DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1071DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURALDUR AGRICULTURADECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO AGRICULTURADECRETO ÚNICO REGLAMENTARIOMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural 

DECRETO 1071 DE 2015

(Mayo 26)

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultraactivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la relatoría y la secretaría general del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

Estructura del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural

PARTE 1

Sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural

TÍTULO 1

Cabeza del sector

ART. 1.1.1.1.—Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene a su cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio de las funciones de sus entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan, así como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos.

(D. 1985/2013, art. 1º, inc. 2º)

ART. 1.1.1.2.—Estructura. El sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, de conformidad con la normatividad vigente, está integrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.

(D. 1985/2013, art. 1º, inc. 1º)

TÍTULO 2

Órganos sectoriales de asesoría y coordinación

ART. 1.1.2.1.—Órganos sectoriales de asesoría y coordinación. Son órganos sectoriales de asesoría y coordinación los siguientes:

1. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

2. El Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

3. El Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura.

4. El comité asesor de política forestal.

5. Consejo Nacional de Adecuación de Tierras.

(D. 1985/2013, art. 1º, num. 4º)

6. Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

(D. 1397/96, art. 1º)

7. Consejo asesor de mercados mayoristas.

(D. 397/95, art. 13)

TÍTULO 3

Fondos especiales

ART. 1.1.3.1.—Fondos especiales. Son fondos especiales del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, los siguientes:

1. Fondo de Fomento Agropecuario

2. Fondo Agropecuario de Garantías, FAG

3. Fondo de Solidaridad Agropecuaria, Fonsa

4. Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo

5. (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

PARTE 2

Sector descentralizado

TÍTULO 1

Entidades adscritas

ART. 1.2.1.1.—Entidades adscritas con personería jurídica. Son entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con personería jurídica, las siguientes:

1. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

2. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

3. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

4. Unidad Administrativa Especial Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap.

(D. 1985/2013, art. 1º, num. 1º)

ART. 1.2.1.2.—Entidades adscritas sin personería jurídica. Son entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sin personería jurídica, las siguientes:

1. Unidad de planificación de tierras rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios, UPRA.

(D. 1985/2013, art. 1º, num. 1º)

TÍTULO 2

Entidades vinculadas

ART. 1.2.2.1.—Entidades vinculadas. Son entidades vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las siguientes:

1. Banco Agrario de Colombia S.A., Banagrario.

2. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.

3. Almacenes generales de depósito (Almagrario) S.A.

4. La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A., Vecol S.A.

5. Los fondos ganaderos.

6. Las corporaciones de abastos en las que la Nación o las entidades descentralizadas del sector, del orden nacional, posean acciones o hayan efectuado aportes de capital.

7. La Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, en liquidación.

(D. 1985/2013, art. 1º, num. 2º)

TÍTULO 3

Corporaciones de participación mixta

ART. 1.2.3.1.—Corporaciones de participación mixta. Son corporaciones de participación mixta del sector, las siguientes:

1. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica.

2. La Corporación Colombia Internacional, CCI.

(D. 1985/2013, art. 1º, num. 3º)

LIBRO 2

Régimen reglamentario del sector

PARTE 1

Fondos especiales

TÍTULO 1

Fondo de inversiones de capital de riesgo

CAPÍTULO 1

Naturaleza y organización del fondo

ART. 2.1.1.1.1.—Naturaleza del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo. El Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo creado por el artículo décimo de la Ley 1133 de 2007 funcionará, para todos los efectos legales, como un fondo cuenta sin personería jurídica, y será administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.

Los recursos y pasivos del fondo no formarán parte del patrimonio de Finagro, y se mantendrán separados del mismo. Para los anteriores efectos, Finagro llevará una contabilidad especial para el fondo. Los recursos del fondo garantizarán las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad del mismo.

(D. 2594/2007, art. 1º)

ART. 2.1.1.1.2.—Finalidad. El objeto del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo será apoyar y desarrollar iniciativas productivas, preferiblemente en zonas con limitaciones para la concurrencia de inversión privada, dando prioridad a proyectos productivos agroindustriales.

(D. 2594/2007, art. 2º)

ART. 2.1.1.1.3.—Origen de los recursos. El Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo estará integrado por los siguientes recursos:

1. Los que transfiera el Gobierno Nacional del programa “Agro, Ingreso Seguro” creado por medio de la Ley 1133 de 2007, como capital semilla para su operación.

2. Los recursos que asigne el Gobierno Nacional con cargo al presupuesto general de la Nación.

3. Los provenientes de donaciones de entidades o personas naturales públicas o privadas, nacionales o internacionales.

4. Los rendimientos provenientes de las inversiones y operaciones realizadas con los recursos del fondo, y que en consecuencia acrecentarán el patrimonio del mismo.

5. Los recursos e inversiones objeto del Convenio 2 de 2007 del 3 de enero de 2007, celebrado entre Finagro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se liquidará para transferir sus recursos al fondo.

PAR.—Serán trasferidas al Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo las acciones que figuren a nombre de Finagro en la sociedad Alcoholes de Sucre, Sucrol S.A., la cual fue constituida mediante escritura pública 538 del 24 de enero de 2007 de la Notaría 38 del Círculo de Bogotá, D.C., en ejecución del convenio mencionado en el numeral quinto del presente artículo, y en virtud de la autorización y régimen especial de Finagro para la constitución de sociedades, regulados íntegramente en el artículo 132 de la Ley 101 de 1993 y el artículo 9º del Decreto 712 de 2004.

El funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros de la referida sociedad se sujetarán a las disposiciones del derecho privado, en especial las propias de las sociedades previstas en el Código de Comercio, Código Sustantivo del Trabajo y legislación complementaria.

(D. 2594/2007, art. 3º)

ART. 2.1.1.1.4.—Administración. La administración del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo estará a cargo de Finagro, quien podrá ejecutar y celebrar los actos y contratos necesarios para el efecto, con autonomía técnica y administrativa.

(D. 2594/2007, art. 4º)

ART. 2.1.1.1.5.—Gastos a cargo del fondo. Se pagarán con cargo a los recursos del fondo todas las sumas necesarias para su implementación, operación, representación y liquidación, así como para efectuar los análisis, estudios de elegibilidad, factibilidad o viabilidad, realización, adquisición y enajenación de las inversiones, y los impuestos, tasas o contribuciones que afecten los bienes, títulos, operaciones o ingresos del fondo.

Por razón de la administración del fondo, Finagro percibirá la comisión que acuerde con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la que será pagada con cargo a los recursos del fondo.

(D. 2594/2007, art. 5º)

ART. 2.1.1.1.6.—Régimen jurídico. El funcionamiento y en general el régimen jurídico del fondo, sus actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros, será el mismo que tiene Finagro, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

(D. 2594/2007, art. 6º)

ART. 2.1.1.1.7.—Inversiones. Finagro efectuará las inversiones objeto del fondo, siguiendo los lineamientos sobre finalidad, concentración de inversiones, elegibilidad y viabilidad que se establecen en el presente título.

El fondo efectuará inversiones en proyectos específicos, ya sea mediante la realización de aportes de capital a las empresas que constituya como vehículos para adelantar las inversiones, de manera directa en los proyectos, o mediante cualquier otra figura societaria o contractual legalmente permitida, como por ejemplo, realizando aportes en sociedades ya constituidas o participando en fondos de inversión como constituyente o aportante.

Finagro procurará liquidar las inversiones realizadas en desarrollo del objeto del fondo, cuando las empresas o proyectos correspondientes logren, a juicio de Finagro, niveles aceptables de competitividad y solidez patrimonial.

PAR.—Con los excedentes de liquidez del fondo se podrán realizar operaciones de tesorería, utilizando para el efecto los mismos instrumentos y limitaciones de las operaciones de tesorería de Finagro.

(D. 2594/2007, art. 7º)

ART. 2.1.1.1.8.—Responsabilidad de Finagro. La obligación de Finagro respecto de la realización de las inversiones y demás actos necesarios para obtener la finalidad del fondo, se entiende de medio y no de resultado, en consideración a que el riesgo es de la esencia del objeto del fondo.

(D. 2594/2007, art. 8º)

ART. 2.1.1.1.9.—Vigencia. El fondo tendrá una vigencia de treinta (30) años, prorrogables por decisión del Gobierno Nacional expresada mediante decreto, al término de los cuales se liquidarán las inversiones existentes, y los aportes de la Nación, y sus rendimientos, serán trasferidos a la dirección del tesoro nacional, al igual que los provenientes de donaciones.

En el evento en que al finalizar el término anterior se encuentren inversiones que no puedan ser liquidadas, el fondo continuará vigente exclusivamente para las actividades relacionadas con esas inversiones, y por el término necesario para su terminación y liquidación.

(D. 2594/2007, art. 9º)

ART. 2.1.1.1.10.—Participación de inversionistas nacionales y extranjeros. Los inversionistas nacionales y extranjeros, públicos o privados, podrán participar en los proyectos en los que invierta el fondo, bien mediante aportes al capital de las sociedades que se constituyan como vehículo para las inversiones, de manera directa en los proyectos, o mediante cualquier otra figura societaria o contractual legalmente permitida. El fondo podrá recibir donaciones de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. El retiro de los inversionistas se regulará en los contratos de sociedad, acuerdos, convenios o contratos que se suscriban con el fondo.

(D. 2594/2007, art. 10)

ART. 2.1.1.1.11.—Concentración de inversiones. La participación máxima del fondo no podrá exceder del cuarenta y nueve por ciento (49%) del valor total de cada proyecto de inversión o del valor patrimonial de cada empresa beneficiaria de aportes de capital. Así mismo, el monto máximo de recursos que el fondo podrá destinar a cada proyecto de inversión o para efectuar aportes de capital a una sociedad, no podrá exceder el cincuenta (50%) por ciento del valor total del fondo.

PAR. 1º—La junta directiva de Finagro, con el voto del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará los casos excepcionales, en los cuales la participación del fondo podrá exceder los límites establecidos en el presente artículo, atendiendo el tipo de empresa o la clase de proyecto de inversión que se pretenda adelantar o se esté adelantando al 6 de julio de 2007.

PAR. 2º—Para los efectos del presente título, el valor patrimonial de las empresas en que invierta el fondo, se establecerá deduciendo el 50% de la cuenta de valorización de propiedades y equipos, o su equivalente, registrada el mes inmediatamente anterior a la realización del aporte de capital, de acuerdo con las normas de contabilidad vigentes.

(D. 2594/2007, art. 11)

ART. 2.1.1.1.12.—Elegibilidad. Serán susceptibles de inversión aquellos proyectos a desarrollar en los sectores agroindustriales, de biocombustibles, pecuario, agrícola, piscícola, avícola, forestal y, en general, en el sector rural y agropecuario, que sean viables desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental y social, y que se enmarquen dentro de los fines previstos en este título.

La junta directiva de Finagro, con el voto del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará qué proyectos serán sometidos al procedimiento para efectuar inversiones de que trata el artículo siguiente.

PAR.—Cuando un proyecto tenga un alto impacto social, solo se tomará en cuenta su viabilidad técnica, ambiental y social. La junta directiva de Finagro, con el voto del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará los criterios generales conforme a los cuales se entenderá que un proyecto tiene alto impacto social.

La junta directiva de Finagro, con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará cuáles de estos proyectos serán sometidos al procedimiento para efectuar inversiones de que trata el artículo siguiente.

(D. 2594/2007, art. 12, modificado por el D. 3064/2008, art. 1º)

ART. 2.1.1.1.13.—Procedimiento para efectuar inversiones. Para efectuar una inversión con los recursos del fondo se deberá, en primer lugar, realizar un estudio de factibilidad del proyecto que analice su viabilidad financiera, técnica, ambiental y social.

Si conforme al estudio de factibilidad, el proyecto es viable, el fondo podrá constituir una sociedad o implementar otro mecanismo jurídico que pueda servir como vehículo de inversión para elaborar el respectivo proyecto, con o sin la concurrencia de potenciales inversionistas, con el propósito de sufragar todos los gastos e inversiones preoperativas necesarias para el correcto desarrollo del mismo.

Posteriormente, el proyecto se someterá a evaluación técnica, ambiental y financiera por parte de terceros diferentes e independientes de las personas o entidades que hubieren elaborado el estudio de factibilidad.

Finalmente, si los informes y estudios de que trata el inciso anterior son favorables, el fondo podrá proceder a realizar la inversión. Si alguno de los informes y estudios resultare favorable con observaciones o condicionamientos, el fondo podrá realizar la inversión, siempre y cuando resultare viable efectuar simultáneamente los ajustes necesarios. Si los resultados de las evaluaciones demuestran la viabilidad técnica, ambiental, financiera y/o social del proyecto, se procederá a la disolución y liquidación de la sociedad que se hubiere constituido como vehículo de inversión, salvo que se decida su permanencia para la realización de otros proyectos, los cuales, en todo caso deberán cumplir el procedimiento previsto en este artículo.

PAR.—El procedimiento descrito en el presente artículo también se aplicará con respecto a aquellos proyectos a que se refiere el parágrafo del artículo 2.1.1.1.12 de este decreto, exclusivamente en cuanto a evaluación técnica, ambiental y social.

(D. 2594/2007, art. 13, modificado por el D. 3064/2008, art. 2º)

ART. 2.1.1.1.14.—Rendición de cuentas. Finagro rendirá cuentas comprobadas de su gestión del fondo cada seis (6) meses, ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El informe contendrá un detalle de las inversiones realizadas, sus rendimientos, inversiones de portafolio y la forma en que se ha administrado el mismo.

(D. 2594/2007, art. 14)

CAPÍTULO 2

Autorización especial

ART. 2.1.1.2.1.—Autorización. Autorizar al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, como administrador del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo del programa “Agro, Ingreso Seguro, AIS”, para participar mediante la realización de aportes de capital en la constitución de una sociedad de economía mixta indirecta cuyo objeto será la construcción y operación de plantas de producción de almidones con base en productos agrícolas, y la comercialización de dichos productos, y cualquier otra actividad complementaria o conexa, sin perjuicio de lo que establezcan sus propios estatutos.

(D. 268/2008, art. 1º)

ART. 2.1.1.2.2.—Régimen de la autorización. La autorización que por este decreto se confiere deberá ejercerse de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 en lo que respecta a la constitución de sociedades de economía mixta, y demás normas legales que la reformen o complementen.

(D. 268/2008, art. 2º)

ART. 2.1.1.2.3.—Régimen derecho privado. El funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros de la sociedad que se autoriza, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado, en especial las propias de las sociedades previstas en el Código de Comercio, Código Sustantivo del Trabajo y legislación complementaria.

(D. 268/2008, art. 3º)

CAPÍTULO 3

Nuevas situaciones de crisis

ART. 2.1.1.3.1.—Nuevas situaciones de crisis. Para los efectos de la aplicación de la Ley 302 de 1996 durante la vigencia 2014, además de las situaciones de crisis dispuestas en el artículo 2º de dicha disposición, se tendrá en cuenta como nueva situación de crisis las variaciones significativas y sostenidas en los precios de los productos o insumos agropecuarios, que se traduzcan en caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores.

Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público, mediante acto administrativo, determinarán las cadenas productivas que resultaron afectadas por esta nueva situación, en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013.

La junta directiva del Fonsa podrá incorporar nuevos beneficiarios individuales, incluyendo aquellos que se encuentren integrados en créditos asociativos o en alianzas estratégicas.

(D. 355/2014, art. 1º)

ART. 2.1.1.3.2.—Cartera objeto de compra. La cartera que podrá ser objeto de compra y que se encuentre delimitada en la nueva situación de crisis contemplada en el artículo anterior, deberá ser cartera vencida, redescontada, registrada (sustitutiva) o agropecuaria, entendiéndose esta como los recursos propios de los intermediarios financieros que no van a ser validados como cartera sustitutiva, pero que para su otorgamiento se requiere acceder a garantías del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, o porque los proyectos financiados con dichos créditos requieren acceder a incentivos o subsidios de tasa de interés otorgados por el Gobierno Nacional, de acuerdo a la normatividad vigente.

Podrán acceder a esta compra de cartera, los productores cuyos activos totales incluidos los de su cónyuge o compañero permanente no superen setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (700 smlmv).

Dicha cartera deberá haberse vencido entre el 1º de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014 y continuar vencida para el 28 de febrero de 2014 o haber sido normalizada entre el 1º de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.

PAR.—También podrá ser objeto de esta compra, la cartera que habiendo sido garantizada por el FAG, la garantía haya sido pagada entre el 1º de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.

(D. 355/2014, art. 2º, modificado por el D. 1036/2014, art. 1º y )

ART. 2.1.1.3.3.—Condiciones de compra de la cartera. Conforme a lo previsto en el artículo 8º de la Ley 302 de 1996, la junta directiva del Fonsa determinará las condiciones de compra de la cartera que se encuentre enmarcada dentro de las nuevas situaciones de crisis.

Dentro de estas condiciones la junta directiva deberá indicar los términos en que será refinanciada la obligación a favor del deudor y el reglamento que deberá tenerse en cuenta para lograr su recuperación, así como las demás condiciones señaladas en el artículo 4º de la Ley 302 de 1996.

En todo caso, la junta directiva conforme a las funciones que le han sido asignadas, podrá establecer beneficios adicionales para aquellos deudores que hagan pagos antes del vencimiento de los plazos otorgados.

PAR. 1º—La reglamentación que se expida deberá tener en cuenta las recomendaciones que realicen los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.

PAR. 2º—No se considerará que existe derecho adquirido respecto a la compra de la cartera, y solo se tendrá en cuenta aquella respecto de la que se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en este decreto, y los que señale la junta directiva del Fonsa, atendiendo las recomendaciones de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público y Finagro, y que sea ofrecida en venta por un intermediario financiero, hasta la concurrencia de los recursos apropiados para la compra.

(D. 355/2014, art. 3º)

ART. 2.1.1.3.4.—Primas de los seguros de vida. El programa asumirá el pago de las primas de los seguros de vida asociados a las obligaciones adquiridas en la compra de cartera de que trata el presente decreto. En el caso que se agoten estos recursos, el costo de las primas de seguros de vida podrá ser trasladado a los deudores.

(D. 355/2014, art. 4º)

ART. 2.1.1.3.5.—Nuevos mecanismos de crédito. Para dar aplicación a lo previsto en el inciso 2º del artículo 3º de la Ley 1694 de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 302 de 1996, créase una línea de crédito en condiciones Finagro para el pago de pasivos con proveedores de insumos agropecuarios y pesqueros-Fonsa 2014, con las siguientes características:

1. Beneficiarios: Personas naturales o jurídicas que sean productores agropecuarios o pesqueros, que se encuentren incluidos dentro de las cadenas productivas que establezcan los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo y a los que se incorporarán nuevos beneficiarios individuales, incluyendo aquellos que se encuentren integrados en créditos asociativos o en alianzas estratégicas, con un nivel de activos totales que al momento de solicitar el crédito no excedan de setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (700 smlmv) incluidos los de su cónyuge o compañero permanente en el caso de las personas naturales.

Los productores deberán demostrar ante el intermediario financiero su continuidad en la actividad mediante la presentación del proyecto productivo que soporte el pago del crédito.

2. Intermediarios financieros: Los créditos podrán ser otorgados por intermediarios financieros habilitados para efectuar operaciones ante Finagro, establecimiento de crédito que será encargado, en el marco del Fonsa, de la administración de esta línea de crédito.

3. Objeto del crédito: Financiar el pago del capital de los pasivos correspondientes a insumos directamente relacionados con la actividad agropecuaria o pesquera, asumidos por los productores cuyo nivel de activos no supere los setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (700 smlmv) con proveedores de insumos agropecuarios o pesqueros, de los créditos adquiridos con posterioridad al 1º de enero de 2012 y vencidos al 31 de agosto de 2013.

Para los anteriores efectos, se entiende por “pasivos correspondientes a insumos directamente relacionados con la actividad agropecuaria o pesquera”, los correspondientes a fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, correctivos, medicamentos veterinarios, abonos, semillas y material producto de la biotecnología.

Como condición para su otorgamiento, los intermediarios financieros deberán establecer el mecanismo que asegure que el productor beneficiario del crédito autorice que el desembalso del mismo se efectúe directamente al proveedor de insumos, quien deberá expedir certificación del pago efectuado.

4. Soportes: Además de los previstos en la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás disposiciones aplicables, así como en los manuales de Finagro, los intermediarios financieras deberán exigir los siguientes soportes de los pasivos con los proveedores de insumos:

a) Copia simple de las facturas de insumos agropecuarios no canceladas, las cuales deben cumplir con las normas comerciales y tributarias vigentes. El intermediario conservará, en sus archivos de la solicitud de crédito, copia de las referidas facturas;

b) Documento suscrito por el productor. Los productores acreditarán la veracidad de las facturas que se presenten para acceder a este nuevo mecanismo de crédito mediante documento escrito. La afirmación que se haga en el mismo se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento conforme lo establecido en el Decreto 19 de 2012. Si se demostrare que lo manifestado en este documento es falso ello acarreará todas las sanciones previstas por la ley;

c) Certificación del revisor fiscal o del profesional competente de la casa comercial atendiendo su naturaleza. En este documento deberá constar la existencia de la deuda por los conceptos establecidos en el inciso 2º del numeral 3º y de las garantías que respaldan dichas obligaciones. Para ello el revisor fiscal deberá adjuntar además, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

Cuando la casa comercial adelante su actividad como persona natural o la persona jurídica no esté obligada a contar con revisor fiscal, dicha certificación deberá ser expedida por un contador público debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores.

d) Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, del proveedor de insumos y del productor.

5. Garantías: En materia de garantías los créditos se ajustarán a las condiciones exigidas por el intermediario financiero. En este sentido, deberán endosarse las garantías vigentes con las casas comerciales a los intermediarios financieros. En caso de ser necesaria garantía complementaria, y previa certificación del revisor fiscal o del profesional competente de la casa comercial atendiendo su naturaleza (acorde a lo descrito en el numeral 4.c), el crédito podrá contar con garantía FAG de hasta el cincuenta por ciento (50%) y la comisión a cobrar por el servicio de la garantía será la correspondiente al respectivo tipo de productor.

6. Condiciones financieras:

a) Tasa de interés: Las tasas de interés que se aplicarán a los créditos de que trata el presente artículo, serán las tasas establecidas para los créditos en condiciones Finagro;

b) Amortización de la deuda: Los abonos a capital y la periodicidad de pago de los intereses se podrán pactar con el intermediario financiero, de acuerdo con el flujo de caja del productor, sin exceder de un plazo total de 7 años, con hasta 2 años de periodo de gracia. La periodicidad de pago de intereses no podrá superar la modalidad año vencido;

c) Tasa de redescuento: La vigente de conformidad al tipo de productor y a la normatividad expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario;

d) Margen de redescuento: El margen de redescuento será hasta del cien por ciento (100%).

7. Reglamento y operación de la línea de crédito para pago de insumos: Finagro reglamentará y adoptará los procedimientos y las medidas necesarias para el desarrollo de este mecanismo de crédito.

(D. 355/2014, art. 5º, modificado por el D. 1036/2014, art. 3º, , y )

ART. 2.1.1.3.6.—Ejecución de los recursos. La ejecución de los recursos será por demanda y hasta el agotamiento de los recursos apropiados para el efecto. En la asignación de los recursos, Finagro aplicará el principio de “primer llegado, primer servido”.

(D. 355/2014, art. 6º)

ART. 2.1.1.3.7.—Monto de los instrumentos. El monto máximo que se reconocerá a los beneficiarios para la compra de la cartera será hasta por veinte millones de pesos ($ 20.000.000) moneda corriente, por concepto de capital, suma a la que serán adicionados los intereses contabilizados por el establecimiento de crédito según la ley y los seguros de vida que hayan sido pagados por el intermediario financiero. Los honorarios de cobro jurídico que se hayan originado con anterioridad a la venta efectiva de cartera objeto de compra por parte del Fonsa, vigencia 2014, serán asumidos por el programa con cargo a los recursos apropiados en el Fonsa.

Para la nueva compra, sustentada en la Ley 1694 de 2013, el costo de los honorarios jurídicos que implica la liquidación de las obligaciones que se adquieran, se incluirá con cargo al programa Fonsa 2014.

El total de los costos adicionales por concepto de intereses, seguros de vida y honorarios de cobro jurídico, en ningún caso podrá exceder el 25% del valor del capital de la obligación.

En todo caso, podrán acumularse varias obligaciones siempre y cuando estas no superen los límites señalados en el presente artículo.

Los gastos de cobranza que se originen con ocasión del recaudo de la cartera que adelante el Fonsa, serán cubiertos con los recursos de este fondo.

Para el caso de la línea de crédito en condiciones Finagro para el pago de pasivos con proveedores de insumos agropecuarios y pesqueros Fonsa 2014 creado en virtud de este decreto, el monto del crédito podrá ser hasta del ciento por ciento (100%) del capital de la deuda de insumos agropecuarios una vez verificada la deuda con el proveedor de insumos.

(D. 355/2014, art. 7º, modificado por el D. 1036/2014, art. 7º)

TÍTULO 2

Fondo Agropecuario de Garantías, FAG

CAPÍTULO 1

Administración del Fondo Agropecuario de Garantías

ART. 2.1.2.1.1.—Administración. Finagro ejercerá la administración del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, que le asigna el capítulo V de la Ley 16 de 1990, en los términos que esta norma señala, en los que fijen posteriores determinaciones legales o reglamentarias nacionales, en las directrices generales de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y en las que profiera la junta directiva de Finagro en desarrollo de tales normas.

(D. 1982/92, art. 1º. Concordancia con funciones y resoluciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario)

ART. 2.1.2.1.2.—Cubrimiento de gastos. Los gastos que demande la administración del FAG por parte de Finagro serán cubiertos con recursos del mismo Fondo Agropecuario de Garantías, de acuerdo con el monto del presupuesto de gastos de administración e inversión del mismo, que proponga la junta directiva de Finagro a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, la cual le impartirá su aprobación, y se ejecutará mediante la ordenación de gastos por parte de Finagro.

(D. 1982/92, art. 2º)

ART. 2.1.2.1.3.—Régimen presupuestal. En todo lo demás, se seguirá el régimen presupuestal aplicable a las entidades financieras públicas, sin perjuicio del control que le corresponde ejercer a la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos del Decreto 1730 de 1991 y de las demás disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

(D. 1982/92, art. 3º)

CAPÍTULO 2

Garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías

ART. 2.1.2.2.1.—Respaldos del Fondo Nacional de Garantías. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 16 de 1990, el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, podrá respaldar el valor redescontado de los créditos agropecuarios presentados ante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, que hayan sido otorgados a los productores distintos de los pequeños, que no puedan ofrecer las garantías normalmente requeridas por los intermediarios financieros.

(D. 2572/2000, art. 1º)

ART. 2.1.2.2.2.—Clasificación de productores agropecuarios para efectos de la garantía de créditos. El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, podrá garantizar los créditos de que trata el artículo anterior a toda persona natural o jurídica que obtenga préstamos de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejecutar proyectos agropecuarios. Para los efectos del presente título, los productores se clasifican en:

Pequeño productor. El definido conforme a los artículos 2.1.2.2.8 y siguientes del presente decreto.

Mediano productor. Aquel no comprendido en el anterior cuyos créditos de toda clase con el sector financiero no excedan del valor equivalente a dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales, incluido el valor del préstamo a garantizar.

Gran productor. Aquel no comprendido en el anterior cuyos créditos de toda clase con el sector financiero sean superiores al valor equivalente a dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales, incluido el valor del préstamo a garantizar.

PAR. 1º—No podrán ser beneficiarios del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, las personas que tengan préstamos no agropecuarios con el sector financiero bajo cobro judicial o mal calificado.

PAR. 2º—Tratándose de beneficiarios definidos como grandes productores y cuyos créditos a garantizar sean de capital de trabajo para comercialización, solo podrán respaldarse operaciones dirigidas a asegurar la adquisición de la producción nacional de bienes de origen agropecuario.

(D. 2572/2000, art. 2º)

ART. 2.1.2.2.3.—Coberturas. Las coberturas de garantía por tipo de productor podrán ser de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del capital en el caso de los pequeños productores, de hasta el sesenta por ciento (60%) en los medianos y de hasta el cincuenta por ciento (50%) en los grandes productores.

No obstante, en programas definidos conforme al numeral 4º del artículo 10 de la Ley 16 de 1990 y desarrollados bajo esquemas asociativos de producción o proyectos a ejecutarse a través de agricultura por contrato o donde haya participación de toda la cadena productiva, y tratándose de agremiaciones, asociaciones y cooperativas de productores legalmente reconocidas, así como los entes territoriales, la cobertura de la garantía podrá ser hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito. Igual cubrimiento podrán tener las garantías que se concedan a medianos y grandes productores, cuando los créditos a respaldar hagan parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos, Plan Colombia, reinsertados y desplazados.

(D. 2572/2000, art. 3º)

ART. 2.1.2.2.4.—Otra cobertura. Para proyectos ejecutados conforme a la definición de alianzas estratégicas efectuada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, independientemente del tipo de productores que la conformen, la cobertura podrá ser de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito otorgado.

(D. 2572/2000, art. 4º)

ART. 2.1.2.2.5.—Respaldo a colectivos de productores. El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, respaldará preferencialmente los proyectos desarrollados por colectivos de productores.

(D. 2572/2000, art. 5º)

ART. 2.1.2.2.6.—Comisiones. Las comisiones de garantía sobre los saldos de los valores amparados por el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, serán del uno por ciento (1%) anual anticipado en los créditos de pequeños productores, de dos por ciento (2%) anual anticipado en los de mediano, y de dos y medio por ciento (2.5%) anual anticipado en los de grandes. Para el caso de los proyectos colectivos, la comisión se establecerá a prorrata de acuerdo con la participación patrimonial de los diferentes tipos de productores.

(D. 2572/2000, art. 6º)

ART. 2.1.2.2.7.—Reglamento. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, establecerá el reglamento operativo del fondo.

(D. 2572/2000, art. 7º)

ART. 2.1.2.2.8.—(Modificado).* Pequeño productor. Para los fines de la Ley 16 de 1990, se entenderá por pequeño productor la persona natural que posea activos totales no superiores a ciento cuarenta y cinco (145) smmlv en el momento de la respectiva operación de crédito. Deberá demostrarse que estos activos, conjuntamente con los del cónyuge o compañero permanente, no exceden de ese valor, según balance comercial aceptado por el intermediario financiero con una antigüedad no superior a 90 días a la solicitud del crédito.

PAR.—Para el caso de los usuarios de reforma agraria, el valor de la tierra no será computable dentro de los activos totales.

(D. 312/91, art. 1º, modificado por el D. 780/2011, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2179 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

*(Nota: Modificado por el Decreto 691 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.2.2.9.—(Derogado).* Calificación de pequeño productor agropecuario. Adicionalmente, para calificar como pequeño productor agropecuario la persona deberá estar obteniendo no menos de las dos terceras partes de sus ingresos de la actividad agropecuaria o mantener por lo menos el 75% de sus activos invertidos en el sector agropecuario, según el balance.

(D. 312/91, art. 2º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 691 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.2.2.10.—Beneficiarios del crédito destinado a pequeños productores. Podrán ser beneficiarios del crédito destinado a pequeños productores las empresas comunitarias, las asociaciones de usuarios de reforma agraria, del plan nacional de rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de asociación o integración de productores, siempre y cuando todos sus miembros clasifiquen individualmente como pequeños productores.

(D. 312/91, art. 3º)

CAPÍTULO 3

Compromisos de aportes públicos al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG

ART. 2.1.2.3.1.—Compromiso de aportes públicos al FAG. Los aportes públicos al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, de que trata el artículo 11 de la Ley 69 de 1993, podrán consistir en compromisos a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades.

El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG podrá otorgar garantías con cargo a una cuenta especial, en la proporción en que determine la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, apalancadas en los compromisos de aportes públicos de que trata el inciso anterior, los cuales se contabilizarán como parte del patrimonio neto de la cuenta especial.

PAR. 1º—El compromiso de aporte público al FAG se formalizará mediante convenio y/o contrato interadministrativo o acto administrativo que señale la cuantía del compromiso.

PAR. 2º—En el convenio y/o contrato interadministrativo o acto administrativo que formalice el compromiso de aporte público al FAG, se dispondrá que este podrá hacerse efectivo cuando los recursos de la cuenta especial resulten insuficientes para cubrir los siniestros presentados. Para el efecto, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, como administrador del FAG, informará al Fondo Nacional de Calamidades de las necesidades de recursos para que el mismo proceda a efectuar el pago del compromiso.

(D. 3770/2011, art. 1º)

CAPÍTULO 4

Garantías para refinanciación de cartera agropecuaria

ART. 2.1.2.4.1.—Cálculo global. Con fundamento en la información suministrada al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, por la Caja Agraria, los demás bancos comerciales, las corporaciones financieras y aquellas entidades que administran recursos de crédito del Fondo Nacional del Café, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentará a consideración del Confis, el cálculo global correspondiente al sesenta por ciento (60%) de las cuotas anuales de interés y capital de los créditos agropecuarios reestructurables por los establecimientos de crédito, en los términos del artículo 17 de la Ley 101 de 1993, con el fin de que dicho organismo apruebe el monto de las garantías a expedir, por el valor total del programa de reestructuración.

(D. 627/94, art. 1º)

ART. 2.1.2.4.2.—Siniestralidad. A más tardar el 31 de marzo de cada año, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentará al Confis una evaluación de la siniestralidad ocurrida durante el año anterior y de la esperada para el año en curso, con el fin de que se hagan los ajustes correspondientes en las apropiaciones y compromisos presupuestales.

(D. 627/94, art. 2º)

ART. 2.1.2.4.3.—Créditos reestructurados. El FAG podrá otorgar garantías para créditos reestructurados con fundamento en la aprobación del Confis establecida en el artículo 2.1.2.4.1 del presente capítulo, condicionando su pago, de una parte, al valor de los incumplimientos ocurridos en cada año y, de otro lado, al monto total de los recursos que efectivamente le hayan sido apropiados y situados del presupuesto general de la Nación. Sin embargo, el Fondo Agropecuario de Garantías podrá cubrir con cargo a sus recursos ordinarios disponibles los defectos de liquidez transitorios que se presenten, siempre y cuando no comprometa para este efecto, más del 10% de sus recursos.

(D. 627/94, art. 3º)

ART. 2.1.2.4.4.—Reglamentación. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario reglamentará los procedimientos mediante los cuales se dará aplicación a este esquema de garantías.

(D. 627/1994, art. 4º)

TÍTULO 3

Fondo de Solidaridad Agropecuario

(Nota: Modificado por el Decreto 1524 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.1.3.1.1.—Naturaleza y régimen. El Fondo de Solidaridad Agropecuario, es una cuenta especial sin personería jurídica, separada e incorporada en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y administrada por este. Los recursos de este fondo podrán ser administrados directamente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o a través de un contrato de fiducia, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 302 de 1996.

(D. 2002/96, art. 1º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.2.—Beneficiarios. Los beneficiarios de lo dispuesto en la Ley 302 de 1996, serán las personas naturales que sean pequeños productores agropecuarios y pesqueros, que cumplan las condiciones previstas en el inciso 3º del artículo 1º de la citada ley.

(D. 2002/96, art. 2º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.3.—Operaciones. El administrador del Fondo de Solidaridad Agropecuario, podrá realizar las operaciones de que trata el artículo 4º de la Ley 302 de 1996, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida su junta directiva.

Estas operaciones se podrán efectuar por iniciativa de la junta directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario o por solicitud de los pequeños productores o de sus respectivas asociaciones agropecuarias o pesqueras, presentada esta a través de los intermediarios financieros en donde estuvieren radicados los créditos sobre los cuales intervendría el fondo.

PAR.—A la solicitud referida en el presente artículo se deberá adjuntar una declaración juramentada del deudor pequeño productor en donde se señale la existencia de alguno de los eventos previstos en el artículo 2º de la Ley 302 de 1996, los cuales podrán ser verificados por la junta directiva del fondo, mediante cualquier medio legal probatorio.

Para estos efectos, la junta directiva del fondo también podrá apoyarse en personas naturales o jurídicas técnicas competentes, las cuales emitirán sus conceptos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva solicitud.

(D. 2002/96, art. 3º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.4.—Hechos amparados. Para que opere el Fondo de Solidaridad Agropecuario, los eventos previstos en el artículo 2º de la Ley 302 de 1996, deberán tener ocurrencia con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley y los créditos sobre los cuales intervendría el fondo, deberán haber sido contraídos con anterioridad a tales eventos. Estas condiciones no son aplicables al programa de prelación de compra de que trata el artículo 9º transitorio de la citada ley.

(D. 2002/96, art. 4º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.5.—Verificación. Para efectuar las operaciones de que tratan los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 4º de la Ley 302 de 1996, el administrador del fondo deberá solicitar a los establecimientos de crédito correspondientes que, con el respectivo pagaré del deudor, se presente el balance comercial con su estado de ingresos y egresos, suscritos por el deudor y su cónyuge o compañero o compañera permanente, si lo hubiere. En estos estados financieros deberá constar que el deudor cumple con las condiciones de pequeño productor a que se refiere el artículo 2.1.3.1.2 del presente título.

PAR.—El balance referido en este artículo será aquel presentado por el deudor al momento de solicitar el crédito sobre el cual intervendría el fondo. Este balance se actualizará, si fuere el caso, de acuerdo con el porcentaje de aumento del salario mínimo.

(D. 2002/96, art. 5º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.6.—Recompra de tierras. En el caso de recompra de tierras previsto en el numeral 3º del artículo 4º de la Ley 302 de 1996, la compra y adjudicación de los predios correspondientes la efectuará el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, mediante contrato de mandato que para este efecto suscriba con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las operaciones de compra y adjudicación se realizarán en los términos y condiciones que establezca la junta directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario.

(D. 2002/96, art. 6º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.7.—Acceso a recursos del fondo. Cuando tenga ocurrencia alguno de los eventos previstos en el literal a del artículo 2º de la Ley 302 de 1996, los pequeños productores de que trata el artículo 1º de la misma ley, accederán a los recursos del Fondo de Solidaridad Agropecuario, siempre que dichos eventos ocurran en zonas o regiones y en cultivos o actividades, sobre los cuales no estuviere operando el seguro agropecuario establecido en la Ley 69 de 1993.

(D. 2002/96, art. 7º) 2.

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.8.—Delegados. Los representantes legales de las organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pesqueros, legalmente constituidas y reconocidas, de carácter departamental, designarán, en su respectivo departamento, un delegado por la actividad agropecuaria y otro por la pesquera, quienes actuarán en representación de dichas organizaciones en la reunión que convoque el viceministro de asuntos agropecuarios, con el fin de elegir a los representantes de que trata el artículo 7º de la Ley 302 de 1996. En el evento en que no existiere ninguna organización de carácter departamental, la designación la harán las organizaciones municipales.

La respectiva secretaría de agricultura departamental o la que haga sus veces, convocará públicamente a través de cualquier medio masivo de comunicación, a los representantes legales de las organizaciones de que trata el inciso anterior, en las fechas que señale el viceministro de asuntos agropecuarios, con el fin de que se produzca la designación de los delegados.

Las organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pesqueros de carácter nacional, legalmente constituidas y reconocidas, tendrán un delegado designado por sus respectivas juntas directivas, quien actuará en representación de dichas organizaciones en la reunión de que trata el inciso primero de este artículo.

PAR. 1º—Para efectos de lo dispuesto en este artículo, entiéndase por organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pesqueros de carácter departamental y nacional, aquellas cuya conformación sea, por lo menos en sus tres cuartas partes, de pequeños productores en los términos previstos en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 302 de 1996. Las secretarías de agricultura departamentales o las que hagan sus veces, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en este parágrafo.

PAR. 2º—Los representantes ante la junta directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario con sus respectivos suplentes, se elegirán por mayoría absoluta de votos entre los delegados que resultaren designados, en el lugar y fecha que se señalen en la convocatoria realizada por el viceministro de asuntos agropecuarios.

Los representantes elegidos tendrán un período de dos (2) años, contados a partir de la primera sesión de la junta directiva y podrán reelegirse por una sola vez.

PAR. 3º—En todo caso, los delegados de las organizaciones de carácter departamental y nacional, deberán acreditar las condiciones de pequeño productor en los términos previstos en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 302 de 1996.

(D. 2002/96, art. 8º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.9.—Secretaría técnica. La secretaría técnica de la junta directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario, estará a cargo del viceministro de asuntos agropecuarios. Esta junta, mediante acuerdos, expedirá las reglamentaciones que sean de su competencia.

(D. 2002/96, art. 9º, modificado por el D. 2139/2000, art. 1º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.3.1.10.—Recuperación de cartera. Después de que el Fondo de Solidaridad Agropecuario adquiera de los respectivos intermediarios financieros, parcial o totalmente la cartera de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros, esta se recuperará de conformidad con la reglamentación que para este efecto expida la junta directiva de dicho fondo.

Los deudores pequeños productores que hubieren sido beneficiarios del fondo y que, de acuerdo con las condiciones financieras establecidas por la junta directiva, incumplieren al mismo el pago de sus deudas, no podrán, en ningún caso, acceder nuevamente a los recursos del fondo.

(D. 2002/96, art. 11)

(Nota: Sustituido por el Decreto 1449 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

(Nota: Modificado por el Decreto 1524 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

TÍTULO 4

Fondo de microfinanzas rurales

ART. 2.1.4.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.2.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.3.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.4.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.5.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.6.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.7.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.8.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1449 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

TÍTULO 4(sic)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

Fondo de fomento agropecuario

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.1.4.1.1.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.2.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.3.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.4.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.5.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.6.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.7.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.8.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.9.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.10.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.11.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.1.12.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 2

Proyectos derivados del Decreto 870 de 2014

ART. 2.1.4.2.1.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.2.2.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.1.4.2.3.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 3

Disposición final

ART. 2.1.4.3.1.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 1565 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

PARTE 2

Vivienda de interés social rural

TÍTULO 1

Subsidio familiar de vivienda de interés social rural, VISR

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.1.1.1.—(Modificado).* Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente título se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. Corresponsabilidad. Es el criterio a partir del cual las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda aplicado en el componente rural, las entidades oferentes de proyectos de vivienda rural, las entidades operadoras, las entidades ejecutoras de estos proyectos, los interventores y los beneficiarios, son responsables de sus actuaciones ante los organismos de control del Estado y demás entidades competentes en ejercicio de su función constitucional y legal.

2. Entidad operadora. Es la persona jurídica contratada por la entidad otorgante para que administre los recursos destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, que sean efectivamente asignados a los hogares beneficiarios de un proyecto de vivienda de interés social rural. La entidad operadora desarrollará su gestión contractual de acuerdo con los fines, funciones, perfiles y responsabilidades fijados en el presente título.

3. Entidad ejecutora. Es la persona jurídica contratada por la entidad operadora para que ejecute las obras de acuerdo con las condiciones técnicas, financieras y operativas que determine la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural. La entidad ejecutora desarrollará su gestión contractual de acuerdo con los fines, funciones, criterios, perfiles y responsabilidades fijados en el presente título.

(D. 900/2012, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.2.—(Modificado).* Objeto. El presente título reglamenta el subsidio familiar de vivienda de interés social en dinero o en especie para áreas rurales como instrumento para facilitar una solución de vivienda a hogares de escasos recursos económicos.

Igualmente, establece las directrices para que las actividades relacionadas con la responsabilidad que demande el otorgamiento, administración y ejecución del subsidio familiar de vivienda de interés social en su componente rural a los hogares legalmente habilitados para su postulación, se realicen con eficiencia, eficacia y efectividad por parte de las entidades otorgantes, oferentes, operadoras, ejecutoras y evaluadoras.

Este título establece criterios que enmarquen el componente rural de la política de vivienda de interés social, para que, con los recursos destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social, se facilite a la población legalmente habilitada, acceder a una solución de vivienda digna, que les permita ampliar y desarrollar sus oportunidades sociales, económicas y culturales.

Así mismo, busca organizar y optimizar el proceso de administración y ejecución de los recursos destinados a atender el componente rural de la política de vivienda de interés social a cargo de las entidades que actúan como otorgantes del subsidio.

(D. 1160/2010, art. 1º, D. 900/2012, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.3.—Ámbito de aplicación. La presente reglamentación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural tiene cobertura nacional y se aplicará a todas las zonas definidas como suelo rural en los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997, o en las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

PAR.—Para los efectos de este título, cuando se haga referencia al plan de ordenamiento territorial, se entenderá que comprende sin distinción alguna, todos los tipos de planes previstos en el artículo 9º de la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

(D. 1160/2010, art. 2º)

ART. 2.2.1.1.4.—Noción. El subsidio familiar de vivienda de interés social rural es un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario, con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social rural, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se establecen en las leyes y en este título.

