DECRETO 1069 DE 2015

(Mayo 26)

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

El Presidente de la República de Colombia,

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la relatoría y la secretaría general del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente decreto reglamentario único sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

Estructura del sector justicia

PARTE 1

Sector central

TÍTULO 1

Cabeza del sector

ART. 1.1.1.1.—El Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza del sector justicia y del derecho formula, adopta, dirige, coordina y ejecuta la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo.

Asimismo coordina las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.

(D. 2897/2011, art. 1º).

TÍTULO 2

Fondos especiales

ART. 1.1.2.1.—Fondo de Infraestructura Carcelaria, FIC. Para la financiación y generación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, el Ministerio de Justicia y del Derecho contará con el fondo de infraestructura carcelaria, regulado por la Ley 55 de 1985, modificado por la Ley 66 de 1993 y demás normas que la adicionan o modifican.

(D. 2897/2011, art. 24).

ART. 1.1.2.2.—Fondo de lucha contra las drogas. Para el fortalecimiento del sistema de justicia y de la lucha contra las drogas, el Ministerio de Justicia y del Derecho contará con un fondo o sistema especial de manejo de cuentas, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, ni planta de personal, de que trata el Decreto-Ley 200 de 2003 y denominado fondo para la lucha contra las drogas. El fondo tiene por objeto exclusivo promover y financiar los planes y programas que se adelanten en materia de fortalecimiento y promoción del sistema de justicia y la lucha antidrogas, a través de diferentes organismos del Estado.

(D. 2897/2011, art. 27).

TÍTULO 3

Órganos de asesoría y coordinación

ART. 1.1.3.1.—Órganos internos de asesoría y coordinación.

Comité sectorial de desarrollo administrativo comisión de personal

Comité de gerencia

Comité de coordinación del sistema de control interno

(D. 2897/2011, art. 31).

ART. 1.1.3.2.—Órganos sectoriales de asesoría y coordinación.

Política criminal y justicia restaurativa

Consejo nacional de estupefacientes.

(L. 30/86).

Consejo superior de política criminal

(D. 2055/2014).

Comisión de coordinación interinstitucional para el control de lavado de activos.

(D. 3420/2004).

Consejo directivo del Inpec.

(D. 4151/2011).

Consejo directivo de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios.

(D. 4150/2011).

Comisión asesora para la desmonopolización de la acción penal.

(Res. 111/2012).

Comité técnico interinstitucional de coordinación y seguimiento a la ejecución de las normas penitenciarias y carcelarias aplicables en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

(D. 1733/2009).

Comité de coordinación interinstitucional de justicia y paz.

(D. 3011/2013).

Comisión de seguimiento a las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario

(L. 1709/2014, art. 93).

Comité de evaluación de las personas en condición de inimputabilidad

(D. 1320/97).

Comisión interinstitucional contra las bandas y redes criminales

(D. 2374/2010).

Consejo Nacional de lucha contra el hurto de vehículos, partes, repuestos y modalidades conexas

(D. 3110/2007).

Promoción de la justicia

Comisión de seguimiento a la implementación del Código General(sic) del Código General del Proceso

(L. 1562(sic)/2012, art. 619).

Comisión del proceso oral y justicia pronta.

(D. 20/2013).

Consejo directivo de la agencia nacional de defensa jurídica del Estado.

(D.L. 4085/2011).

Comisión intersectorial para la armonización normativa.

(D. 1052/2014).

Comisión Intersectorial de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio, CISPA.

(D. 261/2010 modificado por el D. 491/2012).

Consejo nacional de conciliación y acceso a la justicia

(D. 1829/2013).

Comité nacional de casas de justicia

(D. 1477/2000).

Notariado y Registro

Consejo directivo de la superintendencia de notariado y registro

(D. 2723/2014).

Consejo superior de la carrera registral.

(L. 1579/2012, art. 85).

Consejo superior de la carrera notarial

(D.L. 960/70, art. 164).

PARTE 2

Sector descentralizado

TÍTULO 1

Entidades adscritas

ART. 1.2.1.1.—Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

(D. 4151/2011, art. 1º).

ART. 1.2.1.2.—Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. La unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (SPC), tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

(D. 4150/2011, art. 4º).

ART. 1.2.1.3.—Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del Estado. La agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

(D.L. 4085/2011, art. 2º).

ART. 1.2.1.4.—Superintendencia de Notariado y Registro. La Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los notarios y los registradores de instrumentos públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las oficinas de registro de instrumentos públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública , la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

(D. 2723/2014, art. 4º).

LIBRO 2

Régimen reglamentario del sector justicia y del derecho

PARTE 1

Disposiciones generales

TÍTULO 1

Objeto y ámbito de aplicación

ART. 2.1.1.1.Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República para para la cumplida ejecución de las leyes.

ART. 2.1.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del sector justicia y del derecho y rige en todo el territorio nacional.

TÍTULO 2

Definiciones

ART. 2.1.2.1.—Definiciones. Para efectos del presente decreto, se entenderá por:

Arbitraje virtual: Modalidad de arbitraje, en la que el procedimiento es administrado con apoyo en un sistema de información, aplicativo o plataforma y los actos procesales y las comunicaciones de las partes se surten a través del mismo.

Aval: Es el reconocimiento que otorga el Ministerio de Justicia y del Derecho a las entidades que busquen impartir el programa de formación en conciliación extrajudicial en derecho. Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por aval el reconocimiento que otorga el Ministerio de Justicia y del Derecho a las entidades que busquen impartir el programa de formación de conciliadores en insolvencia, de que trata el artículo 2.2.4.4.2.4, del presente decreto.

Casas de justicia. Las casas de justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Los servicios que se prestan en las casas de justicia serán gratuitos.

Centro: Denominación genérica que comprende los centros de conciliación, los centros de arbitraje y los centros de conciliación y arbitraje y amigable composición.

Centro de arbitraje: Es aquel autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para prestar el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de los árbitros.

Centro de conciliación: Es aquel autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de los conciliadores y en especial para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso.

Centros de conciliación gratuitos: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por centros de conciliación gratuitos, los centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas que deben prestar sus servicios de manera gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 535 del Código General del Proceso.

Centros de conciliación remunerados: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por centros de conciliación remunerados, los centros de conciliación privados, autorizados para cobrar por sus servicios de acuerdo con los artículos 535 y 536 del Código General del Proceso.

Dinero: Para los efectos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, cuando se mencione la palabra dinero se entenderá la moneda nacional o extranjera.

Educación continuada: Son los cursos, foros, seminarios y eventos similares que deben realizarse periódicamente para la actualización y el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los conciliadores y de los funcionarios de los centros de conciliación. Los programas de educación continuada no sustituyen, en ningún caso los programas de formación que exigen la ley y el capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del presente decreto, para el ejercicio de las funciones propias de dichas personas.

Entidad avalada: Es la entidad que cuenta con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para capacitar conciliadores a través de programas de formación en conciliación extrajudicial en derecho. Así mismo para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por entidad avalada la institución de educación superior, entidad pública, cámara de comercio, entidad sin ánimo de lucro que asocie a notarios, organización no gubernamental de la sociedad civil especializada en justicia, derecho procesal o insolvencia, que cuenta con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para capacitar conciliadores a través de programas de formación en insolvencia.

Entidad promotora: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por entidad promotora la entidad pública, persona jurídica sin ánimo de lucro o universidad con consultorio jurídico, que de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, cuenta con centro de conciliación.

Gestión de documentos: Para efectos de lo previsto en el capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 de este decreto, se entiende como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a planificar, controlar y organizar la documentación producida o recibida en los centros, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Juez: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por juez, el Juez Civil Municipal del domicilio del deudor o del domicilio en donde se adelante el procedimiento de insolvencia, competente para conocer de las controversias jurisdiccionales que se susciten con ocasión de este último, de acuerdo con los artículos 17 numeral 9, 28 numeral 8 y 534 del Código General del Proceso.

Materia prima o droga de control especial. Es toda sustancia farmacológicamente activa cualquiera que sea su origen, que produce efectos mediatos o inmediatos de dependencia física o psíquica en el ser humano, o aquella que haya sido catalogada como tal en los convenios internacionales y aceptados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) - comisión revisora de productos farmacéuticos.

Medicamento. Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades.

Medicamento de control especial. Es la droga o mezcla de drogas con adición de sustancias similares, preparada para presentarse en forma farmacéutica y que puede producir dependencia física o psíquica.

Notaría: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por notaria la institución integrada por el notario y los conciliadores inscritos en la lista que conforme para el efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 533 del Código General del Proceso.

Operadores de la insolvencia: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso son operadores de la insolvencia de la persona natural no comerciante los conciliadores inscritos en las listas de los centros de conciliación y de las notarías, los notarios y los liquidadores, quienes ejercerán su función con independencia, imparcialidad absoluta y total idoneidad.

Plataforma o aplicativo: Todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos en el marco del arbitraje virtual.

Procedimientos de insolvencia: Son los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de la persona natural no comerciante previstos en el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso y en el capítulo 4 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del presente decreto.

Programa de formación en conciliación extrajudicial en derecho: Es el plan de estudios que deben cursar y aprobar quienes vayan a desempeñarse como conciliadores extrajudiciales en derecho, según lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.8.1 y siguientes del capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del presente decreto.

Programa de formación en insolvencia: Es el plan de estudios que deben cursar y aprobar quienes vayan a desempeñarse como conciliadores en insolvencia de la persona natural no comerciante, según lo dispuesto en el artículo 2.2.4.4.4.1., y siguientes del capítulo 4 título 4 parte 2 libro 2 presente decreto.

Precursor o sustancia precursora. Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se puede sintetizar, fabricar, procesar, u obtener drogas que producen dependencia física o psíquica.

Régimen de insolvencia empresarial: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso se entiende por régimen de insolvencia empresarial los procedimientos de insolvencia previstos en la Ley 1116 de 2006 o en las normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Reglamento de los centros: Es el conjunto de reglas que deben establecer los centros para su funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 13 numeral 1 de la Ley 640 de 2001 y 51 de la Ley 1563 de 2012.

Reglamento interno: Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso, se entiende por reglamento interno el que deben establecer los centros de conciliación para su funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 numeral 1 de la Ley 640 de 2001.

Servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio establecido por la Ley 65 de 1993 para los Bachilleres es una modalidad especial del servicio, con el fin de cooperar en la custodia, vigilancia y resocialización de los internos en las diferentes cárceles del país.

Sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición (SICAAC): Herramienta tecnológica administrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en la que los centros y las entidades avaladas, los servidores públicos habilitados por ley para conciliar y los notarios deberán registrar la información relacionada con el desarrollo de sus actividades en virtud de lo dispuesto en el capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del presente decreto.

Valor de adjudicación: Es el precio al cual fue rematado el bien por el mejor postor. Corresponde al monto de la mejor oferta recibida que dio origen a la adjudicación del bien rematado en la diligencia de remate.

Tarifa para efectos del remate por comisionado: La tarifa estará compuesta por la tarifa administrativa y la tarifa por adjudicación. La tarifa administrativa corresponde a la suma dineraria que debe ser pagada al comisionado por el trámite de la comisión.

La tarifa por adjudicación corresponde a la suma dineraria que debe recibir el comisionado por la adjudicación del bien en la diligencia de remate. Esta tarifa equivale a un porcentaje calculado sobre el valor de adjudicación. Solo se causa si el remate es aprobado por el juez comitente.

PARTE 2

Reglamentaciones

TÍTULO 1

Régimen carcelario y penitenciario

CAPÍTULO 1

Utilización de dispositivos de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios

ART. 2.2.1.1.1.—Autorización de inhibición o bloqueo de señales de telecomunicaciones en establecimientos carcelarios o penitenciarios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá autorizar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para inhibir o bloquear las señales de transmisión, recepción y control de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en los establecimientos carcelarios y penitenciarios definidos por el Instituto, cuando se tengan motivos fundados para inferir que desde su interior se realizan amenazas, estafas, extorsiones y otros hechos constitutivos de delito mediante la utilización de dispositivos de telecomunicaciones.

Para tales efectos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) formulará la respectiva solicitud al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones señalando las condiciones técnicas para la ejecución de la medida.

PAR. 1º—El Inpec deberá operar los equipos utilizados para la inhibición o bloqueo de las señales adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar que se afecten las áreas exteriores al respectivo establecimiento carcelario o penitenciario.

PAR. 2º—La Agencia Nacional del Espectro (ANE) vigilará y controlará el cumplimiento de la obligación prevista en el parágrafo 1º, para lo cual realizará visitas periódicas a los respectivos establecimientos carcelarios o penitenciarios y a sus áreas exteriores.

(D. 4768/2011, art. 1º).

ART. 2.2.1.1.2.—Orden de eliminación o restricción de señales de telecomunicaciones en establecimientos carcelarios o penitenciarios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), podrá ordenar a los respectivos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles la eliminación total o la restricción de sus señales de transmisión, recepción y control en los establecimientos penitenciarios y carcelarios que el mencionado instituto defina y en los términos en que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determine, cuando existan motivos fundados para inferir que desde su interior se realizan amenazas, estafas, extorsiones y otros hechos constitutivos de delito mediante la utilización de dispositivos de telecomunicaciones.

Para este propósito, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) elevará una solicitud técnicamente soportada y señalará las condiciones necesarias para ejecutar la medida.

Cuando se concluya que la mejor solución técnica incluye la combinación de las acciones de inhibición o bloqueo, por un lado, con las de eliminación o restricción de las señales de transmisión, recepción y control de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, por el otro, la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comprenderá la autorización al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la respectiva orden a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles.

PAR. 1º—Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán operar la infraestructura involucrada en la eliminación total o restricción de sus señales de transmisión adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar que se afecten las áreas exteriores al respectivo establecimiento carcelario o penitenciario.

PAR. 2º—La dirección de vigilancia y control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces vigilará y controlará el cumplimiento de la obligación prevista en el parágrafo 1º, para lo cual realizará visitas periódicas a los respectivos establecimientos carcelarios o penitenciarios y a sus áreas exteriores con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro.

(D. 4768/2011 art. 2º).

ART. 2.2.1.1.3.—Calidad y cubrimiento en las áreas afectadas por la medida. En los establecimientos carcelarios y penitenciarios afectados por las medidas a que se refieren los artículos anteriores, no se aplicarán los indicadores ni las exigencias de calidad y cubrimiento a cargo de los respectivos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles.

(D. 4768/2011 art. 3º).

ART. 2.2.1.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 694 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 694 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 694 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 694 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 694 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 2

Estado de emergencia penitenciaria y carcelaria

ART. 2.2.1.2.1.—Límite temporal. El director general del Inpec deberá determinar, al momento de decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria a que se refiere el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, el período de duración de dicho estado, dependiendo de las causas que le dieron origen.

En el evento en que las causas que motivaron la declaratoria de emergencia persistan al vencimiento del término señalado, el director general del Inpec podrá prorrogarlo, previo informe al consejo directivo.

(D. 221/95 art. 1º).

ART. 2.2.1.2.2.—Traslado de internos. Durante el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria el director general del Inpec podrá disponer el traslado de internos tanto sindicados como condenados, a cualquier centro carcelario del país a otras instalaciones proporcionadas por el Estado.

Cada vez que se efectúe un traslado el director general del Inpec informará de inmediato a las autoridades judiciales correspondientes las nuevas ubicaciones de los privados de la libertad, para los fines correspondientes.

En todo caso, superado el peligro y reestablecido el orden el director general del Inpec informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos.

(D. 221/95, art. 2º).

ART. 2.2.1.2.3.—Apoyo de la fuerza pública. En los casos previstos en el numeral primero del artículo 168 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, el director general del Inpec podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública, en los términos establecidos en los artículos 31 y 32 de la Ley 65 de 1993, para que ingrese a las instalaciones y dependencias de un establecimiento penitenciario y carcelario a fin de prevenir o conjurar graves alteraciones de orden público o cuando se haga necesario reforzar la vigilancia del centro de reclusión. En este último evento, la presencia de la fuerza pública será temporal y en ningún caso superior al tiempo de duración del estado de emergencia.

En los establecimientos y pabellones de alta seguridad, mientras dure el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria la vigilancia interna podrá estar a cargo de la fuerza pública.

(D. 221/95 art. 3º).

ART. 2.2.1.2.4.—Suspensión o reemplazo especial. Para los efectos de la suspensión o reemplazo del personal de servicio penitenciario y carcelario, de que trata el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, se entiende que hay personal comprometido en los hechos que alteran el orden o la seguridad del centro o centros de reclusión, entre otros, en los siguientes casos:

a. Cuando exista indicio de participación en los hechos que alteran el orden o la seguridad. Los informes de los funcionarios del Inpec y los informes de los organismos de seguridad del Estado tendrán valor probatorio para estos efectos.

b. Cuando se estuviere presente en el lugar del establecimiento donde ocurrieron los hechos que alteran el orden o la seguridad. En caso de que el motivo de alteración se produzca durante un traslado o remisión, cuando se haga parte del grupo a cuyo cargo se encuentren el o los internos, a menos que se establezca la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o intervención de un tercero.

c. Cuando debiendo estar presente en el lugar de ocurrencia de los hechos, no lo estuviere, sin causa justificada.

La suspensión o reemplazo de que trata el presente artículo, no está supeditada a la existencia de un proceso disciplinario o penal, y su duración nunca podrá exceder del término de vigencia del estado de emergencia.

(D. 221/95 art. 4º).

ART. 2.2.1.2.5.—Régimen de seguridad. Durante la vigencia del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria el director general del Inpec podrá aplicar un régimen especial de seguridad.

(D. 221/95 art. 5º).

ART. 2.2.1.2.6.—Estímulos por colaboración eficaz. Durante el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, cuando un funcionario administrativo o del cuerpo de custodia y vigilancia o un interno suministre información útil para probar la responsabilidad del partícipe en una o varias faltas disciplinarias o la existencia de planes encaminados a fugas o motines o la realización de conductas delictivas, el director general del Inpec podrá otorgar uno de los siguiente beneficios:

a. A quien ha participado en la falta, el reconocimiento de una disminución en la sanción disciplinaria a imponer.

b. A quien no ha participado en la falta, una recompensa monetaria.

Cuando se reconozcan los anteriores estímulos su graduación se hará teniendo en cuenta la importancia y gravedad de los hechos que en virtud de la colaboración se pudieron establecer y la eficacia de la colaboración prestada.

El reconocimiento de los estímulos de que trata este artículo se producirá sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre beneficios por colaboración eficaz con la justicia de que trata la normatividad vigente sobre la materia.

En ningún caso el estímulo podrá consistir en el perdón de la falta. Tampoco podrá consistir en disminución de las condiciones de seguridad en que se encuentra la persona que colabora.

(D. 221/95, art. 6º).

ART. 2.2.1.2.7.—Levantamiento del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria. Restablecidos el orden y la seguridad, superado el peligro o vencido el término señalado o su prórroga, según el caso, el director general del Inpec procederá a levantar el estado de emergencia, e informará al consejo directivo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus correspondientes fines; y a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación del cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los internos.

(D. 221/95 art. 7º).

CAPÍTULO 3

Disposiciones generales en cumplimiento y aplicación de los principios y procedimientos establecidos en la Ley 65 de 1993

ART. 2.2.1.3.1.—Programas de trabajo. Los directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios, deberán estructurar un programa que facilite el trabajo de la población reclusa a efectos de dar cumplimiento al artículo 86 de la Ley 65 de 1993. Cada director de establecimiento carcelario deberá estructurar un programa que facilite la utilización de la mano de obra de los internos para la construcción, remodelación o mejoras del respectivo establecimiento carcelario.

(D. 1542/97 art. 2º).

ART. 2.2.1.3.2.—Franquicia preparatoria. A fin de garantizar el cumplimiento de los artículos 148 y 149 de la Ley 65 de 1993, los directores regionales concederán la libertad y/o la franquicia preparatoria, para lo cual los consejos de disciplina estudiarán la viabilidad de la solicitud en un término no superior a dos meses.

Para los efectos de este artículo se entenderá por pena efectiva el tiempo que lleve en privación de la libertad el interno, más los descuentos legales que haya obtenido, tiempo que en ningún caso podrá ser inferior a las 2/3 partes de la pena impuesta.

(D. 1542/97 art. 6º).

ART. 2.2.1.3.3.—Contratación directa. Con el fin de garantizar el tratamiento digno y seguro a los visitantes de los internos, el Inpec en ejercicio de la facultad de contratación directa consagrada en el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, pondrá a disposición los equipos necesarios para la revisión de los alimentos y menaje destinado a los internos. Igualmente, procederá a adquirir equipos de detección, para realizar la requisa de los visitantes.

Sin perjuicio de lo anterior y por motivos de seguridad, la autoridad penitenciaria podrá disponer la requisa personal de los internos o de los visitantes.

(D. 1542/97 art. 7º).

ART. 2.2.1.3.4.Programas de educación. El Ministerio de Educación Nacional, estructurará en coordinación con las universidades estatales, un programa con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 94 de la Ley 65 de 1993.

(D. 1542/97 art. 13).

ART. 2.2.1.3.5.Contratación publicaciones. Cuando la Imprenta Nacional no pueda atender las solicitudes de publicaciones, las entidades públicas sujetas a la aplicación de la Ley 80 de 1993, deberán contratar tales servicios con las empresas de la industria carcelaria, constituidas para tal fin por la Sociedad de Economía Mixta Renacimiento S. A., siempre que estas ofrezcan condiciones racionales de precio, calidad y plazo.

Para tal fin los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios deberán garantizar condiciones y turnos de trabajo especiales para los internos que aseguren competitividad, celeridad y adecuada participación en el mercado.

(D. 1542/97 art. 14).

ART. 2.2.1.3.6.Planta de personal. El director general del Inpec deberá adoptar las medidas necesarias que garanticen la modificación de la planta de personal, con el fin de reducir el número de cargos a nivel central y fortalecer las plantas de personal de las regionales y de los establecimientos carcelarios.

Igualmente, deberá definir los procesos y procedimientos, para facilitar la labor administrativa y la implantación de un modelo de administración por resultados.

(D. 1542/97 art. 15).

ART. 2.2.1.3.7.Clasificación de internos. Las juntas de distribución de patios y asignación de celdas de los distintos centros carcelarios y penitenciarios deberán realizar la clasificación de internos, de conformidad con los criterios y categorías que se señalan en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993.

Efectuada la clasificación, las autoridades penitenciaras determinarán de ser el caso, el traslado de internos o la redistribución de los mismos, atendiendo a los criterios de clasificación.

(D. 3002/97 art. 2º).

ART. 2.2.1.3.8.Peticiones formuladas por los internos. Las peticiones elevadas por los internos de los centros carcelarios y penitenciarios, relacionadas con su situación jurídica, deberán ser atendidas por las autoridades ante las cuales se eleve, en absoluta observancia de los términos legales establecidos para ello.

Con el fin de hacer un seguimiento a dichas solicitudes, y sin perjuicio de que cada establecimiento de reclusión lo efectúe igualmente, los directores de los mismos remitirán a la dirección regional correspondiente, una relación mensual de las solicitudes hechas a las diferentes autoridades administrativas o judiciales que se encuentren en mora de respuesta, con el fin de que cada regional informe de tal situación a la entidad respectiva o a quien haga las veces de superior jerárquico o funcional de la misma, sin perjuicio de las acciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar.

Para tal efecto, las direcciones regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, conformarán grupos encargados de dicho seguimiento.

(D. 3002/97, art. 3º).

ART. 2.2.1.3.9.Espacios para la atención de peticiones. A efectos de garantizar el cumplimiento del artículo 58 de la Ley 65 de 1993, cada director de establecimiento carcelario y penitenciario, deberá habilitar un espacio y designar a un funcionario para que atienda y tramite las peticiones, las solicitudes de información y las quejas de los internos.

El director del establecimiento carcelario deberá disponer de las medidas que garanticen que el interno tenga acceso a este funcionario.

Tratándose de un derecho fundamental, las peticiones, las solicitudes de información y las quejas, deberán tramitarse dentro del término señalado por la normativa vigente.

(D. 1542/97, art. 9º).

ART. 2.2.1.3.10.Juntas y consejos. Los directores de los establecimientos carcelarios deberán enviar a la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la conformación de la junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza, la de los consejos de disciplina, de la junta asesora de traslados y del consejo de evaluación y tratamiento, de que trata la Ley 65 de 1993.

En el caso de no existir dichos organismos en algún establecimiento carcelario, el director general del instituto, deberá disponer lo necesario para su conformación.

(D. 3002/97, art. 4º).

ART. 2.2.1.3.11.Cursos de capacitación. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá programar semestralmente, cursos de capacitación a los directores, personal administrativo y de guardia de todos los establecimientos de reclusión del país, con el fin de dotarlos de los conocimientos y herramientas necesarias para atender de manera idónea las funciones que deben cubrir por necesidades del servicio. Tales cursos harán énfasis en aspectos como los derechos humanos, derecho penitenciario y carcelario, reseña y dactiloscopia, procesos disciplinarios contra internos, manejo de archivo y correspondencia, fundamentos de procedimiento penal, administración de recursos físico y humano, contratación administrativa, entre otros, sin perjuicio del derecho de actualización que tiene todo funcionario en el desempeño de las funciones propias de su cargo.

Los beneficiarios de esta capacitación tendrán la obligación de ser multiplicadores de conocimiento en sus respectivos establecimientos de reclusión, y tendrán el derecho a que tales cursos sean tenidos en cuenta como cumplimiento de requisitos para ascenso al interior de la carrera penitenciaria.

(D. 3002/97, art. 7º).

ART. 2.2.1.3.12.Aprovechamiento del recurso humano. Los directores regionales o en su defecto los directores de los establecimientos de reclusión, deberán implementar mecanismos que permitan aprovechar el recurso humano al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de manera tal que dichos funcionarios puedan aplicar sus conocimientos en establecimientos que carecen de planta de personal suficiente, sin perjuicio de garantizar la prestación del servicio en su respectiva sede de trabajo.

(D. 3002/97, art. 8º).

ART. 2.2.1.3.13.—Información sobre el tratamiento progresivo penitenciario. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los artículos 142, 143 y 144 de la Ley 65 de 1993, a partir del 19 de diciembre de 1997, los directores de los centros carcelarios y penitenciarios deberán informar a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, cada dos (2) meses, el resultado de la aplicación del sistema de tratamiento progresivo, de conformidad con la Resolución 7302 de 2005, expedida por esa entidad.

Con el fin de agilizar la implementación del sistema de tratamiento progresivo, los directores de los centros carcelarios y penitenciarios podrán hacer uso de los mecanismos de que trata el artículo 2.2.1.3.12., del presente capítulo.

(D. 3002/97, art. 9º).

ART. 2.2.1.3.14.Casas de post-penados. En desarrollo del artículo 159 de la Ley 65 de 1993, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá, elaborar programas concretos para los post-penados con el propósito de implementarlos en las casas cedidas para tal efecto, a fin de integrar al liberado a la familia y a la sociedad. Así mismo, y de conformidad con el artículo 160 de la Ley 65 de 1993, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, podrá celebrar contratos con fundaciones, con el objeto de que estas organicen y atiendan las casas de post-penados.

(D. 3002/97, art. 11).

ART. 2.2.1.3.15.Voluntariado social. Con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 157 de la Ley 65 de 1993, la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, y los directores de los centros carcelarios, promoverán la creación y organización de los cuerpos de voluntariado social.

(D. 3002/97, art. 13).

ART. 2.2.1.3.16.Programas de asistencia jurídica. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Inpec, estructurará un programa de asistencia jurídica y revisión de la situación legal de los internos para efectos de solicitar la aplicación de los beneficios a que haya lugar, sin perjuicio de la atención jurídica que por ley les corresponde a los defensores.

Para el cumplimiento de lo aquí señalado, el Defensor del Pueblo y sus delegados deberán poner a disposición de cada establecimiento carcelario y penitenciario mínimo un defensor público por cada cincuenta (50) reclusos que carezcan de defensor.

(D. 1542/97, art. 3º).

ART. 2.2.1.3.17.Evaluación programas de asistencia jurídica a internos. El Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, y la Defensoría del Pueblo evaluarán los resultados obtenidos con ocasión de lo dispuesto en el artículo anterior en materia de asistencia jurídica a los internos. Con base en esta evaluación, procederán a establecer y adoptar las medidas a que haya lugar con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 154 de la Ley 65 de 1993, incluida la designación de más defensores.

(D. 3002/97, art. 14).

ART. 2.2.1.3.18.Criterios de gasto. Con el fin de optimizar los recursos de las cajas especiales de las direcciones de los diferentes establecimientos carcelarios, el consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá establecer las prioridades y criterios del gasto con cargo a esos recursos y fijar la periodicidad en la cual se rindan informes y se efectúen auditorías especiales para verificar los movimientos de dichas cajas.

(D. 3002/97, art. 15).

ART. 2.2.1.3.19.Grupo interno de trabajo. El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá conformar un grupo interno interdisciplinario que se encargará de realizar el seguimiento de cada uno de los puntos señalados en el presente capítulo y monitorear su cumplimiento.

(D. 1542/97, art. 16).

ART. 2.2.1.3.20.Informes de los jueces de ejecución de penas. Los jueces de ejecución de penas deberán presentar ante el Consejo Superior de la Judicatura con copia al Consejo Nacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, un informe bimensual de todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza y extinción de la condena.

(D. 1542/97, art. 12).

ART. 2.2.1.3.21.Recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizará las gestiones necesarias para garantizar los recursos que se requieran con el fin de dar cumplimiento al presente capítulo.

(D. 1542/97, art. 18)

ART. 2.2.1.3.22.Falta disciplinaria. De conformidad con la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), constituirá falta disciplinaria la violación de las normas contenidas en el presente decreto.

(D. 3002/97, art. 17, D. 1542/97 art. 19).

CAPÍTULO 4

Servicio militar obligatorio como auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.2.1.4.1.1.Denominación. Los bachilleres que presten el servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, actuarán dentro de la organización y funcionamiento que la ley asigne al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con la denominación de auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia penitenciaria nacional.

(D. 537/94, art. 2º).

ART. 2.2.1.4.1.2.Objetivo. Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional que presten el servicio militar obligatorio durante el tiempo y condiciones previstas en este capítulo cumplirán con la obligación del servicio militar y tendrán derecho a que se les expida la tarjeta de reservistas de primera clase, a través de la jefatura de reclutamiento y control reservas del ejército.

(D. 537/94, art. 3º).

SECCIÓN 2

Organización y administración

ART. 2.2.1.4.2.1.Administración. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para la prestación del servicio militar obligatorio, se hará cargo de la administración del personal y del cuerpo logístico, conforme al convenio que para el efecto se suscriba.

(D. 537/94, art. 4º).

ART. 2.2.1.4.2.2.Jurisdicción y mando. Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, quedarán sometidos a la jurisdicción y mando del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, del comandante superior de la guardia penitenciaria nacional, de los directores de los establecimientos carcelarios y del director de la Escuela Penitenciaria Nacional, en su debido orden jerárquico.

(D. 537/94, art. 5º).

ART. 2.2.1.4.2.3.—Régimen disciplinario aplicable. Las normas disciplinarias establecidas para los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional son aplicables a los auxiliares bachilleres.

(D. 537/94, art. 6º).

ART. 2.2.1.4.2.4.Lugar de prestación del servicio. Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, prestarán el servicio preferiblemente en el lugar donde su familia haya fijado su domicilio, en los municipios circundantes o donde se encuentre el centro docente que expidió el título de bachiller.

(D. 537/94, art. 7º).

Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, emplearán preferiblemente en la prestación del servicio, uniforme, revólver, bastón de mando, esposas, pito, y las demás que se consideren pertinentes de acuerdo a la modalidad del servicio a prestar.

(D. 537/94, art. 8º).

ART. 2.2.1.4.2.6.—Atribuciones del director general. El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrá las siguientes atribuciones relacionadas con los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional:

1. Dirigir y emplear el cuerpo de auxiliares bachilleres de la guardia penitenciaria nacional.

2. Presentar el presupuesto de gastos e inversiones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con los trámites reglamentarios.

3. Ordenar los gastos que requiera el funcionamiento del programa.

4. Determinar las escuelas regionales para la capacitación de los integrantes de este servicio, las cuales dependerán de la Escuela Penitenciaria Nacional.

5. Las demás que le determine el Gobierno Nacional, de acuerdo con la ley.

(D. 537/94, art. 9º).

ART. 2.2.1.4.2.7.Duración. El servicio militar obligatorio para bachilleres, en el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, tendrá una duración de doce (12) meses, de los cuales los tres (3) primeros serán para instrucción básica teórica-práctica, en los asuntos relativos a las funciones y obligaciones de la guardia nacional penitenciaria y carcelaria, y los nueve (9) restantes para la prestación del servicio propiamente dicho.

PAR.—El período del servicio militar obligatorio coincidirá con los períodos académicos legalmente establecidos en el país.

(D. 537/94, art. 10).

SECCIÓN 3

Del personal

ART. 2.2.1.4.3.1.Inscripción y reclutamiento. La inscripción y reclutamiento de los colombianos bachilleres que presten el servicio militar obligatorio en el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, se hará a través de la jefatura de reclutamiento y control reservas del ejército, la cual entregará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las cuotas requeridas para efectos de la selección respectiva.

(D. 537/94, art. 11).

