DECRETO 100 DE 1996 

(Enero 15)

“Por el cual se dictan normas relativas al sistema carcelario y penitenciario nacional y se dictan otras disposiciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1900 del 2 de noviembre de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 1900 de 1995, el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional;

Que dicha declaratoria tuvo en cuenta la ocurrencia de reiterados hechos violentos atribuidos a la existencia de organizaciones criminales y terroristas, con el fin de castigarlos y de prevenirlos, en orden al restablecimiento y mantenimiento de la normalidad;

Que, así mismo, el gobierno consideró tales hechos como una “expresión inequívoca tanto de la existencia como de los propósitos de distintos aparatos de fuerza cuya inmensa capacidad de desestabilización atenta —por sí misma y de manera inminente— contra la seguridad del Estado, la estabilidad de las instituciones legítimamente constituidas y la convivencia ciudadana”;

Que dentro de dichos aparatos de fuerza se cuentan las organizaciones criminales y terroristas nacidas de las actividades del narcotráfico, las cuales ostentan una desmesurada capacidad militar e ilimitados recursos económicos;

Que no obstante que se han tomado medidas de emergencia para el sistema carcelario a través de los mecanismos previstos por la Ley 65 de 1993, el día 11 de enero se fugó de la Penitenciaría Central de la Picota en Santafé de Bogotá, el narcotraficante José Santacruz Londoño, jefe visible de una organización criminal, lo cual demuestra que aún, y a pesar de lo que se ha realizado hasta el presente, no se ha logrado resolver o conjurar en forma satisfactoria la crisis que dio lugar a la declaratoria del estado de conmoción interior;

Que, frente al escaso poder intimidatorio de las sanciones penales vigentes, el hecho de la fuga del señor Santacruz Londoño muestra la necesidad inmediata de reprimir con mucha mayor severidad este tipo de conductas y todas aquellas que, por virtud del alto poder corruptor de los grupos criminales organizados, contribuyen a facilitarlas y a estimularlas;

Que, de igual manera, desestimulando al máximo la iniciativa de la evasión y la existencia de las conductas coadyuvantes, disminuye el alto riesgo social que implica la reinserción criminal y reagrupación de los líderes de la delincuencia que hoy se encuentran aislados, fenómeno este último que revitalizaría la capacidad desestabilizadora de sus empresas delictivas y del peligroso aparato de fuerza que las sustenta;

Que, en suma y bajo las mismas consideraciones, el gobierno juzga fundamental para la preservación del orden público tomar medidas inmediatas con el fin de reforzar la seguridad de las prisiones, prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de la misma naturaleza, combatir la corrupción cómplice, estimular la colaboración y adoptar medidas de orden penal que impongan adecuadas sanciones a los autores, copartícipes o favorecedores de tales hechos;

Que no son suficientes los mecanismos ordinarios de policía para enfrentar ágil y eficazmente la situación;

Que el artículo 44 de la Ley 137 de 1994 contempla como permisibles los mecanismos de la tipificación de conductas y del aumento de penas, para evitar la perturbación del orden público o para restablecerlo,

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1996).

DECRETA:

ART. 1º—Fuga o evasión de presos. El que se fugue, o en forma ilegal o no autorizada traspase los límites de la planta física del centro penitenciario, carcelario o del lugar dispuesto para la reclusión, estando privado de la libertad por determinación de autoridad competente en virtud de resolución, auto o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

Si las conductas descritas se realizan mediante el empleo de violencia, corrupción, artificio o engaño, la pena será de nueve (9) a quince (15) años.

Si se tratare de privación de la libertad en razón a una conducta contravencional, la pena respectiva será de prisión de tres (3) a cinco (5) años.

Las personas a que se refiere el presente artículo no tendrán derecho a rebaja de pena o beneficio alguno, así como tampoco a obtener la condena de ejecución condicional ni la libertad condicional, ni redención de pena por estudio, trabajo o enseñanza. Tampoco se les podrán conceder en relación con el delito por el cual se encuentran privados de la libertad. En estos casos no procederá extinción de la acción por ninguna causa.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1996).

ART. 2º—Favorecimiento de la fuga o evasión. El que procure o facilite la fuga o el traspaso de los límites de la planta física del centro penitenciario, carcelario o del lugar dispuesto para la reclusión de un detenido o condenado privado de la libertad o participe en ellos, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

La pena prevista en el inciso anterior se aumentará en la mitad cuando se procure o facilite la fuga o traspaso de los límites de la planta física del centro penitenciario, carcelario o del lugar dispuesto para la reclusión de una persona que esté sindicada o haya sido condenada por delitos que atenten contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra la administración pública, contra la vida e integridad personal, contra la libertad individual o los contemplados en el estatuto nacional de estupefacientes, en el Decreto 2266 de 1991 y los demás señalados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.

En los casos previstos en el inciso anterior, la pena se aumentará en las dos terceras (2/3) partes cuando la conducta sea realizada por servidor público.