También constituye subsidio familiar de vivienda de interés social rural el aporte proveniente de los recursos parafiscales administrados por las cajas de compensación familiar que, con los mismos fines, sea entregado a los trabajadores afiliados a estas entidades que habiten en suelo rural, de conformidad con las normas legales vigentes.

El subsidio es restituible en los términos establecidos en la Ley 3ª de 1991 y sus reglamentos, o en las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

(D. 1160/2010, art. 3º)

ART. 2.2.1.1.5.—Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Para los efectos del presente título se entenderá por hogar aquel conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

El hogar en los resguardos indígenas y en los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y costumbres.

(D. 1160/2010, art. 4º)

ART. 2.2.1.1.6.—(Modificado).* Hogares susceptibles de postulación. Estarán habilitados para postularse al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, los hogares que se encuentren por debajo del puntaje Sisbén que haya seleccionado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para focalizar sus recursos de inversión; los hogares declarados por la autoridad competente en situación de vulnerabilidad y/o de afectación manifiesta o sobreviniente; los hogares de los resguardos indígenas legalmente constituidos; los hogares de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras legalmente reconocidas por la autoridad competente, y la población que haga parte de programas estratégicos del orden sectorial.

Estarán exentos del requerimiento del Sisbén los siguientes hogares:

1. Los hogares afectados por situación de desastre o de calamidad pública que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural.

2. Los hogares afectados por el desplazamiento forzado.

3. Los hogares que hagan parte de los programas estratégicos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. La población indígena.

5. Los hogares residentes en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que residan en zona rural y que pertenezcan a los sectores de la población nativa o raizal. Esta última condición deberá ser certificada por la oficina de control de circulación y residencia, Occre, o quien cumpla sus funciones.

6. Las postulaciones que se realicen para el subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar, en las que no se tendrá en cuenta el nivel de Sisbén, sino el nivel de ingresos medido en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en las normas aplicables a la materia.

(D. 1160/2010, art. 5º, modificado por el D. 900/2012, art. 3º) .

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

(Nota: Adicionado el numeral 10 al presente artículo por la Ley 1900 de 2018 artículo 7°)

ART. 2.2.1.1.7.—(Modificado).* Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de subsidio familiar de vivienda de interés social rural que realiza un hogar, a través de un proyecto presentado por una entidad oferente ante la entidad otorgante.

PAR.—Las postulaciones que se presenten ante las cajas de compensación familiar para adquirir subsidios con cargo a los recursos parafiscales, podrán ser individuales o colectivas.

(D. 1160/2010, art. 6º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.8.—(Modificado).* Proyecto de vivienda de interés social rural. El proyecto de vivienda de interés social rural es la propuesta técnica, financiera, jurídica y social, que presenta una entidad oferente en el marco de una convocatoria, para atender mediante las modalidades de mejoramiento y saneamiento básico o construcción de vivienda nueva, a mínimo cinco (5) y máximo sesenta (60) hogares subsidiables.

Un proyecto de vivienda de interés social rural solo puede contener postulaciones que correspondan a una de las modalidades de subsidio de vivienda de interés social rural.

PAR.—Los proyectos de vivienda de interés social rural que se presenten ante las cajas de compensación familiar para adquirir el subsidio con cargo a los recursos parafiscales, no tendrán número mínimo, ni máximo de soluciones de vivienda y podrán incluir, además de las modalidades señaladas en este artículo, la modalidad de adquisición de vivienda nueva definida en el artículo 2.2.1.2.4 del presente título.

(D. 1160/2010, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.9.—Entidades oferentes. Son las que organizan la demanda de hogares a la postulación del subsidio de vivienda de interés social rural, formulan el proyecto de vivienda rural y lo presentan a la entidad otorgante. Podrán ser oferentes las entidades territoriales o sus dependencias que dentro de su estructura desarrollen la política de vivienda de interés social, los resguardos indígenas legalmente constituidos, los consejos comunitarios de comunidades negras legalmente reconocidos, las entidades gremiales del sector agropecuario, las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones no gubernamentales, ONG, que tengan dentro de su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social y las demás personas jurídicas que igualmente tengan dentro de su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social, que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR.—Para el caso de los proyectos de vivienda de interés social rural que se financiarán a través de las cajas de compensación familiar, podrán ser oferentes quienes cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 2.7 del artículo 2º del Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

(D. 1160/2010, art. 8º, modificado por el D. 900/2012, art. 4º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.10.—(Modificado).* Solución de vivienda de interés social rural. Es la estructura habitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo de la vivienda y su valor, incluyendo el lote, no podrá superar los setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes smlmv.

(D. 1160/2010, art. 9º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.11.—(Modificado).* Entidades otorgantes. La entidad otorgante de los recursos del presupuesto nacional destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, será el Banco Agrario de Colombia S.A.

Las entidades otorgantes de los recursos de las contribuciones parafiscales administrados por las cajas de compensación familiar destinados al subsidio de vivienda rural, serán ellas mismas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.

(D. 1160/2010, art. 10)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.12.—(Modificado).* Reglamento operativo del programa. La entidad otorgante deberá expedir y mantener vigente el reglamento operativo del programa, el cual contendrá, como mínimo, los requisitos y procedimientos para la presentación y evaluación de proyectos, la postulación, calificación y asignación de beneficiarios, el desembolso de los recursos y la ejecución y liquidación de los proyectos que se desarrollen dentro del programa de vivienda de interés social rural.

(D. 1160/2010, art. 11)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.13.—(Modificado).* Valor del subsidio. El monto del subsidio familiar de vivienda de interés social rural será el siguiente:

1. En la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico, será hasta de dieciséis (16) salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv.

2. En la modalidad de construcción de vivienda nueva, será de hasta veinticuatro (24) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

3. El subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar para construcción o adquisición de vivienda nueva, será de hasta veinticuatro (24) salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv.

(D. 1160/2010, art. 12, modificado por el D. 900/2012, art. 5º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.1.14.—(Modificado).* Límite a la cuantía del subsidio. La cuantía del subsidio de vivienda de interés social rural al momento de su asignación, no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor de la solución de vivienda, en cualquiera de las modalidades de que trata el presente título, salvo para los programas estratégicos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y los destinados a atender población en situación de desplazamiento, cuya cuantía podrá alcanzar hasta el 100% del costo de la vivienda.

PAR.—En el caso de los subsidios familiares de vivienda rural otorgados por las cajas de compensación familiar, la cuantía del mismo podrá representar hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la solución de vivienda.

(D. 1160/2010, art. 13, modificado por el D. 900/2012, art. 6º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 2

Modalidades

ART. 2.2.1.2.1.—Modalidades del subsidio familiar de vivienda. El subsidio de vivienda de interés social rural tendrá las siguientes modalidades:

1. Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico.

2. Construcción de vivienda nueva.

3. Adquisición de vivienda nueva con cargo a los recursos parafiscales administrados por las cajas de compensación familiar.

(D. 1160/2010, art. 14)

ART. 2.2.1.2.2.—(Modificado).* Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico. Es la modalidad que permite al hogar beneficiario del subsidio superar o subsanar en la solución de vivienda, una o varias de las siguientes carencias o deficiencias:

1. Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.

2. Carencia o deficiencia en los sistemas de alcantarillado o sistema para la disposición final de aguas servidas.

3. Carencia o deficiencia de baño(s) y/o cocina.

4. Pisos en tierra o en materiales inapropiados.

5. Construcción en materiales provisionales, tales como latas, tela asfáltica y madera de desecho, entre otros.

6. Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habitan más de tres personas por cuarto, incluyendo espacio múltiple, comedor y dormitorios.

Esta modalidad es la que se realiza sobre una estructura existente de manera integral y deberá ser aplicada acorde al diagnóstico realizado previamente por la entidad oferente de cada una de las viviendas propuestas para el mejoramiento.

El inmueble a mejorar, una vez aplicado el subsidio deberá haber subsanado lo establecido en los numerales 1º y 2º.

En el caso de que el hogar deba subsanar las deficiencias descritas en los numerales 1º y 2º y otras dos carencias o deficiencias adicionales de las que se describen en el presente artículo, la postulación al subsidio deberá hacerse para la modalidad de construcción de vivienda nueva o de adquisición de vivienda nueva en el caso de los subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar con cargo a los recursos parafiscales.

PAR.—La solución de vivienda a mejorar podrá ser de propiedad de uno o varios de los miembros del hogar postulante o podrá tratarse de un inmueble en el que uno o varios de los miembros del hogar demuestren la posesión regular, por un período mínimo de cinco años, contados hasta la fecha de la postulación, en la forma señalado en el reglamento operativo.

(D. 1160/2010, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1052 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.2.3.—(Modificado).* Construcción de vivienda nueva. Es la modalidad que le permite a un hogar habilitado, postularse al subsidio familiar de vivienda de interés social rural para construir una solución habitacional en:

1. Un lote de terreno del cual uno o varios miembros del hogar postulado sean propietarios conforme al certificado de tradición y libertad, o en su defecto, tengan la posesión regular, pacífica e ininterrumpida, por un periodo superior a cinco (5) años, contados hasta la fecha de la postulación.

2. Un lote de terreno de propiedad de la entidad oferente, caso en el cual será obligación de esta, transferir su propiedad de manera individual, a los hogares beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social rural, para que el subsidio asignado pueda ser invertido. En todo caso, la entidad otorgante verificará, previo a contratar a la entidad operadora, que la propiedad del lote de terreno haya sido titulada a los hogares beneficiarios del proyecto. Si la entidad oferente no cumple con esta obligación dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la comunicación de asignación condicionada de que trata el artículo 2.2.1.5.5.2 del presente título, se declarará el incumplimiento, la pérdida del subsidio y se ordenará la reversión de los recursos al programa que maneja la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural.

3. Un lote de terreno de propiedad colectiva para el caso de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

PAR.—La construcción de vivienda nueva puede hacerse en forma dispersa o nucleada, cumpliendo con los requisitos que señale el reglamento operativo del Programa que expida la entidad otorgante, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

(D. 1160/2010, art. 16, modificado por el D. 900/2012, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.2.4.—Adquisición de vivienda nueva. Es la modalidad a través de la cual el beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social rural otorgado a través de las cajas de compensación familiar, adquiere su solución de vivienda en el mercado, dentro de los proyectos rurales que hayan sido declarados elegibles por las cajas de compensación familiar, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente título.

(D. 1160/2010, art. 17)

ART. 2.2.1.2.5.—Condiciones de vivienda. Para construcción de vivienda nueva, la vivienda deberá cumplir como mínimo con las condiciones descritas en el artículo 2.2.1.1.10 del presente título y contar con un área mínima de 36 metros cuadrados construidos, que permitan proporcionar por lo menos un espacio múltiple, dos habitaciones, baño, cocina y las instalaciones y acometidas domiciliarias, salvo para el caso de la población indígena, para quienes prevalecerán sus usos y costumbres, siempre y cuando se dé cumplimiento a la norma de sismorresistencia NSR-98 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y al reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000 o las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen, o complementen. Las mismas condiciones se aplicarán en la modalidad de adquisición de vivienda nueva con los subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar con cargo a los recursos parafiscales.

(D. 1160/2010, art. 18)

ART. 2.2.1.2.6.—Suministro de agua. Solo se podrá destinar el subsidio de vivienda de interés social rural a las soluciones de vivienda, en cualquiera de las modalidades de que trata el presente título, que cuenten con suministro inmediato de agua apta para el consumo humano, requisito que se verificará en la forma señalada en el reglamento operativo. El suministro de este recurso podrá prestarse mediante tecnologías tradicionales o alternativas siempre que estas aseguren la correcta prestación del servicio.

En el caso del subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, este requisito deberá verificarse mediante certificado emitido por la entidad territorial en donde conste el suministro inmediato de agua apta para consumo humano.

(D. 1160/2010, art. 19)

ART. 2.2.1.2.7.—Sistemas alternativos. Cuando la entidad oferente presente o proponga soluciones industrializadas o sistemas alternativos de construcción de vivienda de interés social rural, deberán cumplir con las reglamentaciones de la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismorresistentes, y de los sistemas de abastecimiento de agua y de tratamiento de aguas servidas, estando acordes con las necesidades sociales y culturales de la región, siempre que cumplan con lo establecido en la norma RAS-2000 y NSR-10 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

(D. 1160/2010, art. 20, modificado por el D. 900/2012, art. 8º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 3

Distribución de los recursos

ART. 2.2.1.3.1.—Fuente de recursos para el subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Los recursos para la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural serán los que se determinen en el presupuesto general de la Nación en cada vigencia y los que se obtengan de otras fuentes con este destino, así como las contribuciones parafiscales administradas por las cajas de compensación familiar.

(D. 1160/2010, art. 21)

ART. 2.2.1.3.2.—Recursos provenientes de las contribuciones parafiscales. Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales serán los equivalentes al porcentaje que representen los trabajadores afiliados que habiten en suelo rural, sobre el total de afiliados de cada caja, aplicado a los recursos del fondo del subsidio familiar, Fovis. El porcentaje de estos recursos será establecido, en el mes de enero de cada año, mediante acto administrativo que expida la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Cuando no se presenten postulaciones durante el último trimestre de asignación del Fovis de cada vigencia, los excedentes de recursos se aplicarán, previo concepto favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobado por la Superintendencia del Subsidio Familiar, de la siguiente forma:

1. Los remanentes de cada una de las cajas de compensación familiar se aplicarán a la segunda prioridad señalada en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Superintendencia del Subsidio Familiar, según la información suministrada por las cajas de compensación familiar con corte a 31 de diciembre de cada vigencia anual.

2. Si después de este proceso resultaren excedentes de recursos de cajas de compensación familiar, se aplicarán a la tercera prioridad establecida en el referido artículo 68 de la Ley 49 de 1990, esto es, a los postulantes no afiliados a las cajas de compensación, de acuerdo con el orden secuencial de la lista de proyectos elegibles y calificados por el Banco Agrario y entregada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean utilizados dentro de la vigencia del subsidio podrán destinarse a la asignación de subsidios de vivienda de interés social urbana.

(D. 1160/2010, art. 22)

ART. 2.2.1.3.3.—(Modificado).* Excedentes y rendimientos financieros. Los excedentes y/o rendimientos financieros de los recursos destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, cuando los hubiere, serán aplicados a proyectos similares declarados elegibles, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Los excedentes se asignarán conforme al porcentaje para la distribución de recursos para política sectorial y departamental rural previsto en el artículo 2.2.1.3.4 del presente decreto.

3.(sic) Los rendimientos financieros serán utilizados para atender familias vinculadas a proyectos de la bolsa de política sectorial rural.

4. En todo caso, si agotada la aplicación de los numerales 1º y 2º quedaran recursos disponibles por comprometer, estos serán utilizados en la bolsa que requiera completar la totalidad de los proyectos presentados.

En caso de que en una convocatoria no se presenten suficientes proyectos elegibles que permitan aplicar las reglas precedentes, los rendimientos y excedentes financieros podrán ser utilizados para nuevas convocatorias.

(D. 1160/2010, art. 23)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.3.4.—(Modificado).* Distribución de los recursos del subsidio de vivienda de interés social rural. La distribución de los recursos apropiados por el presupuesto público nacional destinados al subsidio de vivienda de interés social rural, tanto para la bolsa de política sectorial rural como para la bolsa departamental, será la que para todos los efectos defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo con sus lineamientos de política y las recomendaciones de la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural.

(D. 1160/2010, art. 24, modificado por el D. 900/2012, art. 9º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.3.5.—(Modificado).* Criterios para la distribución de los recursos de la bolsa departamental. Para cumplir con la distribución departamental de los recursos del presupuesto nacional destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, se identifican las regiones con mayor atraso relativo generado por el déficit de vivienda rural, DVR, y las necesidades básicas insatisfechas rurales, NBI.

La metodología toma los indicadores de necesidades básicas insatisfechas rurales, NBI, y el déficit de vivienda rural, DEF, definidos por el Gobierno Nacional, para determinar un único valor para cada departamento.

El coeficiente de distribución departamental, CDi, se determina por el número de hogares en déficit de vivienda rural de cada departamento multiplicado por su NBI rural, sobre el déficit de vivienda rural a nivel nacional, multiplicado por el indicador NBI rural nacional.

NEILA1
 

Donde:

CDi: Coeficiente de distribución del departamento i.

NBIi: Valor del NBI rural del departamento.

DEFi: Número de hogares en déficit de vivienda rural del departamento.

NBI: Valor del NBI nacional.

DEF: Número de hogares en déficit de vivienda rural nacional.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución motivada, establecerá acorde a la anterior fórmula los coeficientes de distribución para cada departamento, aproximando para los departamentos de menor coeficiente, un coeficiente mínimo que permita acceder a recursos para financiar al menos un proyecto, y realizará la distribución departamental de recursos del presupuesto asignado en cada vigencia, incluidas las respectivas adiciones, aplicando los coeficientes departamentales determinados para la bolsa departamental.

PAR.—Los recursos remanentes que queden en la bolsa departamental cuando no se presentan suficientes proyectos elegibles en un departamento que permitan asignar la totalidad del cupo departamental, podrán ser asignados a los proyectos de la misma bolsa, que hayan obtenido el mayor puntaje a nivel nacional. Si dentro de la misma bolsa no se presentan suficientes proyectos elegibles a nivel nacional, que permitan asignar la totalidad de los recursos de esta bolsa, estos recursos podrán ser asignados a los proyectos elegibles de la bolsa de política sectorial rural, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.3.6 del presente título. En caso de que en la bolsa de política sectorial rural no se presenten suficientes proyectos elegibles que permitan asignar estos remanentes, los mismos podrán ser utilizados para nuevas convocatorias.

(D. 1160/2010, art. 25)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.3.6.—(Modificado).* Bolsa de política sectorial rural. La bolsa de política sectorial rural se destinará a los hogares postulantes vinculados a los programas de desarrollo rural y programas estratégicos de atención integral que defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien a su vez, deberá determinar los criterios de acceso.

PAR. 1º—EI Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentará a la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural, los programas estratégicos que requieran de una atención integral. La comisión recomendará la asignación de los recursos requeridos, los cuales se asignarán de manera directa sin recurrir al proceso de convocatoria y se podrá financiar hasta en un cien por ciento (100%) del valor de la solución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.14 de este decreto.

PAR. 2º—La Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural, podrá recomendar la inclusión de programas y establecerá mediante acta, cuáles serán incluidos en la bolsa de recursos de política sectorial.

PAR. 3º—La priorización y distribución de los recursos de la bolsa de política sectorial rural, la definirá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con las recomendaciones que para el caso sugiera la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural, atendiendo a la demanda de recursos por parte de cada uno de los programas y las prioridades del Gobierno Nacional.

(D. 1160/2010, art. 26, modificado por el D. 900/2012, art. 10)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 4

Aportes de contrapartida

(Nota: Modificado el nombre del presente capítulo por el Decreto 1934 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.4.1.—(Modificado).* Aportes de contrapartida. Son los aportes de la entidad oferente y de otras entidades que concurren a la cofinanciación de las soluciones de vivienda, exceptuando los de la entidad otorgante.

(D. 1160/2010, art. 27, modificado por el D. 900/2012, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.4.2.—(Modificado).* Cuantía del aporte de la entidad oferente. El aporte de contrapartida de la entidad oferente será mínimo del veinte por ciento (20%) del valor total de la solución de vivienda. El dieciocho por ciento (18%) deberá estar representado en dinero, y el dos por ciento (2%) restante estará representado en especie con el diagnóstico, formulación y presentación del proyecto. Si es entidad pública, el aporte deberá estar respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, correspondiente, y en el caso de la entidad privada, deberá respaldar su contrapartida con el documento o documentos suscritos por el representante legal y el contador público debidamente acreditado, en el cual certifiquen, bajo la gravedad del juramento, que la entidad privada posee los recursos ofrecidos.

Previo a certificarse la elegibilidad y una vez viabilizado el proyecto en sus aspectos técnicos, financieros y legales, el ciento por ciento (100%) de la contrapartida representada en dinero, deberá ser consignado en una cuenta bancaria especial en la oficina del Banco Agrario de Colombia de su municipio o distrito más cercano o en el de más fácil acceso, dentro del término que establezca el reglamento operativo del programa expedido por la entidad otorgante, contado a partir de la notificación de la comunicación mediante la cual se le exige el cumplimiento de este requisito. En dicho reglamento se establecerán igualmente las condiciones de manejo de esta cuenta especial, entre otras, la correspondiente al traslado de tales recursos a la cuenta del proyecto manejada por la entidad operadora contratada por la entidad otorgante. Si la entidad oferente no cumple con este requisito dentro del término previsto, el proyecto será rechazado por la entidad evaluadora.

PAR. 1º—La entidad oferente tendrá en cuenta que la finalidad de la presentación del proyecto, es la evaluación del mismo y su elegibilidad. La asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos y a la verificación de los requisitos exigidos a la entidad oferente.

PAR. 2º—La consignación de los aportes de que trata el presente artículo, no genera derecho alguno para la asignación del subsidio de vivienda de interés social rural.

PAR. 3º—Para los casos de los proyectos presentados ante las cajas de compensación familiar, no se requerirán aportes de la entidad oferente.

PAR. 4º—En el evento que la contrapartida representada en dinero sea financiada con recursos del sistema general de regalías, se requerirá la viabilización, aprobación y priorización del correspondiente órgano colegiado de administración y decisión de conformidad con la Ley 1530 de 2012. Lo anterior en ningún caso sustituirá la viabilización técnica de la entidad evaluadora.

Para garantizar la contrapartida de que trata el inciso 2º del presente artículo, se requerirá únicamente el acuerdo de aprobación del proyecto por parte del órgano colegiado de administración y decisión el cual deberá aportarse dentro del plazo establecido en el reglamento.

En caso que tal contrapartida sea financiada con cargo a los fondos de desarrollo y compensación regional, o con cargo a los recursos para proyectos de impacto local, y una vez elegido el proyecto por la entidad evaluadora, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará los giros a la cuenta bancaria especial en la oficina del Banco Agrario de Colombia, de conformidad con la disponibilidad de los recursos recaudados, la priorización de giros efectuada por el respectivo órgano colegiado y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 del Decreto 1949 de 2012, tal como fue compilado por el Decreto Único del Sector de Planeación, o de las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Si la contrapartida es financiada con recursos de asignaciones directas, la correspondiente entidad territorial, una vez elegido el proyecto por la entidad evaluadora, deberá efectuar la consignación en el Banco Agrario de conformidad con la disponibilidad de los recursos recaudados y la priorización de giros efectuada por el respectivo órgano colegiado.

Cuando la contrapartida se financie con recursos del sistema general de regalías, dicho requisito se acreditará con el acuerdo de aprobación del órgano colegiado de administración y decisión, el cual deberá ser aportado dentro del mismo término establecido en este parágrafo.

(D. 1160/2010, art. 28; modificado por el D. 900/2012, art. 12 y por el D. 2342/2012, arts. 1º, 2º y 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.4.3.—(Modificado).* Estructura financiera del proyecto de vivienda de interés social rural. La estructura financiera del proyecto estará conformada de la siguiente manera, teniendo en cuenta que dentro del costo total no se incluye el valor del lote:

1. Los costos directos del proyecto discriminarán aquellos asociados a mano de obra, materiales, equipos y transporte de materiales.

2. Los costos indirectos del proyecto estarán conformados por:

a) Diagnóstico, formulación y presentación del proyecto, que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.4.2 pueden constituirse como aporte de la entidad oferente;

b) Trabajo social y ambiental contratado por la entidad operadora;

c) Interventoría de obra contratado por la entidad operadora;

d) Protocolización en notaría de la inversión del subsidio de vivienda de interés social rural;

e) Pólizas constituidas por la entidad operadora;

f) Administración, imprevistos y utilidad, AIU.

(D. 1160/2010, art. 29; modificado por el D. 900/2012, art. 13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.4.4.—Aportes de los hogares postulantes al subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar. Los aportes de los hogares postulantes al subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar se sujetarán a las condiciones que provea el marco legal vigente aplicable.

(D. 1160/2010, art. 30; modificado por el D. 900/2012, art. 14)

CAPÍTULO 5

Procedimiento

SECCIÓN 1

Convocatoria

(Nota: Modificado el nombre de la presente sección por el Decreto 1934 de 2015 artículo 6° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.1.1.—(Modificado).* Convocatoria. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, para la vigencia presupuestal, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las fechas de apertura y cierre de nuevas convocatorias, para los recursos provenientes de excedentes, adiciones presupuestales y/o de rendimientos financieros.

PAR.—En el caso de las cajas de compensación familiar, será el representante legal quien establecerá las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, de acuerdo con los recursos disponibles y la demanda existente. Esto deberá ser informado a la Superintendencia del Subsidio Familiar.

(D. 1160/2010, art. 31)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

SECCIÓN 2

Preselección de postulantes y diagnóstico

ART. 2.2.1.5.2.1.—(Modificado).* Preselección de postulantes. Es el proceso por medio del cual la entidad oferente identifica el grupo de posibles postulantes al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, mediante convocatoria abierta a los hogares.

La preselección se realizará de conformidad con los procedimientos que para tal efecto se definan en el reglamento operativo del programa. En todo caso dichos procedimientos, así como los criterios que se establezcan, deberán respetar los principios de eficiencia, transparencia y equidad.

PAR. 1º—De conformidad con el artículo 330 de la Constitución Política, para los proyectos presentados por los cabildos gobernadores de los resguardos indígenas, la respectiva autoridad indígena, en asamblea con los hogares de la comunidad, priorizará a aquellos que presenten las mayores deficiencias habitacionales, para conformar el listado final de postulantes.

PAR. 2º—La entidad oferente incorporará al proyecto presentado los soportes administrativos que identifiquen la ejecución del procedimiento de escogencia o selección de los hogares postulados. Para el efecto, utilizará y diligenciará las proformas determinadas por el reglamento operativo o la guía de formulación expedidos por la entidad otorgante.

(D. 1160/2010, art. 32)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.2.2.—(Modificado).* Diagnóstico. Una vez realizada la preselección, la entidad oferente efectuará un diagnóstico individual, en el que indicará para cada hogar preseleccionado la ubicación y condiciones ambientales del inmueble en donde se aplicará el subsidio, y las deficiencias de la vivienda existente, para las modalidades de mejoramiento y saneamiento básico. La entidad otorgante reglamentará su forma de presentación en el reglamento operativo del programa.

(D. 1160/2010, art. 33)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

SECCIÓN 3

Postulación

ART. 2.2.1.5.3.1.—Período para la postulación. La postulación deberá hacerla la entidad oferente ante la entidad otorgante dentro del período comprendido entre las fechas de apertura y cierre de la convocatoria.

La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documentos que se indiquen en el reglamento operativo del programa.

(D. 1160/2010, art. 34)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.3.2.—(Modificado).* Prohibiciones para la postulación de los hogares. En la preselección de los hogares las entidades oferentes deberán tener en cuenta que estos no se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Que uno de los integrantes del hogar haga parte de más de un proyecto dentro de una misma convocatoria. En caso de incurrir en esta conducta, la postulación del hogar será rechazada sin perjuicio de las demás sanciones legales a que haya lugar.

2. Que el hogar haya sido afectado por la ejecutoria de un acto que ordenó la pérdida y restitución del subsidio, dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la postulación.

(D. 1160/2010, art. 35)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.3.3.—Sustitución de beneficiarios. Cuando no se haya iniciado la ejecución de la obra de una vivienda en particular y el correspondiente hogar tenga que ser excluido por causas justificadas por la entidad oferente y aceptadas por la entidad otorgante, este podrá ser sustituido por otro hogar que cumpla con todos los requisitos para ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social rural.

El reglamento operativo del programa establecerá los requisitos y procedimientos a través de los cuales se realizará la sustitución.

(D. 1160/2010, art. 36)

ART. 2.2.1.5.3.4.—Condiciones de la postulación. Las condiciones de postulación de los hogares se mantendrán durante todo el proceso.

(D. 1160/2010, art. 37)

SECCIÓN 4

Formulación, radicación, evaluación y calificación

(Nota: Modificado el nombre de la presente sección por el Decreto 1934 de 2015 artículo 7° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.4.1.—(Modificado).* Formulación del proyecto. Es la elaboración del proyecto de vivienda de interés social rural a cargo de la entidad oferente, para postular a los hogares preseleccionados al subsidio familiar de vivienda, definiendo la modalidad, valor del subsidio a solicitar y bolsa a la cual se postularán, utilizando los formatos y el medio, acorde a la normatividad vigente y a lo estipulado en el reglamento operativo del programa.

Las entidades oferentes que hayan sido afectadas por la ejecutoria del acto administrativo de declaratoria de ocurrencia del siniestro de incumplimiento de sus obligaciones o el acto equivalente según la clase de mecanismo de cobertura de riesgo adoptado, con arreglo al procedimiento que determine el reglamento operativo del programa, no podrán participar en calidad de oferentes, para presentar proyectos de vivienda rural, durante los diez (10) años siguientes a la ejecutoria del respectivo acto. En caso de que el oferente sea una entidad territorial, dicho período será igual al término de duración de la administración que haya incurrido en el incumplimiento.

(D. 1160/2010, art. 38)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.4.2.—(Modificado).* Radicación y presentación del proyecto. Dentro de las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, la entidad oferente radicará y presentará el proyecto en el medio y lugar que la entidad otorgante establezca para su verificación, evaluación y calificación, en el reglamento operativo del programa.

(D. 1160/2010, art. 39)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.4.3.—Documentos que se deben adjuntar al radicar y presentar el proyecto. La entidad oferente, deberá radicar y presentar los documentos establecidos en las normas que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el reglamento operativo del programa y en las demás normas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, en los términos y medios que allí se establezcan.

PAR.—La entidad oferente, incluirá la estructura financiera expresada en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(D. 1160/2010, art. 40)

ART. 2.2.1.5.4.4.—(Modificado).* Evaluación documental y técnica. La entidad evaluadora verificará la entrega efectiva por parte de la entidad oferente, de los documentos requeridos en la guía de evaluación dispuesta para el efecto, el cumplimiento de los aspectos técnicos, económicos, financieros, jurídicos y sociales requeridos por la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida la entidad otorgante.

La entidad evaluadora requerirá a la entidad oferente por una sola vez, de manera detallada y por escrito, para que dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de remisión de las observaciones, complete la información requerida.

La subsanación presentada por el oferente no será admitida cuando genere la modificación de cualquier variable de calificación, o se pretenda la sustitución de hogares beneficiarios, o se presente por fuera del término aquí previsto, casos en los cuales, el proyecto de vivienda será rechazado. En todo caso, el resultado de la evaluación estará soportado en la revisión de la información documental expedida por la entidad territorial.

El contenido de los actos administrativos allegados como soporte de los requisitos exigidos por la entidad otorgante, será verificado en su oportunidad debida por la interventoría contratada por la entidad operadora, en el terreno donde se aplicará el subsidio y previo a efectuarse el primer desembolso del mismo.

En el evento en que frente al resultado de la evaluación, resulten inconsistencias y no se cumpla con las condiciones exigidas a la entidad oferente, se declarará el incumplimiento de las condiciones de asignación del subsidio.

La entidad otorgante reglamentará las condiciones y requisitos exigidos para la evaluación de los proyectos.

PAR. 1º—Causas de no elegibilidad. No se expedirá certificado de elegibilidad a los proyectos que no hubieren entregado, dentro del término previsto, los documentos requeridos en el proceso de evaluación; los que no cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos y aquellos que no presenten las respuestas o que las mismas no sean satisfactorias a los requerimientos de la entidad evaluadora, realizados en el curso del proceso de evaluación. En ningún caso serán elegibles proyectos cuyo(s) predio(s) se localice(n) en:

1. Zonas no declaradas como pertenecientes a suelo rural.

2. Zonas de alto riesgo no mitigable.

3. Zonas de protección de los recursos naturales.

4. Zonas de reserva de obra pública o de infraestructura básica del nivel nacional, regional o municipal.

5. Áreas no aptas para la localización de vivienda de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial.

PAR. 2º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará los documentos y requisitos objeto de evaluación por parte de las cajas de compensación familiar a los proyectos que les sean presentados para la adquisición del subsidio familiar de vivienda con cargo a los recursos parafiscales.

(D. 1160/2010, art. 42, modificado por el D. 900/2012, art. 15)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.4.5.—Calificación del proyecto. Los proyectos que hayan superado satisfactoriamente el proceso de evaluación, serán calificados por la entidad evaluadora con un puntaje equivalente al promedio aritmético por cada uno de los hogares que lo conforman, teniendo en cuenta que el puntaje obtenido por cada hogar, será el correspondiente a la sumatoria total de la calificación de los puntos obtenidos según las variables de calificación señaladas en el artículo siguiente.

PAR.—Para efectos de la calificación de los trabajadores afiliados a las cajas de compensación familiar, se aplicará la fórmula definida en el Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

(D. 1160/2010, art. 44)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.4.6.—Variables de calificación. Serán variable s de calificación de los proyectos, las siguientes:

Puntaje máximo por variables de calificación

Tipo variable
Descripción de variables
Valor máximo
Hogar
Número de miembros del hogar
4
Condición de madre cabeza de familia u hogar uniparental
3
 
Presencia población dependiente
5
 
Puntaje Sisbén
10
 
Número de postulaciones
3
 
Perteneciente a grupos étnicos
5
 
Hogar red unidos
7
 
Hogar con restitución o formalización de tierras
10
 
Total hogar
47
Municipio
NBI
15
Plan de consolidación
7
 
Índice de ruralidad, según PNUD
5
 
Aplicado en resguardo indígena o territorio colectivo
6
 
Total municipio
33
Arquitectónica
Metros cuadrados adicionales al mínimo exigido
10
Total arquitectónicas
10
Financieras
Aporte adicional de contrapartida aplicable cuando la financiación del Gobierno Nacional es igual o inferior al 80% del valor total del proyecto
10
Total financieras
10
Total calificación
100

PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ajustará los actos administrativos que regulan las variables de calificación, definiendo para el efecto los rangos a ser aplicados para cada una de ellas.

(D. 1160/2010, art. 45, modificado por el D. 900/2012, art. 16)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.4.7.—Certificado de elegibilidad y puntaje. La elegibilidad es la manifestación formal mediante la cual, y según la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora emite concepto favorable de viabilidad a los proyectos presentados durante la convocatoria. La entidad evaluadora expedirá el certificado de elegibilidad e informará el puntaje obtenido por el proyecto, en el formato establecido en el reglamento operativo del programa. En ningún caso la certificación de elegibilidad de un proyecto generará derecho alguno para la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural.

(D. 1160/2010, art. 46)

SECCIÓN 5

Asignación del subsidio

ART. 2.2.1.5.5.1.—Revisoría fiscal previa a la asignación del subsidio. Antes de la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, con recursos provenientes del presupuesto nacional, la entidad otorgante deberá obtener la certificación de la revisoría fiscal correspondiente sobre el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos.

(D. 1160/2010, art. 48)

ART. 2.2.1.5.5.2.—(Modificado).* Asignación condicionada del subsidio. La entidad otorgante asignará de manera condicionada los Subsidios de vivienda de interés social rural a aquellos proyectos que obtuvieron el certificado de elegibilidad y para los cuales se cuenta con recursos disponibles. La condición a la cual estará sujeta la asignación del subsidio, será suspensiva y consistirá en el cumplimiento de las condiciones exigidas a la entidad oferente para iniciar la ejecución del proyecto.

En caso de incumplimiento de las condiciones de asignación, se tendrá por fallida la condición suspensiva y en consecuencia, la asignación no generará derecho alguno. Dicho incumplimiento deberá ser declarado por la entidad otorgante mediante acto administrativo, el cual será susceptible de los recursos de ley, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En el evento en que la causa de incumplimiento de las condiciones de asignación se genere por un hecho imputable al hogar beneficiario, este será sustituido conforme al procedimiento que para el efecto se establezca en el reglamento operativo del programa.

El acto administrativo que declare el incumplimiento, ordenará la reversión de los recursos al programa que maneja la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural.

PAR.—En el caso de las cajas de compensación familiar, la asignación se realizará respetando el orden secuencial descendente, esto es, de mayor a menor de la lista de postulantes calificados, hasta el agotamiento de los recursos.

De cada asignación que realicen las cajas de compensación familiar, se levantará un acta suscrita por el representante legal, que contendrá como mínimo la identificación del beneficiario, puntaje, ubicación, tipo de solución de vivienda y el valor del subsidio asignado.

(D. 1160/2010, art. 49, modificado por el D. 900/2012, art. 17)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.5.3.—(Modificado).* Publicación y notificación de la asignación de los subsidios. La entidad otorgante publicará en un diario de circulación nacional y en su página de Internet, el listado de los proyectos asignados con disponibilidad de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, así como la lista de proyectos elegibles que carecen de disponibilidad de recursos y el de los no elegibles.

La entidad otorgante comunicará a la entidad oferente la asignación del subsidio, indicando la fecha de asignación, el jefe del hogar beneficiario y el valor del subsidio. La entidad otorgante comunicará la elegibilidad, calificación y asignación de los proyectos a los hogares postulantes a través de la entidad oferente, en los términos que determine el reglamento operativo del programa.

PAR.—Las cajas de compensación familiar comunicarán la asignación o no asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, a través de los mecanismos que ellas definan, siempre que garanticen el oportuno y eficaz conocimiento de los resultados por parte de los interesados.

(D. 1160/2010, art. 50)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.5.4.—Remisión de la lista de beneficiarios al sistema de información del subsidio familiar de vivienda. La entidad otorgante remitirá el listado de los hogares que resulten beneficiados con el subsidio al sistema de información del subsidio familiar de vivienda, de conformidad con lo establecido en el aparte correspondiente del Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo, informará de cualquier sustitución, renuncia o pérdida del subsidio. En caso de sustitución se entenderá que el hogar sustituido no ha sido beneficiario de la asignación de subsidio.

(D. 1160/2010, art. 51)

SECCIÓN 6

Ejecución de los proyectos

ART. 2.2.1.5.6.1.—(Modificado).* Interventoría. La vinculación de la interventoría a proyectos de vivienda de interés social rural se hará teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. Cada proyecto contará con un interventor que será un ingeniero civil o un arquitecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 400 de 1997 y las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen, y demás normatividad que lo regule, quien será responsable por la asesoría y verificación de la correcta ejecución del mismo en los aspectos técnicos, administrativos, económicos y financieros.

2. La interventoría de obra será contratada por la entidad operadora que vincule la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural, sin perjuicio de la observancia y aplicación de las medidas contempladas en las normas vigentes contra la corrupción.

3. En el caso de los subsidios otorgados por la entidad otorgante, cuya fuente corresponda a los recursos del presupuesto general de la Nación, el costo de la interventoría que demande la ejecución de proyectos de vivienda de interés social rural, podrá ser aplicado hasta en un diez por ciento (10%) con cargo al subsidio efectivamente asignado a cada proyecto. En todo caso, el costo de interventoría para un proyecto de vivienda de interés social rural, sin que pueda sobrepasar el tope antes fijado, se determinará de acuerdo con la estructura financiera del proyecto.

PAR.—La interventoría en el caso de los subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, se regulará según lo dispuesto en el Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como en la Resolución 19 de 2011, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan”.

(D. 1160/2010, art. 52, modificado por el D. 900/2012, art. 18)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 8° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.6.2.—Plazo para la ejecución y liquidación del proyecto. El tiempo de ejecución de los proyectos, su liquidación y trámite administrativo, serán aspectos que la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural establecerá en el reglamento operativo del programa.

PAR.—En el caso de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural asignados por las cajas de compensación familiar, el plazo para la ejecución y liquidación de los proyectos se empezará a contar a partir del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación.

(D. 1160/2010, art. 53, modificado por el D. 900/2012, art. 19)

SECCIÓN 7

Desembolso de los subsidios

ART. 2.2.1.5.7.1.—Desembolso de los recursos para el subsidio de vivienda de interés social rural. Los requisitos para efectuar el desembolso de los recursos del subsidio de vivienda de interés social rural a la entidad operadora serán establecidos por la entidad otorgante del subsidio de vivienda de interés social rural en el reglamento operativo del programa.

(D. 1160/2010, art. 55, modificado por el D. 900/2012, art. 20)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 11 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.5.7.2.—Mecanismos de cobertura de riesgos. La entidad otorgante deberá definir en el reglamento operativo del programa, el mecanismo de cobertura de riesgos que amparen como mínimo, el buen manejo del anticipo, el cumplimiento, la estabilidad y calidad de la obra, prestaciones sociales y de responsabilidad civil extracontractual, con la especificación de los amparos, términos, condiciones, oportunidades y causación de tales mecanismos, así como los demás aspectos que sean pertinentes.

(D. 1160/2010, art. 56, modificado por el D. 900/2012, art. 21)

CAPÍTULO 6

Obligaciones de la entidad oferente y del comité de vigilancia del proyecto

ART. 2.2.1.6.1.—(Modificado).* Obligaciones de la entidad oferente. Son obligaciones de la entidad oferente:

1. Formular y presentar a la entidad otorgante los postulantes al subsidio de vivienda de interés social rural a través de proyectos conformados en los términos y condiciones previstos en este título y demás disposiciones contenidas en el reglamento operativo del programa.

2. Aportar la contrapartida ofrecida para la ejecución del proyecto dentro de las condiciones técnicas y financieras requeridas en el presente título y en el reglamento operativo del programa.

3. Certificar la entrega efectiva a satisfacción de la solución de vivienda por parte del hogar beneficiario.

4. Realizar los trámites de protocolización de la inversión del subsidio ante la notaría respectiva, teniendo en cuenta que en el contexto de la escritura que legaliza la entrega efectiva de la solución de vivienda al hogar beneficiario, se incluya la cláusula de subrogación de derechos a favor de la entidad otorgante, en el evento en que el hogar deba restituir el subsidio de vivienda de interés social rural aplicado en la solución de vivienda del beneficiario, por incumplimiento de la condición resolutoria.

5. Integrar el comité de validación en las formas y condiciones previstas por el reglamento operativo.

6. Presentar oportuna y justificadamente al comité de validación las renuncias, solicitudes de sustitución y/o exclusión de hogares al proyecto.

7. Verificar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la solución de vivienda entregada al hogar beneficiario del subsidio familiar de vivienda.

8. Responder por los perjuicios y asumir las sanciones a que hubiere lugar, cuando por circunstancias que le sean imputables se declare el incumplimiento de las condiciones de asignación del subsidio de vivienda de interés social rural. En el acto administrativo que declare el incumplimiento de las condiciones de asignación del subsidio se tasarán los perjuicios.

9. Las demás que se establezcan en el reglamento operativo del programa que expida la entidad otorgante.

(D. 1160/2010, art. 57, modificado por el D. 900/2012, art. 22)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 10 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.6.2.—Comité de vigilancia del proyecto. Es la instancia veedora de la ejecución del proyecto. Estará conformado por dos (2) representantes de los beneficiarios y el interventor de obra del proyecto.

Los beneficiarios de cada proyecto elegirán por mayoría simple, dos (2) representantes al comité de vigilancia, a través de asamblea general del grupo, siempre y cuando, haya contado con la asistencia de la mitad más uno de los hogares beneficiarios.

De la reunión en la que se tome la decisión, se levantará un acta que deberá ser firmada por la totalidad de los asistentes con sus respectivos números de documento de identificación, y por el interventor en condición de testigo de la elección.

PAR. 1º—El reglamento operativo del programa establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo las asambleas generales de beneficiarios.

PAR. 2º—Este artículo no es aplicable para el caso de las asignaciones individuales efectuadas por las cajas de compensación familiar.

(D. 1160/2010, art. 58, modificado por el D. 900/2012, art. 23)

ART. 2.2.1.6.3.—Funciones del comité de vigilancia. Este comité tendrá las siguientes funciones:

1. Ser veedor de la ejecución del proyecto.

2. Presentar oportuna y justificadamente al comité de validación, solicitudes de modificación de las obras.

3. Dar a conocer al comité de validación, de manera oportuna, cualquier anomalía o reclamo en la ejecución del proyecto o cualquier otra situación que ponga en riesgo los recursos o el cumplimiento de la finalidad del subsidio.

4. Las demás que se determinen en el reglamento operativo del programa.

(D. 1160/2010, art. 59, modificado por el D. 900/2012, art. 24)

CAPÍTULO 7

Disposiciones específicas para las cajas de compensación familiar

ART. 2.2.1.7.1.—Giro del subsidio por parte de las cajas. Cuando no se hiciere uso de la facultad del giro anticipado del subsidio familiar de vivienda de que trata el siguiente artículo, la caja de compensación familiar girará el valor del mismo en favor del oferente, una vez sea acreditada la culminación de la solución de vivienda, así como el otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de construcción o mejoras, según la modalidad para la cual se hubiere aplicado el subsidio. Para efectos de lo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos:

Para el caso de adquisición de vivienda nueva:

1. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble y del certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia no mayor a 30 días, con el objetivo de comprobar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante y que el precio de adquisición corresponda al tipo de vivienda al cual se postuló o a un tipo inferior.