ART. 2.2.1.4.3.2.Selección e incorporación. La selección de los bachilleres aspirantes a prestar el servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la realizará la Escuela Penitenciaria Nacional, en la regional de incorporación que se establezca, entre el personal que sea citado por la jefatura de reclutamiento y control reservas del ejército, previa coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(D. 537/94, art. 12).

ART. 2.2.1.4.3.3.Instrucción. Los auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, recibirán instrucción básica en la Escuela Penitenciaria Nacional y en las sedes que determinen para tal fin, la cual será orientada a labores del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, con énfasis en las funciones propias de la resocialización de los detenidos, de acuerdo con el plan de estudios que establezca la Escuela Penitenciaria Nacional.

PAR.—El programa general de instrucción será puesto en conocimiento del comando del ejército, y será supervisado por la unidad operativa en cuya jurisdicción funcione la respectiva escuela penitenciaria.

(D. 537/94, art. 13).

ART. 2.2.1.4.3.4.—Reconocimiento. Mientras dure el período de capacitación, el mejor alumno, en cada centro de instrucción será distinguido con el premio al “mejor alumno”.

(D. 537/94, art. 14).

ART. 2.2.1.4.3.5.Carné de identificación. La Escuela Penitenciaria Nacional, expedirá un carné de identificación a los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, para control de personal y prestación del servicio médico.

(D. 537/94, art. 15).

ART. 2.2.1.4.3.6.Uniformes. Los auxiliares bachilleres utilizarán los uniformes que establezca la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(D. 537/94, art. 16).

SECCIÓN 4

Funciones y obligaciones

ART. 2.2.1.4.4.1.—Funciones y obligaciones. Las funciones y obligaciones que los auxiliares bachilleres deben cumplir, se limitarán a los servicios primarios que ejerce un guardián, así:

1. Observar una conducta seria y digna.

2. Servir como auxiliar en la educación y readaptación de los internos en los establecimientos carcelarios.

3. Sugerir a la dirección del establecimiento programas tendientes a la resocialización de los internos, suministrando los informes que estimen convenientes para tal finalidad.

4. Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios en las remisiones, conservando siempre la vigilancia visual acompañados de un miembro del cuerpo de custodia y vigilancia nacional (guardián, suboficial y oficial).

5. Instruir a los internos de los establecimientos carcelarios sobre normas de convivencia social.

6. Velar por el buen uso de las áreas comunes dentro de los establecimientos carcelarios.

7. Propender por la conservación de los parques y zonas verdes, de los establecimientos carcelarios orientando a la población reclusa respecto del estado de limpieza y prevención en que se deben mantener.

8. Realizar labores de ornato destinadas a conservar la naturaleza y a embellecer los establecimientos carcelarios.

9. Informar a los directores de los establecimientos carcelarios las anomalías que observe.

10. Promover campañas de prevención de la drogadicción.

11. Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados siempre acompañados de sus superiores siguiendo las instrucciones impartidas en el reglamento.

12. Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física, participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión, tomar parte en las ceremonias internas o públicas para el realce de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria.

13. Participar en las labores educativas encaminadas a conservar la salubridad y moralidad de la población reclusa.

14. Llamar la atención a los internos que estén alterando la tranquilidad del establecimiento.

15. Colaborar en la organización y control de tránsito peatonal y vehicular en las vías aledañas a los establecimientos carcelarios.

16. Las demás que guarden armonía con los servicios primarios del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional.

17. Cooperar en las labores que organice el Instituto, sobre políticas de resocialización y reinserción de los detenidos.

(D. 537/94, art. 17).

SECCIÓN 5

Procedimientos

ART. 2.2.1.4.5.1.Procedimientos. El conocimiento de los asuntos de custodia y vigilancia penitenciaria, se efectuará a través de la dirección y apoyo permanente por oficiales, suboficiales y guardianes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, disponiendo de los siguientes medios:

1. Órdenes.

2. Permisos.

3. Reglamentaciones.

4. Informes.

(D. 537/94, art. 18)

ART. 2.2.1.4.5.2.—Cumplimiento de funciones. Para el cumplimiento de sus funciones, los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, emplearán sólo medios autorizados por la ley o el reglamento.

(D. 537/94, art. 19).

SECCIÓN 6

Régimen interno y disciplinario

ART. 2.2.1.4.6.1.—Régimen interno. Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, quedan sometidos al siguiente régimen interno.

1. Durante la etapa de instrucción básica se acogerán al régimen establecido por la Escuela Penitenciaria Nacional y sus sedes de instrucción.

2. Durante el período de prestación del servicio deberán cumplir el régimen establecido por las leyes, el reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o el del centro carcelario a donde hayan sido asignados.

3. Los directores de establecimientos carcelarios con jurisdicción y mando, realizarán una evaluación de la eficiencia individual del servicio con el fin de determinar los mejores bachilleres auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional.

(D. 537/94, art. 20).

ART. 2.2.1.4.6.2.Competencias. Los auxiliares bachilleres que incurran en conductas previstas como delitos en el Código Penal Militar estarán sujetos a la competencia de dicho código cuya investigación y fallo corresponden al comando del batallón más próximo al centro de reclusión en el que se preste el servicio. Una vez incurran en hechos punibles, el director del establecimiento carcelario informará al comandante del batallón más cercano anexando las pruebas recaudadas a fin de que se adelante la investigación correspondiente.

En el evento en que incurran en algunas de las conductas previstas como faltas en el régimen disciplinario aplicable al personal de custodia y vigilancia, con ocasión del servicio prestado en los centros carcelarios como auxiliar bachiller, se harán acreedores a las sanciones allí previstas.

Para efectos administrativos relacionados con el Servicio Militar, tales como selección, incorporación, licenciamiento, libreta militar y para efectos de la Justicia Penal Militar, los auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional estarán adscritos al comando del batallón más próximo al centro de reclusión en el que se preste el servicio de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentre el establecimiento carcelario.

(D. 537/94, art. 21).

SECCIÓN 7

Prestaciones

ART. 2.2.1.4.7.1.Prestaciones. Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, mientras presten el servicio militar obligatorio, tendrán derecho a los beneficios que establece la Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 de 1993 o la norma que lo compile, sustituya, modifique o adicione.

(D. 537/94, art. 22).

ART. 2.2.1.4.7.2.Dotación. A los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, se les dotará de vestuario y demás elementos necesarios para el servicio.

(D. 537/94, art. 23).

ART. 2.2.1.4.7.3.Incapacidades e indemnizaciones. Para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, invalideces, incapacidades e indemnizaciones, los auxiliares quedarán sometidos al régimen de capacidad psicofísica, invalideces, incapacidades e indemnizaciones, de quienes presten el servicio militar obligatorio.

(D. 537/94, art. 24).

ART. 2.2.1.4.7.4.Prestaciones por muerte. Los auxiliares de bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, que fallezcan durante la prestación del servicio militar obligatorio, tendrán derecho a las prestaciones señaladas en las normas que regulen las fuerzas militares y con cargo al presupuesto del Inpec.

(D. 537/94, art. 25).

SECCIÓN 8

Del licenciamiento

ART. 2.2.1.4.8.1.Licenciamiento. El licenciamiento de este personal se efectuará en el centro carcelario donde haya prestado su servicio. El respectivo director remitirá las listas de licenciados a la jefatura de reclutamiento y control reservas del ejército, para la expedición de tarjetas de reservistas.

(D. 537/94, art. 26).

ART. 2.2.1.4.8.2.—Condiciones del licenciamiento. Los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, solo tendrán derecho a ser licenciados en las condiciones señaladas por las disposiciones legales.

(D. 537/94, art. 27).

SECCIÓN 9

Disposiciones varias

ART. 2.2.1.4.9.1.Gastos. Para atender los gastos de equipo individual y demás medios de subsistencia a los auxiliares bachilleres del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, la dirección general del instituto nacional, establecerá anualmente las partidas de acuerdo con las asignaciones presupuestales que debe hacer el Gobierno Nacional para este efecto.

(D. 537/94, art. 28).

ART. 2.2.1.4.9.2.Adiciones y traslados. Con base en el número de incorporaciones programadas y costos calculados anualmente, el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, presentarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un proyecto de adiciones y traslados presupuestales durante la respectiva vigencia fiscal que permita el funcionamiento de esta modalidad de servicio y obtención de los resultados propuestos.

(D. 537/94, art. 29).

ART. 2.2.1.4.9.3.—Ingreso al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Los bachilleres que hayan prestado servicio militar en el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, tendrán prelación para ingresar a la Institución, previo el lleno de los requisitos establecidos en los respectivos estatutos del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional.

(D. 537/94, art. 30).

ART. 2.2.1.4.9.4.Costos. Los costos de inscripción, exámenes de aptitud sicofísica, concentración, incorporación y transporte a que hace referencia el capítulo II de la Ley 48 de 1993 serán asumidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(D. 537/94, art. 31).

CAPÍTULO 5

Condiciones de permanencia de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres al interior de los establecimientos de reclusión

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.1.5.1.1.Objeto. El presente capítulo tiene por objeto regular las condiciones de permanencia de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres al interior de los establecimientos de reclusión, y de las mujeres gestantes y madres lactantes privadas de la libertad, así como las competencias institucionales para garantizar su cuidado, protección y atención integral.

(D. 2553/2014, art. 1º).

ART. 2.2.1.5.1.2.Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a las entidades que conforman el sistema nacional penitenciario y carcelario y las relacionadas en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, en lo relacionado con las condiciones de permanencia y la atención a los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad, hijos de mujeres que se encuentren sindicadas o condenadas, y que conviven con estas en los establecimientos de reclusión del orden nacional, así como con las mujeres gestantes y madres lactantes en la misma condición.

(D. 2553/2014, art. 2º).

SECCIÓN 2

Atención integral a niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres al interior de los establecimientos de reclusión

ART. 2.2.1.5.2.1.—Convivencia de internas con niños y niñas menores de tres (3) años en establecimientos de reclusión. Los niños y niñas menores de tres (3) años, hijos de internas procesadas, sindicadas o condenadas, podrán permanecer con su madre en el establecimiento de reclusión si esta así lo solicita, salvo que la autoridad administrativa correspondiente o un juez de la República ordenen lo contrario.

(D. 2553/2014, art. 3º).

ART. 2.2.1.5.2.2.—Asesoría y atención. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brindará asesoría integral al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para lo cual realizará cursos de formación a los funcionarios y funcionarias de los establecimientos de reclusión de mujeres, sobre las normas consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia, la Constitución Política y las leyes que consagran los derechos de las mujeres privadas de la libertad gestantes, madres lactantes y de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres; realizará el diseño de una historia socio familiar de la mujer privada de la libertad que permita caracterizar su perfil físico, social y sicológico, con miras a organizar la convivencia y garantizarle a ella y su(s) hijo(s) su atención y seguridad en el establecimiento de reclusión; les brindará atención a través de las entidades administradoras del servicio; supervisará la adecuada ejecución de las entidades administradoras del servicio para la atención de los niños y niñas que permanecen con sus madres en los establecimientos de reclusión de mujeres y realizará el seguimiento y la supervisión de las condiciones en las que permanecen y de la calidad de su atención.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deberá informar inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el ingreso de una madre con un niño o niña menor de tres (3) años al establecimiento de reclusión.

PAR. 1º—El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reportará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los casos de niños y niñas que no convivan con sus madres internas en los establecimientos de reclusión, cuyos derechos se encuentren presuntamente inobservados, amenazados o vulnerados, según información aportada por sus progenitoras reclusas, para que a través de las defensorías de familia se determinen las medidas que garanticen la protección de sus derechos.

PAR. 2º—Entiéndase por “entidades administradoras del servicio” a que se refiere el presente artículo a las personas jurídicas contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de contribuir al desarrollo de las funciones misionales de dicha entidad.

(D. 2553/2014, art. 4º).

ART. 2.2.1.5.2.3.—Educación inicial de niños y niñas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, implementará estrategias de atención integral que permita el acceso a la educación inicial a los niños y niñas que conviven con sus madres privadas de la libertad.

(D. 2553/2014, art. 5º).

ART. 2.2.1.5.2.4.—Atención integral a niños y niñas menores de tres (3) años y apoyo a mujeres gestantes y madres lactantes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio de las entidades administradoras, ofrecerá servicios para la atención integral de los niños y niñas en el establecimiento de reclusión en el marco de la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia denominada “De cero a siempre”, así como de formación para el ejercicio de la maternidad a las mujeres gestantes y madres lactantes privadas de la libertad.

Para tal propósito, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantizará el aporte alimentario que cubra el 100% del requerimiento nutricional de los niños y niñas durante los 365 días al año; realizará seguimiento a su desarrollo físico y nutricional, lo cual incluye verificación de controles de crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación y coordinación con las entidades del sector para la atención en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; promoverá el desarrollo psicosocial y cognitivo de los niños y las niñas beneficiarios del servicio; brindará complemento alimentario para las mujeres gestantes y madres lactantes reclusas, y realizará procesos formativos con las madres de los niños y niñas y sus familias para el ejercicio de sus roles.

(D. 2553/2014, art. 6º).

ART. 2.2.1.5.2.5.—Cofinanciación de las medidas de atención. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, destinará recursos económicos para cofinanciar las medidas de atención de que trata el presente capítulo.

(D. 2553/2014, art. 7º).

ART. 2.2.1.5.2.6.Corresponsabilidad. Sin perjuicio de las competencias definidas en el presente capítulo todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar concurrirán, cada una desde el ámbito de sus competencias, en la protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas menores de tres (3) años de edad, que convivan con sus madres internas en los establecimientos de reclusión para mujeres, así como de las internas gestantes y lactantes.

(D. 2553/2014, art. 8º).

ART. 2.2.1.5.2.7.Adecuación de espacios. La unidad de servicios penitenciarios y carcelarios destinará y adecuará, conforme a las respectivas disponibilidades presupuestales, los espacios necesarios para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organice los servicios de atención integral para los niños y niñas menores de tres (3) años que permanecen con sus madres en los establecimientos carcelarios de reclusión de mujeres, así como para las internas gestantes y en periodo de lactancia. Para este efecto la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios tendrá en cuenta los conceptos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en todo caso deberán observar las normas establecidas en la Ley 1618 de 2013, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

PAR.—En todo caso, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios gestionará la apropiación de recursos para cada vigencia fiscal a fin de garantizar las acciones de que tratan el presente artículo y el artículo 2.2.1.5.4.2 del presente capítulo.

(D. 2553/2014, art. 9º).

SECCIÓN 3

De la custodia y cuidado de los niños y niñas menores de tres (3) años al interior de los centros penitenciarios

ART. 2.2.1.5.3.1.Custodia y cuidado personal. Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006, la custodia del niño o niña menor de tres (3) años que convive con su madre interna en establecimiento de reclusión, corresponde a esta.

El cuidado personal del niño o niña menor de tres (3) años que convive con su madre interna en establecimiento de reclusión estará a cargo del responsable de la unidad de atención contratada y coordinada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el horario que se tenga destinado para tal fin. En los horarios en que el niño o niña no asista a las unidades de servicio, o cuando por cualquier motivo no estén a cargo de estas, su cuidado es responsabilidad de la progenitora.

(D. 2553/2014, art. 10).

ART. 2.2.1.5.3.2.Restablecimiento de los derechos de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad al interior de los establecimientos de reclusión. En los casos en que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a través del director o directora del establecimiento de reclusión, reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que la madre interna muestra negligencia en el cuidado personal del niño o la niña, o que ha incurrido en alguna conducta que influye de manera negativa en su integridad, o que ha ejercido alguna forma de maltrato, o la existencia de cualquier circunstancia que atente contra el interés superior del niño o niña, la defensoría de familia siguiendo el procedimiento legal, realizará de manera inmediata la verificación de derechos correspondiente y de ser el caso, iniciará el proceso administrativo de restablecimiento de derechos para determinar la permanencia o no del niño o la niña junto con su madre en el establecimiento de reclusión.

PAR. 1º—Si la conducta de la madre asociada al delito por cuya ocasión está privada de la libertad, influye de manera negativa en la integridad del niño o niña, la defensoría de familia realizará de manera inmediata la verificación de derechos correspondiente y de ser el caso, iniciará el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, al ser esta la instancia competente para velar por la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Esto sin perjuicio de la potestad que tiene el juez al dictar sentencia, de determinar la incidencia del delito en el ejercicio de la patria potestad, e imponer la pena accesoria correspondiente.

PAR. 2º—Cuando el defensor de familia determine que el niño o la niña no pueden permanecer con su madre en el establecimiento de reclusión y que aun existiendo red familiar extensa, esta no es apta para brindar el cuidado y la protección que el niño o niña requieren, proferirá la medida de protección a que haya lugar para garantizarle sus derechos.

(D. 2553/2014, art. 11).

ART. 2.2.1.5.3.3.—Acceso de las madres a las guarderías. Se regulará el acceso de las madres a las guarderías cuando se requiera su apoyo en el desarrollo de los programas que se realicen con los menores y con el fin de que se involucre adecuadamente en el proceso integral de su crecimiento.

(D. 2553/2014, art. 12).

ART. 2.2.1.5.3.4.—Custodia y cuidado personal de niños y niñas que egresen de los establecimientos de reclusión en razón de la edad. Cuando el niño o niña egrese del programa de atención integral por cumplimiento de la edad de tres (3) años señalada para su permanencia en el establecimiento de reclusión, si no existiere nadie legal o judicialmente habilitado para ejercer la custodia y cuidado personal, o, existiendo, está ausente o imposibilitado para ejercerla, la madre seleccionará al tutor o persona encargada de asumir la custodia y cuidado personal, previa determinación de idoneidad por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

(D. 2553/2014, art. 13).

SECCIÓN 4

Infraestructura para servicios de primera infancia en centros de reclusión

ART. 2.2.1.5.4.1.—Infraestructura y espacios para internas gestantes, lactantes y que conviven con hijos menores de tres (3) años. La unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, conforme a las respectivas disponibilidades presupuestales, construirá o adaptará espacios e infraestructura adecuados para la permanencia de internas gestantes, madres lactantes y madres internas que conviven con sus hijos menores de tres (3) años en los establecimientos de reclusión de mujeres, que garanticen entornos favorables para el desarrollo de los niños y niñas en su primera infancia y para el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.

Para tal efecto, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios tendrá en cuenta los conceptos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre las condiciones mínimas que deben tener los espacios y la infraestructura para la atención de internas gestantes, lactantes y de niños menores de tres (3) años que conviven con sus madres privadas de la libertad, e igualmente de los espacios donde estos recibirán atención de educación inicial.

(D. 2553/2014, art. 14).

ART. 2.2.1.5.4.2.—Requisitos mínimos de infraestructura y espacios. Sin perjuicio de los estándares y condiciones que se establezcan para la construcción y/o adecuación de espacios para los efectos del presente capítulo, los establecimientos de reclusión de mujeres contarán como mínimo, con:

• Patio o pabellón especial exclusivo para madres gestantes, en periodo de lactancia y madres que conviven con sus hijos menores de tres (3) años en el establecimiento de reclusión.

• Celdas individuales con baño para madre e hijo(a) que incluya cama y cuna, espacios organizadores de los elementos utilizados para la atención del niño(a), conforme a las especificaciones sanitarias para entornos saludables.

• Lugar comunitario en el patio o pabellón donde los niños y niñas puedan desarrollar actividades lúdicas, recreativas y en el cual las madres puedan atender las necesidades de preparación y suministro de alimentación durante las horas en que estos permanecen en los patios con ellas.

• Espacio adecuado para la implementación de servicios de educación inicial para los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres en el establecimiento de reclusión.

PAR.—La construcción y/o adecuación de espacios en los términos del presente artículo, tendrán en cuenta los principios de gradualidad y progresividad y las directrices previstas en la Ley 1618 de 2013, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres gestantes, madres lactantes y niños y niñas en situación de discapacidad.

(D. 2553/2014, art. 15).

ART. 2.2.1.5.4.3.Planes de intervención prioritarios. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario presentará a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios las necesidades de construcción y mantenimiento de las infraestructuras, las cuales serán atendidas e incluidas en los planes de intervención de manera prioritaria, dentro del límite del presupuesto y las posibilidades materiales de atención, según las características de cada establecimiento.

(D. 2553/2014, art. 16).

SECCIÓN 5

Administración de los servicios de atención y competencias institucionales

ART. 2.2.1.5.5.1.—Construcción, adecuación y administración de los espacios físicos. La construcción y/o adecuación de los espacios para la atención de los niños y niñas, de las mujeres gestantes y madres lactantes en el interior de los establecimientos de reclusión de mujeres es responsabilidad de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, y la administración de los mismos, así como la seguridad y la convivencia, es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(D. 2553/2014, art. 17).

CAPÍTULO 6

Trabajo comunitario

ART. 2.2.1.6.1.Trabajo comunitario. Entiéndase por trabajo comunitario toda actividad desarrollada por los internos condenados a penas de prisión o arresto que no excedan de 4 años, en mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o reforestación, en el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario, en beneficio de una comunidad o de la sociedad.

(D. 775/98, art.1º).

ART. 2.2.1.6.2.Celebración de convenios. De conformidad con el inciso segundo del artículo 99A de la Ley 65 de 1993, los directores de los centros penitenciarios celebrarán convenios con las alcaldías de su localidad, donde se determinarán las actividades de trabajo comunitario de los internos, lugar, horario, frecuencia, cantidad de internos que se requieran, sistemas de rotación de los mismos y aspectos relacionados con su alimentación y transporte. Con todo, los internos regresarán a pernoctar a sus respectivos centros de reclusión. La vigilancia estará a cargo del personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y de la Policía Nacional.

(D. 775/98, art. 2º).

ART. 2.2.1.6.3.Censo. Los directores de los establecimientos de reclusión realizarán un censo de los internos a que se refiere el artículo 2º de la Ley 415 de 1997, que podrán realizar trabajo comunitario.

Los directores deberán actualizar semestralmente el censo de que trata el inciso anterior, reportando a los alcaldes los nuevos internos que vayan ingresando al establecimiento y que puedan desarrollar trabajo comunitario.

En el censo que levantarán los directores del establecimiento, se tendrán en cuenta las excepciones a que alude el artículo 83 de la Ley 65 de 1993.

(D. 775/98, art. 3º).

ART. 2.2.1.6.4.Criterios de selección. Cuando el número de internos requeridos por la alcaldía sea inferior al número total de internos disponibles para realizar el trabajo comunitario, el director del establecimiento hará la elección correspondiente atendiendo a criterios tales como, la buena conducta anterior y actual del interno condenado, así como la ausencia de requerimientos por cuenta de otra autoridad judicial. En todo caso, se propenderá porque todos los condenados accedan al trabajo comunitario.

(D. 775/98, art. 4º).

ART. 2.2.1.6.5.—Días excluidos de trabajo comunitario. De conformidad con el artículo 100 de la Ley 65 de 1993, el trabajo comunitario no se llevará a cabo los días domingos y festivos.

(D. 775/98, art. 5º).

ART. 2.2.1.6.6.Asimilación para redención de pena. El trabajo comunitario será asimilado para efectos de redención de pena, a trabajo. En consecuencia a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho (8) horas diarias de trabajo.

(D. 775/98, art. 6º).

ART. 2.2.1.6.7.Certificación de trabajo. Para la expedición de las certificaciones de trabajo, se deberá tener en cuenta el informe de actividades que presente el alcalde o su delegado al director y junta de trabajo del respectivo establecimiento de reclusión.

(D. 775/98, art. 7º).

ART. 2.2.1.6.8.Revocatoria de la autorización. Al interno que por alguna razón injustificada no cumpla total o parcialmente las obligaciones que establezca el convenio suscrito para el desarrollo del trabajo comunitario, le será revocada de inmediato esta prerrogativa por el director del centro, y no será tenido en cuenta posteriormente para tal actividad.

(D. 775/98, art. 8º).

ART. 2.2.1.6.9.Reporte de información. En la medida en que se vayan celebrando los convenios a que alude el presente capítulo, los directores de los establecimientos de reclusión deberán reportar al director regional de su jurisdicción tal hecho, indicando el número de identificación de los internos que trabajarán y la función que realizarán.

La misma información será remitida por los directores regionales al ministerio de justicia y del derecho así como a la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

(D. 775/98, art. 9º).

CAPÍTULO 7

Permisos para salir de la cárcel

SECCIÓN 1

Permiso de 72 horas

ART. 2.2.1.7.1.1.Procedencia del permiso. Con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 147 de Ley 65 de 1993, los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios podrán conceder permisos hasta de setenta y dos (72) horas a los condenados en única, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente.

Para el ejercicio de esta facultad discrecional, los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, cuando se trate de condenas inferiores a diez (10) años, resolverán la solicitud del permiso hasta por setenta y dos (72) horas, de conformidad con el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, y el presente capítulo.

Cuando se trate de condenas superiores a diez (10) años, deberán tener en cuenta, además de los requisitos a que se refiere el inciso anterior, los siguientes parámetros:

1. Que el solicitante no se encuentre vinculado formalmente en calidad de sindicado en otro proceso penal o contravencional.

2. Que no existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que vinculen al solicitante del permiso, con organizaciones delincuenciales.

3. Que el solicitante no haya incurrido en una de las faltas disciplinarias señaladas en el artículo 121 de la Ley 65 de 1993

4. Que haya trabajado, estudiado o enseñado durante todo el tiempo de reclusión.

5. Haber verificado la ubicación exacta donde el solicitante permanecerá durante el tiempo del permiso.

(D. 232/98, art. 1º).

ART. 2.2.1.7.1.2.—Trámite del permiso. Cada director de establecimiento carcelario y penitenciario, será responsable de la recaudación de la documentación necesaria para garantizar este derecho.

Se entiende que un interno se encuentra en la fase de mediana seguridad, cuando ha superado la tercera parte de la pena impuesta y ha observado buena conducta de conformidad con el concepto que al respecto rinda el consejo de evaluación.

Se entiende por requerimiento la existencia de órdenes impartidas por autoridad competente que impliquen privación de la libertad. Las autoridades competentes, deberán mantener actualizado el registro de órdenes de captura vigentes, y dar respuesta a las solicitudes elevadas por el director del establecimiento carcelario, dentro de los cinco días siguientes a su recibo.

En todo caso, la solicitud del interno deberá ser resuelta por el director del establecimiento carcelario en un plazo máximo de quince días.

Los beneficios administrativos concedidos por los directores de establecimientos carcelarios o por los directores regionales, deberán ser comunicados mensualmente al director del Inpec.

(D. 1542/97, art. 5º).

ART. 2.2.1.7.1.3.Requisitos del acto que otorga el permiso. El acto que expida el director del establecimiento carcelario y penitenciario en el cual resuelva la solicitud del permiso, deberá ser motivado y en él se consignará el cumplimiento de cada uno de los requisitos de que trata el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, así como los parámetros establecidos en el artículo anterior. Igualmente, en dicho acto se ordenará informar a las autoridades de policía y a las demás autoridades competentes, la ubicación exacta donde permanecerá el beneficiario durante el tiempo del permiso.

Cada director de establecimiento carcelario y penitenciario, será responsable de la recaudación de la documentación necesaria para garantizar este beneficio.

En todo caso, la solicitud del interno, deberá ser resuelta por el director del establecimiento carcelario en un plazo máximo de quince (15) días.

Los beneficios administrativos concedidos por los directores de establecimientos carcelarios o por los directores regionales, deberán ser comunicados mensualmente al director del Inpec.

(D. 232/98, art. 2º).

ART. 2.2.1.7.1.4.—Remisión normativa. De conformidad con la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), constituirá falta disciplinaria la violación de las normas contenidas en el presente capítulo.

(D. 232/98, art. 3º).

SECCIÓN 2

Facultad para otorgar permisos de hasta 15 días y por fines de semana

ART. 2.2.1.7.2.1.Competencia. La facultad discrecional consagrada en los artículos tercero y cuarto de la Ley 415 de diciembre 19 de 1997, se ejercerá por los directores regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con arreglo a las directrices que al efecto adopte el consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

(D. 3000/97, art. 1º).

ART. 2.2.1.7.2.2.Aspectos a tener en cuenta para otorgar el permiso. El consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrá en cuenta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, que se garantice la rehabilitación del delincuente atendiendo, las medidas especiales de seguridad que haya requerido durante su tiempo de reclusión, la seguridad para la sociedad consistente en que el beneficiario del permiso no delinquirá nuevamente y la descongestión de los establecimientos carcelarios.

(D. 3000/97, art. 2º).

CAPÍTULO 8

Medidas tendientes al libre ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios y carcelarios

ART. 2.2.1.8.1.Libertad religiosa y de culto en centros penitenciarios. Los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan del derecho a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión, así como de difundirla en forma individual o colectiva. Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán permitir sin restricción alguna el libre ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión.

La asistencia religiosa de los internos corresponderá a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan.

(D. 1519/98, art. 1º).

ART. 2.2.1.8.2.—Ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho de libertad de religión y cultos en los centros de reclusión comprende, entre otras cosas:

a) La celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros penitenciarios;

b) La comunicación de los internos con los ministros o representantes de los distintos cultos, iglesias o confesiones religiosas;

c) El establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones;

d) La asistencia a los internos por el ministro de culto, iglesia o confesión religiosa a que pertenezca.

(D. 1519/98, art. 2º).

ART. 2.2.1.8.3.—Obligaciones de los autoridades de los establecimientos de reclusión. Los directores de los establecimientos de reclusión harán respetar la libertad de religión, culto o creencias de los internos así como de los funcionarios del penal.

Queda prohibida toda forma de coacción, presión, dádiva o discriminación a los internos para que se adhieran a religiones diversas a las que pertenecen o para que se mantengan en la propia. Dichas aducciones serán voluntarias y autónomas de los internos.

Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán impedir la utilización de mecanismos que coarten la libertad religiosa y de culto de los internos, o que tiendan a que estos cambien de confesión religiosa de manera no voluntaria.

(D. 1519/98, art. 3º).

ART. 2.2.1.8.4.Censo. Sin menoscabo de libertad de cultos protegida por la Constitución Política, los directores de los establecimientos de reclusión procederán a elaborar un censo entre los internos, con el único objeto de identificar la religión o culto a la que pertenecen, sin perjuicio del derecho que les asiste de no divulgar su credo religioso.

Igualmente, los directores de los establecimientos de reclusión establecerán el mecanismo para que cada nuevo interno tenga la posibilidad de advertir, si así lo quiere su credo, religión o culto, a fin de contar con la asistencia religiosa debida.

(D. 1519/98, art. 4º).

ART. 2.2.1.8.5.—Acreditación de la calidad de Ministro de culto, iglesia o confesión religiosa. Los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa que ingresen a un centro penitenciario y carcelario con el fin de brindar asistencia espiritual a un interno o grupo de ellos, deberán previamente demostrar dicha calidad de conformidad con el artículo 16 de la Ley 133 de 1994 y demás normas aplicables.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá establecer el mecanismo para el reconocimiento y otorgamiento de permisos de ingreso a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa, a los centros penitenciarios, para lo cual, podrá solicitar a las comunidades y entidades religiosas debidamente reconocidas, un listado de los ministros de culto que prestarán la asistencia religiosa en los centros de reclusión.

(D. 1519/98, art. 5º).

ART. 2.2.1.8.6.Lugares para el ejercicio del culto. Para efectos de permitir la celebración de cultos o ceremonias religiosas, así como de brindar la asistencia espiritual a los internos, el director del establecimiento dispondrá los lugares apropiados para tal fin, respetando su destinación religiosa y su carácter confesional específico, siempre y cuando las condiciones físicas del establecimiento permitan la multiplicidad de ellos.

En caso de que las condiciones físicas del establecimiento de reclusión no permitan tener varios lugares para el ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones, el director del establecimiento determinará el lugar económico en que tales actividades puedan desarrollarse, previendo de manera equitativa el uso por parte del interno o grupo de internos, para la celebración de cultos o ceremonias, o la recepción de asistencia religiosa. En este evento, se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad por otras confesiones religiosas, especialmente en lo relativo a los lugares existentes para su uso y profesión de su religión.

(D. 1519/98, art. 6º).

ART. 2.2.1.8.7.—Presencia de los ministro de culto, iglesia o confesión. Los internos solicitarán la presencia de un ministro de culto, iglesia o confesión religiosa cada vez que requiera de su asistencia, conforme a los mecanismos, horarios y modalidades que se determinen en el reglamento interno.

Tratándose de internos moribundos, el director del centro de reclusión permitirá el ingreso del ministro de culto, iglesia o confesión religiosa, sin el lleno total de los requisitos establecidos en el reglamento, sin perjuicio de las medidas de seguridad a que haya lugar.

(D. 1519/98, art. 7º).

ART. 2.2.1.8.8.Actividades de voluntariado social. Las entidades religiosas con personería jurídica especial podrán acordar con las autoridades competentes, la realización de actividades de voluntariado social y para el desarrollo de programas dirigidos al bienestar de los internos.

Los directores de los centros de reclusión deberán permitir, previo el cumplimiento de los requisitos de seguridad, el ingreso de los cuerpos de voluntariado social que pretendan realizar las iglesias, cultos o confesiones religiosas en desarrollo de tales convenios.

(D. 1519/98, art. 8º).

