DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1074DUR COMERCIODUR 1074DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO COMERCIODECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOMinisterio de Comercio Industria y Turismo 

DECRETO 1074 DE 2015

(Mayo 26)

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.

El Presidente de la República de Colombia,

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el Gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la relatoría y la secretaría general del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente decreto único reglamentario sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

Estructura del sector comercio, industria y turismo

PARTE 1

Sector central

TÍTULO 1

Cabeza del sector

ART. 1.1.1.1.—Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del marco de su competencia: formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.

(D. 210/2003, art. 1º)

TÍTULO 2

Fondos especiales

ART. 1.1.2.1.—Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fomipyme). Tiene como objetivo aplicar instrumentos financieros y no financieros, estos últimos, mediante cofinanciación no reembolsable de programas, proyectos y actividades para la innovación, el fomento y promoción de las Mipymes.

(L.1450/2011, art. 44)

ART. 1.1.2.2.—Fondo fílmico Colombia. Tiene por objeto desarrollar una actividad estratégica de relación comercial en el exterior mediante la promoción de nuestro territorio como destino para la filmación de películas.

(L.1556/2012, art. 1º)

TÍTULO 3

Consejos superiores y organismos de asesoría de la administración

ART. 1.1.3.1.—Consejo superior de comercio exterior. Es un organismo consultivo cuyo objetivo es asesorar al Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionen con el comercio exterior y la competitividad de las empresas del país.

(D. 2553/99, art. 27)

ART. 1.1.3.2.—Consejo superior de microempresa y de la pequeña y mediana empresa. Es un órgano encargado de asegurar la formulación y adopción de políticas públicas generales, transversales, sectoriales y regionales de fomento y promoción empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de generar empleo y crecimiento económico sostenido.

(L. 590/2000, art. 3º; modificado por la L. 905/2004, art. 3º)

ART. 1.1.3.3.—Consejo nacional de protección al consumidor. Tiene como objetivo asesor del Gobierno Nacional en todas las materias relacionadas con la acción administrativa de protección y defensa de los consumidores.

(D. 3468/82, art. 1º)

ART. 1.1.3.4.—Consejo superior de turismo. Corresponde al consejo superior de turismo coordinar y adoptar programas y proyectos en materia de turismo en armonía con la política turística formulada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, a las cuales estarán sujetas las medidas y acciones que desarrollen las entidades que lo conforman.

(D. 1873/2013, art. 1º)

ART. 1.1.3.5.—Consejo consultivo de la industria turística. Tiene como objetivo ser el órgano consultivo y asesor del gobierno en materia de turismo, en los términos de la ley.

(D. 1591/2013, art. 1º)

ART. 1.1.3.6.—Consejo nacional de seguridad turística. Su objetivo consiste en incrementar la seguridad para los usuarios de servicios turísticos, mediante el establecimiento de estrategias, a partir de las cuales la policía de turismo, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades territoriales, implementan proyectos y actividades que promuevan medidas de control y prevención dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos e información y orientación al turista.

(D. 945/2014, art. 2º)

ART. 1.1.3.7.—Consejo profesional de guías de turismo. El consejo profesional de guías de turismo es un organismo técnico encargado de velar por el desarrollo y el adecuado ejercicio de la profesión y de expedir las tarjetas profesionales de los guías de turismo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

(D. 503/97, art. 11)

ART. 1.1.3.8.—Comités locales para la organización de las playas. El objetivo es el de establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo y a la prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de las playas.

(D. 1766/2013, art. 3º)

ART. 1.1.3.9.—Comité de asuntos aduaneros y arancelarios de comercio exterior. Tiene como objetivo analizar y recomendar al consejo superior de comercio exterior y al Gobierno Nacional, conforme a las leyes que regulan la materia sobre los aspectos del régimen aduanero y arancelario.

(D. 3303/2006, art. 1º)

ART. 1.1.3.10.—Comité técnico del premio colombiano a la innovación tecnológica empresarial para las Mipymes-Innova. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá un comité técnico, con la participación del sector público y privado, para la coordinación general del premio colombiano a la innovación tecnológica empresarial para las Mipymes, cuya secretaría técnica la ejercerá la dirección de Mipymes. Así mismo, previa recomendación de dicho comité, la dirección de Mipymes presentará al Ministro de Comercio, Industria y Turismo el informe sobre los finalistas del premio. El premio se otorgará mediante decreto ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1780/2003, art. 6º; modificado por el D. 734/2004, art. 1º)

ART. 1.1.3.11.—Comité ejecutivo de la comisión nacional de competitividad e innovación. El comité ejecutivo será el órgano de coordinación y dirección de la comisión nacional de competitividad e innovación.

(D. 1500/2012, art. 6º)

ART. 1.1.3.12.—Comisión intersectorial de la calidad. Tendrá como objeto coordinar la actuación de las entidades estatales y privadas dentro de los lineamientos del subsistema nacional de la calidad (SNCA).

(D. 3257/2008, art. 4º)

ART. 1.1.3.13.—Comisión intersectorial de propiedad intelectual. La comisión intersectorial de propiedad intelectual (CIPI), tiene como objetivo la coordinación y orientación superior de las políticas comunes en materia de propiedad intelectual y de su ejecución.

(Decreto 1162 de 2010, artículo 4º)

ART. 1.1.3.14.—Comisión intersectorial de zonas francas. Tiene por objetivo aprobar o negar el plan maestro de desarrollo general de las zonas francas y sus modificaciones, así como analizar, estudiar, evaluar, y emitir concepto sobre la continuidad del área y sobre la viabilidad de la declaratoria de existencia de las zonas francas, dentro del contexto de las finalidades previstas en el artículo 2º de la Ley 1004 de 2005.

(D. 2685/99, art. 393-5, modificado D. 711/2011, art. 1º)

ART. 1.1.3.15.—Comisión intersectorial para proyectos estratégicos del sector de comercio, industria y turismo. Tiene como finalidad de coordinar y orientar las funciones de las entidades públicas que participan en la ejecución de los proyectos estratégicos de interés nacional relacionados con el sector.

(D. 155/2015, art. 1º)

ART. 1.1.3.16.—Comisión nacional de competitividad e innovación. Tiene por objetivo promover el desarrollo económico. Específicamente, asesorar la formulación de lineamientos de política, apoyar la articulación de acciones para su ejecución y la aplicación de mecanismos de seguimiento para asegurar su cumplimiento y permanencia en el tiempo.

(D. 1500/2012, art. 5º)

ART. 1.1.3.17.—Comisión intersectorial de exposiciones internacionales. Tiene como finalidad fijar los criterios y lineamientos para la participación de Colombia en las exposiciones internacionales oficialmente registradas o exposiciones internacionales oficialmente reconocidas por la oficina de exposiciones, en las que el gobierno decida participar.

(D. 1510/2014, art. 1º)

ART. 1.1.3.18.—Comisión intersectorial de estadísticas del sector servicios. Su objetivo es proponer las estrategias y acciones del Gobierno Nacional que permitan la armonización de la información estadística del sector servicios, velando por la aplicación de buenas prácticas internacionales en la producción, divulgación y transparencia de la información, con el fin de brindar al país estadísticas coherentes, de calidad y oportunas.

(Decreto 864 de 2013, artículo 1º)

ART. 1.1.3.19.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(D. 767/64, art. 1º)

ART. 1.1.3.20.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 1.1.3.21.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1412 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

TÍTULO 4

Otros fondos

ART. 1.1.4.1.—Fondo nacional de turismo (Fontur). El fondo nacional de turismo, creado por el artículo 42 de la Ley 300 de 1996, modificado por los artículos 8º de la Ley 1101 de 2006, 40 de la Ley 1450 de 2011 y 21 de la Ley 1558 de 2012, es una cuenta especial, constituida como patrimonio autónomo, con personería jurídica, cuya función principal es el recaudo, administración y ejecución de los recursos asignados por la ley, la cual se ceñirá a los lineamientos de la política de turismo definidos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(L. 300/96, art. 42; modificado por la L. 1101/2006, art. 8º; L. 1450/2011, art. 40 y la L. 1558/2012, art. 21)

PARTE 2

Sector descentralizado

TÍTULO 1

Entidades adscritas

ART. 1.2.1.1.—Superintendencia de Sociedades. Tiene como objetivo la preservación del orden público económico por medio de las funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales y ejercer las facultades jurisdiccionales previstas en la ley, tanto en el ámbito de la insolvencia como en el de los conflictos societarios.

(D. 1023/2012, art. 1º)

ART. 1.2.1.2.—Superintendencia de Industria y Comercio. Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales.

(D. 4886/2011, art. 1º)

ART. 1.2.1.3.—Unidad administrativa especial Junta Central de Contadores. Es el organismo rector de la profesión de la Contaduría Pública responsable del Registro, Inspección y Vigilancia de los Contadores Públicos y de las Personas Jurídicas prestadoras de servicios contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio contable y la ética profesional.

(L. 43/90, art. 20)

ART. 1.2.1.4.—Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 691/2010, art.1º)

ART. 1.2.1.5.—Instituto Nacional de Metrología. El Instituto Nacional de Metrología (INM), tiene por objetivo la coordinación nacional de la metrología científica e industrial, y la ejecución de actividades que permitan la innovación y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, mediante la investigación, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de unidades (SI).

(D. 4175/2011, art. 5º)

TÍTULO 2

Entidades vinculadas

ART. 1.2.2.1.—Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia S.A. tiene por objeto la promoción y el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales, educativas y culturales, necesarias para el progreso de los artesanos del país y del sector artesanal.

(D. 2291/2013, art.2º)

ART. 1.2.2.2.—Fondo nacional de garantías. Tiene como objetivo el otorgamiento de garantías que permitan a la Mipyme (personas naturales o jurídicas) de todos los sectores económicos (excepto del sector agropecuario), el acceso al crédito ante los intermediarios financieros, para proyectos viables y que requieran financiación y no cuenten con garantías suficientes, respalda créditos destinados a la adquisición de activos fijos, capital de trabajo, reestructuración de pasivos y capitalización empresarial.

(D. 633/93, art.240)

ART. 1.2.2.3.—Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex). Tiene como objeto financiar, en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas con la exportación y en promover las exportaciones.

(D. 663/93, art. 283)

ART. 1.2.2.4.—Fiduciaria de Comercio Exterior (Fiducóldex). Es aliado experto en servicios fiduciarios que apoyen la competitividad empresarial, nacional e internacional, a través de relaciones duraderas, para lograr un crecimiento sostenido, garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad financiera de la empresa.

(D.L. 663/93, art. 283)

ART. 1.2.2.5.—Fideicomiso-Procolombia. Organismo de promoción no financiera de las exportaciones mediante la constitución de un fideicomiso de patrimonio autónomo.

(D. 663/93, art. 283)

TÍTULO 3

Cámaras de comercio

ART. 1.2.3.1.—Cámaras de comercio. La cámaras de comercio ejercen, entre otras funciones, las de llevar el registro mercantil, certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, recopilar las costumbres mercantiles, certificar sobre la existencia de las recopiladas y servir de tribunales de arbitramento.

(D. 410/71, art. 78)

LIBRO 2

Régimen reglamentario del sector de comercio, industria y turismo

PARTE 1

Disposiciones generales

TÍTULO 1

Objeto y ámbito de aplicación

ART. 2.1.1.1.—Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República para la cumplida ejecución de las leyes en el sector de comercio, industria y turismo.

También se han incluido en la presente compilación algunos decretos expedidos en ejercicio conjunto de las facultades de los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política en materia de comercio exterior.

ART. 2.1.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las personas públicas y privadas que las disposiciones de este decreto determinen y, en general, a las entidades del sector de comercio, industria y turismo.

PARTE 2

Reglamentaciones

TÍTULO 1

Normas que promocionan la industria y el desarrollo económico

CAPÍTULO 1

Instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial

ART. 2.2.1.1.1.—Participación de las cámaras de comercio en los programas de desarrollo empresarial. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en concordancia con las funciones atribuidas a las cámaras de comercio por la ley o por el Gobierno Nacional, en aplicación del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio, mediante las concertaciones de que trata este capítulo buscará que estas entidades incorporen en su plan anual de trabajo, programas de desarrollo empresarial en sus respectivas jurisdicciones, en desarrollo de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 905 de 2004.

Las cámaras de comercio, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.43.3 del presente decreto, como resultado de la concertación a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 905 de 2004, deberán destinar en los presupuestos anuales, parte de sus recursos para la realización de los programas de que trata el presente artículo, de acuerdo con la disponibilidad financiera y las necesidades de las regiones donde les corresponde actuar. Estos programas serán ejecutados por las cámaras de comercio.

(D. 3820/2008, art. 1º)

ART. 2.2.1.1.2.—Concertación de las líneas de acción y definición de los programas, planes y proyectos a desarrollar. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se trate de cubrir parte de la financiación de programas de desarrollo empresarial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las cámaras de comercio a través de Confecámaras, concertarán las líneas de acción y definirán los programas, planes y proyectos a desarrollar, los recursos disponibles para tal fin en especie o efectivo y las condiciones para su ejecución y seguimiento, a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

Para estos efectos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las cámaras de comercio directamente, o a través de Confecámaras, podrán cumplir parcial o totalmente las obligaciones contenidas en este capítulo, suscribirán un convenio donde se establezcan los términos generales de entendimiento a que haya lugar, sin perjuicio de los convenios particulares que se celebren para la ejecución de tales programas, planes y proyectos.

(D. 3820/2008, art. 2º)

CAPÍTULO 2

Fondo de modernización e innovación para las micro, pequeña y medianas empresas

SECCIÓN 1

De la estructura y recursos del fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas

ART. 2.2.1.2.1.1.—Dirección, administración y secretaría técnica del fondo. En concordancia con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1450 de 2011, Bancóldex como administrador del fondo ejercerá su dirección y secretaría técnica. El administrador podrá contratar las evaluaciones técnicas de las propuestas, la auditoría e interventoría especializada en manejo financiero y de gestión; y otras actividades que correspondan al giro ordinario de la administración del fondo.

(D. 3321/2011, art. 1º)

ART. 2.2.1.2.1.2.—Actividades de la dirección. La dirección ejercerá las siguientes actividades:

1. Poner a consideración del consejo asesor el presupuesto anual de ingresos y gastos del fondo o cualquier modificación de este indicando de forma global la distribución de los recursos, así como la distribución de los excedentes existentes a 31 de diciembre de cada año.

2. Seguir los lineamientos recomendados por el consejo asesor sobre la aprobación o no aprobación de las solicitudes de incentivos presentadas al fondo.

3. Adoptar los manuales de operación y de evaluación de conformidad con las políticas propuestas por el consejo asesor.

4. Ejercer la coordinación interinstitucional para la suscripción de los diversos tipos de convenios que sean requeridos para el eficaz y cabal cumplimiento del objeto del fondo.

5. Elaborar y presentar al consejo asesor informes de gestión semestrales sobre el funcionamiento del fondo.

6. Las demás que sean compatibles con la dirección del fondo.

(D. 3321/2011, art. 2º)

ART. 2.2.1.2.1.3.—Integración del consejo asesor . El consejo asesor del fondo estará integrado por:

1. El viceministro de desarrollo empresarial o su delegado.

2. El director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.

3. Un representante del Presidente de la República.

PAR. 1º—El Consejo asesor podrá invitar a los Ministerios o sus delegados, y/o a las entidades del orden nacional o sus delegados, cuando se sometan a consideración del consejo asuntos relacionados con su ramo, así como a los representantes del sector privado. Estos invitados serán citados por la secretaría técnica del fondo.

PAR. 2º—Los integrantes del consejo asesor del fondo podrán delegar su asistencia, exclusivamente en un funcionario del nivel directivo. El Presidente de Bancóldex o su delegado participarán con voz pero sin voto.

(D. 3321/2011, art. 3º)

ART. 2.2.1.2.1.4.—Funciones del consejo asesor. El consejo asesor del fondo tendrá las siguientes funciones:

1. Recomendar la estrategia general de operación del fondo.

2. Proponer los lineamientos de política pública para la ejecución de las actividades previstas en el artículo 44 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2º de la misma ley, incluidas las obligaciones señaladas para el Fomipyme.

3. Determinar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo con base en la ley y el presente capítulo.

4. Hacer las recomendaciones pertinentes al informe de gestión presentado por Bancóldex para el adecuado cumplimiento y desarrollo del objeto del fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas.

5. Examinar y hacer recomendaciones a los manuales de operación y evaluación del fondo y dar apoyo técnico al administrador del fondo cuando este lo solicite.

6. Dictarse su propio reglamento de funcionamiento en el que se indicarán las funciones de la secretaría técnica.

7. Las demás que le sean propias para el funcionamiento del fondo.

(D. 3321/2011, art. 4º)

ART. 2.2.1.2.1.5.—Recursos del fondo. El fondo se financiará con los siguientes recursos:

1. Los recursos recibidos del contrato de encargo fiduciario suscrito por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la administración del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme).

2. Recursos provenientes del presupuesto general de la Nación.

3. Recursos obtenidos como por aportes o créditos de organismos internacionales de desarrollo, convenios de cooperación internacional, convenios con los entes territoriales, y transferencias de otras entidades públicas de orden nacional y regional.

PAR. 1º—Los rendimientos producidos por la inversión de los recursos mencionados serán reinvertidos de acuerdo con las disposiciones que establezca la ley.

PAR. 2º—Con los recursos señalados se cubrirán todos los servicios, gastos, comisiones de administración bancaria aplicable y demás costos e impuestos necesarios para la ejecución de las actividades, actos y contratos del fondo.

PAR. 3º—Bancóldex cumplirá sus funciones de administrador del fondo en la medida en que los recursos mencionados en este artículo hayan sido efectivamente recibidos por Bancóldex.

(D. 3321/2011, art. 5º)

SECCIÓN 2

Entrega de la administración

ART. 2.2.1.2.2.1.—Perfeccionamiento de la entrega. Para el perfeccionamiento de la entrega de la administración a Bancóldex, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrollará las siguientes actividades:

1. Transferir la documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y derechos propios de la administración del fondo, en asuntos como:

1.1. Los compromisos y obligaciones adquiridas con cargo a los recursos del Fomipyme.

2. Todas las actividades adicionales que se desprendan del giro ordinario de la administración del fondo y que sean necesarias para el perfeccionamiento de su entrega y para el cumplimiento del objeto del fondo.