2. Copia del documento que acredita la asignación del subsidio familiar de vivienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.

3. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda, en el que se especifique que la misma cumple con las condiciones señaladas en la asignación correspondiente, debidamente suscrito por el oferente y por el beneficiario del subsidio, o bien, por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos.

Para el caso de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda o saneamiento básico:

1. Copia de la escritura de declaración de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda o saneamiento básico, con la constancia de la inscripción en la oficina de registro competente.

2. Copia del documento que acredita la asignación del subsidio familiar de vivienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.

3. Certificado de existencia de la vivienda y recibo a satisfacción de la vivienda construida en sitio propio o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico efectuado, en la que se especifique que la misma cumple con las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación correspondientes, debidamente firmada por el beneficiario del subsidio en señal de aceptación.

PAR. 1º—La escritura pública en la que conste la adquisición de vivienda, la construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico, según sea el caso, deberá suscribirse dentro del período de vigencia del subsidio familiar de vivienda. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a su vencimiento el subsidio será pagado siempre que se acredite que la correspondiente escritura fue inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos competente.

PAR. 2º—Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los pagos aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y cuando el plazo adicional no supere los sesenta (60) días calendario:

1. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico al cual se aplicará el subsidio familiar de vivienda y antes de la expiración de su vigencia, se hace necesario designar un sustituto por fallecimiento del beneficiario.

2. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del valor del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma errores no advertidos anteriormente, que sea necesario subsanar.

PAR. 3º—Los desembolsos de los subsidios asignados por las cajas de compensación familiar se realizarán en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, una vez el hogar beneficiado cumpla con los requisitos exigidos en el presente título.

PAR. 4º—Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán ante la entidad otorgante, quien autorizará el giro al oferente de la solución de vivienda.

(D. 1160/2010, art. 60)

*(Nota: Adicionado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 11 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.7.2.—Giro anticipado del subsidio por parte de las cajas de compensación familiar. El beneficiario del subsidio podrá autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder a ello, deberá presentar ante la entidad otorgante o el operador, el certificado de elegibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los contratos previos para la adquisición del dominio, así como acreditar la constitución de un encargo fiduciario para la administración unificada de los recursos del subsidio, el contrato que garantice la labor de interventoría y una póliza que cubra la restitución de los dineros entregados por cuenta del subsidio en caso de incumplimiento, que deberá cubrir el ciento diez por ciento (110%) del valor de los subsidios que entregará la entidad otorgante.

El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo fiduciario. El ochenta por ciento (80%) de estas sumas se girará al oferente por parte del encargo fiduciario, previa autorización del interventor; el veinte por ciento (20%) restante una vez se presenten ante la entidad otorgante del subsidio de vivienda o el operador, la totalidad de los documentos señalados en el artículo 2.2.1.7.1 del presente título, según la modalidad de solución de vivienda de que se trate.

Para el giro del saldo la entidad otorgante informará por escrito a la fiduciaria el cumplimiento de tales requisitos y devolverá al oferente la póliza de garantía correspondiente, quedando de este modo legalizada la aplicación total del subsidio.

Las condiciones particulares que deben cumplir la póliza, la interventoría y el encargo fiduciario serán las establecidas en la Resolución 966 de 2004 expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

PAR.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, podrá efectuarse el giro anticipado del ciento por ciento (100%) de los recursos del subsidio familiar de vivienda al oferente cuando la garantía que este constituya para el efecto corresponda a un aval bancario. Dicho aval deberá presentar las condiciones mínimas que a continuación se indican, sin perjuicio de aquellas otras adicionales que las juntas o consejos directivos de las entidades otorgantes definan para el desembolso anticipado de los subsidios familiares de vivienda que ellas asignen:

1. Prever que la garantía será exigible si vencido el plazo de vigencia del subsidio familiar de vivienda de interés social o de sus prórrogas, el oferente no da cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. El valor garantizado deberá cubrir el ciento por ciento (100%) de las sumas desembolsadas anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivienda, actualizado de acuerdo con el índice de precios al consumidor, IPC.

3. La vigencia del aval deberá corresponder como mínimo a la del subsidio familiar de vivienda y a la de sus prórrogas si las hubiere, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio, y tres (3) meses más.

(D. 1160/2010, art. 61)

CAPÍTULO 8

Responsabilidad institucional de la política de vivienda de interés social rural

ART. 2.2.1.8.1.—(Modificado).* Ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritaria rural. Conforme a la legislación vigente, la responsabilidad de la formulación de la política de vivienda rural es del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

La dirección de la ejecución de la política de vivienda de interés social rural estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En lo relacionado con el subsidio de vivienda de interés social rural que otorgan las cajas de compensación familiar, le corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer la inspección, vigilancia y control, de acuerdo con las normas vigentes.

(D. 1160/2010, art. 62. Texto subrayado modificado por la L. 1537/2012, art. 27)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 12 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.8.2.—(Modificado).* Responsabilidad de las entidades otorgantes del subsidio de vivienda de interés social rural. Las entidades otorgantes del subsidio de vivienda de interés social rural, tendrán las siguientes responsabilidades:

1. Administrar, según el caso, los recursos nacionales y/o parafiscales destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, de acuerdo con los fines previstos en el presente título.

2. Recibir las postulaciones que realicen los hogares aspirantes al subsidio de vivienda de interés social rural.

3. Evaluar los proyectos que presenten las entidades oferentes, directamente o a través de una entidad externa, y/o la entidad que para tales efectos designe el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Capacitar y prestar asistencia técnica a los oferentes para la postulación de los hogares y la formulación de los proyectos.

5. Crear y mantener actualizado un registro de oferentes consignando las evaluaciones realizadas, novedades, incumplimientos y sanciones impuestas a estos.

6. Asignar los subsidios de vivienda de interés social rural.

7. Realizar los desembolsos de los recursos del subsidio, con base en los procedimientos establecidos en el presente título y en el reglamento operativo del programa.

8. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos y a la inversión de los recursos de acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento operativo del programa.

9. Contratar la interventoría de los proyectos de conformidad con el artículo 2.2.1.5.6.1 del presente decreto.

10. Mantener actualizado y disponible un sistema de información sobre todo lo referente a la demanda, postulaciones, calificaciones, asignación y ejecución de los subsidios de vivienda de interés social rural, incluyendo sus beneficiarios y resultados.

11. Remitir oportunamente el listado de hogares que resulten beneficiados con el subsidio al sistema de información del subsidio familiar de vivienda, de conformidad con lo establecido en el aparte correspondiente al “sistema de información del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 2190 de 2009, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. También deberá informar de cualquier sustitución, renuncia y pérdida del subsidio.

12. Las demás que establezca la ley o el presente título.

PAR. 1º—Con el fin de optimizar procesos y dar cumplimiento a los principios de economía, celeridad y transparencia, la entidad otorgante del subsidio, podrá contratar con entidades externas la operación total o parcial de las actividades relacionadas con las responsabilidades establecidas en el presente artículo.

PAR. 2º—Se exceptúa a las cajas de compensación familiar de las responsabilidades contenidas en los numerales 5º, 8º y 9º del presente artículo.

(D. 1160/2012, art. 63)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 12 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 9

Incumplimientos y sanciones aplicables

ART. 2.2.1.9.1.—Restitución del subsidio. El subsidio será objeto de restitución, cuando el beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella, antes de haber transcurrido cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere hecho efectiva la entrega de la misma a través de la protocolización del documento que así lo acredite, salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito comprobados por la entidad oferente y autorizados por la entidad otorgante.

También será restituible el subsidio, cuando después de haber sido asignado se advierta imprecisión o inconsistencia en la documentación aportada por el oferente, respecto de la situación y/o condición de los hogares beneficiarios.

PAR.—La entidad otorgante fijará el procedimiento de restitución del subsidio de vivienda de interés social rural en su reglamento operativo del programa.

(D. 1160/2012, art. 65, modificado por el D. 900/2012, art. 25)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 13 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPÍTULO 10

Otras disposiciones

ART. 2.2.1.10.1.—(Modificado)* Costos de administración del subsidio de vivienda de interés social rural. El costo de administración de los recursos apropiados en el presupuesto público nacional y transferidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Banco Agrario de Colombia, para el otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social rural, no podrá ser superior al nueve punto cinco por ciento (9.5%). La entidad otorgante, a través del reglamento operativo del programa, establecerá la distribución de los recursos destinados a la administración.

PAR. 1º—En los costos de administración se incluye el costo de evaluación de los proyectos no viabilizados.

PAR. 2º—El costo de administración de los proyectos a ser ejecutados con el subsidio otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda, será determinado por la entidad otorgante en el reglamento operativo del programa, y no podrá ser inferior al valor de administración determinado en el primer inciso del presente artículo.

PAR. 3º—Las cajas de compensación familiar podrán destinar hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos efectivamente asignados, para los costos de administración del subsidio por ellas otorgado.

(D. 1160/2012, art. 66, modificado por el D. 900/2012, art. 26)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 14 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.2.—Reglamentación interna de procedimientos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural ajustarán sus procedimientos internos a las disposiciones previstas en este título.

(D. 1160/2012, art. 68, modificado por el D. 900/2012, art. 27)

ART. 2.2.1.10.3.—(Modificado).* Patrimonio familiar inembargable. La solución habitacional en la que se inviertan recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, se constituirá en patrimonio de familia inembargable a favor del jefe del hogar, su cónyuge o compañero (a) permanente y sus hijos menores, comprometiéndose el hogar a no enajenarlo ni levantar el patrimonio de familia antes de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la extensión de la escritura pública en la que conste la entrega de la solución de vivienda financiada con el subsidio de vivienda de interés social rural asignado.

Los hogares beneficiarios deberán habitar la solución de vivienda financiada con el subsidio y abstenerse de enajenarla o darla en arrendamiento, por lo menos durante un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la extensión de la escritura pública en la que conste la entrega de la solución de vivienda financiada con el subsidio de vivienda de interés social rural asignado. La verificación de cumplimiento de esta condición estará a cargo de la entidad oferente a través del diligenciamiento y envío anual, en el mes de septiembre, a la entidad otorgante del formato único de verificación. La entidad otorgante adelantará las acciones pertinentes para la restitución del subsidio.

Lo anterior con excepción de los casos de fuerza mayor señalados en el reglamento operativo del programa, debidamente autorizados por la entidad otorgante.

PAR.—En caso de incumplimiento de la labor de verificación de la condición de habitabilidad de la vivienda objeto del subsidio por parte de la entidad oferente, la entidad otorgante, antes del treinta y uno (31) de diciembre del año respectivo, informará al organismo de control disciplinario competente, sobre el incumplimiento en la remisión de la información.

(D. 1160/2012, art. 69, modificado por el D. 900/2012, art. 28)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 14 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.4.—(Modificado).* De la articulación del componente rural de la política de vivienda de interés social. El Banco Agrario de Colombia S.A, como entidad otorgante o quien haga sus veces, articulará con el Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, las iniciativas necesarias que faciliten la aplicación de subsidios familiares de vivienda urbana otorgados por dicho fondo a población en situación de desplazamiento en zonas rurales.

Para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

1. El Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, entregará trimestralmente al Banco Agrario de Colombia S.A. el listado de hogares en situación de desplazamiento y/o víctimas del desplazamiento forzado en el sector rural, beneficiarios de subsidios familiares de vivienda urbana que soliciten la vinculación a proyectos de vivienda de interés social rural que sean ofertados.

2. El Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus veces y el Banco Agrario de Colombia o quien haga sus veces, suscribirán un convenio interadministrativo de cooperación en el que se determinará la colaboración necesaria para la aplicación del subsidio familiar de vivienda Urbano asignado a la población referida en el numeral anterior.

PAR. 1º—En todo caso el proceso de desembolso de los recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda destinados a las soluciones de vivienda en el componente rural, de que trata el numeral 1º de este artículo, se ajustará al mecanismo dispuesto por el Banco Agrario de Colombia.

PAR. 2º—Una vez verificada la viabilidad de los proyectos de vivienda rural integrados por los operadores, se gestionará la ejecución del plan de vivienda en la forma y condiciones implementadas en el presente decreto y conforme al reglamento operativo expedido por el Banco Agrario de Colombia S.A.

(D. 900/2012, art. 33)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 14 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.5.—(Modificado).* Ejecución del componente rural de la política de vivienda de interés social. El proceso de ejecución del componente rural de la política de vivienda de interés social, desarrollado a través del Banco Agrario de Colombia S.A, o de la entidad que se determine para tal fin, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.11 del presente decreto, se podrá realizar a través del mecanismo de tercerización previsto en el parágrafo 1º del artículo 2.2.1.8.2 del presente decreto, sin perjuicio que en desarrollo de esa actividad contractual, se deban observar los principios de la función administrativa y los de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 287 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.

(D. 900/2012, art. 34)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 14 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.6.—(Modificado).* Mecánica del procedimiento para atender la ejecución del componente rural de la política de vivienda de interés social. La mecánica del procedimiento para atender la ejecución del componente rural de la política de vivienda de interés social será la siguiente:

1. La entidad otorgante será receptor directo o indirecto de las postulaciones que realicen los hogares aspirantes al subsidio de vivienda de interés social rural, integrados en los proyectos de vivienda que radiquen las entidades oferentes dentro de las convocatorias públicas correspondientes, las postulaciones radicadas por el Fondo Nacional de Vivienda, o las que se radiquen con ocasión de la atención permanente a programas estratégicos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. La entidad otorgante podrá evaluar directamente o a través de una entidad externa, las postulaciones radicadas y/o las integradas en los proyectos presentados por las entidades oferentes con el fin de declarar o no su elegibilidad o cuando por fuera de ellas deba dar viabilidad técnica, administrativa y financiera a los proyectos de vivienda que deban ser ejecutados con el subsidio otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda.

3. La entidad otorgante, de acuerdo con su naturaleza jurídica, y ajustado a su reglamentación contractual interna, contratará las entidades operadoras que fueren necesarias para aplicar el subsidio de vivienda de interés social rural efectivamente asignado a los hogares beneficiarios integrados en los proyectos de vivienda adjudicados en la convocatoria respectiva, o provistos para atender programas de vivienda rural a ser desarrollados por fuera del mecanismo de la convocatoria pública. Así mismo, podrá contratar los operadores necesarios cuando se trate de aplicar subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda.

En el contrato que se celebre entre la entidad otorgante y la entidad operadora, se establecerán las condiciones y mecanismos de procedimiento necesarios para la adecuada administración del subsidio de vivienda de interés social rural.

4. La entidad operadora vinculada para desarrollar los programas de vivienda, deberá contratar la entidad ejecutora de las obras y la interventoría. Por ningún motivo, la entidad operadora podrá tener a la vez el carácter de entidad ejecutora o interventora. Tanto el ejecutor como el interventor contratado, deberán demostrar idoneidad, capacidad financiera, seriedad y experiencia reconocida y acreditada en el sector de la construcción, conforme los criterios y condiciones que se fijen en el reglamento operativo del programa expedido por la entidad otorgante.

(D. 900/2012, art. 35)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 14 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.7.—(Modificado).* Comité de validación. Será conformado por la entidad operadora, la entidad otorgante y la entidad oferente. Este comité se reunirá ordinariamente una vez al mes y de manera extraordinaria cuando las necesidades lo exijan, y tendrá bajo su responsabilidad las funciones de validar, mediante acta y por votación, la sustentación del informe que sobre cada proyecto presente la interventoría, a efectos de continuar con el trámite técnico, financiero y administrativo que demanda la ejecución y/o terminación del respectivo proyecto de vivienda de interés social rural. Así mismo, será responsable de aprobar las modificaciones técnicas, al igual que las renuncias, sustituciones y/o exclusiones de hogares a que hubiere lugar, así como los informes y el reporte de anomalías y reclamos. El comité tendrá en cuenta que las modificaciones no podrán ser menores en área ni en especificaciones de calidad a la propuesta inicial. El reglamento operativo del programa establecerá el funcionamiento, responsabilidades y obligaciones del comité de validación. El comité de validación estará presidido por la entidad otorgante y será quien convoque a las reuniones ordinarias o extraordinarias.

La interventoría tendrá voz pero no voto en las deliberaciones que desarrolle el comité de validación.

(D. 900/2012, art. 36)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 14 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.8.—Subsidio de vivienda interés social rural para la población desplazada. El subsidio de vivienda interés social rural para la población desplazada se regirá por lo dispuesto en los decretos 951 de 2001 y 2675 de 2005 y las normas que los compilen, modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. En lo no previsto en tales normas especiales, se aplicará lo dispuesto en este decreto.

(D. 1160/2010, art. 72)

ART. 2.2.1.10.9.—Subsidio de vivienda de interés social rural para hogares afectados por situación de desastre o de calamidad pública. El subsidio de vivienda de interés social rural para hogares afectados por situación de desastre o de calamidad pública que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2480 de 2005, modificado por el Decreto 4587 de 2008 y las normas que lo compilen, modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. En lo no previsto en tales normas especiales, se aplicará lo dispuesto en esta parte.

(D. 1160/2010, art. 73)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.10.—Disposiciones transitorias. Los proyectos de vivienda de interés social rural que se encuentren en ejecución, continuarán con el trámite vigente al momento de la asignación del subsidio.

Los convenios o contratos que se encuentren en ejecución y que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, cuyo objeto sea derivado o conexo a la ejecución del subsidio ya adjudicado, se regirán igualmente por las normas vigentes al momento de su celebración.

(D. 1160/2010, art. 74)

ART. 2.2.1.10.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 15 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 15 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 15 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.10.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 15 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

CAPITULO 11

Administración y ejecución de los subsidios por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, Fiduagraria S.A., o la entidad postulada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 209 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.11.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 209 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.1.11.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 209 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 209 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

TÍTULO 2

Subsidio familiar de vivienda de interés social rural para la población desplazada por la violencia

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.1.—Objeto y ámbito de aplicación. El presente título se aplica a los procesos de postulación, calificación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, en sus componentes de retorno o reubicación, para la atención de los hogares que han sido desplazados por la violencia y que se encuentren debidamente incluidos en el registro único de población desplazada administrado por el Departamento para la Prosperidad Social o la entidad que se designe para tal efecto.

PAR.—En lo no previsto en este título, se aplicará lo dispuesto en el título 1 de la parte 2 del libro 2 del presente decreto.

(D. 2675/2005, art. 1º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.2.—Proyecto de vivienda de interés social rural para la población desplazada por la violencia. Es el conjunto entre cinco (5) y hasta cien (100) soluciones de vivienda subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las modalidades de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de vivienda, presentados y desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales vigentes para la construcción y la enajenación de vivienda.

(D. 2675/2005, art. 2º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.3.—Oferentes de proyectos de vivienda. Son las entidades que organizan la demanda y presentan proyectos a la entidad otorgante. Podrán ser oferentes los departamentos, los municipios, los distritos, o las dependencias de las entidades territoriales que dentro de su estructura desarrollen la política de vivienda de interés social, los cabildos gobernadores de los resguardos indígenas legalmente constituidos y los consejos comunitarios de las comunidades negras legalmente constituidos.

Igualmente podrán ser oferentes las entidades privadas que comprendan en su objeto social, la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social, y que cumplan con los requisitos determinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su reglamentación.

PAR.—Las entidades oferentes podrán presentar en las convocatorias que se abran para población desplazada por la violencia, el número de proyectos que se requieran para postular a los hogares debidamente incluidos en el registro único de población desplazada.

(D. 2675/2005, art. 3º, modificado por el D. 2965/2009, art. 1º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.4.—Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de subsidio que realiza el grupo de hogares de población desplazada por la violencia, organizados a través de un proyecto presentado por una entidad oferente.

La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documentos que se señalan a continuación:

1. El formulario de postulación debidamente diligenciado y firmado con declaración juramentada de no poseer vivienda para soluciones de construcción en sitio propio o adquisición de vivienda. Para el caso del hogar que se encuentra en proceso de reubicación, de presentarse abandono de vivienda o haber quedado inhabitable por causa del desplazamiento, la declaración juramentada debe ser sobre esta situación.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar mayores de edad y registro civil o tarjeta de identidad de los miembros del hogar menores de edad.

3. Original del certificado de tradición y libertad expedido con anterioridad no superior a un mes, para soluciones de mejoramiento y saneamiento básico y/o construcción en sitio propio o certificación de posesión expedida por el alcalde municipal y/o cabildo gobernador indígena.

PAR.—Para la postulación al subsidio familiar de vivienda rural no se tendrá en cuenta el nivel de Sisbén.

(D. 2675/2005, art. 4º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.5.—Valor del subsidio de vivienda de interés social rural. El monto del subsidio de vivienda de interés social rural para los hogares conformados por población en situación de desplazamiento, será de hasta veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) cuando la modalidad de la solución de vivienda sea la construcción de vivienda nueva, y de hasta dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para mejoramiento y saneamiento básico.

(D. 2675/2005, art. 5º, modificado por el D. 1160/2010, art. 70, modificado por el D. 900/2012, art. 30)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.6.—Límite a la cuantía del subsidio de vivienda de interés social rural otorgado a la población en situación de desplazamiento. La cuantía del subsidio familiar de vivienda de interés social rural otorgado a la población en situación de desplazamiento, podrá aplicarse hasta por el ciento por ciento (100%) del valor de la solución de vivienda, bien sea en la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico, o en la de construcción y adquisición de vivienda nueva.

(D. 2675/2005, art. 6º, modificado por el D. 900/2012, art. 31)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.7.—Distribución de los recursos del subsidio de vivienda de interés social rural. Los recursos disponibles se distribuirán entre los departamentos con proyectos declarados elegibles por la entidad otorgante para la atención de hogares en situación de desplazamiento, de acuerdo con la fórmula que relaciona las siguientes variables:

1. Departamento con el mayor número de hogares expulsados en situación de desplazamiento incluidos en el registro único de población desplazada acumulado hasta el año de la postulación.

2. Los coeficientes de distribución departamental para subsidios de vivienda de interés social rural, VISR, establecidos en el artículo 2.2.1.3.5 del presente decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.

3. Departamentos con mayor demanda de postulaciones elegibles de población desplazada por la violencia.

4. Promedio departamental de las calificaciones de las postulaciones elegibles.

NEILA2
 

Donde:

Cdi: Cupo departamental.

Ddit: Número de hogares por departamento expulsor incluidos en el registro único de población desplazada que administra el Departamento para la Prosperidad Social.

CDDi: Coeficiente de distribución departamental para el departamento.

Pei: Número de postulaciones elegibles por departamento i, determinado por el Banco Agrario de Colombia.

Pci: Promedio departamental de las calificaciones de postulaciones elegibles en el departamento i, determinado por el Banco Agrario de Colombia.

Constantes, donde:

B1, B1: 0, 30

B2, B2: 0, 20

B3 y B3: 0, 30

B4: B4: 0, 20

PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá mediante resolución, los cupos departamentales de distribución de los recursos del subsidio de vivienda de interés social rural para población en situación de desplazamiento por la violencia, teniendo en cuenta los períodos que esta entidad defina para su asignación.

(D. 2675/2005, art. 7º, modificado por el D. 94/2007, art. 1º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.8.—Asignación de los recursos del subsidio de vivienda de interés social rural. La asignación de los recursos para los hogares beneficiados con proyectos elegibles se hará conforme a la fórmula de calificación y procedimiento establecido en el presente decreto, y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y los respectivos cupos disponibles por departamento.

PAR. 1º—Se podrán asignar subsidios de vivienda rural de los que trata el presente título por una sola vez posterior a la situación de desplazamiento por la violencia.

No obstante, las personas que formen parte de hogares en situación de desplazamiento por la violencia beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, podrán postular a este cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, previo cumplimiento de las condiciones exigidas para ello, en la modalidad de subsidio familiar en que se postule.

En los eventos de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de la unión marital de hecho, de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, podrá ser parte de un nuevo hogar postulante el excónyuge o excompañero(a) que no viva en la solución habitacional donde se aplicó el subsidio siempre y cuando a este no se le hayan adjudicado los derechos de propiedad sobre la solución habitacional subsidiada.

PAR. 2º—Si resultaren recursos sin asignar, estos serán otorgados a los proyectos elegibles de población en situación de desplazamiento con mayores puntajes a nivel nacional, hasta agotar tales remanentes.

(D. 2675/2005, art. 8º, modificado por el D. 94/2007, art. 2º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.9.—Fuentes de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Los recursos para la asignación del subsidio familiar de vivienda rural para la población desplazada por la violencia de que trata el artículo 2.2.2.1 del presente decreto, corresponderán a los que se incorporen en el presupuesto general de la Nación en cada vigencia y los que se obtengan de otras fuentes.

PAR.—Los recursos que se asignen a través de adiciones presupuestales en cada vigencia serán distribuidos y asignados según lo establecido en el presente título a los hogares postulantes de los proyectos elegibles que en orden secuencial, de mayor a menor, hayan obtenido los mayores puntajes de calificación de la convocatoria correspondiente a la misma vigencia. En caso de que la demanda sea insuficiente para asignar la totalidad de los recursos presupuestales existentes, se definirá la apertura de una nueva convocatoria.

(D. 2675/2005, art. 9º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.10.—Periodo de postulación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las fechas de apertura y cierre de la convocatoria para presentación de proyectos, mediante los cuales se postulen a hogares en situación de desplazamiento al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, de acuerdo con la disponibilidad de recursos provenientes del presupuesto general de la Nación o los que se obtengan de otras fuentes con este destino. No obstante, la entidad oferente podrá optar por acogerse al tratamiento diferencial que fijan las normas vigentes, para atender bajo postulación permanente a la población en situación de desplazamiento y presentar el o los proyectos de vivienda que se requieran.

(D. 2675/2005, art. 10, modificado por el D. 900/2012, art. 32)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.2.11.—Criterios de calificación de las postulaciones y asignación de los subsidios de vivienda de interés social rural. Presentados los proyectos se admitirán como válidas para efectos de calificación aquellas postulaciones que hayan cumplido con todos los requisitos y condiciones para la elegibilidad y se procederá a calcular el puntaje de calificación.

Cada uno de los proyectos tendrá un puntaje único equivalente al promedio aritmético del puntaje obtenido por cada uno de los hogares que conforman el proyecto.

El puntaje alcanzado por cada hogar será el correspondiente a la sumatoria de los puntos obtenidos de las siguientes variables:

Variable
Descripción
PTS
Calificación
Condiciones financieras 30 puntos
Mayores aportes de contrapartida por hogar en efectivo superior al 20% de contrapartida mínima exigida
15
Por cada décima (0, 1) de smmlv adicional a la contrapartida mínima (20% del valor total del proyecto) se otorgarán 4 décimas (0, 4) de punto hasta un máximo de 15 puntos.
Valor del subsidio solicitado
15
A la solicitud del subsidio igual a 12 smmlv se le asignarán 15 puntos. Por un valor de subsidio solicitado que supere 12 smmlv se descontarán, de los 15 puntos, 3 centésimas (0, 03) de puntaje por cada incremento de una centésima (0, 01) de smmlv del valor del subsidio solicitado.
 
Condiciones de vulnerabilidad 20 puntos
Número de miembros del hogar
7
Por cada miembro del hogar, un punto, hasta un máximo de 7 puntos.
Hogar uniparental
3
Hogar uniparental (madre o padre única cabeza): 3 puntos.
 
Perteneciente a grupos étnicos o afro colombianos
5
5 puntos cuando el hogar hace parte de comunidades étnicas indígenas o afro colombianas acreditadas por la entidad competente.
 
Presencia de población dependiente
5
Por cada miembro del grupo familiar que corresponda a menor de 8 años, discapacitado o adulto mayor de 60 años, dependiente, se asigna 1 punto con límite máximo de 5 puntos.
 
Estímulos a la complementariedad de programas 20 puntos
Vinculación a programas de subsidios condicionados de familias en acción o alternativas de generación de ingresos que desarrollen entidades del sistema nacional de atención integral a la población desplazada, SNAIPD
10
Los hogares elegibles vinculados al programa de familias en acción y al programa de alternativas de generación de ingresos tendrán un puntaje de 10 puntos. Los hogares vinculados a solo uno de los dos programas tendrán 5 puntos. Los hogares no vinculados tendrán 0 puntos. La vinculación a estos programas deberá ser acreditada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o por la entidad que determine el Gobierno Nacional.
Vinculación a programas de desarrollo rural - adjudicatarios de tierras
10
Los hogares adjudicatarios de tierras por su situación de desplazamiento por parte de Incoder tendrán 10 puntos. Esta situación deberá ser acreditada por el Incoder o por la entidad que determine el Gobierno Nacional
 
Condiciones territoriales 10 puntos
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) municipal rural
10
NBI<=20% 1 punto
20%<NBI<=30% 2 puntos
 
30%<NBI<=40% 3 puntos
 
40%<NBI<=50% 4 puntos
 
50%<NBI<=60% 5 puntos
 
60%<NBI<=70% 7 puntos
 
70%<NBI<=80% 8 puntos
 
80%<NBI<=90% 9 puntos
 
90%<NBI<=100% 10 puntos
 
Condiciones del proyecto 20 puntos
Retorno o reubicación vs. tipo de solución
20
Retorno
Mejoramiento y saneamiento básico
20
Construcción en sitio propio
15
 
Adquisición de vivienda
10
 
Reubicación
Mejoramiento y saneamiento básico
15
Construcción en sitio propio
10
Adquisición de vivienda
5

Smmlv = salario mínimo mensual legal vigente.

PAR.—Para cada postulación al subsidio la entidad otorgante solicitará a la entidad oferente la actualización de los documentos que hayan perdido vigencia, para efectos de actualizar la calificación de los proyectos elegibles calificados no asignado.

(D. 2675/2005, art. 11, modificado por el D. 94/2007, art. 3º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 17 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

TÍTULO 3

Mecanismo de atención especial en situaciones de calamidad pública, desastre o emergencia, para atender con subsidio familiar de vivienda de interés social rural a familias afectadas

ART. 2.2.3.1.—Atención especial en situaciones de calamidad pública, desastre o emergencia en materia de vivienda de interés social rural. Cuando se declare una situación local, regional o nacional de calamidad pública, desastre o emergencia en los términos del Decreto-Ley 919 de 1989, que amerite una atención prioritaria e inmediata, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá destinar hasta el ciento por ciento (100%) de los recursos disponibles para subsidios de vivienda de interés social rural, diferentes a los destinados a atender a la población en situación de desplazamiento.

PAR.—Para efectos de la aplicación del presente título, se consideran beneficiarios los hogares propietarios, poseedores u ocupantes conformados por una o más personas que integren el mismo grupo familiar, cuya solución habitacional se haya visto afectada por situaciones de desastre, calamidad o emergencia debidamente declaradas por las autoridades competentes y que se encuentren incluidos en los censos oficiales que con ocasión de estos hechos emita el comité local de prevención y atención de desastres, avalados por el comité regional de prevención y atención de desastres y refrendados por la dirección de gestión de riesgo para la atención y prevención de desastres del Ministerio del Interior.

(D. 4830/2008, art. 1º)

ART. 2.2.3.2.—Recomendaciones de la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural. La Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural recomendará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la priorización de las zonas a ser atendidas, la distribución de los recursos y la determinación de los criterios que se deben observar para la asignación de los subsidios. Las anteriores recomendaciones serán acogidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante acto administrativo.

PAR. 1º—Las sesiones de la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural que tengan por objeto la aplicación de este título, necesariamente contarán con la presencia de la dirección de gestión de riesgo para la atención y prevención de desastres del Ministerio del Interior, quien tendrá a cargo presentar el informe de afectación que servirá de fundamento a la recomendación de priorización de zonas, la distribución de recursos y la determinación de los criterios para la asignación de los subsidios.

PAR. 2º—Las recomendaciones de la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural tendrán en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Tipo de evento que genera el desastre, la calamidad pública o la emergencia.

2. Número de familias campesinas cuyas viviendas hayan sido afectadas por el desastre, la calamidad pública o la emergencia.

3. Afectación de la actividad económica agropecuaria de la zona, originada por el desastre, la calamidad pública o la emergencia.

4. Familias que perdieron total o parcialmente su vivienda y familias localizadas en zona de alto riesgo no mitigable que requieran ser reubicadas.

(D. 4830/2008, art. 2º)

ART. 2.2.3.3.—(Modificado).* Valor del subsidio. El valor del subsidio familiar de vivienda de interés social rural otorgado a esta población en la modalidad de adquisición de vivienda nueva y construcción en sitio propio, será entre quince (15) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con los proyectos presentados por las entidades territoriales.

El valor del subsidio familiar de vivienda de interés social rural otorgado a esta población en la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico, será entre diez (10) y catorce (14) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con los proyectos presentados por las entidades territoriales.

Los subsidios de que trata el presente artículo solo podrán ser aplicados en suelos declarados como áreas rurales dentro los planes o esquemas de ordenamiento territorial.

PAR.—En todo caso, el valor del subsidio de vivienda de interés social rural no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor de la solución de mejoramiento y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de vivienda nueva. Para estos efectos, el reglamento operativo que el Banco Agrario de Colombia S.A. expida, determinará el aporte de contrapartida de la entidad territorial.

(D. 4830/2008, art. 3º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 16 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.2.3.4.—Presentación de proyectos por parte de la entidad territorial. Las entidades territoriales que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural priorice, acorde con las recomendaciones de la Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural, presentarán proyectos para la aplicación y asignación de los subsidios, en el marco del convenio que celebren con el Banco Agrario de Colombia S.A. Estos convenios, como mínimo, deberán contener los mecanismos de postulación, vinculación y obligaciones de las entidades territoriales, los criterios de viabilización técnica, financiera y jurídica de los proyectos, los aportes de contrapartida, los criterios de calificación de las familias postuladas y los términos de ejecución del proyecto para la entrega de las soluciones de vivienda.

(D. 4830/2008, art. 4º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1934 de 2015 artículo 16 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

TÍTULO 4

Inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural

ART. 2.2.4.1.—Inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural. Para los efectos previstos en el artículo 7º de la Ley 708 de 2001, se consideran como inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural, aquellos ubicados en los sitos definidos en los artículos 2º y 3º del Decreto 1133 de junio 19 de 2000 o por las normas que los modifiquen o adicionen y demás normas complementarias.

Las entidades públicas nacionales identificarán los inmuebles fiscales de su propiedad con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural, estableciendo:

1. El municipio o distrito donde se localizan.

2. Su ubicación, cabida y linderos.

3. Si el inmueble se encuentra en arrendamiento, comodato, posesión o con alguna limitación de dominio.

4. La información, adicional que dispongan como certificados sobre el uso del suelo, avalúos con su fecha de expedición y entidad avaluadora, disponibilidad de servicios públicos domiciliados y planos.

5. Folio de matrícula inmobiliaria.

6. Ficha catastral.

7. Los demás documentos o información que requiera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 724/2002, art. 1º)

ART. 2.2.4.2.—Procedimiento para la transferencia de inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural. El traspaso de los inmuebles de que trata el presente decreto, se sujetará al siguiente procedimiento:

1. Las entidades públicas nacionales propietarias de los inmuebles fiscales con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural, remitirán la información de que trata el artículo anterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación del presente decreto, a la dirección de gestión de bienes públicos rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su condición de coordinador para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 708 de 2001.

2. Recibida la información, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los tres (3) mes siguientes al vencimiento del término previsto en el numeral anterior, dará a conocer mediante un medio de comunicación o divulgación de cobertura nacional los inmuebles disponibles con vocación para vivienda de interés social rural.

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de divulgación de la información sobre los inmuebles disponibles, las entidades públicas interesadas en recibir los inmuebles, deberán presentar una propuesta técnicaeconómica que garantice el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural, bajo la modalidad de construcción de vivienda nueva, la cual deberá elaborarse conforme al plan de ordenamiento territorial y contener por lo menos la siguiente información, sin perjuicio de aquella adicional que solicite el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

a) Número de familias a beneficiar;

b) Dedicación o proyecto productivo de las familias a beneficiar;

c) Valor del proyecto;

d) Fuentes de financiación;

e) Valor de cada vivienda;

f) Área total del lote a desarrollar para cada vivienda con el respectivo plano;

g) Plazo para su ejecución;

h) Entidad ejecutora propuesta;

i) Disponibilidad de servicios públicos.

4. La dirección de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, procederá a verificar la información recibida y a evaluar la propuesta presentada por las entidades públicas con base en los criterios técnicos previamente definidos, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral anterior.

5. Efectuada la evaluación de la propuesta y emitido el concepto favorable, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución motivada, ordenará —según lo facultado por la ley— a la entidad oferente del bien inmueble, que efectúe dentro de un plazo no superior a tres (3) meses contados a partir de la notificación, la transferencia a título gratuito del inmueble, a la entidad cuya propuesta fue aceptada.

6. La entidad pública que reciba el inmueble deberá informar a la dirección de gestión de bienes públicos rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el avance del proyecto, con la periodicidad que se establezca en la resolución que ordena su transferencia.

7. En caso de que la entidad pública que reciba el inmueble no ejecute el proyecto aprobado de vivienda de interés social rural dentro del plazo señalado en su propuesta, el inmueble revertirá a la entidad que lo cedió, en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles; evento en el cual los costos que demande la nueva transferencia correrán por cuenta de la entidad cesionaria.

PAR. 1º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá el procedimiento a seguir en el evento en que se presenten varias propuestas sobre el mismo inmueble. En todo caso, dicho procedimiento deberá consultar tanto los aspectos técnicos, financieros y jurídicos de las propuestas, como el grado de cobertura de las necesidades de vivienda de interés social rural en términos de calidad de las mismas.

PAR. 2º—En concordancia con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 708 de 2001, los términos previstos en el presente artículo, serán de obligatorio cumplimiento.

(D. 724/2002, art. 2º)

ART. 2.2.4.3.—Reordenamiento de la propiedad inmueble fiscal estatal. En desarrollo del artículo 8º de la Ley 708 de 2001, las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como los órganos autónomos e independientes, identificarán los inmuebles de su propiedad que no requieran para el desarrollo de sus funciones; que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social y que no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa, con la finalidad de ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas que los requieran para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con sus necesidades.

Las entidades propietarias de los inmuebles de que trata el inciso precedente, deberán enviar la anterior información al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tratándose de inmuebles urbanos y, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tratándose de inmuebles rurales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, con el fin de que estos divulguen dicha información, a través de un medio informativo del gobierno nacional.

Las entidades públicas interesadas en adquirir los inmuebles fiscales o la porción de ellos, podrán requerir su entrega a las entidades propietarias previa identificación, cabida y linderos del inmueble. Para tal efecto, las entidades públicas propietarias procederán a la respectiva transferencia a título gratuito dentro de un término máximo de tres (3) meses siguientes al requerimiento formulado por la entidad interesada, atendiendo al orden de recibo de la solicitud.

Los trámites administrativos y de registro de inmuebles que demande su transferencia gratuita, se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 708 de 2001.

La entidad receptora del inmueble responderá por el debido uso de los bienes transferidos.

(D. 724/2002, art. 3º)

PARTE 3

Régimen forestal

TÍTULO 1

Incentivo forestal

CAPÍTULO 1

Definiciones, programación y administración del incentivo forestal

ART. 2.3.1.1.1.—Definiciones. Para los efectos de la aplicación de la Ley 139 de 1994, que creó el certificado de incentivo forestal y el presente título, se entiende por:

1. Especie forestal. Vegetal leñoso, compuesto por raíces, tallo, ramas y hojas, cuyo objetivo principal es producir madera apta para estructuras, tableros, chapas, carbón, leña celulosa u otros productos tales como aceites esenciales, resinas y taninos.

2. Especie forestal autóctona. Es aquella especie que por su distribución natural y origen, ha sido reportada dentro de los límites geográficos del territorio nacional.

3. Especie forestal introducida. Es aquella especie cuyo origen proviene de un área de distribución natural diferente a los límites del territorio nacional.

4. Plantación forestal protectora-productora. Es aquella establecida en un terreno con una o más especies arbóreas, para producir madera u otros productos.

5. Plan de establecimiento y manejo forestal, PEMF. Estudio elaborado con el conjunto de normas técnicas que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y cosechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional y rendimiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.

6. Elegibilidad. Es la etapa que tiene como finalidad determinar si un proyecto de reforestación y la persona natural o jurídica que lo desarrolle son susceptibles de obtener el incentivo forestal.

7. Otorgamiento. Es el reconocimiento del derecho al incentivo forestal en favor de una persona natural o jurídica que haya evidenciado el cumplimiento de los términos y condiciones definidos en la Ley 139 de 1994 y el presente título.

8. Pago. Es la entrega al beneficiario de los recursos monetarios derivados del incentivo forestal una vez cumplidas las obligaciones originadas por el otorgamiento del mismo.

9. Nueva plantación. Proyecto de reforestación que a la fecha de la presentación de la solicitud de elegibilidad ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue, no haya sido establecido o no tenga más de dieciocho (18) meses de siembra en el sitio definitivo.

10. Proyecto forestal. Conjunto de actividades que van desde la planificación del proyecto forestal como tal, hasta el beneficio comercial del mismo, pudiendo iniciarse con recursos del reforestador.

(D. 1824/94, art. 1º, modificado por el D. 2448/2012, art. 1º)

ART. 2.3.1.1.2.—Distribución de los recursos. A más tardar el 31 de enero de cada año y con base en el proyecto consolidado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentado por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, hará la distribución de los recursos por regiones y fijará los porcentajes de asignación forzosa a pequeños reforestadores.

La anterior distribución servirá de base al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación para la determinación de la cuota sectorial correspondiente en el anteproyecto de presupuesto general de la Nación.

(D. 1824/94, art. 2º)

ART. 2.3.1.1.3.—Determinación de los costos del proyecto de reforestación y cuantía del CIF. Para efectos de la determinación de la cuantía del incentivo forestal, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará mediante resolución, a más tardar el 31 de octubre de cada año y para el año inmediatamente siguiente, el valor promedio de costos totales netos de establecimiento y mantenimiento de cada hectárea de plantación y de mantenimiento de hectárea de bosque natural.

Corresponde también al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecer, mediante resolución, la cuantía máxima porcentual que se reconocerá por concepto de certificado de incentivo forestal sobre los costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación, con base en la propuesta que formule el consejo directivo de incentivo forestal.

(D. 1824/94, art. 3º)

ART. 2.3.1.1.4.—El consejo directivo de incentivo forestal. A fin de asesorar al gobierno en la administración, funcionamiento de programa de incentivo forestal, intégrase el consejo directivo del incentivo forestal, conformado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, el jefe de la unidad de desarrollo agrario del Departamento Nacional de Planeación o su delegado y por el presidente de Finagro o su delegado.

La secretaría técnica del consejo directivo será ejercida por el director de cadenas agrícolas y forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 1824/94, art. 4º)

ART. 2.3.1.1.5.—Funciones del consejo directivo de incentivo forestal. Corresponde al consejo directivo de incentivo forestal cumplir las siguientes funciones:

1. Proponer anualmente y para su adopción por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cuantía máxima porcentual que se reconocerá por concepto de certificado de incentivo forestal sobre los costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación.

2. Proponer el presupuesto anual de gastos de Finagro para la administración del incentivo forestal, de conformidad con los recursos presupuestales apropiados por el Gobierno Nacional.

3. Conceptuar sobre la programación anual de la distribución de recursos para el otorgamiento de incentivo forestal que se someterá a consideración del Conpes.

4. Proponer los criterios generales sobre el diseño y contenido de los formularios certificados y demás documentos requeridos en el proceso de otorgamiento del incentivo forestal.

5. Proponer al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación, la programación de los recursos necesarios para atender la demanda del certificado de incentivo forestal, la distribución porcentual de los recursos para pequeños reforestadores, las cuantías por autorizar con vigencias futuras, y demás aspectos que requieren aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.

6. Proponer el porcentaje de los recursos para el incentivo forestal que debe destinarse para desarrollar programas de investigación sobre semillas de especies autóctonas.

7. Cualquiera otra que no estando expresamente señalada en este artículo, sea necesaria para el buen funcionamiento del sistema del incentivo forestal.

8. Dictar su propio reglamento.

(D. 1824/94, art. 5º)

ART. 2.3.1.1.6.—Fondo de Incentivo Forestal. Créase el Fondo de Incentivo Forestal como un sistema de manejo de cuentas, administrado por Finagro, en forma directa o a través de un contrato de fiducia, cuyos recursos serán destinados a atender el pago de las obligaciones generadas por el otorgamiento del incentivo forestal según las disposiciones de la Ley 139 de 1994.