CAPÍTULO 9

Vigilancia electrónica

ART. 2.2.1.9.1.—Sistemas de vigilancia electrónica en los eventos de detención preventiva. El juez de control de garantías podrá disponer la utilización de los sistemas de vigilancia electrónica a quien le sea sustituida la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, previo cumplimiento de los presupuestos señalados en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

PAR.—Quienes se encuentren en detención preventiva en establecimiento carcelario bajo el régimen de Ley 600 de 2000 podrán ser destinatarios de los sistemas de vigilancia electrónica, previo cumplimiento de los supuestos establecidos en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, cuando el funcionario competente determine su viabilidad.

(D. 177/2008, art. 2º, modificado por el D. 1316/ 2009, art. 2º).

ART. 2.2.1.9.2.Modalidades. Son mecanismos de vigilancia electrónica como sustitutivos de la detención preventiva, el seguimiento pasivo RF, el seguimiento activo GPS y el reconocimiento de voz.

(D. 177/2008, art. 3º).

ART. 2.2.1.9.3.Seguimiento pasivo RF. Es el sistema de vigilancia electrónica ordenado por el juez o como medida de control adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según sea el caso, a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del sindicado, imputado o acusado, según fuere el caso, el cual trasmite a una unidad receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica convencional.

(D. 177/2008, art. 4º, modificado por el D. 1316/2009, art. 3º).

ART. 2.2.1.9.4.Seguimiento activo-GPS. Es el sistema de vigilancia electrónica a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del sindicado, imputado o acusado, según fuere el caso el cual llevará incorporada una unidad GPS (sistema de posicionamiento global), la cual transmitirá la ubicación del beneficiario, indicando si ha llegado a zonas de exclusión. Cuando el beneficiario del dispositivo llegue al lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la transmisión inherente al sistema de vigilancia electrónica. Dicha comunicación se llevará a cabo vía telefónica o móvil.

(D. 177/2008, art. 5º, modificado por el D. 1316/2009, art. 4º).

ART. 2.2.1.9.5.Reconocimiento de voz. Es el sistema de vigilancia electrónica sustitutivo de la detención preventiva, a través del cual se lleva a cabo una llamada al lugar de residencia del sindicado, y autentica su identidad comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada durante el proceso de registro.

(D. 177/2008, art. 6º).

ART. 2.2.1.9.6.—Asignación de los sistemas de vigilancia electrónica. La autoridad judicial competente podrá establecer el sistema de vigilancia electrónica a imponer, de acuerdo con la disponibilidad de los mismos y las fases previstas para su implementación.

(D. 177/2008, art. 7º).

ART. 2.2.1.9.7.Acta de compromiso. Una vez se apruebe la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica, sindicado, imputado o acusado, según fuere el caso firmará un acta de compromiso donde consten todas las obligaciones que debe cumplir en el término de la pena impuesta mediante sentencia judicial o de la providencia que impuso la medida de aseguramiento, y aquellos compromisos inherentes a la modalidad del mecanismo de vigilancia electrónica que se le vaya a aplicar, dentro de los cuales se consignarán deberes de adecuada utilización y custodia del mecanismo de seguridad electrónica, advirtiéndose que la destrucción por cualquier medio del mecanismo de seguridad, además de las sanciones penales a que haya lugar, constituye un incumplimiento de los deberes del condenado, sindicado, imputado o acusado y será causal de revocatoria del beneficio otorgado.

PAR. 1º—La suscripción del acta de compromiso de que trata el presente artículo, se extenderá a los imputados y sindicados, quienes deberán cumplir con las siguientes obligaciones durante el tiempo en que sean vigilados electrónicamente.

a) Observar buena conducta;

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;

c) Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;

d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello.

PAR. 2º—Coadyuvará la financiación de los sistemas de vigilancia electrónica, el dinero que ahorre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por concepto de la atención integral y tratamiento penitenciario de los reclusos, tales como la alimentación, los servicios de salud y los desplazamientos, toda vez que desde el momento de la salida de la persona del establecimiento de reclusión, el Inpec no asume dichos costos.

(D. 177/2008, art. 8º, modificado por los D. 1316/2009, art. 5º y 3336/2008, art. 1º).

ART. 2.2.1.9.8.Implementación. Los sistemas de vigilancia electrónica se implementarán en todos los distritos judiciales del país, dentro de los límites de la respectiva apropiación presupuestal.

(D. 177/2008, art. 9º modificado por el D. 4940/2009, art. 1º).

ART. 2.2.1.9.9.Protocolo de práctica para vigilancia electrónica. La implementación de los sistemas de vigilancia electrónica se desarrollará conforme a los lineamientos fundamentales de tipo administrativo, técnico y operativo definidos en el protocolo de práctica base, expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entidad que tendrá la competencia de efectuar los controles y el monitoreo de los sistemas de vigilancia electrónica.

El Inpec tendrá además, las funciones y actividades que le sean asignadas en el protocolo práctica base.

(D. 177/2008, art. 10).

CAPÍTULO 10

Trabajo penitenciario

(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Generalidades

ART. 2.2.1.10.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 2

Condiciones especiales de acceso al derecho a la seguridad social para las personas privadas de la libertad

ART. 2.2.1.10.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 3

Obligaciones y prohibiciones especiales

ART. 2.2.1.10.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 4

Actividades de formación para el trabajo

ART. 2.2.1.10.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 5

Seguridad y salud en el trabajo

ART. 2.2.1.10.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.5.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.5.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.5.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.10.5.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1758 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 11

Prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.2.1.11.1.1.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Modificado el numeral 4 del presente artículo por el Decreto 1142 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 2

Del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad

ART. 2.2.1.11.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

8.(Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

9. (Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

10. (Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

11.(Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

PAR. 4º—(Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

PAR. 5º—(Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Modificados los numerales 2° y 7° del presente artículo por el Decreto 1142 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Modificados los incisos primero y segundo del presente artículo por el Decreto 1142 de 2016 artículo 5° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 3

De las funciones de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en relación con los servicios de salud de la población privada de la libertad

ART. 2.2.1.11.3.1.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 6° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.3.2.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 7° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.3.3.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 8° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Modificado el inciso 1° del presente artículo por el Decreto 1142 de 2016 artículo 9° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 4

Prestación de servicios de salud

SUBSECCIÓN 1

Atributos de la entidad fiduciaria y de los prestadores de servicios de salud

ART. 2.2.1.11.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SUBSECCIÓN 2

Modelo de atención en salud para la población privada de la libertad

ART. 2.2.1.11.4.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.4.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

PAR. 3º— (Nota: Adicionado por el Decreto 1142 de 2016 artículo 10 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.4.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.4.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 5

Salud Pública

ART. 2.2.1.11.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 6

Tratamiento diferenciado

ART. 2.2.1.11.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.6.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 7

Otras disposiciones sobre los servicios de salud

ART. 2.2.1.11.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.11.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 8

Normas transitorias

ART. 2.2.1.11.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2245 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Modificado el inciso 1° del presente artículo por el Decreto 1142 de 2016 artículo 11 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 12

Competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.1.12.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 2

Definición de competencias

ART. 2.2.1.12.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.2.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 3

Coordinación y seguimiento interinstitucional

ART. 2.2.1.12.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 4

Disposiciones finales

ART. 2.2.1.12.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.12.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 204 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 13

Centros especiales de reclusión

(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.1.13.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 2

Centros de arraigo transitorio

ART. 2.2.1.13.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 3

Establecimientos y pabellones de reclusión de alta seguridad

ART. 2.2.1.13.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.15.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.3.16.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 4

Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente

ART. 2.2.1.13.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.1.13.4.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 40 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

TÍTULO 2

Política criminal

CAPÍTULO 1

Lucha contra las drogas y actividades relacionadas

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.2.2.1.1.1.—Alcance de la palabra drogadicción. Para la aplicación de la Ley 30 de 1986, el sentido de las palabras adicción o drogadicción comprende tanto la dependencia física como la dependencia psíquica.

(D. 3788/86, art. 1º).

ART. 2.2.2.1.1.2.Alcance de la expresión planta. Para los efectos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando se mencione la palabra planta se entenderá no solo el ser orgánico que vive y crece sino también el que ha sido arrancado de la tierra o del cual se conserven sus hojas.

(D. 3788/86, art. 2º).

ART. 2.2.2.1.1.3.Dosis terapéutica. La cantidad de droga o medicamento que como dosis terapéutica se prescriba respondiendo a las necesidades clínicas de los pacientes, debe sujetarse a la reglamentación que en tal sentido expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 3788/86, art. 3º).

ART. 2.2.2.1.1.4.Sanción. Cuando la cantidad de estupefacientes no supere la indicada como dosis para uso personal y se tenga para su distribución o venta, la conducta del sujeto activo se sancionará conforme a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 599 de 2000.

(D. 3788/86, art. 4º).

ART. 2.2.2.1.1.5.—Facultad del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses. Cuando se trata de una sustancia estupefaciente distinta de marihuana, hachís, cocaína o metacualona, el Instituto de Medicina Legal determinará la cantidad que constituye dosis para uso personal.

(D. 3788/86, art. 5º).

ART. 2.2.2.1.1.6.Cantidades. Cuando únicamente se encuentren hojas de plantas de las que pueden extraerse sustancias estupefacientes, con el fin de dar aplicación al artículo 375 de la Ley 599 de 2000, se considera que cien gramos de hojas de coca en promedio corresponden a una planta.

Igualmente, se considera que doscientos gramos de hojas de coca pueden producir un gramo de cocaína.

(D. 3788/86, art. 6º).

ART. 2.2.2.1.1.7.Listado de medicamentos. El Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales y previo concepto de la dirección de medicamentos y tecnologías en salud, establecerá el listado de drogas, medicamentos, materias primas de control especial, determinando cuáles se incluyen o excluyen en el mismos.

(D. 3788/86, art. 8º).

SECCIÓN 2

De los consejos seccionales

ART. 2.2.2.1.2.1.—Actividad de coordinación. El Consejo Nacional de Estupefacientes coordinará y vigilará las actividades de los consejos seccionales.

Dentro de las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, los consejos seccionales desarrollarán las actividades y campañas que en las distintas regiones sea necesario y conveniente adelantar para impedir el narcotráfico y evitar que la población, particularmente la juventud, resulte víctima de la farmacodependencia.

(D. 3788/86, art. 10).

ART. 2.2.2.1.2.2.Campañas contra la fármaco dependencia. El comité técnico asesor del consejo nacional de estupefacientes elaborará un programa de campañas contra la farmacodependencia y el narcotráfico, que someterá a la aprobación del consejo nacional y este decidirá lo pertinente y procederá a su ejecución inmediata, a través de los consejos seccionales.

Semestralmente el consejo nacional y los consejos seccionales harán la evaluación de las labores realizadas y adoptarán programas concretos de acción.

(D. 3788/86, art. 11).

ART. 2.2.2.1.2.3.Campañas de difusión. El Consejo Nacional de Estupefacientes a iniciativa propia o de un consejo seccional, de común acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones señalará las campañas a realizar por las estaciones de radiodifusión sonora y televisión con indicación de la duración y la periodicidad de las emisiones.

(D. 3788/86, art. 12).

ART. 2.2.2.1.2.4.Reuniones. Los consejos seccionales de estupefacientes se reunirán en forma ordinaria la segunda y cuarta semanas de cada mes y podrán tener reuniones extraordinarias cuando su presidente los convoque y enviarán al consejo nacional de estupefacientes informes mensuales sobre las labores realizadas por cada uno.

(D. 3788/86, art. 13).

ART. 2.2.2.1.2.5.—Secretaría técnica. La secretaría de los consejos seccionales de estupefacientes le corresponderá al respectivo jefe del servicio seccional de salud.

(D. 3788/86, art. 14).

ART. 2.2.2.1.2.6.Comités cívicos. Los consejos seccionales crearán en las ciudades y poblaciones que lo consideren conveniente comités cívicos destinados a organizar la acción de la sociedad en general contra la producción, tráfico y consumo de drogas que produzcan dependencia; en dichos comités se incluirán los sectores más representativos del lugar y se buscará en especial la participación de los gremios, de la prensa, de los sindicatos, de las asociaciones de padres de familia, de la iglesia, de los educadores y otros miembros de la comunidad.

(D. 3788/86, art. 15).

SECCIÓN 3

De la importación, exportación, fabricación distribución y venta de drogas, medicamentos materias primas o precursores.

ART. 2.2.2.1.3.1.Importación de drogas y medicamentos de control especial. La importación de drogas y medicamentos de control especial, materias primas o precursores utilizados en su fabricación, solo podrá hacerse por la unidad administrativa especial del fondo nacional de estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social o a través de este; deberán ser tenidas en cuenta de manera especial las drogas incluidas en la convención única de estupefacientes de 1961 y en la convención sobre sustancias psicotrópicas de 1971 con sus modificaciones posteriores. Los principios activos que constituyen la materia prima determinante para la inclusión de medicamentos en la lista de control especial se importan por ese fondo o a través suyo.

(D. 3788/86, art. 16).

ART. 2.2.2.1.3.2.Inscripción para efectos de la importación. Para importar, adquirir, procesar, sintetizar, elaborar y distribuir medicamentos de control especial, los laboratorios farmacéuticos deben inscribirse ante a Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, para tal efecto, el representante legal y el director técnico deben presentar toda la documentación que señale el citado ministerio. Es obligación de los laboratorios actualizar sus documentos.

(D. 3788/86, art. 17).

ART. 2.2.2.1.3.3.Límites a la importación. Cuando se autorice la importación de materia prima de control especial a solicitud de un laboratorio farmacéutico, dicha importación se hará de acuerdo con los límites fijados por la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y la Protección Social, previo estudio de las necesidades según análisis que hará en cada caso.

(D. 3788/86, art. 18).

ART. 2.2.2.1.3.4.Cuadro de necesidades. Los laboratorios farmacéuticos que realicen importaciones de las antes señaladas están obligados a presentar anualmente un cuadro de las necesidades que en este sentido tendrán durante el año siguiente, lo cual se hará en fecha y términos que señale el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 3788/86, art. 19).

ART. 2.2.2.1.3.5.Límite a las existencias de drogas. Los laboratorios farmacéuticos no podrán tener existencias de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial, en cantidades superiores a las autorizadas por la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y la Protección Social.

Las negociaciones que en caso de fuerza mayor deban hacer los laboratorios entre sí respecto de esas sustancias, han de contar con el visto bueno de ese fondo, previa solicitud escrita firmada por vendedor y comprador donde se aduzcan los motivos existentes.

(D. 3788/86, art. 20).

ART. 2.2.2.1.3.6.Intercambio de información. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y la Protección Social mensualmente intercambiarán información, conforme a los mecanismos que se acuerden, con el fin de establecer un control efectivo.

(D. 3788/86, art. 21).

ART. 2.2.2.1.3.7.—Requisitos para los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios farmacéuticos que fabriquen medicamentos de control especial o los precursores utilizados en su fabricación, deben ceñirse a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social; en todo caso deben ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Adquirir la materia prima en o a través de la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y la Protección Social, previa inscripción en esta dependencia y cancelación de los derechos correspondientes.

b) Enviar la solicitud firmada por el director técnico del laboratorio.

c) Informar por escrito a la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, con la antelación que allí se prevea, acerca de la fecha de la transformación para que un funcionario de allí pueda presenciarla, si se considera conveniente.

(D. 3788/86, art. 22).

ART. 2.2.2.1.3.8.Libro de registro de movimientos. Los laboratorios fabricantes que utilicen materias primas controladas están obligadas a llevar un libro de registro de movimientos, el cual será foliado y registrado por la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social y delegados suyos los revisarán periódicamente. Dichos laboratorios deben disponer de medios de almacenamiento adecuados e independientes de los demás depósitos.

(D. 3788/86, art. 23).

ART. 2.2.2.1.3.9.Deber de información. Los laboratorios fabricantes de medicamentos de control especial están obligados a enviar a la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, en los primeros días de cada mes, una relación detallada de la producción y venta de medicamentos de control especial.

(D. 3788/86, art. 24).

ART. 2.2.2.1.3.10.Lista de distribución exclusiva. El Ministerio de Salud y Protección Social señalará, dentro de la lista de medicamentos de control especial, cuáles serán elaborados y distribuidos exclusivamente por la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social; para ello y para cualquier modificación se requiere la aprobación previa del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de la comisión revisora de productos farmacéuticos.

(D. 3788/86, art. 25).

ART. 2.2.2.1.3.11.—Reglamentación de la distribución de medicamentos. La reglamentación de la distribución y venta de los medicamentos de control especial, corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 3788/86, art. 26).

ART. 2.2.2.1.3.12.Libro de movimiento de productos sujetos a control especial. Todo establecimiento farmacéutico legalmente autorizado para fabricar, distribuir o vender medicamentos de control especial llevarán un libro foliado y registrado en el servicio seccional de salud respectivo, para anotar el movimiento de esos productos; además, dispondrán de medios de almacenamiento seguros, adecuados e independientes de los demás medicamentos.

(D. 3788/86, art. 27).

ART. 2.2.2.1.3.13.Denuncia. En caso de sustracción o pérdida de medicamentos de control especial, de inmediato ha de formularse denuncia y copias de la misma se enviarán al Servicio Seccional correspondiente y a la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social

(D. 3788/86, art. 28).

ART. 2.2.2.1.3.14.Actualización de listas. Los servicios seccionales de salud mantendrán actualizadas las listas de establecimientos legalmente autorizados para manejar medicamentos de control especial y recibirán informes periódicos de la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, sobre cualquier modificación en dichos listados.

(D. 3788/86, art. 29).

ART. 2.2.2.1.3.15.—Formulario oficial de medicamentos. El Ministerio de Salud y Protección Social elaborará el formulario oficial de medicamentos de control especial, el cual se suministrará periódicamente a los servicios seccionales de salud.

(D. 3788/86, art. 30).

ART. 2.2.2.1.3.16.—Inscripción en el servicio seccional de salud. Los médicos y odontólogos graduados y en ejercicio legal de la profesión deben inscribirse en el servicio seccional de salud y cumplir estrictamente la reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social para la prescripción de medicamentos de control especial.

(D. 3788/86, art. 31).

ART. 2.2.2.1.3.17.Registro seccional de fármaco dependencia. La Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y la Protección Social establecerá un registro nacional de farmacodependencia, el cual será confidencial y sus datos solo se utilizarán para prevenir el narcotráfico y la farmacodependencia. Los servicios seccionales de salud establecerán esos registros en su jurisdicción y enviarán esa información a dicha unidad administrativa especial.

(D. 3788/86, art. 32).

ART. 2.2.2.1.3.18.Aplicación de convenios internacionales. La exportación de drogas, medicamentos, materias primas y precursores de control especial deberá hacerse de acuerdo con los convenios internacionales sobre estupefacientes y psicotrópicos, previa inscripción ante la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y la Protección Social y según la reglamentación que este ministerio expida.

(D. 3788/86, art. 33).

SECCIÓN 4

De los programas educativos

ART. 2.2.2.1.4.1.Planes educativos de prevención. En los programas de educación primaria, secundaria, media vocacional y educación no formal, el Ministerio de Educación Nacional, diseñará los lineamientos generales para introducir en los planes curriculares contenidos y actividades para la prevención de la drogadicción e información sobre riesgos de la farmacodependencia.

(D. 3788/86, art. 34).

ART. 2.2.2.1.4.2.—Información sobre farmacodependencia. A nivel de post-secundaria, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, trazarán los lineamientos generales para incluir información sobre la farmacodependencia en los programas académicos.

(D. 3788/86, art. 35).

ART. 2.2.2.1.4.3.—Campañas de prevención de farmacodependencia. Con base en los lineamientos de que trata el artículo anterior, toda institución de educación postsecundaria deberá desarrollar semestralmente campañas de prevención de la farmacodependencia.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior —Icfes— reglamentará y vigilará el cumplimiento de esta disposición.

(D. 3788/86, art. 36).

ART. 2.2.2.1.4.4.Responsabilidad de la Secretaría de Educación. Las secretarías de educación en cada unidad territorial, serán responsables del desarrollo de los programas de prevención de la drogadicción, en cumplimiento de las políticas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Estupefacientes, directamente o a través de los consejos seccionales de estupefacientes.

(D. 3788/86, art. 37).

ART. 2.2.2.1.4.5.Organizaciones creativas juveniles e infantiles. Como estrategias de prevención de la drogadicción, los institutos docentes públicos y privados de educación primaria y secundaria, media vocacional y educación no formal estarán obligados a constituir y fortalecer organizaciones creativas juveniles e infantiles, según las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional a través del programa de prevención de la drogadicción.

(D. 3788/86, art. 38).

ART. 2.2.2.1.4.6.—Vigilancia y control. El Ministerio de Educación Nacional implementará mecanismos de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de lo aquí previsto.

(D. 3788/86, art. 39).

ART. 2.2.2.1.4.7.Lineamientos para el servicio gratuito de consultorio clínico. Los ministerios de Educación y de Salud y Protección Social señalarán los lineamientos y orientaciones que servirán de base para que las instituciones universitarias públicas y privadas estructuren el servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos para la atención del farmacodependiente, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 30 de 1986.

(D. 3788/86, art. 40).

ART. 2.2.2.1.4.8.De las campañas contra el consumo de alcohol y del tabaco. Las autoridades competentes dispondrán las medidas conducentes para que las empresas que elaboren, envasen o hidraten bebidas alcohólicas y los fabricantes o distribuidores de tabacos y cigarrillos, nacionales o extranjeros, incluyan las leyendas a que se refieren los artículos 16 y 17 del Estatuto Nacional de Estupefacientes.

(D. 3788/86, art. 41).

SECCIÓN 5

Control de exportación de sustancias químicas controladas

ART. 2.2.2.1.5.1.—Implementación del mecanismo de prenotificación. Impleméntese el mecanismo de prenotificación a la exportación de sustancias químicas controladas por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, específicamente para las subpartidas arancelarias que a continuación se relacionan:

Subpartida arancelaria

Descripciónarancel

Nota
2602000000
Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de hierro manganesíferos con un contenido de manganeso, superior o igual al 20%, en peso sobre producto seco.
Aplica para pirolusita(forma natural del dióxido de manganeso)
2707200000
Toluol (tolueno).

2710129900
Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones.
Aplica para Disolvente alifático 1, 1A y disolvente alifático 2
2806100000
Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico).

2807001000
Ácido sulfúrico.

2807002000
Oleum (ácido sulfúrico fumante).

2814100000
Amoníaco anhidro.

2814200000
Amoníaco en disolución acuosa.
Hidróxido de amonio
2820100000
Dióxido de manganeso.

2836200000
Carbonato de disodio.

2841610000
Permanganato de potasio.

2841690000
Los demás manganitos, manganatos y permanganatos.
Aplica para manganato de potasio
2901100000
Hidrocarburos acíclicos, saturados.
Aplica para hexano
2902300000
Tolueno.

2903130000
Cloroformo (triclorometano).

2905110000
Metanol (alcohol metílico).

2905122000
Alcohol isopropílico.

2905130000
(Butan-1-ol) alcohol n-butílico.

2909110000
Eter etílico.

2914110000
Acetona.

2914120000
Butanona (Metil etil cetona).

2914130000
Metilisobutilcetona(4-metilpentan-
2-ona).

2914401000
Diacetona alcohol (4-Hidroxi -4-metilpen- tan-2ona).

2915240000
Anhídrico acético.

2915310000
Acetato de etilo.

2915330000
Acetato de n-butilo.

2915392200
Acetato de isopropilo.

3814001000
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte y preparaciones para quitar pinturas o barnices, que contengan clorofluorocarburos del metano, del etano o del propano (CFC), incluso si contienen hidroclorofluorocarburos (HCFC).
Aplica para thinner
3814002000
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte y preparaciones para quitar pinturas o barnices, que contengan hidroclorofluorocarburos del metano, del etano o del propano (HCFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC)
Aplica para thinner
3814003000
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte y preparaciones para quitar pinturas o barnices, que contengan tetraclorurode carbono, bromoclorometano o 1,1, 1-tricloroetano (metil cloroformo)
Aplica para thinner
3814009000
Los demás disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte y las demás preparaciones para quitar pinturas o barnices.
Aplica para thinner

(D. 2530/2009, art. 1º).

ART. 2.2.2.1.5.2.Vigilancia. La vigilancia a la observancia del requisito específico para las solicitudes de autorización previa a las exportaciones de las substancias relacionadas en el artículo 2.2.2.1.5.1, de este capítulo será ejercida por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

(D. 2530/2009, art. 2º).

SECCIÓN 6

De otras disposiciones

ART. 2.2.2.1.6.1.Consignación de la multa. El valor de toda multa que se imponga en virtud del Estatuto Nacional de Estupefacientes debe consignarse a órdenes de la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 3788/86, art. 43).

ART. 2.2.2.1.6.2.Informes. La secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes solicitará los informes pertinentes acerca del cumplimiento de las campañas de prevención y si observare que no se están realizando a cabalidad, correrá traslado a la Procuraduría General de la Nación, cuando fuere el caso, o a la autoridad competente para el correspondiente proceso contravencional.

(D. 3788/86, art. 48).

ART. 2.2.2.1.6.3.Reuniones. El Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá en forma ordinaria la primera y tercera semanas de cada mes y podrá tener reuniones extraordinarias cuando su presidente lo convoque.

(D. 3788/86, art. 50).

ART. 2.2.2.1.6.4.(Derogado).* Certificado de carencia de informes. Las solicitudes de certificado sobre carencia de informes por narcotráfico, a que hace referencia el Estatuto, se harán a través de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes, con el lleno de las siguientes formalidades:

a) Petición por escrito, presenta personalmente con anotación del nombre y apellidos completos, del documento de identidad, profesión u oficio, dirección y teléfono.

b) Si se tratare de personas jurídicas se requerirá, además:

1. Para fundaciones, asociaciones y corporaciones:

a. Certificado de vigencia de la personería jurídica y de representación legal.

b. Fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del representante legal y de los miembros de la junta directiva.

2. Para las sociedades en general:

a. Copia auténtica de las escrituras de constitución y de la última reforma, cuando se solicite por primera vez.

b. Certificado de existencia y representación legal, expedida por la cámara de comercio del domicilio principal de la sociedad.

c. Matrícula del registro mercantil de la sociedad.

d. Fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del representante legal y de los socios, así como de los integrantes de la junta directiva cuando se trate de sociedades diferentes a las anónimas.

e. Cuando se trate de sociedades anónimas se acompañará fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del representante legal y de los miembros principales y suplentes, de la junta directiva y del representante legal de las sociedades accionistas de ella.

3. Para personas jurídicas extranjeras:

a. Copia auténtica de la escritura de protocolización de documentos constitutivos corrida ante notario colombiano.

b. Certificado de matrícula constitución y gerencia, expedido por la cámara de comercio.

c. Fotocopia debidamente autenticada de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del representante legal, de los miembros de la junta directiva.

d. Certificado de la autoridad correspondiente sobre permiso de funcionamiento, con fecha de expedición no mayor de tres meses.

e. Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin ánimo de lucro, el correspondiente certificado de autorización de funcionamiento.

(D. 3788/86, art. 51).

(Nota: Derogado por el Decreto 585 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.1.6.5.—(Derogado).* Certificado dirigido al Ministerio de Comercio Industria y Turismo o al Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando el certificado se requiera con destino al Ministerio de Comercio Industria y Turismo o al Ministerio de Salud y Protección Social, la solicitud contendrá, a más de lo anterior:

a) Clases y cantidad de la sustancia por importar, exportar, comprar, vender, distribuir o fabricar.

b) Destino de producto.

c) Constancia de la empresa proveedora.

d) Fotocopia auténtica de la última declaración de industria y comercio.

e) Las personas jurídicas o naturales domiciliadas en Bogotá solicitarán al laboratorio químico del servicio geológico colombiano, visita a las instalaciones de la empresa y este conceptuará sobre el uso o aplicación que se dará a las sustancias según el objeto de la respectiva industria.

Cuando no estén domiciliadas en Bogotá, se les indicará en cada caso por la secretaría ejecutiva del consejo, la autoridad que efectuará la visita.

(D. 3788/86, art. 52).

(Nota: Derogado por el Decreto 585 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.1.6.6.—Aprobación de licencias del personal aeronáutico. Para los efectos del numeral 8º, literal f), del artículo 93 del Estatuto, se expedirá el certificado sobre carencia de informes por narcotráfico a la tripulación que solicite licencia de piloto, ingeniero de vuelo, navegante o auxiliar de vuelo, así como para su adición o renovación.

(D. 3788/86, art. 54).

ART. 2.2.2.1.6.7.Sesiones del comité técnico asesor. El comité técnico asesor de prevención nacional de la farmacodependencia se reunirá ordinariamente dos veces al mes, según convocatoria que hará su presidente, por lo menos con cuarenta y ocho horas de antelación y en forma extraordinaria cuando lo cite el Consejo Nacional de Estupefacientes.

(D. 3788/86, art. 55).

ART. 2.2.2.1.6.8.Contravención por falta de aviso a las autoridades. Con relación al literal c) del artículo 64 del Estatuto, se tiene que incurre en contravención el dueño, poseedor o arrendatario de predios donde existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Aeronáutica Civil que no diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercanas, acerca de la tripulación y el dueño, tenedor o explotador de aeronave de servicio privado o comercial que:

a) Aterrice en aeropuerto o pista no autorizados por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil u opere en aeropuerto o pista autorizados, pero fuera de los horarios establecidos para tal fin.

b) Opere aeronave sin llevar a bordo los documentos que acrediten su nacionalidad y la autorización del plan de vuelo correspondiente.

c) La interne en el país o la conduzca al exterior sin cumplir los requisitos exigidos en las leyes y reglamentos.

d) Emprenda vuelo sin autorización o sin el plan correspondiente, o lo varíe sin aprobación de la respectiva torre de control.

e) No presente a las autoridades después de aterrizar, el plan de vuelo y las licencias técnica y médica cuando fuere requerido para ello.

f) Demore injustificadamente el tránsito entre dos o más aeropuertos o pistas especificado en el plan de vuelo.

g) Use indicativos, letras o números distintos a los que corresponden a la matrícula legal de la aeronave.

(D. 3788/86, art. 57).

ART. 2.2.2.1.6.9.—Inutilización de pistas de aterrizaje. Cuando existan o se encuentren pistas de aterrizaje sin autorización del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, habrá lugar a su inutilización.

(D. 3788/86, art. 58).

ART. 2.2.2.1.6.10.Término para dictar la resolución. El trámite contravencional, la resolución a que se refiere el literal f) del artículo 68 del estatuto, se tomará dentro de los diez días siguientes, siempre que hubiese procedido el dictamen del Instituto de Medicina Legal, cuando así se requiera.

(D. 3788/86, art. 59).

CAPÍTULO 2

Armonización de disposiciones relativas al consumo y porte de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.2.2.1.1.Objeto. El presente capítulo tiene por objeto sistematizar, coordinar y reglamentar algunas disposiciones de los códigos Nacional de Policía, Sanitario, Penitenciario y Carcelario, Sustantivo del Trabajo y otras normas que establecen limitaciones al porte y al consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y fijar los criterios para adelantar programas educativos y de prevención sobre dicha materia.

(D. 1108/94, art. 1º).

ART. 2.2.2.2.1.2.—Materias reglamentadas. En especial, el presente capítulo contiene disposiciones reglamentarias de los códigos y materias que se indican a continuación:

1. La prevención integral del consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2. La Ley 1151 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”.

3. El Código Nacional de Policía.

4. La Ley 182 de 1991, “por la cual se ordena el control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte”.

5. El Código Penitenciario y Carcelario y sus disposiciones sobre porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

6. El Decreto 2535 de 1993, “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”.

7. El Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de los Servidores Públicos.

8. El Código Sanitario.

9. El Estatuto Nacional de Estupefacientes.

10. La Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por Ley 164 de 1972.

(D. 1108/94, art. 2º).

SECCIÓN 2

En relación con el código educativo

ART. 2.2.2.2.2.1.—Prohibición de consumo en establecimientos educativos. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Será obligación de los directivos, docentes y administrativos de los establecimientos educativos que detecten casos de tenencia o consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, informar de ello a la autoridad del establecimiento educativo; tratándose de un menor deberá comunicarse tal situación a los padres y al defensor de familia, y se procederá al decomiso de tales productos.

(D. 1108/94, art. 9º).

ART. 2.2.2.2.2.2.Reglamentos y manuales de convivencia. En los reglamentos estudiantiles o manuales de convivencia se deberá incluir expresamente la prohibición a que se refiere el artículo anterior y las sanciones que deben aplicarse a sus infractores, con sujeción a lo dispuesto en la Ley General de Educación.

Es responsabilidad de las secretarías de educación de las entidades territoriales, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

(D. 1108/94, art. 10).

ART. 2.2.2.2.2.3.Deber de información. Los directores y docentes de los establecimientos educativos que detecten entre sus educandos casos de tenencia, tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, están obligados a informar a los padres y al defensor de familia para que adopten las medidas de protección correspondientes. El incumplimiento de esta obligación será sancionada en la forma prevista en el Código Educativo y en el Estatuto Docente, según sea el caso.

(D. 1108/94, art. 11).

ART. 2.2.2.2.2.4.—Proyectos educativos institucionales. Todo establecimiento educativo, estatal o privado deberá incluir en su proyecto educativo institucional procesos de prevención integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.9.1., del presente capítulo.

Para tal efecto se desarrollarán en las instituciones educativas planes de formación a través de seminarios, talleres, encuentros, eventos especiales, foros, pasantías, que posibiliten la reflexión, movilización, participación y organización en torno al fenómeno cultural de las drogas y el desarrollo de propuestas y proyectos escolares y comunitarios como alternativas de prevención integral.