(D. 3321/2011, art. 6º)

ART. 2.2.1.2.2.2.—Reclamaciones y procesos judiciales. Las reclamaciones y procesos judiciales o administrativos que se adelanten contra el Fomipyme y que tengan su causa en hechos derivados antes de la cesión de los contratos y convenios a los que se refiere el artículo 2.2.1.2.2.1 de este capítulo, permanecerán en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 3321/2011, art. 7º)

CAPÍTULO 3

Emprendimiento

ART. 2.2.1.3.1.—Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para el Emprendimiento (RNE), adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o a quien haga sus veces, estará integrada por los delegados de las entidades e instituciones a las cuales se refiere el artículo 5º de la Ley 1014 de 2006.

PAR.—Los delegados a que se refiere el artículo 5º de la Ley 1014 de 2006 tendrán sus respectivos suplentes, quienes asistirán a la reunión de la Red, con voz y voto, en ausencia del delegado principal. En presencia de los delegados principales, los suplentes podrán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la RNE. Esta suplencia también se consignará en el acto de delegación formal a que se refiere el parágrafo 1º de dicho artículo.

(D. 1192/2009, art. 1º)

ART. 2.2.1.3.2.—Funcionamiento de la RNE. Para el funcionamiento de la Red Nacional para el Emprendimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La RNE sesionará de manera ordinaria o extraordinaria. Las reuniones ordinarias se efectuarán por lo menos una vez dentro de cada trimestre del año y serán convocadas por la secretaría técnica de la red. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier tiempo y con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de su objeto, y serán convocadas por la secretaría técnica.

2. En la primera reunión ordinaria de cada año se discutirá y decidirá al menos: (i) el plan de acción a ser aprobado por la RNE para el respectivo año, (ii) la gestión realizada el año anterior por la RNE, incluyendo la gestión de la secretaría técnica, (iii) la gestión realizada el año anterior por las redes regionales para el emprendimiento, y (iv) los demás aspectos que deban abordarse de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Interno de la RNE. Para las demás reuniones ordinarias del año, se discutirá al menos el seguimiento a la ejecución del plan de acción previamente formulado y aprobado por la RNE.

PAR.—A las reuniones de la RNE podrán ser invitadas las entidades, instituciones o personas naturales que se consideren necesarias para el desarrollo de las actividades a cargo de la RNE, de manera permanente o temporal, para lo cual la Secretaría Técnica enviará las invitaciones respectivas.

(D. 1192/2009, art. 2º)

ART. 2.2.1.3.3.—Secretaría técnica de la RNE. La secretaría técnica de la Red Nacional para el Emprendimiento será ejercida por el viceministro de desarrollo empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, y ejecutará sus funciones de manera articulada con la comisión nacional de competitividad.

(D. 1192/2009, art. 3º)

ART. 2.2.1.3.4.—Redes regionales para el emprendimiento. Las Redes Regionales para el Emprendimiento (RRE), adscritas a las gobernaciones departamentales, o quien haga sus veces, estarán integradas por los delegados de las entidades e instituciones a las cuales se refiere el artículo 6º de la Ley 1014 de 2006. Para el cumplimiento de su objeto y funciones cada RRE trabajará en el marco de la comisión regional de competitividad del respectivo departamento.

PAR.—Los delegados a que se refiere el artículo 6º de la Ley 1014 de 2006 tendrán sus respectivos suplentes, quienes solo asistirán a la reunión de la RRE, con voz y voto, en ausencia del delegado principal. De esta suplencia también deberá quedar constancia en el acto de delegación formal a que se refiere el parágrafo de dicho artículo.

(D. 1192/2009, art. 4º)

ART. 2.2.1.3.5.—Funcionamiento de las RRE. Para el funcionamiento de las Redes Regionales para el Emprendimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Las RRE sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la comisión regional de competitividad del respectivo departamento. Las reuniones ordinarias se efectuarán por lo menos una vez dentro de cada bimestre del año y serán convocadas por la secretaría técnica de cada red. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier tiempo y con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de su objeto, y serán convocadas por la secretaría técnica de cada red.

2. En la primera reunión ordinaria de cada año se discutirá y decidirá al menos: (i) el plan de acción a ser aprobado por la RRE para el respectivo año, (ii) la gestión realizada el año anterior por la RRE, incluyendo la gestión de la secretaría técnica, y (iii) los demás aspectos que deban abordarse de acuerdo con lo señalado en el reglamento interno de la RRE. Para las demás reuniones ordinarias del año se discutirá al menos el seguimiento a la ejecución del plan de acción previamente formulado y aprobado por la RRE.

PAR.—A las reuniones de la RRE podrán ser invitadas las entidades, instituciones o personas naturales que se consideren necesarias para el desarrollo de las actividades a cargo de la RRE, de manera permanente o temporal, para lo cual la secretaría técnica enviará las invitaciones respectivas.

(D. 1192/2009, art. 5º)

ART. 2.2.1.3.6.—Secretaría técnica de las RRE. La secretaría técnica de la Red Regional para el Emprendimiento, encargada de realizar todas las acciones de tipo administrativo, será ejercida por la cámara de comercio de la ciudad capital.

PAR.—En aquellos eventos en que (i) la cámara de comercio de la ciudad capital manifieste mediante documento escrito dirigido a la RRE su intención justificada de no llevar a cabo la secretaría técnica, o (ii) cuando en el respectivo departamento no exista cámara de comercio de la ciudad capital, esta función será ejercida por quien resulte elegido por mayoría simple, entre los miembros integrantes de la red. Para estos casos, se tendrá en cuenta que la entidad que resulte elegida debe contar con la suficiente capacidad financiera, organizacional y de convocatoria, que le permita desarrollar las funciones de secretaría técnica a satisfacción.

La entidad que ejerza la secretaría técnica trabajará de manera articulada con la comisión regional de competitividad.

(D. 1192/2009, art. 6º)

ART. 2.2.1.3.7.—Objeto de las redes regionales para el emprendimiento. Las redes regionales para el emprendimiento cuyos miembros deciden aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para su funcionamiento, complementarán su objeto señalado en el artículo 7º de la Ley 1014 de 2006, con la elaboración, en un plazo de seis (6) meses a partir del 3 de abril de 2009, del plan estratégico regional para el desarrollo integral de la cultura para el emprendimiento y el establecimiento de mecanismos que faciliten su cumplimiento articulado con el plan regional de competitividad y el plan de desarrollo departamental.

(D. 1192/2009, art. 7º)

ART. 2.2.1.3.8.—Registro de las redes regionales para el emprendimiento. Las redes regionales para el emprendimiento deberán registrarse en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante una comunicación escrita por parte de la Gobernación Departamental y dirigida al Ministro de Comercio, Industria y Turismo o a quien este delegue (o quien haga sus veces). Dicha comunicación debe incluir una copia del convenio de constitución de la red debidamente suscrito por todos sus miembros y toda la información de composición y nombres completos de sus miembros con la respectiva información de contacto.

(D. 1192/2009, art. 8º)

ART. 2.2.1.3.9.—Informe anual de gestión de las Redes Regionales para el Emprendimiento. Las redes regionales para el emprendimiento realizarán un informe de gestión para cada semestre del año, y lo presentarán ante la secretaría técnica de la red nacional para el emprendimiento, durante el último mes de cada semestre.

(D. 1192/2009, art. 9º)

CAPÍTULO 4

Premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes

ART. 2.2.1.4.1.—Creación del premio. Créase el premio nacional a la innovación empresarial, que se entregará bajo la denominación de premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes, como estímulo a la investigación aplicada, creatividad, diseño e innovación empresarial”.

(D. 4490/2006, art. 1º; modificado por el D. 1448/2014, art. 1º)

ART. 2.2.1.4.2.—Objetivos. Los objetivos del premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes son:

1. Crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación, que conlleve a una mayor productividad y competitividad en los sectores económicos del país.

2. Reconocer y estimular el talento, las investigaciones aplicadas y las actitudes empresariales que permitan la introducción de nuevos procesos, servicios, productos, o la modificación de los mismos, dentro de las empresas.

3. Promover la gestión integral hacia la innovación como fundamento de la productividad y competitividad.

(D. 1780/2003, art. 2º; modificado por el D. 1448/2014, art. 2º)

ART. 2.2.1.4.3.—Categorías. El premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes tendrá seis (6) categorías así:

1. Innovación de producto.

2. Innovación de servicios.

3. Innovación en procesos productivos.

4. Innovación comercial

5. Innovación abierta

6. Innovación social.

Se reconocerá un (1) solo ganador por cada categoría enunciada.

PAR. 1º—Se entregará el reconocimiento de “Mentalidad y Cultura” para aquella empresa que dentro de su cultura organizacional demuestre cómo la innovación ha generado una dinámica de crecimiento continuo tanto en la empresa, como en sus trabajadores y en su relación con el entorno.

PAR. 2º—La definición de micro, pequeña y mediana empresa es la establecida en la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004.

Los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para postularse al premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes, y las actividades de dirección, convocatoria, coordinación, características y participación de las empresas extranjeras en el premio, serán determinados por el reglamento que para el efecto expedirá el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

(D. 4490/2006, art. 2º; modificado por el D. 1448/2014, art. 3º)

ART. 2.2.1.4.4.—Categoría especial. Créase una categoría especial denominada “premio a la innovación para el crecimiento empresarial extraordinario” que pretende exaltar y enaltecer las innovaciones que permiten el crecimiento de empresas de manera rápida, rentable y sostenida y así construir una narrativa más poderosa en mentalidad y cultura. Esta se escogerá dentro de las seis (6) empresas ganadoras de las categorías enunciadas en el artículo tercero.

(D. 1448/2014, art. 4º)

ART. 2.2.1.4.5.—Premio a las Mipymes. El premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes consistirá en un programa integral de apoyo a las empresas innovadoras colombianas, y a las empresas extranjeras que concursen y estén en el marco de un convenio de cooperación tecnológica internacional, suscrito por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o demás entidades u organismos de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, en el que se aborde este tema con carácter reciproco. El premio comprende los siguientes beneficios para las ganadoras:

1. Condecoración.

2. Reconocimiento público a través de medios de comunicación. Las empresas podrán utilizar esta distinción, con indicación del año en que fue otorgado el premio.

3. Apoyo para recibir asistencia técnica nacional y/o internacional, encaminada a fortalecer su gestión estratégica, operativa, tecnológica, comercial o técnica, que facilite su inserción exitosa y posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

4. Apoyo para capacitación especializada, buscando con ello el fortalecimiento de las capacidades competitivas y en general del talento humano de las empresas.

5. Apoyo para recibir asistencia en lo referente a la gestión de la propiedad intelectual, encaminada a proteger los activos resultantes de la innovación.

6. Apoyo para la realización de proyectos estratégicos comerciales y/o de gestión empresarial y/o tecnológica, que contribuyan a un mayor posicionamiento del producto o servicio en los mercados nacionales y/o internacionales.

PAR. 1º—Los beneficios serán los enumerados en este artículo en especie y en ningún caso se entregará en efectivo.

PAR. 2º—Los recursos necesarios para la ejecución anual del premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes serán tramitados, mediante la presentación del proyecto respectivo ante el banco de proyectos de inversión nacional por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección de Mipymes.

(D. 4490/2006, art. 3º; modificado por el D. 1448/2014, art. 5º)

ART. 2.2.1.4.6.—Comité técnico. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá un comité técnico, con la participación del sector público y privado, para la coordinación general del premio colombiano a la innovación tecnológica empresarial para las Mipymes, cuya secretaría técnica la ejercerá la dirección de Mipymes. Así mismo, previa recomendación de dicho comité, la dirección de Mipymes presentará al Ministro de Comercio, Industria y Turismo el informe sobre los finalistas del premio. El premio se otorgará mediante decreto ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1780/2003, art. 6º; modificado por el D. 734/2004, art. 1º)

ART. 2.2.1.4.7.—Adjudicación. La adjudicación del premio será certificada con diploma que llevará en la parte superior el escudo de la República de Colombia y la inscripción “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

(D. 1780/2003, art. 5º)

ART. 2.2.1.4.8.—Entrega del premio. El premio colombiano a la innovación empresarial para las Mipymes será entregado por el Presidente de la República y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ceremonia especial, a la cual podrán asistir los ministros y jefes de departamentos administrativos, miembros del honorable Congreso Nacional, miembros del cuerpo diplomático acreditados en Colombia, presidentes de gremios industriales, empresas y las organizaciones industriales y comerciales tanto públicas como privadas del país.

(D. 1780/2003, art. 7º; modificado por el D. 1448/2014, art. 6º)

CAPÍTULO 5

Zonas económicas especiales de exportación

SECCIÓN 1

Definiciones y ámbito de aplicación

ART. 2.2.1.5.1.1.—Definiciones. Para los efectos previstos en la Ley 677 de 2001 y en el presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones:

Relocalización de empresa. Habrá relocalización cuando se cierran una o varias líneas de producción de una empresa que se encontraba operando en cualquier otro municipio del territorio nacional dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud de admisión, para establecerse en el territorio de las zonas especiales económicas de exportación.

Igualmente, se entiende como relocalización, la ubicación en las zonas especiales económicas de exportación, de empresas que con razón social diferente, pretendan realizar las mismas actividades que desarrollaron en otros lugares del territorio nacional, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud de admisión.

Materias primas agropecuarias. Son los productos clasificables dentro de los capítulos uno a veinticuatro del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, más las partidas 52.01 a 52.03 del mismo sistema.

Empresa auditora de reconocido prestigio. Se entiende por empresa auditora de reconocido prestigio la firma que cuente con certificación de la calidad de sus servicios, expedida por un organismo de certificación acreditado y reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Comité de selección. El comité de selección al que hacen referencia los artículos 7º, 8º, 10 y 17 de la Ley 677 de 2001, estará integrado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el director del Departamento Nacional de Planeación o sus delegados, y el alcalde del municipio correspondiente. Cuando se trate de proyectos que utilicen materias primas agropecuarias, el comité también estará integrado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

PAR.—Para efectos de lo previsto en el artículo 7º, numeral 3º de la Ley 677 de 2001, se entenderá por inversión los recursos que se destinen al capital social de una empresa y los flujos de endeudamiento que estén representados en un incremento en el activo fijo de la empresa.

(D. 1227/2002, art. 1º)

ART. 2.2.1.5.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a las empresas que realicen nuevas inversiones dentro de los límites territoriales y áreas metropolitanas de los municipios de Buenaventura, Cúcuta, Valledupar, Ipiales y Tumaco creadas como zonas especiales económicas de exportación por la Ley 677 de 2001 y el Decreto 45 de 2003.

Las nuevas inversiones exigidas por la Ley 677 de 2001, serán calificadas como elegibles por el comité de selección, de conformidad con las disposiciones de sus artículos 7º y 8º del presente decreto, y demás normas concordantes de este capítulo.

(D. 1227/2002, art. 2º) (D. 45/2003, art. 1º)

ART. 2.2.1.5.1.3.—Actividades cubiertas. El régimen establecido para las zonas especiales económicas de exportación, se aplicará a las empresas que realicen los proyectos industriales y los proyectos de infraestructura definidos en los artículos 5º, 6º, 7º y 16 de la Ley 677 de 2001.

(D. 1227/2002, art. 3º)

ART. 2.2.1.5.1.4.—Clasificación de los usuarios. Para los efectos previstos en la Ley 677 de 2001, los usuarios se clasifican en usuarios industriales y en usuarios de infraestructura, según las actividades que contemple el respectivo proyecto.

Los usuarios de infraestructura serán los contemplados en el inciso segundo del artículo 6º de la Ley 677 de 2001.

PAR.—Los usuarios que se dediquen a la exportación de servicios, serán considerados como usuarios industriales.

(D. 1227/2002, art. 4º)

SECCIÓN 2

Condiciones de acceso y procedimiento para la suscripción del contrato de admisión

ART. 2.2.1.5.2.1.—Parámetros de acceso - inversión. En aplicación del numeral 7º del artículo 7º de la Ley 677 de 2001, se modifican los parámetros de acceso establecidos en el numeral 3º de ese mismo artículo, así:

Los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre del año 2015 deberán acreditar una inversión mínima valorada en treinta y cinco mil (35.000) UVT por proyecto.

Los proyectos que se presenten con posterioridad a esta última fecha, deberán acreditar una inversión mínima valorada en setenta y cinco mil UVT (75.000 UVT) por proyecto.

El 50% de la inversión total del proyecto deberá materializarse dentro de su primer año, de acuerdo con los compromisos que se asuman en el respectivo contrato de admisión. En circunstancias especiales, el comité de selección podrá aceptar proyectos con un cronograma de inversiones más amplio, previa justificación del mismo y una explicación suficiente del por qué la inversión no puede materializarse en los términos previstos.

(D. 752/2014, art. 1º)

ART. 2.2.1.5.2.2.—Parámetros de acceso - mercados. En aplicación del numeral 7º del artículo 7º de la Ley 677 de 2001, se modifican los parámetros de acceso establecidos en el numeral 5º de ese mismo artículo, así:

El cincuenta por ciento (50%) de las ventas de la empresa deben estar destinadas a los mercados externos.

(D. 752/2014, art. 2º)

ART. 2.2.1.5.2.3.—Proyectos que utilicen materias primas agropecuarias. Los proyectos industriales que utilicen materias primas agropecuarias, deberán exportar a los mercados externos el ciento por ciento (100%) de los bienes obtenidos con dichas materias primas, desde la puesta en marcha de los respectivos proyectos.

El comité de selección podrá autorizar la venta en el mercado interno, a petición del usuario interesado, únicamente en los siguientes casos:

1. Los desperdicios o desechos que, no obstante tener valor comercial, no sean transables en el mercado internacional;

2. Los empaques en cuya elaboración se utilicen materias primas agropecuarias, a condición de que los bienes industriales con ellos empacados, no hayan sido elaborados utilizando materias primas agropecuarias.