(D. 1824/94, art. 6º)

ART. 2.3.1.1.7.—Recursos del fondo. El Fondo de Incentivo Forestal contará con:

1. Las partidas asignadas anualmente en el presupuesto general de la Nación, o de las entidades descentralizadas para el certificado de incentivo forestal;

2. El valor de las multas, cláusulas penales e indemnizaciones a cargo de los beneficiarios del ClF que incumplan las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de un proyecto de reforestación;

3. Los que a cualquier título le transfieran las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras;

4. Los aportes que hagan las entidades de cooperación internacional y los organismos multilaterales de crédito y fomento;

5. El producto de empréstitos internos y externos.

(D. 1824/94, art. 7º)

ART. 2.3.1.1.8.—Costos operativos. Los gastos ocasionados por la administración del programa de incentivo forestal serán cubiertos por Finagro, con cargo a los recursos del Fondo de Incentivo Forestal, sin exceder del monto fijado por el consejo directivo de incentivo forestal.

(D. 1824/94, art. 8º)

CAPÍTULO 2

Elegibilidad de proyectos, otorgamiento y pago del incentivo forestal

ART. 2.3.1.2.1.—Solicitud de elegibilidad.

1. Toda persona natural o jurídica de carácter privado.

2. Entidad descentralizada municipal o distrital, cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos de acueducto o alcantarillado.

3. Departamentos, municipios, distritos, asociaciones de municipios y áreas metropolitanas.

Las personas relacionadas anteriormente que pretendan adelantar un proyecto de reforestación y beneficiarse del certificado de incentivo forestal deberán presentar una solicitud de elegibilidad, en las condiciones que se establecen adelante.

PAR.—Las personas naturales o jurídicas de carácter privado que se encuentren impedidas de celebrar contratos con la Nación en los términos del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 no podrán ser beneficiarias del certificado de incentivo forestal.

(D. 1824/94, art. 9º)

ART. 2.3.1.2.2.—Formulario de solicitud de elegibilidad. La solicitud de elegibilidad se presentará en un formulario elaborado y suministrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

El formulario de elegibilidad del incentivo forestal deberá incluir como mínimo la siguiente información:

1. Nombre e identificación del solicitante.

2. Dirección permanente del solicitante.

3. Calidad jurídica del predio a reforestar.

4. Localización del proyecto.

5. Área del proyecto y especies a utilizar.

6. Fecha de iniciación del proyecto.

7. Nombre del asistente técnico.

(D. 1824/94, art. 10)

ART. 2.3.1.2.3.—Presentación de la solicitud. El formulario de solicitud debidamente diligenciado por el interesado deberá ser remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, acompañado de los documentos establecidos en el artículo 5º de la Ley 139 de 1994.

(D. 1824/94, art. 11)

ART. 2.3.1.2.4.—Alcance de las solicitudes de elegibilidad. Las solicitudes de elegibilidad de un proyecto de reforestación no constituyen ejercicio del derecho de petición, ni su recepción, estudio o definición implican actuaciones de carácter administrativo ni dan derecho a recursos de esa naturaleza.

(D. 1824/94, art. 12)

ART. 2.3.1.2.5.—Estudio de la solicitud. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, hará las revisiones y evaluaciones del caso, para proceder a declarar o negar la elegibilidad del proyecto.

De ser elegible el proyecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural o su delegado deberá solicitar a Finagro la expedición de la autorización y certificación de disponibilidad de recursos de que trata el artículo siguiente.

(D. 1824/94, art. 13)

ART. 2.3.1.2.6.—Autorización y certificación de disponibilidad de recursos. En concordancia con lo estipulado en el artículo 5º de la Ley 139 de 1994 y mediante oficio dirigido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, Finagro autorizará la declaración de elegibilidad y certificará sobre la disponibilidad de recursos, el monto del incentivo a otorgar y señalará el intermediario financiero a través del cual se trasladan los recursos.

PAR.—La autorización y certificación de disponibilidad de recursos servirá para realizar las operaciones presupuestales requeridas con cargo a las apropiaciones asignadas para este fin en el presupuesto general de la Nación y a las autorizaciones efectuadas por el Confis para comprometer vigencias futuras o a los demás recursos que le fueren transferidos al Fondo de Incentivo Forestal en virtud del artículo 7º de la Ley 139 de 1994.

(D. 1824/94, art. 14)

ART. 2.3.1.2.7.—Comunicación de la declaración de elegibilidad. Obtenida la autorización y certificación de disponibilidad de recursos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado comunicará al peticionario la elegibilidad de su proyecto. En la comunicación de la declaración de elegibilidad al beneficiario, se indicarán, la aprobación del plan de establecimiento y manejo forestal, el número de disponibilidad presupuestal, el monto del incentivo y lo citará a que comparezca ante la entidad encargada de celebrar el contrato de ejecución del proyecto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación.

(D. 1824/94, art. 15. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

ART. 2.3.1.2.8.—Otorgamiento del incentivo. El ejecutor de un proyecto de reforestación declarado elegible deberá suscribir y perfeccionar el contrato de ejecución del proyecto de reforestación, dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, otorgará el certificado de incentivo forestal.

El otorgamiento se hará mediante la entrega al beneficiario de un documento o certificado mediante el cual se reconoce el derecho al Incentivo, conforme con lo estipulado en el artículo 3º de la Ley 139 de 1994. El documento en el que conste el otorgamiento del Incentivo se expedirá por triplicado y deberá ser diseñado de modo que el valor de los pagos correspondientes a cada año pueda independizarse para efectos de su cobro.

PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado dispone de un plazo máximo de veinte (20) días calendario, para otorgar el incentivo.

(D. 1824/94, art. 16. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

ART. 2.3.1.2.9.—Solicitud de pago del incentivo. La solicitud de pago del Incentivo deberá presentarse dentro de los plazos fijados en el certificado de incentivo, en un formulario elaborado y suministrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

El formulario deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre e identificación del solicitante.

2. Dirección permanente del solicitante.

3. Costos reales de la ejecución del proyecto y en consecuencia el monto a reconocer por el incentivo.

4. Intermediario financiero seleccionado para la consignación del valor del incentivo forestal.

(D. 1824/94, art. 17)

ART. 2.3.1.2.10.—Requisitos previos al pago del incentivo. Para el cobro del incentivo, el beneficiario deberá demostrar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado que ha cumplido todas las condiciones del plan de establecimiento y manejo forestal, para lo cual la entidad realizará una visita al predio.

Los costos de la visita serán de cargo del beneficiario.

(D. 1824/94, art. 18)

ART. 2.3.1.2.11.—Pago del incentivo. Una vez el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, haya comprobado el cumplimiento por parte del beneficiario, comunicará a Finagro dicha circunstancia y le indicará el monto del valor a pagar, a fin de que este proceda a trasladar al intermediario financiero seleccionado, los recursos del incentivo forestal, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, cuando exista disponibilidad de recursos para este efecto o a los cinco (5) días hábiles siguientes al traslado de los mismos.

Para debitar el certificado será necesaria la presentación por parte del beneficiario del certificado ante el intermediario financiero seleccionado. Del pago del Incentivo se dejarán las correspondientes constancias en el certificado.

PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado podrá delegar, bajo su responsabilidad, en otras entidades públicas o privadas la evaluación, verificación de campo y control del cumplimiento del plan de establecimiento y manejo forestal, PEMF y del contrato de ejecución del proyecto de reforestación. En tal caso, las entidades delegatarias se ceñirán en su actuación a las disposiciones contenidas en la Ley 139 de 1994 y en este título.

(D. 1824/94, art. 19, modificado por el D. 1044/96, art. 1º. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

CAPÍTULO 3

Plan de establecimiento y manejo forestal y contrato de ejecución del proyecto de reforestación

ART. 2.3.1.3.1.—Contenido de los planes de establecimiento y manejo forestal. El plan de establecimiento y manejo forestal contendrá, como mínimo, la siguiente información:

1. Individualización del inmueble sobre el cual se va a adelantar el proyecto, indicando su ubicación, su alinderación y extensión.

2. Cuando el peticionario obre como arrendatario, deberá aportar el contrato de arrendamiento correspondiente.

3. Uso anterior del terreno, comprobando que los terrenos en los cuales se harán nuevas plantaciones, no están cubiertos con bosques naturales o vegetación nativa que cumpla funciones protectoras, ni lo han estado en los últimos 5 años bajo las anteriores modalidades de uso.

4. Condiciones biofísicas del predio, haciendo mención de las características generales de la región, morfología y calidad de los suelos, condiciones meteorológicas e hídricas, uso actual del predio, aspectos faunísticos y botánicos de interés y zonas de bosque natural.

5. Características del proyecto, detallando el programa de cultivo y desarrollo de la plantación, especies forestales a utilizar, forma y condiciones de laboreo, sistemas de mantenimiento, protección y recuperación de la plantación. También deberá establecerse el programa de aprovechamiento del bosque, plan de cosecha y de reposición del recurso.

6. Cronograma de actividades de siembra, mantenimiento y aprovechamiento del bosque y fechas previstas para el reconocimiento de los valores del CIF.

7. Programación financiera, con el cálculo de los costos que demande el proyecto, fuentes de financiación, si las hubiese y programa de flujo de fondos.

PAR.—El plan de establecimiento y manejo forestal solo podrá ser modificado previa solicitud escrita del reforestador, aprobada también por escrito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

(D. 1824/94, art. 20. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

ART. 2.3.1.3.2.—Prueba de estado de los suelos donde se desarrollará el proyecto. Para acreditar que los suelos en los que se harán las nuevas plantaciones no se encuentran ni lo han estado en los últimos cinco (5) años, con bosques naturales, se deberán presentar fotografías aéreas del área donde se encuentre ubicado el proyecto.

En caso de que se demuestre la inexistencia de fotografías aéreas en el área donde se ubicará el proyecto de reforestación, se solicitará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, inspección ocular la cual correrá por cuenta del interesado.

(D. 1824/94, art. 21)

ART. 2.3.1.3.3.—El contrato de ejecución del proyecto de reforestación. Los beneficiarios del incentivo forestal celebrarán un contrato con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, por el cual se obliguen a adelantar el proyecto de reforestación con estricta sujeción al PEMF.

Las obligaciones emanadas del contrato son indivisibles en los términos del título 10 del libro 4 del Código Civil.

(D. 1824/94, art. 22. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

ART. 2.3.1.3.4.—Contenido del contrato. El contrato contendrá, además de las estipulaciones generales de los contratos administrativos, las siguientes:

1. La mención de si el titular del proyecto es propietario o arrendatario del predio.

2. El compromiso de adelantar el proyecto de reforestación en los términos y condiciones aprobados en el PEMF y la indivisibilidad de las obligaciones.

3. La estipulación expresa de perder el derecho al incentivo forestal en caso de incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones contractuales fijando los plazos de devolución de los valores recibidos, corregidos en su poder adquisitivo según el índice de aumento de precios al consumidor y con el reconocimiento del interés mensual equivalente al que reconocen las entidades financieras por los depósitos a término, DTF, más cinco puntos.

4. El monto de las multas y de la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento y la forma de hacer efectivo los recaudos de las sumas adeudadas a la entidad.

PAR.—No podrá exonerarse de las estipulaciones de que trata este artículo a ninguna entidad de derecho público que pretenda beneficiarse del incentivo forestal por sus proyectos de reforestación.

(D. 1824/94, art. 23. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

CAPÍTULO 4

Áreas de aptitud forestal y las especies forestales

ART. 2.3.1.4.1.—Zonificación de suelos de aptitud forestal. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, directamente o a través de la UPRA, realizará la zonificación de los suelos de aptitud forestal.

No obstante lo anterior y mientras se realiza dicha zonificación, se tendrá como base el mapa indicativo de zonificación de áreas forestales de Colombia elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

(D. 1824/94, art. 24)

ART. 2.3.1.4.2.—Modificación de la zonificación. Las personas naturales o jurídicas que deseen obtener la calificación de terrenos de aptitud forestal, cuyo predio no esté comprendido dentro de la zonificación establecida, deberán presentar una solicitud acompañada del correspondiente PEMF ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la UPRA, según el caso, el cual tendrá un plazo de 30 días calendario para pronunciarse, contados desde la fecha de recepción de la solicitud respectiva, sobre la modificación de la zonificación. El costo de la visita será con cargo al solicitante.

(D. 1824/94, art. 25)

ART. 2.3.1.4.3.—Especies aptas para proyectos de reforestación. Las plantaciones de un proyecto de reforestación se harán con especies arbóreas autóctonas o introducidas que produzcan principalmente, aunque no exclusivamente, material maderable.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución elaborará el listado de las principales especies maderables utilizables en proyectos de reforestación, indicando cuáles de ellas son autóctonas y cuáles introducidas. Así mismo, será competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinar cuáles de las especies arbóreas que no figuren en el listado, son apropiadas para dichos proyectos, señalando su condición de autóctonas o introducidas.

(D. 1824/94, art. 26)

ART. 2.3.1.4.4.—Calificación de especies introducidas como autóctonas. Para que un proyecto de reforestación con especies forestales introducidas pueda beneficiarse con un incentivo similar al establecido para las especies forestales autóctonas conforme al artículo 4º de la Ley 139 de 1994 será necesario que se demuestre como resultado de estudios científicos o de investigación aplicada que la especie presenta calidades excepcionales para poblar y conservar suelos y de regular aguas.

(D. 1824/94, art. 27)

CAPÍTULO 5

Disposiciones generales

ART. 2.3.1.5.1.—Arrendamiento de inmuebles para proyectos de reforestación. El contrato de arrendamiento de inmuebles para adelantar un proyecto de reforestación solo podrá celebrarse con el propietario inscrito del predio y se hará constar en documento auténtico.

(D. 1824/94, art. 28)

ART. 2.3.1.5.2.—Seguimiento, evaluación y control del proyecto. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, diseñará y establecerá un plan mínimo de visita a los proyectos. Dichas visitas se realizarán con cargo al interesado.

(D. 1824/94, art. 29)

ART. 2.3.1.5.3.—Pérdida de la plantación. Cuando las personas naturales o jurídicas beneficiarias del certificado de incentivo forestal invoquen pérdidas de la plantación por motivos de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la plantación, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado su comprobación y posterior certificación para efectos de acceder nuevamente al certificado de incentivo forestal.

(D. 1824/94, art. 30)

ART. 2.3.1.5.4.—Destino de los recursos producto de multas, cláusulas penales e indemnizaciones relacionadas con el incumplimiento del contrato. Todas las sumas que recaude el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, por concepto de sanciones e indemnizaciones causadas por el incumplimiento del contrato de ejecución del proyecto de reforestación, deberán ser depositadas dentro de los diez días calendario siguientes a su recibo, en el Fondo del Incentivo Forestal.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar al reconocimiento de intereses moratorios mensuales a la tasa que reconocen las entidades financieras por los depósitos a término, DTF, más cinco (5) puntos.

(D. 1824/94, art. 31. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

ART. 2.3.1.5.5.—Incompatibilidad de incentivos forestales. En ningún caso podrán beneficiarse del certificado de incentivo forestal quienes hayan recibido o pretendan recibir un incentivo establecido por entidades públicas o privadas para el mismo proyecto de reforestación objeto del CIF. Cuando se demuestre que un beneficiario del certificado de incentivo forestal, ha recibido otros incentivos para la misma plantación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, dará por terminado el contrato de ejecución del proyecto de reforestación y repetirá contra el beneficiario del certificado de incentivo forestal por las sumas pagadas como si se tratase de un incumplimiento del contrato imputable al titular del proyecto.

PAR.—Lo anterior no se opone a que el titular de un proyecto de reforestación pueda beneficiarse de los créditos e incentivos consagrados en la Ley 101 de 1993, siempre que se destinen a infraestructura accesoria a la reforestación y no a actividades propias de establecimiento y manejo de la plantación.

(D. 1824/94, art. 32. Conforme a la L. 1731/2014, art. 19, se entiende que las alusiones a la celebración de un contrato se referirán a un acto administrativo)

ART. 2.3.1.5.6.—Otros recursos de incentivo forestal. Todos los recursos públicos que se destinen a promover la siembra y conservación de bosques, así como los fondos que particulares decidan canalizar a través de entidades de derecho público con ese propósito, deberán someterse a los requisitos y procedimientos aquí establecidos en materia de plan de establecimiento y manejo forestal, montos y plazos de los desembolsos y compromisos formales ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

(D. 1824/94, art. 33)

TÍTULO 2

Ventanilla única forestal

ART. 2.3.2.1.—Ventanilla única forestal. Créase la ventanilla única forestal, para centralizar los trámites y procedimientos que requiere el ejercicio de la actividad forestal con fines comerciales.

(D. 4600/2011, art. 1º)

ART. 2.3.2.2.—Funcionamiento y coordinación. El funcionamiento y coordinación de la ventanilla única forestal, estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y será el mecanismo que soportado en medios electrónicos centralizará y/o interconectará la información, trámites y gestión de las solicitudes presentadas por los productores forestales comerciales, para el ejercicio de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales obtenidos de plantaciones y sistemas agroforestales comerciales y demás afines o complementarias.

(D. 4600/2011, art. 2º)

ART. 2.3.2.3.—Funciones de la ventanilla única forestal. Son funciones de la ventanilla única forestal, las siguientes:

1. Recibir de forma centralizada y soportada en medios electrónicos los siguientes trámites:

a) Las solicitudes de registro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales, entendido este como la inscripción o anotación en el cual consta el establecimiento de los mismos;

b) Las solicitudes de expedición de la remisión de movilización, entendido este como el documento en el que se registra la movilización de madera o de productos forestales de transformación primaria provenientes de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales debidamente registrados;

c) Recibir y resolver las solicitudes de los productores forestales comerciales para acceder al certificado de incentivo forestal, CIF, de conformidad con las normas que lo regulan, y darles el trámite respectivo de manera ágil y eficiente;

d) Cualquier otro trámite de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos que se implementen con posterioridad a la vigencia del presente decreto, relacionado con las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales obtenidos de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales de competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. Tramitar en los tiempos perentorios que se determinen en su implementación, las solicitudes de que trata el numeral anterior e informar a los interesados el resultado de las mismas.

3. Servir de instrumento de información sobre el desarrollo de programas, actividades y demás instrumentos que se adopten y planifiquen como parte de la política de cultivos forestales con fines comerciales o industriales que adopte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Interconectar o articular los trámites que trata el presente título, con los de otras autoridades administrativas que por disposición normativa ostentan competencias directas o indirectas relacionadas con las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales obtenidos de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales.

En este caso, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará las actividades necesarias para implementar los mecanismos electrónicos que permitan la correspondiente conectividad interinstitucional y el suministro, consulta e intercambio de la información.

5. Las demás que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de ley, y que sean requeridas para agilizar y garantizar una adecuada atención a los productores vinculados con el establecimiento y aprovechamiento de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales.

(D. 4600/2011, art. 3º)

ART. 2.3.2.4.—Formatos. A partir de la entrada en funcionamiento de la ventanilla única forestal el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de adoptar los formatos que se requieran para los efectos del presente decreto, coordinará las entidades administrativas que dentro de la órbita de sus competencias, se encuentran involucradas directa o indirectamente en los trámites que exige la normativa vigente a los productores forestales para el ejercicio de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales obtenidos de plantaciones y sistemas agroforestales comerciales y demás afines o complementarias.

(D. 4600/2011, art. 4º)

ART. 2.3.2.5.—Transición. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementará la sistematización de la ventanilla única forestal para atender en forma centralizada los trámites de registro, control, movilización, de comercio exterior y demás actividades afines o complementarias que requiera la reforestación con fines comerciales o industriales.

(D. 4600/2011, art. 5º)

TÍTULO 3

Cultivos forestales con fines comerciales

ART. 2.3.3.1.—Política de cultivos forestales con fines comerciales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 139 de 1994, es la entidad competente para formular la política de cultivos forestales con fines comerciales de especies introducidas o autóctonas, con base en la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostebible.

(D. 1498/2008, art. 1º)

ART. 2.3.3.2.—Definiciones. Para efectos del presente título, se establecen las siguientes definiciones:

Cultivo forestal con fines comerciales. Es el cultivo de especímenes arbóreos de cualquier tamaño originado con la intervención directa del hombre con fines comerciales y que está en condiciones de producir madera y subproductos. Se asimilan a cultivos forestales con fines comerciales, las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial a que se refiere el Decreto 1791 de 1996, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sistema agroforestal. Se entiende por sistema agroforestal, la combinación de cultivos forestales con fines comerciales con cultivos agrícolas o actividades pecuarias.

Remisión de movilización. Es el documento que ampara la movilización de los productos primarios de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales registrados.

(D. 1498/2008, art. 2º)

ART. 2.3.3.3.—Registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales. Todo sistema agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales será registrado ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue.

El registro se efectuará por una sola vez, previa verificación de la información aportada y visita al lugar del establecimiento de la plantación. A cada sistema agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales se le asignará un número consecutivo que se adicionará a continuación del número de identificación tributaria, NIT, o del número de cédula de ciudadanía del titular del registro, según sea el caso.

PAR. 1º—Una vez realizado el registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales conforme a los criterios señalados en el artículo siguiente, no se podrán modificar o establecer restricciones o limitaciones a su aprovechamiento, salvo por motivos de utilidad pública o interés social en los términos del artículo 58 de la Constitución Política.

PAR. 2º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue para efectuar el registro, deberá reportar dentro de los diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada año a las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, los registros de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales que haya efectuado durante el correspondiente año.

PAR. 3º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expedirá un acto administrativo señalando el procedimiento y los requisitos para efectuar el registro de que trata el presente artículo.

PAR. 4º—El registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, se continuará efectuando por las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya. Cuando una plantación forestal protectora-productora se establezca en el marco del certificado de incentivo forestal creado por la Ley 139 de 1994, se registrará ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue.

(D. 1498/2008, art. 3º)

ART. 2.3.3.4.—Criterios para efectuar registro. Para efectuar el registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue, atenderá los siguientes criterios:

1. Que se trate de plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial o de sistemas agroforestales comerciales, establecidos y registradas como tales con anterioridad a la publicación del presente título;

2. Que se establezcan dentro de planes nacionales y regionales que contemplen el desarrollo y fomento de plantaciones forestales de carácter productor y núcleos forestales, previamente definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural registrará las plantaciones establecidas en el marco del certificado de incentivo forestal de que trata la Ley 139 de 1994.

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán establecerse cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales en bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas.

(D. 1498/2008, art. 4º)

ART. 2.3.3.5.—Cosecha de los productos obtenidos de los cultivos forestales con fines comerciales. La cosecha de los productos obtenidos de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales debidamente registrados, no requerirán autorización alguna por parte de la autoridad ambiental.

PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que este delegue, establecerá un mecanismo de identificación de los productos provenientes de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, que deberá ser adoptado por los titulares de los registros.

(D. 1498/2008, art. 5º)

ART. 2.3.3.6.—Movilización. Para la movilización de madera descortezada o de productos forestales de transformación primaria provenientes de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, los transportadores únicamente deberán portar copia del registro y el original de la remisión de movilización.

La remisión de movilización consistirá en un formato que establecerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que deberá ser diligenciado y suscrito por el titular del registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales o por la persona que este delegue. La remisión de movilización de que trata este artículo contendrá por lo menos la siguiente información:

1. Fecha y sitio de expedición.

2. Número consecutivo de la remisión de movilización.

3. Tipo de cultivo forestal o sistema agroforestal.

4. Titular del registro.

5. Número de registro del cultivo o sistema agroforestal.

6. Identificación de las especies (nombre científico y común).

7. Volumen y descripción de los productos.

8. Origen, ruta y destino.

9. Modo de transporte e identificación del vehículo y del transportador.

10. Nombre y firma del titular del registro o de la persona delegada por este.

11. Sello que identifique la propiedad del cultivo forestal o sistema agroforestal con fines comerciales.

PAR. 1º—La remisión de movilización se utilizará para transportar por una sola vez los productos primarios de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales para los cuales fue expedida, y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional.

Carecerá de validez la remisión de movilización que se expida sin el lleno de la totalidad de los requisitos señalados en el artículo anterior.

PAR. 2º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que este delegue, adelantará las acciones de seguimiento y control que se requieran para determinar el cumplimiento de lo aquí dispuesto. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de evaluación, seguimiento y control establecido a otras entidades públicas.

(D. 1498/2008, art. 6º)

ART. 2.3.3.7.—Caminos o carreteables forestales. Los caminos o carreteables forestales necesarios para adelantar el aprovechamiento forestal dentro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales son parte integrante de estos y no estarán sometidos a permisos o requisitos adicionales, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

(D. 1498/2008, art. 7º)

ART. 2.3.3.8.—Aprovechamiento de recursos naturales renovables. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, cuando el establecimiento de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales requiera del aprovechamiento, uso o afectación de recursos naturales renovables, se deberán tramitar y obtener ante las autoridades ambientales competentes las autorizaciones o permisos correspondientes.

En todo caso, no podrá realizarse la eliminación del bosque natural para el establecimiento de sistemas forestales o cultivos forestales con fines comerciales o cultivos agrícolas en el país.

(D. 1498/2008, art. 8º)

PARTE 4

Asistencia técnica directa rural

TÍTULO 1

Disposiciones generales

CAPÍTULO 1

Prestación de asistencia técnica directa rural

ART. 2.4.1.1.1.—Entidades por medio de las cuales se realiza la prestación del servicio público de asistencia técnica directa rural. De conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 607 de 2000, la obligación de los municipios y distritos, para la prestación del servicio público de asistencia técnica directa rural, de forma gratuita para los pequeños productores y autofinanciada para los medianos productores rurales, se realizará por medio de la participación de entidades de naturaleza pública, privada o mixta, bien a través de las Umata de forma directa; bien contratada con las entidades privadas constituidas para el efecto y que tengan por objeto la prestación de la asistencia técnica directa rural, sean del orden municipal, zonal, provincial, distrital o regional.

(D. 3199/2002, art. 1º. Concordancia con L. 1133/2007, art. 5º, num. 1º)

ART. 2.4.1.1.2.—Coordinación. La coordinación prevista en el literal i), del artículo 2º de la Ley 607 de 2000, estará orientada por la interacción con los contextos locales y regionales, en sus aspectos sociales, económicos, culturales y agroecológicos, a partir de los cuales se definen la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica directa rural. Los responsables de la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural establecerán por lo menos, mecanismos de coordinación entre:

1. Las asociaciones formales e informales de productores organizadas a partir de aspectos económicos, culturales, sociales o naturales del territorio donde habitan.

2. Las entidades municipales y las asociaciones de municipios conformadas para garantizar la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural.

3. Las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural.

4. Las entidades departamentales y nacionales vinculadas al desarrollo rural.

5. Las universidades y centros de formación con programas vinculados al sector agropecuario.

6. Los fondos parafiscales.

7. Los programas nacionales vinculados al desarrollo rural.

8. Los sistemas de información del sector agropecuario, tales como el sistema de información de tecnologías agropecuarias, sistema de información de precios y mercados y el sistema de inteligencia de mercados.

9. Los centros de investigación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario.

10. Los espacios de participación que operan en las regiones y contribuyen a la orientación del sistema nacional de ciencia y tecnología tales como redes, consejos, comisiones.

11. Las instancias de concertación de los acuerdos regionales de competitividad.

La coordinación deberá garantizar que la oferta vaya orientada a satisfacer la demanda identificada en los planes generales de asistencia técnica directa rural.

(D. 3199/2002, art. 2º)

ART. 2.4.1.1.3.—Municipio y comunidades indígenas. El municipio garantizará el acceso al servicio de asistencia técnica directa rural de manera regular y continua a comunidades de pequeños y medianos productores rurales, sean campesinos, colonos, indígenas o comunidades negras. Las comunidades indígenas que reciban recursos de transferencias, destinarán de estos, los necesarios para cumplir con la obligación de la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural a través de las entidades prestadoras del servicio.

(D. 3199/2002, art. 3º)

ART. 2.4.1.1.4.—Objeto. El servicio de asistencia técnica directa rural desarrollará procesos de innovación que apoyen la producción primaria, la transformación y agregación de valor; así como la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas productivas y el acceso a bienes públicos y servicios estatales definidos por las políticas sectoriales.

(D. 3199/2002, art. 4º)

ART. 2.4.1.1.5.—Asociación. El Estado de forma progresiva promoverá e incentivará la asociación para la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural. Los municipios podrán asociarse o autorizar la asociación de las Umata como respuesta a las demandas identificadas en las zonas, provincias, distritos, subregiones o regiones, para la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural, en las fases de planificación, selección de la empresa prestadora y la definición del tipo de servicio.

(D. 3199/2002, art. 5º)

ART. 2.4.1.1.6.—Promoción y divulgación. El Gobierno Nacional, a través de las autoridades departamentales y municipales, garantizará la promoción y divulgación del servicio, la publicidad de las entidades prestadoras del servicio acreditadas, su administración y evaluación, de manera que la sociedad en general tenga información sobre su ejecución.

(D. 3199/2002, art. 6º)

CAPÍTULO 2

Plan general de asistencia técnica directa rural

ART. 2.4.1.2.1.—Definición. El plan general de asistencia técnica directa rural es el instrumento de planeación que permite ordenar las actividades y los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del servicio de asistencia técnica directa rural y asegurar la ampliación progresiva de su cobertura, calidad y pertinencia.

(D. 3199/2002, art. 7º)

ART. 2.4.1.2.2.—Elaboración. Los planes generales de asistencia técnica directa rural se elaborarán de acuerdo con las características agroecológicas de los municipios y con las recomendaciones básicas de uso y manejo de los recursos naturales y en concordancia con los programas agropecuarios municipales del plan de desarrollo municipal, elaborado por el concejo municipal de planeación y concertado con el concejo municipal de desarrollo rural.

(D. 3199/2002, art. 8º)

ART. 2.4.1.2.3.—Orientación. Los planes generales de asistencia técnica directa rural se orientarán a crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo municipal, zonal, provincial, distrital, subregional o regional.

PAR.—El plan general de asistencia técnica directa rural estará orientado, entre otros, por los siguientes aspectos:

1. Acceso a servicios de apoyo a la producción.

2. Desarrollo de capacidades de gestión y administración de sistemas productivos.

3. Articulación a los mercados de insumos.

4. Construcción de vínculos con agroindustrias y otros mercados dinámicos.

5. Incorporación de varias fases del proceso productivo, garantizando la generación de valor agregado.

6. La sostenibilidad ambiental y económica.

7. Articulación con los mercados de financiamiento y crédito.

8. Articulación con los incentivos y apoyos estatales a la inversión rural, facilitando el acceso de los grupos de productores a los mismos.

(D. 3199/2002, art. 9º)

CAPÍTULO 3

Entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural, acreditación y registro

ART. 2.4.1.3.1.—Integración. Las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural, establecidas en el literal e) del artículo 4º de la Ley 607 de 2000, se integrarán por el grupo interdisciplinario necesario que garantice que la oferta del servicio responda adecuadamente a la demanda, de conformidad con el plan general de asistencia técnica directa rural, para la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural, calificado y con experiencia en su especialidad, vinculado o contratado, en el municipio o sus zonas, el distrito, las provincias, las subregiones o regiones, los departamentos o la Nación con capacidad técnica y financiera.

(D. 3199/2002, art. 10)

ART. 2.4.1.3.2.—Conformación. Para la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural en forma asociada, las zonas, provincias, distritos, subregiones o regiones se podrán conformar a partir de características, potencialidades o problemáticas similares, determinadas por los procesos culturales y sociales de las poblaciones rurales; las ofertas y condiciones ambientales; las características agroecológicas; las actividades productivas predominantes; la estructura de mercado; la institucionalidad presente y el desarrollo tecnológico, para la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural.

(D. 3199/2002, art. 11)

ART. 2.4.1.3.3.—Asociaciones de municipios. En el caso de las asociaciones de municipios que integran la zona, provincia, distrito o región, contratarán la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural con entidades de naturaleza pública, privada o mixta, conformadas por equipos interdisciplinarios. Las asociaciones de municipios podrán contratar una o más empresas prestadoras del servicio según el tipo de demandas de los productores rurales además de lo previsto en el presente decreto.

(D. 3199/2002, art. 12)

ART. 2.4.1.3.4.—Acreditación. Las secretarías de agricultura departamental o quien haga sus veces acreditarán las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural, en un registro único de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Consa.

(D. 3199/2002, art. 13)

ART. 2.4.1.3.5.—Registro único de prestadores de servicios. Las secretarías de agricultura departamental o quien haga sus veces comunicarán a los municipios de su jurisdicción, para efectos de lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley 607 de 2000, la relación de entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica rural acreditadas.

(D. 3199/2002, art. 14)

CAPÍTULO 4

Selección y contratación de entidades prestadores del servicio de asistencia técnica directa rural

ART. 2.4.1.4.1.—Selección. Los concejos municipales de desarrollo rural, CMDR, o sus representantes en las asociaciones de municipios, seleccionarán la entidad prestadora del servicio del municipio, zona, provincia, subregión o región, de acuerdo con los siguientes parámetros, sin perjuicio de lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes:

1. Que se encuentren en el registro único de las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural acreditadas.

2. Que garantice que la oferta del servicio responda adecuadamente a la demanda, de conformidad con el plan general de asistencia técnica directa rural del municipio o distrito.

3. Que el perfil y experiencia de los profesionales y técnicos que integran las entidades prestadoras del servicio, responda a las necesidades productivas y económicas del municipio, zona, provincia, subregión o región.

(D. 3199/2002, art. 15)

ART. 2.4.1.4.2.—Registro y seguimiento. Dentro de los diez días siguientes a la selección de las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural, los alcaldes municipales o el representante legal de la Asociación de municipios, informarán la selección de las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural a las secretarías de agricultura departamental o quien haga sus veces para su registro y seguimiento.

(D. 3199/2002, art. 16)

CAPÍTULO 5

Obligaciones de las entidades prestadores del servicio de asistencia técnica directa rural

ART. 2.4.1.5.1.—Obligaciones. Son obligaciones de las entidades prestadoras de servicio de asistencia técnica directa rural:

1. Diseñar, ajustar y ejecutar el plan general de asistencia técnica directa rural, de conformidad con el principio de planificación establecido en la ley y con el capítulo 2 del presente título.

2. Prestar asesoría y acompañamiento continuo para mejorar la producción y la productividad primaria.

3. Mantener actualizada la información requerida para la prestación del servicio de asistencia técnica rural directa.

4. Asegurar el uso de la información tecnológica disponible y reportar los resultados al municipio, la asociación de municipios, los entes departamentales y al sistema de información tecnológica agropecuaria.

5. Fortalecer la demanda mediante el desarrollo de organizaciones competitivas de productores y habitantes rurales.

6. Reconocer e incorporar, como elementos esenciales del plan, a las organizaciones de los productores, presentes en los municipios, zonas, provincias, distritos, subregiones o regiones.

7. Apoyar la estructuración de proyectos productivos que se formulen por medio de alianzas entre organizaciones de pequeños y medianos productores rurales, establecimientos educativos, proveedores de insumos, organizaciones de la sociedad civil, gremios y entidades territoriales, entre otros.

8. Gestionar, impulsar y acompañar la implementación de acuerdos de competitividad.

9. Propiciar el desarrollo de actividades rurales no agropecuarias, como son los mercados de servicios ambientales.

10. Para fortalecer la ejecución del plan, las entidades prestadoras del servicio podrán gestionar con las universidades regionales y/o nacionales, convenios para vincular estudiantes de los últimos semestres de pregrado. Así mismo, podrán establecer vínculos con universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico, mediante acuerdos o convenios de cooperación, para el acceso a tecnologías o la generación de las mismas, según la demanda local o regional.

11. Gestionar la captación de recursos financieros para el desarrollo de los proyectos contenidos en el plan.

(D. 3199/2002, art. 17)

CAPÍTULO 6

Acompañamiento al servicio de asistencia técnica directa rural

ART. 2.4.1.6.1.—Acompañamiento del Gobierno Nacional y departamental. El Gobierno Nacional y departamental de acuerdo con las apropiaciones presupuestales vigentes:

1. Apoyarán las iniciativas de gestión municipales y de esquemas asociativos, facilitando que en ellas participen varios municipios, incluso de diferentes departamentos, buscando los acuerdos necesarios entre estos.

2. Fortalecerán las habilidades y capacidades de las Umata a través de la entrega del conocimiento sobre la estructura institucional del sector agropecuario y los mecanismos de acceso a los instrumentos de la política pública, así como en aquellos aspectos orientados a garantizar el cumplimiento del plan general de asistencia técnica.

3. Con sus entidades adscritas y vinculadas, así como los programas especiales deberán coordinar la divulgación de su oferta de servicios.

(D. 3199/2002, art. 18)

ART. 2.4.1.6.2.—Asignación de recursos. Para la asignación de recursos del componente de asistencia técnica y/o transferencia de tecnología en los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio de sus representantes en los órganos de dirección de estos fondos, velará por que la inversión se haga en coordinación con las entidades territoriales y las entidades prestadoras del servicio.

(D. 3199/2002, art. 19)

ART. 2.4.1.6.3.—Orientación del componente de asistencia técnica directa rural. El componente de asistencia técnica directa rural de los fondos que operen bajo la modalidad de competencia y libre concurrencia y sean administrados por el Gobierno Nacional, se orientará preferentemente a proyectos:

1. Formulados con grupos de productores que se encuentren dentro de la categoría de pequeños productores definida en el artículo tercero de la Ley 607 de 2000.

2. Presentados desde un esquema asociativo entre los municipios y/o las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural.

3. Generen impactos zonales, provinciales, distritales, subregionales o regionales.

(D. 3199/2002, art. 20)

CAPÍTULO 7

Seguimiento y evaluación del servicio de asistencia técnica directa rural

ART. 2.4.1.7.1.—Responsable en operación, seguimiento, evaluación y estrategia. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 607 de 2000, el sistema de evaluación y seguimiento del servicio de asistencia técnica directa rural que elaborará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del viceministro de asuntos agropecuarios en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, establecerá como responsable en su operación, seguimiento y evaluación, y en la estrategia para generar capacidad de gestión en desarrollo rural, a las secretarías de agricultura departamentales o quien haga sus veces.

PAR.—Las secretarías de agricultura departamentales o quien haga sus veces, a través del Consa informarán anualmente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los resultados de la evaluación para orientar las decisiones sobre asignación de recursos.

(D. 3199/2002, art. 21)

ART. 2.4.1.7.2.—Definición de criterios. El sistema de evaluación y seguimiento del servicio de asistencia técnica directa rural, deberá definir los criterios de eficiencia fiscal y administrativa y los indicadores de desempeño, aplicando los siguientes criterios:

1. Reducción de la pobreza rural.

2. Mejoramiento del bienestar de las comunidades rurales.

3. Conocimiento y uso oportuno, por parte de los grupos de pequeños y medianos productores rurales de los instrumentos de política.

4. Desarrollo de actividades y empresas competitivas.

5. Reconversión de procesos productivos.

6. Apropiación de los productores de nuevos conocimientos.

7. Pertinencia de los enfoques y principios de las metodologías y métodos utilizados para prestar el servicio. Se velará por que se trabaje con medios pedagógicos y didácticos que reconozcan las particularidades sociales y culturales de los grupos de pequeños y medianos productores.

8. Percepción de los productores sobre la prestación del servicio.

9. Eficiencia fiscal y administrativa.

(D. 3199/2002, art. 22)

TÍTULO 2

Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, Umata

ART. 2.4.2.1.—Incumplimiento de la creación y funcionamiento de la comisión municipal de tecnología y asistencia técnica y de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria. Las secretarías de agricultura departamentales o quien desempeñe sus funciones, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, informarán al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los municipios que no están cumpliendo con la creación y funcionamiento tanto de la comisión municipal de tecnología y asistencia técnica, como de la Umata.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enviará esta información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a las entidades cofinanciadoras, con el fin de que suspendan los giros destinados a financiar proyectos agropecuarios, forestales y pesqueros de aquellos municipios que no hayan cumplido dicho requisito.

(D. 1929/94, art. 3º)

ART. 2.4.2.2.—Distribución del presupuesto de ingresos corrientes de la Nación. Las oficinas de planeación municipal o quien desempeñe las funciones de manejo presupuestal serán las responsables de vigilar que la distribución del presupuesto de ingresos corrientes de la Nación, definidos en la Ley 60 de 1993, incluya en las respectivas vigencias:

1. El presupuesto para financiar, por lo menos, el costo de los servicios personales de la Umata básica, cuando el personal que la conforma haga parte de la planta de personal del municipio.

1.(sic) Cuando el servicio de la Umata sea contratado con una persona jurídica, el presupuesto para financiar el costo global del contrato, el cual en ningún caso debe ser inferior a dos años.

(D. 1929/94, art. 4º. Parágrafo derogado por la L. 607/2000, art. 21)

ART. 2.4.2.3.—Creación de la Umata por iniciativa popular. Con base en la información suministrada por las secretarías de agricultura sobre la no constitución de la Umata o incumplimiento de sus requisitos, por parte de los municipios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural autorizará, a las secretarías de agricultura o a quien desempeñe sus funciones, para que procedan a promover, entre los usuarios, la creación de la Umata en aquellos municipios que no las hayan conformado, o estén incumpliendo con los requisitos.

PAR.—Los municipios en los cuales se constituya la Umata por iniciativa popular, los usuarios podrán repetir contra el municipio todos los costos de operación de estas y los municipios tendrán la obligación de cubrirlos.

(D. 1929/94, art. 5º)

ART. 2.4.2.4.—Configuración. La comisión municipal de tecnología y asistencia técnica que creará el concejo municipal de desarrollo rural, estará conformada por las siguientes personas:

1. El alcalde o su delegado quien la presidirá.

2. Un representante de los profesionales del agro, preferiblemente con residencia en el municipio y, escogido por la comisión seccional de asistencia técnica, creada por el Decreto 2379 de 1991.

3. Un concejal escogido por el concejo municipal.

4. Cuatro usuarios del servicio de asistencia técnica, escogidos por ellos mismos, entre los inscritos en la Umata, en reunión especial citada, para tal fin, por el director de la Umata y el concejo municipal de desarrollo rural.

5. El director de la Umata, con voz, pero sin voto y quien actuará como secretario.

(D. 1929/94, art. 6º)

ART. 2.4.2.5.—Reuniones. La comisión municipal de tecnología y asistencia técnica se reunirá, como mínimo, una vez por semestre.

PAR.—En cada reunión de la comisión se levantará una acta la cual debe estar firmada por el presidente de la comisión, el secretario y uno de los usuarios del servicio, que forme parte de la comisión. Estas actas estarán a disposición de las secretarías de agricultura o quien desempeñe sus funciones.

(D. 1929/94, art. 7º)

ART. 2.4.2.6.—Informes. La comisión municipal de tecnología y asistencia técnica deberá informar, a más tardar el 30 de octubre de cada año, a la secretaría de agricultura o a quien desempeñe sus funciones sobre el funcionamiento de la Umata.

PAR.—Las actas de las reuniones de la comisión, así como los informes elaborados por ella son de carácter público.

(D. 1929/94, art. 8º)

ART. 2.4.2.7.—Vinculación del personal profesional y técnico que conforma la Umata. Las secretarías de agricultura, o quien desarrolle sus funciones, serán las encargadas de vigilar que el personal profesional y técnico que se vincule a la Umata como personal de planta del municipio, lo haga con sujeción a las normas y procedimientos de la carrera administrativa.

PAR.—Cuando la creación de la Umata se haga por iniciativa popular, el municipio vinculará a su planta de personal, como mínimo, los profesionales y técnicos que hagan parte de la unidad básica.

(D. 1929/94, art. 9º)

ART. 2.4.2.8.—Contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la Umata. El funcionamiento y servicio de la Umata podrá ser prestado bajo la modalidad de contrato, pero este será celebrado en forma exclusiva, con personas jurídicas conformadas para este fin y que cumplan con los requisitos previamente establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR.—Los contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la Umata, con personas jurídicas, no podrán ser celebrados por un término inferior a dos años.

(D. 1929/94, art. 10)

TÍTULO 3

Centros provinciales de gestión agroempresarial

CAPÍTULO 1

Objeto, creación, características y funciones de los centros provinciales de gestión agroempresarial

ART. 2.4.3.1.1.—Objeto. Los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural, fortaleciendo los encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial mediante la creación de centros provinciales de gestión agroempresarial, en adelante CPGA.

Los CPGA organizados conforme a lo dispuesto en el presente título, serán los organismos responsables de la coordinación, organización y gestión de los proyectos, negocios y planes generales de asistencia técnica directa rural, por encadenamientos productivos, que por su adecuada formulación garantizan el acceso a las entidades financieras, al capital de riesgo y a los instrumentos de política del Estado.