(D. 1108/94, art. 12).

ART. 2.2.2.2.2.5.Procesos de formación en prevención integral. En los niveles de educación básica (ciclos de primaria y secundaria) y media y en los programas de educación superior y de educación no formal, se adelantarán procesos de formación en prevención integral y se programará información sobre los riesgos de la farmacodependencia, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto determine el Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Como principal estrategia se promoverá el proceso de participación y organización de la comunidad educativa.

PAR.—Las instituciones de educación superior desarrollarán además de los mecanismos de formación y prevención mencionados en este artículo, círculos de prevención para afrontar el riesgo de la farmacodependencia.

(D. 1108/94, art. 13).

ART. 2.2.2.2.2.6.Procesos de prevención integral. El Ministerio de Educación Nacional fortalecerá, promoverá y orientará en forma permanente y continua procesos de prevención integral a través del sistema educativo y proveerá los recursos humanos físicos y financieros para ello.

(D. 1108/94, art. 14).

ART. 2.2.2.2.2.7.Seguimiento. En ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16912 de la Ley General de Educación, los gobernadores y alcaldes en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, e impondrán las sanciones del caso de conformidad con las normas legales.

(D. 1108/94, art. 15).

SECCIÓN 3

En relación con el Código Nacional de Policía

ART. 2.2.2.2.3.1.—Prohibición de consumo en lugares públicos o abiertos al público. Se prohíbe el uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en lugares públicos o abiertos al público, de conformidad con el Decreto 135513(sic) de 1970, “por el cual se dictan normas sobre policía” y demás normas que lo complementan.

Para los efectos del presente artículo se entiende por lugar público o abierto al público, entre otros, los centros educacionales, asistenciales, culturales, recreativos, vacacionales, deportivos, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares, las naves, aeronaves y cualquier vehículo de transporte público, las oficinas públicas, los restaurantes, bares, tabernas, discotecas, hoteles, parques, plazas y vías públicas.

PAR.—En todo caso y con independencia del lugar donde se realice la conducta, se prohíbe el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas cuando dicha actividad se realice en presencia de menores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o cuando se afecten derechos de terceros.

(D. 1108/94, art. 16).

ART. 2.2.2.2.3.2.—Deberes de los dueños y administradores de establecimientos públicos o abiertos al público. El dueño, administrador o director del establecimiento público o abierto al público expulsará a quien consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas en tales lugares. En caso de requerir apoyo para tal efecto, acudirá a la respectiva autoridad de policía. Tratándose de menores, se avisará a la autoridad competente para efecto de la aplicación de las medidas a que haya lugar.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar al cierre temporal del establecimiento, cuando se trate de negocios particulares, por un período no mayor de siete (7) días calendario.

En caso de reincidencia se suspenderá el permiso o licencia del establecimiento hasta por treinta (30) días calendario.

(D. 1108/94, art. 17).

ART. 2.2.2.2.3.3.Deberes de información. Los propietarios, gerentes, administradores o concesionarios de hoteles, restaurantes, clubes, bares, hospitales, clínicas y otros establecimientos abiertos al público están obligados a informar a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que posean o consuman estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

(D. 1108/94, art. 18).

ART. 2.2.2.2.3.4.Sanciones. Al que suministre, auspicie o tolere en su establecimiento el uso o consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas se le sancionará con la suspensión del permiso o licencia del establecimiento hasta por treinta (30) días calendario, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar.

En caso de reincidencia se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento.

(D. 1108/94, art. 19).

ART. 2.2.2.2.3.5.Medidas correctivas. Las autoridades de policía impondrán las medidas correctivas correspondientes a las personas que realicen en lugares o recintos privados reuniones en donde se consuman estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que alteren la tranquilidad pública.

(D. 1108/94, art. 20).

ART. 2.2.2.2.3.6.Medidas transitorias. Las personas que por efecto del consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas se encuentren en estado de grave excitación que pueda dar lugar a la comisión de una infracción de acuerdo con lo previsto en el Código Nacional de Policía, serán retenidas transitoriamente por la respectiva autoridad de policía.

(D. 1108/94, art. 21).

ART. 2.2.2.2.3.7.—Publicidad. Conforme al artículo 11016(sic) del Código Nacional de Policía, se prohíbe la publicidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

(D. 1108/94, art. 22).

SECCIÓN 4

En relación con la Ley 1818 de 1991

ART. 2.2.2.2.4.1.Prohibición de uso de estupefacientes en actividades deportivas. Prohíbese en todas las actividades deportivas del país el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuyos efectos procuren artificialmente mejorar el rendimiento, reducir la angustia, disminuir la fatiga o incrementar el poder de los músculos de los competidores, conforme a lo preceptuado por el artículo 119o(sic) de la Ley 18 de 1991, sin perjuicio de las demás sustancias y métodos prohibidos por la ley.

(D. 1108/94, art. 23).

ART. 2.2.2.2.4.2.Sanción. Los médicos que prescriban con los fines indicados en el artículo anterior tales sustancias, no podrán continuar ejerciendo esta especialidad en el territorio nacional, así el hecho se haya realizado fuera del país, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 120o(sic) de la Ley 18 de 1991.

Para los efectos disciplinarios se consideran faltas graves contra la sana competición y la disciplina deportiva, la promoción, incitación o utilización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en las prácticas a que se refiere el artículo 1º de la citada ley, así como la negativa a someterse a los controles exigidos por órganos o personas competentes, o cualquier omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles.

(D. 1108/94, art. 24).

ART. 2.2.2.2.4.3.Sometimiento al régimen sancionatorio de la Ley 18 de 1991. Igualmente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 8º21(sic) de la Ley 18 de 1991, el entrenador, el dirigente o el patrocinador que induzca, aconseje, propicie o estimule a un deportista al consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, también se someterá a las sanciones previstas en el régimen disciplinario establecido por dicha ley.

(D. 1108/94, art. 26).

SECCIÓN 5

En relación con el Código Penitenciario y Carcelario

ART. 2.2.2.2.5.1.—Prohibición en los centros de reclusión. Prohíbese a los internos de cualquier establecimiento de reclusión el porte y el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con base en lo previsto en la Ley 6522(sic) de 1993, “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

(D. 1108/94, art. 27).

ART. 2.2.2.2.5.2.Tratamiento y servicio médico. Al interno de cualquier establecimiento de reclusión que porte o consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas se le proporcionará tratamiento por parte del servicio médico del sitio de reclusión, con el fin de procurar su rehabilitación física y psicológica, previa evaluación médica, psicológica y psiquiátrica del interno, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

PAR.—De conformidad con el artículo 12223(sic) de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, las sustancias a que se refiere el presente artículo serán decomisadas.

(D. 1108/94, art. 28).

ART. 2.2.2.2.5.3.—Prohibición para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. Prohíbese a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de cualquier establecimiento de reclusión el ingreso, el porte y el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con base en lo previsto en el literal c) del artículo 4524 de la Ley 65 de 1993, “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior acarreará la destitución del funcionario, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

(D. 1108/94, art. 29).

SECCIÓN 6

En relación con las normas sobre armas, municiones y explosivos

ART. 2.2.2.2.6.1.—Negativa al permiso. De acuerdo con lo previsto en los artículos 3325(sic) y 3426(sic) del Decreto 2535 de 1993, no se otorgarán permisos para tenencia ni para porte de armas a quienes de conformidad con los resultados del examen de aptitud psicofísica resulten ser adictos a estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

(D. 1108/94, art. 30).

ART. 2.2.2.2.6.2.Sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas. A quien consuma o se encuentre bajo el efecto de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y simultáneamente se le encuentre portando o transportando armas, municiones, explosivos o sus accesorios, se le incautará por parte de la autoridad competente el arma, munición, explosivo o sus respectivos accesorios. Se le impondrá multa hasta por un (1) salario mínimo legal mensual, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

(D. 1108/94, art. 31).

ART. 2.2.2.2.6.3.Reincidencia. Quien reincide en tal conducta o utilice armas, municiones, explosivos o sus respectivos accesorios encontrándose bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se le impondrá el decomiso de tales elementos y se le cancelará de manera definitiva el permiso de tenencia y porte de los mismos, teniendo en cuenta las normas aplicables del Decreto 253527(sic) de 1993.

(D. 1108/94, art. 32).

ART. 2.2.2.2.6.4.—Trámite para sanciones. Para los efectos previstos en los artículos anteriores, se aplicarán las normas y procedimientos contemplados en los artículos 8328(sic) a 9129(sic) del Decreto 2535 de 1993.

(D. 1108/94, art. 33).

SECCIÓN 7

En relación con el Código Sustantivo del Trabajo y el régimen de los servidores públicos

ART. 2.2.2.2.7.1.Prohibiciones para los trabajadores. Se prohíbe a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o incitarlas a consumirlas en dicho sitio. La violación de esta prohibición constituirá justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono, según lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 6231(sic) del Código Sustantivo del Trabajo.

(D. 1108/94, art. 38).

ART. 2.2.2.2.7.2.—Inclusión de la prohibición en los reglamentos internos de trabajo. En el reglamento interno de trabajo a que se refieren los artículos 10432(sic) a 12533(sic) del Código Sustantivo de Trabajo es obligación del patrono consagrar las prohibiciones indicadas en el artículo anterior.

El incumplimiento de esta obligación ocasionará la imposición de las sanciones contempladas en el mismo código.

(D. 1108/94, art. 39).

ART. 2.2.2.2.7.3.—Prohibición durante la jornada laboral. Se prohíbe a todos los servidores públicos en ejercicio de sus funciones el uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conforme a lo establecido por el artículo 8º34º(sic) del Decreto-Ley 2400 de 1968 o las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen y los diversos regímenes que regulan la función pública.

La violación de la anterior prohibición será sancionable de conformidad con el procedimiento previsto en el respectivo régimen disciplinario.

(D. 1108/94, art. 40).

SECCIÓN 8

Otras disposiciones de control

ART. 2.2.2.2.8.1.Prohibición en actividades riesgosas. Aquellas personas cuya actividad implica un riesgo para los demás o que son de responsabilidad respecto de terceros no podrán usar o consumir estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desarrollo de su actividad, de conformidad con las normas previstas en los reglamentos y códigos que regulan el ejercicio de la respectiva profesión u oficio.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende que desempeñan ese tipo de actividades, entre otros, los conductores de cualquier tipo de vehículos; pilotos de naves y aeronaves; alumnos de pilotaje, instructores de vuelo; maquinistas y operarios; médicos, odontólogos y demás profesionales de la salud; quienes manipulan o tienen bajo su cuidado materiales o sustancias combustibles o inflamables; explosivos, sustancias tóxicas, venenosas, corrosivas o radiactivas; quienes portan o transportan armas; operadores y controladores aéreos y en general personal técnico de mantenimiento y apoyo de aeronaves en tierra.

(D. 1108/94, art. 41).

ART. 2.2.2.2.8.2.Sanciones. La violación de la prohibición establecida en el artículo anterior, dará origen a la imposición de las sanciones de suspensión, inhabilitación, o cancelación definitiva de la licencia o permiso para el ejercicio de la respectiva profesión, actividad u oficio, de conformidad con las normas administrativas y penales que rijan la materia.

(D. 1108/94, art. 42).

ART. 2.2.2.2.8.3.Remisión a la sanción penal. Además de lo dispuesto en el presente capítulo, quien subrepticiamente o con violencia promueva, favorezca, facilite o intimide a otro a consumir estupefacientes o sustancias psicotrópicas o se los suministre, estará sujeto a las sanciones que establecen las normas penales sobre la materia, en particular el artículo 3535(sic) de la Ley 30 de 1986, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes, y se dictan otras disposiciones” o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

PAR.—Cuando la cantidad de estupefacientes o sustancias psicotrópicas supere la indicada como dosis para uso personal o cuando no la supere, pero en este caso la persona la tenga para su distribución o venta, dicha conducta se sancionará penalmente conforme a lo previsto en el artículo 3336(sic) de la Ley 30 de 1986 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

(D. 1108/94, art. 43).

SECCIÓN 9

Prevención integral

ART. 2.2.2.2.9.1.Prevención integral. La prevención integral es el proceso de promoción y desarrollo humano y social a través de la formulación y ejecución de un conjunto de políticas y estrategias tendientes a evitar, precaver y contrarrestar las causas y consecuencias del problema de la droga.

En desarrollo de los deberes que les corresponden concurrirán a dicha prevención integral la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado.

(D. 1108/94, art. 44).

ART. 2.2.2.2.9.2.Entidad encargada de la prevención integral. Con el fin de llevar a cabo un proceso de prevención integral del consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la dirección de política de lucha contra las drogas, deberá ejecutar las siguientes acciones:

1. Establecer y evaluar las características y magnitud del problema en todas sus dimensiones y manifestaciones.

2. Coordinar la formulación de programas y proyectos para ejecutar acciones de prevención integral de cobertura local, regional y nacional de acuerdo con la naturaleza del problema.

3. Establecer una red, entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en prevención integral para coordinar los diferentes servicios que le han sido asignados.

4. Desarrollar un programa de capacitación permanente que permita ampliar el número de personas que promuevan la prevención integral.

5. Generar sistemas de comunicación a nivel local, regional y nacional para apoyar las actividades informativas, educativas y movilizadoras de los programas y proyectos de prevención.

(D. 1108/94, art. 45).

ART. 2.2.2.2.9.3.Difusión de campañas. En desarrollo del artículo 1038(sic) de la Ley 30 de 1986, las estaciones de radiodifusión sonora y las programadoras de televisión que operen en el país deberán difundir campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de drogas que producen dependencia con la duración y periodicidad que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con reglamentación que dicho organismo expedirá. El Ministerio de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones continuará promoviendo y desarrollando la estrategia de comunicación para superar el problema de la droga.

(D. 1108/94, art. 46).

ART. 2.2.2.2.9.4.Campañas de prevención. Corresponde al sector salud, por conducto del, Ministerio de Salud y Protección Social, las secretarías y los servicios seccionales de salud adelantar campañas y programas de rehabilitación de acuerdo con los principios de concurrencia y subsidiariedad y los respectivos niveles de atención.

(D. 1108/94, art. 47).

SECCIÓN 10

En relación con el Código Sanitario

ART. 2.2.2.2.10.1.Obligaciones de los empleadores. Conforme a lo dispuesto en la sección 7 del presente capítulo y en desarrollo de la Ley 9ª de 1979, en materia de salud ocupacional y medicina preventiva y con el fin de preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores del sector público y privado y de la ciudadanía en general, constituyen obligaciones de estos y de los patronos:

1. Adoptar programas permanentes de prevención integral en materia de consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2. Hacer efectivas las medidas de protección y prevención integral indicadas en el numeral anterior.

3. Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecución de inspecciones e investigaciones que sean necesarias.

El incumplimiento de las obligaciones enunciadas en este artículo acarreará las sanciones administrativas y penales a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 577 del Código Sanitario.

(D. 1108/94, art. 48).

CAPÍTULO 3

Orden de captura con fines de extradición

ART. 2.2.2.3.1.Término para librar la orden de captura con fines de extradición. Para los efectos previstos en el artículo 64 de la Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 484 de la Ley 906 de 2004, a partir del momento en que la persona retenida, mediante notificación roja, sea puesta a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación, este tendrá un término máximo de cinco (5) días hábiles para librar la orden de captura con fines de extradición, si fuere del caso.

(D. 3860/2011, art. 1º).

ART. 2.2.2.3.2.—Requisitos de procedibilidad de la orden de captura con fines de extradición. Se considera como requisito de procedibilidad de la orden de captura con fines de extradición, expedida por la Fiscal General de la Nación, la observancia estricta de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004.

(D. 3860/2011, art. 2º).

CAPÍTULO 4

Aportes del frisco al fondo de reparación de víctimas

ART. 2.2.2.4.1.—Recursos provenientes de procesos de extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales SAE, o quien haga sus veces en calidad de administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, asignará anualmente a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas el cinco por ciento (5%) del total de la suma recaudada durante cada año, por los siguientes conceptos:

a) Las sumas de dinero cuyo derecho de dominio haya sido extinguido en cualquier tiempo mediante sentencia ejecutoriada a favor del Estado y que hayan sido efectivamente ingresadas al Frisco en el correspondiente año.

b) El monto total de las ventas netas realizadas en el correspondiente año, de los bienes ingresados a favor del Estado a través del Frisco, cuyo derecho de dominio haya sido extinguido en cualquier tiempo mediante sentencia ejecutoriada.

En todo caso, la transferencia de dichos recursos se realizará en moneda corriente dentro de los primeros tres (3) meses del año siguiente al que ingresaron definitivamente las sumas de dinero mediante sentencia ejecutoriada y/o se efectuaron las ventas netas de los bienes del Frisco.

PAR. 1º—La asignación de recursos de que trata el presente artículo regirá a partir de la vigencia fiscal del año 2013, de manera que la primera transferencia del Frisco a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas se realizará dentro de los primeros tres meses del año 2014.

PAR. 2º—El traslado de los recursos se hará a la cuenta que el fondo para la reparación de las víctimas disponga para este efecto.

(D. 1366/2013, art. 1º).

ART. 2.2.2.4.2.Actualización de porcentajes. El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá evaluar periódicamente, a instancia del Ministerio de Justicia y del Derecho, el comportamiento de las ventas de los bienes y el recibo directo de sumas de dinero, cuyo derecho de dominio haya sido extinguido a favor del Estado a través del Frisco, con el fin de que el Gobierno nacional ajuste el porcentaje de los recursos cuya transferencia se establece en el presente capítulo.

(D. 1366/2013, art. 2º).

CAPÍTULO 5

Inventario de bienes incautados

ART. 2.2.2.5.1.—Inventario de bienes incautados. El inventario que levanten las autoridades en la diligencia de incautación de los bienes de que trata la Ley 30 de 1986 deberá contener además:

1. Identificación, ubicación y extensión del bien.

2. Estado del bien.

3. Uso actual del bien.

4. Mejoras y bienes muebles vinculados a este y su descripción específica.

(D. 306/98, art. 1º).

ART. 2.2.2.5.2.—Medidas administrativas posteriores a la incautación. La Sociedad de Activos Especiales SAE una vez la entidad incautadora ponga a disposición el bien incautado, sin excepción, deberá adoptar las siguientes medidas administrativas:

1. Constituir la hoja única de control del bien, la cual deberá contener:

a) Situación fiscal: Establecer el estado del bien frente a las diferentes obligaciones que en materia de tributos tenga;

b) Situación jurídica: Establecer la situación jurídica del bien ante las diferentes autoridades de registro de instrumentos públicos, allegando copia de los folios de registro de matrícula inmobiliaria de los bienes o del instrumento a que hubiere lugar en el caso de bienes muebles sujetos a registro;

c) Situación del bien frente a las obligaciones que deriven de la prestación de los servicios públicos domiciliarios del inmueble.

2. Una vez establecido lo anterior, la Sociedad de Activos Especiales SAE incluirá el bien en el inventario, el cual deberá diligenciarse con la siguiente información:

Clasificación de los bienes con medida cautelar de decomiso sin sentencia definitiva, por departamento, municipio, distrito, etc., así:

I. Tipo de bien:

1.1. Inmuebles:
Vivienda

Oficina

Fincas (rurales)

Comercial

Hoteleros

Otros: Describir
1.2. Muebles:
Vehículos

Terrestres

Marítimos

Aéreos

De servicio particular

De servicio público

Otros: Describir

Maquinaria agrícola

Equipo oficina

Muebles y enseres

Moneda nacional o extranjera

Joyas

Lingotes de oro

Títulos valores

Otros: Describir

• Cuando se trate de moneda de curso legal o extranjera deberá relacionarse la clase de moneda, la descripción de los números de serie, su valor y cantidad.

• Cuando se trate de títulos valores deberán identificarse todos los datos contenidos en el título, tales como fecha de expedición, emisor, beneficiario, tenedor, monto, vencimiento, etc.

• Si se trata de joyas o lingotes de oro, deberá indicarse su peso, descripción y cantidad.

II. La descripción del bien con la fecha en que fue recibido por la Sociedad de Activos Especiales SAE.

III. Destinatario: Acto mediante el cual se hizo la destinación. Identificación del destinatario. Fecha desde que se hizo la destinación

IV. Condiciones de la tenencia por parte del destinatario.

V. Estado de los impuestos de los bienes:

• Al momento de recibirlos de la entidad incautadora

• Al momento de entregarlo al destinatario provisional.

PAR. 1º—La Sociedad de Activos Especiales SAE podrá realizar convenios con las autoridades fiscales y de registro de todo nivel, para el suministro de la información correspondiente.

PAR. 2º—A partir de la fecha de entrega del inventario al Consejo Nacional de Estupefacientes, la Sociedad de Activos Especiales SAE entregará bimestralmente al consejo, el inventario debidamente actualizado.

(D. 306/98, art. 2º).

CAPÍTULO 6

Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, autorización extraordinaria para el manejo de sustancias y/o productos químicos controlados

(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.2.6.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 2

Disposiciones comunes a tas solicitudes de CCITE y de autorización extraordinaria para el manejo de sustancias y/o productos químicos controlados

ART. 2.2.2.6.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.2.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 3

Clases de solicitudes, requisitos, evaluación y otorgamiento del CCITE

ART. 2.2.2.6.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 4

Causales, requisitos, evaluación y otorgamiento de autorización extraordinaria de manejo de sustancias y/o productos químicos controlados

ART. 2.2.2.6.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 5

Anulación unilateral del CCITE

ART. 2.2.2.6.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.2.6.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 585 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

TÍTULO 3

Promoción de la justicia

CAPÍTULO 1

De la acción de tutela

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.2.3.1.1.1.De los derechos protegidos por la acción de tutela. De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

(D. 306/92, art. 2º).

ART. 2.2.3.1.1.2.De cuando no existe amenaza de un derecho constitucional fundamental. Se entenderá que no se encuentra amenazado un derecho constitucional fundamental por el solo hecho de que se abra o adelante una investigación o averiguación administrativa por la autoridad competente con sujeción al procedimiento correspondiente regulado por la ley.

(D. 306/92, art. 3º).

ART. 2.2.3.1.1.3.—De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.

Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación.

(D. 306/92, art. 4º).

ART. 2.2.3.1.1.4.De la notificación de las providencias a las partes. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa.

(D. 306/92, art. 5º).

ART. 2.2.3.1.1.5.Del contenido del fallo de tutela. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, numeral 3 del Decreto 2591 de 1991, el juez deberá señalar en el fallo el derecho constitucional fundamental tutelado, citar el precepto constitucional que lo consagra, y precisar en qué consiste, la violación o amenaza del derecho frente a los hechos del caso concreto.

(D. 306/92, art. 6º).

ART. 2.2.3.1.1.6.—De los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo.

(D. 306/92, art. 7º).

ART. 2.2.3.1.1.7.Imposición de sanciones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuando de acuerdo con la Constitución o la ley el funcionario que haya incumplido una orden proferida por el juez solo pueda ser sancionado por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha autoridad copia de lo actuado para que esta adopte la decisión que corresponda.

(D. 306/92, art. 9º).

SECCIÓN 2

Reglas para el reparto de la acción de tutela

ART. 2.2.3.1.2.1.(Modificado).* Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.

A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.

A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden Distrital o municipal y contra particulares.

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal.

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente capítulo.

Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1º del presente artículo.

PAR.—Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente, este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados.

En este caso, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento en que sea recibida por el juez competente.

(D. 1382/2000, art. 1º).

*(Nota: Modificado por el Decreto 1983 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.1.2.2.—Reparto en caso de existencia de varios despachos judiciales de la misma jerarquía. Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquel en que, conforme al artículo anterior, resulte competente para conocer de la acción, la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad.

Realizado el reparto se remitirá inmediatamente la solicitud al funcionario competente.

En aquellos eventos en que la solicitud de tutela se presente verbalmente, el juez remitirá la declaración presentada, en acta levantada, o en defecto de ambas, un informe sobre la solicitud al funcionario de reparto con el fin de que proceda a efectuar el mismo.

En desarrollo de la labor de reparto, el funcionario encargado podrá remitir a un mismo despacho las acciones de tutela de las cuales se pueda predicar una identidad de objeto, que permita su trámite por el mismo juez competente.

(D. 1382/2000, art. 2º).

ART. 2.2.3.1.2.3.—Acumulación de decisiones. El juez que aboque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad de objeto, podrá decidir en una misma sentencia sobre todas ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del término previsto para ello.

(D. 1382/2000, art. 3º).

ART. 2.2.3.1.2.4.(Modificado).* Reglamentos internos. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones o subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinará la conformación de salas de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las que se refiere el inciso 2º del numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1, del presente capítulo.

(D. 1382/2000, art. 4º).

*(Nota: Modificado por el Decreto 1983 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.1.2.5.(Modificado).* Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente capítulo sólo se aplicarán a las acciones de tutela que se presenten con posterioridad al 12 de julio de 2000. Las acciones presentadas con anterioridad a esta fecha serán resueltas por el juez competente al momento de su presentación, así como la impugnación de sus fallos.

(D. 1382/2000, art. 5º).

*(Nota: Modificado por el Decreto 1983 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 3

Reglas de reparto de acciones de tutela masivas

(Nota: Adicionado por el Decreto 1834 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.1.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1834 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.1.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1834 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.1.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1834 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1834 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 2

Intervención discrecional de la agencia nacional de defensa jurídica del Estado

(Nota: Modificada la denominación del presente capítulo por el Decreto 2137 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.1.—Intervención discrecional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá intervenir en los procesos que se tramiten en cualquier jurisdicción, siempre que en ellos se controviertan intereses litigiosos de la Nación y el asunto cumpla con los criterios establecidos por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(D. 1365/2013, art. 1º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.—Intereses litigiosos de la Nación. Se consideran intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2º del Decreto-Ley 4085 de 2011, los siguientes:

a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la administración pública del orden nacional por ser parte en un proceso;

b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación;

c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional;

d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación o el Estado;

e) Los demás que determine el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

PAR.—El secretario general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrá a su cargo la socialización de los acuerdos del Consejo Directivo en los que se fijen criterios de intervención. Para ello, además de la publicación en el Diario Oficial, dispondrá lo pertinente para que, a más tardar al día hábil siguiente de su expedición, sean publicados en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y sean enviados a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, instancia que se encargará de difundirlos y remitirlos a todos los despachos judiciales del país por el medio más expedito.

(D. 1365/2013, art. 2º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.3.—Notificación de autos admisorios y de mandamientos de pago a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La notificación a la que se refiere el inciso 6º del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 de autos admisorios de demanda y de mandamientos de pago, únicamente será procedente cuando se trate de procesos donde se encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2º del Decreto-Ley 4085 de 2011 y el presente capítulo.

PAR.—Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos.

(D. 1365/2013, art. 3º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.4.—Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En desarrollo del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2º del Decreto-Ley 4085 de 2011 y el presente capítulo.

(D. 1365/2013, art. 4º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.5.—Contenido de los conceptos sobre extensión de jurisprudencia. Los conceptos que profiera la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 614 del Código General del Proceso deberán contener, como mínimo:

1. La identificación de la sentencia o las sentencias cuya extensión fue solicitada.

2. Un dictamen motivado acerca del carácter de unificación de la sentencia invocada. Si esta se limita a reiterar el contenido de una decisión anterior, el concepto también la comprenderá.

3. La identificación de los supuestos de hecho y de derecho en los que dicho fallo es aplicable y las consecuencias jurídicas aplicables de acuerdo con la sentencia.

PAR.—La valoración de las pruebas y la verificación de los supuestos de hecho de cada caso concreto corresponderá a la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, en los términos del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 1365/2013, art. 5º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.6.—Alcance de los conceptos sobre extensión de jurisprudencia. Los conceptos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado rinda a una entidad pública serán aplicables a todas las demás peticiones de extensión de jurisprudencia que se presenten ante ella con base en la misma sentencia o en otra que reitere su contenido.

Si la entidad pública solicita un nuevo concepto sobre el mismo fallo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá remitirse a los conceptos anteriores, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 19 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 1365/2013, art. 6º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.7.—Aplicación de la decisión extendida. Las entidades públicas a las que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado haya rendido conceptos sobre extensión de la jurisprudencia velarán porque se aplique lo dispuesto en las providencias extendidas en todos los casos similares que lleguen a su conocimiento, así el interesado no haya presentado la solicitud de que trata el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo.

La existencia de un concepto de la agencia favorable a la extensión de los efectos de una sentencia será elemento de juicio en las decisiones de los comités de conciliación de las entidades públicas, en aquellos eventos en los que un caso similar se someta a su consideración.

PAR.—En todo caso, los conceptos que rinda la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, según lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 1365/2013, art. 7º).

(Nota: Véase Decreto 2137 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 2.

Trámite de mediación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en conflictos entre entidades del orden nacional

(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SUBSECCIÓN 1.

Mediación de conflictos entre entidades públicas del orden nacional

ART. 2.2.3.2.2.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SUBSECCIÓN 2.

Lista única de mediadores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

ART. 2.2.3.2.2.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SUBSECCIÓN 3.

Seguimiento y trámite

ART. 2.2.3.2.2.2.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.2.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.2.2.2.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2137 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 3

Asesoría en los procesos de defensa judicial

ART. 2.2.3.3.1.Alcance de la asesoría. En virtud del artículo 46 de la Ley 1551 de 2012, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado brindará asesoría a los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría mediante recomendaciones generales en materia de embargos proferidos en procesos ejecutivos y contenciosos contra recursos del sistema general de participación, regalías y rentas propias con destinación específica para el gasto social. De los municipios de acuerdo con el artículo 45 de la misma ley.

PAR.—La asesoría que brinde la agencia no se extenderá a los casos o procesos judiciales específicos, ni compromete la responsabilidad de esta frente a la aplicación que la entidad territorial haga de las recomendaciones. Cada municipio deberá valorar la conveniencia y oportunidad de la aplicación de las recomendaciones en los casos o situaciones litigiosas concretas.

(D. 58/2014, art. 1º).

ART. 2.2.3.3.2.Formas de acceder a la asesoría. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado brindará a los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría la asesoría descrita en el artículo anterior, principalmente a través de un enlace especial en su página web en la que serán publicados los documentos generados por dicha entidad;

(D. 58/2014, art. 2º).

ART. 2.2.3.3.3.Grupo de asesoría municipal. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado creará un grupo interno de trabajo en el marco de las competencias establecidas en el numeral 16 del artículo 11 del Decreto 4085 de 2011, que tendrá por funciones planear, coordinar y ejecutar con el acompañamiento de sus dependencias, las acciones establecidas en el presente capítulo.

PAR.—La creación del grupo a que hace referencia el presente artículo no implica la modificación de la actual planta de personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(D. 58/2014, art. 3º).

ART. 2.2.3.3.4.Representación judicial. La representación judicial de los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, deberá seguir el procedimiento establecido en el parágrafo 1º del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011.

(D. 58/2014, art. 4º).

CAPÍTULO 4

Información litigiosa del Estado

SECCIÓN 1

Sistema de información litigiosa del Estado

ART. 2.2.3.4.1.1.—Sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado. El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado “eKOGUI” es el único sistema de gestión de información del Estado, para el seguimiento de las actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales.

(D. 2052/2014, art. 1º).

ART. 2.2.3.4.1.2.Objetivo. El sistema único de gestión e información de la actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, es la herramienta para la adecuada gestión del riesgo fiscal asociado a la actividad judicial y extrajudicial de la Nación, así como para monitorear y gestionar los procesos que se deriven de aquella actividad, sin perjuicio de la función constitucional y legal atribuida a la Contraloría General de la República.

El sistema brindará mecanismos focalizados para la generación de conocimiento, la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, la generación de estrategias de defensa jurídica y el diseño de políticas para la adecuada gestión del ciclo de defensa jurídica.

(D. 2052/2014, art. 2º).

ART. 2.2.3.4.1.3.Ámbito de aplicación. El sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI deberá ser utilizado y alimentado por las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico y por aquellas entidades privadas del mismo orden que administren recursos públicos. El sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado – eKOGUI es la fuente oficial de la información sobre la actividad litigiosa del Estado.

Cualquier información que las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las demás instituciones que tienen obligación o competencia para recaudar información sobre la materia, o a los ciudadanos en general, deberá coincidir con la información contenida en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI.

PAR. 1º—La información de los procesos y reclamaciones de las entidades públicas del orden nacional que entren o se encuentren en proceso de liquidación de que tratan los artículos 25 y 35, inciso final del· Decreto-Ley 254 de 2000, modificados por los artículos 13 y 19 de la Ley 1105 de 2006, respectivamente, deberá ser reportada en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI. Igualmente reportarán la información las entidades que entren en proceso de supresión.

PAR. 2º—Las sociedades fiduciarias que administren recursos para la atención de procesos judiciales de las entidades del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, deberán reportar la información de los mismos en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI.

(D. 2052/2014, art. 3º).

ART. 2.2.3.4.1.4.—Lineamientos para el control, administración y dirección del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI. Los lineamientos generales para el control, administración y dirección del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUl, así como plan de vigilancia judicial para seguimiento y monitoreo de la información contenida en el mismo serán definidos por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los cuales tendrán carácter vinculante para las entidades y organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo.

(D. 2052/2014, art. 4º).