PAR.—Para los efectos del presente artículo, se entenderá por desecho o desperdicio, los residuos que queden de las materias primas agropecuarias, después de aprovechadas sus partes útiles. Por residuo se entiende cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tenga valor de uso directo y que es descartada por quien lo genera.

(D. 1227/2002, art. 6º)

Artículo 2.2.1.5.2.4.—Condiciones de acceso para los proyectos de infraestructura. Un proyecto de infraestructura será elegible cuando cumpla las condiciones exigidas en los artículos 6º y 7º de la Ley 677 de 200(sic).

(D. 1227/2002, art. 7º)

ART. 2.2.1.5.2.5.—Procedimiento para la suscripción del contrato de admisión. En aplicación del artículo 8º de la Ley 677 de 2001, se establece el siguiente procedimiento para la suscripción de un contrato de admisión:

La solicitud para la suscripción de un contrato de admisión deberá presentarse ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien ejercerá la secretaría técnica del comité de selección de que trata el inciso final del artículo 7º de la Ley 677 de 2001.

Radicada la solicitud para la suscripción de un contrato de admisión, la secretaría técnica tendrá diez (10) días hábiles para revisarla y verificar que reúna los requisitos establecidos en la Ley 677 de 2001 y en el presente capítulo. De advertirse que dicha información no cumple con los requisitos legales, se requerirá por una sola vez al solicitante, indicándole los documentos o informaciones que se deban complementar, allegar, aclarar o ajustar.

Si el solicitante no presenta los documentos o informaciones requeridas en el término de un (1) mes una vez efectuado el requerimiento, se entenderá que ha desistido de la solicitud. En este caso se expedirá acto administrativo que declare el desistimiento de la misma, el cual será notificado personalmente al solicitante y se ordenará el archivo del expediente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

La secretaría técnica también podrá, cuando lo considere procedente, solicitar concepto técnico a otras entidades respecto de sus competencias, el cual deberá emitirse por parte de esas entidades dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento.

Una vez completa la solicitud y en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la secretaría técnica elaborará y enviará el respectivo informe técnico de evaluación a los miembros del comité de selección. En la misma comunicación citará a la sesión del comité en la que se decidirá sobre la elegibilidad del proyecto. Dicha sesión deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la convocatoria y a ella podrá invitarse al interesado para que amplíe los detalles de su proyecto.

La decisión del comité de selección se notificará al peticionario en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 o la que la sustituya, contra la cual solo procede el recurso de reposición que se interpondrá en la oportunidad y con las formalidades allí exigidas.

PAR. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión del comité de selección donde se declare elegible un proyecto, la secretaría técnica del comité de selección elaborará la minuta del respectivo contrato de admisión previa aprobación del comité de selección dentro del término previsto en el inciso 1º del artículo 8º de la Ley 677 de 2001 procederá a enviarla al representante legal de la sociedad solicitante, quien deberá suscribir y devolver el contrato firmado a la secretaría técnica dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el alcalde del municipio respectivo, suscribirán el contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la minuta firmada por el solicitante.

PAR. 2º—El comité de selección definirá su propio reglamento y establecerá las funciones de la secretaria técnica mediante resolución.

PAR. 3º—El Director de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será invitado permanente a las sesiones del comité de selección.

(D. 752/2014, art. 3º)

SECCIÓN 3

Condiciones para el goce de los beneficios del régimen

ART. 2.2.1.5.3.1.—Condiciones. Para que un proyecto pueda gozar de los beneficios de la Ley 677 de 2001, el inversionista elegido deberá suscribir el respectivo contrato de admisión, constituir la póliza de cumplimiento en los términos previstos en el contrato y allegar copia del contrato de auditoría externa suscrito con una firma de reconocido prestigio.

(D. 1227/2002, art. 13)

ART. 2.2.1.5.3.2.—Contrato de admisión. El contrato de admisión deberá definir entre otros aspectos, los compromisos que asumen las partes, las metas que debe cumplir el usuario para promover la realización de los fines para los cuales fue creada la zona especial económica de exportación, los términos, referentes técnicos e indicadores para evaluar el cumplimiento progresivo de las metas acordadas, el plazo de duración del mismo, la exigencia de la póliza de cumplimiento, la imposición de multas por incumplimiento, la obligación de respeto estricto a las normas que rigen el comercio internacional y la obligación de contratar una auditoría externa.

PAR.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 10 de la Ley 677 de(sic) y en el presente capítulo, cualquiera de las partes podrá plantear modificaciones al contrato de admisión, siempre que las mismas no afecten sustancialmente los compromisos que permitieron aprobar el proyecto y no contravengan lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 677 de 2001. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el comité de selección.

(D. 1227/2002, art. 14)

ART. 2.2.1.5.3.3.—Póliza de cumplimiento. Para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en el respectivo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de admisión, el inversionista constituirá garantía bancaria o de compañía de seguros legalmente establecida en el país y a favor de la Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por el diez por ciento (10%) del valor total de la inversión.

La vigencia de la póliza será por el periodo que se pacte en el contrato de admisión para efectuar las inversiones.

(D. 752/2014, art. 4º)

ART. 2.2.1.5.3.4.—Garantías aduaneras. El otorgamiento de garantías aduaneras se regirá por los incisos 2º y 3º del artículo 9º de la Ley 677 de 2001 y en lo allí no regulado, se regirá por lo establecido en la legislación aduanera vigente.

(D. 1227/2002, art. 16)

ART. 2.2.1.5.3.5.—Auditoría externa. Los inversionistas elegidos deberán contratar una auditoría externa con una firma de reconocido prestigio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.5.1.1 del presente decreto. La firma auditora contratada, deberá revisar anualmente los compromisos adquiridos en el contrato de admisión. En todo caso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o el Departamento Nacional de Planeación, podrán exigir que se rindan informes semestrales. Los informes elaborados por la firma auditora, deberán ser remitidos por el inversionista a las mencionadas entidades, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo período.

El inversionista no podrá modificar ni dar por terminado el contrato de auditoría externa, sin previa autorización escrita del comité de selección. A la solicitud de autorización, deberá anexarse el informe de auditoría con corte a la fecha de terminación o modificación del contrato, según el caso.

Cuando el comité de selección autorice la terminación de un contrato de auditoría externa, otorgará al inversionista el plazo máximo de un (1) mes para celebrar el nuevo contrato de auditoría con una firma de reconocido prestigio y presentarle la copia correspondiente. En caso de que el inversionista no cumpla este requisito dentro del plazo señalado, estará sujeto a la pérdida de los beneficios del régimen de las zonas especiales económicas de exportación.

PAR.—El comité podrá solicitar en cualquier tiempo a la firma de auditoría, por conducto del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, las precisiones, complementaciones o aclaraciones que considere pertinentes respecto de los informes presentados.

(D. 1227/2002, art. 17)

SECCIÓN 4

Régimen laboral

ART. 2.2.1.5.4.1.—Práctica de visitas. El Ministerio de Trabajo, a través de las direcciones territoriales de trabajo, podrá practicar visitas a las empresas que hayan suscrito contrato de admisión, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores a su servicio.

(D. 1227/2002, art. 18)

ART. 2.2.1.5.4.2.—Condición para la disminución de aportes. Para hacer efectiva la disminución de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y a las cajas de compensación familiar, sobre los salarios de los trabajadores vinculados a las empresas que hayan suscrito un contrato de admisión, durante los cinco (5) años siguientes a su establecimiento, el empleador interesado deberá informar por escrito a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo de la jurisdicción donde se encuentre ubicado, sobre el cumplimiento de los compromisos de generación de empleo pactados, anexando como mínimo los siguientes documentos:

1. Copia del contrato de admisión.

2. Copia de los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores.

3. Copia de la documentación que acredite la afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social integral.

(D. 1227/2002, art. 19)

ART. 2.2.1.5.4.3.—Acreditación de cumplimiento de los compromisos. El Ministerio de Trabajo, a través de las direcciones territoriales que correspondan a la jurisdicción de la zona especial económica de exportación, resolverá acerca de la acreditación del cumplimiento de los compromisos de generación de empleo pactados en el contrato de admisión y sobre el no despido colectivo de trabajadores durante los doce (12) meses anteriores, a través de un acto administrativo motivado que precisará como mínimo lo siguiente:

1. La competencia para conocer y resolver sobre la petición formulada.

2. El compromiso sobre generación de empleo pactado en el contrato de admisión.

3. El término durante el cual serán cumplidos los compromisos indicados en el numeral anterior.

4. El cumplimiento de los compromisos de generación de empleo a la fecha de expedición del acto administrativo.

5. El señalamiento expreso de los compromisos pendientes de cumplir sobre generación de empleo y el término dentro del cual se llevarán a cabo.

6. El cumplimiento del empleador de la condición de no haber incurrido en despidos colectivos durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la resolución.

7. La afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social.

8. Los recursos que proceden contra el acto administrativo que al efecto se profiera.

PAR.—Para los fines del derecho a subsidio familiar, las empresas que hayan suscrito el contrato de admisión se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

(D. 1227/2002, art. 20)

ART. 2.2.1.5.4.4.—Sistema general de seguridad social en salud y sistema de riesgos profesionales. Para efectos de la afiliación del trabajador y su familia al sistema general de seguridad social en salud, las empresas que hayan suscrito el correspondiente contrato de admisión para desarrollar proyectos específicos en la zona especial económica de exportación, deberán dar cumplimiento a lo previsto por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en lo concerniente a afiliación, ingreso base de la cotización, cobertura familiar, plan obligatorio de salud y demás disposiciones de obligatorio cumplimiento. Para la afiliación al sistema general de riesgos profesionales, se aplicarán las normas establecidas en la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia y aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

PAR.—La cotización para los sistemas de salud y riesgos profesionales siempre se efectuará sobre un ingreso base de cotización mínimo, equivalente a un salario mínimo legal mensual y máximo sobre un ingreso base de cotización equivalente a veinte (20) veces dicho salario.

(D. 1227/2002, art. 21)

ART. 2.2.1.5.4.5.—Cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones. De conformidad con lo previsto en el literal g) numeral 8º del artículo 15 de la Ley 677 de 2001 las cotizaciones se realizarán de acuerdo a las horas efectivamente laboradas, cuyo valor mínimo será el establecido en los numerales 2 y 3 del citado literal. Para la hora diurna será la octava (1/8) parte del valor diario del salario mínimo legal, incrementado en un cincuenta por ciento (50%) y para la hora nocturna incluirá un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.

En este caso, la administradora del régimen de pensiones recibirá la cotización así efectuada y tendrá en cuenta estas horas y este monto, para completar cada semana de cotización una vez se reúnan las cuarenta y ocho (48) horas a las que se refiere el numeral 8º del literal g) del artículo 15 de la Ley 677 de 2001. En todo caso, cada mes de cotización debe corresponder como mínimo a un salario mínimo legal mensual, para lo cual se contabilizará cada mes con cuatro (4) semanas, calculadas como se señaló anteriormente.

PAR.—Para este efecto, el empleador deberá señalar en la autoliquidación, el número de horas al que corresponde la cotización.

La Superintendencia Financiera ajustará, en lo pertinente, el formulado de autoliquidación para que se pueda reflejar la cotización por horas de que trata esta disposición y las administradoras deberán ajustar su sistema de información de historias laborales, para los mismos efectos.

(D. 1227/2002, art. 22)

ART. 2.2.1.5.4.6.—Cotización a seguridad social por semanas. Además de las condiciones laborales especiales consagradas en el artículo 15 de la Ley 677 de 2001, los usuarios de las zonas económicas especiales de exportación podrán dar aplicación al régimen de cotización a seguridad social por semanas contenido en la normatividad vigente al respecto.

(D. 752/2014, art. 7º)

ART. 2.2.1.5.4.7.—Deber de información del trabajador al empleador. El trabajador que celebre contratos de trabajo con jornada laboral de duración limitada, informará a sus otros empleadores y a su administradora del sistema general de seguridad social en pensiones, sobre la existencia de sus vinculaciones laborales para los efectos previstos en el numeral 8º del literal g) del artículo 15 de la Ley 677 de 2001.

En el caso del sistema general de seguridad social en salud, se aplicará, en lo pertinente, el artículo 29 del Decreto 1406 de 1999 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 1227/2002, art. 23)

SECCIÓN 5

Control y sanciones aplicables a los usuarios industriales y de infraestructura

ART. 2.2.1.5.5.1.—Sanciones aplicables a los usuarios industriales y de infraestructura. Sin perjuicio de las sanciones aduaneras, cambiarias, laborales y de seguridad social a que haya lugar, los casos de incumplimiento se regulan de acuerdo con lo previsto en el inciso 4º del artículo 9º y en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 677 de 2001.

(D. 1227/2002, art. 24)

ART. 2.2.1.5.5.2.—Sanciones aduaneras. A los usuarios industriales y de infraestructura, les serán aplicables, en lo que corresponda, las sanciones previstas en el artículo 488 del Decreto 2685 de 1999 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 1227/2002, art. 25)

ART. 2.2.1.5.5.3.—Control aduanero. Corresponderá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ejercer el control aduanero del ingreso y salida de las mercancías, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y del presente decreto.

(D. 1227/2002, art. 26)

ART. 2.2.1.5.5.4.—Ingreso y salida de bienes. La introducción de bienes a las zonas especiales económicas de exportación al amparo de los beneficios previstos en la Ley 677 de 2001, requerirá que los mismos estén consignados a un usuario de la zona especial económica de exportación en el documento de transporte, o que el documento de transporte se endose a favor de uno de ellos.

Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al usuario de la zona especial económica de exportación, dentro de los plazos establecidos en el Decreto 2685 de 1999 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

En todo caso, la autoridad aduanera de la jurisdicción correspondiente al lugar de arribo, deberá informar a la administración de aduanas donde esté ubicado el usuario, sobre las mercancías cuyo traslado o tránsito hayan sido autorizados.

Para efectos de la salida al resto del territorio aduanero nacional, de los bienes a que se refiere el presente artículo, deberá diligenciarse una declaración de importación, bajo la modalidad del régimen de importación que corresponda, pagando los tributos aduaneros a que hubiere lugar. En relación con los bienes elaborados en la zona especial económica de exportación, se aplicará lo previsto en el artículo 400 del Decreto 2685 de 1999 y para el efecto, el certificado de integración a que se refiere el artículo 401 del citado decreto, será expedido por el mismo usuario industrial de la zona especial económica de exportación.

La salida de bienes de la zona especial económica de exportación al resto del mundo, constituye una exportación, para la cual deberá diligenciarse una declaración de exportación.

(D. 1227/2002, art. 27)

ART. 2.2.1.5.5.5.—Responsabilidad por sustracción o pérdida de los bienes extranjeros introducidos a las zonas especiales económicas de exportación. Los usuarios responderán ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar, en los casos de sustracción o pérdida de los bienes introducidos a las zonas especiales económicas de exportación.

(D. 1227/2002, art. 28)

ART. 2.2.1.5.5.6.—Régimen especial aplicable. Los regímenes laboral, tributario y aduanero de los proyectos que se instalen en las zonas especiales económicas de exportación, previa suscripción del contrato de admisión, serán los determinados en los artículos 15 y 16 de la Ley 677 de 2001.

En los demás aspectos, el régimen aplicable será el previsto en la legislación respectiva, en especial lo dispuesto por el Decreto 2080 de 2000 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan, sobre el régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior.

(D. 1227/2002, art. 29)

SECCIÓN 6

Otras disposiciones

ART. 2.2.1.5.6.1.—Articulación con las entidades territoriales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público brindará asistencia técnica a las entidades territoriales, con el propósito de que estas profieran disposiciones efectivas que fomenten la inversión, de tal manera que se articulen con las nacionales, y cumplan con los fines previstos en la Ley 677 de 2001.

El Ministerio del Trabajo brindará asistencia técnica a las entidades territoriales y a los usuarios del régimen contenido en la Ley 677 de 2001 para el diseño y ejecución de estrategias que faciliten el cumplimiento de las metas de generación de empleo digno y la aplicación de las disposiciones laborales especiales a que se refiere dicha norma, igualmente promoverá la celebración de acuerdos de formalización cuando sean requeridos.

(D. 752/2014, art. 5º)

CAPÍTULO 6

Sistema administrativo nacional de competitividad e innovación

ART. 2.2.1.6.1.—Componentes. El sistema administrativo nacional de competitividad e innovación estará integrado por los siguientes componentes:

1. El conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que implica la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de las entidades de la administración pública en coordinación con los del sector privado, en los temas relacionados con la política de competitividad, productividad e innovación.

2. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción en las áreas de competitividad e innovación.

3. Las fuentes y recursos económicos para el manejo del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación.

4. Las recomendaciones emitidas por los órganos del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación, de conformidad con los artículos 2.2.1.6.1.1, 2.2.1.6.1.2, 2.2.1.6.1.3, 2.2.1.6.2.1 y 2.2.1.6.3.4 del presente decreto.

(D. 1500/2012, art. 3º)

ART. 2.2.1.6.2.—Organización. Los órganos que hacen parte del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación son los siguientes:

1. Comisión nacional de competitividad e innovación. Es el órgano asesor del Gobierno Nacional y de concertación entre este, las entidades territoriales y la sociedad civil en temas relacionados con la productividad y competitividad del país y de sus regiones, con el fin de promover el desarrollo económico.

2. Comisiones regionales de competitividad. Son órganos que coordinan y articulan al interior del departamento los principales actores de los sectores público y privado, en temas de competitividad, productividad e innovación.

3. Instancia de coordinación nacional de las comisiones regionales de competitividad. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en representación del sector público del orden nacional coordinará y hará seguimiento a las comisiones regionales de competitividad, con el apoyo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras).