El servicio de asistencia técnica se prestará a través de las empresas prestadoras de servicios de asistencia técnica agroempresarial, debidamente acreditadas e inscritas ante las autoridades competentes y escogidas bajo principios de idoneidad, transparencia y libre escogencia.

Las acciones que adelanten los CPGA deberán enmarcarse dentro de la noción de cadenas productivas y de agregación de valor de que trata la Ley 811 de 2003.

(D. 2980/2004, art. 1º)

ART. 2.4.3.1.2.—Creación. Los centros provinciales de gestión agroempresarial estarán conformados por los municipios que voluntariamente se asocien, de conformidad con lo dispuesto en la ley, efecto para el cual deberá incluirse la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural en el objeto del convenio de asociación y en los estatutos correspondientes.

En el manejo de los recursos, el CPGA observará los principios del sistema presupuestal, contenidos en el estatuto orgánico del presupuesto y los contratos que celebren se sujetarán a las normas sobre contratación administrativa.

PAR. 1º—La responsabilidad del municipio como planificador y organizador de la asistencia técnica directa rural establecida en el artículo 6º de la Ley 607 de 2000, se ejercerá a través de su participación en el centro provincial de gestión agroempresarial. Las secretarías departamentales de agricultura o quien haga sus veces, tendrán la responsabilidad de coordinar la constitución, operación y consolidación de los CPGA.

PAR. 2º—Una vez constituido cada uno de los centros provinciales de gestión agroempresarial, los alcaldes de los municipios asociados en cada uno de los mismos, continuarán garantizando la prestación del servicio de asistencia técnica a través de los recursos físicos y financieros, que se comprometen a trasladar a los CPGA en el convenio de asociación correspondiente, desmontando las Umata para evitar duplicidad de funciones.

(D. 2980/2004, art. 2º)

ART. 2.4.3.1.3.—Características. Los centros provinciales de gestión agroempresarial, son organizaciones de gestión que agrupan municipios con características homogéneas y potencialidades comunes, para el desarrollo de la competitividad y el fortalecimiento del mercado de servicios de asistencia técnica directa rural, con enfoque agroempresarial.

(D. 2980/2004, art. 3º)

ART. 2.4.3.1.4.—Criterios para la conformación de los centros. Con el fin de apoyar la conformación de los CPGA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural consolidará un proceso de planificación regional y subregional, en función de la competitividad de los encadenamientos productivos, en coordinación con las secretarías departamentales de desarrollo agropecuario y las secretarías departamentales de planeación, o las instancias que hagan sus veces o cumplan sus funciones a nivel departamental, consolidando la caracterización de los municipios y de las áreas de desarrollo rural que estos integren, considerando, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las estructuras y oportunidades del mercado y de sus encadenamientos productivos.

2. Las áreas de desarrollo rural identificadas y priorizadas por el Incoder, o la entidad que haga sus veces.

3. Las prioridades de los planes de ordenamiento territorial y de los planes e instancias de participación y planeación, pertinentes, definidas por el Consa.

4. El impacto social, económico y ambiental de los programas, negocios y proyectos priorizados en el territorio.

5. El fortalecimiento de la participación de los productores, transformadores y comercializadores en los procesos de planeación del desarrollo rural y en el acceso a recursos e instrumentos de política del Estado.

6. Los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las alcaldías y los actores públicos y privados relacionados con el desarrollo rural, con la intención de conformar centros provinciales de gestión agroempresarial.

PAR.—En los territorios en los que exista presencia de resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas podrán demandar la prestación del servicio de asistencia técnica o conformar entidades prestadoras del servicio, según sus usos o costumbres.

(D. 2980/2004, art. 4º)

ART. 2.4.3.1.5.—Funciones de los centros provinciales de gestión agroempresarial. Son funciones de los CPGA:

1. Elaborar los planes generales de asistencia técnica rural, por encadenamientos productivos, en armonía con los planes de desarrollo departamentales y municipales.

2. Identificar, consolidar y trabajar en función de encadenamientos productivos en los términos de la Ley 811 de 2003.

3. Estimular la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de negocios agroempresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el acceso a los mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y transparente.

4. Fortalecer organizaciones de productores, transformadores y empresarios en torno a agronegocios y al desarrollo rural del territorio.

5. Estimular la capacidad de demanda de los campesinos empresarios de la asistencia técnica directa y de los demás instrumentos de política estatal para apoyo al sector agrícola.

6. Gestionar recursos para los proyectos avalados por el CPGA.

7. Contratar los servicios de asistencia técnica directa rural y agroempresarial.

8. Las demás previstas en la ley.

(D. 2980/2004, art. 5º)

CAPÍTULO 2

Estructura y funcionamiento de los centros provinciales de gestión agroempresarial

ART. 2.4.3.2.1.—Estructura y funcionamiento. Los centros provinciales de gestión agroempresarial, serán administrados por un gerente elegido por el consejo directivo y dentro de su estructura interna contará con una unidad de gestión y de administración.

(D. 2980/2004, art. 6º)

ART. 2.4.3.2.2.—Consejo directivo. Es el máximo órgano de dirección del CPGA y será la instancia de concertación, negociación y planificación del desarrollo competitivo del territorio. El consejo deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, quienes cumplirán sus funciones sin percibir ninguna remuneración y estará conformado de la siguiente forma:

1. Los alcaldes de los municipios asociados al CPGA.

2. Los representantes de los productores, transformadores y comercializadores de cada encadenamiento productivo priorizado en el territorio.

3. La secretaría(s) de agricultura departamental(es) o quien haga sus veces.

PAR.—La elección y el número de representantes de los encadenamientos productivos en el consejo directivo se efectuará por la asamblea, previa presentación de ternas por cada encadenamiento activo dentro del CPGA, garantizando la participación equitativa y directa de los productores, transformadores y comercializadores. En todo caso, la participación de estos representantes privados será del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los miembros que conformen el consejo. Los productores tendrán un número de miembros mayoritario.

(D. 2980/2004, art. 7º)

ART. 2.4.3.2.3.—Funciones del consejo directivo. Son funciones de los consejos directivos:

1. Seleccionar y designar al gerente del CPGA y fijarle su remuneración.

2. Hacer parte de los procesos de planificación territorial para el desarrollo rural.

3. Establecer mecanismos de coordinación entre las asociaciones formales e informales de productores, actores de los encadenamientos productivos, asociaciones de municipios, entidades prestadoras de servicios de asistencia técnica, entidades nacionales y departamentales vinculadas al desarrollo rural, universidades, fondos parafiscales.

4. Aprobar el modelo de gestión del CPGA y el perfil de los profesionales que conformarán la unidad de gestión y de administración.

5. De forma conjunta con la gerencia, seleccionará y contratará bajo un sistema concursal, las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica agroempresarial, debidamente acreditadas por las secretarías de agricultura, encargadas de prestar el servicio de asistencia técnica, a partir de las demandas identificadas en los planes generales de asistencia técnica.

6. Certificar las iniciativas de inversión de manera que puedan ser atendidas de manera prioritaria por parte de los instrumentos e incentivos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas.

7. Aprobar el presupuesto de gastos e inversión del CPGA.

8. Las demás que se le asignen en la reglamentación del presente título.

(D. 2980/2004, art. 8º)

ART. 2.4.3.2.4.—Gerente. Es el representante legal del centro provincial de gestión agroempresarial, quien lo administrará de conformidad con las directrices que imparta el consejo directivo.

Son funciones del gerente:

1. Aplicar el modelo de gestión y el plan de acción del CPGA conforme a las directrices del consejo directivo y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. Contratar los profesionales de la unidad de gestión y administración del CPGA.

3. Contratar las empresas prestadoras del servicio de asistencia técnica agroempresarial, de conformidad con el sistema concursal definido por el consejo directivo.

4. Convocar a los actores del mercado de servicios financiero y tecnológico que sean necesarios para consolidar los proyectos y negocios de los encadenamientos productivos priorizados por el CPGA.

5. Establecer las directrices a las que deben sujetarse los profesionales de la unidad de gestión y administración.

6. Las demás que se establezcan en los estatutos del CPGA.

(D. 2980/2004, art. 9º)

ART. 2.4.3.2.5.—Unidad de gestión y administración. Es la instancia de coordinación y gestión técnica, administrativa y financiera, integrada en lo posible por profesionales locales, que se encarga de coordinar los distintos actores, acompañar la planificación de los perfiles de negocios, de los planes generales de asistencia técnica para los encadenamientos productivos y de adelantar los procesos administrativos y financieros inherentes a su funcionamiento.

(D. 2980/2004, art. 10)

ART. 2.4.3.2.6.—Funciones de la unidad de gestión y administración. Funciones de la unidad de gestión y administración. Son funciones de la unidad de gestión y administración:

1. Realizar la gestión técnica y operativa p ara fortalecer la elaboración de planes de negocios incluidos los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la concreción de los mismos.

2. Elaborar de forma participativa con los actores del territorio, los planes generales de asistencia técnica, los cuales guiarán la contratación de los servicios con empresas prestadoras del servicio de asistencia.

3. Las demás que se le asignen en los estatutos.

(D. 2980/2004, art. 11)

CAPÍTULO 3

Entidades prestadoras de servicio de asistencia técnica y prácticas académicas obligatorias

ART. 2.4.3.3.1.—Entidades prestadoras de servicios de asistencia técnica. Los CPGA una vez conformados deberán contratar con entidades privadas, públicas mixtas, comunitarias o solidarias constituidas para el efecto, la prestación de los servicios de asistencia técnica.

Las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica podrán concursar para la ejecución de los planes generales de asistencia técnica de los encadenamientos productivos, de conformidad con los criterios de idoneidad y experiencia establecidos por los centros provinciales de gestión agroempresarial.

PAR.—Las secretarías de agricultura y desarrollo rural o quienes hagan sus veces, efectuarán el proceso de acreditación de las entidades prestadoras del servicio, garantizando:

1. Que las empresas prestadoras de servicios agroempresariales sean idóneas para acompañar a los empresarios del campo, en la identificación y formulación de proyectos, de negocios y en la aplicación de los planes generales de asistencia técnica, por encadenamiento productivo.

2. Que las empresas prestadoras de servicios agroempresariales puedan solicitar su acreditación en cualquier momento, la cual será válida para períodos de un año.

3. Que se cumpla el sistema de acreditación nacional dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual permitirá acreditaciones departamental o nacional, según la calificación obtenida.

(D. 2980/2004, art. 12)

ART. 2.4.3.3.2.—Prácticas académicas obligatorias. Para apoyar la prestación del servicio de asistencia técnica directa a través del CPGA, fundamentalmente el servicio gratuito a los pequeños productores agropecuarios, será obligatoria la realización de prácticas o pasantías en los municipios, por parte de los estudiantes de último año o semestre en todos los programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en el área de las ciencias agropecuarias y la ingeniería agronómica, agrícola, agrológica, pesquera, forestal, agroforestal, la administración agroindustrial, la administración de empresas agropecuarias, veterinaria, zootecnia, y otras carreras afines.

Las prácticas o pasantías obligatorias no podrán tener una duración inferior a seis (6) meses y su realización tendrá que ser verificado por la universidad o centro docente respectivo. Estas prácticas serán coordinadas y certificadas por los CPGA garantizando que las entidades prestadoras de los servicios de asistencia técnica rural lleven a cabo acciones de capacitación de los estudiantes y docentes y posibiliten el acceso a las granjas agrícolas y demás medios disponibles para la realización de las prácticas.

(D. 2980/2004, art. 13)

CAPÍTULO 4

Recursos

ART. 2.4.3.4.1.—Transferencia de recursos de los municipios. Los municipios que se asocien voluntariamente en función de la conformación de un centro provincial de gestión agroempresarial, deberán garantizar los recursos suficientes para su funcionamiento y la contratación de servicios de apoyo necesarios para la consolidación de los planes de negocios, proyectos de desarrollo rural y la asistencia técnica. Para tal efecto, en el convenio de asociación de los municipios para la conformación del CPGA, cada municipio se comprometerá a transferir los recursos libremente acordados, los cuales solo podrán ser usados para contratar los servicios de asistencia técnica directa rural, según los planes generales definidos por el CPGA.

Los recursos se manejarán de conformidad con el presupuesto de gastos e inversiones que deberá aprobar el consejo directivo.

(D. 2980/2004, art. 14)

ART. 2.4.3.4.2.—Otros recursos e ingresos de los centros provinciales de gestión agroempresarial. Otros recursos e ingresos del CPGA:

1. Los CPGA podrán percibir la remuneración que se autorice, por concepto de la prestación de servicios a medianos productores, diferente a la propia prestación del servicio de asistencia técnica rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá los parámetros mínimos que unifiquen los criterios que deberá tener en cuenta el centro para el cobro de tarifas.

2. Por los recursos que los municipios integrantes del CPGA gestionen ante otros entes del orden departamental, regional o internacional, gubernamentales o no gubernamentales.

3. Los proyectos y planes de negocios avalados por los CPGA, serán priorizados para la asignación de recursos del Gobierno Nacional, a través de las entidades que integran el sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Por los ingresos de recursos propios que destinen los concejos municipales.

5. Por los recursos de cooperación técnica y financiera que los centros gestionen ante la comunidad internacional.

6. Por los ingresos obtenidos por la prestación de servicios estratégicos en el territorio.

(D. 2980/2004, art. 15)

CAPÍTULO 5

Institucionalidad

ART. 2.4.3.5.1.—Coordinación para la planificación. El CPGA hará parte en la definición de las directrices que las entidades correspondientes coordinen con relación al sistema sectorial de planeación. En este sentido, las iniciativas de inversión y los proyectos productivos empresariales, identificados y formulados desde los CPGA se deberán articular a los planes de desarrollo departamental, regional y municipal vigentes en la estructura política colombiana, así como a los planes de ordenamiento territorial, definidos por la ley de ordenamiento territorial.

(D. 2980/2004, art. 16)

ART. 2.4.3.5.2.—De la articulación institucional. Las entidades del orden nacional adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se vincularán al CPGA a fin de apoyar su estructuración y funcionamiento, a través de planes operativos que atiendan sus demandas y otras que voluntariamente decidan hacerlo y tengan interés en el tema.

(D. 2980/2004, art. 17)

CAPÍTULO 6

Seguimiento, evaluación y control

ART. 2.4.3.6.1.—Sistema de evaluación, seguimiento y control. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá el sistema de evaluación, seguimiento y control para los CPGA, el cual deberá garantizar la participación de los productores, transformadores y comercializadores del campo en cada territorio.

(D. 2980/2004, art. 18)

PARTE 5

Incentivo a la capitalización rural, ICR

ART. 2.5.1.—Incentivo de capitalización rural. El incentivo a la capitalización rural es un derecho personal intransferible que, previo el cumplimiento de determinadas condiciones, se da a toda persona natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de inversión financiado total o parcialmente, con un crédito redescontado en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, de conformidad con lo dispuesto en este título y en las reglamentaciones que expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, CNCA.

PAR.—Por vía de excepción, la CNCA podrá extender los beneficios del incentivo a la capitalización rural a personas que ejecuten proyectos de inversión financiados con créditos no redescontados en Finagro, siempre y cuando las condiciones de su otorgamiento correspondan a las definidas por dicha comisión.

(D. 626/94, art. 1º)

ART. 2.5.2.—Definición de los proyectos y actividades objeto del incentivo. La CNCA con base en lo dispuesto en esta Parte y en las políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá los proyectos y actividades específicas que serían objeto del Incentivo, tomando en cuenta para ello que su finalidad sea elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera.

Los proyectos de inversión serán económicamente viables, de duración definida, físicamente verificables y orientados, de manera general, a estimular la formación bruta de capital fijo o a adelantar programas de modernización y de reconversión tecnológica en áreas geográficas y productos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y a obtener en particular:

1. Mejoramientos en la productividad o disminuciones en los costos unitarios de producción.

2. Mejoras en la comercialización que eleven la capacidad de negociación de los pescadores y productores del agro, o les permitan la reducción de pérdidas físicas y de costos.

3. Estímulos a la producción de insumos y la prestación de servicios que generen saltos tecnológicos en la producción agropecuaria y pesquera, a juicio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de sus entidades especializadas.

4. Estímulos a la transformación de bienes agropecuarios y productos de la pesca que posibiliten a sus productores la generación de mayor valor agregado.

PAR.—La adquisición de tierras y el capital de trabajo requeridos para adelantar los procesos productivos de que trata este artículo no serán objeto de reconocimiento del incentivo a la capitalización rural.

Sin embargo, cuando se trate de programas de modernización o de reconversión tecnológica orientados a áreas geográficas y productos previamente definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la CNCA podrá autorizar el reconocimiento del Incentivo sobre el capital de trabajo, por una sola vez en cada programa, con referencia al diferencial en el costo de insumos demandados por las tecnologías que se abandonan y las nuevas que se incorporan.

(D. 626/94, art. 2º)

ART. 2.5.3.—Acceso individual. Cuando de la ejecución de un proyecto de inversión se deriven beneficios a diferentes personas, estas podrán acceder individualmente al incentivo. En tal caso, tanto el proyecto en su conjunto como las personas, individualmente consideradas, deberán acreditar las condiciones señaladas para ambos en este título y en las normas que para tal efecto dicten la CNCA y Finagro.

(D. 626/94, art. 3º)

ART. 2.5.4.—No concurrencia de incentivos. Los proyectos de inversión de que trata este título no serán objeto de incentivo a la capitalización rural cuando para su financiación consideren o reciban otros incentivos o subsidios concedidos por el Estado con la misma finalidad.

PAR.—Se exceptúan de esta prohibición los incentivos otorgados a través de tasas de interés preferenciales y los incentivos otorgados a pequeños productores de conformidad con los términos y condiciones que establezca la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para estos efectos.

(D. 626/94, art. 4º, modificado por el D. 2590/97, art. 1º)

ART. 2.5.5.—Criterios. Para el manejo del incentivo a la capitalización rural, la CNCA y Finagro, en lo de sus competencias, distinguirán tres eventos a saber: la elegibilidad, el otorgamiento y el pago.

(D. 626/94, art. 5º)

ART. 2.5.6.—Elegibilidad. Mediante la elegibilidad, Finagro define y comunica si el proyecto de inversión presentado a su consideración y el solicitante pueden ser objeto y sujeto del incentivo.

La elegibilidad de un proyecto de inversión será determinada, a solicitud expresa del interesado, una vez se haya establecido la disponibilidad presupuestal de recursos, evaluado sus características técnicas, financieras, de costo, ambientales y de organización, y verificado el cumplimiento de las condiciones generales señaladas para el efecto en este decreto y las particulares indicadas por la CNCA y Finagro.

PAR. 1º—Dentro del lapso de un año, una persona natural o jurídica, no podrá ser sujeto elegible para el reconocimiento del Incentivo por más de una vez.

PAR. 2º—Las solicitudes presentadas para la elegibilidad, otorgamiento y pago del incentivo no constituyen ejercicio del derecho de petición; ni su recepción, estudio o definición implican actuaciones de carácter administrativo ni dan derecho a recursos de esa naturaleza.

(D. 626/94, art. 6º)

ART. 2.5.7.—Comunicación. En la comunicación de elegibilidad se indicará, entre otros, el monto del incentivo, la vigencia de la elegibilidad y las condiciones generales y particulares cuyo cumplimiento habrá de evidenciarse por el solicitante del Incentivo, para que el mismo pueda ser otorgado.

(D. 626/94, art. 7º)

ART. 2.5.8.—Falta de cumplimiento de las condiciones. El no cumplimiento de las condiciones generales y particulares que ha de evidenciar el solicitante del Incentivo para acceder a su otorgamiento, dentro de la vigencia señalada en la comunicación de elegibilidad, hará perder la validez y efectos de esta.

No obstante, sin perjuicio de las normas presupuestales, Finagro podrá ampliar el período de su vigencia, por una sola vez, cuando ocurran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas conforme al reglamento.

(D. 626/94, art. 8º)

ART. 2.5.9.—Costos de referencia. En la definición de políticas aplicables para la operatividad del incentivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá establecer costos de referencia unitarios para los proyectos y actividades de inversión, los cuales servirán de base a la CNCA para determinar los porcentajes y montos del incentivo.

(D. 626/94, art. 9º)

ART. 2.5.10.—Facultades de la CNCA. Dentro de la facultad que tiene la CNCA de establecer los montos, modalidades y condiciones de los proyectos de inversión objeto del incentivo a la capitalización rural, la misma podrá, en adición a lo señalado en este título, regular la elegibilidad de predios o explotaciones, determinar los porcentajes de reconocimiento del incentivo y definir montos máximos para los mismos.

(D. 626/94, art. 10)

ART. 2.5.11.—Otorgamiento. Mediante el otorgamiento, Finagro reconocerá el derecho al incentivo a la capitalización rural en favor del ejecutor de un proyecto de inversión, cuando este haya evidenciado el cumplimiento de los términos y condiciones estipulados en la comunicación de elegibilidad.

PAR.—El otorgamiento del incentivo se asimila al título mediante el cual se reconoce el certificado de incentivo a la capitalización rural.

(D. 626/94, art. 11)

ART. 2.5.12.—Pago. Mediante el pago, Finagro hace efectivo el incentivo a la capitalización rural otorgado, para lo cual procederá con sujeción al situado de fondos que en su tesorería haya efectuado la Nación.

PAR.—El pago del incentivo se efectuará mediante el abono que haga el intermediario de crédito a la deuda que con él tiene el beneficiario por concepto del préstamo otorgado para financiar el proyecto de inversión objeto del mismo.

(D. 626/94, art. 12)

ART. 2.5.13.—Verificación. Finagro en su calidad de administrador de los recursos destinados al programa de incentivos a la capitalización rural y los intermediarios financieros, dentro de las acciones de evaluación, aprobación y seguimiento de los créditos y del control de sus correspondientes inversiones, verificarán, según les corresponda, el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, de otorgamiento y pago del incentivo, de conformidad con los términos reglamentados por la CNCA.

(D. 626/94, art. 13)

ART. 2.5.14.—Gastos operativos. Los gastos operativos que demande la administración y control del programa de incentivos a la capitalización rural serán cubiertos por Finagro con cargo a los recursos presupuestales apropiados por el Gobierno Nacional para atender el incentivo, para lo cual la CNCA aprobará el correspondiente presupuesto anual de gastos, sin exceder el 5% del total asignado.

(D. 626/94, art. 14)

ART. 2.5.15.—Establecimiento de condiciones. La CNCA y Finagro, en los ámbitos de sus competencias, establecerán las condiciones, términos y formalidades requeridas para la plena operatividad del incentivo.

(D. 626/94, art. 15)

ART. 2.5.16.—Contratación de terceros para la difusión, administración y verificación de la elegibilidad, otorgamiento y pago del incentivo. Finagro podrá adelantar la difusión, administración y verificación de la elegibilidad, otorgamiento y pago del incentivo a la capitalización rural directamente, o contratar dichos servicios con terceros, bajo su supervisión.

(D. 626/94, art. 16)

PARTE 6

Coberturas cambiarias

ART. 2.6.1.—Creación del programa de incentivo de cobertura cambiaria. Se crea el programa de incentivo a la cobertura cambiaria, ICC, para promover la utilización de los instrumentos financieros de cobertura de riesgo cambiario por parte de los productores agrícolas nacionales exportadores. Serán beneficiarios del programa los productores agrícolas exportadores que además de cumplir con los criterios establecidos en el documento Conpes 3332 del 22 de diciembre de 2004, adopten mecanismos de cobertura cambiaria en el sistema financiero.

El incentivo será de doscientos pesos moneda corriente ($ 200.00) por dólar de los Estados Unidos de América, cubierto a partir del 1º de enero de 2005.

El monto máximo del incentivo para cada beneficiario es el valor FOB de sus exportaciones durante 2004 multiplicado por doscientos pesos moneda corriente ($ 200.00).

Si el valor de la cobertura es inferior al valor FOB de sus exportaciones durante 2004, el incentivo aplicará al valor cubierto ante el sistema financiero por doscientos pesos ($ 200.00) moneda corriente.

PAR.—Se reconocerá el incentivo bajo el mecanismo definido en el reglamento operativo a ser expedido por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Hacienda y Crédito Público, sujeto a la disponibilidad de recursos del programa.

(D. 4390/2004, art. 1º)

ART. 2.6.2.—Administración. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, administrará los recursos del programa bajo convenio con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—La implementación y operatividad del presente programa será establecido a través del reglamento operativo a ser expedido por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Hacienda y Crédito Público.

(D. 4390/2004, art. 2º)

PARTE 7

Pacto nacional por el agro y el desarrollo rural

TÍTULO 1

Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural

ART. 2.7.1.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto organizar el sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

(D. 1987/2013, art. 1º)

ART. 2.7.1.2.—Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Organícese el sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, que integra y articula el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos y programas adoptados y ejecutados por el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial de que trata la Ley 301 de 1996; los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea; y los concejos municipales de desarrollo rural de que trata el artículo 89 de la Ley 160 de 1994.

PAR.—El sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural contará con una secretaría técnica, ejercida conjuntamente por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Trabajo.

(D. 1987/2013, art. 2º)

ART. 2.7.1.3.—Objetivo del sistema. El sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social que por medio de este decreto se crea tiene como fin principal coordinar las actividades que realizan las instancias públicas, privadas y de inclusión social relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, planes y proyectos necesarios para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

(D. 1987/2013, art. 3º)

ART. 2.7.1.4.—Funciones. El sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural tendrá como funciones:

1. Apoyar la articulación de las iniciativas y acciones que se adelanten en las diferentes entidades públicas relacionadas con el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

2. Asesorar al Presidente de la República y al Gobierno Nacional en la formulación de los lineamientos para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, en concordancia con los planes y programas de desarrollo del país.

3. Proponer un modelo de gestión que incluya la asignación de responsabilidades; sistemas de medición y seguimiento de indicadores del cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, rendición de cuentas y divulgación ante la sociedad civil de los resultados de su gestión.

4. Proponer acciones para la modernización de instituciones y normas que afecten el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

5. Las demás inherentes al cumplimiento de los objetivos del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

(D. 1987/2013, art. 4º)

ART. 2.7.1.5.—Instancias de articulación. La articulación del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural se realizará en el nivel municipal a través de los concejos municipales de desarrollo rural; en el nivel departamental a través de los Consea y en el nivel nacional a través del Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial, instancias que tendrán a su cargo labores de coordinación y diálogo entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales, las comunidades rurales y las entidades públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

PAR.—Del desarrollo de las acciones ejecutadas por estos consejos en el marco del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, se dará cuenta a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Trabajo, para los fines propios del ejercicio de la secretaría técnica del sistema.

(D. 1987/2013, art. 5º)

ART. 2.7.1.6.—Integración. Para los efectos del cumplimiento del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, los concejos municipales de desarrollo rural sesionarán de forma ampliada, integrados así:

1. El alcalde, quien lo presidirá.

2. Representantes del concejo municipal.

3. Representantes de las entidades públicas nacionales o regionales que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio.

4. Representantes de las organizaciones de campesinos y de los gremios con presencia en el municipio.

5. Representantes de las centrales obreras y federaciones sindicales agrarias.

6. Representantes de las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

7. Representantes de las organizaciones de mujeres.

8. Representantes de las organizaciones indígenas.

9. Representantes de las organizaciones afrodescendientes, y

10. Representantes de las comunidades rurales del municipio.

PAR.—La participación y representación de las organizaciones sociales en cada concejo municipal de desarrollo rural, será determinada por el Ministerio del Trabajo, en ejercicio de la función de promoción del diálogo social.

(D. 1987/2013, art. 6º)

ART. 2.7.1.7.—Funciones. Los concejos municipales de desarrollo rural, en el marco de las acciones derivadas del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, tendrán las siguientes funciones:

1. Asesorar a las instancias del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social en la toma de decisiones para el desarrollo rural, entendido como la mejoría del nivel de vida en el campo.

2. Asesorar a las instancias del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para la formulación de políticas de productividad, entendidas como medidas para mejorar los ingresos de los productores.

3. Asesorar a las instancias del sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social en la política de tenencia, distribución y restitución de tierras.

4. Participar en la formulación de propuestas para la política de inclusión de la mujer campesina.

PAR. 1º—Los concejos municipales de desarrollo rural no tienen competencia en los procedimientos de adquisición, constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de territorios de los pueblos indígenas.

PAR. 2º—Convocatoria. Los concejos municipales de desarrollo rural deberán ser convocados de manera pública y transparente, garantizando la mayor cobertura posible. Para este propósito, la alcaldía utilizará los medios masivos de comunicación con los que cuente el municipio, en donde informará de manera clara y precisa la fecha, el lugar, la hora y el propósito de la convocatoria. En cualquier caso, la convocatoria deberá ser publicada en la página electrónica del municipio.

PAR. 3º—Para efectos de garantizar la participación de los actores que no puedan asistir a las sesiones del consejo, deberá ofrecerse un mecanismo apropiado para que estos puedan hacer llegar sus propuestas a efectos de que estas sean tenidas en cuenta en los concejos municipales de desarrollo rural.

(D. 1987/2013, art. 7º. Par. 1º, 2º y 3º, adicionados por el D. 2526/ 2014, art. 1º)

ART. 2.7.1.8.—Coordinación de las instancias de articulación. En el marco de las acciones derivadas del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Trabajo, velarán por que los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea, y el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial adecuen, en lo que sea pertinente, su integración y funcionamiento para actuar como instancias de articulación del sistema que por este decreto se crea.

(D. 1987/2013, art. 8º)

TÍTULO 2

Lineamientos generales para la cofinanciación de los proyectos en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural

ART. 2.7.2.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la cofinanciación de los proyectos en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.

(D. 1567/2014, art. 1º)

ART. 2.7.2.2.—Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente título y de los actos administrativos que se expidan con posterioridad para su desarrollo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. Pequeño productor. Es toda persona cuyos activos totales no superen los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv), incluidos los del cónyuge.

2. Mediano productor. Es toda persona cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.500 smlmv), incluidos los del cónyuge.

(D. 1567/2014, art. 2º)

ART. 2.7.2.3.—Líneas de cofinanciación de los proyectos. Las líneas de los proyectos a ser cofinanciados en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, serán las siguientes:

1. En los municipios

a) Proyectos productivos municipales;

b) Vivienda rural;

c) Empleo rural temporal.

2. En los departamentos

a) Proyectos productivos departamentales;

b) Acceso a tierras y formalización de la propiedad;

c) Riego y drenaje de pequeña y mediana escala.

(D. 1567/2014, art. 3º)

ART. 2.7.2.4.—Quiénes pueden presentar proyectos. Podrán presentar los proyectos de qué trata el artículo 2.7.2.3 del presente decreto, los siguientes:

1. Organizaciones sociales y asociaciones de campesinos.

2. Cooperativas agropecuarias de primer y segundo grado.

3. Empresas comunitarias y formas asociativas.

4. Asociaciones gremiales agropecuarias.

5. Centros de formación agropecuaria.

6. Grupos étnicos.

7. Juntas de acción comunal.

8. Entidades territoriales.

(D. 1567/2014, art. 4º)

ART. 2.7.2.5.—Beneficiarios de los proyectos a ser cofinanciados en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Únicamente podrán ser beneficiarios de los proyectos a ser cofinanciados en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, los pequeños y medianos productores definidos en el presente decreto.

(D. 1567/2014, art. 5º)

ART. 2.7.2.6.—Monto máximo a cofinanciar. El monto máximo de cofinanciación para cada una de las líneas de los proyectos será:

1. En los municipios:

a) Proyectos productivos municipales: La cofinanciación por cada uno de los proyectos productivos municipales, será de hasta cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 smlmv);

b) Vivienda rural. Los subsidios de mejoramiento y saneamiento básico de vivienda rural serán de hasta dieciséis salarios mínimos legales mensuales vigentes (16 smlmv) y los de construcción de vivienda nueva, hasta veinticuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (24 smlmv);

c) Empleo rural temporal. La cofinanciación de los proyectos de empleo rural temporal, será de hasta cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 smlmv).

2. En los departamentos:

a) Proyectos productivos departamentales. La cofinanciación por cada proyecto productivo departamental, será de hasta cuatro mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (4.000 smlmv);

b) Acceso a tierras y proyectos de formalización de la propiedad. El subsidio integral directo de reforma agraria y el monto del apoyo a los proyectos de formalización de la propiedad, será definido por el Gobierno Nacional;

c) Riego y drenaje de pequeña y mediana escala. El monto máximo a cofinanciar en los proyectos de riego y drenaje será de hasta cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000) moneda corriente, para construcción de nuevos proyectos o ampliación de proyectos de riego o riego y drenaje; hasta dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000) moneda corriente, para la construcción de nuevos proyectos o ampliación de proyectos de drenaje y hasta dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000) moneda corriente, para rehabilitación de distritos de riego y/o drenaje.

(D. 1567/2014, art. 6º)

ART. 2.7.2.7.—Porcentaje de contrapartida. El valor mínimo de la contrapartida que deben aportar los proponentes será del veinte por ciento (20%) del valor del proyecto, la cual podrá estar representada en dinero, bienes y servicios de acuerdo a la línea de los proyectos que serán cofinanciados.

PAR.—Se exceptúa de lo establecido en el presente artículo, los proyectos de la línea de cofinanciación de acceso a tierras - subsidio integral de reforma agraria, SIRA. También se exceptúan aquellos proyectos en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, determine que por su trascendencia social, puede ser objeto de financiación hasta en un noventa por ciento (90%).

(D. 1567/2014, art. 7º)

ART. 2.7.2.8.—Priorización de los proyectos. Los proyectos a ser cofinanciados en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, serán priorizados por las siguientes instancias:

1. Concejos municipales de desarrollo rural, CMDR. Los concejos municipales de desarrollo rural, CMDR, priorizarán los proyectos que se orienten al mejoramiento de los ingresos y de las condiciones de vida de los productores agropecuarios a través de proyectos productivos municipales, vivienda rural y empleo rural temporal. Las entidades y organizaciones citadas en el artículo 2.7.2.4 del presente decreto, presentarán el proyecto al concejo municipal de desarrollo rural, CMDR, para que sean priorizados y posteriormente postulados por los presidentes de estos consejos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para continuar con los trámites correspondientes.

2. Consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea. Los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea, priorizarán los proyectos que se orienten a proyectos productivos departamentales, el acceso a la tierra y formalización de la propiedad y al desarrollo de proyectos de riego y drenaje de pequeña y mediana escala. Las entidades y organizaciones citadas en el artículo 2.7.2.4 del presente decreto, presentarán el proyecto al consejo seccional de desarrollo agropecuario, Consea, para que sean priorizados y posteriormente postulados por los presidentes de estos consejos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para continuar con los trámites correspondientes.

La selección y priorización de los proyectos por parte de los concejos municipales de desarrollo rural, CMDR, y de los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea, se hará considerando los siguientes criterios:

1. Que beneficie al mayor número de productores.

2. Que se oriente a promover el desarrollo agropecuario competitivo y el desarrollo rural de la región.

3. Que promueva la sostenibilidad de las actividades productivas y la generación de ingresos de la región.

PAR. 1º—La selección y priorización de los proyectos por parte de los concejos municipales de desarrollo rural, CMDR, y de los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea, se realizará mediante la verificación de un documento que contenga el proyecto estructurado y refleje en este, su viabilidad técnica, económica, comercial y financiera, atendiendo la naturaleza de cada una de las líneas de cofinanciación en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. En total, cada Consejo no podrá priorizar más de cinco proyectos respectivamente.

PAR. 2º—Una vez seleccionados y priorizados los proyectos, los concejos municipales de desarrollo rural, CMDR, y los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, Consea, enviarán al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante comunicación suscrita por el presidente del respectivo consejo:

1. El acta de la sesión del consejo firmada por cada uno de los miembros asistentes, acompañada de los proyectos priorizados y los documentos requeridos para continuar con el proceso, y

2. Una certificación expedida por la autoridad territorial competente, donde señale que los proyectos cumplieron con los requisitos previstos en el presente decreto y fueron priorizados con la participación de representantes de las organizaciones y comunidades miembros de los respectivos consejos.

(D. 1567/2014, art. 8º)

ART. 2.7.2.9.—Ventanilla única de distribución de proyectos. Establézcase en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la ventanilla única de distribución de proyectos, a través de la cual se recepcionarán y distribuirán los proyectos en las entidades correspondientes de acuerdo a la línea de cofinanciación.

(D. 1567/2014, art. 9º)

ART. 2.7.2.10.—Responsables de la operación de las líneas de los proyectos a ser cofinanciados en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. La operación de las líneas de los proyectos a ser cofinanciados en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, estará a cargo de las siguientes entidades:

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en las líneas de cofinanciación de los proyectos productivos municipales y departamentales.

2. Banco Agrario de Colombia S.A, en la línea de cofinanciación de vivienda rural.

3. Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, para la línea de empleo rural temporal.

4. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para las líneas de cofinanciación de acceso a tierras, formalización de la propiedad y riego y drenaje de pequeña y mediana escala.

PAR.—La operación de los proyectos a la que hace referencia el presente artículo, comprenderá entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento de los requisitos, la calificación y evaluación técnica y financiera de los proyectos, la aprobación de la cofinanciación, la asignación de recursos y el seguimiento a la ejecución de los proyectos.

(D. 1567/2014, art. 10)

ART. 2.7.2.11.—Requisitos de los proyectos que se presenten en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Los proyectos que se presenten en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, deberán cumplir con los siguientes requisitos, atendiendo a la línea de cofinanciación correspondiente:

1. Proyectos productivos municipales y departamentales

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del CMDR o Consea correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos consejos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto;

b) Solicitud de cofinanciamiento, la cual deberá estar diligenciada en el formato que se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;

c) Proyecto que se presenta para la cofinanciación, el cual debe contener: descripción; justificación técnico-económica, comercial y financiera, ente ejecutor responsable del mismo; listado de beneficiarios, nombre y apellidos completos y número de identificación; costo total del proyecto, identificando las fuentes de la contrapartida debidamente respaldadas y certificadas, en caso de tratarse de entidades públicas, estas deberán adjuntar el CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) correspondiente al monto de la contrapartida. En caso de tener aportes en especie de la comunidad, se deberá adjuntar la respectiva carta de compromiso y cuando la contrapartida esté representada en bienes inmuebles, se deberá adjuntar el documento que acredite el uso y goce de este, durante el tiempo de duración del proyecto; Cronograma del proyecto con flujo de recursos para su desarrollo y flujo de caja del mismo;

d) Certificado de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente, cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del alcalde o gobernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las comunidades indígenas, registro de la autoridad tradicional indígena y/o representante de resguardos y/o comunidades indígenas, expedido por el Ministerio del Interior;

e) Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente en donde se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

f) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal.

g) Fotocopia del RUT.

2. Vivienda rural

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del CMDR correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos consejos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto;

b) Certificado de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente, cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del alcalde o gobernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las comunidades indígenas, registro de la autoridad tradicional indígena y/o representante de resguardos y/o comunidades indígenas, expedido por el Ministerio del Interior;

c) Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado;

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal;

e) Fotocopia del RUT;

f) Los miembros del hogar postulado en los proyectos deben ser colombianos debidamente identificados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil;

g) Los hogares postulados en los proyectos deben demostrar que son propietarios y/o poseedores de un predio en área rural.

h) Los hogares postulados en los proyectos deben tener un puntaje Sisbén entre 0 y 40, 75;

i) Los proyectos deben estar entre cinco (5) y sesenta (60) soluciones de vivienda subsidiables, en atención a hogares constituidos por lo menos de dos (2) personas.

3. Empleo rural temporal

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del CMDR correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos consejos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto;

b) Certificado de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente, cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del alcalde o gobernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las comunidades indígenas, registro de la autoridad tradicional indígena y/o representante de resguardos y/o comunidades indígenas, expedido por el Ministerio del Interior;

c) Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado;

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal;

e) Fotocopia del RUT;

f) Solicitud de cofinanciamiento la cual deberá ser diligenciada en el formato diseñado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;

g) Documento que contenga la descripción del proyecto, donde se detalle las actividades y la contribución que haría el mismo en el desarrollo socioeconómico del campo;

h) Cronograma de ejecución del proyecto;

i) En caso que el proyecto lo amerite, certificado de tradición y libertad con máximo con 3 meses de expedición, donde se evidencie la propiedad pública del predio;

j) Certificado firmado por el representante legal de la organización ejecutora del proyecto, donde conste la disponibilidad de recursos operativos, su origen, cuantía y destinación, que servirán como contrapartida necesaria para la exitosa ejecución del proyecto.

4. Acceso a tierras

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del Consea correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos consejos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

b) Certificado de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente, cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del alcalde o gobernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las comunidades indígenas, registro de la autoridad tradicional indígena y/o representante de resguardos y/o comunidades indígenas, expedido por el Ministerio del Interior;

c) Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado;

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal;

e) Fotocopia del RUT;

f) Los beneficiarios del proyecto deben ser campesinos colombianos mayores de 16 años, que no sean propietarios de tierras y con tradición en labores rurales mínima de cinco (5) años;

g) Los aspirantes deben tener un puntaje del Sisbén entre 0 y 49, 3 dentro de las áreas 2 y 3 del sistema.

5. Formalización de propiedad

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del Consea correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos consejos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto;

b) Certificado de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente, cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del alcalde o gobernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las comunidades indígenas, registro de la autoridad tradicional indígena y/o representante de resguardos y/o comunidades indígenas, expedido por el Ministerio del Interior;

c) Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado;

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal;

e) Fotocopia del RUT;

f) La propuesta deberá identificar al menos: El número de beneficiarios, el tipo de beneficiarios, y si diera a lugar, las condiciones especiales de los mismos.

6. Riego y drenaje de pequeña y mediana escala

Serán requisitos comunes para los proyectos de riego y drenaje de pequeña y mediana escala los siguientes:

a) Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del Consea correspondiente, en donde conste que fueron priorizados por los respectivos consejos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto;

b) Certificado de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente, cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del alcalde o gobernador, cuando el proponente sea una alcaldía o departamento y para el caso de las comunidades indígenas, registro de la autoridad tradicional indígena y/o representante de resguardos y/o comunidades indígenas, expedido por el Ministerio del Interior;

c) Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie que tanto la organización proponente como su representante legal, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado;

d) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal;

e) Fotocopia del RUT.

6.1. Distritos de pequeña escala

a) Beneficiarios: Hasta 20 productores;

b) Área a beneficiar: Hasta 500 hectáreas;

c) Presencia de pequeños y medianos productores mayor al 80%;

d) Productores organizados en asociación de usuarios;

e) Cofinanciación del proyecto: Pequeño productor 80% Nación y 20% productor y mediano productor 75% Nación y 25% productor.

6.2. Distritos de mediana escala

a) Beneficiarios: Mayor a 20 productores;

b) Área a beneficiar: 500 hectáreas y hasta 5.000 hectáreas;

c) Presencia de pequeños y medianos productores mayor al 80%;

d) Productores organizados en asociación de usuarios;

e) Proyectos con estudios y diseños actualizados, incluyendo plan agropecuario;

f) Cofinanciación del proyecto: Pequeño productor 80% Nación y 20% productor; mediano productor 75% Nación y 25% productor y gran productor 65% Nación y 35% productor.

6.3. Rehabilitación de distritos de pequeña escala

a) Estudios y diseños de las obras a rehabilitar;

b) Productores organizados en asociación de usuarios;

c) Plan agropecuario en el cual se describan los cultivos, el mercado y la comercialización;

d) Presencia de un plan de acompañamiento y fortalecimiento de la asociación para garantizar la operación, administración y mantenimiento del distrito.

(D. 1567/2014, art. 11)

ART. 2.7.2.12.—Calificación de los proyectos que se presenten en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Los proyectos serán calificados por las entidades a las que hace referencia el artículo 2.7.2.10 del presente decreto de conformidad con los criterios que a continuación se establecen para cada línea.

1. Proyectos productivos municipales y departamentales

a) Número de jornales;

b) Incorporación de innovación tecnológica;

c) Contrapartida del proponente;

d) Número de pequeños productores;

e) Inversión total orientada a la generación de valor agregado.

2. Vivienda rural. Los proyectos de vivienda rural que se presente en el marco del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, serán calificados de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente que regula la materia y los criterios que a continuación se establecen:

a) Tipo de hogar;

b) Miembros del hogar;

c) Pobreza;

d) Déficit vivienda rural;

e) Arquitectónicos - Metro adicionales a los mínimos exigidos;

f) Financieras - Aporte adicional a la contrapartida.

3. Empleo rural temporal

a) Tipo de actividad que desarrolla el proyecto;

b) Número de trabajadores vinculados;

c) Peso porcentual de la contrapartida respecto al costo del proyecto.