ART. 2.2.3.4.1.5.Protocolos, lineamientos e instructivos. Los protocolos, lineamientos e instructivos para la implementación y uso adecuado del sistema único gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI, serán fijados por la dirección de gestión información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y tendrán carácter vinculante para las entidades y organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo.

(D. 2052/2014, art. 5º).

ART. 2.2.3.4.1.6.—Usuarios del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI. Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, son usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUl, los funcionarios que ocupen los siguientes cargos o designaciones:

Jefe de oficina asesora jurídica o quien haga sus veces.

Administrador del sistema en la entidad.

Apoderado de entidad.

Secretario técnico comité de conciliación.

Jefe de oficina financiera o quien haga sus veces.

Jefe de oficina de control interno o quien haga sus veces.

(D. 2052/2014, art. 6º).

ART. 2.2.3.4.1.7.—Funciones del jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad o quien haga sus veces. Son funciones del jefe de la oficina asesora jurídica o quien haga sus veces frente al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:

1. Coordinar el registro oportuno y la actualización permanente la información la actividad litigiosa de la entidad, en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUl, de conformidad con los lineamientos, protocolos e instructivos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2. Gestionar, de acuerdo con sus competencias y dentro del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUl, el proceso de pagos de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia.

3. Liderar la aplicación de los lineamientos e instructivos que expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la implementación y uso sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado eKOGUI.

(D. 2052/2014, art. 7º).

ART. 2.2.3.4.1.8.—Designación del administrador de la información reportada en sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado eKOGUI. Los representantes legales las entidades de que trata este capítulo, deberán asegurar el registro oportuno y la actualización permanente de información en sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI, para lo cual, deberá designar como administrador del sistema a un servidor que acredite título de abogado.

El nombre del servidor designado deberá ser informado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De no remitirse dicha información, se entenderá que la responsabilidad de la administración del Sistema recae en el representante legal de la entidad. Así mismo, cuando se presente cambio de administrador del Sistema se deberá informar a la Agencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a su designación.

PAR.—Los representantes legales de las entidades y organismos del orden nacional con sedes a nivel territorial, deberán designar, un administrador local para cada una de las sedes, quien cumplirá con las mismas funciones del administrador central.

(D. 2052/2014, art. 8º).

ART. 2.2.3.4.1.9.—Funciones del administrador del sistema en la entidad. Son funciones del administrador del sistema único de gestión e información de actividad litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:

1. Servir de canal de comunicación entre la Agencia y los usuarios del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado – eKOGUI en la entidad.

2. Gestionar con los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI en la entidad, las solicitudes de verificación, corrección e incorporación de información que realice la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado, en los plazos que esta establezca

3. Remitir, una vez notificada la entidad, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado las piezas procesales que configuren el litigio de los procesos judiciales y trámites arbitrales donde la suma pretensiones supere treinta y tres mil salarios mínimos legales vigentes (33.000 SMLV).

4. Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado de sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI, a los usuarios de la entidad de conformidad con los instructivos que la Agencia expida para tal fin.

6. Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los casos, procesos y trámites arbitrales dentro del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUl, de conformidad con instrucciones impartidas por el jefe de la entidad o el jefe de la oficina jurídica.

7. Informar a la agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia absoluta o temporal de los usuarios del sistema.

(D. 2052/2014, art. 9º).

ART. 2.2.3.4.1.10.—Funciones del apoderado. Son funciones del apoderado frente al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:

1. Registrar y actualizar de manera oportuna en el sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUl, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos judiciales, y los trámites arbitrales a su cargo.

2. Validar la información de solicitudes de conciliación, procesos judiciales y trámites arbitrales a su cargo, que haya sido registrada en el Sistema por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e informar a la Agencia, dentro de los 15 días siguientes al ingreso de la información, cualquier inconsistencia para su corrección.

3. Diligenciar y actualizar las fichas que serán presentadas para estudio en los comités de conciliación, de conformidad con los instructivos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expida para tal fin.

4. Calificar el riesgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo, de conformidad con la metodología que determine la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo de conformidad con la metodología que se establezca para tal fin.

PAR.—Cuando la representación extrajudicial y judicial sea adelantada por abogados externos a la entidad, se deberán incluir como obligaciones del contrato el cumplimiento de las responsabilidades asignadas para los apoderados en el presente artículo.

(D. 2052/2014, art. 10).

ART. 2.2.3.4.1.11.—Funciones del secretario técnico del comité de conciliación. Son funciones del secretario técnico del comité de conciliación frente al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:

1. Convocar a través del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUl, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de conciliación a sus miembros permanentes y los demás invitados.

2. Elaborar a través del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUl, el orden del día para cada sesión de comité y las actas de cada sesión del comité.

(D. 2052/2014, art. 11).

ART. 2.2.3.4.1.12.—Funciones del jefe financiero o quien haga sus veces. Son funciones del jefe financiero o quien haga sus veces frente al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUl, las siguientes:

1. Gestionar, de acuerdo con sus competencias y dentro del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI, el proceso de pagos de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia.

2. Vigilar que todos los procesos judiciales tengan el valor de la provisión contable registrada en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI en caso de pérdida.

(D. 2052/2014, art. 12).

ART. 2.2.3.4.1.13.—Funciones comunes para los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI. Son funciones comunes para los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:

1. Asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI, que convoque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o el administrador de entidad.

2. Salvaguardar, en el marco de sus competencias funcionales, la confidencialidad de la información contenida en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado - eKOGUI y adoptar las medidas efectivas para la protección de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 o las normas que lo compilen, adicionen, sustituyan o modifiquen.

PAR.—Los usuarios del sistema, son los responsables directos por la veracidad y oportunidad de la información que ellos reporten en el mismo dentro del marco de sus competencias funcionales.

(D. 2052/2014, art. 13).

ART. 2.2.3.4.1.14.Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el sistema.

(D. 2052/2014, art. 14).

ART. 2.2.3.4.1.15.Infraestructura tecnológica. Los representantes legales de las entidades destinatarias de este capítulo deberán tomar las acciones que se requieran para que al interior de la entidad se cuente con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para acceder al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado – eKOGUI.

(D. 2052/2014, art. 15).

ART. 2.2.3.4.1.16.—Restricción para las entidades públicas del orden nacional en el desarrollo de nuevos sistemas de información litigiosa. A partir del 16 de octubre de 2014, las entidades públicas del orden nacional no podrán desarrollar sistemas de información que tengan el mismo objeto del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado – eKOGUI.

La existencia y operación de sistemas de información de defensa judicial al interior de las entidades a las que se refiere este capítulo, no las exime de usar y alimentar el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado – eKOGUI.

(D. 2052/2014, art. 16).

SECCIÓN 2

Información sobre procesos judiciales en entidades en liquidación

ART. 2.2.3.4.2.1.—Informe de procesos. De conformidad con el artículo 253 del Decreto 254 de 2000, el inventario o informe de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en los cuales sea parte la entidad en liquidación se entregará a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tres (3) meses después de posesionado el liquidador, en los formatos que para tal fin sean diseñados y adoptados por esa entidad.

(D. 414/2001, art.1º).

(Nota: Subrogado por el Decreto 1167 de 2016 artículo 6° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.4.2.2.—Contenido del informe. El informe o inventario de procesos y reclamaciones contendrá la siguiente información básica:

1. Registro completo del demandante o reclamante, con indicación de nombre, identificación, dirección de domicilio o correspondencia, cargo ocupado y tiempo de servicio, si es del caso.

2. Registro del apoderado del demandante o reclamante, con indicación de su nombre, identificación, dirección y teléfono.

3. Relación detallada de las pretensiones de la demanda o reclamación, con indicación de su valor.

4. Informe detallado del estado del proceso o reclamación, instancia en que se encuentra, cuantía, medidas cautelares, etc.

5. Registro del despacho judicial o administrativo en que cursa y cursó el proceso o reclamación.

6. Informe detallado de la actuación realizada por la entidad en liquidación.

7. Registro del apoderado de la entidad en liquidación, con indicación de nombre, identificación, dirección y teléfono.

8. Forma de vinculación del apoderado con la Entidad en liquidación, cargo que ocupa y salario, o valor de los honorarios, forma establecida de pago y pagos efectivamente realizados.

9. Otros datos que complementen la información y que el liquidador considere necesario indicar.

(D. 414/2001, art. 2º).

ART. 2.2.3.4.2.3.Defensa de la entidad en liquidación. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 254 y el inciso 2 del artículo 355 del Decreto 254 de 2000, el liquidador, como representante legal de la entidad en liquidación, continuará atendiendo los procesos judiciales y las reclamaciones, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto se efectúe la entrega integral de los inventarios.

Si terminado el proceso de liquidación sobreviven a este procesos judiciales o reclamaciones, los mismos serán atendidos por la entidad que, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 526 de la Ley 489 de 1998, haya sido señalada en el acto que ordenó la liquidación como receptora de los inventarios de bienes y subrogataria de los derechos y obligaciones de la entidad liquidada.

(D. 414/2001, art. 3º).

ART. 2.2.3.4.2.4.Entrega de archivos de procesos y reclamaciones. Terminado el proceso de liquidación, y para la adecuada atención de los procesos judiciales o reclamaciones que le sobreviven a este, los archivos de los mismos serán remitidos a la entidad que, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 527 de la Ley 489 de 1998, haya sido señalada en el acto que ordenó la liquidación como receptora de los inventarios de bienes y subrogatoria de los derechos y obligaciones de la entidad liquidada.

(D. 414/2001, art. 4º).

ART. 2.2.3.4.2.5.Informe mensual. El informe mensual sobre el estado de los procesos y reclamaciones de que trata el artículo 268 del Decreto 254 de 2000, será remitido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en el formato que para tal efecto se adopte. Del mismo serán responsables el liquidador y el apoderado de la entidad en liquidación.

(D. 414/2001, art. 5º).

(Nota: Subrogado por el Decreto 1167 de 2016 artículo 6° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 5

Facultades del juez en el marco de la Ley 1561 de 2012

ART. 2.2.3.5.1.Continuidad del procedimiento. En ejercicio de la competencia que le confieren los artículos 5º y 9º de la Ley 1561 de 2012, el juez de conocimiento podrá subsanar de oficio la demanda cuando no se haya aportado el plano certificado por la autoridad catastral a que se refiere el literal c) del artículo 11 de la misma ley, siempre y cuando el demandante pruebe que solicitó dicho plano certificado y advierta que la entidad competente no dio respuesta a su petición en el plazo fijado por la ley.

En estos casos, el juez solicitará de nuevo la certificación y fijará un término para que la misma sea allegada. La falta de respuesta de la entidad no suspenderá el procedimiento.

El proceso tampoco se suspenderá por el incumplimiento en el envío de la información solicitada a las autoridades competentes a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1561 de 2012, cuando el juez la haya solicitado.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no impide que las autoridades competentes envíen la información requerida en cualquier etapa del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria establecida en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1561 de 2012.

En todo caso el juez podrá adelantar el proceso con la información recaudada, pero no podrá dictar sentencia hasta que esté completa.

(D. 1409/2014, art.1º).

ART. 2.2.3.5.2.—Autoridades competentes. Las autoridades competentes a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1561 de 2012 son aquellas con jurisdicción en el lugar del inmueble objeto del proceso.

(D. 1409/2014, art. 2º).

ART. 2.2.3.5.3.Acceso gratuito a registros públicos. De conformidad con el artículo 15 del Decreto-Ley 19 de 2012, el juez de conocimiento tendrá acceso a los registros públicos administrados por las entidades que manejan la información requerida en los procesos verbales especiales a que se refiere la Ley 1561 de 2012.

La consulta y obtención de dicha información no generará erogación alguna.

(D. 1409/2014, art. 3º).

CAPÍTULO 6

Fondo especial para la administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB).

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.2.3.6.1.1.Campo de aplicación. El presente capítulo aplica a los bienes o recursos de que tratan los artículos 5º y 6º de la Ley 1615 de 2013, y en general a todos los bienes administrados por el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB).

(D. 696/2014, art. 1º).

ART. 2.2.3.6.1.2.Administración de bienes. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), administrará los bienes de que tratan los artículos 5º y 6º de la Ley 1615 de 2013, en los términos establecidos por el artículo 15 de la misma.

Los sistemas de administración para tal fin, serán los que desarrolle el Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la mencionada ley.

(D. 696/2014, art. 2º).

ART. 2.2.3.6.1.3.Principios. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) deberá cumplir los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los previstos en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los principios de la contratación estatal.

(D. 696/2014, art. 3º).

SECCIÓN 2

Registro público nacional de bienes

ART. 2.2.3.6.2.1.Administración y fines del registro público nacional de bienes. Corresponde al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) la administración del Registro Público Nacional de Bienes, creado por la Ley 1615 de 2013. El Registro Público tiene como finalidad servir de medio para publicitar la información de los bienes a que hacen referencia el numeral segundo y el parágrafo primero del artículo 6º de la Ley 1615 de 2013, permitiendo el control ciudadano, atendiendo entre otros, los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad y publicidad.

(D. 696/2014, art. 4º).

ART. 2.2.3.6.2.2.—Bienes susceptibles del registro público nacional de bienes. Los bienes susceptibles de registro público son aquellos a los que hacen referencia el numeral segundo y el parágrafo primero del artículo 6º de la Ley 1615 de 2013, así:

1. Bienes sobre los cuales se haya decretado medida cautelar con fines de comiso:

a) Los bienes sobre los cuales se haya decretado incautación, ocupación o suspensión del poder dispositivo;

b) Los bienes sobre los cuales se haya ordenado su devolución por parte de autoridad competente y no hayan sido reclamados en los términos del artículo 89 de la Ley 906 de 2004;

c) El producto de la enajenación, frutos, dividendos, utilidades, intereses, rendimientos, productos y demás beneficios que se generen de los bienes antes relacionados o de su administración.

2. Bienes y recursos afectados en procesos penales tramitados en vigencia de leyes anteriores a la Ley 906 de 2004 que se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, o de cualquier organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento de entrar en vigencia la Ley 1615 de 2013, siempre que los mismos sean puestos en debida forma bajo custodia del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB).

(D. 696/2014, art. 5º).

ART. 2.2.3.6.2.3.—Contenido del registro público nacional de bienes. En el Registro Público Nacional de Bienes se consignará, como mínimo, la siguiente información:

1. Las características de los bienes a que hace referencia el numeral segundo y el parágrafo primero del artículo 6º de la Ley 1615 de 2013.

2. Identificación del proceso penal que da mérito a la medida cautelar y operador jurídico a cargo del proceso.

3. Identificación de la providencia judicial por la cual se haya decretado la incautación, ocupación, suspensión del poder dispositivo, imposición de las medidas cautelares o materiales del bien.

4. Fecha de recibo por parte del fondo.

PAR.—El Registro Público Nacional de Bienes deberá estar soportado en una herramienta informática que permita su diligenciamiento y actualización de manera eficiente, eficaz y efectiva.

(D. 696/2014, art. 6º).

ART. 2.2.3.6.2.4.Publicación del registro. La Fiscalía General de la Nación debe disponer los mecanismos necesarios que permitan la consulta de la información que no tiene reserva legal, de los bienes incorporados al Registro Público Nacional de Bienes en la página web de la entidad.

(D. 696/2014, art. 7º).

ART. 2.2.3.6.2.5.—Eliminación del registro. Una vez acaecidos los requisitos establecidos en el artículo 8º de la Ley 1615 de 2013 se procederá a la eliminación de la información publicada en el Registro Público Nacional de Bienes.

(D. 696/2014, art. 8º).

ART. 2.2.3.6.2.6.—Inventario físico de los bienes por parte de la autoridad de policía judicial. En el inventario que debe levantar la autoridad responsable de hacer efectiva la medida cautelar sobre los bienes o recursos puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), se deberá aportar y especificar como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Bienes inmuebles (tales como: propiedades, fincas, edificios, oficinas, bodegas, instalaciones, etc.).

-- Tipo de inmueble.

-- Ciudad, notaría y oficina de instrumentos públicos en donde está matriculado el bien.

-- Dirección (según certificado de nomenclatura).

-- Certificado de tradición y libertad.

-- Cédula catastral y matrícula inmobiliaria.

-- Estado físico del inmueble (bueno, regular, malo, otro).

-- Áreas, número de pisos, linderos, porcentaje de ocupación (lote, área de construcción, libre).

-- Ocupado o no.

-- Registro en video y/o fotográfico.

2. Bienes muebles (tales como: semovientes, maquinaria, equipo de oficina, muebles y enseres, vehículos, motonaves, aviones, etc.).

-- Descripción, características y detalle de cada bien.

-- Unidad de medida o cantidad (gramos, kilos, unidades, etc.) según la naturaleza del bien.

-- En caso de vehículos, aeronaves, moto naves: experticio técnico del automotor.

-- En caso de semovientes: especie, género, descripción, estado, peso, nombre.

-- Registro en video y/o fotográfico.

3. Metales, piedras preciosas y joyas (tales como: cadenas, pulseras, aretes, relojes, anillos, piedras preciosas, esclavas, prendas ornamentales, oro, plata, etc.)

-- Descripción, peso, elementos, materiales, estado físico.

-- Registro en video y/o fotográfico.

4. Moneda nacional o divisas

-- Tratándose de moneda nacional o extranjera, debe relacionarse la unidad monetaria de curso legal, descripción, número de serie, valor, cantidad, denominación, fecha de impresión y serie.

-- Registro en video y/o fotográfico.

5. Títulos valores

-- Los títulos valores deben identificarse con todos los datos contenidos en él.

(D. 696/2014, art. 9º).

ART. 2.2.3.6.2.7.Recepción del bien. Al momento de ingresar el bien al lugar establecido por el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), el funcionario responsable de la recepción del bien debe levantar un inventario físico del mismo.

En caso de encontrarse inconsistencias entre el inventario inicial de que trata el artículo anterior y el inventario de ingreso al fondo, deberá dejarse constancia en acta y si es del caso, poner en conocimiento los hechos a la autoridad competente.

El acta deberá contener, como mínimo, la siguiente información: Fecha de la decisión judicial que imparte control de legalidad por parte del juez de garantías o de la decisión judicial que impone la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos según el caso, número de proceso, fecha de ingreso, descripción de los bienes objeto de inconsistencia, indicando: denominación del bien, marca, modelo, serial, capacidad, tamaño, material básico del producto, color, unidad de medida, cantidad, valor unitario y demás características básicas que permitan individualizarlos y firma de los intervinientes.

PAR.—No se considerará que existen inconsistencias cuando la diferencia obedezca a fenómenos atmosféricos, físicos o químicos justificados, o cuando los deterioros o mermas correspondan a la naturaleza misma de los bienes.

(D. 696/2014, art. 10).

SECCIÓN 3

Devolución de bienes

ART. 2.2.3.6.3.1.Devolución de bienes. Cuando por orden judicial debidamente ejecutoriada el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) deba devolver bienes, se atenderán las siguientes disposiciones:

1. Si no se ha dispuesto de los bienes, se devolverán en el estado en que se encuentren.

2. Si los bienes han sido objeto de venta cuando ello sea legalmente posible, se devolverá el valor por el cual fueron ingresados, indexados al IPC.

3. Tratándose de bienes productivos a los cuales se les haya aplicado sistemas de administración que impliquen su explotación económica, se deberá realizar devolución de los frutos o productos derivados de la administración comercial del bien, previo descuento de todos los costos y gastos incurridos en la administración del mismo.

(D. 696/2014, art. 11).

SECCIÓN 4

Declaración de abandono del bien

ART. 2.2.3.6.4.1.Inicio de la actuación administrativa. Vencido el término de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de la orden de devolución del bien de que trata el artículo 89 de la Ley 906 de 2004, la autoridad judicial competente informará tal circunstancia al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB).

El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), mediante acto administrativo motivado, dará inicio a la actuación administrativa con el fin de declarar el abandono del bien o recurso a favor de la Fiscalía General de la Nación. El acto administrativo deberá ser publicado en un diario de amplia circulación, en los términos del artículo 13 de la Ley 1615 de 2013.

Además de la publicación de que trata el inciso anterior, el Acto Administrativo mediante el cual se inicia la actuación administrativa debe ser notificado al titular de los bienes, conforme al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La citación para la notificación personal deberá realizarse a la dirección, al fax, o al correo electrónico que se encuentren registrados en el expediente.

(D. 696/2014, art. 12).

ART. 2.2.3.6.4.2.Comunicación a terceros. Cuando el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) advierta que con la decisión que se adopte en desarrollo de la actuación administrativa se puedan afectar directamente terceras personas, les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma, con el fin de que puedan intervenir en la actuación y hacer valer sus derechos.

La comunicación se surtirá en los términos del artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas que lo modifiquen.

(D. 696/2014, art. 13).

ART. 2.2.3.6.4.3.Pruebas. Durante la actuación administrativa se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 696/2014, art. 14).

ART. 2.2.3.6.4.4.Decisión. Si el titular del bien no apareciere a reclamar el mismo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación de que trata el artículo 13, inciso tercero, de la Ley 1615 de 2013, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación declarará, mediante acto administrativo motivado, el abandono del bien a favor de la Fiscalía a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB).

En firme el acto administrativo que declara el abandono, deberá hacerse la anotación de la propiedad en la oficina de instrumentos públicos correspondiente.

(D. 696/2014, art. 15).

ART. 2.2.3.6.4.5.Recursos. Contra el acto administrativo que declare el abandono del bien procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 696/2014, art. 16).

ART. 2.2.3.6.4.6.—Remisión normativa. Los asuntos no previstos en el presente reglamento se regularán con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 696/2014, art. 17).

CAPÍTULO 7

Remate por comisionado

ART. 2.2.3.7.1.—Comisionados. Para todos los efectos de que trata este capítulo, tendrán la calidad de comisionados:

a) Las notarías;

b) Las cámaras de comercio;

c) Los martillos legalmente autorizados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1639 de 1996 o las normas que lo compilan, sustituyan, adicionen o complementen.

(D. 890/2003, art. 1º).

ART. 2.2.3.7.2.Petición de la comisión. El juez de conocimiento, a petición de quien tenga derecho a solicitar el remate o interesado, deberá comisionar al notario, a la cámara de comercio o al martillo legalmente autorizado, dentro o fuera de la sede del juzgado, para adelantar la diligencia de remate.

El interesado escogerá la notaría, cámara de comercio o martillo legalmente autorizado que adelantará la comisión, especificando la entidad en caso de existir varias en el municipio en donde estén ubicados los bienes.

En la petición, el interesado deberá autorizar expresamente al juez para que debite de las sumas de dinero producto del remate lo correspondiente a la cancelación de la tarifa por adjudicación de que trata el artículo 2.2.3.7.6 de este capítulo.

El juez deberá comisionar a quien se le solicite y el comisionado no podrá rechazar la comisión, salvo por causas legales. Si se presentan varias peticiones, el juez atenderá la que primero haya sido radicada en su despacho.

(D. 890/2003, art. 2º).

ART. 2.2.3.7.3.—Tarifa administrativa. La tarifa administrativa a que tienen derecho los comisionados serán los siguientes:

Tarifa administrativa 

Tiempo entre radicación Valor del avalúo judicial de la comisión y fecha para la diligencia de remate.

Hasta 150 smlmv Más de 150 smlmv

Hasta 30 días 1.0 smlmv 1.5 smlmv

De 31 días hasta 40 días 0.8 smlmv 1.2 smlmv

De 41 días hasta 90 días 0.4 smlmv 0.6 smlmv

De 91 días en adelante 0.2 smlmv 0.1 smlmv

La causación, liquidación y pago de la tarifa administrativa se sujetará a las siguientes reglas:

1. El pago de la tarifa administrativa deberá hacerse por quien solicitó la comisión, dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que simultáneamente se radique, se fije fecha para la práctica de remate y se ordene realizar las publicaciones de que trata el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya, adicione o complemente. De no efectuarse el pago, este podrá hacerse por cualquier otra persona que hubiera podido solicitar la comisión, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término inicial. Si el pago no se efectúa en las oportunidades aquí previstas, el comisionado devolverá la comisión al comitente con la correspondiente constancia.

2. La tarifa administrativa se causa por cada despacho comisorio y no es reembolsable, salvo que el remate se impruebe por causas atribuibles al comisionado, lo cual deberá ser establecido por el comitente.

3. La devolución del despacho comisorio, cuando fuere el caso, interrumpe el término establecido como parámetro para efectos del cálculo de la tarifa administrativa.

(D. 890/2003, art. 4º).

ART. 2.2.3.7.4.—Tarifa por adjudicación. La tarifa por adjudicación a que tienen derecho los comisionados será la siguiente:

Tarifa por adjudicación 

(Porcentaje sobre el valor de adjudicación)

Licitación bienes muebles bienes inmuebles

Primera - Base 70% Hasta 5.0 % Hasta 2.5 %

Segunda - Base 50% Hasta 4.0 % Hasta 1.7 %

Tercera - Base 40% Hasta 3.0 % Hasta 1.4 %

La tarifa por adjudicación en ningún caso será inferior a un (1) smlmv ni superior a trescientos (300) smlmv.

El pago de la tarifa por adjudicación se sujetará a las siguientes reglas:

a) En el momento de radicarse la comisión, el comisionado fijará la tarifa por adjudicación dentro de los límites establecidos en este artículo;

b) Cuando el remate haya sido solicitado por el ejecutante o el ejecutado y el bien se adjudique a un tercero, el solicitante o cualquier interesado deberá pagar la tarifa por adjudicación de que trata este artículo dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del bien;

c) Cuando quien solicite el remate sea el acreedor de remanentes, la tarifa por adjudicación deberá ser pagada por este o cualquier interesado dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se inicie el trámite de remate, calculada para estos efectos sobre el ciento por ciento (100%) del valor del avalúo.

(D. 890/2003, art. 5º).

ART. 2.2.3.7.5.—Devolución del comisorio. El comisionado remitirá al comitente toda la documentación relacionada con la actuación que se haya cumplido.

Cuando no hubiere remate por falta de postores, el comisionado remitirá inmediatamente al comitente la comisión para que este resuelva lo que corresponda.

(D. 890/2003, art. 6º).

ART. 2.2.3.7.6.Gestión de promoción para el remate. Los comisionados deberán adoptar mecanismos especiales de promoción para la diligencia de remate. Estos podrán tener como destinatario al público en general, o podrá tratarse de una gestión estratégica atendiendo la ubicación, la destinación, el valor o cualquier otra circunstancia.

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya, adicione o complemente.

(D. 890/2003, art. 7º).

CAPÍTULO 8

Atribuciones de las autoridades competentes en la atención de violencia intrafamiliar

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.2.3.8.1.1.—Intervención del defensor de familia y del Ministerio Público. De conformidad con los artículos 5º y 12 de la Ley 575 de 2000, en cualquier actuación en que se encuentren involucrados menores de edad, el defensor de familia, o en su defecto el personero municipal del lugar de ocurrencia de los hechos, deberán intervenir para lo de su competencia.

Si de los hechos se infiere que el menor de edad ha cometido una infracción a la ley penal, se remitirá la actuación al funcionario competente una vez dictadas las medidas de protección respectivas.

(D. 652/2001, art. 3º).

ART. 2.2.3.8.1.2.—Informalidad de la petición de medida de protección. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 575 de 2000, la petición de una medida de protección podrá formularse por escrito, en forma oral o por cualquier medio idóneo.

Para efecto de evaluar la idoneidad del medio utilizado de acuerdo con el principio de la sana crítica, se aplicarán las normas procesales en especial el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.

(D. 652/2001, art. 4º).

ART. 2.2.3.8.1.3.Término para presentar la petición de medida de protección. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 575 de 2000, la petición de una medida de protección por un hecho de violencia intrafamiliar, podrá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento, pero cuando la víctima manifestare bajo la gravedad del juramento que por encierro, incomunicación o cualquier otro acto de fuerza o violencia proveniente del agresor, se encontraba imposibilitada para comparecer, el término empezará a correr en los hechos de violencia intrafamiliar instantáneos desde el día de la consumación y desde la perpetración del último acto en los tentados o permanentes.

(D. 652/2001, art. 5º).

ART. 2.2.3.8.1.4.Corrección de la petición y deber de información. La petición a que se refiere el artículo 10 de la Ley 294 de 1996 podrá ser corregida, actuación esta que será comunicada al presunto agresor. El que interponga la acción deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 37 en su inciso segundo del Decreto 2591 de 1991.

(D. 652/2001, art. 6º).

ART. 2.2.3.8.1.5.—Término y trámite de la audiencia e inasistencia de las partes sin excusa válida. En ningún caso el término de la audiencia podrá exceder de diez (10) días contados a partir de la fecha de presentación de la petición de protección. En dicha audiencia se practicarán las pruebas y se tomarán las decisiones de fondo.

Si una o ambas partes no comparecen a la audiencia, ni presentan excusa válida de su inasistencia, esta se celebrará, con el fin de decretar y practicar las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio el funcionario competente estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos y dictará la resolución o sentencia que corresponda al finalizar la audiencia.

(D. 652/2001, art. 7º).

ART. 2.2.3.8.1.6.—Criterios para adelantar la conciliación y determinar la medida de protección. De conformidad con los artículos 1º, 7º, 8º, 9º y 10 de la Ley 575 de 2000, para adelantar la conciliación y para dictar el fallo pertinente, el funcionario competente deberá:

a) Evaluar los factores de riesgo y protectores de la salud física y psíquica de la víctima;

b) Evaluar la naturaleza del maltrato, y del hecho de violencia intrafamiliar, así como sus circunstancias, anteriores, concomitantes y posteriores;

c) Determinar la viabilidad y la eficacia del acuerdo para prevenir y remediar la violencia;

d) Examinar la reiteración del agresor en la conducta violenta;

e) Incorporar en el acuerdo los mecanismos de seguimiento, vigilancia y de ser posible la fijación del tiempo del mismo, para garantizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones;

f) Propiciar la preservación de la unidad familiar en armonía;

g) Orientar y vigilar que exista congruencia en los compromisos que se adquieran en el acuerdo;

h) Precisar la obligación de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los involucrados, en especial el de acudir a tratamiento terapéutico, cuando haga parte del acuerdo. Así como advertir de las consecuencias del incumplimiento de los compromisos.

(D. 652/2001, art. 8º).

ART. 2.2.3.8.1.7.Prueba pericial. Los dictámenes a los que se refiere el artículo 6º de la Ley 575 de 2000, podrán solicitarse al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en sus diferentes sedes distribuidas en todo el territorio nacional. En los lugares donde no exista dependencia de medicina legal, podrán solicitarse a los médicos oficiales y del servicio social obligatorio.

Estos dictámenes deberán cumplir los procedimientos y lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el registro oportuno en el sistema nacional de información sobre violencia de dicho instituto, será obligatorio.

La práctica de estos dictámenes no generará ningún costo para las personas a quienes se les practique.

(D. 652/2001, art. 9º).

ART. 2.2.3.8.1.8.Arresto. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 575 de 2000, la orden de arresto prevista se expedirá por el juez de familia o promiscuo de familia, o en su defecto por el juez civil municipal o promiscuo, mediante auto motivado, con indicación del término y lugar de reclusión.

Para su cumplimiento se remitirá oficio al comandante de policía municipal o Distrital según corresponda con el fin de que se conduzca al agresor al establecimiento de reclusión y se comunicará a la autoridad encargada de su ejecución así como al comisario de familia si este ha solicitado la orden de arresto.

(D. 652/2001, art. 10).

ART. 2.2.3.8.1.9.Cumplimiento de las medidas de protección. De conformidad con el artículo 2º de la Ley 575 de 2000, emitida una medida de protección, en orden a su cumplimiento, la autoridad que la impuso, de ser necesario, podrá solicitar la colaboración de las autoridades de policía para que se haga efectiva.

(D. 652/2001, art. 11).

ART. 2.2.3.8.1.10.—Sanciones por incumplimiento de las medidas de protección. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 575 de 2000, el trámite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se realizará, en lo no escrito con sujeción a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus artículos 52 y siguientes del capítulo V de sanciones.

(D. 652/2001, art. 12).

ART. 2.2.3.8.1.11.—Trámite de la apelación. La apelación a que se contrae el inciso 2º del artículo 12 de la Ley 575 de 2000, se sujetará en lo pertinente, al trámite previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

(D. 652/2001, art. 13).

SECCIÓN 2

Competencias de las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación, los juzgados civiles y los jueces de control de garantías

ART. 2.2.3.8.2.1.Objeto. La presente sección tiene por objeto reglamentar las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación, los juzgados civiles y los jueces de control de garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

(D. 4799/2011, art. 1º).

ART. 2.2.3.8.2.2.Autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente para la imposición de las medidas de protección consagradas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 y las normas que lo modifiquen o adicionen, el comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos. En aquellos municipios donde no haya comisario de familia el competente será el juez civil municipal o promiscuo municipal del domicilio del demandante o del lugar donde fue cometida la agresión. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, el fiscal o la víctima solicitarán al juez de control de garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, contemplando incluso las medidas de protección provisionales señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008.

Una vez proferida la medida provisional por el juez de control de garantías, en cuaderno separado a la actuación penal, remitirá las diligencias a la comisaría de familia, juez civil municipal o promiscuo municipal para que se continúe con el procedimiento en la forma y términos señalados en la Ley 575 de 2000 y en el presente capítulo, o las normas que los modifiquen o adicionen.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar, el fiscal o la víctima solicitarán al juez de control de garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, así como las medidas de protección provisionales contempladas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008.