(D. 1500/2012, art. 4º)

SECCIÓN 1

Comisión nacional de competitividad e innovación

ART. 2.2.1.6.1.1.—Composición. La comisión nacional de competitividad e innovación estará compuesta por los siguientes miembros:

1. El Presidente de la República, quien la presidirá

2. El consejero presidencial del sistema de competitividad e innovación quien ejercerá la coordinación general

3. El Ministro del Interior

4. El Ministro de Relaciones Exteriores

5. El Ministro de Hacienda y Crédito Público

6. El Ministro de Justicia y del Derecho

7. El Ministro de Defensa Nacional

8. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

9. El Ministro de Salud y Protección Social

10. El Ministro de Trabajo

11. El Ministro de Minas y Energía

12. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo

13. El Ministro de Educación Nacional

14. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

15. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

16. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

17. El Ministro de Transporte

18. El Ministro de Cultura

19. El director del Departamento Nacional de Planeación

20. El director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)

21. El director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

22. Cuatro (4) representantes de las comisiones regionales de competitividad, designados, por la coordinación nacional de las comisiones a que se refiere el artículo 2.2.1.6.3.1 del presente decreto

23. Dos (2) representantes de los gremios económicos designados por el consejo gremial nacional

24. Dos (2) representantes del sector laboral designados por las centrales obreras

25. El presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun)

26. El presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con educación tecnológica (ACIET)

27. El presidente ejecutivo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)

28. El presidente del consejo privado de competitividad

29. El presidente de Bancóldex

30. El presidente de Procolombia

31. El director general de la DIAN

32. El presidente de la Federación Colombiana de Municipios

33. El presidente de la Federación Colombiana de Departamentos

34. Tres (3) miembros designados por el Presidente de la República

PAR.—La comisión nacional de competitividad e innovación podrá convocar invitados de los sectores público y privado, cuando su presencia sea requerida en función de los temas a tratar.

(D. 1500/2012, art. 5º)

ART. 2.2.1.6.1.2.—Comité ejecutivo. El comité ejecutivo será el órgano de coordinación y dirección de la comisión nacional de competitividad e innovación y estará integrado por:

1. El consejero presidencial del sistema de competitividad e innovación

2. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo

3. El director del Departamento Nacional de Planeación

4. El director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)

5. El presidente ejecutivo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

6. El presidente del consejo privado de competitividad

PAR.—El comité ejecutivo podrá convocar invitados de los sectores público y privado, del nivel nacional y regional, cuando su presencia sea requerida en función de los temas a tratar.

(D. 1500/2012, art. 6º)

ART. 2.2.1.6.1.3.—Comité técnico. El comité técnico tendrá como función preparar los diferentes documentos de carácter técnico y político que requieran los miembros del comité ejecutivo para la coordinación y dirección de la comisión nacional de competitividad e innovación y estará conformado por los siguientes miembros:

1. Un delegado del consejero presidencial del sistema de competitividad e innovación

2. Un delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

3. Un delegado del Departamento Nacional de Planeación

4. Un delegado del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)

5. Un delegado de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

6. Un delegado del consejo privado de competitividad

PAR.—El comité técnico podrá convocar invitados de los sectores público y privado, cuando su presencia sea requerida en función de los temas a tratar.

(D. 1500/2012, art. 7º)

SECCIÓN 2

Comisiones regionales de competitividad

ART. 2.2.1.6.2.1.—Composición. Para cumplir los objetivos propuestos en el artículo 2.2.1.6.2.2 del presente decreto, cada comisión regional de competitividad deberá garantizar la mayor participación e interacción de los sectores público y privado. La coordinación nacional de las comisiones regionales de competitividad, en coordinación con las autoridades departamentales y por recomendación de la comisión nacional de competitividad e innovación, podrá promover la creación de presidencias colegiadas, comités ejecutivos, comités técnicos y una secretaría técnica en las comisiones regionales de competitividad.

PAR. 1º—En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.1 del presente decreto, las comisiones regionales de competitividad no tendrán personería jurídica, ni se reconocerá más de una comisión regional de competitividad por departamento, como parte del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación.

PAR. 2º—Las comisiones regionales de competitividad podrán contar con una presidencia colegiada entre el sector público y el sector privado, representado este último por quien sea elegido por mayoría simple de los miembros de la comisión regional de competitividad, de terna de empresarios que cuenten con matrícula mercantil y tengan su domicilio en el departamento respectivo, enviada por la cámara de comercio de la ciudad capital. Para los casos en los cuales no se cuente con presencia de una cámara de comercio en el departamento, los empresarios con matrícula mercantil que tengan domicilio en el respectivo departamento, se postularán para que la comisión regional de competitividad haga su elección por mayoría simple, en los plazos que ella misma señale.

PAR. 3º—La secretaría técnica podrá ser ejercida por una cámara de comercio con presencia en el departamento. Para los casos en los cuales no se cuenta con la presencia de estas, las actividades de secretaría técnica dentro de las comisiones regionales de competitividad, podrán ser adelantadas por la entidad que designen los miembros de la misma.

(D. 1500/2012, art. 8º)

ART. 2.2.1.6.2.2.—Objetivos. La comisión regional de competitividad coordina y articula, al interior del departamento, la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento.

Para este efecto, desarrollará las siguientes actividades:

1. Servir de escenario de diálogo, coordinación y articulación en temas de competitividad e innovación entre el sector público, productivo y la academia, en el nivel regional.

2. Articular las instancias regionales tales como: consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación, comités universidad-Estado-empresa, comités de biodiversidad, redes regionales de emprendimiento, comités departamentales de turismo, consejos regionales de PYME, consejos ambientales regionales, comités de seguimiento a los convenios de competitividad e instancias regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. Coordinar la actualización del plan regional de competitividad donde se definan responsabilidades y roles para cada uno de los actores de la comisión regional de competitividad, articulados con los objetivos del plan nacional de desarrollo y los planes de desarrollo territoriales.

4. Apoyar la implementación de políticas de carácter nacional en materia de competitividad e innovación en el nivel territorial para aquellos temas que requieren alianzas estratégicas entre el sector público y privado.

5. Apoyar el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo de las apuestas productivas definidas por los departamentos y las regiones, así como las promovidas por el nivel nacional de aplicación territorial.

6. Apoyar el seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo productivo en su región y de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos del plan regional de competitividad.

7. Hacer propuestas de planes, proyectos y lineamientos de política a las entidades correspondientes del orden nacional o territorial en lo relacionado con los procesos competitivos, regionales o nacionales.

8. Comunicar periódicamente a la coordinación nacional de las comisiones regionales de competitividad, acerca de los avances en el desarrollo de las actividades determinadas en el presente artículo.

(D. 1500/2012, art. 9º)

SECCIÓN 3

De la coordinación nacional y otras disposiciones

ART. 2.2.1.6.3.1.—Coordinación nacional. Teniendo en cuenta que las Comisiones regionales de competitividad forman parte del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ejercerá la coordinación y seguimiento de estas comisiones con el apoyo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) como representante del sector privado.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informará periódicamente al comité ejecutivo del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación sobre el avance de las actividades desarrolladas por las comisiones regionales de competitividad.

(D. 1500/2012, art. 10)

ART. 2.2.1.6.3.2.—Articulación con otras entidades del Gobierno Nacional. El consejero presidencial del sistema de competitividad e innovación promoverá la articulación de las entidades de la Rama Ejecutiva que implementen políticas, programas y proyectos asociados al desarrollo productivo a nivel departamental o distrital con las comisiones regionales de competitividad.

(D. 1500/2012, art. 11)

ART. 2.2.1.6.3.3.—Planes regionales de competitividad. Los planes regionales de competitividad son los instrumentos de planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo, los cuales contienen las iniciativas necesarias para alcanzar la visión de competitividad del departamento. Tienen un carácter dinámico, por lo cual pueden ser actualizados de acuerdo con las necesidades del departamento. Los instrumentos de planeación de las instancias que articulan las comisiones regionales de competitividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.2.2 del presente decreto y el artículo 4 º de la Ley 1253 de 2008, deberán recoger las orientaciones y propuestas expresadas en los planes regionales de competitividad.

(D. 1500/2012, art. 12)

ART. 2.2.1.6.3.4.—Pronunciamientos de las comisiones regionales de competitividad. La coordinación nacional de las comisiones regionales de competitividad, en coordinación con las autoridades departamentales, podrá promover mecanismos para la toma de decisiones y para la presentación de los pronunciamientos de las comisiones.

(D. 1500/2012, art. 13)

ART. 2.2.1.6.3.5.—Sostenibilidad. El Gobierno Nacional podrá apoyar la operación de las comisiones regionales de competitividad, conformadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.2.1 del presente decreto y en contrapartida a los aportes realizados por los miembros de las comisiones regionales de competitividad.

(D. 1500/2012, art. 14)

CAPÍTULO 7

Subsistema nacional de la calidad

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 1

Organización del subsistema nacional de la calidad

ART. 2.2.1.7.1.1.—Organización del subsistema nacional de la calidad. El presente capítulo tiene por objeto reorganizar el subsistema nacional de la calidad (SNCA) en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control.

(D. 1471/2014, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.1.2.—Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de este capítulo corresponde a todos los actores y actividades que conforman el subsistema nacional de la calidad (SNCA).

(D. 1471/2014, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.1.3.—Denominación. El subsistema nacional de la calidad (SNCA) es un subsistema del sistema administrativo nacional de competitividad e innovación.

(D. 1471/2014, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.1.4.—Definición. El subsistema nacional de la calidad (SNCA) está compuesto por instituciones públicas y privadas que realizan actividades de cualquier orden para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control.

(D. 1471/2014, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.1.5.—Objetivos del SNCA. El subsistema nacional de la calidad (SNCA) tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

1. Promover en los mercados la seguridad, calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad de los sectores productivos e importadores de productos.

2. Proteger los intereses de los consumidores.

3. Facilitar el acceso a mercados y el intercambio comercial.

4. Proteger la salud y la vida de las personas así como de los animales y la preservación de los vegetales.

5. Proteger el medio ambiente y la seguridad nacional.

6. Prevenir las prácticas que puedan inducir a error al consumidor.

(D. 1471/2014, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.1.6.—Principios generales. Para efectos del presente capítulo, las entidades que componen el subsistema nacional de la calidad (SNCA) ejercerán sus funciones en el marco de las normas constitucionales, leyes y decretos aplicables, así como también de los acuerdos internacionales sobre la materia.

(D. 1471/2014, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.1.7.—Definiciones. Para los efectos del presente capítulo, se utilizarán las siguientes definiciones:

1. Aceptación de los resultados de evaluación de la conformidad. Utilización de un resultado de evaluación de la conformidad proporcionado por otra persona o por otro organismo.

2. Acreditación. Atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad.

3. Actividad de evaluación de la conformidad de primera parte. Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo la persona o la organización que suministra el objeto.

4. Actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte. Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo una persona u organismo que es independiente de la persona u organización que suministra el objeto y también de los intereses del usuario en dicho objeto.

5. Acuerdo multilateral. Acuerdo entre más de dos partes, públicas o privadas, por el cual cada parte reconoce o acepta los resultados de la evaluación de la conformidad de las otras partes.

6. Acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM). Acuerdo entre dos o más Estados, a través del cual se acepta el reconocimiento automático de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de los demás como equivalentes, previo concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

7. Alcance de la acreditación. Actividades específicas de evaluación de la conformidad para las que se pretende o se ha otorgado la acreditación.

8. Atestación. Emisión de una declaración, basada en una decisión tomada después de la revisión, de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados.

9. Análisis de impacto normativo (AIN). Evaluación que evidencia tanto los resultados deseados como los impactos probables positivos y negativos que se generan como consecuencia de la propuesta o modificación de un reglamento técnico.

10. Anteproyecto de reglamento técnico. Documento preliminar el cual debe disponerse para consulta pública de las partes interesadas con el fin de recibir observaciones al texto publicado.

11. Cadena de trazabilidad metrológica. Sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una referencia.

12. Calibración. Operación que bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.

13. Certificación. Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas.

14. Certificado de acreditación. Documento formal o conjunto de documentos, que indica que la acreditación ha sido otorgada a un organismo de evaluación de la conformidad para el alcance definido.

15. Certificado de conformidad. Documento emitido por un organismo evaluador de la conformidad, conforme a las disposiciones del presente capítulo y demás requisitos legales que lo complementen, mediante el cual se presume la confianza de que un producto, proceso, sistema o persona cumple con una norma técnica u otro documento normativo específico.

16. Certificado de material de referencia. Documento que acompaña a un material de referencia certificado expresando uno o más valores propios y sus incertidumbres, y confirmando que los procedimientos necesarios han sido llevados a cabo para asegurar su validez y trazabilidad.

17. Certificado de tipo. Certificado que permite el ingreso del producto regulado al país de destino del producto, mientras no se varíen los diseños y condiciones del prototipo certificado, cualquiera que sea su cantidad y frecuencia.

18. Certificado de verificación metrológica. Documento emitido por un organismo autorizado de verificación metrológica en relación con un instrumento de medida que certifica la conformidad con el reglamento técnico metrológico aplicable.

19. Comité de normalización. Conjunto interdisciplinario de profesionales integrado por representantes de la industria, consumidores e intereses generales, que mediante consenso establecen requisitos fundamentales de calidad, seguridad, protección a la salud y al medio ambiente para productos, procesos o sistemas.

20. Comparación interlaboratorios. Organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas.

21. Control metrológico legal. Todas las actividades de metrología legal que contribuyen al aseguramiento metrológico, es decir, las actividades de supervisión efectuadas por la entidad competente o por quien haya sido designada por ella, de las tareas de medición previstas para el ámbito de aplicación de un instrumento de medida, por razones de interés público, salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, recaudación de impuestos y tasas, protección de los consumidores, lealtad de las prácticas comerciales o actividades de naturaleza periciales, administrativas o judicial. También incluye el control de contenido de productos preempacados listos para su comercialización y la utilización de las unidades que hacen parte del sistema legal de unidades.

22. Designación. Autorización gubernamental para que una entidad acreditada lleve a cabo actividades específicas, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y con los requisitos dispuestos por la autoridad que designa.

23. Declaración de conformidad de primera parte. Certificación emitida por la persona o la organización que suministra el objeto, respecto a la conformidad de este con el reglamento técnico.

24. Documento normativo. Documento que suministra reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados.

25. Empacador. Persona natural o jurídica responsable de empacar y rotular un producto en preempacado.

26. Ensayo/Prueba. Determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento. El término “ensayo/prueba” se aplica en general a materiales, productos o procesos.

27. Ensayo de aptitud. Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios.

28. Entidad reguladora. Autoridad pública competente para ejercer actividades de regulación.

29. Equivalencia de los resultados de evaluación de la conformidad. Grado de igualdad entre diferentes resultados de evaluación de la conformidad, suficiente para proporcionar el mismo nivel de aseguramiento de la conformidad con respecto a los mismos requisitos especificados.

30. Especificación normativa disponible. Documento normativo voluntario de carácter transitorio, que suministra requisitos o recomendaciones y representa el consenso y aprobación de un comité técnico, el cual es adoptado por el organismo nacional de normalización.

31. Evaluación. Proceso realizado por el organismo nacional de acreditación para evaluar la competencia de un organismo de evaluación de la conformidad con base en determinadas normas u otros documentos normativos y, para un alcance de acreditación definido. Evaluar la competencia de un organismo de evaluación de la conformidad involucra evaluar la competencia de todas las operaciones del mismo, incluida la competencia del personal, la validez de la metodología de evaluación de la conformidad y la validez de los resultados de evaluación de la conformidad.

32. Evaluación de la conformidad. Demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. El campo de la evaluación de la conformidad incluye actividades tales como, el ensayo/prueba, la inspección y la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.

33. Guía metodológica. Documento que describe el procedimiento administrativo para preparar un informe del programa anual de reglamentación técnica (PART) o un informe de análisis de impacto normativo (AIN) incluyendo un manual para los mecanismos de consulta y de preparación de los formatos correspondientes.

34. Guía técnica colombiana. Documento normativo voluntario que proporciona recomendaciones o pautas, en relación con situaciones repetitivas en un contexto dado, el cual es adoptado por el organismo nacional de normalización.

35. Hora legal de la República de Colombia. Es la hora oficial que opera para todo el territorio de la República de Colombia, establecida por el Gobierno Nacional y difundida por el Instituto Nacional de Metrología.

36. Incertidumbre de medición. Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza.

37. Informe de análisis de impacto normativo (AIN). Documento que las entidades reguladoras competentes deben preparar para resumir el proceso y los resultados obtenidos del análisis de impacto normativo con base en el formato que señale el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante circular, en la elaboración y expedición de reglamentos técnicos.

38. Informe del programa anual de reglamentos técnicos (PART). Documento que las entidades reguladoras competentes deben preparar para presentar las propuestas de reglamentación técnica con base en el formato que señale el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante circular. El informe del programa anual de reglamentos técnicos (PART) deberá ser enviado a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para los fines previstos en el artículo 2.2.1.7.3.17 del presente decreto.

39. Instrumento de medición. Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios.

40. Inspección. Examen del diseño de un producto del producto, proceso o instalación y determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, con requisitos generales. La inspección de un proceso puede incluir la inspección de personas, instalaciones, tecnología y metodología.

41. Inspección metrológica. Actividades de supervisión y control que realiza la autoridad competente sobre un instrumento de medición o sobre un producto preempacado, dentro del marco de la metrología legal en Colombia.

42. Laboratorio metrológico. Laboratorio que reúne la competencia e idoneidad técnica, logística y de personal necesarias para determinar la aptitud o el funcionamiento de instrumentos de medición.

43. Laboratorio de ensayo/prueba. Laboratorio que posee la competencia necesaria para llevar a cabo en forma general la determinación de las características, aptitud o el funcionamiento de materiales y productos.

44. Magnitud. Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia.

45. Marcado de conformidad metrológico. Etiqueta que acredita la conformidad de un instrumento de medición verificado con base en los procedimientos de evaluación establecidos en el presente capítulo y en los reglamentos técnicos metrológicos.

46. Material de referencia. Material homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas.

47. Material de referencia certificado. Material de referencia acompañado por la documentación emitida por un organismo acreditado que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas con incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando procedimientos válidos.

48. Medición. Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud.

49. Mensurando. Magnitud que se desea medir.

50. Metrología. Ciencia de las mediciones y sus aplicaciones.

51. Metrología científica. Metrología que se ocupa de la organización y desarrollo de los patrones de medición y de su mantenimiento, además de su diseminación en la cadena metrológica y en todos los niveles de su jerarquía.