4. Acceso a tierras

a) Mayor índice de pobreza multidimensional, IPM, rural del departamento;

b) Mayor experiencia agropecuaria o agroindustrial;

c) Asociatividad;

d) Condiciones especiales;

e) Pertenencia a grupos étnicos;

f) Mayor número de personas a cargo.

5. Formalización de la propiedad

a) Mayor IPM rural del departamento;

b) Mayor número de aspirantes a titulación;

c) Aporte o contrapartida;

d) Condiciones especiales del hogar;

e) Pertenencia a grupos étnicos.

6. Riego y drenaje a pequeña y mediana escala

a) Estructuración del proyecto;

b) Competitividad;

c) Compatibilidad con el uso del suelo;

d) Viabilidad ambiental;

e) Asociatividad de pequeños productores;

f) Plan agropecuario en el cual se describa los cultivos, el mercado y la comercialización.

PAR. 1º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en el ámbito de sus competencias, fijarán el puntaje de calificación de cada uno de los criterios establecidos en este artículo, así como el proceso de viabilización técnica y financiera, la aprobación de los proyectos y demás disposiciones requeridas para la correcta ejecución y transparencia del proceso.

La calificación se efectuará en términos cuantitativos, sobre cien (100) puntos, siendo el puntaje mínimo para ser considerado en la posible asignación de recursos setenta (70) puntos. Los proyectos que obtengan una calificación igual o superior a setenta (70) puntos, pasarán a la evaluación técnica y financiera y de ser esta favorable, recibirán la correspondiente aprobación.

PAR. 2º—Los proyectos de vivienda rural quedarán exceptuados del puntaje mínimo descrito en este artículo, cuyas condiciones de calificación, serán las establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 1567/2014, art. 12)

ART. 2.7.2.13.—Asignación de recursos. Obtenida la aprobación de los proyectos, se asignarán los recursos correspondientes iniciando por aquellos de mayor puntaje, con sujeción a la disponibilidad presupuestal y de conformidad con el reglamento que sobre las líneas de cofinanciación se establezca.

(D. 1567/2014, art. 13)

ART. 2.7.2.14.—Coordinación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Trabajo, coordinarán, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de los proyectos del pacto nacional por el agro y el desarrollo rural establecidos en el presente decreto, con el fin de lograr la transparencia, correcta ejecución de los proyectos y utilización eficiente de los recursos.

(D. 1567/2014, art. 14)

ART. 2.7.2.15.—Seguimiento a la ejecución de los proyectos. Los CMDR y los Consea deberán presentar informes trimestrales al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio del Trabajo, en el ámbito de sus competencias, a partir del desembolso de los recursos, dando cuenta de la ejecución del proyecto en los respectivos municipios y departamentos. En el caso específico de proyectos productivos municipales y departamentales, los informes deben reportar el cumplimiento de las actividades financiadas con inversión del gobierno y cómo estas actividades están contribuyendo al cumplimiento de las metas previstas en el proyecto. Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento a la ejecución de los proyectos que realicen en el ámbito de sus competencias, las entidades a las que hace referencia el artículo 2.7.2.10 del presente decreto.

De igual manera, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá a disposición herramientas tecnológicas de información a efectos de que se conozca los proyectos aprobados, el avance y el impacto de cada uno en los términos del presente decreto.

(D. 1567/2014, art. 15)

ART. 2.7.2.16.—Proyectos especiales. Complementariamente y una vez asignados los recursos para la ejecución de la totalidad de los proyectos aprobados mediante el procedimiento establecido en el presente decreto, y en caso de existir disponibilidad presupuestal, los recursos se destinarán a cofinanciar proyectos especiales que promuevan la competitividad y productividad de sectores específicos, los cuales deberán ajustarse a los procedimientos aquí establecidos.

(D. 1567/2014, art. 16)

TÍTULO III

Monto del subsidio integral de reforma agraria y el de formalización de la propiedad para los proyectos cofinanciados en el marco del Pacto nacional por el agro y el desarrollo rural

(Nota: Adicionado por el Decreto 1298 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.7.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1298 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.7.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1298 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.7.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1298 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

PARTE 8

Cultivos de tardío rendimiento

ART. 2.8.1.—Renta exenta en aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 939 de 2004, en los términos y condiciones señalados en la presente parte, considerase exenta la renta relativa a los ingresos provenientes del aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en palma, de aceite, caucho, cacao, cítricos v frutales; que perciban los contribuyentes del impuesto sobre la renta titulares de los cultivos.

PAR.—De conformidad con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 939 de 2004 igual tratamiento tendrá la renta relativa a los ingresos provenientes del aprovechamiento de cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales, que perciban los contribuyentes titulares de cultivos que se hayan sembrado durante la vigencia de la Ley 818 de 2003. El procedimiento para su inscripción es el que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 1970/2005, art. 1º)

ART. 2.8.2.—Definiciones. Para efectos de la parte 8 del libro 2 de este decreto, se entiende por:

1. Aprovechamiento: La obtención de una renta por parte del agricultor titular del nuevo cultivo de tardío rendimiento o de cultivo de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que se hayan sembrado durante la vigencia de la Ley 818 de 2003, como resultado de la comercialización del fruto ya sea fresco o derivado de su transformación cero, entendida esta como el tratamiento del fruto que lo hace directamente aprovechable, al mismo tiempo que facilita su comercialización y mercadeo, sin que cambien sus características físicas, químicas y organolépticas.

2. Nuevos cultivos: Aquellos cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales, los cuales serán determinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se siembren dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 939 de 2004.

3. Cultivo de tardío rendimiento: Aquel cuya producción comienza después del segundo año de sembrado.

(D. 1970/2005, art. 2º)

ART. 2.8.3.—Vigencia de la exención. La exención del impuesto de renta que trata la presente parte se aplicará respecto de las rentas provenientes del aprovechamiento de los nuevos cultivos de tardío rendimiento que se siembren dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 939 de 2004, así como de aquellas rentas provenientes de cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que se hayan sembrado durante la vigencia de la Ley 818 de 2003.

(D. 1970/2005, art. 3º)

ART. 2.8.4.—Término de la exención. De conformidad con el artículo 2º de la Ley 939 de 2004, la exención de que trata el artículo anterior se aplicará respecto de las rentas que se obtengan durante el término de diez (10) años contados a partir del período fiscal en que inicie el período productivo de los nuevos cultivos de tardío rendimiento o de los cultivos establecidos a partir de la vigencia de la Ley 818 de 2003 en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que estén inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 1970/2005, art. 4º)

ART. 2.8.5.—Requisitos para la procedencia de la exención. Para la procedencia de la exención a que se refiere el artículo 3º de la Ley 939 de 2004, el contribuyente deberá acreditar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, cuando los exija, los siguientes requisitos:

1. Registro de la nueva plantación expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el caso de que la plantación se haya establecido a partir de la vigencia de la Ley 818 de 2003 y antes de la vigencia de la Ley 939 de 2004, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá certificar este hecho con base en la información aportada en el acto de inscripción. En el caso de que la plantación sea nueva, deberá certificar este hecho con base en la información aportada en el acto de inscripción.

Así mismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá certificar el período fiscal de iniciación del período productivo.

2. Certificado de tradición y libertad del predio en el cual se encuentra el cultivo, o en su defecto, el contrato de arrendamiento del inmueble o el documento que acredite cualquiera otra forma de tenencia o de formas contractuales de explotación.

3. Certificado del representante legal en el caso de las personas jurídicas, y certificado del revisor fiscal y/o contador público en el cual se constate el valor de las rentas obtenidas por el aprovechamiento de cultivos de tardío rendimiento durante el respectivo año gravable.

4. Certificación del revisor fiscal y/o contador público de la empresa o del contribuyente, según sea el caso, en la que se acredite que se lleva contabilidad separada de los ingresos generados por el aprovechamiento de los cultivos de tardío rendimiento exentos del impuesto sobre la renta y de los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por el contribuyente. En el caso de contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, deberán llevar para efectos fiscales, registros de los ingresos percibidos por aprovechamiento de los cultivos, así como de los costos y gastos, de los cuales deben conservar los respectivos soportes durante el tiempo previsto en el artículo 632 del estatuto tributario o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los registros citados deberán, igualmente, ser certificados por contador público, en el que consten, los ingresos generados por el aprovechamiento de los cultivos de tardío rendimiento y de los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por el contribuyente.

(D. 1970/2005, art. 5º)

ART. 2.8.6.—Informes anuales. Con el fin de realizar la evaluación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Salud y Protección Social del impacto económico que generen las nuevas plantaciones, los beneficiarios deberán antes del 31 de marzo de cada año rendir un informe técnico al Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual reporten el estado de los cultivos, su productividad (Tm/ha), los empleos generados, los estados financieros y cuando se amerite, reporte de impacto ambiental del cultivo.

(D. 1970/2005, art. 6º)

ART. 2.8.7.—Exclusión de otros apoyos. Con la solicitud de registro de las nuevas plantaciones ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el beneficiario declarará por escrito que el establecimiento y mantenimiento de la nueva plantación no ha sido objeto de otros beneficios derivados de programas financiados con recursos públicos.

Quien haya recibido o reciba durante el término de la exención de que trata la Ley 939 de 2004, financiación con recursos públicos para el establecimiento y/o mantenimiento de la nueva plantación, le será suspendido de inmediato dicho beneficio y será sancionado en los términos del artículo 647 del estatuto tributario, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

(D. 1970/2005, art. 7º)

PARTE 9

Programa nacional de reactivación agropecuaria

TÍTULO 1

PRAN agropecuario

ART. 2.9.1.1.—Adopción del programa nacional de reactivación agropecuaria y su objeto. Se adopta el programa nacional de reactivación agropecuaria, en adelante PRAN, para la reactivación y fomento agropecuario. En desarrollo de este objeto, a través del programa PRAN se podrá, entre otras actividades de reactivación, comprar cartera crediticia agropecuaria a cargo de pequeños y medianos productores interesados en acogerse a este programa y a favor de los intermediarios financieros, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en este título.

PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las actividades de reactivación que se enmarcan en el objeto del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN.

(D. 967/2000, art. 1º, parágrafo adicionado por el D. 3950/2009, art. 1º)

ART. 2.9.1.2.—Recursos del programa. El PRAN contará con los recursos que, para este efecto, se apropien en el presupuesto general de la Nación. También podrán ser recursos del PRAN, entre otros, los provenientes de la recuperación de la cartera a que se refiere este título. Cuando estos recursos tengan origen en el presupuesto de la Nación, podrán ingresar al programa, siempre y cuando se incorporen al presupuesto general de la Nación, en los términos del estatuto orgánico del presupuesto.

(D. 967/2000, art. 2º)

ART. 2.9.1.3.—Posibilidad de acogerse al PRAN. Los fondos departamentales de reactivación y fomento agropecuario, en adelante Fondear, podrán acogerse al PRAN, para lo cual deberán atender los lineamientos de dicho programa. Para estos efectos, los Fondear deberán establecer, como instancia de dirección, un órgano integrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el gobernador del departamento o su delegado quien deberá ser el secretario de agricultura o quien haga sus veces, un representante de los gremios de la producción, un representante de las organizaciones campesinas, un representante del conjunto de municipios que participen en su financiación, un representante de los productores que se acojan a lo dispuesto en este título y un representante de las Umatas, elegido entre ellas mismas. Las recomendaciones y decisiones que tome este órgano, deberán contar con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

(D. 967/2000, art. 3º)

ART. 2.9.1.4.—Administración de los recursos. Los recursos del PRAN serán administrados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, previa la celebración de un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para cuyos efectos Finagro queda debidamente facultado. Finagro, en su calidad de administrador de los recursos del PRAN, podrá suscribir convenios con los departamentos.

PAR.—De conformidad con las normas legales que rigen la materia, Finagro podrá destinar recursos a través de operaciones de tesorería, para dar liquidez temporal al PRAN, sin exceder las apropiaciones presupuestales vigentes o de vigencias futuras autorizadas. En este caso, se cubrirán los costos financieros, con cargo a los recursos del PRAN.

(D. 967/2000, art. 4º)

ART. 2.9.1.5.—Distribución de los recursos. Finagro, en su condición de administrador de los recursos del PRAN, los distribuirá para efectuar la negociación y compra de cartera, estimulando a las entidades territoriales que efectúen aporte a sus respectivos Fondear, con criterios de equidad. Las entidades territoriales que no estuvieren en condiciones de efectuar aportes a sus respectivos Fondear, podrán acceder a los recursos del PRAN, siempre que suscriban convenios con Finagro, en los cuales se obliguen a conformar preferencialmente, esquemas asociativos de producción y a prestar asistencia técnica a los beneficiarios de la compra de cartera, y a procurar la comercialización de sus productos, durante la ejecución del proyecto productivo de que trata el numeral 2º literal a) del artículo 2.9.1.7 de este decreto.

PAR.—Los Fondear podrán comprar cartera crediticia agropecuaria, con los aportes que a estos fondos hubieren efectuado las respectivas entidades territoriales, para lo cual se sujetarán a lo establecido en el presente título.

(D. 967/2000, art. 5º)

ART. 2.9.1.6.—Identificación de los productores interesados, de las deudas y de las opciones productivas. Para la ejecución del PRAN, los Fondear y las Umatas, o quien haga sus veces, deberán establecer previamente:

1. El mecanismo de registro e identificación de los productores interesados en acogerse a lo dispuesto en el presente decreto y el estado de sus deudas discriminadas según capital e intereses, plazos, valores y tiempos en mora, la actividad y predio objeto de la deuda, calificación crediticia en el establecimiento de crédito, clase y valor de las garantías otorgadas e identificación de las causales que llevaron, en cada caso, a los incumplimientos de pago.

2. La identificación de las opciones productivas, tecnológicas y de mercado y la valoración del potencial de ingresos derivados de las mismas.

(D. 967/2000, art. 6º)

ART. 2.9.1.7.—Requisitos para acceder a los recursos. La compra de cartera se realizará por una sola vez, respecto de cada productor interesado y podrá efectuarse siempre que se cumplan los siguientes requisitos, verificados inicialmente por los Fondear y las Umatas, o quien haga sus veces, al momento de realizar la inscripción.

1. Que la cartera susceptible de acceder a los beneficios del PRAN, estuviese en mora el 29 de julio de 1999, o que estando al día el 29 de julio de 1999, hubiere sido objeto de una reestructuración en los doce (12) meses anteriores a esa fecha y haya vuelto a presentar mora durante el período comprendido entre la misma y el 31 de julio de 2002.

2. Que los productores interesados en acogerse a lo previsto en el presente título, una vez identificados en los términos previstos en el artículo 2.9.1.6 del mismo, acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La viabilidad de proseguir en la actividad productiva agropecuaria, preferiblemente bajo esquemas de producción asociativos, soportada en un proyecto productivo técnica y económicamente viable, el cual deberá estar enmarcado preferiblemente dentro de los planes de desarrollo agropecuario, departamental o municipal;

b) La capacidad de pago para atender la deuda contraída como resultado de la aplicación de este decreto, derivada de la viabilidad del proyecto productivo;

c) El pago de los productores a Finagro como administrador del PRAN, del cinco por ciento (5%) en dinero, para el caso de los pequeños productores, y para el caso de los medianos productores, del diez por ciento (10%) en dinero o un mínimo de veinte por ciento (20%) en tierras con condiciones de explotación adecuadas, en lo relativo a su tamaño, calidad del suelo, fuentes de agua y accesos, sobre el valor de la obligación adquirida.

Las tierras que reciba Finagro, en su condición de administrador de los recursos del PRAN, se negociarán preferiblemente con el Incora por su valor comercial, para ser destinadas a proyectos de reforma agraria;

d) Obtención de garantías adecuadas, la principal de las cuales estará constituida por la viabilidad del proyecto productivo, verificado por las Umatas y el Fondear al momento de realizar la inscripción o quien haga sus veces. Para la obtención de garantías adicionales, Finagro podrá celebrar convenios con los intermediarios financieros para efectos de la cesión de las garantías disponibles o para determinar la forma de compartirlas si fuere necesario.

PAR. 1º—Se podrá negociar la compra de cartera hasta por dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes en cada caso, consolidados los saldos de capital y las cuentas por cobrar por concepto de intereses contabilizados, no contingentes.

PAR. 2º—Los productores interesados deberán pagar, previo el perfeccionamiento de la operación de compra de la respectiva cartera, los porcentajes establecidos en el literal c) del presente artículo.

No obstante, para productores que carezcan de los recursos económicos y/o tierra para ofrecer como parte de pago del porcentaje establecido en el literal c) de este artículo, se podrá otorgar un plazo para el pago no mayor al periodo de gracia, siempre que se ofrezca un codeudor. En este caso el valor mínimo a pagar sobre la obligación que resulte de aplicar lo dispuesto en este artículo, será para los pequeños productores del 5% y del 20% para los medianos productores.

PAR. 3º—Para los efectos del presente título, se entenderá por pequeño productor, lo definido en los artículos 2.1.2.2.8 y siguientes de este decreto.

(D. 967/2000, art. 7º, num. 1º modificado por el D. 1623/2002, art. 1º)

ART. 2.9.1.8.—De las condiciones para el pago de la cartera adquirida por el PRAN, por parte de los beneficiarios del programa. Las condiciones para el pago de la cartera comprada, serán las siguientes:

1. El monto de la deuda será el valor correspondiente al saldo del capital adeudado al intermediario financiero, más los intereses contabilizados no contingentes.

2. Plazos totales de hasta diez (10) años para cancelar la obligación y periodos de gracia de hasta tres (3) años. Para efectos del programa de reactivación agropecuaria nacional, se entenderá por periodo de gracia un término de hasta tres (3) años, en el cual no se causarán intereses, de tal forma que los abonos a capital e intereses se podrán iniciar a partir del vencimiento de dicho período.

3. Forma de pago de intereses a definir, según el flujo de fondos proyectado.

4. Tasa de interés del IPC nacional más tres (3) puntos contingentes, expresados ambos en términos efectivos anuales. Estos tres puntos se descontarán de su cobro en cada pago, cuando este se efectúe en la fecha estipulada o con antelación a esta, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

5. Estímulo de prepago parcial de la obligación, montos que de ser parciales, reducirán el plazo total del pago. Dicho estímulo consistiría en la reducción de la obligación en el doble del valor prepagado, sin que el valor final de la deuda a cargo del productor, termine siendo inferior al incurrido por el PRAN para comprar la deuda, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR. 1º—Finagro podrá reestructurar las obligaciones adquiridas en desarrollo del programa de reactivación agropecuaria nacional, PRAN, bajo las siguientes condiciones:

1. Capitalización de intereses vencidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 886 del Código de Comercio. Para los anteriores efectos los beneficiarios de la reestructuración deberán suscribir los títulos valores que se requieran y en los cuales se recogerán la totalidad de las sumas adeudadas que se entenderán amparados con las garantías existentes;

2. La tasa efectiva anual será del IPC + 6 puntos sobre el saldo nuevo de capital. Los intereses moratorios serán los máximos establecidos por la ley;

3. El plazo total máximo de la obligación adquirida en desarrollo del programa PRAN será de 15 años, de manera que toda restructuración realizada de conformidad deberá hacerse hasta por este plazo máximo descontando el término causado a la fecha de la reestructuración. El valor de la deuda representado en el nuevo pagaré será amortizado, tanto en el capital como los intereses, en cuotas anuales vencidas en el tiempo restante de la operación;

4. Estímulo de prepago parcial de la obligación, que consistiría en la reducción de la obligación en uno punto dos (1.2) veces el valor efectivamente prepagado, entendiéndose por prepago los abonos a capital realizados durante el plazo del crédito, sin tener en cuenta, la cuota de capital que se esté causando en el momento del prepago. No obstante, en ningún caso el valor final de la deuda podrá ser inferior al valor pagado por el PRAN para su adquisición.

Los beneficiarios del PRAN deberán solicitar la reestructuración mediante comunicación dirigida directamente a Finagro, hasta el 28 de febrero de 2008, debiendo suscribir los títulos de deuda, y demás documentos que se requieran por Finagro, a más tardar el 30 de abril del 2008. En el evento en el que contra el deudor se hubiese iniciado el cobro judicial de la respectiva obligación, en esta última fecha deberá haber cancelado el valor de los honorarios y los gastos judiciales que se hubiesen generado en el trámite del respectivo cobro.

La restructuración de la cartera, se efectuará en la forma y términos señalados en el presente título.

PAR. 2º—Sin perjuicio de la causación de intereses corrientes y moratorios que hayan generado, hasta la fecha de publicación del presente decreto, las obligaciones del programa nacional de reactivación agropecuaria, Finagro, podrá ofrecer un nuevo período de gracia de un (1) año dentro del cual no se causarán intereses. En este evento, el plazo total de la obligación y los pagos de cada cuota periódica pendiente se amplían en un (1) año.

Los beneficiarios que deseen acceder a la condición descrita en el párrafo anterior, deberán manifestar a Finagro o al administrador del programa, su intención por escrito, dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto.

Para aquellos casos en los cuales se entregue o se haya entregado la obligación para el respectivo cobro judicial, el deudor deberá acreditar en el plazo mencionado en el párrafo anterior, el pago de gastos judiciales y honorarios del abogado, suscribiendo dentro del mismo, un nuevo pagaré en blanco con carta de instrucciones, en el que se instrumente el nuevo plazo y vencimiento de la obligación.

Durante el nuevo período de gracia que se concede y hacia el futuro, solo tendrá beneficio por prepago aquella parte de cada una de las obligaciones que lo tenía al momento de la aplicación de lo dispuesto en el presente parágrafo.

(D. 967/2000, art. 8º, par. 1º adicionado por el D. 3363/2007, art. 1º; modificado por el D. 4678/2007; par. 2º adicionado por el D. 195/2009, art. 1º)

TÍTULO 2

Programa nacional de reactivación agropecuaria - Sector arrocero

ART. 2.9.2.1.—Programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN - Sector arrocero. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, podrá negociar y adquirir, cartera crediticia agropecuaria de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, a cargo de personas naturales o jurídicas que hubieran contraído obligaciones crediticias para la comercialización de cosechas de arroz de los departamentos del Meta y Casanare en el segundo semestre de 2004 a través de programas especiales de fomento y desarrollo agropecuario - Créditos asociativos.

La cartera que podrá ser adquirida en virtud de este programa corresponderá a créditos de comercialización del segundo semestre de 2004 y los desembolsados en los años 2005 y 2006 para la comercialización o producción de arroz de los citados departamentos, siempre y cuando el deudor haya obtenido créditos para comercialización en el segundo semestre de 2004.

PAR.—Finagro adquirirá la cartera que cumpla todos los requisitos establecidos en el presente título y establecerá la metodología para determinar el valor de compra, teniendo en cuenta la base de compra prevista en el numeral 1º del artículo 2.9.2.5 del presente decreto.

(D. 2841/2006, art. 1º)

ART. 2.9.2.2.—Recursos del programa. La ampliación del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN, de que trata este título, se realizará con los recursos disponibles en el programa y con los recursos adicionales que sean apropiados en el presupuesto general de la Nación, sin situación de fondos, provenientes de la recuperación de cartera efectuada en desarrollo de la ejecución del programa, o en presupuestos de entidades territoriales.

El monto máximo de recursos asignados para la compra de la cartera a que se refiere el presente título es hasta cuarenta y seis mil millones de pesos ($ 46.000.000.000).

(D. 2841/2006, art. 2º)

ART. 2.9.2.3.—Identificación de los beneficiarios interesados y de las deudas susceptibles de ser adquiridas a través del programa. Para la ejecución del programa, Finagro, directamente, o a través de los intermediarios financieros, deberá establecer lo siguiente:

1. La identificación de los beneficiarios interesados en acogerse a lo dispuesto en el presente título y el estado de sus deudas, discriminadas según capital e intereses, plazos, valores y tiempos en mora, calificación crediticia en el establecimiento de crédito, clase y valor de las garantías otorgadas, según formulario de inscripción de Finagro.

2. Identificación de las obligaciones, las cuales deberán estar originadas de conformidad con el artículo 2.9.2.1 del presente decreto.

(D. 2841/2006, art. 3º)

ART. 2.9.2.4.—Requisitos para acceder a los recursos. La compra de cartera se podrá realizar siempre que se cumplan los siguientes requisitos verificados por Finagro directamente o a través de un intermediario financiero.

1. Que la cartera susceptible de acceder a los beneficios del programa estuviere otorgada al 30 de junio de 2006 y que cumpla con los requisitos del artículo 2.9.2.1 de este decreto;

2. Que los productores y comercializadores interesados en acogerse a lo previsto en el presente título, una vez identificados en los términos previstos en el artículo 2.9.2.3 del mismo, manifiesten su disposición de continuar con su actividad y con su apoyo al sector productivo, preferiblemente bajo esquemas asociativos, compromiso que será manifiesto en el formulario de inscripción de Finagro.

3. Que exista capacidad de pago para atender la deuda contraída como resultado de la aplicación de este título, derivada de la continuidad de su actividad.

4. Que los productores y comercializadores le cancelen a Finagro, como administrador del PRAN arrocero, el diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones que van a ser adquiridas. No obstante, los productores y comercializadores que carezcan de los recursos económicos para realizar el pago del porcentaje establecido en este numeral, podrán solicitar un plazo para el pago, no mayor al período de gracia y sin causación de intereses; caso en el cual se expedirán por parte de Finagro dos pagarés, uno por el 20% de la base de compra y con plazo improrrogable no superior al periodo de gracia y otro por el 80% restante con plazo de hasta diez años.

5. Los pagarés serán firmados por el mismo número de codeudores y avalistas que firmaron los pagarés que originaron la cartera a adquirir por el programa.

6. Consignación por parte de los beneficiarios cuando fuere el caso, de la prima de seguro de vida, que Finagro contratará para el efecto.

7. Los intermediarios financieros cederán a Finagro las garantías que respaldaban la cartera comprada. Para los anteriores efectos, Finagro podrá celebrar convenios con los intermediarios financieros, así como para determinar la forma de compartirlas si fuere necesario.

PAR.—En virtud de este decreto se podrá adquirir por beneficiario toda la cartera que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.9.2.1 de este decreto.

(D. 2841/2006, art. 4º)

ART. 2.9.2.5.—Base de compra y las condiciones para el pago de la cartera adquirida por parte de los beneficiarios. Las condiciones para el pago de la cartera comprada, serán las siguientes:

1. El monto de la deuda será el valor correspondiente al saldo del capital adeudado al intermediario financiero, más los intereses contabilizados como no contingentes con corte a la fecha de compra.

2. Plazos totales de hasta diez (10) años para cancelar la obligación y periodo de gracia de hasta tres (3) años, durante el cual no se causarán intereses; de tal forma que los abonos a capital e intereses iniciará a partir del vencimiento de dicho período. Dichos abonos serán semestrales tanto a capital como a intereses.

3. La tasa de interés a partir de la terminación del periodo de gracia será del IPC y se cobrará por semestre vencido.

4. Para aquellos casos en los que se incumplan los planes de pago, se generarán intereses de mora sobre los saldos vencidos, a la tasa máxima legalmente permitida.

5. La amortización a capital será en cuotas semestrales iguales.

PAR.—La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrá refinanciar y ampliar el periodo de gracia y plazo de las obligaciones adquiridas por Finagro en desarrollo del presente título.

(D. 2841/2006, art. 5º, parágrafo adicionado por el D. 3950/2009, art. 2º)

ART. 2.9.2.6.—Obligación de los integradores. Para acceder a los beneficios de este programa los integradores beneficiados con la compra de la cartera, deberán suspender y abstenerse de iniciar procesos ejecutivos contra quienes fueron integrados por ellos en los créditos asociativos de producción o de comercialización que serán objeto de los beneficios de este programa, debiendo refinanciarlos en condiciones financieras iguales a las que se les hayan concedido de acuerdo al marco fijado en el artículo 2.9.2.5 del presente decreto.

(D. 2841/2006, art. 6º)

ART. 2.9.2.7.—Término del programa. Finagro podrá adquirir obligaciones de productores y comercializadores hasta por el monto de los recursos destinados a la compra de cartera arrocera, hasta el 31 de diciembre de 2006.

(D. 2841/2006, art. 7º)

TÍTULO 3

PRAN cafetero

ART. 2.9.3.1.—Establecimiento y adopción del programa nacional de reactivación cafetera. Establécese el programa nacional de reactivación cafetera, mediante el cual se podrá adquirir, a precios de mercado, cartera crediticia a cargo de pequeños y medianos productores cafeteros y a favor de la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café y la cartera cafetera y de diversificación cafetera de la Central de Inversiones S.A, CISA, adquirida a Bancafé hasta el 30 de abril del año 2001 y la cartera cafetera de los distintos intermediarios financieros siempre que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en este título.

PAR. 1º—El intermediario financiero deberá certificar que la obligación a ser beneficiada con el programa, cumple con los requisitos de ser cartera cafetera o de diversificación cafetera, enmarcado dentro del manual de crédito de Finagro.

PAR. 2º—Los recursos provenientes de la recuperación de la cartera, incluidos los aportes iniciales a que se refiere este título, también se podrán aplicar para el desarrollo de otras actividades tendientes a la reactivación agropecuaria del sector cafetero. Cuando estos recursos tengan origen en el presupuesto de la Nación, podrán ingresar al programa, siempre y cuando se incorporen al presupuesto general de la Nación, en los términos del estatuto orgánico del presupuesto.

PAR. 3º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las actividades de reactivación que se enmarcan en el objeto del programa nacional de reactivación cafetera.

(D. 1257/2001, art. 1º, modificado por el D. 931/2002, art. 1º. Pars. 2º y 3º, adicionados por el D. 4430/2008, art. 1º)

ART. 2.9.3.2.—Recursos para la compra de la cartera cafetera. Para la adquisición de la cartera cafetera se contará con los recursos que se apropien para el efecto en el presupuesto general de la Nación - Sección Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con los recursos provenientes de los pagos iniciales que efectúen los productores cafeteros de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.9.3.5 numeral 3º de este decreto.

(D. 1257/2001, art. 2º)

ART. 2.9.3.3.—Administración de los recursos. Los recursos que se apropien en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la ejecución de lo dispuesto en este título serán administrados por Finagro quedando debidamente facultado para tales efectos, previa la celebración de un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Finagro, en su condición de administrador podrá suscribir otros convenios o acuerdos que sean necesarios para la debida ejecución del programa.

PAR. 1º—Finagro podrá destinar recursos, a través de operaciones de tesorería, para Fondear temporalmente el programa y adquirir la cartera cafetera, sin exceder las apropiaciones presupuestales vigentes o de vigencias futuras autorizadas. En este caso, se cubrirán los costos financieros con cargo a los recursos del programa, de acuerdo con las tasas que conjuntamente determinen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Finagro. De igual forma, los gastos administrativos que demande la compra y administración de la cartera de que trata este título se asumirán con cargo a los recursos del programa.

PAR. 2º—El convenio a celebrarse entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Finagro, tendrá un comité administrativo que estará conformado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural quien lo presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el viceministro de asuntos agropecuarios, el presidente de Finagro y el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.

PAR. 3º—Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cualquier momento, durante el desarrollo del programa, podrá contratar a una entidad administradora de los recursos diferente a Finagro. Conforme a lo anterior, en caso de cambio de administrador, quien se encuentre administrando el programa, deberá transferir los recursos y la cartera a la entidad contratada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 1257/2001, art. 3º, par. 3º adicionado por el D. 4430/2008, art. 2º)

ART. 2.9.3.4.—Identificación de los beneficiarios, de las deudas y de las opciones productivas. Para la ejecución del programa, la Federación Nacional de Cafeteros deberá establecer previamente:

1. El mecanismo de registro e identificación de los productores interesados en acogerse a lo dispuesto en el presente título y el estado de sus deudas discriminadas según capital e intereses, plazos, valores y tiempos en mora cuando sea aplicable, la actividad y predio objeto de la deuda, calificación crediticia, clase y valor de las garantías otorgadas.

2. El mecanismo de identificación de los proyectos productivos, opciones tecnológicas y de mercado y la valoración del potencial de ingresos derivados de los mismos. En todo caso, la viabilidad de los proyectos productivos estará soportada por las propuestas que presenten los productores interesados para lo cual contarán con el apoyo y la orientación de la Federación Nacional de Cafeteros.

(D. 1257/2001, art. 4º)

ART. 2.9.3.5.—Compra de cartera y sus requisitos. La compra de cartera a favor de la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café, se realizará por una sola vez, respecto de las obligaciones de cada productor interesado y podrá efectuarse siempre que los productores interesados en acogerse al plan nacional de reactivación cafetera, una vez identificados en los términos establecidos en el artículo 2.9.3.4 de este decreto, acrediten ante la Federación Nacional de Cafeteros los siguientes requisitos, en forma previa a su inscripción formal ante Finagro. Tratándose de productores cuya cartera se encuentre en el CISA, los requisitos serán verificados de acuerdo con el procedimiento que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Finagro:

1. La viabilidad de proseguir en la actividad productiva agropecuaria, preferencialmente bajo esquemas de producción asociativos, soportada en un proyecto productivo técnica y económicamente viable, el cual deberá estar enmarcado, preferiblemente, dentro de los planes de desarrollo agropecuario.

2. La capacidad de pago para atender la nueva deuda contraída como resultado de la aplicación de este decreto, derivada de la viabilidad del proyecto productivo, establecido por la Federación Nacional de Cafeteros.

3. El pago en dinero a favor de Finagro como administrador del plan nacional de reactivación cafetera del 5% sobre el valor de la obligación adquirida en el caso de los pequeños productores cafeteros y del 10% en el caso de los medianos productores cafeteros.

4. Cesión a favor de Finagro de las garantías existentes, las cuales podrán ser compartidas con los intermediarios financieros o con terceros.

PAR. 1º—Se podrá adquirir cartera hasta por 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en cada caso (smlmv), consolidados los saldos de capital y las cuentas por cobrar por concepto de intereses contabilizados no contingentes.

PAR. 2º—Los productores interesados deberán pagar, previo el perfeccionamiento de la operación de compra de la respectiva cartera, los porcentajes establecidos en el numeral 3º del presente artículo. No obstante, y en el evento de que el potencial beneficiario no pudiere cumplir con el pago previo de dichas sumas, Finagro podrá otorgar un plazo para dicho pago si así lo solicita el productor, caso en el cual deberá contar con un codeudor y cumplir con los demás requisitos establecidos. El plazo señalado en este parágrafo no podrá ser superior a tres (3) años.

PAR. 3º—Para los efectos del presente título, se entenderá por pequeño productor, el definido por los artículos 2.1.2.2.8 y siguientes del presente decreto y por mediano productor aquel cuyas obligaciones susceptibles de ser adquiridas por el plan no superen los 2.500 smlmv.

(D. 1257/2001, art. 5º)

ART. 2.9.3.6.—Reglas de administración. El valor de la cartera a cargo de los productores beneficiados por el plan y las condiciones para su pago serán las mismas establecidas en el artículo 2.9.1.8 del presente decreto.

Se consideran como gastos administrativos relacionados directamente con la adquisición de la cartera a que se refieren este decreto y que podrán cancelarse con cargo a los recursos apropiados para la ejecución del programa, los seguros constituidos para garantizar la obligación adquirida y los gastos procesales distintos de los honorarios de abogados, pendientes al momento de la compra. Los gastos de que trata este artículo deberán ser certificados por los intermediarios financieros respectivos.

PAR.—Sin perjuicio de la causación de intereses corrientes y moratorios que hayan generado, hasta la fecha de expedición del presente decreto, las obligaciones del programa de reactivación cafetera, Finagro, o quien tenga la condición de administrador del programa, podrá ofrecer un nuevo periodo de gracia de un (1) año dentro del cual no se causarán intereses. En este evento, el plazo total de la obligación y los pagos de cada cuota periódica pendiente se amplían en un (1) año.

Los beneficiarios que deseen acceder a la condición descrita en el párrafo anterior, deberán manifestar a Finagro o al administrador del programa, su intención por escrito, dentro del año siguiente a la expedición del presente decreto.

Para aquellos casos en los cuales se entregue o se haya entregado la obligación para el respectivo cobro judicial, el deudor deberá acreditar en el plazo mencionado en el párrafo anterior, el pago de gastos judiciales y honorarios del abogado, suscribiendo dentro del mismo, un nuevo pagaré en blanco con carta de instrucciones, en el que se instrumente el nuevo plazo y vencimiento de la obligación.

Durante el nuevo periodo de gracia que se concede y hacia el futuro, solo tendrá beneficio por prepago aquella parte de cada una de las obligaciones que lo tenía al momento de la aplicación de lo dispuesto en el presente parágrafo.

(D. 1257/2001, art. 6º. Inc. segundo adicionado por el D. 931/2002, art. 2°; par. adicionado por el D. 4430/2008, art. 3º)

ART. 2.9.3.7.—Beneficiarios del PRAN y competencias adicionales de Finagro. Los productores agropecuarios, distintos de los cafeteros de que trata este título, cuya cartera hubiere sido trasladada por Bancafé a la Central de Inversiones S.A, CISA, podrán beneficiarse del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN, regulado en el título 1 de la parte 9 del libro 2 de este decreto, siempre que la misma se encuentre debidamente inscrita en dicho programa y cumpla con los requisitos allí señalados.

Finagro podrá adquirir los créditos de pequeños y medianos productores agropecuarios que se encuentren inscritos en debida forma en el PRAN o PRAN cafetero, cuando los mismos hubieran sido pagados en el porcentaje garantizado, al intermediario financiero por el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG. En este evento, Finagro realizará la compra al FAG y al intermediario, en la proporción en que participen del crédito respectivo.

También se podrá adquirir con cargo a los recursos asignados para los programas regulados en los títulos 1 y 3 de la parte 9 del libro 2 de este decreto, los saldos de créditos agropecuarios no inscritos en el PRAN y en el PRAN cafetero, cuando la normalización de los mismos constituya un requisito para la reactivación agropecuaria de un productor con cartera inscrita. Finagro determinará el valor de la cartera susceptible de compra en proporción del valor de la cartera inscrita, previa certificación del intermediario financiero o la Federación Nacional de Cafeteros, de su origen agropecuario, y en todo caso, con sujeción a la disponibilidad presupuestal del programa.

Finagro determinará cuáles saldos de créditos agropecuarios no inscritos en los programas constituyen un requisito para la reactivación del productor con cartera inscrita.

(D. 1257/2001, art. 7º, modificado por el D. 931/2002, art. 3º)

ART. 2.9.3.8.—Pequeños y medianos productores agropecuarios del departamento del Cauca. Los pequeños y medianos productores agropecuarios del departamento del Cauca, que tengan cartera agropecuaria vencida con el sector financiero vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, podrán beneficiarse del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN, siempre que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el mismo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Finagro determinarán los términos y procedimientos de inscripción para que estos productores puedan acceder al programa.

(D. 1257/2001, art. 8º)

ART. 2.9.3.9.—Productores bananeros de la zona bananera del departamento del Magdalena. Los productores bananeros de la zona bananera del departamento del Magdalena, deudores del patrimonio autónomo - Convenio de rehabilitación del Magdalena, administrado por la Sociedad Fiduciaria Industrial, Fiduifi, y originado en un crédito de la Caja Agraria en Liquidación a través de operaciones de redescuento en Bancoldex, podrán beneficiarse del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales y a los términos y procedimientos que conjuntamente determinen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro y la Caja Agraria en Liquidación.

(D. 1257/2001, art. 9º)

ART. 2.9.3.10.—Estabilidad de las condiciones de adquisición de cartera. Las condiciones de la adquisición de la cartera realizada por Finagro en ejecución de lo dispuesto en el título 1 de la parte 9 del libro 2 de este decreto, con anterioridad a la expedición de este decreto, no se modifican en ningún aspecto.

(D. 1257/2001, art. 10)

TÍTULO 4

PRAN reforma agraria

ART. 2.9.4.1.—Objeto. El objeto de este título es ampliar los beneficios del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN, a los beneficiarios de reforma agraria de la Ley 160 de 1994, que adquirieron créditos para compra de tierra y para el desarrollo de proyectos productivos, cuya cartera se encuentre vencida y cumplan las demás condiciones establecidas en el artículo 2.9.1.7 de este decreto.

(D. 11/2004, art. 1º)

ART. 2.9.4.2.—Autorización a Finagro. Autorízase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, en su calidad de administrador del programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN, para que adquiera con recursos del programa la cartera crediticia agropecuaria a cargo de los pequeños productores beneficiarios de reforma agraria de la Ley 160 de 1994 y a favor de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, en concordancia con los términos y el procedimiento que adopte Finagro para el efecto.

PAR.—Se entenderá que el monto de la obligación a adquirir en cada caso para los productores beneficiarios de este título, será el equivalente a prorratear el valor total de la obligación crediticia por el número de pequeños productores que respaldan la obligación contraída, limitada a la cuantía de 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes establecida en el parágrafo 1º del artículo 2.9.1.7 del presente decreto.

(D. 11/2004, art. 2º)

ART. 2.9.4.3.—Recursos para la compra de cartera. La compra de la cartera de que trata el presente título, se ejecutará con cargo a los recursos disponibles a la fecha de expedición del presente título para el programa nacional de reactivación agropecuaria, PRAN.

(D. 11/2004, art. 3º)

ART. 2.9.4.4.—Certificación. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, certificará que los beneficiarios de la compra de cartera que efectuará Finagro, fueron sujetos de la Ley 160 de 1994 y acompañará los procesos de reactivación agropecuaria y el desarrollo de los proyectos productivos correspondientes, con el fin de apoyar la viabilidad técnica y económica de los mismos.

(D. 11/2004, art. 5º)

ART. 2.9.4.5.—Adquisición de la cartera otorgada a favor de los beneficiarios de reforma agraria. Facúltase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, para adquirir la cartera otorgada a favor de los beneficiarios de la reforma agraria de la Ley 160 de 1994, directamente a los intermediarios financieros y a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación, previo el endoso de los pagarés a su favor y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.9.4.6 del presente decreto.

(D. 11/2004, art. 6º, modificado por el D. 3749/2004, art. 1º)

ART. 2.9.4.6.—Nuevo pagaré. Los sujetos de reforma agraria que deseen beneficiarse de la refinanciación de los créditos adquiridos por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, en cumplimiento del presente título, deberán suscribir un nuevo pagaré a favor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, en las condiciones establecidas en el título 1 de la parte 9 del libro 2 de este decreto.

PAR.—Los sujetos de reforma agraria que se hayan comprometido solidaria o mancomunadamente en obligaciones con los intermediarios financieros o la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación y que no suscribieren el nuevo pagaré, se les declarará la condición resolutoria por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, podrá adquirir toda la obligación con el fin de no perjudicar a las personas que firmaron el título valor para acceder a los beneficios del programa.

(D. 11/2004, art. 7º, adicionado por el D. 3749/2004, art. 1º)

ART. 2.9.4.7.—Condición resolutoria a propietarios morosos. Los propietarios morosos en sus créditos, considerados individualmente o en común y proindiviso sobre los predios de que trata la Ley 160 de 1994, que no suscribieren el pagaré porque no lo quisieren hacer o no fueren localizables, se les declarará la condición resolutoria de los subsidios otorgados o la extinción de dominio administrativa, según el caso, de conformidad con la ley. Una vez recuperada la propiedad, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder deberá iniciar nuevos procesos de adjudicación.

PAR.—El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, solo adquirirá cartera correspondiente a la Ley 160 de 1994, cuando al menos alguno de los propietarios haya suscrito el nuevo pagaré. Lo anterior sin perjuicio de que se continúen las acciones administrativas y judiciales por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y de las demás autoridades competentes, respecto de los obligados que no lo hubieren suscrito.

(D. 11/2004, art. 8º, adicionado por el D. 3749/2004, art. 1º)

ART. 2.9.4.8.—Suscripción de pagaré de nuevos beneficiarios. Las personas que resulten favorecidas en desarrollo del nuevo proceso de adjudicación deberán suscribir un pagaré a favor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, en su calidad de administrador del PRAN, en virtud del cual se hacen cargo de la obligación preexistente reestructurada respaldada con la propiedad adjudicada.

(D. 11/2004, art. 9º, adicionado por el D. 3749/2004, art. 1º)

ART. 2.9.4.9.—Convenio. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, suscribirán un convenio que regule sus obligaciones frente a lo dispuesto en este título.

(D. 11/2004, art. 10, adicionado por el D. 3749/2004, art. 1º)

PARTE 10

Fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros

TÍTULO 1

Mecanismos de control

CAPÍTULO 1

De los mecanismos de control interno

ART. 2.10.1.1.1.—Auditoría interna. La auditoría interna de los fondos constituidos con las contribuciones parafiscales del sector agropecuario y pesquero será el mecanismo a través del cual los entes administradores de los mismos efectuarán el seguimiento sobre el manejo de tales recursos. En desarrollo de este seguimiento la auditoría verificará la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, así como su administración, inversión y contabilización.

Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por la Constitución Política y las leyes.