(D. 4799/2011, art. 2º).

ART. 2.2.3.8.2.3.Deberes. De conformidad con los principios y medidas consagradas en los artículos 3º y 20 de la Ley 294 de 1996, los funcionarios competentes en la aplicación de las normas previstas para la acción de violencia intrafamiliar, deberán:

1. Garantizar la debida protección de las víctimas, en especial de los menores de edad y personas con limitación física, síquica o sensorial, en situación de indefensión y ancianas, e,

2. Informar a los intervinientes sobre los derechos de la víctima, los servicios gubernamentales y privados disponibles para la atención del maltrato intrafamiliar, así como de las consecuencias de la conducta al agresor, o del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo o de la medida de protección que imponga la autoridad competente, según sea la naturaleza y gravedad de los hechos.

(D. 652/2001, art. 2º).

ART. 2.2.3.8.2.4.—Medidas de protección. Para la imposición de las medidas de protección señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, o las normas que lo modifiquen o adicionen, se procederá de la siguiente manera:

1. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal a) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o definitiva decretadas a la persona encargada de la vigilancia de la respectiva casa o lugar de habitación, así como al consejo de administración o al comité de convivencia, al propietario, arrendador o administrador o a quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble, para que adopten las medidas pertinentes, con copia a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar por parte del agresor. Cuando no exista un sistema de control de ingreso en la casa o lugar de habitación, la autoridad competente deberá oficiar a la Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden.

2. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, a solicitud de la víctima, o su representante, apoderado o solicitante, la autoridad competente enviará orden de fijación de la medida provisional o definitiva decretada, a los sitios que la víctima determine, para que los encargados del control de entrada y salida del personal, el propietario, arrendador o administrador o quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble, den cumplimiento a la misma, para evitar el ingreso del agresor. Cuando no exista un sistema de control de ingreso, la autoridad competente deberá oficiar a la Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden.

3. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal c) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, la autoridad competente oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que esta entidad adopte las medidas necesarias de información a todos los centros zonales a fin de impedir el otorgamiento de custodias a favor de los agresores.

4. El Estado garantizará los servicios previstos en los literales d) y e) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. En los casos excepcionales en que la víctima asuma los costos de estos servicios y para efectos de liquidar los pagos a cargo del agresor se procederá así:

a) La víctima deberá acreditar los pagos realizados por los conceptos establecidos en la norma señalada, para que el comisario de familia o en su defecto el juez civil municipal o promiscuo municipal ordene en la misma providencia que imponga la medida de protección, el reintegro a la víctima de los gastos realizados. La providencia mediante la cual se ordene el pago de los gastos realizados por la víctima, deberá contener la obligación en forma clara, expresa y exigible y se constituirá en título ejecutivo.

b) Si el comisario de familia o el juez civil municipal o promiscuo municipal ordena una o varias de las medidas señaladas en los literales d) y e) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, deberá ordenar que el agresor acredite ante su despacho los pagos a su cargo.

El no pago se tendrá como incumplimiento y dará a lugar a las sanciones señaladas en el artículo 4º de la Ley 575 de 2000.

5. En la implementación de las medidas de protección descritas en los literales f) y g) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, cuando corresponda a la Policía Nacional la ejecución de la orden impartida por la autoridad competente, se realizará de manera concertada con la víctima, atendiendo a los principios de los programas de protección de derechos humanos, y a los siguientes criterios:

a) La protección de la víctima teniendo en cuenta las circunstancias particulares de riesgo;

b) El cumplimiento de la orden contenida en la medida protección proferida por la autoridad competente; y,

c) La responsabilidad del Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres.

6. Para efectos de la implementación de la medida de protección descrita en el literal i) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, el comisario de familia, o en su defecto el juez civil municipal o promiscuo municipal que adopte la decisión de la suspensión de la tenencia, porte y uso de armas, deberá informar a la Policía Nacional y a las autoridades competentes, de acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, y en el título III capítulo II del Decreto 2535 de 1993 y demás normas aplicables.

7. La medida de protección descrita en el literal l) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, se solicitará por el comisario de familia al juez de familia o en su defecto ante el juez civil municipal o promiscuo municipal, para que se ordene la medida, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 18 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya adicione o complemente. Para tal fin, deberá mediar petición de parte de la víctima en la que se identifiquen los bienes como lo prevé el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya adicione o complemente.

En caso de que la víctima desconozca la información anteriormente indicada, cualquiera de las autoridades mencionadas en el inciso anterior, oficiará a los organismos competentes para que suministren la información necesaria en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.8.1.9 de este capítulo, la autoridad competente podrá solicitar en forma escrita el acompañamiento de la Policía Nacional para hacer efectivas las medidas de protección. En este caso, los miembros de la Policía Nacional deberán acudir de forma inmediata, siguiendo la orden de la autoridad competente, para lo cual, podrán aplicar sus protocolos de atención, siempre que estos no contradigan la orden emitida.

Con el propósito de dar cumplimiento y ejecución efectiva a las medidas impartidas por las autoridades competentes, la Policía Nacional deberá:

a) Elaborar un protocolo de riesgo, de acuerdo con el cual, una vez analizada la situación particular de la víctima, se establezcan los mecanismos idóneos para poder dar cumplimiento a la medida;

b) Elaborar un registro nacional que contenga información sobre las medidas de protección y apoyos policivos ordenados por las autoridades competentes, así como de las actas entregadas a las víctimas en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 294 de 1996.

El citado registro será diseñado por el Ministerio de Defensa con la asistencia técnica del observatorio de asuntos de género de la alta consejería para la equidad de la mujer; y,

c) La Policía Nacional adjuntará a los informes ejecutivos que entregará a la Fiscalía General de la Nación, una constancia de esos registros e informará lo pertinente a la autoridad que emitió la medida.

9. En caso de que sea necesaria la intervención inmediata para la protección de la vida e integridad personal de las mujeres, la Policía Nacional podrá hacer uso de las facultades establecidas en los artículos 29 y siguientes del Código Nacional de Policía, o las normas que lo modifiquen o adicionen.

PAR. 1º—A solicitud de la víctima o quien represente sus intereses, procederá la modificación de la medida de protección provisional o definitiva o la imposición de una medida de protección complementaria, en cualquier momento en que las circunstancias lo demanden.

Si se solicita la modificación de la medida de protección o la imposición de una medida de protección complementaria, antes de proferirse la medida de protección definitiva, el Comisario de Familia, o en su defecto el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, la decretará en la providencia que ponga fin al proceso.

Si se solicita la modificación de la medida de protección o la imposición de una medida de protección complementaria con posterioridad a la providencia que puso fin al proceso, en el trámite de sanción por incumplimiento, además de la imposición de la multa podrá el comisario de familia, o en su defecto el juez civil municipal o promiscuo municipal o el juez de control de garantías, modificar la medida decretada o adicionar una o más medidas que garanticen la protección efectiva de la víctima.

PAR. 2º—Las medidas de protección de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, tendrán vigencia por el tiempo que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a estas y serán canceladas mediante incidente, por el funcionario que las impuso, a solicitud de las partes, del Ministerio Público o del Defensor de Familia, cuando se superen las razones que las originaron. Frente a esta decisión podrá interponerse el recurso de apelación.

PAR. 3º—Decretadas las medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer seguimiento, con miras a verificar el cumplimiento y la efectividad de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000. En caso de haberse incumplido lo ordenado, se orientará a la víctima sobre el derecho que le asiste en estos casos.

(D. 4799/2011, art. 3º).

ART. 2.2.3.8.2.5.Decisiones. De conformidad con los artículos 2º y 6º de la Ley 575 de 2000, la providencia que imponga medida de protección provisional o definitiva, será motivada.

(D. 652/2001, art. 1º).

ART. 2.2.3.8.2.6.—Derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor. Las autoridades competentes están obligadas a informar a las mujeres víctimas el derecho que tienen a no ser confrontadas con el agresor.

Este derecho, consagrado en literal k) del artículo 8º de la Ley 1257 de 2008, incluye el derecho a manifestar ante la Fiscalía General de la Nación directamente, por escrito o a través de representante judicial, su intención de no conciliar. De igual manera, incluye el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades competentes, en las cuales esté presente el agresor.

Con la manifestación de la mujer víctima de no conciliar quedará agotada la etapa de conciliación y se dará continuidad al proceso.

En el trámite de las medidas de protección, este derecho se garantizará en relación con la etapa de conciliación ante cualquiera de las autoridades competentes.

(D. 4799/2011, art. 4º).

ART. 2.2.3.8.2.7.—Medidas de protección en casos de violencia en ámbitos diferentes al familiar. Cuando la autoridad competente ordene la medida de protección consagrada en el literal a) del artículo 18 de la Ley 1257 de 2008, podrá remitir a la víctima a cualquier entidad pública competente que se considere adecuada para proteger la vida, dignidad e integridad de la mujer y la de su grupo familiar.

Lo anterior no impide que la medida de protección se cumpla a través de una organización de derecho privado.

En todo caso, el sitio para la guarda de la dignidad e integridad de la mujer y la de su grupo familiar deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes parámetros:

a) Ser un ambiente digno, integral y reparador.

b) Procurar que la víctima y las personas que se encuentren a su cargo permanezcan unidas.

c) Evitar la proximidad con el agresor.

d) Velar por la seguridad de la víctima y la de las personas que se encuentren a su cargo.

De conformidad con la obligación establecida en el artículo 9º de la Ley 1257 de 2008, las entidades territoriales propenderán para que las entidades públicas cumplan con esta medida de protección y promoverán la suscripción de convenios con organizaciones de derecho privado, así como la creación y puesta en marcha de programas con las características enunciadas en sus planes de desarrollo municipales, distritales y departamentales.

Las víctimas de violencia en ámbitos diferentes al familiar, tendrán derecho a las medidas de protección consagradas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008, las que serán tomadas por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 2.2.3.8.2.2, de este capítulo.

(D. 4799/2011, art. 5º).

ART. 2.2.3.8.2.8.—Incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor. De conformidad con lo previsto en los artículos 7º y 11 de la Ley 294 de 1996, modificados por los artículos 4º y 6º de la Ley 575 de 2000, en caso de incumplimiento de las medidas de protección definitivas o provisionales, se adelantarán las siguientes acciones:

a) Las multas se consignarán en las tesorerías distritales o municipales, con destino a un fondo cuenta especial que deberá ser creado por cada entidad territorial, de conformidad con las normas jurídicas, para cubrir costos de los centros o programas de asistencia legal o de salud para las mujeres víctimas de violencia.

b) El arresto procederá a solicitud del comisario de familia y será decretado por el juez de familia, o en su defecto, por el juez civil municipal o promiscuo municipal quien deberá ordenarlo en la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000 en concordancia con el artículo 2.2.3.8.1.10., de este capítulo y disponer su cumplimiento, comunicando a la Policía Nacional para que proceda a la aprehensión de quien incumplió, y al posterior confinamiento en establecimiento de reclusión, sin que sea posible sustituirlo por arresto domiciliario.

(D. 4799/2011, art. 6º).

ART. 2.2.3.8.2.9.Notificaciones. El auto que avoca el conocimiento del proceso de medida de protección, así como el auto que inicia el trámite de incumplimiento, se notificarán por parte de la autoridad competente en la forma establecida en el artículo 7º de la Ley 575 de 2000, o las normas que lo modifiquen o adicionen.

En caso de que se desconozca la residencia o domicilio del agresor al momento de formular la petición de medida de protección, y así se exprese bajo la gravedad del juramento por la víctima o por la persona solicitante, el cual se entenderá prestado con la presentación de la solicitud de medida de protección, el comisario de familia o en su defecto, el juez civil municipal o promiscuo municipal decretará la medida de protección provisional en la forma y términos señalados en el artículo 6º de la Ley 575 de 2000.

La autoridad competente, en forma inmediata citará al presunto agresor mediante aviso que se fijará en el domicilio familiar que haya tenido en los últimos 30 días, para que comparezca dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a notificarse. Si este no se presenta dentro de dicho término, se notificará por edicto en la forma señalada en los artículos 323 y 324 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo adicione, sustituya, modifique o complemente.

PAR.—Las partes deberán informar a la comisaría de familia o juzgado que conozca del proceso, cualquier cambio de residencia o lugar donde recibirán notificaciones, en caso de no hacerlo, se tendrá como tal, la última aportada para todos los efectos legales.

(D. 4799/2011, art. 7º).

ART. 2.2.3.8.2.10.Medidas de protección y conciliación. Siempre que se adelante una mediación o conciliación en las medidas de protección, en cualquier etapa del proceso, la autoridad competente podrá ordenar una o más medidas de protección, especialmente dirigidas al cumplimiento de lo acordado, a prevenir o evitar que los hechos de violencia se repitan y a la protección de la víctima, de conformidad con lo previsto por los artículos 13 de la Ley 294 de 1996 y 8º de la Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 2.2.3.8.1.6., de este capítulo.

(D. 4799/2011, art. 8º).

ART. 2.2.3.8.2.11.Comisarías de familia. Lo referente a los lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionados con las funciones de atención a las violencias basadas en género por parte de las comisarías de familia y demás autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, serán definidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 14 del Decreto-Ley 2897 de 2011.

(D. 4799/2011, art. 9º).

ART. 2.2.3.8.2.12.Interpretación. Ninguna disposición establecida en este capítulo podrá ser interpretada de manera tal que se restrinja el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y a vivir una vida libre de violencias.

(D. 4799/2011, art. 10).

CAPÍTULO 9

Comisarías de familia

SECCIÓN 1

Creación, organización y composición de las comisarías de familia

ART. 2.2.4.9.1.1.(sic)—Responsabilidad para la creación, composición y organización de las comisarías de familia. Para dar cumplimiento a la obligación señalada en la ley 1098 de 2006, para la creación, composición y organización de las comisarías de familia, a partir de la vigencia fiscal 2008, los distritos y municipios deberán incorporar en el plan operativo anual de inversiones y en el presupuesto de la entidad territorial, un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la comisaría de familia.

(D. 4840/2007, art. 1º).

ART. 2.2.4.9.1.2.(sic)—Financiación de las comisarías de familia. Para la creación, composición y organización de las comisarías de familia, los concejos distritales y municipales deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones de orden presupuestal, conforme a la autonomía constitucional que rige a las entidades territoriales:

Los salarios del comisario de familia y de los integrantes del equipo interdisciplinario de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, se podrán financiar con cargo a los recursos de participación de propósito general de forzosa inversión, en otros sectores;

Los demás gastos de funcionamiento inherentes a los servicios personales y servicios generales de dichas dependencias se atenderán con los ingresos corrientes de libre destinación, de conformidad con la Ley 617 de 2000.

PAR. 1º—Dentro de la autonomía prevista en los numerales 1 y 6 del artículo 313 y los numerales 3, 4 y 7 del artículo 315 de la Constitución Política, podrán las autoridades distritales o municipales elegir los mecanismos jurídicos y presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la obligación prevista en el presente artículo.

PAR: 2º—Corresponderá al Departamento Administrativo de la Función Pública asistir técnicamente y capacitar a las entidades territoriales en la organización e implementación de las comisarías de familia, en la creación de esta dependencia, la modificación de la planta de personal, el ajuste a los manuales de funciones y competencias laborales, conforme a la normativa vigente, en particular a la Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 785 de 2005 y los Decretos 1227 y 2239 de 2005 y las normas que los compilen sustituyan, modifiquen o adicionen.

(D. 4840/2007, art. 2º).

ART. 2.2.4.9.1.3.(sic)—Clasificación de los municipios por densidad de población. Para efectos del inciso segundo del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, se entenderá por densidad de población el número de habitantes del respectivo distrito o municipio. En ese sentido, los distritos o municipios de mayor y mediana densidad de población obligados a contar con el equipo interdisciplinario, se clasifican conforme a la siguiente categorización establecida en el artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 2º de la Ley 617 de 2000, así:

1. Municipios de mayor densidad de población. Corresponden a esta clasificación los distritos o municipios de categoría especial y de primera categoría, así:

Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes.

Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes.

2. Municipios de mediana densidad de población. Corresponden a esta clasificación los distritos o municipios de segunda categoría, así:

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes.

3. Municipios de menor densidad de población. Corresponden a esta clasificación los distritos o municipios de las categorías tercera, cuarta, quinta y sexta, con población igual o inferior a 50.000 habitantes.

(D. 4840/2007, art. 3º).

ART. 2.2.4.9.1.4.(sic)—Número de comisarías de familia en proporción a la densidad de población. Para atender eficientemente las necesidades del servicio, los distritos y municipios contarán con comisarías de familia según la densidad de población, así:

Municipios de mayor densidad de población:

Todos los distritos o municipios ubicados en la categoría especial deberán tener como mínimo una comisaría por cada 250.000 habitantes o fracción superior a 100.000 habitantes.

Todos aquellos distritos o municipios ubicados en la primera categoría, deberán como mínimo tener una comisaría por cada 150.000 habitantes o fracción superior a 100.000 habitantes.

Municipios de mediana y menor densidad de población:

Los municipios de mediana y menor densidad de población contarán al menos con una Comisaría de Familia en los términos del inciso primero del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006.

PAR.—El número de comisarías de familia de los distritos o municipios a que se refiere el presente artículo deberá aumentarse atendiendo a otros factores relacionados con las necesidades del servicio, tales como dispersión de la población, recurrencia de la problemática de violencia intrafamiliar, maltrato infantil u otros aspectos asociados a las problemáticas sociales, que corresponderá determinar a cada entidad territorial dentro de su autonomía.

(D. 4840/2007, art. 4º).

ART. 2.2.4.9.1.5.(sic)—Comisarías de familia en los municipios de menor densidad de población. Los municipios de menor densidad de población que no tuvieren la capacidad de garantizar la sostenibilidad de la comisaría de familia y su equipo interdisciplinario, podrán organizar comisarías de familia intermunicipales mediante convenio, asociación de municipio y otras modalidades de integración, para cumplir con la obligación que les impone el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Serán criterios para definir la integración de la asociación de municipios, la celebración de los convenios o cualquier otra modalidad de integración a que se refiere este artículo los siguientes:

a) Las características semejantes a nivel social, físico, cultural, económico y otros aspectos comunes;

b) La disponibilidad de sistemas de conectividad vial y transporte público permanente;

c) La comisaría de familia deberá instalarse en el municipio que garantice mejor ubicación en términos de tiempo de desplazamiento para todos los que pertenecen a la asociación de municipios servida.

Serán alternativas para la integración de la asociación de municipios, celebración de convenios o cualquier otra modalidad de integración a que se refiere este artículo, las siguientes:

1. Dos municipios de uno o más departamentos podrán mediante convenio, asociación de municipios u otra modalidad de integración, conformar las comisarías de familia intermunicipales, integradas por el comisario de familia y los profesionales del equipo interdisciplinario.

2. Dos municipios de uno o más departamentos podrán designar cada uno su propio comisario de familia y, mediante convenio, asociación de municipios u otra modalidad de integración, designar a los profesionales que integran el equipo interdisciplinario común a ellos.

PAR. 1º—En cualquiera de las modalidades de creación de las comisarías de familia previstas en este capítulo o aquellas modalidades elegidas por las entidades territoriales, se deberá garantizar la atención interdisciplinaria establecida en el inciso tercero del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006.

PAR. 2º—En cualquier modalidad de atención de las comisarías de familia, estas podrán tener un carácter móvil con la dotación de infraestructura que permita su desplazamiento.

PAR. 3º—En los convenios, asociaciones de municipios u otra modalidad de integración se deben incluir cláusulas de obligatorio cumplimiento por parte de los asociados con el propósito de garantizar la sostenibilidad y la atención permanente del servicio de las comisarías de familia.

PAR. 4º—Los departamentos, en cumplimiento de los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia, deberán generar programas y proyectos para apoyar la creación, implementación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, en los municipios de menor densidad de población.

(D. 4840/2007, art. 5º).

ART. 2.2.4.9.1.6.(sic)—Inscripción de las comisarías de familia. Los distritos y municipios inscribirán ante las oficinas de los directores regionales y seccionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia que se encuentren funcionando en su territorio y las que se creen o implementen en cumplimiento del artículo 84 parágrafo 2º de la Ley 1098 de 2006, indicando la naturaleza distrital, municipal o intermunicipal de las mismas, lugar de ubicación, personal que las integra, modalidad de funcionamiento y horarios de atención.

En el caso de las comisarías de familia que ya se encuentren funcionando, los alcaldes distritales o municipales deberán efectuar la inscripción y reportar la información de que trata el inciso anterior en un término no mayor de tres meses contados a partir del 18 de diciembre de 2007.

PAR.—Los municipios no podrán suprimir las comisarías de familia que hayan sido creadas antes del 18 de diciembre de 2007, salvo que el estudio a que se refiere el parágrafo del artículo 2.2.4.9.1.4, demuestre disminución de la demanda real, y previo concepto favorable del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su condición de órgano rector del sistema nacional de bienestar familiar.

(D. 4840/2007, art. 6º)

SECCIÓN 2

Funcionamiento y competencias de las defensorías de familia y de las comisarías de familia

ART. 2.2.4.9.2.1.(sic)—Competencias del defensor de familia y del comisario de familia. Cuando en un mismo municipio concurran defensorías de familia y comisarías de familia, el criterio diferenciador de competencias para los efectos de restablecimiento de derechos, se regirá por lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, así:

El defensor de familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar.

El comisario de familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar. Para ello aplicará las medidas de protección contenidas en la Ley 575 del 2000 que modificó la Ley 294 de 1996, las medidas de restablecimiento de derechos consagradas en la Ley 1098 de 2006 y, como consecuencia de ellas, promoverá las conciliaciones a que haya lugar en relación con la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas.

En virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el defensor de familia o el comisario de familia conozca de casos diferentes a los de su competencia señalados en los incisos anteriores, los atenderá y remitirá a la autoridad competente, y en aquellos que ameriten medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente.

PAR. 1º—Para efectos de la aplicación de la Ley 1098 de 2006, se entenderá por violencia intrafamiliar cualquiera de los eventos de violencia, maltrato o agresión contemplados en el artículo 1º de la Ley 575 de 2000. En este sentido, se considerará integrada la familia según los términos previstos en el artículo 2º de la Ley 294 de 1996.

PAR. 2º—Para efectos de la competencia subsidiaria prevista en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, se entenderá que en un municipio no hay defensor de familia cuando el respectivo centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hubiere designado un defensor de familia para su atención o hasta tanto el defensor de familia designado no esté desempeñando sus funciones de manera permanente y continua.

Se entenderá que no hay comisario de familia en los municipios en los cuales no ha sido designado el funcionario o cuando no opere una comisaría intermunicipal para la jurisdicción territorial correspondiente, o hasta tanto el comisario de familia municipal o intermunicipal no esté desempeñando sus funciones de manera permanente y continua.

La competencia subsidiaria del inspector de policía en todo caso será de carácter temporal hasta la creación de la comisaría de familia en la respectiva entidad territorial, lo cual no impide que en todo tiempo deba dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 51 de la Ley 1098 de 2006.

La competencia subsidiaria del comisario de familia o inspector de policía, se entiende referida a las funciones que el Código de la Infancia y la Adolescencia otorga al defensor de familia y comisario de familia respectivamente, salvo la declaratoria de adoptabilidad que es competencia exclusiva del defensor de familia.

PAR. 3º—Toda actuación administrativa que pueda obstaculizar, retardar o denegar la prestación del servicio a cargo de las defensorías de familia y de las comisarías de familia, incluidas las remisiones injustificadas entre autoridades, será sancionada como lo prevé el Código Disciplinario Único.

(D. 4840/2007, art. 7º)

ART. 2.2.4.9.2.2.(sic)—Conciliación extrajudicial en materia de familia. De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 23 de 1991, 31 de la Ley 640 de 2001 y 30 del Decreto 1818 de 1998, la conciliación extrajudicial en derecho de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios en los siguientes asuntos:

a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges;

b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los niños, niñas y adolescentes;

c) La fijación de la cuota alimentaria;

d) La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico;

e) La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la muerte de los cónyuges;

f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales;

g) Y en los definidos por el artículo 40 de la Ley 640 de 2001, como sujetos a conciliación extrajudicial para acreditar requisito de procedibilidad en asuntos de familia.

PAR.—A falta de las anteriores autoridades en el respectivo municipio, la conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.

(D. 4840/2007, art. 8º)

ART. 2.2.4.9.2.3.(sic)—Función de articulación. Los lineamientos técnicos que fije el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de conformidad con la responsabilidad que le señala la ley, servirán de guía y serán un instrumento orientador en la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, y una vez adoptados por acto administrativo son vinculantes para las autoridades administrativas competentes en el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

(D. 4840/2007, art. 9º)

ART. 2.2.4.9.2.4.(sic)—Funciones de apoyo de los equipos interdisciplinarios de las defensorías de familia y de las comisarías de familia. Son funciones de los equipos interdisciplinarios de las defensorías y comisarías de familia, además de las funciones propias de su cargo, las siguientes:

a) Apoyar la verificación del estado de cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a que se refiere el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, y

b) Realizar las entrevistas a que se refiere el artículo 105 de la Ley 1098 de 2006, en los casos en que esta actividad le sea asignada por la autoridad administrativa correspondiente, en razón a su formación profesional.

(D. 4840/2007, art. 10)

ART. 2.2.4.9.2.5.(sic)—Seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento. En los términos del inciso 2º del artículo 96 de la Ley 1098 de 2006, para el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento de derechos adoptadas por los defensores de familia o comisarios de familia, estos deberán remitir de manera inmediata al coordinador del centro zonal o seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o quien haga sus veces, información y copia de la decisión correspondiente debidamente ejecutoriada.

La anterior se entiende sin perjuicio de la obligación que les asiste a los defensores y comisarios de familia para hacer seguimiento y evaluación de las medidas definitivas de restablecimiento de derechos, que adopten en desarrollo de sus funciones.

(D. 4840/2007, art. 11)

ART. 2.2.4.9.2.6.(sic)—(Modificado).* Sistema de información de restablecimiento de derechos. Es obligación de las comisarías de familia remitir a la dirección regional o seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según sea el caso, la información necesaria para la actualización permanente del sistema de información de restablecimiento de derechos previsto en el artículo 77 del Código de la Infancia y la Adolescencia, según los parámetros técnicos y metodológicos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar defina.

Una vez se implemente el sistema de información de restablecimiento de derechos, las comisarías de familia deberán ingresar directamente al mismo la información correspondiente.

Las comisarías de familia suministrarán la información y documentación necesaria en materia de conciliación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la actualización del sistema de información correspondiente.

(D. 4840/2007, art. 13(sic))

*(Nota: Modificado por el Decreto 1167 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 10

Procedimientos necesarios para el recaudo y la ejecución de los recursos que integran el fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.3.10.1.1.Objeto. El presente capítulo tiene como objeto regular los procedimientos para el recaudo e inversión de los recursos que integran el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, en los términos de la Ley 1743 de 2014.

(D. 272/2015, art. 1º)

ART. 2.2.3.10.1.2.Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplicará a las entidades obligadas por la Ley 1743 de 2014 a realizar actuaciones en relación con el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, en especial al Consejo Superior de la Judicatura, el Banco Agrario de Colombia S.A., el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.

(D. 272/2015, art. 2º)

ART. 2.2.3.10.1.3.Liquidación de intereses. Sobre todos los dineros que deban consignarse a órdenes de los despachos judiciales, el Banco Agrario de Colombia S.A. deberá pagar, en el primer año de la vigencia de la Ley 1743 de 2014 una tasa equivalente al 25% de la DTF vigente, y a partir del segundo año una tasa equivalente al 50% de la DTF vigente. El Banco Agrario de Colombia S.A. también deberá pagar esta tasa de interés sobre el valor de las multas, cauciones y pagos que decreten las autoridades judiciales, así como los depósitos que prescriban a favor de la Nación, y que integran el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

Para efectos de la liquidación de la DTF, el Banco Agrario de Colombia S.A., aplicará cada semana la tasa prevista en el inciso anterior sobre el promedio semanal de los saldos diarios de las cuentas del Fondo para la Modernización, Bienestar y Administración de la Justicia y sobre el promedio semanal de los saldos diarios de las cuentas que tenga el Consejo Superior de la Judicatura para recaudar los dineros que se consignen a órdenes de los despachos judiciales.

(D. 272/2015, art. 3º)

SECCIÓN 2

Reporte y reclamación de depósitos judiciales

ART. 2.2.3.10.2.1.—Reporte del Banco Agrario sobre los depósitos judiciales en condición especial y depósitos judiciales no reclamados. De manera periódica durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el Banco Agrario de Colombia S.A., enviará un reporte al Consejo Superior de la Judicatura en el que indique:

1. La relación de todos los depósitos judiciales que a la fecha del reporte tengan más de dos (2) años de haber sido constituidos y no hayan sido reclamados a esta fecha, así como los depósitos judiciales que a la fecha del reporte tengan más de diez (10) años de haber sido constituidos y no hayan sido reclamados a esta fecha; y,

2. La información que posea sobre la fecha en que fue constituido el depósito judicial, el despacho judicial que conoció del proceso, el nombre y número de identificación del demandante y demandado y el número de radicado del proceso.

(D. 272/2015, art. 4º)

ART. 2.2.3.10.2.2.—Inventario, publicación y prescripción de los depósitos judiciales en condición especial y depósitos judiciales no reclamados. Con base en el reporte de que trata el artículo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura:

1. Expedirá la reglamentación para determinar la forma y los plazos en que:

a) Los despachos judiciales elaborarán un inventario de todos los depósitos judiciales existentes en los despachos judiciales de todo el país.

b) Los despachos judiciales, con base en la información enviada por el Banco Agrario de Colombia S.A., y su propio inventario, deberán catalogar los depósitos judiciales, de acuerdo con los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 1743 de 2014, y enviar esta información al Consejo Superior de la Judicatura; y

2. Cotejará la información suministrada por el Banco Agrario de Colombia S.A. con la enviada por los despachos judiciales de todo el país y elaborará un inventario de los depósitos judiciales que, a la fecha de envío del reporte del Banco Agrario de Colombia S.A., cumplan las condiciones previstas en los artículos 192A y 192B de la Ley 270 de 1996.

3. Con base en el inventario elaborado, publicará por una sola vez en su página web y en un diario de amplia circulación nacional, el listado de los depósitos judiciales que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 192A y 192B de la Ley 270 de 1996.

Si dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la respectiva publicación, ninguna persona se presenta a reclamar el valor del depósito o si la reclamación presentada es negada o extemporánea, se entenderá que estos recursos prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación, Rama Judicial.

La reclamación deberá ser presentada ante el juzgado que conoció del proceso del cual proviene el depósito, o ante el Consejo Superior de la Judicatura, si el despacho judicial que ordenó el depósito ya no existe.

4. Elaborará y enviará al Banco Agrario de Colombia S.A., el formato de conversión de depósitos judiciales que contenga el listado y montos de todos los depósitos judiciales que prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación – Rama Judicial, ordenando a esta entidad bancaria transferir estos recursos a las cuentas bancarias que para tal efecto determine el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

PAR. 1º—La reglamentación de que trata el numeral 1º de este artículo deberá ser enviada de forma periódica a los despachos judiciales, bajo los plazos que para este fin establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

PAR. 2º—Para dar alcance a lo estipulado en el numeral 2º de este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la forma, los plazos y las autoridades encargadas de cotejar la información enviada por el Banco Agrario de Colombia S.A., con la información proveniente de los despachos judiciales.

PAR. 3º—Los valores de los depósitos judiciales que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1743 de 2014 hubieran sido declarados prescritos a favor de la Nación – Rama Judicial bajo los requisitos establecidos por el artículo 9º de la Ley 66 de 1993, no deberán surtir el trámite de publicación consagrado en los parágrafos de los artículos 192A y 192B de la Ley 270 de 1996, modificados en la Ley 1743 de 2014.

(D. 272/2015, art. 5º)

ART. 2.2.3.10.2.3.—Transferencia de los recursos correspondientes a los depósitos judiciales en condición especial y depósitos judiciales no reclamados. Dentro del mes siguiente a la fecha de recibo del formato de conversión de que trata el numeral 4º del artículo anterior, el Banco Agrario de Colombia S.A. deberá transferir a las cuentas bancarias que para tal efecto determine el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, los montos de todos los depósitos judiciales que, de acuerdo con el formato de conversión de depósitos judiciales enviado por el Consejo Superior de la Judicatura, prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación Rama Judicial.

(D. 272/2015, art. 6º)

SECCIÓN 3

Recaudo de multas

ART. 2.2.3.10.3.1.—Cobro coactivo de multas impuestas con anterioridad a la Ley 1743 de 2014. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará el procedimiento y los plazos para que todos los despachos judiciales del país envíen una relación completa de todas las multas impuestas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1743 de 2014 que no estén prescritas y no hayan sido pagadas, con el fin de que se adelante el proceso de cobro coactivo.

(D. 272/2015, art. 7º)

SECCIÓN 4

Impuesto de remate

ART. 2.2.3.10.4.1.Captación del impuesto de remate. El valor del impuesto de remate deberá ser captado por la entidad rematadora, la cual deberá consignar, dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, el dinero recaudado por este concepto en el mes inmediatamente anterior, en la cuenta bancaria que para tal efecto determine el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, so pena de que se causen intereses de mora sobre todas las sumas debidas, a la tasa de interés establecida por el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006.

