“Debemos interpretar las normas del trabajo, sin dejar de lado la Constitución”

Revista Nº 131 Sep.-Oct. 2005

Fortalecer la capacidad de inspección del trabajo en el Ministerio de la Protección Social contribuiría a llamar al orden a los empleadotes que no acatan las normas laborales. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Fortalecer la capacidad de inspección del trabajo en el Ministerio de la Protección Social contribuiría a llamar al orden a los empleadores que no acatan las normas laborales, afirma el nuevo gobernador del Colegio de Abogados Laboralistas, Óscar Andrés Blanco.

El profesional de larga trayectoria, en entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, se mostró partidario de revisar la Ley 100 de 1993, a fin de devolverle la posibilidad al afiliado de escoger quién vele por su salud y para equilibrar la participación de los distintos oferentes de los servicios de ese sector.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué aciertos tuvo la Ley 789 del 2002?

Óscar Andrés Blanco: La reforma laboral tiene importancia desde la perspectiva de los costos laborales. Hubo una reducción significativa en materia del costo indemnizatorio en la terminación del contrato de trabajo y en el valor de la mano de obra. Así mismo, hubo una disminución importante del costo laboral de los domingos y festivos. Para el empresario, todas esas reducciones lo incentivan en favor de la creación de nuevas plazas de trabajo.

A. L.: ¿Cuál ha sido el lunar de esa reforma?

Ó. A. B.: En cuanto al propósito de generación de empleo, el tema es discutible, porque de acuerdo con los estudios de observatorios del mercado del trabajo, como el de la Universidad Externado de Colombia, uno concluye que ha sido bastante pobre en la creación de empleo. Sin embargo, debo advertir que existen divergencias, pues, a su vez, el Ministerio de la Protección Social siempre ha puesto en tela de juicio esos estudios, dando a entender que no han sido suficientemente profundos.

A. L.: ¿La reforma ha vulnerado los derechos del trabajador?

Ó. A. B.: Estoy de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional en el sentido de que el legislador está facultado para introducir modificaciones que forman parte de la mecánica misma de las relaciones de trabajo y no de la intención de afectar los derechos fundamentales.

A. L.: ¿Qué piensa de la figura de los aprendices?

Ó. A. B.: ¡Ha sido tan discutido!, pues salió de la órbita estrictamente del Derecho del Trabajo para convertirse en un contrato. Si bien la ley señala que está dentro de esta rama del Derecho, en la práctica no es así. Es un contrato que podríamos calificar de naturaleza civil, que no tiene carga prestacional y que apunta fundamentalmente a que haya un aprendiz que reciba un patrocinio y que ejerza su práctica en la empresa sin cargas laborales. Se puede presentar el caso de empleadores que se aprovechen de esa circunstancia y crean que es posible contratar trabajadores bajo el disfraz de aprendices. Así, estarían tergiversando el buen sentido de la ley.

A. L.: ¿Qué ha pasado con la figura de la inspección de trabajo?

Ó. A. B.: Desde hace mucho tiempo, se redujo a atender las quejas y reclamaciones de los trabajadores en las oficinas de los inspectores y a hacer conciliaciones. Pero aquella gran actividad de ir al sitio de trabajo a verificar condiciones, no solamente para comprobar que haya un reglamento de trabajo y otro de higiene y seguridad industrial, sino para determinar que los trabajadores estén debidamente protegidos, que tienen la dotación de uniformes de trabajo y de calzado de labor, que cuentan con los elementos para proteger su integridad física y que el empleador está cumpliendo con los aportes de seguridad social está ausente. En una pequeña pesquisa en el Ministerio de la Protección percibimos que de los 28 inspectores que tiene Bogotá, solo dos hacen visitas diarias. Ante el cúmulo de empresas de esta ciudad, qué van a hacer dos inspectores visitando tantas empresas.

A. L.: ¿Qué se requiere?

Ó. A. B.: Por un lado, aumentar el número de inspectores y, por el otro, dotarlos de los elementos y de los medios técnicos necesarios.

A. L.: ¿Las deficiencias en materia de inspección son atribuibles a la fusión de los ministerios de Trabajo y de Salud?

Ó. A. B.: La falla de la inspección viene desde antes de la fusión de los ministerios; seguramente se ha profundizado. Esto conduce a reclamaciones, en aspectos tan sencillos como el incumplimiento de los aportes a la seguridad social, que después se reflejan en la acumulación desmedida de demandas en los juzgados laborales.

A. L.: ¿Cuál es su balance acerca de esa fusión?

Ó. A. B.: Fue desafortunada, porque son dos temas grandes difíciles de administrarlos con una sola cabeza. Es tan importante la salud de los colombianos como el trabajo, que ameritan dos entidades especializadas dedicadas a la política de cada sector. Fusionarlos fue un error.