52. Metrología industrial. Metrología especializada en las medidas aplicadas a la producción y control de calidad en la industria para el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición y de los procesos productivos.

53. Metrología legal. Parte de la metrología relacionada con las actividades que se derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes.

54. Muestreo. Obtención de una muestra representativa del objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento.

55. Norma. Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas.

56. Norma técnica colombiana. Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de normalización de Colombia.

57. Norma internacional. Norma técnica que es adoptada por una organización internacional de normalización y que se pone a disposición del público.

58. Norma nacional. Norma técnica adoptada por un organismo nacional de normalización y que se pone a disposición del público.

59. Norma técnica sectorial. Norma técnica adoptada por una unidad sectorial de normalización.

60. Normalización. Actividad que establece disposiciones para uso común y repetido encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado.

61. Oficinas de control metrológico. Oficinas establecidas por las autoridades del orden municipal o departamental, que tienen como función principal realizar las inspecciones metrológicas para el control y verificación en metrología legal a instrumentos de medición o productos preempacados.

62. Organismo autorizado de verificación metrológica. Entidad designada mediante convocatoria pública que apoya a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales a realizar verificaciones en metrología legal en relación con los instrumentos de medición o productos preempacados.

63. Organismo de evaluación de la conformidad. Organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad.

64. Organismo de acreditación. Organismo que lleva a cabo la acreditación.

65. Organismo nacional de acreditación. Organismo de acreditación de Colombia, que representa al país en las organizaciones internacionales y regionales de acreditación.

66. Organismo de normalización. Organismo con actividades normativas reconocido a nivel nacional, regional o internacional, que en virtud de sus estatutos tiene como función principal la preparación, aprobación o adopción y publicación de normas que se ponen a disposición del público.

67. Organismo nacional de normalización. Organismo de normalización de Colombia, que representa al país en las organizaciones internacionales y regionales de normalización.

68. Patrón de medida. Realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia.

69. Precinto. Elemento o elementos materiales o electrónicos que impiden el acceso y manipulación a determinadas partes del instrumento de medida y en caso de producirse de forma no autorizada, delatan su violación.

70. Precisión de medida. Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas en un mismo objeto o de objetos similares, bajo condiciones especificadas.

71. Procedimiento de evaluación de la conformidad. Todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas.

72. Producto. Todo bien o servicio.

73. Producto preempacado. Todo bien envuelto, empacado o embalado previamente a su puesta en circulación, en el cual la cantidad del bien contenido debe ser expresamente predeterminado, listo para ofrecerlo al consumidor.

74. Productor. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos a un reglamento técnico, una norma técnica, especificación técnica o documento normativo específico, medida sanitaria o fitosanitaria o que sean objeto de medición o sistemas de medida para su utilización en actividades agrícolas, industriales o comerciales, de investigación, interés público, salud, seguridad de productos o seguridad nacional, protección de los consumidores o protección del medio ambiente.

75. Proveedor de ensayos de aptitud. Organización que es responsable de todas las tareas relacionadas con el desarrollo y la operación de un programa de ensayo de aptitud.

76. Proyecto de reglamento técnico. Documento que resulta de la adopción de las observaciones pertinentes de la etapa de consulta pública del anteproyecto de reglamento técnico, el cual se remite al punto de contacto de Colombia para su correspondiente notificación internacional.

77. Puesta en servicio de un instrumento de medición. Primera utilización de un instrumento de medición para cumplir con la función para la cual fue producido.

78. Reciprocidad. Relación entre dos partes en la que cada una tiene los mismos derechos y obligaciones con respecto a la otra.

79. Reconocimiento. Admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la conformidad proporcionado por otra persona o por otro organismo.

80. Red colombiana de metrología. Conjunto de laboratorios de ensayo y calibración, de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia y personas naturales involucradas en los temas de metrología, coordinada por el Instituto Nacional de Metrología.

81. Reglamentación técnica. Actividad mediante la cual, las entidades reguladoras competentes, elaboran, modifican, revisan, adoptan y aplican reglamentos técnicos.

82. Reglamento técnico. Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir disposiciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas.

83. Reglamento técnico de emergencia. Reglamento técnico que se adopta en los eventos en que se presentan o amenazan presentarse problemas urgentes de seguridad, sanidad, protección del medio ambiente o seguridad nacional a un país.

84. Reglamento técnico metrológico. Documento de observancia obligatoria, expedido por la autoridad competente en el que se establecen los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos que deben cumplir los instrumentos de medición sujetos a control metrológico. Estos podrán incluir también prescripciones sobre etiquetado o marcado, requisitos esenciales de seguridad que garanticen la protección metrológica del instrumento y los procedimientos de evaluación de la conformidad y el periodo de validez de la verificación. Asimismo, podrá definir requisitos de equipamiento y competencias laborales para los reparadores y los organismos autorizados de verificación, para su actividad.

85. Reparador inscrito de instrumentos de medición. Toda persona natural o jurídica que tenga como parte de su actividad económica la reparación o modificación de un instrumento de medición, que cumpla con los requisitos establecidos en el presente capítulo y en el reglamento técnico metrológico en el que actúe y se inscriba en el registro de reparadores que llevará la Superintendencia de Industria y Comercio.

86. Requisito especificado. Necesidad o expectativa establecida.

87. Sistema internacional de unidades. Sistema de unidades basado en el sistema internacional de magnitudes con nombres y símbolos de las unidades y con una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, así como reglas para su utilización, adoptado por la conferencia general de pesas y medidas (CGPM).

88. Titular de un instrumento de medición sujeto a control metrológico legal. Persona natural o jurídica que utilice, posea o custodie, a cualquier título, un instrumento de medición en servicio para los fines a los que se refiere el presente capítulo.

89. Trazabilidad metrológica. Propiedad de un resultado de medida por la cual puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición.

90. Unidad de medida. Magnitud escala real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número.

91. Unidad sectorial de normalización. Entidad reconocida y aprobada por la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con lo establecido por el numeral 9º del artículo 28 del Decreto 210 de 2003 o la norma que lo modifique o sustituya, que tiene como función la preparación de normas propias de un sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de ser sometidas, al proceso de adopción y publicación de normas técnicas colombianas por el organismo nacional de normalización.

92. Verificación metrológica. Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados.

93. Verificación metrológica legal. Conjunto de exámenes técnicos, visuales y administrativos que realiza un organismo autorizado de verificación metrológica (OAVM) debidamente designado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que tienen por objeto comprobar que un instrumento de medición mantiene las características metrológicas exigibles desde la última verificación o después de una reparación o modificación.

94. Verificación por muestreo. Verificación de un lote homogéneo de instrumentos de medición basado en los resultados del examen de un número estadísticamente adecuado de muestras seleccionadas al azar de un lote identificado.

(D. 1471/2014, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 2

Normalización

ART. 2.2.1.7.2.1.—Normalización. La normalización técnica en Colombia será desarrollada por el organismo nacional de normalización, quien ejercerá las funciones previstas en el presente capítulo.

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) continuará ejerciendo las funciones de organismo nacional de normalización de conformidad con la normatividad vigente.

(D. 1471/2014, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.2.—La normalización técnica será adelantada además por:

1. Las unidades sectoriales de normalización, quienes apoyarán el desarrollo del programa nacional de normalización y ejercerán las funciones previstas en el presente capítulo;

2. Las restantes entidades gubernamentales que tengan funciones de normalización, de acuerdo con su régimen legal.

En los ministerios podrán crearse comités técnicos que apoyen la labor de normalización.

(D. 2269/93, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.3.—Funciones. Serán funciones del organismo nacional de normalización, las siguientes:

1. Elaborar y aprobar las normas técnicas colombianas, basadas preferentemente en normas internacionales adoptadas por organismos internacionales de normalización, ya sea que las mismas fueran preparadas por este o aquellas elevadas para tal efecto por las unidades sectoriales de normalización.

2. Adoptar y dar estricto cumplimiento al código de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas de acuerdo con lo establecido en el Anexo Nº 3 del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la organización mundial del comercio y sus modificaciones.

3. Preparar el programa anual de normalización y realizar sus correspondientes actualizaciones, realizando consulta con las entidades reguladoras y apoyado en sus comités de normalización y unidades sectoriales de normalización.

4. Publicar previa presentación y revisión por parte de la comisión intersectorial de la calidad, el programa anual de normalización de manera que esté disponible al público y se le permita a este, conocer los avances del mismo.

5. Adoptar una posición nacional, apoyado en sus comités de normalización, unidades sectoriales de normalización y demás partes interesadas, para la participación en los procesos de normalización internacional en representación del país y en particular, en lo relacionado con los organismos internacionales de normalización que sirvan de referente para desarrollar las normas técnicas colombianas.

6. Brindar soporte y asesoría para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en los diferentes acuerdos en materia de obstáculos técnicos al comercio.

7. Apoyar la labor de normalización de las unidades sectoriales de normalización.

8. Representar a Colombia ante organizaciones internacionales y regionales de normalización, sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales.

9. Servir de organismo asesor técnico de la comisión intersectorial de la calidad y del Gobierno Nacional en todo lo concerniente a la normalización técnica, así como en la definición de las políticas oficiales sobre el uso de las normas. En este sentido, deberá informar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cualquier inconveniente que se presente en la elaboración o implementación de una norma.

10. Apoyar y brindar soporte técnico a las entidades reguladores en la elaboración de reglamentos técnicos.

11. Promover que se incluyan en los documentos normativos las unidades del sistema internacional de unidades.

12. Suministrar los textos de las normas técnicas colombianas que sean solicitados por las entidades reguladoras para la elaboración de reglamentos técnicos.

13. Emitir concepto técnico, cuando así lo solicite la entidad reguladora, en relación con las equivalencias de los requisitos técnicos de documentos normativos y reglamentos técnicos.

14. Poner a disposición del público las normas técnicas colombianas y demás documentos técnicos normativos.

15. Iniciar con carácter prioritario, la elaboración de una norma técnica colombiana, a petición de una entidad reguladora.

16. Informar al organismo nacional de acreditación los inconvenientes de que tenga conocimiento respecto de los procedimientos de evaluación de la conformidad que se establezcan en una norma técnica colombiana.

17. Mantener y publicar un inventario de las unidades sectoriales de normalización existentes y el alcance de su labor de normalización en el sector correspondiente.

18. Liderar los procesos de armonización de normas técnicas y prestar asesoría técnica de manera que la elaboración de las normas, incluyendo aquellas de las unidades sectoriales de normalización, se ajusten al cumplimiento de los requisitos internacionales.

19. Celebrar los convenios que considere necesarios con las unidades sectoriales de normalización, para el correcto y adecuado cumplimiento de sus funciones de normalización.

20. Procurar la participación de las partes interesadas en la elaboración de los proyectos de guías o normas, incluyendo la de los fabricantes, importadores y representantes de las micro, medianas y pequeñas empresas de los productos que se pretenden normalizar.

(D. 1471/2014, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.4.—Representación del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional estará representado en el consejo directivo del organismo nacional de normalización en una proporción equivalente a una tercera parte de sus miembros. Esta participación será coordinada por la comisión intersectorial de la calidad y deberá reflejarse en los estatutos del organismo nacional de normalización.

(D. 1471/2014, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.5.—Contratos para el desarrollo de la actividad de normalización. En desarrollo de contratos suscritos entre el organismo nacional de normalización o las unidades sectoriales de normalización y las entidades gubernamentales, que tengan como objeto la elaboración de normas técnicas colombianas, normas técnicas sectoriales, guías técnicas, especificaciones normativas disponibles o cualquier otro documento normativo, el organismo nacional de normalización o las unidades sectoriales de normalización, según corresponda, deberán establecer, en cada caso, los mecanismos con las entidades gubernamentales contratantes, que faciliten el acceso al público, del contenido completo de los documentos elaborados.

(D. 1471/2014, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.6.—Programa anual de normalización. El programa anual de normalización deberá ser adelantado por el organismo nacional de normalización, con el apoyo de las unidades sectoriales de normalización y deberá contener el plan de normas técnicas que se pretenden elaborar y revisar. Para tales efectos, la propuesta del programa anual de normalización a ejecutarse el siguiente año, deberá ser presentada ante la comisión intersectorial de la calidad, a través de su secretaría técnica, para su visto bueno y observaciones, a más tardar, en la última reunión ordinaria del año.

(D. 1471/2014, art. 12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.7.—Aprobación del programa anual de normalización. Previo los ajustes correspondientes, el programa anual de normalización deberá ser presentado ante la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien en desarrollo de sus funciones, determinará la aprobación del mismo. De igual manera, en el evento en que se realicen ajustes o modificaciones posteriores a la aprobación del programa anual de normalización, estos deberán ser notificados a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como los antecedentes de los mismos.

En la elaboración del programa anual de normalización, así como en su actualización, el organismo nacional de normalización deberá priorizar el desarrollo de normas técnicas en los temas definidos por la comisión intersectorial de la calidad.

(D. 1471/2014, art. 13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.8.—Contenido del programa anual de normalización. El programa anual de normalización deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

1. Identificación del desarrollo de nuevas normas para temas no normalizados.

2. Identificación de las normas que serán actualizadas o revisadas.

3. Inclusión del trabajo ejecutado en materia de normas técnicas colombianas, guías y documentos complementarios, así como en normas regionales y aquellas que revisten interés en los organismos internacionales de normalización.

4. Exposición de las justificaciones que orientan las acciones del programa anual de normalización.

5. Identificación de los posibles inconvenientes para la ejecución del programa anual de normalización.

(D. 1471/2014, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.9.—Incorporación de normas técnicas en reglamentos técnicos. Cuando una norma técnica colombiana se utilice parcial o totalmente como fundamento de un reglamento técnico u otra medida de carácter obligatorio, esta podrá ser incorporada total o parcialmente por la entidad reguladora en el reglamento técnico o en otra medida de carácter obligatorio. Para efectos de lo anterior, el organismo nacional de normalización suministrará la norma correspondiente.

(D. 1471/2014, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.10.—Función de las unidades sectoriales de normalización. Las unidades sectoriales de normalización tendrán como función la preparación de normas propias de un sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para la correspondiente actividad.

(D. 1471/2014, art. 16)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.2.11.—Constitución de unidades sectoriales de normalización. Las unidades sectoriales de normalización podrán ser constituidas por entidades públicas que estén autorizadas para realizar labores de normalización o para ser unidades sectoriales de normalización por disposición legal. Adicionalmente, podrán constituir unidades sectoriales de normalización, las asociaciones, universidades, gremios u organizaciones privadas sin ánimo de lucro que sean representativas de los intereses de un determinado sector económico y que se encuentren en capacidad de garantizar tanto la infraestructura técnica como la idoneidad técnica necesarias para promover el desarrollo de la normalización técnica en sectores específicos.

De acuerdo con lo establecido por el numeral 9º del artículo 28 del Decreto 210 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya, corresponde a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobar la creación de las unidades sectoriales de normalización.

(D. 1471/2014, art. 17)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 3

Reglamentación técnica

ART. 2.2.1.7.3.1.—Lineamientos para la reglamentación técnica. Las entidades reguladoras deberán adoptar buenas prácticas de reglamentación técnica de manera que esta no tenga por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio.

(D. 1471/2014, art. 18)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.2.—Referencia en normalización técnica nacional e internacional. Los reglamentos técnicos deberán basarse preferentemente en las normas técnicas internacionales.

Igualmente, podrán constituirse como referentes de los reglamentos técnicos, las normas técnicas nacionales armonizadas con normas técnicas internacionales.

(D. 1471/2014, art. 19)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.3.—Competencia conjunta. Las entidades reguladoras podrán ejercer actividades de reglamentación técnica en conjunto, cuando la competencia de cada una de ellas recaiga sobre una misma materia.

(D. 1471/2014, art. 20)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.4.—Buenas prácticas de reglamentación técnica. Para ejercer actividades de reglamentación técnica, las entidades reguladoras deberán aplicar buenas prácticas de reglamentación técnica y:

1. Desarrollar análisis de impacto normativo (AIN).

2. Determinar el procedimiento de la evaluación de la conformidad.

3. Determinar la existencia de norma internacional.

4. Solicitar el concepto previo a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

5. Realizar consulta pública y notificación internacional.

PAR. TRANS.—A partir del 5 de agosto del 2015, las entidades reguladoras contarán con tres (3) años para desarrollar capacidades necesarias para el desarrollo de los análisis de impacto normativo (AIN), a través de la implementación de una política de mejora normativa, la presentación de estos análisis se constituirá en un componente opcional. Una vez cumplido el periodo de transición señalado, este requisito será de obligatorio cumplimiento.

(D. 1471/2014, art. 21)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.5.—Consulta pública nacional. Las entidades reguladoras deberán elevar a consulta pública a nivel nacional, en sus correspondientes páginas web institucionales, los anteproyectos de reglamentos técnicos así como el informe ejecutivo del análisis de impacto normativo. El término mínimo de consulta pública, será de quince (15) días hábiles, que se contarán a partir de su publicación en la correspondiente página web.

(D. 1471/2014, art. 22)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.6.—Solicitud de concepto previo. Con el fin de poder surtir el trámite de notificación internacional de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de la conformidad, en los términos del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la organización mundial del comercio, previamente, las entidades reguladoras deberán solicitar concepto a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en relación con el cumplimiento de los lineamientos del subsistema nacional de la calidad y la potencialidad de constituir obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.

(D. 1471/2014, art. 23)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.7.—Documentos requeridos para la solicitud de concepto previo. Junto con la solicitud de concepto previo, la autoridad competente deberá poner a disposición de la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los siguientes documentos:

1. El proyecto de reglamento técnico o de los procedimientos de evaluación de la conformidad correspondientes.

2. Los estudios técnicos que sustenten las medidas que se adoptarían a través del proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de la conformidad.

3. Demostrar que el proyecto de reglamento técnico o de los procedimientos de evaluación de la conformidad, fue sometido a consulta pública a nivel nacional y aportar las observaciones y sugerencias recibidas.