PAR. 1º—La auditoría interna presentará en las primeras quincenas de febrero y de agosto de cada año un informe semestral consolidado de su actuación al órgano máximo de dirección del respectivo fondo parafiscal.

Igualmente, certificará la información relativa a las cuotas parafiscales que no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación, siempre y cuando tales situaciones no se hubieren subsanado.

PAR. 2º—La auditoría Interna también podrá efectuar, cuando fuere pertinente, mediciones a las áreas de producción y sobre la producción misma, así como realizar los aforos a las contribuciones parafiscales resultantes de tales mediciones.

(D. 2025/96, art. 1º)

ART. 2.10.1.1.2.—Designación de la auditoría interna. La auditoría interna de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros será designada por el órgano máximo de dirección de dichos fondos, con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o de su delegado.

Los costos y gastos que demande la auditoría interna, serán sufragados con los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales del respectivo fondo.

(D. 2025/96, art. 2º, modificado por el D. 392/2001, art. 1º)

ART. 2.10.1.1.3.—Inspección de libros, soportes y registros. Cuando así lo requiera la ley que establezca la respectiva contribución, el representante legal de la entidad administradora del correspondiente fondo parafiscal, solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para efectuar visitas de inspección a los libros de contabilidad, soportes contables y registros de los sujetos de la contribución y de las entidades recaudadoras.

Para este efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dependencia delegada para el efecto, expedirá la autorización correspondiente, en un término no mayor de diez (10) días calendario, contados a partir de la radicación de la solicitud que presente el representante legal de la respectiva entidad administradora.

(D. 2025/96, art. 3º)

ART. 2.10.1.1.4.—Informe sobre cuotas no pagadas a tiempo. Cuando las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación, el representante legal de la entidad administradora del respectivo fondo parafiscal, con fundamento en la certificación prevista en el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 2.10.1.1.1 de este decreto, enviará un reporte a la dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito público delegada para el efecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:

1. Identificación del recaudador visitado.

2. Discriminación del período revisado.

3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas pagadas con irregularidades en la liquidación, recaudo o en la consignación.

4. La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades o el retraso en el pago de que trata el numeral anterior.

PAR. 1º—La dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá verificar la información a que se refiere el presente artículo en los libros de las personas obligadas a pagar la contribución y en los de los recaudadores. Igualmente podrá requerir a las entidades administradoras de los fondos parafiscales para obtener información adicional.

PAR. 2º—Una vez presentado el reporte de que trata este artículo, la dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en un término de diez (10) días calendario, comunicará su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que este, en caso de conformidad, produzca la correspondiente certificación, que constituye título ejecutivo, en la cual conste él monto de la deuda y su exigibilidad.

En caso de inconformidad, la entidad administradora del respectivo fondo parafiscal procederá a efectuar los ajustes propuestos por la dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a expedir, si fuere el caso, la certificación en los términos señalados en este parágrafo.

PAR. 3º—Las personas obligadas a la liquidación, pago, recaudo y consignación de las contribuciones parafiscales que se negaren a exhibir los libros de contabilidad se harán acreedoras a las sanciones establecidas por la ley.

(D. 2025/96, art. 4º)

CAPÍTULO 2

De los mecanismos de control externo

ART. 2.10.1.2.1.—Verificación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural verificará que el recaudo de las cuotas parafiscales, los ingresos, las inversiones, los gastos y, en general, todas las operaciones ejecutadas por los fondos, se hayan ajustado a las finalidades y objetivos de los mismos, al presupuesto y a los acuerdos de gastos aprobados. Igualmente, verificará el adecuado cumplimiento del contrato que, para efectos de la administración y manejo de los recursos de un fondo parafiscal, celebre con la entidad administradora del mismo.

PAR.—Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá contratar los servicios de una auditoría externa.

(D. 2025/96, art. 5º)

ART. 2.10.1.2.2.—Libro de actas. La entidad administradora del correspondiente fondo parafiscal deberá abrir un libro de actas en el que se consignen las decisiones que tome el órgano máximo de dirección de dichos fondos, el cual deberá registrarse ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 2025/96, art. 6º)

ART. 2.10.1.2.3.—Control fiscal. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre las contribuciones parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales y adecuado a las normas que regulan cada fondo en particular.

(D. 2025/96, art. 7º)

TÍTULO 2

Disposiciones varias

ART. 2.10.2.1.—Instructivo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la oficina asesora de planeación y prospectiva, preparará un Instructivo que sirva de instrumento orientador para la elaboración y ejecución del presupuesto de inversiones y gastos de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, adecuado a la naturaleza de dichos fondos.

(D. 2025/96, art. 8º)

ART. 2.10.2.2.—Gastos administrativos que pueden ser sufragados con recursos del fondo. Los gastos administrativos que podrán ser sufragados con los recursos de los fondos parafiscales cuyos órganos máximos de dirección estén presididos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, son los generados por:

1. El recaudo, control y sistematización de las cuotas parafiscales.

2. La formulación, coordinación, administración, ejecución, evaluación, información, difusión y control de los planes; proyectos y programas de inversión.

3. Las actividades y acciones que garanticen el cabal cumplimiento de las funciones encomendadas por la ley a los órganos máximos de dirección de cada fondo parafiscal.

4. La auditoría interna.

5. El cobro judicial y extrajudicial de las contribuciones parafiscales.

PAR. 1º—Los organismos máximos de dirección de los fondos parafiscales de que trata el presente artículo, podrán aprobar, al momento de considerar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, con el voto favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gastos administrativos distintos a los señalados en el presente artículo, siempre y cuando estos tengan relación directa con la formulación, coordinación, administración, ejecución, evaluación y control de los respectivos planes, proyectos y programas de inversión.

PAR. 2º—La contraprestación consagrada en la respectiva ley de creación de cada fondo parafiscal y en el correspondiente contrato de administración suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y el ente administrador, hace parte del patrimonio de este último y, como tal, será de su libre disposición y no estará sujeta a los controles de que trata el presente título ni al control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República.

(D. 2025/96, art. 9º)

ART. 2.10.2.3.—Operaciones e inversiones que pueden realizarse con recursos del fondo. Las entidades administradoras de los fondos parafiscales podrán efectuar operaciones e inversiones a nombre de los mismos y con cargo a los recursos del fondo, siempre y cuando se encuentren afectados a la finalidad que defina la ley para cada contribución parafiscal, esté previsto en el presupuesto de ingresos y gastos del correspondiente fondo y aprobado por el respectivo órgano máximo de dirección. El resultado de tales operaciones solo podrá afectar la contabilidad del respectivo fondo parafiscal.

Los activos que se adquieran con recursos de los fondos parafiscales deberán incorporarse a la cuenta especial de los mismos.

(D. 2025/96, art. 11)

ART. 2.10.2.4.—Aprobación de créditos. Las solicitudes de crédito que presenten los entes administradores de los fondos parafiscales para el cumplimiento de los objetivos de los mismos, deberán ser aprobadas por el órgano máximo de dirección del respectivo fondo parafiscal, con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR.—Para la consecución de los créditos de que trata el presente artículo, se podrán ofrecer como garantías los activos del respectivo fondo parafiscal y la pignoración de sus recursos futuros por concepto de las contribuciones parafiscales.

(D. 2025/96, art. 12)

ART. 2.10.2.5.—Sujeción normativa. Las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras existentes, quedan sujetas a este decreto, sin perjuicio de los derechos adquiridos y las disposiciones legales que las regulan y los contratos legalmente celebrados.

(D. 2025/96, art. 13)

TÍTULO 3

Disposiciones específicas

CAPÍTULO 1

Fondos del arroz, cacaotero y cerealista

ART. 2.10.3.1.1.—Sujetos obligados a recaudar las cuotas de fomento arrocero, cacaotero y cerealista. Están obligadas al recaudo de las cuotas de fomento arrocero, cacaotero y cerealista de que trata la Ley 67 del 30 de diciembre de 1983, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen arroz paddy, cacao o trigo, cebada, maíz, sorgo y avena de producción nacional, bien sea que se destinen al mercado interno o al de exportación, o se utilicen como semillas, materias primas o componentes de productos industriales para el consumo humano o animal.

Las entidades relacionadas no podrán procesar ni beneficiar estos productos mientras no se haya deducido previamente la respectiva cuota.

PAR.—Cuando los productos sean beneficiados por los mismos cultivadores o por su cuenta, la cuota se causará y deberá deducirse al momento de la trilla o beneficio, teniendo en cuenta los precios de referencia señalados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 1000/84, art. 1º)

ART. 2.10.3.1.2.—Liquidación del valor de la cuota. Las cuotas de fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o sobre el de venta del producto, cuando el ministerio así lo determine mediante resolución, en consideración a que las condiciones especiales de mercado favorecen los intereses de los productores.

(D. 1000/84, art. 2º)

ART. 2.10.3.1.3.—Licencia de exportación. Los exportadores de los granos a que se refiere la Ley 67 de 1983, deberán acreditar el pago del valor de la cuota de fomento para obtener licencia de exportación. El Incomex se abstendrá de autorizar cualquier exportación de arroz, cacao, trigo, maíz, cebada, sorgo o avena si no se cumple con el presente requisito.

(D. 1000/84, art. 3º. Deben tenerse en cuenta las competencias derivadas del D. 2682/99)

ART. 2.10.3.1.4.—Remesas. Los recaudadores, deben remesar mensualmente a la federación correspondiente las sumas que se recauden por concepto de la cuota de fomento, dentro de los diez (10) días del mes inmediatamente siguiente al del recaudo, enviando con la remesa una relación debidamente totalizada y firmada por el representante de la entidad recaudadora.

(D. 1000/84, art. 4º)

ART. 2.10.3.1.5.—Responsabilidad fiscal. Los recaudadores de las cuotas de fomento, serán fiscalmente responsables no solo por el valor de las sumas percibidas, sino también por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

(D. 1000/84, art. 5º)

ART. 2.10.3.1.6.—Libro de registro. Las entidades recaudadoras de las cuotas de fomento, están obligadas a llevar un libro foliado y sellado por el administrador o recaudador de impuestos nacionales del lugar, en el cual se anotarán los siguientes datos:

1. Fecha y número del comprobante de compra o de cuenta por beneficio.

2. Nombre e identidad del correspondiente enajenado o enterante.

3. Valor neto de compra del producto adquirido o beneficiado.

4. Peso en kilogramos del producto adquirido o beneficiado.

5. Valor recaudado en cada caso por concepto de la cuota de fomento respectiva.

PAR.—Estos mismos datos deberán acompañarse con las remesas de los recaudadores a las entidades administradoras de las cuotas.

(D. 1000/84, art. 6º)

ART. 2.10.3.1.7.—Control. La DIAN está facultada para controlar y exigir a las entidades recaudadoras la exactitud y oportunidad del recaudo y remesa de las cuotas de fomento de que trata la Ley 67 de 1983.

(D. 1000/84, art. 7º)

ART. 2.10.3.1.8.—Cobro en caso de mora o retraso. En caso de mora o retardo en la entrega de los cuotas a las federaciones, el correspondiente administrador de impuestos nacionales, el jefe de la sección de cobranzas de la respectiva administración de impuestos nacionales, o sus delegados, de oficio o a petición de la federación interesada, procederá a cobrarlas pudiendo proceder por jurisdicción coactiva y una vez percibidas las entregará inmediatamente a la federación para los trámites legales del caso.

(D. 1000/84, art. 8º)

ART. 2.10.3.1.9.—Visitadores. Las entidades administradoras de las cuota de fomento podrán organizar un cuerpo de visitadores cuya función será la de colaborar con la Dirección de Impuestos Nacionales y la Contraloría General de la República, en el cumplimiento de la labor de control de la liquidación, el recaudo y la remesa oportuna de las cuota de fomento .

(D. 1000/84, art. 9º)

ART. 2.10.3.1.10.—Control fiscal. Corresponde a la Contraloría General de la República el control fiscal de las cuotas de fomento.

En desarrollo de su función de control del recaudo de las cuotas de fomento, la contraloría a través de sus auditores o revisores fiscales delegados podrá practicar visitas a los recaudadores para establecer si han cumplido su labor y remitido oportunamente las sumas recaudadas. En caso de violación, se exigirá de inmediato el reintegro de los recursos dejados de recaudar o indebidamente utilizados, sin perjuicio de las acciones penales o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.

(D. 1000/84, art. 10)

ART. 2.10.3.1.11.—Restricciones al uso de los recursos de los fondos. Los recursos de los fondos arrocero, cerealista y cacaotero únicamente podrán invertirse en la ejecución de los objetivos expresamente dispuestos por la ley. En virtud de lo anterior, en el plan de inversiones y gastos se asignarán recursos discriminados por programas y proyectos según cada objetivo, cuya cuantía y prioridad dependen de la incidencia que para el fomento de cada cultivo en particular ofrezcan tales objetivos y de las circunstancias actuales de su desarrollo de manera que se logren mejorar las condiciones técnicas y económicas de la producción en beneficio de los agricultores y consumidores.

(D. 1000/84, art. 11)

ART. 2.10.3.1.12.—Reservas para comercialización. Cuando a juicio de la respectiva comisión de fomento en consonancia con las previsiones del plan de nacional de desarrollo se decida adelantar programas de promoción de exportaciones o estabilización de precios de los productos beneficiarios de las cuotas, se decretarán en cada ejercicio reservas en cuantía que permitan a mediano plazo acumular recursos suficientes para respaldar acciones significativas con tal fin, recursos que se manejarán a través de una subcuenta bajo el nombre de reservas para comercialización.

(D. 1000/84, art. 12)

ART. 2.10.3.1.13.—Órgano de dirección. Como órgano de dirección de los fondos nacionales creados por la Ley 67 de 1983, actuarán las comisiones especiales de que trata el artículo 7º de dicha ley, y que para todos los efectos se conocerán como comisión de fomento arrocero, comisión de fomento cerealista y comisión de fomento cacaotero, cada una de ellas integrada por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien la presidirá, por el Ministro de Comercio Industria y Turismo o su delegado, por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, por el jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado y por tres (3) miembros elegidos por las juntas directivas de la Federación Nacional de Arroceros, de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y la Federación Nacional de Cacaoteros, respectivamente.

(D. 1000/84, art. 13. El texto resaltado se modifica por la L. 114/94, art. 4º, para la Comisión de Fomento Cerealista)

ART. 2.10.3.1.14.—Reunión y competencias de las comisiones de fomento. Las comisiones de fomento se reunirán periódicamente por convocatoria del gerente o representante de la agremiación o del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y tendrán como funciones:

1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata la ley.

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales les corresponde asumir a los fondos de fomento durante cada vigencia y establecer, con cada federación, aquellos que son de su cargo como entidades administradoras, de manera que se limiten claramente responsabilidades y gastos de unos y otras.

3. Autorizar la celebración de contratos que por ley o según el reglamento lo requieran y especialmente los relativos a préstamos, prestación de servicios, compra-venta de inmuebles y aquellos que se celebren con el Gobierno Nacional.

4. Aprobar los recursos con destino a la subcuenta reservas para comercialización, y

5. Darse su propio reglamento.

(D. 1000/84, art. 14. Tener en cuenta L. 101/93, art. 33, inc. 2º)

ART. 2.10.3.1.15.—Control y seguimiento. El control y seguimiento de los programas y proyectos que se financien con recursos provenientes de las cuotas de fomento y su inversión, según los términos del artículo 9º de la Ley 67 de 1983, se cumplirá por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la dirección correspondiente.

(D. 1000/84, art. 15)

ART. 2.10.3.1.16.—Condición para la inversión de recursos. Los recursos que perciban las entidades administradoras por concepto de las cuotas de fomento arrocero, cacaotero y cerealista no podrán ser empleados por dichas entidades hasta tanto se perfeccione el contrato de administración o legalice su prórroga y se incorporen al presupuesto nacional las correspondientes partidas.

(D. 1000/84, art. 16)

ART. 2.10.3.1.17.—Reconocimiento de compras como costos de recaudo. Para efectos fiscales y con el fin de que a las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar las cuotas de fomento de que trata la Ley 67 de 1983, les sean aceptadas como costo las compras efectuadas durante el respectivo ejercicio gravable, a la declaración de renta y patrimonio deberán acompañar un certificado de paz y salvo por concepto del recaudo y remesa de dichas cuotas, expedido por las federaciones nacionales de arroceros, de cultivadores de cereales y de cacaoteros.

Las anteriores entidades administradoras de la cuota de fomento expedirán el citado certificado de paz y salvo a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable respectivo, previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 2.10.3.1.5 del presente decreto.

(D. 1000/84, art. 17)

ART. 2.10.3.1.18.—Transparencia. El manejo de los recursos de los fondos debe cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movimiento. Con tal fin, las federaciones de arroceros, de cacaoteros y cerealistas organizarán la contabilidad y utilizarán cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demás bienes.

(D. 1000/84, art. 18)

CAPÍTULO 2

Fondo Nacional Cerealista

ART. 2.10.3.2.1.—Definición. La cuota de fomento cerealista establecida por la Ley 51 del 7 de septiembre de 1966 empezará a causarse y a ser recaudada a partir del 12 de marzo de 1967.

PAR.—Entiéndese por cereales para efectos de la Ley 51 del 7 de septiembre de 1966 los siguientes productos: trigo, maíz, cebada, sorgo, mijo (millo), avena, centeno y demás cereales menores, excepto el arroz.

(D. 530/67, art. 1º. Para las normas del presente capítulo, ténganse en cuenta la L. 67/83 y el D. 1000/84)

ART. 2.10.3.2.2.—Sujetos obligados. Las personas naturales y jurídicas que cultiven cereales, estarán obligadas al pago de la cuota de fomento cerealista establecida en la Ley 51 de 1966.

(D. 530/67, art. 2º. Tener en cuenta L. 67/83)

ART. 2.10.3.2.3.—Otros sujetos. Quedarán obligadas al recaudo en la cuenta de la cuota de fomento cerealista todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o beneficien cereales de producción nacional, ya sea con fines industriales, comerciales, de exportación o de simple mercadeo o distribución por su cuenta o la de terceros al consumidor final de dichos granos.

(D. 530/67, art. 3º. Consejo de Estado, Sent. abr. 7/69, anuló las expresiones “reciban a cualquier título” y “o transformen”. Tener en cuenta L. 67/83)

ART. 2.10.3.2.4.—Cálculo. La cuota de fomento cerealista será deducida sobre el peso total de los granos mencionados, en las condiciones que presente el producto al ser entregado a las personas recaudadoras, restando solamente el peso del empaque o envase en que sean entregados. En consecuencia, no se harán deducciones en el peso por humedad, impurezas, otros granos y/o similares.

(D. 530/67, art. 4º)

ART. 2.10.3.2.5.—Responsabilidad fiscal. Todas las personas obligadas al recaudo de la cuota de fomento cerealista serán fiscalmente responsables no solo por el valor de las cuotas percibidas, sino también por los valores dejados de recaudar, y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

(D. 530/67, art. 6º)

ART. 2.10.3.2.6.—Remesas. Las personas o entidades recaudadoras de la cuota de fomento cerealista deberán remesar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, las sumas recaudadas por concepto de la cuota en el mes anterior.

(D. 530/67, art. 7º)

ART. 2.10.3.2.7.—Libro de movimiento de cereales. Las entidades o personas que recauden la cuota deberán llevar un libro foliado y registrado en la cámara de comercio respectiva, denominado “Libro de movimiento de cereales”, en el que se anotarán las cantidades de producto adquirido y/o procesado, con los siguientes datos:

1. Fecha y número del comprobante de la cuenta por cereales en su proceso industrial.

2. Nombre e identificación del correspondiente vendedor del cereal, cuando se transforme o beneficie cereal producido directa o indirectamente por el mismo procesador del grano, se dejará constancia de este hecho.

3. Peso en kilogramos del cereal sobre el cual se ha recaudado la cuota.

4. Valor recaudado en cada caso por concepto de la cuota de fomento cerealista.

(D. 530/67, art. 8º)

ART. 2.10.3.2.8.—Constancia en el libro de movimiento de cereales. Cuando se adquiera un volumen de cereales sobre el cual se haya pagado la cuota de fomento cerealista, deberá dejarse constancia en el “Libro de movimiento de cereales” del número del respectivo comprobante.

(D. 530/67, art. 9º. C.E, Sent. abr. 7/69, anuló la expresión “o reciba a cualquier título”)

ART. 2.10.3.2.9.—Competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en verificación de la exactitud del recaudo y remesas. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vigilará y exigirá a las entidades recaudadoras la exactitud del recaudo y las remesas de las cuotas de fomento cerealista.

(D. 530/67, art. 10)

ART. 2.10.3.2.10.—Consejo de fomento cerealista. En el contrato que se celebre entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas se establecerá un consejo de fomento cerealista, encargado de la aprobación, orientación y vigilancia de todos los programas que la federación realice con los recursos provenientes de la cuota de fomento cerealista.

(D. 530/67, art. 11. Este artículo se modifica por lo previsto en la L. 67/83, arts. 7º y 8º)

ART. 2.10.3.2.11.—Integración del consejo. El consejo a que se refiere el artículo 2.10.3.2.10 se integrará por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, que lo presidirá; por un miembro designado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en representación del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; por el gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas; y por un miembro designado por la junta directiva de la misma.

(D. 530/67, art. 12. Este artículo se modifica por lo previsto en la L. 67/83, arts. 7º y 8º)

ART. 2.10.3.2.12.—Administración de los recursos. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas administrará internamente los fondos provenientes de la cuota de fomento cerealista, de acuerdo a los planes y proyectos concretos aprobados por el consejo de fomento cerealista.

(D. 530/67, art. 13. Este artículo se modifica por lo previsto en la L. 67/83, arts. 7º y 8º. Tener en cuenta la L. 101/93, art. 30)

ART. 2.10.3.2.13.—Control fiscal. El control fiscal del manejo e inversión de la cuota de fomento cerealista se ejercerá por la Contraloría General de la República, para lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 51 de 1966, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas rendirá anualmente las cuentas correspondientes a esa entidad.

(D. 530/67, art. 14)

ART. 2.10.3.2.14.—Deberes de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. En el contrato que celebre con el gobierno, la federación se obligará a ejecutar la política de fomento cerealista aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a colaborar con el recaudo de la cuota de fomento cerealista, y a prestar todos los servicios que demande el cumplimiento de lo anterior.

(D. 530/67, art. 15)

ART. 2.10.3.2.15.—Condición para la inversión de los recursos. Los dineros recibidos por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas por concepto de la cuota de que trata la Ley 51 de 1966 no podrán ser invertidos por esta entidad hasta tanto se perfeccione el contrato a que se refiere el artículo 4º de la misma ley.

(D. 530/67, art. 16)

CAPÍTULO 3

Fondo Nacional Cacaotero

ART. 2.10.3.3.1.—Factura única de recaudo. Los compradores, comerciantes, exportadores o fábricas procesadoras de cacao, en su condición de recaudadores de la cuota de fomento cacaotero, están obligados a hacer uso de la factura única numerada que para efectos del recaudo de la cuota diseñe y elabore la entidad administradora del Fondo Nacional del Cacao.

(D. 502/98, art. 1º)

ART. 2.10.3.3.2.—Responsable de la factura única numerada. La entidad administradora de la cuota de fomento cacaotero es la encargada de diseñar y elaborar la factura única numerada para ser entregada a solicitud de los recaudadores de la cuota.

(D. 502/98, art. 2º)

ART. 2.10.3.3.3.—Información que debe remitirse al fondo nacional cacaotero. Los compradores, comerciantes, exportadores o fábricas procesadoras de cacao están obligados a enviar a la entidad administradora del fondo nacional cacaotero, además de la factura única y de la información de que trata el artículo 2.10.3.1.6 del presente decreto, un resumen de las compras del grano discriminadas por departamentos y municipios, en la forma en que la entidad administradora determine.

(D. 502/98, art. 3º)

ART. 2.10.3.3.4.—Entidad responsable del cumplimiento de las normas de este título. La entidad administradora del Fondo Nacional del Cacao velará por el estricto cumplimiento de este título.

(D. 502/98, art. 4º)

CAPÍTULO 4

Fondo de Fomento Algodonero

ART. 2.10.3.4.1.—Sujeto pasivo de la cuota de fomento algodonero. El sujeto pasivo de la cuota de fomento algodonero creada por la Ley 219 de 1995, será toda persona natural o jurídica que produzca fibra y semilla de algodón en Colombia, bien sea con destino al mercado interno o al de exportación, y toda persona natural o jurídica que importe fibra o hilaza de algodón o fibra de algodón contenida en hilaza, con mezcla de otras fibras.

(D. 1526/96, art. 1º. Respecto del texto resaltado ténganse en cuenta las expresiones de la L. 219/95 declaradas inexequibles mediante Sent. C-152/97)

ART. 2.10.3.4.2.—Hecho generador de la cuota de fomento algodonero. Genera la obligación de pagar la cuota de fomento algodonero el hecho de producir en el país fibra o semilla de algodón para consumo interno o exportación, y el hecho de importar fibra o hilazas de algodón o con contenido de algodón.

(D. 1526/96, art. 2º. Respecto del texto resaltado ténganse en cuenta las expresiones de la L. 219/95 declaradas inexequibles mediante Sent. C-152/97)

ART. 2.10.3.4.3.—Agentes retenedores. Serán agentes retenedores de la cuota de fomento algodonero toda persona natural o jurídica que compre fibra o semilla de algodón de producción nacional o importe fibra o hilaza de algodón o con mezcla de algodón, sea para consumo interno o de exportación.

(D. 1526/96, art. 3º. Respecto del texto resaltado ténganse en cuenta las expresiones de la L. 219/95 declaradas inexequibles mediante Sent. C-152/97)

ART. 2.10.3.4.4.—Retención de la cuota. El comprador de fibra o semilla de algodón de producción nacional y el importador de fibra o hilaza de algodón o con mezcla de algodón, están obligados a retener y autorretener, respectivamente, el valor de la cuota de fomento algodonero al momento de efectuar el pago correspondiente.

(D. 1526/96, art. 4º. Respecto del texto resaltado ténganse en cuenta las expresiones de la L. 219/95 declaradas inexequibles mediante Sent. C-152/97)

ART. 2.10.3.4.5.—Certificación de los retenedores. El agente retenedor deberá enviar, dentro de la primera quincena de cada mes, una certificación detallada de los recaudos efectuados durante el mes inmediatamente anterior, suscrita por el retenedor o su representante legal cuando se trate de persona jurídica, y el contador, auditor o revisor fiscal, según el caso, que deberá contener, por lo menos los siguientes datos:

1. Nombre o razón social y NIT del retenedor.

2. Dirección del domicilio del retenedor.

3. Nombre o razón social y NIT de la persona natural o jurídica a quien se le efectúe la retención o la indicación de ser autorretenedor en el caso de que la cuota provenga de la importación de fibra o hilaza de algodón o con mezcla de algodón.

4. Cantidades compradas o importadas y precio en pesos o en valor FOB por kilogramos del producto, respectivamente.

5. Liquidación para cada negociación, de la cuota retenida.

6. Monto total de las cuotas retenidas durante el mes inmediatamente anterior, con indicación de la entidad financiera en la cual mantuvo estas sumas, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 5º de la Ley 219 de 1995, y fecha de consignación en esta cuenta y en la especial del Fondo de Fomento Algodonero, anexando copia del recibo de consignación respectivo.

(D. 1526/96, art. 5º. Respecto del texto resaltado ténganse en cuenta las expresiones de la L. 219/95 declaradas inexequibles mediante Sent. C-152/97)

ART. 2.10.3.4.6.—Responsabilidades de los retenedores. Los agentes retenedores serán responsables por las sumas recaudadas, por las cuotas dejadas de retener, por los errores o defectos en las liquidaciones, y por la oportunidad de la retención y su consignación en la cuenta especial del Fondo de Fomento Algodonero.

(D. 1526/96, art. 6º)

ART. 2.10.3.4.7.—Interés de mora al retenedor. El retenedor de la cuota de fomento algodonero que no transfiera oportunamente los recursos al fondo, incurrirá en interés de mora a la tasa señalada para los deudores morosos del impuesto de renta y complementarios. En caso de pagos parciales sobre las sumas en mora, estos se aplicarán primero a los intereses causados y el saldo, si lo hubiere, a las cuotas adeudadas.

(D. 1526/96, art. 7º)

ART. 2.10.3.4.8.—Sanciones. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impondrá en favor del Fondo de Fomento Algodonero las siguientes sanciones, por la defraudación en el recaudo y consignación de la cuota de fomento algodonero, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar:

1. Multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, por la primera vez.

2. Multa de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, por la segunda vez.

3. Multa equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales, por la tercera vez en adelante.

(D. 1526/96, art. 8º)

ART. 2.10.3.4.9.—Cobro por vía ejecutiva. La entidad administradora del Fondo de Fomento Algodonero podrá demandar por la vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria, el pago de la cuota de fomento algodonero. Para el efecto, el representante legal de la entidad administradora expedirá, de acuerdo con la información que suministre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dependencia delegada para el efecto, el certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad.

PAR. 1º—Cuando la cuota no se pague en tiempo o se deje de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación, el representante legal de la entidad administradora del Fondo de Fomento Algodonero enviará un reporte a la dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público delegada para el efecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:

1. Identificación del recaudador visitado.

2. Discriminación del período revisado.

3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas pagadas con irregularidades en la liquidación, recaudo o consignación.

4. La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades o el retraso en el pago de que trata el numeral anterior.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dependencia delegada para el efecto podrá verificar la información a que se refiere el presente parágrafo en los libros de las personas obligadas a pagar la contribución y en los de los recaudadores. Igualmente, podrá requerir a la entidad administradora del fondo para obtener información adicional

PAR. 2º—Una vez presentado el reporte de que trata el parágrafo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dependencia delegada para el efecto, en un término de diez (10) días calendario, comunicará su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que este, en caso de conformidad produzca la certificación a que se refiere el artículo 17 de la Ley 219 de 1995, que constituye título ejecutivo.

En caso de inconformidad, la entidad administradora del fondo procederá a efectuar los ajustes propuestos, y a expedir, si fuere el caso, la correspondiente certificación.

PAR. 3º—Las personas obligadas al pago y recaudo de la contribución que se negaren a exhibir los libros de contabilidad se harán acreedoras a las sanciones establecidas por la ley.

(D. 1526/96, art. 9º)

ART. 2.10.3.4.10.—Deducción de costos. A solicitud de los interesados, el representante legal de la entidad administradora del fondo, con la firma del auditor o revisor fiscal, según el caso, expedirá certificados de paz y salvo de que trata el artículo 16 de la Ley 219 de 1995.

(D. 1526/96, art. 10)

ART. 2.10.3.4.11.—Comité directivo. El comité directivo del Fondo de Fomento Algodonero se conformará de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 219 de 1995.

PAR. 1º—Los miembros del comité directivo que representen a las entidades gremiales algodoneras tendrán un período fijo de dos (2) años. No obstante lo anterior, si se produce una vacante, por muerte o incapacidad permanente, o renuncia aceptada de uno de estos miembros, se procederá a efectuar la nueva elección en los términos previstos en los numerales 6º, y 8º del artículo 8º de la Ley 219 de 1995, según el caso.

PAR. 2º—El comité se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año, y extraordinariamente cuando el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad administradora del fondo o un mínimo de tres (3) de sus miembros, lo convoque.

(D. 1526/96, art. 11. L. 219/95, art. 8º, num. 7º, declarado inexequible mediante Sent. C-152/97)

ART. 2.10.3.4.12.—Funciones del comité directivo. El comité directivo del Fondo de Fomento Algodonero, además de las funciones que establece el artículo 9º de la Ley 219 de 1995, desarrollará las siguientes actividades:

1. Aprobar el presupuesto anual de inversiones y gastos de acuerdo al monto de los programas y proyectos por ejecutar, con el visto bueno del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. Fijar anualmente, con un tope máximo equivalente al diez por ciento (10%) de las sumas recaudadas por el Fondo de Fomento Algodonero, la contraprestación que se le reconocerá a la entidad administradora, de acuerdo al presupuesto y a las necesidades de la administración.

(D. 1526/96, art. 12)

ART. 2.10.3.4.13.—Condiciones de representatividad. Para los efectos del artículo 7º de la Ley 219 de 1995, se entiende que una entidad tiene condiciones de representatividad en el subsector algodonero cuando:

1. Su radio de acción se extienda a todo el territorio nacional.

2. Agrupa a gremios o personas naturales dedicadas al cultivo y la recolección del algodón semilla o al beneficio y procedimiento de sus frutos hasta obtener fibra, semilla e hilaza de algodón.

3. Orienta y dirige los intereses del gremio algodonero.

(D. 1526/96, art. 13)

ART. 2.10.3.4.14.—Gastos. La entidad administradora del Fondo de Fomento Algodonero podrá efectuar operaciones e inversiones a nombre del mismo y con arreglo a los recursos del fondo, siempre y cuando se encuentren afectados a la finalidad que define el artículo 6º de la Ley 219 de 1995, esté previsto en el presupuesto de ingresos y gastos del fondo y aprobado por el comité directivo. El resultado de tales operaciones solo podrá afectar la contabilidad del fondo.

PAR.—Los activos que se adquieran con recursos del Fondo de Fomento Algodonero deberán incorporarse a la cuenta especial del mismo.

(D. 1526/96, art. 14. Inc. inicial derogado por el D. 2025/96, art. 14)

ART. 2.10.3.4.15.—Manejo de los recursos. El manejo de los recursos y activos del Fondo de Fomento Algodonero debe hacerse de manera que en cualquier momento se puedan determinar su estado y movimiento. Para tal fin, la entidad administradora organizará la contabilidad del fondo, de conformidad con las normas contables vigentes, en forma completamente independiente a la contabilidad propia de la entidad administradora, y manejará los recursos en cuentas especiales para uso exclusivo del fondo, diferentes de aquellas en las que maneja sus propios recursos.

(D. 1526/96, art. 15)

CAPÍTULO 5

Fondo de Fomento Panelero

ART. 2.10.3.5.1.—Definición de procesadores. Para los efectos del numeral 2º del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 40 de 1990, entiéndese por procesadores quienes sin ser cultivadores de caña la adquieren, le extraen el jugo y elaboran panela o miel sin exceder su capacidad de molienda de 10 toneladas por hora.

(D. 1999/91, art. 1º)

ART. 2.10.3.5.2.—Definición de productores ocasionales. Para los efectos del artículo 2º de la Ley 40 de 1990, entiéndese por productores ocasionales, aquéllos cuya actividad principal no es la producción de panela, pero que por necesidades de regulación del mercado interno puede producirla dentro de las autorizaciones que para el efecto expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en concertación con la Federación Nacional de Productores de Panela, en cuantía que no supere anualmente el 0.5% del total de la producción mensual de panela.

(D. 1999/91, art. 2º)

ART. 2.10.3.5.3.—Sanción pecuniaria. Para efectos del numeral 1º del artículo 5º de la Ley 40 de 1990 la sanción pecuniaria a que se refiere el mismo, se tomará en salarios mínimos legales mensuales, vigentes en la fecha de su aplicación.

PAR.—Las sanciones establecidas en el artículo 5º de la Ley 40 de 1990, serán impuestas por las secretarías o servicios de salud departamentales, o en su defecto por las alcaldías municipales.

(D. 1999/91, art. 3º)

ART. 2.10.3.5.4.—Obligados al recaudo. Están obligadas al recaudo de la cuota de fomento panelero de que trata la Ley 40 de 1990, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran, transformen o comercialicen panela o miel de producción nacional, bien sea que se destine al mercado interno o al de exportación, o se utilice como materia prima o componente de productos industriales para el consumo humano o animal.

PAR. 1º—Los recaudadores serán aquellas personas que intervienen como los primeros compradores en la cadena de comercialización.

PAR. 2º—Los productores de panela que posean una capacidad instalada de molienda de dos o más toneladas de caña por hora, serán autorrecaudadores de la cuota y pagarán sobre la capacidad instalada, previa certificación de la producción por Fedepanela.

PAR. 3º—Para efectos del recaudo de la cuota sobre la miel para producción de alcohol establecida en el parágrafo 2º del artículo 7º de la Ley 40 de 1990 actuarán como recaudadores las empresas licoreras departamentales, los concesionarios o similares de los respectivos departamentos.

PAR. 4º—Para efectos de garantizar el adecuado control del recaudo de la cuota, a cada unidad mayor de empaque de cinco (5) kilogramos se colocará una etiqueta equivalente al pago por los kilos que contenga.

La entidad administradora de la cuota deberá suministrar al agente recaudador las etiquetas, con características de seguridad, las cuales no podrán ser reutilizadas.

PAR. 5º—Los recaudadores que no certifiquen el pago de la cuota con la correspondiente etiqueta no podrán ingresar el producto a las plazas mayoristas, negociarlo ni procesarlo.

Los segundos compradores que adquieran el producto sin verificar el pago de la cuota, responderán solidariamente de las obligaciones adquiridas por el agente recaudador.

(D. 1999/91, art. 4º; modificado por el D. 719/95, art. 1º; par. 4º modificado por el D. 3270/2005, art. 1º)

ART. 2.10.3.5.5.—Liquidación de la cuota. La cuota de fomento se liquidará sobre el precio del producto que figure en la correspondiente factura de venta, precio que en ningún caso será inferior al señalado semestralmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR.—La factura deberá reunir los requisitos establecidos en la ley.

(D. 1999/91, art. 5º, modificado por el D. 3270/2005, art. 2º)

ART. 2.10.3.5.6.—Pago de exportadores. Los exportadores de panela deberán acreditar ante las autoridades de comercio exterior, o aduaneras, el pago de la correspondiente cuota de fomento panelero previo al otorgamiento de la autorización respectiva.

Dichas autoridades se abstendrán de autorizar cualquier exportación de panela en cualesquiera de sus formas si no se cumple el anterior requisito.

(D. 1999/91, art. 6º)

ART. 2.10.3.5.7.—Administración de los recursos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante contrato especial pactará, con la Federación Nacional de Productores de Panela la administración de los dineros recaudados por concepto del pago de la cuota de fomento panelero.

PAR.—En caso de disolución, inhabilidad o incompatibilidad de la Federación Nacional de Paneleros, Fedepanela, o a juicio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este podrá contratar la administración de la cuota de fomento panelero de que trata la misma, con otra entidad pública o con una organización sin ánimo de lucro que represente el gremio nacional panelero.

(D. 1999/91, art. 7º. Tener en cuenta L. 101/93, art. 30)

ART. 2.10.3.5.8Entrega de los recursos. Los recaudadores de la cuota de fomento panelero entregarán a la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela, las sumas que se recauden por tal concepto dentro de los diez (10) días inmediatamente siguientes al día del recaudo.

(D. 1999/91, art. 8º)

ART. 2.10.3.5.9.—Responsabilidad fiscal. Los recaudadores de la cuota de fomento serán fiscalmente responsables no solo por el valor de lo percibido sino también por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

(D. 1999/91, art. 9º)

ART. 2.10.3.5.10.—Libro de registro. Los recaudadores de la cuota de fomento están obligados a llevar un libro foliado y sellado en la oficina competente de la Administración de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, en el cual se anotarán por los menos los siguientes datos:

1. Fecha y número de comprobante.

2. Nombre e identidad del responsable de la cuota.

3. Cantidad del producto que causa la cuota, señalada en kilogramos.

4. El valor recaudado en cada caso por concepto de la cuota de fomento.

PAR.—Estos mismos datos deberán consignarse en los documentos de los recaudadores para la entidad administradora de la cuota.

(D. 1999/91, art. 10)

ART. 2.10.3.5.11.—Facultades de inspección. La DIAN queda facultada para verificar y exigir a los recaudadores la exactitud y oportunidad del recaudo y remesa de la cuota de fomento de que trata la Ley 40 de 1990.

(D. 1999/91, art. 11)

ART. 2.10.3.5.12.—Mora o retardo en la entrega de la cuota. En caso de mora o retardo en la entrega de la cuota, la DIAN, a petición de la Federación Nacional de Productores de Panela, podrán exigir y si fuere necesario mediante el proceso administrativo coactivo, el pago de la cuota de fomento panelero, y una vez percibida, entregarla inmediatamente a la federación.

(D. 1999/91, art. 12)

ART. 2.10.3.5.13.—Equipo de seguimiento. La entidad administradora de la cuota de fomento, organizará un cuerpo especializado cuya función será la de colaborar con la DIAN y la Contraloría General de la República, en el cumplimiento de la labor de verificación, liquidación, recaudo y remesa oportuna de la cuota de fomento.

(D. 1999/91, art. 13)

ART. 2.10.3.5.14.—Control fiscal. Corresponde a la Contraloría General de la República el control fiscal de la cuota de fomento.

(D. 1999/91, art. 14)

ART. 2.10.3.5.15.—Limitación a inversión de recursos del fondo. Los recursos del Fondo de Fomento Panelero únicamente podrán invertirse en la ejecución de los fines expresamente dispuestos por la ley.

En virtud de lo anterior en el plan de inversiones y gastos se asignarán recursos discriminados por programas, subprogramas y proyectos según cada objetivo, cuya cuantía y prioridad dependen de la incidencia que para el fomento ofrezcan tales fines y de las circunstancias actuales de su desarrollo, de manera que se logren mejorar las condiciones técnicas y económicas de la producción, en beneficio de los productores y consumidores.

(D. 1999/91, art. 15)

ART. 2.10.3.5.16.—Junta directiva. Como órgano de dirección del fondo creado por la Ley 40 de 1990, actuarán la junta directiva de que trata el artículo 12 de dicha ley, y que para todos los efectos se conocerá como junta directiva del Fondo de Fomento Panelero o Fondo Nacional de la Panela integrada por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien la presidirá, por tres (3) representantes de esta cartera y por tres (3) miembros designados por la Federación Nacional de Productores de Panela, o por las organizaciones sin ánimo de lucro que representen al sector panelero.

(D. 1999/91, art. 16)

ART. 2.10.3.5.17.—Funciones de la junta. La junta directiva del Fondo Nacional de la Panela se reunirá periódicamente por convocatoria del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o del gerente o representante legal de Fedepanela y tendrá como funciones:

1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata le Ley 40 de 1990.

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales le corresponde asumir al Fondo Nacional de la Panela durante cada vigencia y establecer con la federación, aquellos que son de su cargo como entidad administradora, de manera que se delimiten claramente responsabilidades y gastos de unos y otros.

3. Autorizar la celebración de los contratos.

4. Aprobar los recursos con destino a la subcuenta “Reserva para comercialización”.

5. Darse su propio reglamento.

(D. 1999/91, art. 17. Tener en cuenta L. 101/93, art. 33, inc. 2º)

ART. 2.10.3.5.18.—Reservas. Cuando a juicio de la junta directiva del Fondo Nacional de la Panela, se decida adelantar programas de promoción de exportaciones o estabilización de precios de los productos beneficiarios de la cuota, se decretarán en cada ejercicio, reservas que permitan a mediano plazo acumular recursos suficientes para respaldar acciones significativas con tal fin, recursos que se manejarán a través de una subcuenta bajo el nombre de “Reservas para comercialización”.

(D. 1999/91, art. 18)

ART. 2.10.3.5.19.—Control y seguimiento. El control y seguimiento de los programas y proyectos que se financien con recursos provenientes de la cuota de fomento panelero y su inversión, según los términos del artículo 8º de la Ley 40 de 1990, lo ejercerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la dirección de cadenas agrícolas y forestales.

(D. 1999/91, art. 19)

ART. 2.10.3.5.20.—Condición para uso de recursos. Los recursos que perciba Fedepanela por concepto de la cuota de fomento panelero, no podrán ser utilizados hasta tanto se perfeccione el contrato de administración o legalice su prórroga y se incorporen al presupuesto general de la Nación las correspondientes partidas.

PAR.—Los recursos del Fondo de Fomento Panelero, por formar parte del presupuesto general de la Nación, estarán sujetos en la programación, ejecución y control a las disposiciones contempladas en la Ley 38 de 1989 y sus decretos reglamentarios o las normas que las modifiquen o sustituyan.

(D. 1999/91, art. 20)

ART. 2.10.3.5.21.—Aceptación de costos y deducciones. Para efectos fiscales y con el fin de que a las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar la cuota de fomento de que trata la Ley 40 de 1990, le sean aceptados los costos y deducciones por las compras de que dan lugar al cobro de la cuota de fomento panelero, efectuadas durante el respectivo año gravable deberá conservarse y mantenerse a disposición de la DIAN, por el término de cinco (5) años, el certificado de paz y salvo expedido por la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela.

Fedepanela expedirá el citado certificado de paz y salvo a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable respectivo, previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 2.10.3.5.9 del presente decreto.