A. L.: ¿Qué opina del subsidio de desempleo?

Ó. A. B.: Se creó un auxilio sin esfuerzo fiscal. Brilla por su ausencia el presupuesto de la Nación, porque ese subsidio se ha hecho colgado de las cajas de compensación familiar, cuyos recursos provienen del sector empleador, con lo cual se debilitan los esfuerzos de esas cajas en otros frentes tradicionales. Igual se puede predicar del fomento de la vivienda de interés social, donde también el esfuerzo fiscal se les exige solo a algunas cajas de compensación, cuyos recursos no provienen del presupuesto de la Nación. Sin embargo, el Estado termina siendo el gran beneficiario de esa política; se presenta al público como el dador de esos beneficios, cuando no lo es por su propia fuente.

A. L.: ¿Qué ajustes requiere el Código Sustantivo del Trabajo para enfrentar la desregulación de las relaciones laborales?

Ó. A. B.: No los requiere. El código sienta las bases de las instituciones laborales correctas que existen como la protección al trabajo humano independiente. A veces se piensa que una reforma importante sería extender sus efectos a toda clase de trabajo, sea dependiente o independiente. De pronto es una postura un tanto radical. En otros casos, se cree que debería corregirse el rumbo de las denominadas nuevas formas de trabajo y concretar aquellas que realmente terminan siendo dependientes, para cobijarlas con el Código Sustantivo del Trabajo. Pero volvemos al asunto de la inspección. ¿En dónde estriba el control sobre el abuso? En el ejercicio pleno de una inspección de trabajo, para evitar la utilización aparente de otras formas jurídicas reguladas por el Código Civil o el de Comercio.

A. L.: ¿Qué responsabilidad tienen los laboralistas frente a las formas irregulares de empleo?

Ó. A. B.: Hacerle ver al empresario todos los riesgos que está asumiendo por estar al margen de la ley. Si uno presta sus servicios como asesor laboral a las empresas, está en el deber ético y profesional de indicarle a su asesorado cómo se interpretan las instituciones del Derecho Laboral, cuáles reglas deben ser cumplidas y cuáles riesgos asume ese empleador, si se pone en contravía de la norma.

A. L.: ¿Cree que el Derecho del Trabajo ha empezado a ser desplazado por el Constitucional?

Ó. A. B.: A veces parece que los laboralistas y los jueces del trabajo no nos hemos dado cuenta de que la Constitución marcó cambios en la reivindicación de los derechos fundamentales de la persona y hemos seguido apegados al viejo estado de cosas. Hoy estamos en la obligación de interpretar las normas del trabajo, sin dejar de lado la Constitución, observando sus principios, derechos y deberes, que nos permiten interpretar las disposiciones laborales con esa nueva visión. Si no hacemos ese esfuerzo de interpretación sistemática teniendo en cuenta el marco constitucional, nos terminarán desplazando los fallos de constitucionalidad sobre la materia.

A. L.: ¿Qué piensa de la nueva reforma pensional?

Ó. A. B.: Se hizo el esfuerzo de la Ley 100, pero, al parecer, quedó sepultado por el paso del tiempo y la excesiva reglamentación. Recientemente, se realizó una reforma pensional y se elevó a canon constitucional. Al leer esa mala redacción de los parágrafos transitorios e incisos, queda la sensación de que tendrá que generarse una serie de leyes para desarrollar ese artículo 48 de la Constitución, lo que nos traerá otras incertidumbres jurídicas, pues estaremos sometidos a la Corte Constitucional.

A. L.: ¿Qué piensa del Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido con la Ley 100?

Ó. A. B.: Lo que quedó consignado allí cambió con el paso del tiempo. Se desvirtuó la selección del afiliado y de quién lo debería atender en salud, en razón a que terminamos eliminando el monopolio del Seguro Social, pero creamos el oligopolio de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Ellas coparon todo el espacio, desde la promoción y la prestación del servicio, hasta el suministro de los implementos y de los medicamentos. Sacó del campo a otros oferentes en un mercado abierto de salud, como el cuerpo médico, el odontológico, los laboratorios clínicos, las farmacias, entre otros.

A. L.: ¿Qué cambios propone en esa materia?

Ó. A. B.: La protección de la salud es una sola. Lo que necesitamos es establecer un seguro de salud, sin distinguir las circunstancias del accidente o del desarrollo de una enfermedad. Hoy el mercado tiene muchos intermediarios: están las EPS, las compañías de seguros, el Seguro Social, las cajas de compensación, las de previsión, etc. Debería concentrarse todo en un solo seguro de salud, administrado por un grupo de compañías aseguradoras, que solamente cubran los riesgos y afilien a trabajadores dependientes e independientes y a los beneficiarios, y dejar al mercado abierto la prestación del servicio a través de unas reglas de juego muy claras.