4. El informe de resultados del análisis de impacto normativo (AIN) de que trata el artículo 2.2.1.7.3.15 del presente decreto, cuando este sea de obligatorio cumplimiento.

PAR.—Sin perjuicio de las competencias de la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la comisión intersectorial para la mejora regulatoria o la entidad que haga sus veces, evaluará y aprobará los análisis de impacto normativo que presenten las entidades reguladoras y posteriormente emitirá un concepto técnico que será enviado a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la emisión del concepto previo de que trata el artículo 2.2.1.7.3.6 del presente decreto.

(D. 1471/2014, art. 24)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.8.—Término para la emisión de concepto previo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección de regulación, rendirá concepto previo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud del concepto, junto con los demás documentos a que se refiere el presente capítulo.

(D. 1471/2014, art. 25)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.9.—Constancia de solicitud de concepto previo. En la parte considerativa de los actos administrativos a través de los cuales se expidan reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad de los que trata el presente capítulo, deberá constar que se solicitó el concepto previo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los términos en que el mismo fue emitido.

(D. 1471/2014, art. 26)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.10.—Notificación internacional. Todos los proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad deberán ser notificados a través del punto de contacto de Colombia, a los países miembros de la organización mundial del comercio, de la Comunidad Andina de Naciones y a los países con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes que contemplen la obligación de notificación internacional. Para tal efecto, cada entidad reguladora, deberá enviar a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el proyecto de reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad para su correspondiente notificación. Igualmente, deberán ser notificadas las modificaciones de proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad cuando el impacto de estas haga más gravosa la situación del regulado o de los usuarios.

PAR. 1º—Una vez surtida la expedición del reglamento técnico, la entidad reguladora deberá enviar al punto de contacto de Colombia el correspondiente acto administrativo para su notificación internacional.

PAR. 2º—Conforme con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1480 de 2011, no se podrá publicar en el diario oficial y por lo tanto, no podrá entrar a regir ningún reglamento técnico, que no cuente con la certificación expedida por el punto de contacto de Colombia, salvo las excepciones previstas para la adopción de reglamentos técnicos de emergencia.

(D. 1471/2014, art. 27)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.11.—Reglamentos técnicos de emergencia. De manera excepcional, la entidad reguladora podrá expedir reglamentos técnicos de emergencia de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 83 del artículo 2.2.1.7.1.7 del presente decreto, sin que para ello deban surtirse los requisitos de análisis de impacto normativo, consulta pública, notificación internacional y concepto previo de la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, antes de su expedición.

Los reglamentos técnicos de emergencia tendrán una vigencia de doce (12) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más, de conformidad con lo previsto en la Decisión 562 de la Comunidad Andina de Naciones. Lo anterior, sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas en el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la organización mundial del comercio y de las decisiones andinas aplicables.

PAR.—No obstante lo dispuesto en este artículo, las entidades reguladoras deberán justificar la expedición de un reglamento técnico de emergencia en el correspondiente acto administrativo y tener como sustento los estudios técnicos y científicos como soporte de esa decisión.

(D. 1471/2014, art. 28)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.12.—Determinación de equivalencias. Las entidades reguladoras serán competentes para determinar las equivalencias de los reglamentos técnicos, previo estudio técnico que las soporten. En caso que se determine una equivalencia, deberá hacerse la modificación del reglamento técnico correspondiente.

(D. 1471/2014, art. 29)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.13.—Obligación de tener un establecimiento de comercio en Colombia. Todo importador de productos que estén sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos de riesgo alto, según lo establecido en el artículo 2.2.1.7.3.19 del presente decreto, deberá mantener un establecimiento de comercio en Colombia que cumpla con las obligaciones legales y de protección al consumidor establecidas en la Ley 1480 de 2011.

(D. 1471/2014, art. 30)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.14.—Elaboración y expedición de reglamentos técnicos. Para efectos de la elaboración y expedición de reglamentos técnicos, estos deberán estar enmarcados dentro de la defensa de los objetivos legítimos, de conformidad con lo establecido en el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la organización mundial del comercio.

Se considerarán objetivos legítimos, entre otros, los imperativos de la seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida, la salud animal o vegetal o del medio ambiente.

(D. 1471/2014, art. 31)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.15.—Análisis de impacto normativo (AIN). Previo a la elaboración, expedición y revisión de un reglamento técnico, la entidad reguladora deberá realizar un análisis de impacto normativo. Para tal efecto, se definirá el problema a solucionar, se examinarán las posibles alternativas de solución, inclusive la de no expedir el reglamento técnico y se evaluarán los impactos positivos y negativos que generará cada alternativa.

PAR. TRANS.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.3.4 del presente decreto, durante los tres (3) primeros años contados a partir del 5 de agosto de 2015, con el fin de brindarles a las entidades reguladoras un periodo de transición para que desarrollen las capacidades necesarias para la elaboración de los análisis de impacto normativo —AIN— a través de la implementación de una política de mejora regulatoria, la realización de estos análisis se constituirán en un componente opcional. Una vez cumplido el plazo mencionado su realización será obligatoria.

(D. 1471/2014, art. 32)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.16.—Contenido del análisis de impacto normativo. El análisis de impacto normativo se podrá apoyar en herramientas tales como, análisis del riesgo, de los costos-beneficios, de los costos-eficiencia, de la distribución de los costos entre las partes afectadas y afectación del presupuesto. Para efectos de realizar el análisis de impacto normativo de que trata este artículo, las entidades reguladoras deberán preparar un informe del análisis de impacto normativo utilizando el formato que señale el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante circular.

(D. 1471/2014, art. 33)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.17.—Programa anual de reglamentos técnicos (PART). La dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coordinará el programa anual de reglamentos técnicos (PART), el cual se constituirá con el apoyo de las entidades reguladoras, quienes le remitirán sus programas de reglamentación técnica para su consolidación, con base en el formato identificado que señale el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante circular. La dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentará el programa anual de reglamentos técnicos (PART) a la comisión intersectorial de la calidad en la última reunión ordinaria del año o cuando esta lo solicite.

PAR.—El procedimiento para que las entidades reguladoras presenten los planes de reglamentación técnica que conformarán el programa anual de reglamentos técnicos (PART) será establecido por la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y aprobado por la comisión intersectorial de la calidad, a más tardar el 5 de febrero de 2016.

(D. 1471/2014, art. 34)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.18.—Objetivos del programa anual de reglamentos técnicos (PART). La elaboración del PART tiene como objetivos los siguientes:

1. Identificar las propuestas de reglamentos técnicos que se elaborarán en los siguientes doce (12) meses.

2. Identificar los vínculos con otras iniciativas normativas en curso o previstas.

3. Informar a la industria y demás partes interesadas, el inicio del trabajo sobre un reglamento técnico.

(D. 1471/2014, art. 35)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.19.—Niveles de riesgos para la elaboración y expedición de reglamentos técnicos. De acuerdo con los resultados del análisis de impacto normativo, las entidades reguladoras determinarán el procedimiento de evaluación de la conformidad, para cada reglamento técnico, según los siguientes niveles de riesgo:

1. Riesgo moderado: Reglamento técnico que para su cumplimiento, establece, entre otros, requisitos como el etiquetado.

2. Riesgo medio: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre otros, requisitos como la declaración de conformidad de primera parte en los términos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO / IEC 17050 – partes 1 y 2, y

3. Riesgo alto: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre otros, requisitos como el certificado de conformidad de tercera parte.

En un mismo reglamento técnico podrán presentarse diferentes niveles de riesgo y por lo tanto se podrán establecer diferentes procedimientos de evaluación de la conformidad según el caso.

PAR.—Con la presentación de la declaración de conformidad de primera parte, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos en el reglamento técnico y por tanto, será responsable por la conformidad de los productos con los requisitos especificados en el correspondiente reglamento técnico, de conformidad con la NTC- ISO/IEC 17050.

(D. 1471/2014, art. 36)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.20.—Revisión de reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos expedidos serán sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora, con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo menos, una vez cada cinco (5) años o antes si cambian las causas que le dieron origen. No serán parte del ordenamiento jurídico los reglamentos técnicos que transcurridos cinco (5) años de su entrada en vigencia no hayan sido revisados y decidida su permanencia o modificación por la entidad que lo expidió.

(D. 1471/2014, art. 37)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.3.21.—Inventario de reglamentos técnicos y proyectos de reglamento técnico. Las entidades reguladoras designarán en su entidad un área específica encargada de elaborar y mantener actualizado un inventario de los reglamentos técnicos y proyectos de reglamento técnico, así como su correspondiente informe de análisis de impacto normativo, de manera que puedan estar permanentemente a disposición del público en sus correspondientes páginas web institucionales. Las entidades reguladoras deberán presentar un informe trimestral a la comisión intersectorial de la calidad, respecto a los avances en la expedición de los proyectos de reglamento técnico presentados en el plan anual de reglamentos técnicos. En igual sentido, la comisión intersectorial de la calidad estará facultada para solicitar a las entidades reguladoras la información correspondiente al avance de los proyectos de reglamento técnico.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su dirección de regulación, será el encargado de publicar el inventario nacional de reglamentos técnicos, los proyectos de reglamentos técnicos y su informe de avance, los informes de análisis de impacto normativo de los reglamentos técnicos vigentes, para que dicha información esté a disposición de terceros.

(D. 1471/2014, art. 38)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 4

Acreditación

ART. 2.2.1.7.4.1.—Objeto de la actividad de acreditación. La actividad de acreditación tiene como objeto emitir una declaración de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad, en la cual se manifiesta la demostración formal de su competencia para realizar actividades específicas de la evaluación de la conformidad.

(D. 1471/2014, art. 39)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.2.—Organismo nacional de acreditación. La actividad de acreditación será ejercida de manera exclusiva por el organismo nacional de acreditación de Colombia (ONAC).

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades públicas que legalmente ejercen la función de acreditación continuarán realizando esta actividad que será coordinada por el organismo nacional de acreditación de Colombia (ONAC).

(D. 1471/2014, art. 40)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.3.—Función del organismo nacional de acreditación. El organismo nacional de acreditación tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad, con sujeción a las normas nacionales e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas técnicas y otros documentos normativos.

(D. 1471/2014, art. 41)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.4.—Criterios específicos de acreditación. Por necesidades sectoriales, los criterios generales de acreditación se pueden complementar con criterios específicos para un sector o actividad de evaluación de la conformidad, establecidos en documentos denominados “criterios específicos de acreditación” (CEA) aprobados por el organismo nacional de acreditación. El organismo nacional de acreditación invitará a las partes interesadas a participar en la construcción de los CEA.

(D. 1471/2014, art. 42)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.5.—Reconocimiento de la acreditación. La condición de acreditado será reconocida dentro del subsistema nacional de la calidad (SNCA) siempre y cuando la acreditación haya sido otorgada por el organismo nacional de acreditación o por entidades públicas que legalmente ejercen esta función, o por entidades acreditadoras extranjeras reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral, de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.

(D. 1471/2014, art. 43)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.6.—Representación a cargo del organismo nacional de acreditación. El organismo nacional de acreditación de Colombia, en calidad de organismo nacional de acreditación detenta la representación y lleva la posición de país ante la Comunidad Andina de Naciones y foros multilaterales en materia de acreditación y, participará en las instituciones y actividades regionales e internacionales relacionadas con actividades de acreditación, sin perjuicio de las competencias que en la materia tengan las entidades públicas. Bajo tal condición deberá:

1. Proveer sus servicios en condiciones no discriminatorias y observar las demás disposiciones en materia de competencia económica.

2. Acreditar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos pertinentes, a los organismos de evaluación de la conformidad que lo soliciten.

3. Tramitar y responder, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las normas técnicas internacionales aplicables, las solicitudes que le presenten los interesados.

4. Asegurar la idoneidad del personal involucrado en sus actividades.

5. Informar y solicitar concepto previo y aprobación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la intención de celebrar un acuerdo de reconocimiento mutuo.

6. Mantener un programa de vigilancia que permita demostrar, en cualquier momento, que los organismos acreditados siguen cumpliendo con las condiciones y los requisitos que sirvieron de base para su acreditación.

7. Establecer un procedimiento interno que permita a todos los involucrados en el proceso de acreditación y de administración del organismo, declararse impedidos y excusarse de actuar en situaciones de posible conflicto de interés.

8. Obtener y mantener su reconocimiento internacional a través de la evaluación de sus actividades por parte de pares internacionales y de la afiliación y participación en las actividades programadas por las instituciones y actividades regionales e internacionales relacionados con la acreditación.

9. Proporcionar al Gobierno Nacional la información que le solicite sobre el ejercicio de la actividad de acreditación, sin menoscabo del principio de confidencialidad.

10. Conceptuar de manera oficiosa o por solicitud, sobre los proyectos de reglamentos técnicos elaborados por entidades de regulación.

11. Participar en la comisión intersectorial de la calidad.

12. Apoyar los procesos de legislación, regulación, reglamentación y presentar ante las autoridades correspondientes, iniciativas para promover las buenas prácticas en el ejercicio de la acreditación, de las actividades de evaluación de la conformidad y de vigilancia y control de las mismas.

13. Coordinar las funciones relacionadas con la acreditación, previstas en este capítulo y en las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.

14. Informar a los organismos evaluadores de la conformidad, sobre cualquier cambio en los requisitos de la acreditación.

(D. 1471/2014, art. 44)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.7.—Información sobre la acreditación en Colombia. El organismo nacional de acreditación es la única fuente oficial de información sobre la acreditación en Colombia. En consecuencia, corresponde a este, mantener actualizada y a disposición del público, la información correspondiente a los organismos acreditados en Colombia.

Adicionalmente, el organismo nacional de acreditación deberá informar, a la entidad reguladora correspondiente y a quien ejerza la vigilancia y control del respectivo reglamento técnico, cuando un organismo de evaluación de la conformidad haya sido acreditado.

PAR.—El estado de la acreditación operará a partir de la publicación en la página web del organismo nacional de acreditación.

(D. 1471/2014, art. 45)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.8.—Representación del sector público en el consejo directivo del organismo nacional de acreditación (ONAC). La tercera parte del consejo directivo o el órgano que haga sus veces, estará integrada por representantes del sector público, elegidos a través de la comisión intersectorial de la calidad. Dicha representación será con voz y voto.

(D. 1471/2014, art. 46)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.9.—Actuación de los organismos de evaluación de la conformidad. Los organismos de evaluación de la conformidad podrán ser acreditados por el organismo nacional de acreditación para realizar actividades de evaluación de la conformidad tales como, certificación, inspección, realización de ensayo/prueba y calibraciones en los campos en que se demuestre su competencia.

PAR.—No podrán realizar actividades de certificación e inspección las entidades que han efectuado labores de asesoría o consultoría a la misma persona natural o jurídica, sobre cualquier aspecto relacionado con el objeto de evaluación de la conformidad.

(D. 1471/2014, art. 47)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.10.—Expedición de los certificados de conformidad. Los organismos de certificación expedirán un certificado de conformidad una vez revisado el cumplimiento de los requisitos especificados. Los documentos soporte para la expedición de certificados de conformidad con reglamentos técnicos, deberán contener por lo menos: evidencias objetivas de la verificación de todos los requisitos exigidos por el reglamento técnico, con los registros documentales correspondientes, los métodos de ensayo, el plan de muestreo, los resultados de la evaluación, los productos o las categorías de producto, la vigencia y el esquema de certificación utilizado, de acuerdo con la NTC ISO/IEC 17067 o la que la reemplace.

(D. 1471/2014, art. 48)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.11.—Obligaciones de los organismos acreditados. Son obligaciones de los organismos acreditados las siguientes:

1. Cumplir con todos los requisitos establecidos por el organismo nacional de acreditación, relativos a su condición de acreditado.

2. Someterse a las evaluaciones de vigilancia del organismo nacional de acreditación y poner a su disposición, dentro de los plazos señalados, toda la documentación e información que le sea requerida.

3. Cuando se trate de servicios de evaluación de la conformidad en el marco de un reglamento técnico, la acreditación debe contemplar en su alcance, los requisitos establecidos en el reglamento técnico vigente.

4. Declararse impedido cuando se presenten conflictos de interés.

5. Velar por la idoneidad del personal involucrado en sus actividades.

6. Utilizar los medios publicitarios para hacer alusión explícita y únicamente al alcance establecido en el documento en el que consta la condición de acreditado.

7. Evitar que la condición de acreditado se utilice para dar a entender que un bien, servicio, proceso, sistema o persona está aprobado por el organismo nacional de acreditación.

8. Cesar inmediatamente el uso de toda publicidad que contenga referencia a una condición de acreditado cuando ella sea suspendida o retirada. De igual manera, deberá ajustar toda publicidad cuando se le reduzcan las actividades cubiertas en el alcance de su acreditación.

9. Informar de manera inmediata al organismo nacional de acreditación sobre cualquier cambio que pueda afectar las condiciones sobre las cuales se obtuvo la acreditación.

10. Utilizar los símbolos de acreditación solamente para presentar aquellas sedes y actividades de evaluación de la conformidad cubiertas por el alcance de la acreditación.

11. No hacer ninguna declaración falsa o que pueda generar confusión o engaño respecto de su acreditación.

12. Cuando la acreditación sea una condición requerida para la prestación de servicios y ella sea suspendida o retirada, el organismo de evaluación de la conformidad deberá suspender, de manera inmediata, los servicios que presta bajo dicha condición.

13. Cumplir con las reglas y procedimientos del servicio de acreditación establecidos por el organismo nacional de acreditación.

14. Los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos verificables mediante inspección, deberán ser soportados con pruebas documentales de la inspección realizada, tales como fotografías o videos.

15. Mantener a disposición de la autoridad competente, la información relativa a los certificados que expidan con los respectivos soportes documentales que sustentan el certificado, tales como resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, inspecciones o documentos reconocidos.

16. Colaborar con las autoridades competentes en la práctica de pruebas, ensayos o inspecciones que sean solicitados dentro de procesos de control y verificación.