(D. 1999/91, art. 21)

ART. 2.10.3.5.22.—Transparencia. El manejo de los recursos y activos del fondo debe cumplirse, de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movimiento. Con tal fin, la Federación Nacional de Productores de Panela, o la entidad administradora del Fondo de Fomento Panelero, organizará la contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos por la Contraloría General de la República y utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demás bienes.

(D. 1999/91, art. 22)

CAPÍTULO 6

Fondo de Fomento Tabacalero

ART. 2.10.3.6.1.—Subsector tabacalero. El subsector tabacalero comprende la actividad agrícola que tiene por objeto el cultivo, recolección y beneficio de la hoja de tabaco, proceso agrícola que termina con el secado de la hoja de tabaco en el caney o en horno por parte del agricultor y que posibilita a este la comercialización posterior de la hoja de tabaco.

(D. 4428/2005, art. 1º)

ART. 2.10.3.6.2.—Definición. Se entiende por hoja de tabaco o tabaco, la resultante del proceso de cosecha y posterior secado en caney o en horno por parte del agricultor, para su posterior comercialización.

(D. 4428/2005, art. 2º)

ART. 2.10.3.6.3.—Monto de la cuota de fomento. El monto de la cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero, será el equivalente al 2% del precio de venta de cada kilogramo de hoja de tabaco de producción nacional.

PAR.—Exclusivamente para efectos del cálculo de la cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señalará anualmente, antes del 31 de diciembre de cada año, el precio de referencia del kilogramo de tabaco, por variedad a nivel nacional, con base en el cual se llevará a cabo la liquidación de la cuota de fomento, que regirá para el año siguiente.

(D. 4428/2005, art. 3º)

ART. 2.10.3.6.4.—Momento de la causación. La cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero se causará de conformidad con los siguientes eventos:

1. En cabeza del productor al momento de la venta de la hoja de tabaco en el mercado nacional.

2. Cuando en una misma persona confluyan la calidad de productor y exportador, la cuota de fomento se causará, según el caso, al momento de la legalización de la exportación de la hoja de tabaco sobre la cantidad exportada directamente por el productor, y sobre la cantidad de hoja de tabaco producida para la venta no exportada y vendida en el mercado nacional al momento de la venta en el mercado nacional.

3. Si al momento de la legalización de la exportación de la hoja de tabaco, quien exporta no ostenta la calidad de productor deberá acreditar el pago de la cuota parafiscal sobre la venta de la hoja de tabaco, mediante certificación que para tal efecto expida la entidad administradora.

Si el exportador al momento de la legalización, no acredita el pago de la cuota parafiscal, deberá asumir dicho pago, el cual se causará sobre la hoja de tabaco utilizada como materia prima.

(D. 4428/2005, art. 4º, modificado por el D. 1740/2013, art. 1º)

ART. 2.10.3.6.5.—Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los retenedores de la cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero deberán mantener dichos recursos en una cuenta contable separada y están obligados a depositarlos dentro de los quince (15) primeros días del mes calendario siguiente al de la retención, en la cuenta especial denominada “Fondo Nacional del Tabaco” que para el efecto disponga la entidad administradora. También deberá enviar mensualmente a la entidad administradora, un formulario de declaración de las sumas retenidas, firmada por la persona natural o por el representante legal y el contador o revisor fiscal de la entidad encargada de la retención.

(D. 4428/2005, art. 5º)

ART. 2.10.3.6.6.—Registros de las sumas retenidas. Para el registro de los valores retenidos por concepto de la cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero los encargados de la retención llevarán al menos los siguientes datos:

1. Nombre o razón social y NIT del retenedor.

2. Fecha de la retención de la cuota.

3. Cantidad de hoja de tabaco respecto de la cual se realizó la retención.

4. Valor retenido en cada caso, por concepto de la cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero.

5. Municipio donde se hizo la compra de la hoja de tabaco.

PAR.—Estos mismos datos deberán consignarse en la declaración de sumas retenidas que los retenedores deben enviar a la entidad administradora de la cuota, acompañada de la copia del recibo de consignación.

(D. 4428/2005, art. 6º)

CAPÍTULO 7

Fondo de Fomento Palmero

ART. 2.10.3.7.1.—Definición de palmicultor. Para los efectos de la Ley 138 de 1994 y del presente decreto se denomina palmicultor a la persona natural o jurídica que se dedica al cultivo de la palma de aceite o a su beneficio.

(D. 1730/94, art. 1º)

ART. 2.10.3.7.2.—Porcentaje de la cuota. La cuota de fomento palmero será el equivalente al uno por ciento (1%) sobre el precio del kilogramo de palmiste y de aceite crudo de palma extraídos al momento del beneficio del fruto.

(D. 1730/94, art. 2º. Texto resaltado sustituido por la L. 1151/2007, art. 28 y L. 1450/2011, art. 276)

ART. 2.10.3.7.3.—Consignación de la cuota. La cuota de fomento para la agroindustria de la palma de aceite establecida por el artículo 2º de la Ley 138 de 1994, que se causa y retiene a partir del 1º de julio de 1994, fecha en la cual entraron a regir los precios de referencia para su liquidación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º de la misma ley, se consignará por el retenedor en la cuenta del Fondo de Fomento Palmero a partir de la firma del contrato de administración entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, dentro del término establecido por la Ley 138 de 1994.

(D. 1730/94, art. 3º)

ART. 2.10.3.7.4.—Responsabilidades de los retenedores. Las personas naturales o jurídicas que beneficien fruto de palma, ya sea por cuenta propia o de terceros, serán responsables por el valor de las sumas recaudadas por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

El retenedor deberá enviar mensualmente a la entidad administradora una certificación detallada de los recaudos, suscrita por la persona natural responsable o por el representante legal y el Contador o revisor fiscal, según el caso.

(D. 1730/94, art. 4º)

ART. 2.10.3.7.5.—Certificación de los retenedores. La certificación dispuesta en el artículo 2.10.3.7.4 de este decreto deberá contener al menos los siguientes datos:

1. Nombre o razón social y NIT del retenedor.

2. Dirección del domicilio social del retenedor.

3. Nombre o razón social y NIT de cada una de las personas naturales o jurídicas a las cuales se les efectuaron compras de fruto de palma de aceite, con indicación de la cantidad adquirida a cada uno de ellos.

4. Nombre o razón social y NIT de cada una de las personas naturales o jurídicas con las cuales se celebraron contratos de maquila o contratos de procesamiento agroindustrial similares para el procesamiento de fruto de palma de aceite, con indicación de la cantidad de fruto recibida, de la cantidad de palmiste y de aceite crudo de palma extraídos, y de la cantidad de palmiste y aceite crudo de palma entregados a cada uno de ellos, como resultado del contrato celebrado.

5. Cantidad de fruto de palma de aceite de producción propia procesado y cantidad de palmiste y de aceite crudo de palma obtenido de estos frutos.

6. Liquidación de la cuota retenida.

7. Entidad financiera en la cual se efectuó la consignación de la retención.

PAR.—Al formulario debe acompañarse copia del recibo de consignación de la cuota.

(D. 1730/94, art. 5º)

ART. 2.10.3.7.6.—Cobro de coactivo y de los intereses de mora. La entidad administradora del Fondo de Fomento Palmero podrá demandar por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria, el pago de la cuota de fomento palmero. Para tal efecto, el representante legal de la entidad administradora expedirá el certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad.

PAR.—El retenedor de la cuota de fomento palmero que no transfiera oportunamente los recursos, pagará intereses de mora a la tasa señalada para el impuesto de renta y complementarios.

(D. 1730/94, art. 6º)

ART. 2.10.3.7.7.—Comité directivo. El comité directivo del Fondo de Fomento Palmero se conformará de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 138 de 1994.

PAR. 1º—(Derogado).* Los miembros del comité directivo que no sean representantes de entidades estatales, tendrán un período fijo de dos (2) años. Si renunciaren al comité o perdieren su calidad de palmicultores o representantes de la persona jurídica a nombre de la cual fueron elegidos, perderán su calidad de tales y actuarán en su reemplazo los suplentes personales nombrados por el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.

*(Nota: Derogado por el Decreto 13 de 2016 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

PAR. 2º—El comité se reunirá ordinariamente tres (3) veces al año y extraordinariamente cuando el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad administradora de la cuota o tres (3) de sus miembros lo convoquen.

(D. 1730/94, art. 7º)

2.10.3.8.15ART. 2.10.3.7.8.—Funciones del comité directivo. En desarrollo de las funciones contempladas en el artículo 11 de la Ley 138 de 1994, el comité directivo del Fondo de Fomento Palmero deberá:

1. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales le corresponde asumir al Fondo de Fomento Palmero durante cada vigencia y establecer con la entidad administradora aquellos que son de su cargo como tal, de manera que se delimiten claramente responsabilidades y gastos de unos y otros.

2. Ajustar el presupuesto anual de inversiones al monto de los programas y proyectos de carácter nacional, así como la distribución de los recursos para inversión.

3. Darse su propio reglamento.

4. Ejercer las funciones que sean de su estricta competencia, de acuerdo con los objetivos del Fondo de Fomento Palmero.

(D. 1730/94, art. 8º)

ART. 2.10.3.7.9.—Administración del fondo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, la administración del fondo y el recaudo de la cuota de fomento palmero por un término de diez (10) años prorrogables. En el contrato se dispondrá lo relativo al manejo de los recursos y a la definición y establecimiento de programas y proyectos, las facultades y prohibiciones de la entidad administradora y los demás requisitos y condiciones necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 138 de 1994. La entidad administradora del fondo tendrá una contraprestación por la administración del Fondo de Fomento Palmero del diez por ciento (10%) del recaudo, la cual se causará mensualmente.

(D. 1730/94, art. 9º)

ART. 2.10.3.7.10.—Manejo de los recursos y del registro de los recaudos. El manejo de los recursos y activos del Fondo de Fomento Palmero debe cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movimiento. Con tal fin, la entidad administradora organizará la contabilidad de conformidad con las normas contables vigentes y utilizará cuentas distintas en entidades financieras y bancarias, de las que emplea para el manejo de sus propios recursos.

(D. 1730/94, art. 10)

CAPÍTULO 8

Fondo de Fomento Hortifrutícola

ART. 2.10.3.8.1.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que a cualquier título se dediquen a la producción, procesamiento, comercialización y venta de frutas y hortalizas en el territorio nacional.

(D. 3748/2004, art. 1º)

ART. 2.10.3.8.2.—Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones:

1. Comercialización. Conjunto de procesos para mover los productos en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

2. Comercializadores. Personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que, agregando o no valor al producto, lo transfieren a terceros mediante la fijación de un precio, ya sea que se destinen a los mercados nacionales o internacionales. Se entienden como tales los hipermercados, los supermercados, los comerciantes de las centrales de abastos, los comerciantes de las plazas de mercado, los tenderos, los intermediarios proveedores de los anteriores, los que reciben los productos en consignación, los comisionistas, los expendios de comidas preparadas y los demás que se asimilen a estas actividades.

3. Procesamiento. Fases de transformación de las frutas y hortalizas para su mejor aprovechamiento o para la agregación de valor.

4. Procesadores. Personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que agreguen valor al producto primario. Entiéndase como tales, entre otros: Lavadores de los productos, seleccionadores, clasificadores, empacadores y agroindustrias.

5. Producción. Proceso de transformación de las semillas mediante la combinación de los factores de producción para la obtención de frutas y hortalizas.

6. Productores. Personas que se dedican a realizar el proceso de transformación de semillas en frutas y hortalizas.

7. Venta. Enajenación de los productos por un precio que los representa.

(D. 3748/2004, art. 2º)

ART. 2.10.3.8.3.—Medida de referencia. El porcentaje al que hace referencia el artículo 3º de la Ley 118 de 1994, se calculará sobre el precio de venta por kilogramo del producto hortifrutícola.

(D. 3748/2004, art. 3º)

ART. 2.10.3.8.4.—Personas obligadas al recaudo. Serán recaudadores de la cuota de fomento hortifrutícola:

1. Las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que adquieran frutas y hortalizas al productor para el procesamiento o para su comercialización en el mercado nacional o internacional.

2. Las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que siendo productores de frutas y hortalizas las procesen o las exporten.

PAR.—La cuota de fomento se recaudará al momento de efectuarse la negociación del producto. Cuando el productor sea procesador o exportador, se recaudará en el momento de efectuarse el procesamiento o la exportación, según sea el caso.

(D. 3748/2004, art. 4º)

ART. 2.10.3.8.5.—Registro de los recaudos. Los recaudadores de la cuota de fomento hortifrutícola están obligados a llevar un registro contable de las sumas recaudadas, en el cual se anotarán los siguientes datos:

1. Nombre e identificación del sujeto pasivo de la cuota de fomento hortifrutícola.

2. Fecha y número del comprobante de pago de la cuota de fomento hortifrutícola.

3. Especie de fruta u hortaliza sobre la cual se paga la cuota.

4. Municipio en donde se origina la cuota de fomento hortifrutícola.

5. Cantidad del producto que causa la cuota, señalada en kilogramos.

6. Valor recaudado.

PAR.—Este mismo registro deberá ser llevado por la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, incluyendo además el nombre e identificación del recaudador.

(D. 3748/2004, art. 5º)

ART. 2.10.3.8.6.—Separación de cuentas y depósito de la cuota de fomento. Los recaudadores de la cuota de fomento hortifrutícola deberán mantener los dineros recaudados en una cuenta separada de la que utilicen para el giro ordinario de sus negocios y están obligados a depositarlos en el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, dentro del siguiente mes calendario al de su recaudo.

(D. 3748/2004, art. 6º)

ART. 2.10.3.8.7.—Responsabilidad de los recaudadores. Los recaudadores de la cuota de fomento hortifrutícola serán responsables por el valor de las sumas recaudadas y por las cuotas dejadas de recaudar.

PAR.—Los recaudadores deberán enviar a la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola una relación pormenorizada de los recaudos, firmada por el representante legal de la persona jurídica recaudadora o por la persona natural que represente a la sociedad de hecho retenedora o por la persona natural obligada al recaudo.

(D. 3748/2004, art. 7º)

ART. 2.10.3.8.8.—Paz y salvo a los recaudadores. La entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, expedirá a favor del recaudador, de la cuota de fomento hortifrutícola el paz y salvo por el período correspondiente, una vez haya acreditado su consignación en el fondo.

(D. 3748/2004, art. 8º)

ART. 2.10.3.8.9.—Control de recaudo. El administrador y el auditor interno del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola podrán realizar visitas de inspección a los documentos y libros de contabilidad, de las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, obligadas a hacer la retención de la cuota de fomento hortifrutícola, con el propósito de verificar su correcta liquidación, recaudo y consignación en tiempo, en el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Esta obligación quedará consignada en el contrato de administración que suscribe el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la entidad administradora de la cuota de fomento hortifrutícola.

(D. 3748/2004, art. 9º)

ART. 2.10.3.8.10.—Administración. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará la administración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y el recaudo de la cuota de fomento hortifrutícola, con la Asociación Hortifrutícola de Colombia con sujeción a los términos y condiciones señalados en la Ley 118 de 1994 y 726 de 2001.

PAR.—En caso de que la Asociación Hortifrutícola de Colombia incumpla las obligaciones legales y contractuales o no reúna los requisitos establecidos en el artículo 2.10.3.8.12 del presente decreto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará la administración del fondo con una entidad gremial del subsector hortifrutícola.

(D. 3748/2004, art. 10)

ART. 2.10.3.8.11.—Contraprestación. La entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola recibirá como contraprestación por la administración del fondo y por el recaudo de la cuota, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor recaudado anualmente, suma que podrá descontar a medida que se recaude la cuota.

(D. 3748/2004, art. 11)

ART. 2.10.3.8.12.—Requisitos para la entidad administradora. La entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Estar debidamente constituida, con personería jurídica vigente.

2. Que su objeto está dirigido al fomento de la actividad hortifrutícola.

3. No encontrarse en proceso de disolución o liquidación.

4. No estar incurso en causal de inhabilidad.

5. Tener condiciones de representatividad nacional de los productores de hortalizas y frutas.

PAR.—Se entiende que una entidad tiene condiciones de representatividad cuando:

1. Su radio de acción se extiende a todo el territorio nacional.

2. Agrupa a gremios o personas naturales productoras de frutas y hortalizas a nivel nacional, departamental y municipal.

3. Orienta y dirige los intereses del gremio hortifrutícola.

(D. 3748/2004, art. 12)

ART. 2.10.3.8.13.—Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola elaborará cada año, antes del primero de octubre, el plan de inversiones y gastos para el año siguiente, discriminado por programas y proyectos, el cual solo podrá ser ejecutado una vez haya sido aprobado por la junta directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

(D. 3748/2004, art. 13)

ART. 2.10.3.8.14.—Junta directiva. Como órgano de dirección del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola actuará una junta directiva integrada por:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado quien lo presidirá.

2. Dos representantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas elegidos por la respectiva asociación gremial con personería jurídica vigente.

3. Un representante del comité de exportadores de frutas de Analdex.

4. Un secretario de agricultura departamental o su delegado, elegido por el encuentro de secretarios de agricultura departamentales.

5. Un representante de la Asociación Colombiana de Estudios Vegetales.

6. Un representante de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA.

7. Dos representantes de la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol.

(D. 3748/2004, art. 14)

ART. 2.10.3.8.15.—Personería jurídica. Los miembros de la junta directiva, con excepción del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado y del secretario de agricultura departamental, deberán acreditar su personería jurídica vigente y presentar los estados financieros, que acrediten su actividad.

PAR.—(Derogado).* Con excepción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los miembros de la junta directiva serán elegidos por sus propias organizaciones para un período de 2 años y podrán ser reelegidos hasta por un período consecutivo, siendo posible su elección futura. La elección o ratificación deberá oficializarse a través del representante legal, mediante comunicación escrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

*(Nota: Derogado por el Decreto 13 de 2016 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

(D. 3748/2004, art. 15)

ART. 2.10.3.8.16.—(Derogado).* Representantes de las asociaciones de los pequeños productores. Los dos representantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas, de la junta directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola serán elegidos por sus representantes legales o por las personas en quienes ellos deleguen, en una reunión que para tal efecto citará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante convocatoria pública a través de un diario de amplia circulación nacional.

PAR. 1º—Se considerarán habilitadas para participar en la elección de los representantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas, aquellas asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas que a la fecha de su inscripción para la elección, tengan personería jurídica vigente, en su objeto social ostenten expresamente la condición de productor de frutas o de hortalizas y acrediten su existencia y representación con el certificado correspondiente.

PAR. 2º—No podrán ser elegidos como representantes de las asociaciones de pequeños productores de frutas y hortalizas quienes a la fecha de la elección hagan parte de la junta directiva de Asohofrucol.

(D. 3748/2004, art. 16)

*(Nota: Derogado por el Decreto 13 de 2016 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.10.3.8.17.—Atribuciones del órgano de dirección del fondo. Para el cabal cumplimiento de las funciones consagradas en el artículo 17 de la Ley 118 de 1994, la junta directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola tendrá las siguientes atribuciones:

1. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales le corresponde asumir el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola durante cada vigencia y establecer aquellos que sean a cargo de la entidad administradora, de manera que se delimiten claramente responsabilidades de unos y otros.

2. Ajustar el presupuesto anual de inversión de acuerdo con el monto de los programas y proyectos de carácter nacional, así como la distribución de los recursos regionales para inversión, atendiendo la proporcionalidad señalada por la Ley 118 de 1994 sobre aporte de recursos.

3. Aprobar los contratos relacionados con planes, programas o proyectos específicos, que presenten las instituciones y/o las organizaciones interesadas en aportar su conocimiento y experiencia al desarrollo del sector hortifrutícola colombiano.

4. Velar por la correcta y eficiente gestión del fondo por parte del administrador.

5. Solicitar informes sobre el estado de ejecución de los recursos.

6. Darse su propio reglamento.

(D. 3748/2004, art. 17)

CAPÍTULO 9

Fondo de Fomento de Leguminosas de Grano

ART. 2.10.3.9.1.—Leguminosas de grano. Para efectos del artículo 1º de la Ley 114 del 4 de febrero de 1994, se entiende por leguminosas de grano las especies de fríjol, arveja, lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya.

(D. 1592/94, art. 1º)

ART. 2.10.3.9.2.—Cuota de fomento de leguminosas de grano. La cuota de fomento de leguminosas de grano será equivalente al medio por ciento (0.5%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de fríjol, arveja, lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya.

PAR.—Para determinar la cuota de fomento de las leguminosas de grano, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señalará semestralmente antes del 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el valor del kilogramo del producto respectivo a nivel regional o nacional, con base en el cual se hará la liquidación de la cuota de fomento durante el semestre inmediatamente siguiente.

(D. 1592/94, art. 2º)

ART. 2.10.3.9.3.—Causación y recaudo de la cuota. La cuota de fomento de las leguminosas de grano se causará a partir del perfeccionamiento del contrato que se suscriba para su administración entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, Fenalce, para las leguminosas de grano fríjol, arveja, lenteja, garbanzo, haba frijol soya, y su recaudo se hará efectivo una vez iniciados los respectivos contratos.

(D. 1592/94, art. 3º)

ART. 2.10.3.9.4.—Persona obligada a la contribución. Será sujeto de la contribución, toda persona natural o jurídica que produzca, en el territorio nacional, frijol, arveja, lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya.

(D. 1592/94, art. 4º)

ART. 2.10.3.9.5.—Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la contribución a que se refiere la Ley 114 del 4 de febrero de 1994, toda entidad o empresa que compre, beneficie o transforme leguminosas de grano de producción nacional, bien sea que se destinen al mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias primas o componentes de productos industriales para consumo humano o animal.

(D. 1592/94, art. 5º)

ART. 2.10.3.9.6.—Responsabilidades de los recaudadores. Los recaudadores de las cuotas de fomento de leguminosas de grano, serán responsables por el valor de las sumas recaudadas, por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

(D. 1592/94, art. 6º)

ART. 2.10.3.9.7.—Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los recaudadores de la cuota de fomento de leguminosas de grano deberán mantener dichos recursos en una cuenta contable separada, y están obligados a depositarlos dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al recaudo en la cuenta especial denominada cuota de fomento de leguminosas de grano y cuota de fomento de fríjol soya que para el efecto abran las respectivas entidades administradoras. También deberán enviar mensualmente a la entidad administradora, una relación pormenorizada de los recaudos firmada por el representante legal de la entidad obligada al recaudo.

(D. 1592/94, art. 7º)

ART. 2.10.3.9.8.—Registro de los recaudos. Los recaudadores están obligados a llevar un registro contable del recaudo, el cual contendrá los siguientes datos:

1. Nombre e identificación del recaudador.

2. Fecha y número del comprobante de pago de la cuota de fomento de leguminosas de grano.

3. Especie que paga la cuota y origen municipal.

4. Cantidad del producto que causa la cuota señalada en kilogramos.

5. El valor recaudado.

(D. 1592/94, art. 8º)

ART. 2.10.3.9.9.—Comisión de fomento. La Comisión de fomento cerealista y de leguminosas de grano y la Comisión de fomento de fríjol soya se conforma de acuerdo con lo establecido en los artículos cuarto y quinto de la Ley 114 del 4 de febrero de 1994.

PAR. 1º—Los miembros de la Comisión de fomento cerealista y de leguminosas de grano y la Comisión de fomento de fríjol soya que no sean representantes de las entidades estatales, tendrán un período fijo de dos (2) años y dejarán de ser miembros si renunciaren a la comisión o perdieren su carácter de afiliados o asociados de las entidades contempladas en los artículos cuarto y quinto de la Ley 114 de 1994; en tal caso la entidad deberá designar su reemplazo.

PAR. 2º—Las comisiones se reunirán ordinariamente cuatro (4) veces al año y extraordinariamente cuando el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad administradora, o tres (3) de sus miembros la convoquen.

(D. 1592/94, art. 9º)

ART. 2.10.3.9.10.—Funciones de la comisión. La Comisión de fomento cerealista y de leguminosas de grano y la Comisión de fomento de fríjol soya, tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata la Ley 67 de 1983.

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales le corresponde asumir a los fondos durante cada vigencia.

3. Revisar y aprobar los estados financieros que le presente la entidad administradora.

4. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad administradora, puede contratar sin autorización previa de las comisiones de los fondos.

5. Autorizar los contratos o subcontratos que se deberán firmar con otras agremiaciones o cooperativas del subsector propuestos por la administración o cualesquiera de los miembros de las comisiones, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos.

6. Conformar comités asesores de acuerdo con las necesidades.

7. Determinar los programas y proyectos estratégicos, tanto de índole nacional, como regionales y subregionales, para lo cual, con el apoyo del comité asesor que para el efecto conforme, evaluará y decidirá sobre las propuestas elaboradas por las respectivas organizaciones.

8. Darse su propio reglamento.

9. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos.

(D. 1592/94, art. 10)

ART. 2.10.3.9.11.—Administración de los fondos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, Fenalce, la administración y recaudo de la cuota de fomento de leguminosas de grano y de fomento de fríjol soya. En el contrato se dispondrá lo relativo a la contraprestación por la administración del fondo, al manejo de los recursos, la gerencia estratégica y administración por objetivos, la definición y establecimiento de programas y proyectos, las facultades y prohibiciones de la entidad administradora y los objetivos previstos en la Ley 67 de 1983 y la Ley 114 de 1994.

(D. 1592/94, art. 11)

ART. 2.10.3.9.12.—Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del Fondo de Fomento de Fríjol Soya, elaborará, antes del 1º de octubre de cada año, el plan de inversiones y gastos por programas y proyectos del año siguiente en forma discriminada y por especie. El plan solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la comisión con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

Los programas y proyectos de inversión podrán tener cobertura nacional, regional o subregional. En el primer caso, su ejecución será competencia de la entidad administradora en asocio con las entidades gremiales por especie que sean representativas a nivel nacional; en los otros, debe concertarse la acción con la entidad o entidades regionales o subregionales presentes en el área.

PAR. 1º—En la asignación de los recursos para los proyectos regionales y subregionales, se tendrá en cuenta la proporción en que participan las respectivas regiones y especies en la contribución al respectivo fondo.

PAR. 2º—Los programas y proyectos propuestos deben justificar la manera en que incidirán en la transformación de las condiciones de producción en la respectiva región o subregión.

(D. 1592/94, art. 12)

ART. 2.10.3.9.13.—Manejo de los recursos y activos. El manejo de los recursos y activos del Fondo de Fomento Cerealista y de Leguminosas de Grano y del Fondo de Fomento de Fríjol Soya, deberá cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movimiento. Con tal fin, la entidad administradora, organizará la contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos por las normas vigentes y utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demás bienes.

(D. 1592/94, art. 13)

CAPÍTULO 10

Fondo de Fomento Ganadero y Lechero

ART. 2.10.3.10.1Especies de ganado. Para efectos de la cuota de fomento ganadero y lechero a que se refiere la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, se entenderá por ganado las especies bovina y bufalina.

(D. 696/94, art. 1º)

ART. 2.10.3.10.2.—Cuota de fomento ganadero y lechero. La cuota de fomento ganadero y lechero será equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche vendido por el productor, y al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del sacrificio.

(D. 696/94, art. 2º. Textos resaltados sustituidos por la L. 395/97, art. 16, modificado por la L. 925/2004, art. 4º)

ART. 2.10.3.10.3.—Causación y recaudo de la cuota. La cuota de fomento ganadero y lechero establecida por la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, se causará y recaudará a partir del perfeccionamiento del contrato que se suscriba para su administración entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan.

(D. 696/94, art. 3º)

ART. 2.10.3.10.4.—Personas obligadas a la contribución. Será sujeto de la contribución toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que produzca carne y/o leche, con la excepción consagrada en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 89 de 1993.

(D. 696/94, art. 4º)

ART. 2.10.3.10.5.—Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la contribución a que se refiere la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, modificada por la Ley 395 de 1997, las siguientes personas naturales o jurídicas:

1. Las plantas de beneficio públicas administradas directamente por los municipios.

2. Las plantas de beneficio públicas administradas por empresas públicas o de propiedad de estas.

3. Las plantas de beneficio privadas.

4. La persona natural o jurídica que compre leche cruda al productor directamente o por interpuesta persona, o aquella que siendo productor la procese y/o comercialice directamente en el país.

5. Las cooperativas lecheras recaudarán la cuota de fomento ganadero y lechero por concepto de compras de leche realizadas a los productores no cooperados y a los cooperados cuando su consejo de administración decida participar en el Fondo Nacional del Ganado.

PAR. 1º—Cuando los entes territoriales municipales o las empresas de servicios públicos municipales, empresas varias o similares entreguen a cualquier título para su explotación económica las plantas de beneficio de su propiedad, lo harán sin perjuicio del cumplimiento de la obligación establecida en el literal a) del artículo 6º de la Ley 89 de 1993 o de la norma que la adicione, modifique o sustituya.

PAR. 2º—Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en otras disposiciones legales, los alcaldes municipales y/o gerentes de empresas de servicios públicos municipales, empresas varias o similares una vez entregadas las plantas de beneficio públicas a cualquier título para su explotación económica, deberán informar a la entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado acerca de esta circunstancia y suministrar la siguiente información:

1. Copia del respectivo contrato.

2. Copia de la identificación del contratista, tratándose de personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva.

PAR. 3º—La exención de que trata el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 89 de 1993 no será extensiva a personas jurídicas distintas de aquellas cuya naturaleza sea la de cooperativa de leche.

(D. 696/94, art. 5º, modificado por el D. 2255/2007, art. 1º)

ART. 2.10.3.10.6.—Responsabilidades de los recaudadores. Los recaudadores de las cuotas de fomento ganadero y lechero serán responsables por el valor de las sumas recaudadas, por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

(D. 696/94, art. 6º)

ART. 2.10.3.10.7.—Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero deberán mantener dichos recursos en una cuenta por pagar contable separada, y están obligados a depositarlos dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al recaudo, en la cuenta especial denominada “Fondo Nacional del Ganado” que para el efecto disponga la entidad administradora de dicha cuenta.

(D. 696/94, art. 7º, modificado por el D. 2255/2007, art. 2º)

ART. 2.10.3.10.8.—Registro de los recaudos. Los recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero, estarán en la obligación de informar y reportar el recaudo, así como las novedades que incidan en su operación, en los formatos y de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto diseñe y establezca la entidad administradora, los cuales serán publicados y regulados por resolución expedida a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Dichos reportes deberán ser enviados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del pago de la cuota del respectivo mes.

PAR.—Hasta tanto no se expida la resolución de que trata el presente artículo, se aplicarán para el registro de los recaudos las disposiciones legales anteriores a la expedición del presente decreto.

(D. 696/94, art. 8º, modificado por el D. 2255/2007, art. 3º)

ART. 2.10.3.10.9.—Junta directiva. La junta directiva del Fondo Nacional del Ganado se conformará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993.

PAR. 1º—Los miembros de la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado que no sean representantes de las entidades estatales tendrán un período fijo de dos (2) años. Si renunciaren a la junta o perdieren el carácter de afiliados, asociados o representantes de las entidades contempladas en el artículo 5º de la Ley 89 de 1993, perderán su calidad de miembros de la junta directiva del Fondo Nacional de Ganado y la entidad deberá designar su reemplazo.

PAR. 2º—La junta se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año, y extraordinariamente cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad administrado o tres (3) de sus miembros la convoquen.

(D. 696/94, art. 9º)

ART. 2.10.3.10.10.—Funciones de la junta directiva. La junta directiva del Fondo Nacional del Ganado tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993 y sus modificaciones, cuando se presenten durante el año planes programas o proyectos que por su prioridad las justifiquen.

2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales le corresponde asumir al Fondo Nacional del Ganado durante cada vigencia.

3. Revisar y aprobar los estados financieros presentados por la entidad administradora.

4. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad administradora pueda contratar sin autorización previa de la junta directiva del fondo.

5. Conformar comités asesores, de acuerdo con las necesidades para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ganado.

6. Determinar los programas y proyectos estratégicos del Fondo Nacional del Ganado, tanto los de índole nacional como los regionales y subregionales, para lo cual con apoyo del comité asesor que para el efecto conforme, evaluará y decidirá sobre las propuestas elaboradas por las respectivas organizaciones ganaderas o vinculadas a la actividad ganadera.

7. Propender por consolidar a las entidades gremiales existentes en las regiones y subregiones, constituidas en elementos fundamentales para la operación del Fondo Nacional del Ganado. Allí donde no existan, apoyará a los esfuerzos de los ganaderos para conformarlas.

8. Darse su propio reglamento.

9. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos del Fondo Nacional del Ganado.

(D. 696/94, art. 10)

ART. 2.10.3.10.11.—Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado elaborará cada año, antes del 1º de octubre, el plan de inversiones y gastos por programas y proyectos del año siguiente en forma discriminada y por especie. El plan solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

Los programas y proyectos de inversión podrán tener cobertura nacional, regional o subregional. En el primer caso su ejecución será competencia de la entidad administradora en asocio con las entidades gremiales por especie que sean representativas a nivel nacional; en los otros, debe concertarse la acción con la entidad o entidad regionales o subregionales presentes en el área.

PAR. 1º—En la asignación de los recursos para los proyectos regionales y subregionales se tendrá en cuenta la proporción en que participan las respectivas regiones y especies en la contribución al Fondo Nacional del Ganado, así como el papel que juegan las diferentes etapas del proceso productivo ganadero (cría, levante y ceba) en la generación del producto final.

PAR. 2º—Los programas y proyectos propuestos deben justificar la manera en que incidirán en la transformación de las condiciones de producción ganadera en la respectiva región o subregión.

(D. 696/94, art. 11)

ART. 2.10.3.10.12.—Manejo de los recursos y activos. El manejo de los recursos y activos del Fondo Nacional del Ganado debe cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movimiento. Con tal fin, la entidad administradora organizará la contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos por las normas vigentes y utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demás bienes.

(D. 696/94, art. 12)

CAPÍTULO 11

Fondo Nacional Avícola

ART. 2.10.3.11.1.—Definiciones. Para efectos de la cuota de fomento avícola establecida por la Ley 117 de 1994, adóptanse las siguientes definiciones:

1. Empresa incubadora. Es aquella persona natural o jurídica dedicada a la obtención de pollitos o pollitas de un día de nacidos a partir de huevos fertilizados producidos en el país o importados, con el propósito de la venta a terceros o para su propia explotación.

2. Pollitos. Las aves de un día de nacidas, de todas las especies, destinadas a la producción de carne.

3. Pollitas. Las aves de un día de nacidas, de todas las especies destinadas a la producción de huevos.

4. Número de aves nacidas. El número de aves nacidas en una empresa incubadora es igual al número de aves vendidas, más las cedidas a título de bonificación o donación y aquellas destinadas a explotación comercial por la misma empresa.

PAR.—Mediante facturas de venta, bonificación o donación se controlará el nacimiento de las aves. Las destinadas a explotación comercial por la misma empresa incubadora, se controlarán a través de los comprobantes del traslado interno a sus galpones de cría.

(D. 823/94, art. 1º, modificado por el D. 523/2003, art. 1º)

ART. 2.10.3.11.2.—Causación y recaudo de la cuota de fomento avícola. La cuota de fomento avícola se causará y recaudará a partir del perfeccionamiento del contrato de administración que se celebre entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), o la entidad que haga las veces de esta.

(D. 823/94, art. 2º)

ART. 2.10.3.11.3.—Liquidación de la cuota de fomento avícola. La cuota de fomento avícola se liquidará sobre el valor comercial de cada ave nacida en las plantas de las empresas incubadoras, destinadas a la producción de huevo o carne.

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), como entidad administradora del Fondo Nacional Avícola, fijará cada tres (3) meses el precio comercial promedio de cada ave, para lo cual tendrá en cuenta los precios del mercado.

(D. 823/94, art. 3º, modificado por el D. 523/2003, art. 2º. Concordancia con la L. 1255/2008, art. 20)

ART. 2.10.3.11.4.—Oportunidad del recaudo. El recaudo de la cuota de fomento avícola se hará efectivo cuando se verifique la venta, bonificación, donación o el traslado interno de cada ave de un día de nacida, a los galpones de cría de la propia empresa incubadora.

(D. 823/94, art. 4º, modificado por el D. 523/2003, art. 3º. Concordancia con la L. 1255/2008, art. 20)

ART. 2.10.3.11.5.—Responsabilidad de los recaudadores. Las empresas incubadoras como entidades obligadas a recaudar la cuota de fomento avícola serán fiscalmente responsables por el valor de las sumas recaudadas, por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas.

(D. 823/94, art. 5º)

ART. 2.10.3.11.6.—Información sobre la cuota recaudada. Las entidades recaudadoras de la cuota de fomento avícola deberán enviar mensualmente a la entidad administradora una relación pormenorizada de los recaudos. Esta relación será firmada por su representante legal y deberá contener la siguiente información:

1. Nombre e identificación del recaudador.

2. Fecha y destino de la venta, bonificación, donación, o del traslado interno de las aves (granja o distribuidor y municipio).

3. Relación de las ventas, bonificación, donación o de los traslados internos, en donde se cuantificará el volumen de las operaciones anteriores y se discriminarán los tipos de aves.

4. Valor recaudado.

5. Nombre y NIT de la empresa compradora.

(D. 823/94, art. 6º, modificado por el D. 523/2003, art. 4º)

ART. 2.10.3.11.7.—Libro de registro. Los recaudadores de la cuota de fomento avícola llevarán un libro en el cual se anotarán los datos correspondientes a cada operación de venta o traslado interno de aves. En el libro se registrará, como mínimo lo siguiente:

1. Fecha y número del comprobante de pago de la cuota de fomento avícola.

2. Cantidad de aves vendidas, bonificadas, donadas o trasladadas internamente, discriminadas por tipo de ave.

3. Nombre e identidad del comprador respectivo, en caso de personas naturales y razón social y el NIT, si se trata de personas jurídicas.

4. Valor recaudado.

El libro de registro estará a disposición de la entidad administradora del Fondo Nacional Avícola, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Contraloría General de la República.

(D. 823/94, art. 7º, modificado por el D. 523/2003, art. 5º)

ART. 2.10.3.11.8.—Control del recaudo. La entidad administradora del Fondo Nacional Avícola podrá realizar visitas de inspección a los libros en los que se registre la cuota de fomento avícola con el propósito de verificar su pago y queda facultada para exigir a los recaudadores la exactitud y oportunidad del recaudo y transferencia de los fondos de la cuota.

(D. 823/94, art. 8º)

ART. 2.10.3.11.9.—Cuerpo de apoyo. La entidad administradora del Fondo Nacional Avícola podrá organizar un cuerpo especializado, cuya función será la de colaborarle en el cumplimiento de la labor de verificación de las liquidaciones, recaudos y transferencias oportunas de la cuota de fomento avícola y en el suministro de la información que sobre el particular requiera la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Contraloría General de la República.

Esta facultad no libera a la entidad administradora de cumplir y responder por las obligaciones asignadas en la Ley 117 de 1994, en el presente reglamento y en el contrato de administración.

(D. 823/94, art. 9º)

ART. 2.10.3.11.10.—Contraprestación. La contraprestación por concepto de la administración de la cuota de fomento avícola a favor de la entidad administradora será del diez por ciento (10%) del monto de lo recaudado. Este valor será deducido mensualmente por la entidad administradora del monto del recaudo.

(D. 823/94, art. 10)

ART. 2.10.3.11.11.—Junta directiva del fondo. La junta directiva del Fondo Nacional Avícola estará conformada de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 117 de 1994.

PAR. 1º—Los miembros de la junta directiva del Fondo Nacional Avícola que no sean representantes de las entidades estatales, tendrán un período fijo de dos años y contarán con suplentes personales. Si renunciaren a la junta, o perdieren el carácter de afiliados o asociados de las entidades que representan perderán su calidad de miembros y la junta directiva de la entidad administradora deberá designar su reemplazo.

PAR. 2º—La junta directiva del Fondo Nacional Avícola deberá reunirse ordinariamente cuatro (4) veces al año y en forma extraordinaria cuando el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad administradora, o tres de sus miembros la convoquen.

(D. 823/94, art. 11)

ART. 2.10.3.11.12.—Funciones de la junta. La junta directiva del Fondo Nacional Avícola tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata el artículo 11 de la Ley 117 de 1994.

2. Fijar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos le corresponda asumir al Fondo Nacional Avícola durante cada vigencia.

3. Autorizar la celebración de contratos, según las condiciones que señale su propio reglamento.

4. Conformar comités asesores de acuerdo con las necesidades del Fondo Nacional Avícola.

5. Propender por la consolidación de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), y de las entidades gremiales nacionales y regionales que le sean asociadas, las cuales se estiman piezas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional Avícola.

6. Establecer con la entidad administradora los gastos que son de su cargo y aquellos que correspondan al fondo, de manera que se delimiten claramente responsabilidades, y gastos.

7. Determinar los proyectos y programas estratégicos del Fondo Nacional Avícola, tanto de índole nacional como regional. Para estos últimos, con el apoyo de un comité asesor que para el efecto se conforme, evaluará y decidirá sobre las propuestas e iniciativas que se presenten.

8. Verificar que el monto de los proyectos y programas nacionales y regionales se ajusten al presupuesto anual de inversiones, atendiendo a la proporcionalidad en la aplicación de los recursos a que se refiere el parágrafo del artículo 11 de la Ley 117 de 1994.

9. Darse su propio reglamento.

10. Las demás que sean de su competencia de acuerdo con los objetivos del Fondo Nacional Avícola.

(D. 823/94, art. 12)

ART. 2.10.3.11.13.—Plan de inversiones y gastos. La entidad administradora del Fondo Nacional Avícola elaborará antes del primero de noviembre de cada año el plan de inversiones y gastos por programas y proyecto del año siguiente, en forma discriminada, el cual solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la junta directiva del fondo.

Los programas y proyectos podrán ser de cobertura nacional o regional. En el primer caso, su ejecución será competencia de la entidad administradora; en el segundo, podrá concertarse la acción con la entidad o entidades regionales presentes en las respectivas áreas cuya personería jurídica se encuentre debidamente reconocida.

(D. 823/94, art. 13)

ART. 2.10.3.11.14.—Del manejo de los recursos y activos. El manejo de los recursos y activos del Fondo Nacional Avícola debe cumplirse de manera que en cualquier momento se pueda determinar su estado y movimiento. Con tal fin, la entidad administradora del fondo organizará la contabilidad de conformidad con los métodos contables prescritos y utilizará cuentas bancarias independientes de las que emplea para el manejo de sus propios recursos y demás bienes.

(D. 823/94, art. 15)

ART. 2.10.3.11.15.—De la vigilancia de programas y proyectos. La evaluación y seguimiento de los programas y proyectos que se financien con los recursos provenientes del Fondo Nacional Avícola y su inversión la ejercerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual la entidad administradora remitirá semestralmente un informe detallado de los recursos obtenidos y su inversión.

(D. 823/94, art. 16)

CAPÍTULO 12

Fondo Nacional de la Porcicultura

(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.10.3.12.1.—Cuota de fomento porcícola. La cuota de fomento porcícola estará constituida por el equivalente al [15%] de un salario diario mínimo legal vigente, por cada porcino al momento del sacrificio, así como por cada sesenta (60) kilogramos de carne de cerdo importada, cualquiera sea su origen.

(D. 1522/96, art. 1º. Texto en corchete sustituido por la L. 1500/2011, art. 1º. Texto resaltado inexequible en la L. 272/96 según Sent. C-152/97)

(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.10.3.12.2.—Causación y recaudo de la cuota. La cuota de fomento porcícola, establecida mediante la Ley 272 de 1996, se causará y recaudará a partir del perfeccionamiento del contrato que se suscriba para su administración entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Colombiana de Porcicultores.

(D. 1522/96, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.10.3.12.3.—Personas obligadas a la contribución. Serán sujetos pasivos de la contribución los productores de porcinos, sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, los comercializadores de porcinos, y los importadores de carne de cerdo.

(D. 1522/96, art. 3º. Texto resaltado inexequible en la L. 272/96 según Sent. C-152/97)

(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.10.3.12.4.—Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la contribución a que se refiere la Ley 272 de 1996:

1. Los mataderos que cuenten con una infraestructura técnica, administrativa y contable adecuada, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este recaudo se efectuará al momento del degüello.

2. Las tesorerías municipales, al momento de expedir la guía o permiso para el sacrificio, en aquellos municipios o poblaciones donde no exista matadero o este no cuente con la infraestructura adecuada.

3. Las importaciones de carne porcina al momento de su nacionalización.

(D. 1522/96, art. 4º. Texto resaltado relacionado con la inexequibilidad de algunas expresiones en la L. 272/96 según Sent. C-152/97)

(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 2.10.3.12.5.—Responsabilidades de los recaudadores. Los recaudadores de las cuotas de fomento porcícola serán fiscalmente responsables del valor de las sumas recauda