(D. 272/2015, art. 8º)

SECCIÓN 5

Sanción por exceso en el juramento estimatorio

ART. 2.2.3.10.5.1.Consignación y pago. La persona que sea condenada a pagar la sanción por exceso en el juramento estimatorio, conforme a lo establecido por el artículo 206 del Código General del Proceso, deberá consignar el valor de la sanción en la cuenta bancaria que para tal efecto determine el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia judicial que impuso la condena y radicar en este mismo término, el recibo de consignación que acredite el pago del monto completo de la sanción ante el despacho que la impuso.

La dirección ejecutiva y las oficinas de cobro coactivo del Consejo Superior de la Judicatura adelantarán el cobro coactivo de la sanción por exceso en el juramento estimatorio, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 136 de la Ley 6 de 1992 y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006.

(D. 272/2015, art. 9º)

SECCIÓN 6

Contribución especial arbitral

ART. 2.2.3.10.6.1.—Reportes para la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos. Los centros de arbitraje y los árbitros ad hoc enviarán el informe previsto en el artículo 23 de la Ley 1743 de 2014 a más tardar el 31 de julio de 2015. En adelante deberán enviar informes semestrales el 31 de enero y 31 de julio de cada año, con cortes a diciembre y junio respectivamente, de acuerdo con los instrumentos de reporte que defina el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Banco Agrario de Colombia S.A., enviará a la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho un informe semestral de pagos recibidos por concepto de contribución especial arbitral, cada 31 de enero y 31 de julio, con cortes a diciembre y junio respectivamente, de acuerdo con los instrumentos de reporte que defina el Ministerio de Justicia y del Derecho.

La dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho deberá cotejar ambos informes y adelantará la investigación sancionatoria prevista en el artículo 23 de la Ley 1743 de 2014, si hubiere lugar, en caso de detectar inconsistencias.

(D. 272/2015, art. 10)

ART. 2.2.3.10.6.2.Pago de la contribución arbitral especial por los árbitros. En cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1743 de 2014, el presidente del tribunal arbitral descontará del pago del saldo final de los honorarios, el dos por ciento (2%) del valor total pagado a cada árbitro, y la suma que resulte la consignará en la cuenta del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del laudo o de la providencia que decida sobre su aclaración, corrección o complementación.

(D. 272/2015, art. 11)

SECCIÓN 7

Distribución de los recursos e incorporación al proyecto de presupuesto

ART. 2.2.3.10.7.1.—Distribución de recursos. Para la programación de los recursos del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, de conformidad con las diferentes destinaciones establecidas en la Ley 1743 de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura deberá aplicar, sobre el valor estimado del recaudo de la respectiva vigencia fiscal más los recursos disponibles de vigencias anteriores desde la vigencia de la Ley 1743 de 2014, el siguiente orden de descuentos:

1. El treinta por ciento (30%) de los rendimientos generados sobre depósitos judiciales prescritos y multas, para los planes, programas y proyectos de rehabilitación y construcción, mejoras, adecuación y consecución de los centros carcelarios y penitenciarios.

2. El dos por ciento (2%) en los términos establecidos por el inciso segundo del artículo 2º de la Ley 1743 de 2014, para la promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. Los recursos restantes se destinarán a los fines previstos en el inciso primero del artículo 2º de la Ley 1743 de 2014.

(D. 272/2015, art. 12)

ART. 2.2.3.10.7.2.Incorporación al presupuesto. Como parte del proceso presupuestal, y con sujeción a lo definido en el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo de los sectores afectados, se procederá a incorporar los recursos en los proyectos de presupuesto de las entidades respectivas, así:

Los recursos correspondientes al numeral 1º del artículo anterior, se incorporarán en el presupuesto de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.

Los recursos correspondientes al numeral 2º del artículo anterior, se incorporarán en el presupuesto de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Los recursos correspondientes al numeral 3º del artículo anterior, se incorporarán en el presupuesto de la Rama Judicial.

PAR.—Para efectos del proceso de programación presupuestal el Consejo Superior de la Judicatura certificará al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los montos disponibles a 31 de diciembre de la vigencia anterior y los recaudos estimados del año en curso, discriminados por cada una de las fuentes de ingresos previstas en la Ley 1743 de 2014.

(D. 272/2015, art. 13)

ART. 2.2.3.10.7.3.Traslado de recursos. Una vez se incorporen los recursos de que trata el artículo anterior al presupuesto general de la nación, el Banco Agrario de Colombia S.A., los transferirá, previa instrucción del Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 3º de la Ley 1743 de 2014.

En caso de que los recaudos excedan el valor incorporado en el presupuesto y girado a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, dicho excedente permanecerá en las respectivas cuentas del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

(D. 272/2015, art. 14)

SECCIÓN 8

Informes

ART. 2.2.3.10.8.1.Informe trimestral por el Banco Agrario. Sin perjuicio de los extractos bancarios periódicos que ordena la ley, durante los primeros diez (10) días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Banco Agrario de Colombia S.A., enviará al Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un informe sobre la evolución del recaudo de todos los recursos que integran el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, que contendrá por lo menos:

1. El monto total de los recursos que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1743 de 2014 integran el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia y que fueron recaudados en el trimestre inmediatamente anterior a la presentación del informe.

2. Un reporte detallado que discrimine los valores recibidos por concepto de aranceles, multas, depósitos judiciales, y en general todos y cada uno los recursos enumerados en el artículo tercero de la Ley 1743 de 2014 y que fueron recaudados por el Banco Agrario de Colombia S.A., en el trimestre inmediatamente anterior a la presentación del informe.

3. Los rendimientos trimestrales que generaron los recursos que conforman dicho fondo, desagregando los rendimientos sobre los valores de los depósitos judiciales en condición especial, los depósitos judiciales no reclamados y las multas impuestas en el marco de procesos arbitrales y judiciales de todas las jurisdicciones.

4. Los giros y/o transferencias que se hayan hecho con cargo al fondo.

(D. 272/2015, art. 15)

ART. 2.2.3.10.8.2.—Informe semestral de inversión. El Consejo Superior de la Judicatura presentará los informes previstos en el artículo 24 de la Ley 1743 de 2014 dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada periodo legislativo.

(D. 272/2015, art. 16)

SECCIÓN 9

Seguimiento de procesos en el exterior por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

ART. 2.2.3.10.9.1.Seguimiento acuerdos de compartición de bienes. En los términos del artículo 15 de la Ley 1743 de 2014, cuando una autoridad del Estado extranjero profiera una sentencia o adopte una decisión definitiva en el marco de un proceso de comiso, decomiso o extinción de dominio, en el que cualquier autoridad del Estado colombiano haya suministrado información para el proceso, la autoridad colombiana que haya sido designada para representar o hacer seguimiento del proceso en nombre del Estado colombiano, deberá:

1. Informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiscalía General de la Nación sobre la providencia o decisión a más tardar el día siguiente al de su notificación;

2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva providencia o decisión, enviar por el medio más expedito a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiscalía General de la Nación, una copia completa de la sentencia o decisión, así como del acuerdo o tratado internacional bajo el cual se suministró la información.

3. Informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiscalía General de la Nación si ha iniciado o no una negociación o trámite con el Estado en el cual se llevó a cabo el proceso de comiso, decomiso o extinción de dominio, para cumplir lo dispuesto en el régimen de compartición de bienes establecido en el respectivo instrumento internacional.

En caso de haber iniciado una negociación o acuerdo con el Estado extranjero, la autoridad colombiana deberá informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiscalía General de la Nación los términos y alcance de la misma, y así mismo deberá hacerla parte de este proceso. En caso de no haber iniciado una negociación sobre los términos de aplicación del acuerdo de compartición de bienes, deberá coordinar con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Fiscalía General de la Nación que los bienes que fueron objeto del proceso, o su producto, sean distribuidos conforme al régimen de compartición de bienes establecido en el respectivo instrumento internacional.

PAR.—En todo caso, la autoridad del Estado colombiano que haya sido designada por el acuerdo, tratado o convenio de compartición de bienes para presentar o recibir solicitudes y/o para representar o hacer seguimiento del proceso, informará a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiscalía General de la Nación el resultado de la compartición de bienes y la forma en que se va a efectuar el pago al Estado colombiano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que los Estados partes hayan llegado a un acuerdo sobre la compartición de los bienes.

(D. 272/2015, art. 17)

ART. 2.2.3.10.9.2.—Consignación en el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. Una vez los bienes producto de la compartición ingresen a los activos del Estado colombiano, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado vigilará que los mismos sean consignados de manera efectiva en el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, para lo cual podrá realizar requerimientos a las autoridades competentes y hacer uso de los mecanismos y competencias previstos en el ordenamiento jurídico para estos efectos.

(D. 272/2015, art. 18)

ART. 2.2.3.10.9.3.Mesas de coordinación y seguimiento. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Fiscalía General de la Nación podrán conformar mesas de coordinación y seguimiento interinstitucionales, así como enviar comunicaciones a las entidades estatales, con el fin de asegurar la adecuada partición y destinación de los bienes, recursos y sus frutos.

(D. 272/2015, art. 19)

SECCIÓN 10

Disposiciones finales

ART. 2.2.3.10.10.1Procesos de cobro coactivo. Todos los procesos de cobro coactivo que estén siendo adelantados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y que versen sobre multas impuestas en procesos judiciales con ocasión de la comisión de delitos por infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, serán transferidos al Consejo Superior de la Judicatura a más tardar el 17 de agosto de 2015.

(D. 272/2015, art. 20, modificado por el D. 723, art. 1º)

CAPÍTULO 11

Pago de sentencias, conciliaciones y soluciones amistosas proferidas por órganos internacionales

ART. 2.2.3.11.1.—Pago de sentencias, acuerdos conciliatorios y/o soluciones amistosas. El pago de sentencias, acuerdos conciliatorios y/o soluciones amistosas proferidas o aprobadas por órganos internacionales de derechos humanos podrán tener prelación respecto de los créditos judiciales reconocidos internamente, y no estarán sujetos al orden establecido en el artículo 36 del Decreto 359 de 1995 o la norma que lo compile, sustituya, modifique, adicione o complemente, si así lo decide la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Humanitario creada por el Decreto 4100 de 2 de noviembre de 2011, o la norma que lo sustituya, adicione, modifique o complemente.

(D. 1240/2005, art. 1º)

SECCIÓN 1

Trámite para el pago de indemnizaciones de la Ley 288 de 1996

(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.11.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.11.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.11.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.11.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.11.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.11.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 507 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 12

(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.12.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1166 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 13

Plan decenal de justicia 2017-2027

(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Adopción del plan decenal de justicia 2017-2027

ART. 2.2.3.13.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.13.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

Anexo técnico contentivo del plan decenal del sistema de justicia 2017-2027

(Nota: Adicionado por el Decreto 979 de 2017 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 14

Funcionamiento del fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia

(Nota: Adicionado por el Decreto 1482 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 1

Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia

ART. 2.2.3.14.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1482 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.14.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1482 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.14.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1482 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.14.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1482 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.3.14.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1482 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

TÍTULO 4

Métodos alternativos de solución de conflictos

CAPÍTULO 1

Casas de justicia y centros de convivencia

ART. 2.2.4.1.1.Objeto general. Adóptase el Programa Nacional Casas de Justicia, que tiene por objeto facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos de más 2.500 habitantes.

(D. 1477/2000, art.1º)

ART. 2.2.4.1.2.—Objetivos y funciones específicas. El programa nacional de las casas de justicia tendrá los siguientes objetivos y funciones:

1. Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria y justicia no formal.

2. Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la comunidad con el fin de facilitar su acceso.

3. Ampliar la cobertura de la administración de justicia.

4. Involucrar a la comunidad en la resolución formal y no formal de los conflictos.

5. Fomentar una cultura de convivencia pacífica y de respeto al derecho ajeno.

6. Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución de los problemas en materia de administración de justicia.

7. Establecer espacios de participación y pedagogía ciudadana que contribuyan a la construcción de una convivencia pacífica.

8. Implementar metodologías para el uso y la difusión de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

9. Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia del Estado, con los programas de desarrollo comunitario.

10. Promover la defensa de los derechos humanos de los miembros de la comunidad.

11. Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de la justicia.

12. Orientar jurídicamente a la comunidad en sus derechos y obligaciones.

13. Desarrollar programas de prevención en violencia intrafamiliar y protección de los derechos humanos.

14. Servir de espacio para el análisis de la conflictividad social, por parte de investigadores avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

(D. 1477/2000, art. 3º)

ART. 2.2.4.1.3.—Servicios. En las casas de justicia se prestarán los siguientes servicios:

1. Orientación e información, de derechos humanos y obligaciones legales, con énfasis en la protección de la familia y el menor.

2. Mecanismos alternativos de solución de conflictos.

3. Consultorio jurídico.

4. Justicia formal como centros de recepción de quejas y denuncias, peritaje médico, defensoría de familia, investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Además se podrán realizar brigadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la cedulación, notariado y registro y protección de víctimas de violencia intrafamiliar.

5. Prevención de conflictos y de los delitos en particular.

6. Articulación entre la comunidad y los programas del Estado en temas de justicia y afines.

7. Todos los demás servicios que se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del programa de casas de justicia.

(D. 1477/2000, art. 4º)

ART. 2.2.4.1.4Entidades participantes. Podrán participar en el programa casas de justicia las siguientes entidades:

1. Ministerio de Justicia y del Derecho.

2. Ministerio del Interior.

3. La Fiscalía General de la Nación.

4. La Procuraduría General de la Nación.

5. La Defensoría del Pueblo.

6. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

7. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

8. La Superintendencia de Notariado y Registro.

9. Las alcaldías distritales o municipales.

10. Las comisarías de familia.

11. Las inspecciones de policía.

12. Las personerías distritales o municipales.

13. Los consultorios jurídicos de universidades.

14. Los centros de conciliación.

15. Cualquier otra entidad que se considere necesaria para el cumplimiento de los objetivos del programa.

(D. 1477/2000, art. 5º)

ART. 2.2.4.1.5.Obligaciones de las entidades participantes. En desarrollo del objeto del Programa Nacional Casas de Justicia cada entidad participante, dentro de su ámbito de competencia, estará obligada a prestar los servicios autorizados por ley. Además de esos servicios, deberán concurrir y colaborar en la prestación de los servicios integrales de las Casas de Justicia.

La forma y el alcance de las obligaciones de cada una de las entidades participantes se establecerán a través de convenios interadministrativos que se suscriban para tal efecto. Además se contará con el manual operativo que para casas de justicia elaborará el Ministerio de Justicia y del Derecho.

PAR.—Los alcaldes municipales o distritales concurrirán con las entidades del orden local en los gastos de instalación y funcionamiento de las casas de justicia en los términos que establezcan los respectivos convenios y el manual de funciones.

(D. 1477/2000, art. 6º)

ART. 2.2.4.1.6.—Funciones especiales del Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá las siguientes funciones especiales:

1. Diseñar y definir las políticas generales del programa nacional casas de justicia.

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos, políticas y funciones del programa y del presente capítulo.

3. Coordinar la instalación de las casas de justicia con el acuerdo de las autoridades locales y la comunidad en los términos que establezca el manual de funciones.

4. Promover la participación de los conciliadores en equidad y los jueces de paz.

5. Promover el desarrollo de programas sobre el conocimiento y la defensa de los derechos humanos.

6. Promover la capacitación de los funcionarios que prestan sus servicios en las casas y la comunidad aledaña, en mecanismos alternativos de solución de conflictos.

7. Fomentar la participación de las universidades, organizaciones no gubernamentales y la empresa privada, en la gestión de las casas de justicia.

8. Afianzar las relaciones con los municipios, dotándolos de herramientas para que desarrollen el programa y las políticas de justicia que puedan ser implementadas en las casas.

9. Elaborar el manual de funciones del programa nacional casas de justicia.

10. Crear la red de casas de justicia.

11. Crear un sistema de evaluación de la gestión de las casas.

12. Servir de instancia de coordinación para la consecución de recursos nacionales e internacionales destinados al programa.

13. Presentar a las entidades vinculadas, un informe semestral sobre los resultados del programa. Estas podrán hacer recomendaciones e impartir los correctivos necesarios a sus agentes regionales o seccionales, para el éxito del programa.

14. Promover la creación de comités coordinadores distritales o municipales en los términos que lo establezca el manual de funciones del programa.

15. Promover la creación de comités coordinadores en las casas de justicia en los términos que lo establezca el manual de funciones del programa.

(D. 1477/2000, art. 7º)

CAPÍTULO 2

Centros de conciliación y arbitraje

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.4.2.1.1.Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación de centros de conciliación o arbitraje y en la obtención de aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho; las obligaciones a cargo de los centros; el marco tarifario para los servicios de conciliación y arbitraje; el manejo de la información relacionada con los trámites conciliatorios; el programa de formación que deben cursar y aprobar los conciliadores extrajudiciales en derecho; las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre centros y entidades avaladas para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho.

(D. 1829/2013, art. 1º)

SECCIÓN 2

Creación de centros

ART. 2.2.4.2.2.1.—Personas facultadas para solicitar la creación de centros de conciliación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las entidades públicas y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho podrán solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho la autorización para la creación de centros de conciliación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este capítulo.

(D. 1829/2013, art. 3º)

ART. 2.2.4.2.2.2.—Personas facultadas para solicitar la creación de centros de arbitraje. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las facultades de derecho de las universidades y las entidades públicas podrán solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho la autorización para la creación de centros de arbitraje, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este capítulo.

(D. 1829/2013, art. 4º)

ART. 2.2.4.2.2.3.—Contenido de la solicitud de creación de centros. Las entidades interesadas en la creación de centros deberán presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho una solicitud suscrita por el representante legal de la entidad, en la que se indique:

1. La ciudad en la que el centro prestará sus servicios.

2. La información relativa a los recursos financieros necesarios para la dotación y puesta en funcionamiento del centro, así como para su adecuada operación.

(D. 1829/2013, art. 5º)

ART. 2.2.4.2.2.4.—Anexos de la solicitud. Con la solicitud deberá acompañarse:

1. Certificado de existencia y representación legal de la persona solicitante, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

2. Fotografías, planos y folio de matrícula inmobiliaria o contrato de arrendamiento del inmueble donde funcionará el centro, que evidencien que la entidad cuenta con instalaciones que como mínimo deben satisfacer las siguientes características:

a) Área de espera;

b) Área de atención al usuario;

c) Área para el desarrollo de los procesos de administración internos del centro;

d) Área para el desarrollo de los trámites conciliatorios o de arbitraje, independiente del área destinada a los procesos de administración internos del centro, que garantice la privacidad, confidencialidad y accesibilidad según la legislación vigente;

e) Espacio para el almacenamiento de la documentación generada por los trámites, que garantice su conservación, seguridad y confidencialidad;

f) El proyecto financiero para la dotación y puesta en funcionamiento del centro, así como para sostener de manera permanente su operación;

g) Los documentos que acrediten la existencia de recursos financieros necesarios para la dotación y puesta en funcionamiento del centro, así como para su adecuada operación. Cuando el interesado en la creación del centro sea una entidad pública, debe aportar el proyecto de inversión respectivo, debidamente viabilizado por el Departamento Nacional de Planeación o por la autoridad competente, o la información que permita establecer que el presupuesto de funcionamiento de la entidad cubrirá la totalidad de los gastos generados por el futuro centro.

3. El proyecto de reglamento del centro.

(D. 1829/2013, art. 6º)

ART. 2.2.4.2.2.5.—Reglamento del centro de conciliación. El reglamento del centro de conciliación solo entrará a regir cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho haya impartido la aprobación de que trata el presente capítulo.

El reglamento del centro de conciliación debe desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) La estructura administrativa del centro de conciliación;

b) Las funciones del director;

c) Los requisitos que deben reunir los conciliadores, así como las causas para su exclusión; de las listas del centro de conciliación;

d) El procedimiento para la conformación de las listas de conciliadores;

e) La forma de designar conciliadores de las listas;

f) Los mecanismos de información al público en general, sobre los trámites de conciliación;

g) Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscritos en la lista oficial del centro, que garantice la transparencia e imparcialidad del servicio;

(D. 1829/2013, art. 7º)

ART. 2.2.4.2.2.6.—Reglamento del centro de arbitraje. El reglamento del centro de arbitraje solo entrará a regir cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho haya impartido la aprobación de que trata el presente capítulo.

El reglamento interno del centro de arbitraje debe desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) La estructura administrativa del centro de arbitraje;

b) Las funciones del director;

c) Los requisitos que deben reunir los árbitros, secretarios de tribunal arbitral y amigables componedores, las causas para su exclusión de las listas del centro de arbitraje y el deber de información consagrado en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012;

d) Las reglas de los procedimientos arbitrales, con el fin de que estas garanticen el debido proceso, incluyendo el procedimiento breve y sumario que se aplicará en el arbitraje social;

e) El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, secretarios de tribunal arbitral y amigables componedores;

f) La forma de designar árbitros y amigables componedores de las listas;

g) Las reglas de la amigable composición, cuando sea del caso, con el fin de que estas garanticen derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas;

h) Los mecanismos de información al público en general, sobre los procesos arbitrales y de amigable composición;

i) Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios;

j) Las tarifas de gastos administrativos.

En el reglamento interno de los centros de arbitraje se podrá incluir también las reglas de procedimiento para el arbitraje virtual. En este caso, el reglamento deberá contener:

a) Los mecanismos que se emplearán para la firma del director del centro, de los árbitros, de los amigables componedores y de las partes, que garanticen confiabilidad e idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 527 de 1999;

b) El nombre de dominio del sitio de internet al que accederán partes, árbitros y amigables componedores para el desarrollo de los procedimientos arbitrales y de amigable composición, y que será la sede electrónica del centro;

c) La implementación de herramientas que permitan el acuse de recibo de los actos de notificación, en los términos del artículo 20 de la Ley 527 de 1999;

d) La inclusión de una alternativa que le permita a los usuarios la posibilidad de una etapa automatizada de arreglo directo, a través de desarrollos tecnológicos.

(D. 1829/2013, art. 8º)

ART. 2.2.4.2.2.7.—Requisitos especiales para las solicitudes formuladas por entidades sin ánimo de lucro. Cuando la solicitud provenga de una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social comprenda la facultad para ofrecer servicios de conciliación, arbitraje o amigable composición, además de los requisitos y anexos previstos en los artículos anteriores, la solicitud deberá contener:

a) Diagnóstico de conflictividad y tipología de conflicto del municipio o distrito en el que funcionará el centro, según la normativa que establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho para el efecto;

b) El proyecto de reglamento según el tipo de centro de que se trata, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.4.2.2.5 y 2.2.4.2.2.6., de este capítulo.

(D. 1829/2013, art. 9º)

ART. 2.2.4.2.2.8.Procedimiento para la autorización de creación de centros. La dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho decidirá sobre la solicitud dentro de los sesenta (60) días siguientes a su presentación, término durante el cual podrá requerir a la entidad solicitante para que complete o adicione la documentación presentada con la solicitud.

Si la solicitud satisface los requisitos exigidos para la creación del centro, la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho expedirán la respectiva resolución y registrará los datos del centro en el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición.

Contra las decisiones adoptadas por la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho en este trámite, proceden los recursos de reposición y apelación, según lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

(D. 1829/2013, art. 10)

SECCIÓN 3

Obligaciones de los centros de conciliación o arbitraje

ART. 2.2.4.2.3.1.—Principios. Los centros deberán desarrollar sus funciones de acuerdo con los siguientes principios:

a) Celeridad. Los protocolos de atención del centro deben garantizar que las actuaciones se llevan a cabo sin dilaciones;

b) Idoneidad. Los conciliadores deben estar capacitados en mecanismos alternativos de solución de conflictos en los términos establecidos en este capítulo. Los centros de conciliación deben propender a que los conciliadores inscritos en sus listas sean especializados y se actualicen constantemente. Los centros de arbitraje deben asegurar que los árbitros, secretarios de tribunal arbitral y amigables componedores reúnen las características señaladas por la ley;

c) Participación. Los centros deben generar espacios de intervención de la comunidad, enfocados en entronizar en ella la cultura de los métodos alternativos de solución de conflictos, con el propósito de cambiar en los individuos que la integran las concepciones antagónicas propias del debate judicial y evitar el escalamiento de los conflictos en la sociedad;

d) Responsabilidad social. Los centros deben garantizar que sus servicios se ofrezcan de forma gratuita o bajo condiciones preferenciales de acceso a personas de los estratos 1 y 2;

e) Gratuidad. Son gratuitos los trámites que se celebren ante los centros de conciliación de consultorio jurídico. También serán gratuitos los procedimientos que se adelanten ante centros de las entidades públicas, sin perjuicio de las excepciones que señale la ley.

(D. 1829/2013, art. 11)

ART. 2.2.4.2.3.2.—Principios especiales de los centros de conciliación. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, los centros de conciliación deberán desarrollar sus funciones de acuerdo con los siguientes principios:

a) Autonomía de la voluntad de las partes. Todos los acuerdos construidos en el trámite de conciliación extrajudicial en derecho dependen directamente de las partes involucradas en el conflicto. Los interesados gozan de la facultad de definir el centro de conciliación en donde se llevará a cabo la conciliación, elegir el conciliador, y aceptar o no las propuestas de arreglo en la conciliación;

b) Informalidad. Las actuaciones de los conciliadores y de los centros de conciliación se caracterizarán por el mínimo formalismo.

(D. 1829/2013, art. 12)

ART. 2.2.4.2.3.4.(sic)—Modificaciones en las condiciones de funcionamiento del centro. La entidad está obligada a mantener las condiciones de funcionamiento del centro que fueron desarrolladas en la solicitud de autorización de funcionamiento. Cualquier modificación a las condiciones mínimas previstas en los artículos 2.2.4.2.2.4, 2.2.4.2.2.5, 2.2.4.2.2.6, y 2.2.4.2.2.7, debe ser previamente aprobada por la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.

(D. 1829/2013, art. 13)

ART. 2.2.4.2.3.5.—(Subrogado).* Listas de conciliadores, árbitros y secretarios. El centro deberá tener listas de conciliadores y árbitros, según corresponda, clasificadas por especialidad jurídica, de acuerdo con el perfil que el mismo centro determine para cada uno. También deberá tener listas de secretarios.

En la conformación de las listas deberá verificarse, como mínimo, lo siguiente:

a) Que se cumpla con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente;

b) Que la hoja de vida se ajuste al perfil y a las competencias determinadas por el centro.

PAR.—Independientemente de la forma en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 640 de 2001, se seleccione la persona que actúe como conciliador, este no podrá citar a las partes a audiencia de conciliación por fuera de las instalaciones del centro, salvo casos excepcionales previamente autorizados por el director del centro.

(D. 1829/2013, art. 14)

*(Nota: Subrogado por el Decreto 2462 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.4.2.3.6.—Renovación de las listas de conciliadores. Cada dos (2) años, los centros de conciliación revisarán y actualizarán sus listas de conciliadores, con base en la idoneidad y desempeño de sus integrantes. Para ello podrán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de los deberes establecidos;

b) Cumplimiento de los procedimientos, protocolos y actividades establecidos;

c) Opinión o satisfacción del usuario;

d) Disponibilidad;

e) Conocimiento y habilidades en materia de conciliación o arbitraje, según sea el caso.

(D. 1829/2013, art. 15)

ART. 2.2.4.2.3.7.Códigos de identificación. Los centros deberán adoptar los códigos de identificación asignados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que serán generados de manera automática por el Sistema de Información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición, previo trámite del centro. El centro deberá informar por escrito a cada conciliador, acerca del código que este deberá usar en sus actuaciones.

(D. 1829/2013, art. 16)

ART. 2.2.4.2.3.8.Educación continuada. Los centros de conciliación deberán organizar sus propios programas de educación continuada en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, dirigido a los conciliadores inscritos en sus listas.

(D. 1829/2013, art. 17)

SECCIÓN 4

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y el arbitraje virtual

ART. 2.2.4.2.4.1.Utilización de medios electrónicos. Los centros de arbitraje y cualquier interviniente en un arbitraje podrán utilizar medios electrónicos en todas las actuaciones, sin que para ello se requiera de autorización previa y, en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto del tribunal con las partes como con terceros, para la notificación de las providencias, la presentación de memoriales y la realización de audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta.

(D. 1829/2013, art. 18)

ART. 2.2.4.2.4.2.—Notificaciones por medios electrónicos. Las providencias podrán notificarse a las partes por cualquier medio electrónico, en los términos dispuestos en la ley.

Cuando se requiera acusar recibo de un mensaje de datos, dicho requisito se entenderá surtido, entre otros, en los siguientes casos:

1. Cuando se obtenga una comunicación del interesado por cualquier medio idóneo, en la que manifieste conocer la providencia notificada.

2. Cuando se reciba una constancia de recibo del mensaje de datos que contiene la providencia notificada en el buzón electrónico del sujeto notificado. Para ello podrán utilizarse mecanismos como el correo electrónico certificado, entre otros.

3. Cuando exista cualquier acto inequívoco del notificado sobre el conocimiento de la providencia.

La notificación por medios electrónicos podrá realizarse a través del correo electrónico u otros mecanismos de comunicación virtual, como los sistemas de mensajería instantánea. En estos casos, la prueba del acuse de recibo seguirá las mismas reglas previstas en los numerales anteriores.

(D. 1829/2013, art. 19)

ART. 2.2.4.2.4.3.—Listas de árbitros para el arbitraje virtual. Los centros de arbitraje que ofrezcan el servicio de arbitraje virtual podrán tener una lista especial conformada con los árbitros que se dediquen a esta forma de arbitraje.

(D. 1829/2013, art. 20)

ART. 2.2.4.2.4.4.Remisión de documentos y comunicaciones. La presentación de memoriales, las notificaciones, los traslados, y en general todas las comunicaciones intercambiadas entre las partes y el tercero neutral, en el curso de las actuaciones del arbitraje virtual, serán transmitidas por medios electrónicos a través del sistema de información.

(D. 1829/2013, art. 21)

ART. 2.2.4.2.4.5.Audiencias. Las audiencias en el arbitraje virtual se realizarán íntegramente a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea, según lo determine el tribunal o el árbitro único. El centro de arbitraje dispondrá lo pertinente para la grabación y conservación de las audiencias que se surtan a través de estos medios.

(D. 1829/2013, art. 22)

ART. 2.2.4.2.4.6.—Cobertura del arbitraje virtual. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, se entenderá que el arbitraje virtual se presta para todo el territorio nacional.

(D. 1829/2013, art. 23)

SECCIÓN 5

Función social de la conciliación y del arbitraje

ART. 2.2.4.2.5.1.—(Subrogado).* Jornadas gratuitas de conciliación, arbitraje y amigable composición. Los centros de entidades sin ánimo de lucro deberán organizar y realizar mínimo una jornada gratuita al año, ya sea de conciliación, arbitraje o amigable composición, que deberá ser coordinada con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En dichas jornadas deberá atenderse un mínimo de casos presentados según lo defina el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de cualquiera de los métodos alternativos de solución de conflictos, que no debe ser inferior al cinco por ciento (5%) de los casos atendidos por el centro en el año inmediatamente anterior.

Los árbitros y los conciliadores tendrán la obligación de prestar gratuitamente sus servicios en las jornadas a las que se refiere este artículo.

La realización de dichas jornadas deberá ser coordinada con el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para tal propósito, el centro deberá presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho con mínimo treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha de realización de la jornada, un informe en el que se indique el lugar, el día, el horario y las condiciones de la jornada, el número y tipo de casos que se busca atender, y el número estimado de conciliadores, árbitros o amigables componedores que participarán en la jornada.

PAR. 1º—Recibidas las solicitudes de audiencia de conciliación, el centro o el notario deberán dar prelación en la atención a aquellas presentadas por familias beneficiadas por la estrategia del Gobierno nacional para la superación de la pobreza extrema.

PAR. 2º—Cuando en la jornada respectiva no se alcancen a resolver las solicitudes recibidas, ese mismo día el centro deberá programar la fecha y la hora en que se resolverán los casos que hubieren quedado pendientes. De esta situación informará a las personas que no pudieron ser atendidas durante la jornada.

Si dentro de una misma jornada no se presentare el porcentaje mínimo de solicitudes de conciliación, arbitraje o amigable composición conforme a lo establecido en el inciso segundo, el centro deberá organizar una nueva jornada gratuita.

(D. 1829/2013, art. 24)

*(Nota: Subrogado por el Decreto 2462 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.4.2.5.2.—(Subrogado).* Centros de conciliación de consultorio jurídico. Los trámites conciliatorios ante centros de conciliación de consultorio jurídico deberán ser atendidos por estudiantes cuando la cuantía del conflicto no supere los cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (40 smmlv).

Los abogados titulados vinculados a los centros de conciliación de consultorio jurídico tramitarán casos de conciliación, siempre y cuando lo efectúen con propósitos de docencia exclusivamente.

Todos los estudiantes que estén desarrollando actividades en los consultorios jurídicos conformarán la lista de conciliadores de la universidad. El consultorio deberá garantizar que cada estudiante habrá atendido como mínimo dos casos de conciliación e impartirá la formación requerida para el efecto.

