcentual del salario por encima del Índice de Precios al Consumidor-IPC.

En realidad las aseguradoras han venido siendo renuentes a ofrecer pólizas de renta vitalicia desde hace algunos años y han ofrecido varias excusas para ello. Una solución legal para evitar la escasez de oferta fue obligar a las aseguradoras que ofrecen el seguro previsional, que garantiza el pago de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, a otorgar las pólizas de renta vitalicia pero solo en el caso de que se materializaran estos siniestros; para la renta vitalicia por vejez se sigue acusando esa escasez de oferta.

Sin embargo, las aseguradoras se quejaron, y tuvieron una respuesta regulatoria acerca de la tasa de interés técnico y de las tablas de mortalidad. En sentir de las aseguradoras estas dos variables permitían una subestimación en el valor de la prima única de la renta vitalicia. Como solución regulatoria, para el primer caso, la Superintendencia Financiera de Colombia permitió en la Circular Básica Jurídica calcular las reservas pensionales con un interés técnico que no superara el 4% real anual permitiendo gradualidad arbitraria entre el 0 y el 4%. Para el segundo caso, dicha entidad estableció nuevas tablas de mortalidad mediante resolución 1555 de 2010. Pero también ya habían obtenido una respuesta legislativa para mitigar el riesgo de “deslizamiento” del salario mínimo, entendido como el incremento en términos reales, así como para establecer mecanismos de seguro frente al riesgo de pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda al no tener que responder directamente por esta.

El artículo 45 de la Ley 1328 de 2009 estableció, al introducir un parágrafo al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que:

El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley, en caso de que dicho incremento sea superior a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura.

La cobertura implica un mecanismo de protección ante ciertos costos por consumación de riesgos que, previsibles o no, pueden surgir. Típicas formas de cobertura de riesgo financiero son los contratos de opciones, los de futuros y los swaps o permutas financieras. En este sentido lo que podría entenderse de la norma es que el gobierno debía estudiar un mecanismo de cobertura frente al riesgo de incremento del salario mínimo por encima de la inflación, determinar su costo y autorizar a las administradoras a utilizar dicho mecanismo de cobertura.

Sin embargo, la ley no establece de manera alguna que el costo de dicho mecanismo deba ser asumido por el Estado o por los afiliados. No obstante lo anterior, hubo voces que querían cargar el financiamiento al inexistente Fondo de Garantías de Pensión Mínima, a pesar de que su finalidad era (es) financiar la garantía de pensión mínima establecida en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. “Afortunadamente” el Decreto 36 de 2015 estableció en su artículo 8º que el pago de la cobertura a que haya lugar sea soportado por el Presupuesto General de la Nación. En este sentido parece que el Gobierno Nacional desea que las aseguradoras no aseguren riesgos futuros e inciertos sino riesgos calculados y ciertos, minimizando la contingencia de pérdidas y ganancias.

En relación con el cálculo que señala el Decreto 36 de 2015: La aseguradora queda obligada a internalizar el parámetro de la productividad denunciada por el gobierno, que técnicamente es lo mismo que establecer un recargo o prima adicional a la póliza. Ello implica un encarecimiento de la unidad de renta vitalicia o lo que es igual, una reducción de la mesada pensional. Así, la lógica aseguradora es acertada: si existe un riesgo, este debe ser medido e internalizado en el valor de la prima. Sin embargo, el parámetro es fijado por la ley, no por el asegurador y además es fijado con base en un promedio aritmético que lo hace un poco más caro, si se tiene en cuenta que para estos cálculos se estilan usar métodos de agregación (intereses compuestos). Así las cosas, el mecanismo propuesto no elimina un sobrecosto, al contrario crea un recargo a la prima a través del establecimiento de este nuevo parámetro.

Sin embargo, existe una mayor complicación en el diseño del mecanismo. El artículo 8º de la Ley 278 de 1996, al referirse a la fijación del salario mínimo por consenso, señala en lo pertinente:

… el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).

Así las cosas, las variables que afectan el establecimiento del salario mínimo trascienden la productividad acordada por el Comité Tripartito. En este sentido al ser fijado el concepto de deslizamiento como “la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año anterior certificado por el DANE”, se asume que cualquier incremento real fijado al salario mínimo se da como consecuencia de la productividad. El resultado es simple: al fijarse el parámetro con base en la productividad, y no en todas las variables establecidas en la norma, siempre habrá una diferencia en el valor de la reserva actuarial, suma que será pagada por el Estado.

En conclusión el parámetro de deslizamiento del salario mínimo le crea un recargo al afiliado en el valor de la prima; pero además, como no se incorporan otras variables establecidas en la ley, habrá una diferencia en el valor actuarial que será asumido por la Nación. Las aseguradoras quedan realizando una actividad bastante neutra en este seguro, lejos del aseguramiento de cualquier riesgo futuro e incierto; de mejor manera: asume el riesgo de extralongevidad y de tasa real, pero no asume los demás riesgos financieros propios de este segmento de mercado, que se encuentran bastante objetivados.

El documento técnico de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera –URF, “mecanismo de cobertura de salario mínimo”, parte del hecho de que los actuarios “cuentan con pocas herramientas de pronóstico de esta variable” al decidirse el incremento real del salario mínimo en un proceso de concertación. Esto es cierto, pero lo que no parece ser cierto es que el incremento real del salario mínimo no se de con base en variables objetivas, incluida la famosa productividad que aunque establecida por un Comité refleja la realidad del país. Así que la carga de subjetividad que se le puede atribuir al gobierno en la fijación del salario mínimo, aún por efecto de la generosidad ante la inminencia de procesos electorales, tiene un límite que puede ser medido.

Estimamos, entonces, que el Gobierno Nacional debió, antes de establecer este mecanismo de cobertura, preguntarse por la razón de intervención del Estado. En un mercado en concurrencia, donde se tiene una aseguradora estatal, la primera respuesta a la escasez de oferta, se debió dar por la respuesta del Estado a través de la oferta estatal de la póliza de renta vitalicia; y si fuera realmente comprobado que el aseguramiento privado en el piso no es deseable ante la pensión obligatoria, podría ser preferible prescindir de esa modalidad de pensión, pues en ese caso, es el Estado el que puede asegurar de mejor manera el propio riesgo que causa por la “decisión política”: Ello implica otras respuestas de política pública.

Los afiliados al régimen de ahorro individual renunciaron, con excepción de aquellos de la base, a cualquier subsidio estatal en su pensión de vejez, por lo cual no parece aceptable que se esté otorgando una clase de subsidio pensional a aquellos que tienen en sus manos la capacidad de asegurar riesgos, por falta de certeza. En ese caso, ante la escasez de oferta, la solución debe provenir del aseguramiento estatal.