Las personas a que se refiere el presente artículo no tendrán derecho a rebaja de pena o beneficio alguno, así como tampoco a obtener la condena de ejecución condicional ni la libertad condicional, ni redención de pena por estudio, trabajo o enseñanza. Tampoco se les podrán conceder en relación con el delito por el cual se encuentran privados de la libertad. En estos eventos no procederá extinción de la acción por ninguna causa.

ART. 3º—Preparación de la fuga o evasión. El que fuera de los casos de tentativa o consumación del delito ejecute actos idóneos tendientes a lograr una fuga o evasión, incurrirá en pena no menor de la tercera (1/3) parte del mínimo, ni mayor de las dos terceras (2/3) partes del máximo, de la pena señalada para el respectivo hecho punible.

La pena prevista en el inciso anterior se aumentará de una tercera (1/3) parte a la mitad (1/2) cuando la conducta sea realizada por servidor público, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.

ART. 4º—Modalidad culposa en la fuga o evasión. El servidor público o el encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga o evasión, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

ART. 5º—Tenencia e introducción de armas, explosivos o municiones. El que sin autorización tenga en su poder armas, explosivos o municiones o sus partes o componentes, dentro de un establecimiento carcelario o penitenciario o en lugar dispuesto para su reclusión, o los introduzca, incurrirá en pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.

ART. 6º—Tenencia, introducción o utilización de elementos de comunicación no autorizados. El que estando privado de la libertad en establecimiento carcelario o penitenciario o en lugar dispuesto para su reclusión, tenga en su poder o utilice elementos de comunicación no autorizados por el reglamento, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.

En la misma pena incurrirá quien introduzca dichos elementos a establecimientos carcelarios o penitenciarios o a lugares utilizados para la reclusión de personas, o facilite su introducción, o contribuya de cualquier forma a la comisión de este delito.

Si se trata de servidor público la pena se aumentará en las dos terceras (2/3) partes.

ART. 7º—Vigilancia interna y externa. La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional. La vigilancia externa estará a cargo de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado.

No obstante, por solicitud del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se podrá disponer que la fuerza pública asuma el control y la vigilancia internos de los centros de reclusión. En tal caso, y salvo orden superior diferente, las mencionadas funciones de control y vigilancia estarán a cargo del oficial al mando de los miembros de la fuerza pública destacados para el efecto.

PAR.—A solicitud del director general del Inpec, se podrá disponer del personal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para la instalación de cordones de seguridad externa, quienes podrán requisar a las personas o vehículos que ingresen o salgan del establecimiento de reclusión.

ART. 8º—Dependencia de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional. En cada establecimiento de reclusión los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, están bajo la inmediata dependencia del director, del comandante de custodia y vigilancia y de los demás superiores jerárquicos de la guardia penitenciaria.

PAR.—En el evento de que el control o la vigilancia interna del establecimiento carcelario o penitenciario sea asignada a la fuerza pública, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia deberán subordinación a los oficiales de mando que asuman el control o la vigilancia, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7º.

ART. 9º—Retiro de personal por voluntad de la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Por razones del servicio y en forma discrecional, la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, podrá disponer el retiro de miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciario nacional, previa recomendación del comité asesor de la dirección general, que se crea por este decreto.

PAR.—Comité asesor de la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Créase el comité asesor de la dirección general, encargado de formular las recomendaciones para el ejercicio de la función a que se refiere este artículo.

Dicho comité estará integrado por:

— El secretario general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

— El subdirector de la escuela penitenciaria nacional.

— El jefe de la división de recursos humanos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

— El jefe de la oficina de control interno del Inpec.

— El jefe de la oficina jurídica del Inpec, quien hará las veces de secretario.

Para formular su recomendación el comité examinará la hoja de vida de la persona cuya separación del cargo se propone, los informes de inteligencia y contra inteligencia, si los hubiere, y cualquier otro elemento que lo ilustre sobre las necesidades del servicio para el caso particular. Efectuado el examen, procederá a recomendar sobre el retiro o la permanencia del funcionario en la institución.

De todo ello se levantará un acta y en caso de que el director general decida la remoción, se notificará al interesado.

ART. 10.—Utilización de instalaciones de la fuerza pública. Previo concepto del director general del Inpec y por razones especiales de seguridad o del servicio, se podrán habilitar instalaciones de la fuerza pública como establecimientos de reclusión, para lo cual se celebrarán los convenios interadministrativos a que haya lugar. En dichos convenios deberá contemplarse lo relativo a la adopción de las medidas que permitan el cumplimiento de las normas legales y reglamentos penitenciarios en el área la respectiva instalación que se destine para el efecto.

ART. 11.—Estímulos por colaboración eficaz. Cuando un funcionario administrativo o del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, un interno o cualquier particular, suministre información útil para probar la responsabilidad del partícipe, o prevenir la comisión de los delitos de que trata el presente decreto, o lograr la recaptura de la persona fugada o evadida, las autoridades competentes podrán otorgar una recompensa monetaria, dependiendo de la importancia y eficacia de la información.

ART. 12.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, suspende el artículo 147 del Decreto 407 de 1994 y además las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase,

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 de enero de 1996.

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