(D. 1829/2013, art. 25)

*(Nota: Subrogado por el Decreto 2462 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

SECCIÓN 6

Régimen tarifario

SUBSECCIÓN 1

Conciliación

ART. 2.2.4.2.6.1.1.—(Subrogado).* Tarifas máximas para los centros de conciliación. Las tarifas máximas que podrán cobrar los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro no podrán superar los siguientes montos:

Cuantíadelapretensiónsometidaaconciliación
(salarios mínimos legales mensuales vigentes – smlmv)







Tarifa
Menos de 8

9 smldv
Entre 8 e igual a 13
13 smldv
Más de 13 e igual a 17
16 smldv
Más de 17 igual a 35
21 smldv
Más de 35 e igual a 52
25 smldv
Más de 52
3,5%

Los centros de conciliación fijarán, en su reglamento interno, la proporción de dichas tarifas que corresponderá al conciliador.

En ningún caso el conciliador podrá recibir directamente pago alguno por cuenta de las partes. Cuando el trámite conciliatorio sea adelantado por un conciliador autorizado para la realización de audiencias por fuera de las instalaciones del centro, el convocante cancelará la totalidad de la tarifa ante el centro de conciliación.

PAR.—La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 smlmv).

(D. 1829/2013, art. 26)

*(Nota: Subrogado por el Decreto 2462 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.4.2.6.1.2.Liquidación de la tarifa. La tarifa deberá ser liquidada y cobrada al solicitante al momento de presentar la solicitud de conciliación. Las tarifas de conciliación no dependen del resultado de la misma. Con todo, en el evento en que la parte convocada no asista a la audiencia de conciliación, el centro devolverá al convocante como mínimo el 70% de la tarifa cancelada, de acuerdo con lo establecido en el respectivo reglamento interno.

En caso de segunda convocatoria, el porcentaje mínimo de devolución será del 60% de la tarifa cancelada, según lo disponga el reglamento.

(D. 1829/2013, art. 27)

ART. 2.2.4.2.6.1.3.Reliquidación de la tarifa de conciliación. En los casos en que la cuantía de la pretensión del asunto sometido a conciliación sea aumentada en el desarrollo de la conciliación, se podrá reliquidar la tarifa sobre el monto ajustado conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.6.1.1, del presente capítulo.

(D. 1829/2013, art. 28)

ART. 2.2.4.2.6.1.4.Tarifa en asuntos de cuantía indeterminada y sin cuantía. Cuando se trate de asuntos de cuantía indeterminada o que no tengan cuantía, el valor del trámite será máximo de catorce salarios mínimos legales diarios vigentes (14 smldv). No obstante, si en el desarrollo de la conciliación se determina la cuantía de las pretensiones, se deberá reliquidar la tarifa conforme a lo establecido en el 2.2.4.2.6.1.3 del presente capítulo.

(D. 1829/2013, art. 29)

ART. 2.2.4.2.6.1.5.Encuentros adicionales de la audiencia de conciliación. Si las partes en conflicto y el conciliador, de mutuo acuerdo realizan más de cuatro (4) encuentros de la audiencia de conciliación, podrá cobrarse por cada encuentro adicional hasta un diez por ciento (10%) adicional sobre la tarifa inicialmente señalada, que se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.6.1.1, del presente capítulo.

(D. 1829/2013, art. 30)

ART. 2.2.4.2.6.1.6.—Tarifas de conciliaciones de mutuo acuerdo. Cuando la solicitud sea presentada de común acuerdo por dos o más partes, se sumará, separadamente, la totalidad de las pretensiones de cada una de ellas, y la tarifa se liquidará con base en la mayor.

(D. 1829/2013, art. 31)

SUBSECCIÓN 2

Arbitraje

ART. 2.2.4.2.6.2.1.—Honorarios de los árbitros. Para la fijación de los honorarios de cada árbitro, los centros de arbitraje tendrán en cuenta los siguientes topes máximos:

Cuantíadelproceso
(salarios mínimos legales mensualesvigentes-smlmv)
Honorarios máximos por árbitro
Menos de 10
10 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (smldv)
Entre 10 e igual a 176
3.25% de la cuantía
Más de 176 e igual a 529
2.25% de la cuantía
Más de 529 e igual a 882
2% de la cuantía
Más de 882 e igual a 1764
1.75% de la cuantía
Mayor a 1764
1.5% de la cuantía

PAR. 1º—En caso de árbitro único, los mencionados topes podrán incrementarse hasta en un cincuenta por ciento (50%).

PAR. 2º—Independientemente de la cuantía del proceso, los honorarios de cada árbitro no podrán superar la cantidad de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

PAR. 3º—Los honorarios del secretario serán la mitad de los de un árbitro.

(D. 1829/2013, art. 32)

ART. 2.2.4.2.6.2.2Gastos iniciales. Con la presentación de cualquier convocatoria a tribunal de arbitral, la parte convocante deberá cancelar a favor del centro, los siguientes valores:

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv).

Si es un trámite de mayor cuantía o cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 smlmv).

Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decrete el tribunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos.

(D. 1829/2013, art. 33)

ART. 2.2.4.2.6.2.3.—Gastos del centro de arbitraje. Los gastos del centro de arbitraje corresponderán al cincuenta por ciento (50%) de los honorarios de un árbitro y en todo caso no podrán ser superiores a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv).

Las anteriores cifras no comprenden las que adicionalmente decrete el tribunal por concepto de costas y agencias en derecho.

(D. 1829/2013, art. 34)

ART. 2.2.4.2.6.2.4.—Fijación de honorarios y gastos. Fracasada en todo o en parte la conciliación, en la misma audiencia el tribunal fijará los honorarios y gastos mediante auto susceptible de recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente.

(D. 1829/2013, art. 35)

ART. 2.2.4.2.6.2.5.—Tarifas en asuntos con cuantía indeterminada. Los arbitrajes donde la cuantía de las pretensiones del conflicto sea indeterminada se asimilarán a los de mayor cuantía conforme a la ley y la distribución de la tarifa se efectuará de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.6.2.1, del presente capítulo.

Cuando no fuere posible determinar la cuantía de las pretensiones, los árbitros tendrán como suma límite para fijar los honorarios de cada uno, la cuantía de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv).

(D. 1829/2013, art. 36)

ART. 2.2.4.2.6.2.6.—Tarifas en asuntos con conciliación dentro del proceso arbitral. Cuando el proceso de arbitraje culmine por conciliación, se cancelará el monto establecido para los trámites conciliatorios.

(D. 1829/2013, art. 37)

SECCIÓN 7

Manejo de información de la conciliación

ART. 2.2.4.2.7.1.Actas y constancias. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.4.2.7.7, del presente capítulo, los conciliadores, notarios y servidores públicos habilitados por ley para conciliar, deberán registrar en el SICAAC, las actas y constancias derivadas de los trámites conciliatorios desarrollados ante ellos.

En las actas y constancias se incluirá la información relativa a la dirección física y electrónica de quienes asistieron a la audiencia.

Las actas y constancias de las que tratan los artículos 1º y 2º de la Ley 640 de 2001 son documentos públicos y por tanto hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el conciliador que las firma.

(D. 1829/2013, art. 38)

ART. 2.2.4.2.7.2.Gestión documental. Los centros, notarios y servidores públicos habilitados por ley para fungir como conciliadores garantizarán la custodia, conservación y disponibilidad de la documentación relacionada con la prestación de sus servicios, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo.

También deberán garantizar la custodia, conservación y disponibilidad de los archivos en los casos de arbitraje virtual.

(D. 1829/2013, art. 39)

ART. 2.2.4.2.7.3.Deterioro. Los documentos que se deterioren serán archivados y sustituidos por una reproducción exacta de ellos, con anotación del hecho y su oportunidad, la cual será suscrita por el director del centro o la del funcionario o notario conciliador.

(D. 1829/2013, art. 40)

ART. 2.2.4.2.7.4.Pérdida. En caso de pérdida de algún documento, se procederá a su reconstrucción con base en los duplicados, originales o documentos auténticos que se encuentren en poder de las partes, del propio Centro, del conciliador, del funcionario o del notario, según sea el caso.

(D. 1829/2013, art. 41)

ART. 2.2.4.2.7.5.Traslado y remisión de información. En el evento en que se revoque la autorización de funcionamiento del centro de conciliación, este remitirá el archivo documental de los trámites de conciliación y de insolvencia que ante él se llevaron a cabo, al Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual designará otro centro para la custodia de ese archivo.

(D. 1829/2013, art. 42)

ART. 2.2.4.2.7.6.Reporte de información. Los centros y las entidades avaladas, deberán registrar en el SICAAC, los datos relacionados con los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunal arbitral, amigables componedores, estudiantes capacitados y con los trámites que se adelanten ante el centro.

La información deberá ser registrada a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que el centro asume conocimiento del caso o a la generación de la respectiva documentación, según sea el caso.

(D. 1829/2013, art. 43)

ART. 2.2.4.2.7.7.Procedimiento para el registro y archivo de actas de conciliación. El conciliador deberá tramitar el registro de las actas de conciliación de que trata el artículo 14 de la Ley 640 de 2001, ante el centro de conciliación en el cual se encuentre inscrito. Si el conciliador está inscrito en varios centros de conciliación registrará el acta en cualquiera de ellos a su elección, de lo cual comunicará a las partes. En todo caso, si la selección del conciliador se hace por designación de un centro de conciliación, el registro se realizará ante este mismo centro.

El conciliador entregará al centro de conciliación copia de los antecedentes del trámite conciliatorio, un original del acta de conciliación y tantas copias del acta como partes haya.

El director del centro de conciliación verificará el cumplimiento de los requisitos formales del acta de conciliación establecidos en el artículo 1º de la Ley 640 de 2001 y verificará que quien haya realizado la conciliación sea un conciliador de su centro. Si se cumplen las condiciones anteriores, el centro imprimirá al reverso del acta de conciliación, el formulario de resultado del caso ingresado en el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición.

El director del centro hará constar en las copias de las actas si se trata de las primeras copias que prestan mérito ejecutivo y las entregará a las partes. En ningún caso se entregarán los originales de las actas de conciliación a las personas interesadas. El original del acta junto con las copias de los antecedentes del trámite conciliatorio, se conservará en el archivo del centro.

(D. 1829/2013, art. 44)

ART. 2.2.4.2.7.8.Criterios de calidad. Los centros de conciliación deberán implementar y satisfacer los requisitos generales del servicio contemplados en la norma técnica de calidad 5906 o aquella que la modifique o sustituya. Los centros voluntariamente se someterán a los procesos de certificación de calidad basados en la norma técnica.

(D. 1829/2013, art. 45)

ART. 2.2.4.2.7.9.Papelería del centro. Los centros deberán incluir en su promoción y divulgación por cualquier medio, así como en su papelería, la mención de que están sujetos a inspección, control y vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho.

(D. 1829/2013, art. 46)

SECCIÓN 8

Programa de formación en conciliación extrajudicial en derecho

ART. 2.2.4.2.8.1.—Requisitos para solicitar el aval. Las entidades interesadas en recibir el aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que el centro de conciliación de la entidad haya obtenido del Ministerio de Justicia y del Derecho autorización para su funcionamiento, como mínimo, tres (3) años antes de la radicación de la solicitud, y que dicha autorización no haya sido revocada;

b) Que el centro de conciliación de la Entidad haya operado durante los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud, y haya tramitado a lo largo de ellos no menos de cincuenta (50) casos de conciliación, según reporte generado por el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición;

c) Que el centro de conciliación de la entidad no haya sido sancionado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en los últimos tres (3) años.

PAR.—Las universidades podrán ofrecer a sus estudiantes la formación en conciliación de que trata este artículo, sin necesidad de tramitar el aval respectivo. Con todo no podrán certificar la correspondiente formación en los términos del artículo 2.2.4.2.8.6.

(D. 1829/2013, art. 47)

ART. 2.2.4.2.8.2.Solicitud. La solicitud de aval deberá presentarse en escrito firmado por el representante legal de la entidad y acompañarse de los documentos que acrediten el lleno de los requisitos señalados en el artículo anterior, así como del contenido del programa de formación, el desarrollo de los objetivos y el planteamiento del sistema de evaluación de cada módulo, tanto para docentes como para alumnos.

(D. 1829/2013, art. 48)

ART. 2.2.4.2.8.3.Contenido del programa de formación. El Ministerio de Justicia y del Derecho fijará mediante resolución los contenidos mínimos que debe comprender el programa de formación. Este se dividirá en tres módulos: básico, entrenamiento y pasantía. La aprobación de cada módulo será requisito para continuar la capacitación. Tanto el módulo básico como el módulo de entrenamiento, tendrán una duración mínima de sesenta (60) horas. La pasantía comprenderá un mínimo de dos (2) audiencias acompañadas por un docente conciliador.

(D. 1829/2013, art. 49)

ART. 2.2.4.2.8.4.Procedimiento de otorgamiento de aval. El Ministerio de Justicia y del Derecho decidirá sobre la solicitud dentro de los sesenta (60) días siguientes a su presentación, dentro de los cuales podrá requerir al centro de conciliación o a la entidad que solicita el aval para que complete o adicione la documentación presentada con la solicitud.

Si la solicitud no satisface los mencionados requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho así lo indicará al solicitante y otorgará un plazo no mayor a treinta (30) días calendario para que subsane los defectos que pueda presentar su solicitud, so pena del archivo del trámite.

Si la solicitud satisface los requisitos exigidos para otorgar el aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho, el Ministerio de Justicia y del Derecho expedirá la resolución respectiva e ingresará los datos de la entidad avalada en el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición.

Contra las decisiones adoptadas por la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho en este trámite, procede el recurso de reposición y apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

(D. 1829/2013, art. 50)

ART. 2.2.4.2.8.5.—Capacitación virtual y a distancia. Las entidades avaladas procurarán utilizar herramientas que permitan el mayor acceso de los alumnos a la capacitación. Para ello podrán realizar cursos virtuales y a distancia.

(D. 1829/2013, art. 51)

ART. 2.2.4.2.8.6.Certificados. Las entidades avaladas únicamente certificarán a las personas que cursen y aprueben el programa académico ofrecido. El certificado que expidan deberá contener la siguiente información:

a) Nombre de la entidad avalada;

b) Número de la resolución de aval;

c) Nombre y cédula de ciudadanía del estudiante;

d) Intensidad horaria del programa académico;

e) Certificación de que se aprobó el programa académico respectivo;

f) Firma del director.

(D. 1829/2013, art. 52)

ART. 2.2.4.2.8.7.—Registro de capacitados en el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. La entidad avalada deberá registrar en el SICAAC los datos de quienes hayan cursado y aprobado el programa de formación.

(D. 1829/2013, art. 53)

SECCIÓN 9

Inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho a los centros

ART. 2.2.4.2.9.1.Objetivo. El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá solicitar la información que estime pertinente y efectuar visitas a las instalaciones en que funcionan sus vigilados, para procurar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias a cargo de estos, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

(D. 1829/2013, art. 54)

ART. 2.2.4.2.9.2.Diligencias preliminares. Cuando por cualquier medio el Ministerio de Justicia y del Derecho conozca la existencia de un presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a un centro de conciliación y/o arbitraje, podrá, de oficio o a petición de parte, solicitar la explicación pertinente o disponer visitas al centro de conciliación y/o arbitraje correspondiente.

El director de métodos alternativos de solución de conflictos designará mediante auto a un funcionario de esa dependencia para que practique la visita de inspección, vigilancia y control al centro o a la entidad avalada.

(D. 1829/2013, art. 55)

ART. 2.2.4.2.9.3.—Actas de visita. En la visita de inspección se levantará un acta que contendrá como mínimo:

a) Nombre y dirección del centro o de la entidad avalada;

b) Nombre y documento de identificación del director del centro o de la entidad avalada;

c) Fecha de realización de la visita;

d) Nombre del funcionario que practica la visita;

e) Fortalezas del centro o de la entidad avalada;

f) Debilidades del centro o de la entidad avalada;

g) Requerimientos;

h) Disposiciones legales o reglamentarias posiblemente infringidas;

i) Firma de quienes participaron en la visita de inspección.

(D. 1829/2013, art. 56)

ART. 2.2.4.2.9.4.Requerimientos. Si como resultado de la visita se encuentran hechos o situaciones que pudieren constituir faltas distintas de las establecidas en el artículo 2.2.4.2.9.7, del presente capítulo, lo requerirá para que adopte los correctivos que sean del caso. El centro tendrán un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes al requerimiento para presentar ante el Ministerio de Justicia y del Derecho las constancias, documentos y demás información que demuestre que se han efectuado los ajustes solicitados.

(D. 1829/2013, art. 57)

ART. 2.2.4.2.9.5.Apertura de investigación y procedimiento. Cuando en concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho no se han adoptado los correctivos a que se refiere el artículo anterior, el centro correspondiente no presenta la documentación que sustenta la adopción de correctivos en el plazo correspondiente o el centro incurra en alguna de las conductas a que se refiere el artículo 2.2.4.2.9.7, del presente capítulo, se abrirá un proceso sancionatorio el cual se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el procedimiento administrativo sancionatorio.

(D. 1829/2013, art. 58)

ART. 2.2.4.2.9.6.Sanciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción y previas las garantías del debido proceso, podrá imponer a los centros cualquiera de las siguientes sanciones, previstas en el artículo 94 de la Ley 446 de 1998, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento:

1. Amonestación escrita;

2. Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad económica del centro de conciliación y arbitraje, a favor del tesoro público;

3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses.

4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento o del aval.

(D. 1829/2013, art. 59)

ART. 2.2.4.2.9.7.—Revocatoria de la autorización de funcionamiento. El Ministerio de Justicia y del Derecho cancelará la autorización de creación del centro en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Cuando se compruebe que en la lista de conciliadores o de árbitros del centro, están inscritas personas que no cumplen con los requisitos legales para actuar como tales.

2. Cuando las multas impuestas no sean canceladas en el término establecido para el efecto por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. Cuando el centro correspondiente, preste servicios estando vigente una suspensión de autorización de funcionamiento impuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

4. Cuando de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición, el centro no ha atendido trámites durante el año inmediatamente anterior, y la entidad avalada para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho no ha ofrecido programas de capacitación durante los últimos dos (2) años.

5. Cuando se identifique que se modificaron los requisitos mínimos de funcionamiento aprobados en la solicitud de autorización del centro o entidad avalada, sin aprobación previa del ministerio.

PAR.—Cuando a los centros se les haya cancelado la autorización de funcionamiento, dicha entidad y sus representantes legales y administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha autorización, por sí mismas o por interpuesta persona, por un término de cinco (5) años.

(D. 1829/2013, art. 60)

ART. 2.2.4.2.9.8.—Publicación de sanciones. Las sanciones impuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho a un centro, una vez en firme, serán publicadas en SICAAC.

(D. 1829/2013, art. 61)

SECCIÓN 10

Pacto arbitral en contratos de adhesión

ART. 2.2.4.2.10.1.Opción de pacto arbitral. En todo contrato, y en particular, en el de adhesión o contenido predispuesto, se podrá incluir el pacto arbitral como cláusula de opción en los términos del artículo 23 de la Ley 51 de 1918. La estipulación debe ser clara, precisa e informarse explícitamente al celebrarse el contrato.

La parte a cuyo favor se concede la opción de pacto arbitral, podrá aceptarla o rechazarla, y hacerla efectiva con la presentación de la solicitud ante el centro de arbitraje para resolver las controversias que se deriven de dicho contrato. La aceptación será expresa, libre, espontánea y en ningún caso impuesta ni se presume por la celebración del negocio jurídico. La falta de aceptación al instante de celebrar el contrato, deja sin valor ni efecto la oferta de pacto arbitral.

Salvo estipulación expresa en contrario, el término de vigencia de la opción es de un año, contabilizado a partir de la celebración del contrato.

(D. 1829/2013, art. 80)

ART. 2.2.4.2.10.2.—Condiciones. Para el efecto mencionado la oferta de negocio jurídico, cláusula compromisoria, podrá incluir las siguientes condiciones:

1. Materia arbitrable: todas las diferencias que surjan con referencia a la relación de consumo, en cualquiera de sus fases y/o aspectos, originada en el negocio jurídico de adquisición de los bienes o prestación de servicios.

2. Árbitro y decisión: un (1) árbitro designado por el centro, quien resolverá en derecho.

3. Sede: un centro de arbitraje y conciliación del lugar del domicilio del consumidor, autorizado para el efecto por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

4. Plazo para emitir el fallo: el tribunal arbitral deberá decidir el conflicto en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la contestación de la solicitud de arbitraje o de la audiencia de pruebas, en su caso.

5. Trámite:

a) Presentación de la demanda;

b) Designación del árbitro por el centro, para lo cual tendrá un (1) día hábil, a partir de recibir la demanda;

c) Contestación de la demanda: dos (2) días hábiles a partir de recibir la demanda de parte del centro;

d) Si fuere necesario presentar pruebas, se remitirán junto con la demanda o contestación. A solicitud de parte se podrá llevar una audiencia virtual, dentro de los tres (3) días siguientes a la contestación, para presentar nuevas pruebas;

e) Decisión: cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la contestación o de la audiencia de pruebas, en su caso;

f) El tribunal no tendrá secretario. No habrá lugar a conciliación ni a audiencia de alegatos;

g) El árbitro que, conforme a las reglas del deber de información tenga alguna circunstancia para manifestar, deberá abstenerse de aceptar el encargo, caso en el cual el mismo día de la designación así lo manifestará y será reemplazado por el centro al día siguiente;

h) Para la demanda, la contestación y el laudo, se utilizarán los formatos que el centro deberá tener a disposición de los usuarios del sistema, en la respectiva página web;

i) El trámite se adelantará por vía virtual.

6. Costo: el valor del trámite se ceñirá a las tarifas del centro, aprobadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

7. Direcciones de las partes: indicación de la dirección electrónica del domicilio del comerciante o empresario y del consumidor.

El destinatario de la oferta de pacto arbitral, podrá o no aceptarla, caso este último en que deberá hacerlo de manera expresa. La no aceptación al momento de celebrar el negocio jurídico, deja sin valor ni efecto de la oferta de pacto arbitral.

(D. 1829/2013, art. 81)

SECCIÓN 11

Disposiciones finales

ART. 2.2.4.2.11.1.—Régimen de transición. Los centros que se encuentren en funcionamiento, se regirán por lo previsto en el presente capítulo a partir del 27 de agosto de 2013 y deberán modificar, en lo pertinente, su reglamento y ajustar sus condiciones a lo aquí previsto, so pena de que su autorización sea cancelada.

A partir del 27 de agosto de 2013 los conciliadores no podrán atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de las instalaciones del centro. Los trámites conciliatorios iniciados con anterioridad a esa fecha concluirán de acuerdo con el régimen anterior.

Las entidades avaladas para formar conciliadores antes del 27 de agosto de 2013, deberán ajustar su plan de estudios, a las disposiciones del presente decreto.

El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá poner en funcionamiento del sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición, SICAAC.

(D. 1829/2013, art. 82)

(Nota: Adicionado inciso final al presente artículo por el Decreto 2462 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

CAPÍTULO 3

Conciliación

SECCIÓN 1

De la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo y los comités de conciliación

SUBSECCIÓN 1

Conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo

ART. 2.2.4.3.1.1.1.—Objeto. Las normas del presente capítulo se aplicarán a la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

(D. 1716/2009, art. 1º)

ART. 2.2.4.3.1.1.2.(Modificado).* Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.

— Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

— Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

PAR. 2º—El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

PAR. 3º—Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere el de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial solo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

PAR. 4º—En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.

PAR. 5º—El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.

(D. 1716/2009, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1167 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 2.2.4.3.1.1.3.—Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:

a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o

c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.

La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.

PAR.—Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción.

(D. 1716/2009, art. 3º)

ART. 2.2.4.3.1.1.4.Impedimentos y recusaciones. La intervención del agente del Ministerio Público en cumplimiento de las atribuciones que le son propias en la conciliación extrajudicial, no dará lugar a impedimento ni recusación por razón del desempeño de tal cargo, respecto de las actuaciones posteriores que deba cumplir ante la jurisdicción contencioso administrativa.

(D. 1716/2009, art. 4º)

ART. 2.2.4.3.1.1.5.—Derecho de postulación. Los interesados, trátese de personas de derecho público, de particulares o de personas jurídicas de derecho privado, actuarán en la conciliación extrajudicial por medio de apoderado, quien deberá ser abogado inscrito y tener facultad expresa para conciliar.

(D. 1716/2009, art. 5º)

ART. 2.2.4.3.1.1.6.—Petición de conciliación extrajudicial. La petición de conciliación o extrajudicial podrá presentarse en forma individual o conjunta por los interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto) correspondiente, y deberá contener los siguientes requisitos:

a) La designación del funcionario a quien se dirige;

b) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;

c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;

d) Las pretensiones que formula el convocante;

e) La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;

f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso;

g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;

h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;

i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;

j) La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.

k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;

l) La firma del apoderado del solicitante o solicitantes;

PAR. 1º—En ningún caso se podrá rechazar de plano la solicitud por ausencia de cualquiera de los requisitos anteriores.

En este evento, el agente del Ministerio Público informará al interesado sobre los requisitos faltantes para que subsane la omisión, si no lo hiciere se entenderá que no existe ánimo conciliatorio de su parte, se declarará fallida la conciliación y se expedirá la respectiva constancia.

PAR. 2º—Cuando se presente una solicitud de conciliación extrajudicial y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley, el agente del Ministerio Público expedirá la correspondiente constancia dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

Si durante el trámite de la audiencia se observare que no es procedente la conciliación, se dejará constancia en el acta, se expedirá la respectiva certificación y se devolverán los documentos aportados por los interesados.

Cuando el agente del Ministerio Público, en razón del factor territorial o por la naturaleza del asunto, no resulte competente para conocer de la respectiva conciliación, remitirá la solicitud y el expediente al funcionario que tenga atribuciones para conocer de la misma.

(D. 1716/2009, art. 6º)

ART. 2.2.4.3.1.1.7.—Audiencia de conciliación extrajudicial. Dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud, el agente del Ministerio Público, de encontrarla procedente, fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes.

El agente del Ministerio Público citará a los interesados a la audiencia por el medio que considere más expedito y eficaz (telegrama, fax, correo electrónico) con una antelación no inferior a 15 días a la realización de la misma; indicando sucintamente el objeto de la conciliación y las consecuencias jurídicas de la no comparecencia.

(D. 1716/2009, art. 7º)

ART. 2.2.4.3.1.1.8.Pruebas. Las pruebas deberán aportarse con la petición de conciliación, teniendo en cuenta los requisitos consagrados en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil o las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen.

Con todo, el agente del Ministerio Público podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio.

Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a su solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación del término de suspensión de la caducidad de la acción previsto en la ley.

Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo previsto en el inciso anterior, la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el acuerdo.

PAR.—Cuando exista ánimo conciliatorio, el agente del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Contencioso Administrativo o la norma que modifique, adicione o complemente o sustituya y con miras a estructurar los supuestos fácticos y jurídicos del acuerdo, podrá solicitar a la autoridad competente la remisión de los documentos de carácter reservado que considere necesarios, conservando el deber de mantener la reserva a que se refiere el precepto citado.

Igualmente, cuando exista ánimo conciliatorio, el agente del Ministerio Público podrá solicitar el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, así como de las entidades públicas competentes para el efecto, con el objeto de valorar los medios de prueba aportados por las partes.

(D. 1716/2009, art. 8º)

ART. 2.2.4.3.1.1.9.—Desarrollo de la audiencia de conciliación. Presentes los interesados el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se llevará a cabo bajo la dirección del agente del Ministerio Público designado para dicho fin, quien conducirá el trámite en la siguiente forma:

1. Las partes expondrán sucintamente sus posiciones y las justificarán con los medios de prueba que se acompañaron a la solicitud de conciliación y durante la celebración de la audiencia podrán aportar las pruebas que estimen necesarias.

2. Si los interesados no plantean fórmulas de arreglo, el agente del Ministerio Público podrá proponer las que considere procedentes para la solución de la controversia, las cuales pueden contener posibles acuerdos respecto de los plazos para el pago de lo conciliado, monto de indexación e intereses, y ser acogidas o no por las partes.

Con el propósito de analizar las fórmulas de avenimiento propuestas por el agente del Ministerio Público, este podrá, excepcionalmente, citar a la audiencia de conciliación a los integrantes del Comité de Conciliación de la entidad u organismo de derecho público que participa en el trámite conciliatorio.

3. Si hubiere acuerdo se elaborará un acta que contenga lugar, fecha y hora de celebración de la audiencia; identificación del agente del Ministerio Público; identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia; relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación; el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Si la conciliación versa sobre los efectos económicos de un acto administrativo de carácter particular, también se indicará y justificará en el acta cuál o cuáles de las causales de revocación directa previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o normas que lo sustituyan, sirve de fundamento al acuerdo e igualmente se precisará si con ocasión del acuerdo celebrado se produce la revocatoria total o parcial del mismo.

El acta será firmada por quienes intervinieron en la diligencia y por el agente del Ministerio Público y a ella se anexará original o copia auténtica de la respectiva acta del comité de conciliación o se aportará un certificado suscrito por el representante legal que contenga la determinación tomada por la entidad.

La Procuraduría General de la Nación implementará una base de datos que permita unificar la información sobre los acuerdos conciliatorios logrados.

4. Si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello, precisando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron, advirtiendo a los interesados acerca de su derecho de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, para demandar respecto de lo que no fue objeto de acuerdo.

5. Antes que los interesados suscriban el acta de conciliación, el agente del Ministerio Público les advertirá que el acta una vez suscrita se remitirá al juez o corporación del conocimiento para su aprobación.

Si el agente del Ministerio Público no está de acuerdo con la conciliación realizada por los interesados, por considerarla lesiva para el patrimonio público, contraria al ordenamiento jurídico o porque no existen las pruebas en que se fundamenta, así lo observará durante la audiencia y dejará expresa constancia de ello en el acta.

6. Si no fuere posible la celebración del acuerdo, el agente del Ministerio Público expedirá constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, la identificación del convocante y convocado, la expresión sucinta del objeto de la solicitud de conciliación y la imposibilidad de acuerdo. Junto con la constancia, se devolverá a los interesados la documentación aportada, excepto los documentos que gocen de reserva legal.

7. Cuando circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito impidan a alguno de los interesados acudir a la correspondiente sesión, deberá informarlo así dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia.

(D. 1716/2009, art. 9º)

ART. 2.2.4.3.1.1.10.—Suspensión de la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es susceptible de suspensión por solicitud expresa de ambas partes y siempre que el agente del Ministerio Público encontrare elementos de juicio respecto de la existencia de ánimo conciliatorio.

(D. 1716/2009, art. 10)

ART. 2.2.4.3.1.1.11.Culminación del trámite de conciliación por inasistencia de las partes. Señalada la fecha para la realización de la audiencia sin que esta se pueda llevar a cabo por inasistencia de cualquiera de las partes, excluido el supuesto de que trata el numeral 7º del artículo 2.2.4.3.1.1.9, de este capítulo, se entiende que no hay ánimo conciliatorio, lo que se hará constar expresamente por el agente del Ministerio Público, quien dará por agotada la etapa conciliatoria y expedirá la correspondiente certificación.

(D. 1716/2009, art. 11)

ART. 2.2.4.3.1.1.12.Aprobación judicial. El agente del Ministerio Público remitirá, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la correspondiente audiencia, el acta de conciliación, junto con el respectivo expediente al juez o corporación competente para su aprobación.

(D. 1716/2009, art. 12)

ART. 2.2.4.3.1.1.13.—Mérito ejecutivo del acta de conciliación. El acta de acuerdo conciliatorio total o parcial adelantado ante el agente del Ministerio Público y el correspondiente auto aprobatorio debidamente ejecutoriado, prestarán mérito ejecutivo y tendrán efecto de cosa juzgada.

(D. 1716/2009, art. 13)

ART. 2.2.4.3.1.1.14.—Inasistencia injustificada. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación, tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en los artículos 22 y 35 de la Ley 640 de 2001 o en las normas que los modifiquen o sustituyan.

(D. 1716/2009, art. 14)

SUBSECCIÓN 2

Comités de conciliación

ART. 2.2.4.3.1.2.1.Campo de aplicación. Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles.

Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente capítulo.

PAR.—Las entidades de derecho público de los demás órdenes podrán conformar comités de conciliación. De hacerlo se regirán por lo dispuesto en el presente capítulo.

(D. 1716/2009, art. 15)

ART. 2.2.4.3.1.2.2.Comité de conciliación. El Comité de conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del comité.

PAR.—La decisión del comité de conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no constituye ordenación de gasto.

(D. 1716/2009, art. 16)

ART. 2.2.4.3.1.2.3.—(Modificado).* Integración. El comité de conciliación estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

1. El jefe, director, gerente, presidente o representante legal del ente respectivo o su delegado.

2. El ordenador del gasto o quien haga sus veces.

3. El jefe de la oficina jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad.

4. En el departamento administrativo de la Presidencia de la República, concurrirá el secretario jurídico o su delegado.

Dos (2) funcionarios de dirección o de confianza que se designen conforme a la estructura orgánica de cada ente.

La participación de los integrantes será indelegable, salvo las excepciones previstas en los numerales 1º y 3º del presente artículo.

PAR. 1º—Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los intereses del ente en cada proceso, el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces y el secretario técnico del comité.

PAR. 2º—El comité podrá invitar a sus sesiones a un funcionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien tendrá la facultad de asistir a sus sesiones con derecho a voz.

(D. 1716/2009, art. 17)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1167 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)