(D. 1471/2014, art. 49)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.12.—Investigaciones y procedimientos administrativos contra organismos acreditados. Cuando se inicie una investigación o un procedimiento administrativo en el que estén involucrados organismos acreditados por el organismo nacional de acreditación, o resultados de evaluación de la conformidad emitidos por ellos, la respectiva autoridad administrativa que establezca cada reglamento técnico, deberá informar al organismo nacional de acreditación con el fin de que este evalúe las actuaciones de su competencia.

(D. 1471/2014, art. 50)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.13.—Responsabilidad de los organismos de evaluación de la conformidad. De conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011 y sin perjuicio de los demás tipos de responsabilidad, los organismos de evaluación de la conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten o que hayan reconocido dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido o reconocido.

(D. 1471/2014, art. 51)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.14.—Responsabilidad de los productores e importadores. Los productores e importadores de productos sujetos a reglamento técnico serán responsables por el cumplimiento, en todo momento, de las condiciones técnicas exigidas, independientemente de que hayan sido certificadas, sin perjuicio de la responsabilidad de los organismos de certificación que evaluaron dichos productos, de acuerdo con el tipo de certificación emitida.

(D. 1471/2014, art. 52)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.15.—Excepciones al reglamento técnico. En cualquier caso, cuando ingrese un producto sujeto a reglamento técnico en aplicación de alguna de las excepciones establecidas al cumplimiento del mismo, el comercializador deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción. Para el caso de productos importados, el cumplimiento de los requisitos deberá demostrarse a través de la ventanilla única de comercio exterior, VUCE, anexando los documentos correspondientes, siendo la autoridad competente la encargada de aprobar la importación. En el caso de productos nacionales, estos deberán contar con todos los documentos soporte y siempre estarán sujetos al control de la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad competente.

(D. 1471/2014, art. 53)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.16.—Pólizas de responsabilidad. Los organismos de evaluación de la conformidad serán responsables de las actividades y los resultados de la evaluación de la conformidad. En consecuencia, deberán constituir pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual, con el fin de amparar los perjuicios y pérdidas causados a terceros como consecuencia de errores u omisiones. Las pólizas de seguro se tomarán a nombre de los eventuales perjudicados con tales errores u omisiones y serán custodiadas y administradas por el organismo de evaluación de la conformidad. Las entidades reguladoras reglamentarán las condiciones de las pólizas correspondientes en cada reglamento técnico.

(D. 1471/2014, art. 54)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.17.—Facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar investigaciones administrativas. En virtud del artículo 74 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará las investigaciones administrativas pertinentes en contra de los organismos de evaluación de la conformidad, respecto del cumplimiento de los requisitos dentro del marco del certificado de conformidad o del documento de evaluación de la conformidad que estos hayan expedido frente a los reglamentos técnicos y compras públicas.

La Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 1480 de 2011, podrá adelantar investigaciones en contra de quienes en el proceso de importación o comercialización de productos sujetos a reglamentos técnicos presenten certificados de conformidad, declaraciones de conformidad o resultados de pruebas de laboratorios respecto de los cuales exista sospecha de falsedad, o adulteración y como consecuencia de dichas investigaciones se podrá imponer las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

(D. 1471/2014, art. 55)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.4.18.—Autorización de importación para uso personal. Solo en el caso de importaciones de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, destinados exclusiva y directamente para uso personal, privado, familiar y doméstico del importador como destinatario final de los bienes importados, esta entidad podrá expedir la autorización de ingreso sin necesidad de presentar el certificado de conformidad correspondiente. La entidad podrá negarse a expedir la autorización, cuando la cantidad o la frecuencia de las solicitudes permitan suponer fines distintos a los indicados en el presente artículo o que los productos representen un riesgo para la salud o el medio ambiente.

(D. 1471/2014, art. 56)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 5

Procedimientos de evaluación de la conformidad

ART. 2.2.1.7.5.1.—Aplicación de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Los procedimientos de evaluación de la conformidad de que trata esta sección, se entenderán para productos, personas, sistemas de gestión, instalaciones y procesos.

(D. 1471/2014, art. 57)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.2.—Procedimiento para la evaluación de la conformidad de productos. Conforme a lo señalado en el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la organización mundial del comercio, previamente a su comercialización, los productores nacionales así como los importadores de productos sujetos a reglamentos técnicos, deberán obtener el correspondiente certificado de conformidad. Dicho certificado de conformidad será válido en Colombia, siempre y cuando se obtenga utilizando una de las siguientes alternativas:

1. Que sea expedido por un organismo de certificación acreditado ante el organismo nacional de acreditación, y que el alcance de la acreditación incluya el producto y el reglamento técnico.

2. Que sea expedido por un organismo de certificación extranjero, acreditado por un organismo de acreditación reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el organismo nacional de acreditación. La entidad reguladora deberá evaluar según el tipo de riesgo si acepta de manera automática estos certificados o si los mismos requieren de un procedimiento adicional de verificación a nivel nacional.

3. Que sea expedido por un organismo de certificación acreditado por un organismo de acreditación reconocido en el marco de un acuerdo de reconocimiento multilateral del que no haga parte el organismo nacional de acreditación. Estos certificados de conformidad podrán ser reconocidos, previa evaluación, por organismos de certificación acreditados en Colombia, en cuyo alcance se incluya el producto y el reglamento técnico. El organismo de certificación acreditado en Colombia deberá verificar el alcance de la acreditación y podrá declarar la conformidad con los requisitos especificados en el correspondiente reglamento técnico colombiano y los que se acepten como equivalentes.

El organismo de evaluación de la conformidad en Colombia que reconozca los resultados de evaluación de la conformidad emitidos por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado extranjero, deberá demostrar ante el organismo nacional de acreditación que cuenta con un acuerdo que asegura la competencia de quien realiza la evaluación de la conformidad en el extranjero.

4. Que sea expedido en el marco de un acuerdo de reconocimiento mutuo, celebrado entre Colombia y otro país, y que se encuentre vigente.

PAR. 1º—Se entenderá que el organismo de evaluación de la conformidad que reconozca los certificados de un tercero, hace suyos tales certificados, de manera que asume las mismas responsabilidades que tiene frente a los que expide directamente.

PAR. 2º—Las entidades reguladoras deberán desarrollar en los reglamentos técnicos las alternativas establecidas en este artículo y determinar los documentos válidos, junto con el esquema de certificación aplicable de la NTC-ISO/IEC 17067, para demostrar la conformidad del producto con el respectivo reglamento técnico.

PAR. 3º—Cuando el certificado de conformidad, expedido en los términos de este artículo, demuestre el cumplimiento de un referente normativo a través del cual se cumplen parcialmente los requisitos establecidos en un reglamento técnico, el cumplimiento de los requisitos restantes del reglamento técnico se deberá demostrar mediante cualquiera de las modalidades incluidas en la presente sección. En cualquier caso, los productos no podrán ser comercializados ni puestos a disposición de terceros a ningún título, hasta que se cuente con el certificado que demuestre el cumplimiento pleno del reglamento técnico, expedido por un organismo competente en los términos de este decreto.

Obtenido el certificado de conformidad, el importador deberá adjuntarlo a la licencia de importación al momento de su presentación en la ventanilla única de comercio exterior (VUCE).

(D. 1471/2014, art. 58)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.3.—Certificado de conformidad para reglamentos técnicos de alto riesgo. En aquellos casos en que el análisis de impacto normativo determine que un producto está sujeto a un reglamento técnico de alto riesgo, el organismo de certificación deberá estar acreditado por el organismo nacional de acreditación, y el alcance de dicha acreditación deberá incluir el producto y el reglamento técnico.

Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas andinas, acuerdos comerciales y los acuerdos de reconocimiento mutuo suscritos por Colombia.

(D. 1471/2014, art. 59)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.4.—Procedimiento para la evaluación de la conformidad de productos. El procedimiento para la evaluación de la conformidad dependerá de los niveles de riesgo contemplados en el reglamento técnico correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.3.19 del presente decreto. Para tal efecto, el procedimiento de evaluación de la conformidad deberá señalar, por lo menos los siguientes elementos:

1. Condiciones, información mínima y disposición del etiquetado.

2. Resultados de evaluación de la conformidad que se admiten.

3. Esquemas de certificación de producto admisible y sus elementos, de acuerdo con lo establecido en la NTC-ISO/IEC 17067.

4. Condiciones y competencia de los organismos de evaluación de la conformidad.

5. Condiciones para la expedición y aceptación de certificados de conformidad, informes de inspección, de ensayo/prueba y de calibración.

6. Condiciones para la emisión y utilización de la declaración de conformidad de primera parte.

7. Referentes normativos válidos para la aceptación de resultados de evaluación de la conformidad.

8. Equivalencia entre normas técnicas y equivalencia entre reglamentos técnicos.

(D. 1471/2014, art. 60)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.5.—Certificados de conformidad de producto. Los certificados de conformidad de producto deberán ser emitidos conforme con los sistemas de certificación establecidos en la Guía NTC/ISO/IEC 17067 o la que la modifique o sustituya y los que se establezcan como válidos en el respectivo reglamento técnico.

(D. 1471/2014, art. 61)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.6.—Realización de ensayos en laboratorios. Los ensayos requeridos para la expedición de los certificados de conformidad establecidos en esta sección, se realizarán en laboratorios acreditados por organismos de acreditación que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el organismo nacional de acreditación.

Cuando no exista en Colombia laboratorio acreditado para la realización de los ensayos requeridos para el cumplimiento del reglamento técnico aplicable, tales ensayos se podrán realizar en laboratorios evaluados previamente por los organismos de certificación de producto o los de inspección, según sea el caso, bajo la Norma NTC- ISO/IEC 17025.

El organismo de certificación de producto o el de inspección, según corresponda, solo podrá utilizar estos laboratorios para los efectos previstos en esta sección hasta que se acredite el primer laboratorio en Colombia.

(D. 1471/2014, art. 62)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.7.—Procedimiento para evaluar la conformidad de personas. Previo a la asignación a una persona de actividades cuya ejecución demande la demostración de competencias, el responsable de esta asignación deberá asegurarse de que el ejecutor cuente con el correspondiente certificado de competencia, expedido por un organismo de certificación de personas acreditado ante el organismo nacional de acreditación y que el alcance de la acreditación incluya los requisitos de competencia establecidos por el reglamento técnico.

(D. 1471/2014, art. 63)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.8.—Elementos del procedimiento de evaluación de la conformidad de personas. El procedimiento de evaluación de la conformidad de personas deberá señalar, por lo menos los siguientes elementos: la norma de requisitos de competencia; el ente regulador deberá establecer el esquema de certificación o en caso de no hacerlo señalar el responsable, el cual deberá definir la competencia y los requisitos relacionados con las categorías de ocupaciones específicas o habilidades de personas; referentes normativos válidos para la aceptación de resultados de evaluación de la conformidad, equivalencia entre normas y equivalencia entre reglamentos técnicos.

(D. 1471/2014, art. 64)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.9.—Certificados de conformidad de personas. Los certificados de conformidad de personas deberán ser emitidos conforme con los establecido en la NTCISO/ IEC 17024 o la que la modifique o sustituya.

(D. 1471/2014, art. 65)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.10.—Procedimiento para evaluar la conformidad de sistemas de gestión. En los casos que un reglamento técnico establezca la exigencia de la certificación de sistemas de gestión, dicho certificado deberá ser expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión acreditado ante el organismo nacional de acreditación y el alcance de su acreditación deberá incluir el sector económico al que corresponde el producto o servicio suministrado por el proveedor. Se considerarán válidos los certificados de conformidad de sistemas de gestión emitidos por organismos de certificación acreditados por entidades que sean parte de los acuerdos de reconocimiento mutuo de los que sea signatario el organismo de acreditación de Colombia.

(D. 1471/2014, art. 66)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.11.—Elementos del procedimiento de evaluación de la conformidad de sistemas de gestión. El procedimiento de evaluación de la conformidad que se contemple en los reglamentos técnicos en los que se exija la certificación de los sistemas de gestión, deberá señalar, al menos, los siguientes elementos: la norma de requisitos del sistema de gestión que corresponda; el alcance de la certificación del sistema de gestión en términos del producto o servicio que se suministra, normas internacionales equivalentes y equivalencia entre reglamentos técnicos.

(D. 1471/2014, art. 67)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.12.—Certificados de conformidad de sistemas de gestión. Los certificados de conformidad de sistemas de gestión deberán ser emitidos conforme con los establecido en la NTC-ISO/IEC 17021 o la que la modifique o sustituya.

(D. 1471/2014, art. 68)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.13.—Vigilancia y control. La autoridad competente podrá solicitar, en cualquier momento, el certificado de conformidad de producto, de personas o de sistemas de gestión con sus respectivos soportes, que demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en el correspondiente reglamento técnico, sin perjuicio de los ensayos/ pruebas, exámenes y verificaciones que pueda realizar directamente.

(D. 1471/2014, art. 69)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.14.—Evaluación de la conformidad mediante inspección. La evaluación de la conformidad mediante prácticas de inspección deberá ser realizada por un organismo de inspección de tercera parte o tipo A, según la NTC-ISO/IEC 17020, acreditado por el organismo nacional de acreditación, en el ámbito de inspección del reglamento técnico. Dicho reglamento deberá establecer un procedimiento único de inspección según el tipo de elemento a inspeccionar e incluir, cuando sea el caso, los equipos, software e instalaciones requeridas para realizar la inspección.

(D. 1471/2014, art. 70)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.15.—Requisitos de competencia laboral y certificaciones requeridas para la inspección. El reglamento técnico que establezca las condiciones para la inspección de un elemento, deberá determinar los requisitos de competencia laboral y las certificaciones necesarias para demostrar la competencia de las personas que realizan la inspección y aprueban el informe.

(D. 1471/2014, art. 71)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.16.—Limitación de los organismos de inspección. El organismo de inspección acreditado no debe intervenir en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los elementos inspeccionados.

(D. 1471/2014, art. 72)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.17.—Verificación de productos por parte de los organismos de inspección. El organismo de inspección deberá verificar que los productos utilizados en los elementos que inspecciona y que están sujetos a reglamento técnico, cuenten con los respectivos certificados de conformidad, los cuales deberán ser emitidos con base en el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.7.5.2 de este decreto.

(D. 1471/2014, art. 73)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.18.—Informe de inspección. Una vez ejecutada la inspección, el organismo de inspección deberá emitir un informe con los resultados de la inspección, conforme con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17020 o la que la modifique, adicione o sustituya y la legislación vigente. Dicho informe deberá hacer constar la conformidad o no del elemento inspeccionado. El cumplimiento de los requisitos establecidos deberá ser soportado con pruebas documentales de la inspección realizada, tales como fotografías o videos.

(D. 1471/2014, art. 74)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.19.—Uso de laboratorios por parte de los organismos de inspección. Cuando para evaluar la conformidad de un elemento con un reglamento técnico, el organismo de inspección deba emplear los servicios de un laboratorio de ensayo, prueba o calibración, este debe estar acreditado por el organismo nacional de acreditación. En el caso de no existir laboratorios acreditados en los alcances requeridos, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.6 de este decreto.

(D. 1471/2014, art. 75)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.20.—Vigilancia y control. La autoridad competente podrá solicitar, en cualquier momento, el informe de resultados de la inspección de elementos con sus respectivos soportes, que demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en el correspondiente reglamento técnico, sin perjuicio de los ensayos/pruebas, exámenes y verificaciones que pueda realizar directamente.

(D. 1471/2014, art. 76)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.5.21.—Creación del sistema de información de certificados de conformidad (Sicerco). Créase el sistema de información de certificados de conformidad (Sicerco) administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual los organismos de certificación e inspección acreditados por el organismo nacional de acreditación deberán registrar vía electrónica todos los certificados de conformidad que emitan respecto de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por dicha superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará lo relativo a dicho sistema.

El sistema de información de certificados de conformidad (Sicerco) es un registro público y podrá ser consultado a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 1471/2014, art. 77)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 6

Metrología científica e industrial

ART. 2.2.1.7.6.1.—Autoridad nacional en metrología científica e industrial. El Instituto Nacional de Metrología (INM) es la autoridad competente para coordinar la ejecución de la metrología científica e industrial a nivel nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4175 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya.

(D. 1471/2014, art. 78)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.2.—Objetivos de la red colombiana de metrología. La red colombiana de metrología tiene por objetivos generales los siguientes:

1. Identificar la capacidad técnica metrológica en términos de la oferta nacional existente.

2. Determinar las necesidades, requerimientos y expectativas metrológicas de los laboratorios colombianos.

3. Fomentar y apoyar el establecimiento de procesos y proyectos conjuntos que permitan generar productos y servicios acordes con las necesidades y requerimientos.

4. Generar, actualizar e intercambiar el conocimiento metrológico entre sus miembros para integrar y fortalecer su capacidad metrológica.

(D. 1471/2014, art. 79)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.3.—Organización y funcionamiento de la red colombiana de metrología. La organización, estructura, funcionamiento, actividades y demás aspectos necesarios de la red colombiana de metrología serán establecidos mediante acto administrativo expedido por el Instituto Nacional de Metrología (INM).

(D. 1471/2014, art. 80)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.4.—Objeto de los laboratorios de metrología. Los laboratorios de metrología tendrán por objeto procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país, tanto en lo concerniente a las transacciones comerciales y de servicios, como los procesos industriales y sus respectivos trabajos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

(D. 2269/93, art. 20)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.5.—Patrones nacionales de medida. Los patrones nacionales de medida serán los que oficialice la Superintendencia de Industria y Comercio a petición del Instituto Nacional de Metrología, INM, estén custodiados por este, o por otras entidades públicas o privadas, de conformidad con las directrices establecidas por el INM, atendiendo para el efecto, los lineamientos fijados por las autoridades metrológicas internacionales y asegurando la trazabilidad metrológica correspondiente a la magnitud bajo su responsabilidad.

(D. 1471/2014, art. 81)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.6.—Diseminación y divulgación del sistema internacional de unidades – SI. El Instituto Nacional de Metrología (INM) será la entidad encargada de la diseminación de la trazabilidad metrológica al sistema internacional de unidades – SI y su divulgación, entendido como las unidades básicas y derivadas definidas por la conferencia general de pesas y medidas.

Con el fin de garantizar la divulgación y diseminación del sistema internacional de unidades, el Instituto Nacional de Metrología (INM) determinará con la autoridad competente, los mecanismos necesarios para la facilitación de los procesos de importación y exportación, para su uso exclusivo, de patrones de medición, artefactos, instrumentos de medida, especímenes, materiales de referencia e insumos para su producción.

PAR.—La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá, previo concepto del Instituto Nacional de Metrología (INM), el empleo de unidades acostumbradas de medida que no hacen parte del sistema internacional de unidades – SI, las cuales deberán expresarse en unidades de medida de ambos sistemas.

(D. 1471/2014, art. 82)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.7.—Servicios de comparación interlaboratorio y pruebas de aptitud. Son proveedores de los servicios de comparación interlaboratorio y pruebas de aptitud, el Instituto Nacional de Metrología (INM) y otros organismos proveedores legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante un certificado de acreditación vigente con la norma NTC-ISO/IEC 17043 o la que la modifique, sustituya o adicione.

(D. 1471/2014, art. 83)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Modificado en lo pertinente por el Decreto 2246 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.8.—Servicios de calibración. Son proveedores de los servicios de calibración, el Instituto Nacional de Metrología (INM) y los laboratorios de calibración legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante un certificado de acreditación vigente con la norma NTC-ISO/IEC 17025 o la que la modifique, sustituya o adicione.

PAR.—Para los fines del Decreto 4175 de 2011, o la norma que lo modifique o sustituya, el Instituto Nacional de Metrología (INM), prestará el apoyo técnico necesario en las calibraciones de patrones de referencia para metrología legal y de los ensayos para la aprobación de modelo o prototipo de los instrumentos de medida.

(D. 1471/2014, art. 84)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Modificado en lo pertinente por el Decreto 2246 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.9.—Capacitación y asistencia técnica. El Instituto Nacional de Metrología (INM) podrá ser proveedor de los servicios de capacitación y asistencia técnica en materia de metrología científica e industrial.

(D. 1471/2014, art. 85)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.10.—Materiales de referencia certificados. Son proveedores de materiales de referencia certificados, de acuerdo con la definición contenida en la Guía ISO 30:

1. El Instituto Nacional de Metrología.

2. Los productores de materiales de referencia certificados legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante un certificado de acreditación vigente con la norma ISO GUÍA 34 y sus Guías complementarias (Guía ISO 30, Guía ISO 31, Guía ISO 33, Guía ISO 35) o las que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

(D. 1471/2014, art. 86)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.11.—Hora legal de la República de Colombia. De conformidad con lo señalado en el numeral 14 del artículo 6º del Decreto 4175 de 2011, o la norma que lo modifique o sustituya, al Instituto Nacional de Metrología (INM), le corresponde, entre otras, mantener, coordinar y difundir la hora legal de la República de Colombia. En virtud de ello, las empresas, entidades u organismos dedicados en sus servicios a informar o a utilizar de alguna manera este producto, deberán divulgar la hora legal coordinada por dicha entidad.

(D. 1471/2014, art. 87)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.12.—Designación, seguimiento y control de laboratorios. El Instituto Nacional de Metrología (INM), determinará la metodología para la designación, seguimiento y control de laboratorios para el desarrollo, mantenimiento y custodia de patrones en magnitudes no desarrolladas por el INM y cuyo desarrollo, mantenimiento y custodia sea más conveniente en otro laboratorio. Adicionalmente, establecerá, entre otros, los criterios aplicables de evaluación técnica requerida, así como los indicadores de desempeño pertinentes y los derechos y deberes que se originen.

(D. 1471/2014, art. 88)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.13.—Participación en programas de comparación interlaboratorio. Para efectos de culminar el proceso de designación de laboratorios estos deberán participar satisfactoriamente en programas de ensayos de aptitud y de comparación interlaboratorio internacionales en las mediciones para las cuales están siendo evaluados, así como someterse a la evaluación entre pares, coordinada por el Instituto Nacional de Metrología (INM).

(D. 1471/2014, art. 89)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.14.—Infraestructura de los laboratorios. Los laboratorios designados, sin perjuicio del seguimiento y control por parte del Instituto Nacional de Metrología (INM), deberán garantizar en todo momento su competencia para el alcance establecido en las capacidades de medición y calibración (CMC) respectivas y publicadas por la oficina internacional de pesas y medidas (BIPM).

(D. 1471/2014, art. 90)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.6.15.—Formalización de la calidad de designados. El Instituto Nacional de Metrología (INM) notificará a la oficina internacional de pesas y medidas (BIPM) la designación de un laboratorio, una vez este haya culminado satisfactoriamente su proceso de evaluación. Igualmente, el INM y el laboratorio designado suscribirán el respectivo documento que para el efecto adopte el INM.

PAR.—En su calidad de designado, el laboratorio informará a través del INM todas sus actuaciones ante el BIPM.

(D. 1471/2014, art. 91)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 7

Metrología legal

ART. 2.2.1.7.7.1.—Autoridades de control metrológico. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico.

La Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales ejercerán control metrológico directamente o con el apoyo de organismos autorizados de verificación metrológica en el territorio de su jurisdicción. Así mismo, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio determine realizar campañas de control metrológico en determinada región del país, coordinará con las autoridades locales las verificaciones e inspecciones que se estimen más convenientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas tecnológicas o informáticas que considere necesarias para asegurar el adecuado control metrológico e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los instrumentos de medición, reportarán información al sistema.

La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos para que los reparadores de instrumentos de medición puedan operar.

(D. 1471/2014, art. 92)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.2.—Directrices en relación con el control metrológico. Todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés público, protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos establecidos en el presente capítulo y con los reglamentos técnicos metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio y en su defecto, con las recomendaciones de la organización internacional de metrología legal (OIML) que apliquen para cada tipo de instrumento.

(D. 1471/2014, art. 93)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.3.—Instrumentos de medida sujetos a control metrológico. En especial, están sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, los instrumentos de medida que sirvan para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras:

1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios.

2. Remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales.

3. Prestar servicios públicos domiciliarios.

4. Realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente.

5. Ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa.

6. Evaluar la conformidad de productos y de instalaciones.

7. Determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad dependa de esos componentes.

(D. 1471/2014, art. 94)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.4.—Fases de control metrológico. Los instrumentos de medición que se produzcan, importen o se utilicen en el territorio nacional, deberán cumplir con las siguientes fases de control metrológico:

1. Evaluación de la conformidad. Previo a la comercialización o importación, el productor o importador de un instrumento de medición deberá demostrar, mediante certificado de conformidad, expedido según lo establecido en el presente capítulo, el cumplimiento del correspondiente reglamento técnico metrológico que para el efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, uno de conformidad con la recomendación de la organización internacional de metrología legal (OIML) que corresponda.

Los instrumentos de medición que no cuenten con el certificado de conformidad correspondiente no podrán ser comercializados o importados;

2. Instrumentos de medición en servicio. Toda persona que use o mantenga un instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas en la presente sección, será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del instrumento de medición en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus mediciones, así como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente, deberá permitir la realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que se hagan después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al instrumento de medición y a los documentos pertinentes.

PAR. 1º—Se presume que los instrumentos de medición que están en los establecimientos de comercio se utilizan en las actividades comerciales que se desarrollan en dicho lugar.

Los responsables del instrumento de medición, en cada una de las fases, tienen la obligación de cubrir los gastos correspondientes a las verificaciones e inspecciones que ordene o realice la autoridad de control.

PAR. 2º—Quienes usen o mantengan instrumentos de medición sujetos a un reglamento técnico metrológico que al 5 de agosto de 2015 estén en servicio y no cuenten con certificado de conformidad o aprobación de modelo, deberán solicitar la verificación de sus condiciones técnicas, metrológicas y de funcionamiento a un organismo autorizado de verificación metrológica, el que le colocará los precintos correspondientes y un marcado de conformidad metrológico que indique que es un “instrumento de medición regularizado”.

(D. 1471/2014, art. 95)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.5.—Reparación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición que deban ser reparados por no cumplir con los requisitos metrológicos establecidos, deberán ser reparados únicamente por reparadores debidamente inscritos en el registro de reparadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes deberán colocar los precintos de seguridad y procederán a informar al organismo autorizado de verificación, una vez el instrumento haya sido reparado.

(D. 1471/2014, art. 96)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.6.—Obligación de tener un establecimiento de comercio en Colombia. Conforme con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, todo importador de instrumentos de medición sujetos a control metrológico deberá mantener un establecimiento de comercio en Colombia que cumpla con las obligaciones de protección al consumidor establecidas en la misma ley.

(D. 1471/2014, art. 97)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.7.—Sistema de información de metrología legal (Simel). Créase el sistema de información de metrología legal (Simel), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se deberán registrar los productores e importadores, los reparadores y los usuarios o titulares de instrumentos de medición sujetos a control metrológico. De acuerdo con los numerales 47, 48, 50, 51 y 55 del artículo 1º del Decreto 4886 de 2011, o las normas que los modifiquen o sustituyan, la Superintendencia de Industria y Comercio designará mediante convocatoria pública a organismos autorizados de verificación metrológica (OAVM), para hacer verificaciones periódicas a estos instrumentos cuando estén en uso, las cuales serán pagadas por los usuarios o titulares de estos, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011.

En caso de que un usuario o titular de un instrumento de medición sujeto a control metrológico impida, obstruya o no cancele los costos de la verificación del instrumento, se presumirá que el instrumento no cumple con los requisitos metrológicos establecidos y, por tanto, se ordenará la suspensión inmediata de su utilización, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá la forma en que funcionará el sistema de información de metrología legal (SIMEL), así como los requisitos que deberán cumplir los organismos autorizados de verificación metrológica (OAVM) para ser designados. Igualmente determinará la gradualidad con que se implemente el sistema, tanto territorialmente, como de los instrumentos de medición que se incorporarán al sistema.

(D. 1471/2014, art. 98)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.8.—Responsabilidad de los empacadores, productores, importadores. Sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de otras normas, los empacadores, productores, importadores o quien ponga su marca o enseña en productos preempacados, son los responsables por el cumplimiento de los requisitos metrológicos establecidos para dichos productos y, por tanto, deberán garantizar la correspondencia entre la cantidad o el contenido enunciado y la cantidad o el contenido neto del producto, hasta el momento de su comercialización a los destinatarios finales. Quedan por tanto, prohibidas las expresiones de “peso aproximado” o “llenado aproximado” entre otras, que no den certeza sobre la cantidad o contenido de un producto.

En los términos de la Ley 1480 de 2011, frente al consumidor serán responsables solidariamente los empacadores, productores, importadores o comercializadores que hayan participado en la cadena de producción y puesta en circulación de un producto preempacado, cuando este no cumpla con los requisitos metrológicos establecidos en los reglamentos técnicos correspondientes.

(D. 1471/2014, art. 99)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.9.—Requisitos. La Superintendencia de Industria y Comercio expedirá los reglamentos técnicos metrológicos que deberán cumplir los productos preempacados y los procedimientos aplicables para su control. Igualmente, y sin perjuicio de las demás obligaciones de etiquetado que deban cumplir los productos, la Superintendencia de Industria y Comercio expedirá, el reglamento técnico de etiquetado metrológico, el cual deberá contener, en los términos del siguiente artículo, el nombre o razón social del productor o importador, su identificación y su dirección física y electrónica de notificación judicial. En caso de que el empacador sea una persona diferente a quien le impone su marca o enseña comercial o quien lo importe, también deberá traer los datos correspondientes de aquel. El reglamento técnico de que trata este artículo se aplicará de manera suplementaria frente a las regulaciones de carácter especial.

(D. 1471/2014, art. 100)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.10.—Información obligatoria. Los productos cuyos precios estén relacionados con la cantidad o el contenido de los mismos y sean preempacados antes de su comercialización, deberán indicar de forma clara, precisa, indeleble y visible a simple vista, en unidades, múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de unidades, su cantidad o contenido neto.

En caso de que el producto, por sus características físicas, pueda sufrir mermas en su longitud, masa, peso o volumen en el proceso de comercialización, el responsable deberá tener en cuenta dicha merma, para informar un contenido neto ajustado a la realidad, sin que el consumidor deba soportar la carga de la merma del producto.

El contenido neto de un producto no incluye el empaque del mismo ni elementos diferentes al producto mismo.

(D. 1471/2014, art. 101)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.11.—Prohibición de empaques engañosos. Un producto preempacado no debe tener fondo, paredes, tapa o cubierta falsos, ni ser construido de esa manera, total o parcialmente, que pueda inducir a error a los consumidores.

La Superintendencia de Industria y Comercio expedirá el reglamento técnico metrológico correspondiente.

(D. 1471/2014, art. 102)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.12.—Autoridades competentes. La Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales podrán realizar directamente o por quienes estos autoricen para el efecto, en cualquier momento, inspecciones y controles de cantidad o contenido enunciado, el cual deberá corresponder a la cantidad o el contenido neto del producto y de la información que deba contener.

Los empacadores, productores, importadores o quien ponga su marca o enseña en productos preempacados, tienen la obligación de cubrir los gastos correspondientes a las pruebas e inspecciones que ordene la autoridad de control.

(D. 1471/2014, art. 103)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.13.—Vigilancia. Las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de los reglamentos técnicos podrán establecer un registro de fabricantes e importadores de productos y los proveedores de servicios sujetos a las mismas.

(D. 2269/93, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.14.—Obligados a registrarse. Conforme con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, todo productor o importador deberá previamente a la puesta en circulación o importación de productos sujetos a reglamento técnico vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, registrarse ante esta entidad en el registro de productores e importadores de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio determinará los mecanismos y requisitos para el registro de productores e importadores.

(D. 1471/2014, art. 104)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.15.—Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá adelantar las investigaciones administrativas pertinentes en contra de los organismos evaluadores de la conformidad, los organismos de verificación metrológica y los reparadores autorizados que incumplan sus deberes en relación con su función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 1471/2014, art. 105)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.16.—Ensayos de laboratorios. La autoridad competente podrá ordenar la práctica de pruebas de laboratorios a productos sujetos al cumplimiento de reglamento técnico, cuyos costos estarán a cargo del responsable de su cumplimiento.

(D. 1471/2014, art. 106)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.7.7.17.—Competencia de los alcaldes municipales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, los alcaldes ejercerán en sus respectivas jurisdicciones, las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, están facultados para adelantar las actuaciones administrativas e imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de reglamentos técnicos y metrología legal.

Las actuaciones administrativas se adelantarán con sujeción al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011.

(D. 1471/2014, art. 107)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 3° y véase artículo 5° parágrafo transitorio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Modificados los artículos 2.2.1.7.10.3, 2.2.1.7.12.2 y 2.2.1.7.12.5 por el Decreto 2126 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Modificado el parágrafo del artículo 2.2.1.7.9.6. de la presente sección por el Decreto 1366 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

CAPÍTULO 8

Punto de contacto

SECCIÓN 1

Del punto de contacto sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias y reglamentos técnicos

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.8.1.1.—Conformación. El punto de contacto sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, estará conformado por la información sobre reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, suministrada por las entidades que estén facultadas para la expedición de reglamentos técnicos y por los órganos competentes de los acuerdos comerciales internacionales de que sea parte el país.

La representación y coordinación del punto de contacto estará a cargo de la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1112/96, art. 2º, en concordancia con el D. 210/2003)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.10.1.2.(sic)—Actividades. A través del punto de contacto de que trata el artículo anterior, se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Centralizar la información sobre reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

2. Suministrar la información sobre la materia a quien lo solicite.

3. Notificar a los órganos competentes, en cumplimiento de lo establecido en los acuerdos comerciales internacionales, lo pertinente a la expedición de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

4. Recibir y gestionar ante las entidades nacionales e internacionales competentes, las consultas sobre medidas de normalización y procedimientos de evaluación de la conformidad presentadas a Colombia y las elevadas por los nacionales, en desarrollo de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el país.

(D. 1112/96, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.10.1.3.(sic)—Notificaciones. Las entidades competentes, deberán informar al punto de contacto los proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que pretendan expedir, para que este a su vez notifique lo pertinente a través de los órganos competentes de los acuerdos comerciales internacionales, a más tardar diez (10) días después, contados a partir de la recepción del proyecto de notificación en la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las entidades no podrán disponer la entrada en vigencia de la medida proyectada antes de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación oficial al órgano competente del acuerdo internacional correspondiente, fecha que deberá ser informada por el punto de contacto.

Una vez expedida la medida definitiva, deberá ser nuevamente informada al punto de contacto, para ser notificada nuevamente a través de los órganos competentes de los acuerdos comerciales internacionales.

PAR. 1º—Los proyectos de los reglamentos técnicos que no surtan el trámite establecido en este capítulo, no podrán entrar en vigencia.

PAR. 2º—Las entidades competentes que expidan reglamentos técnicos de carácter urgente o de emergencia, de conformidad con lo establecido en el presente título, deberán informarlos al punto de contacto dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su expedición, para poder dar cumplimiento a lo establecido, para estos casos, en los acuerdos comerciales internacionales.

PAR. 3º—Las entidades competentes, a las que se refiere el presente artículo, remitirán su información al punto de contacto siguiendo los lineamientos y formatos que para tal efecto este suministrará.

(D. 1112/96, art. 4º; en concordancia con la Decis. 562 de la Comunidad Andina y el D. 210/2003)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.10.1.4.(sic)—Consultas. Las consultas sobre medidas de normalización y procedimientos de evaluación de la conformidad que requieran los países, en desarrollo de los acuerdos comerciales internacionales de que haga parte Colombia, deberán ser elevadas ante el punto de contacto, para que este a su vez las consulte con las entidades competentes a nivel nacional, y posteriormente remita la respuesta al interesado.

Las consultas sobre medidas de normalización y procedimientos de evaluación de la conformidad que soliciten los nacionales colombianos, en desarrollo de los acuerdos comerciales internacionales de que haga parte Colombia, deberán ser elevadas ante el punto de contacto de que trata este capítulo, para que este a su vez las consulte con las entidades competentes internacionales y posteriormente remita la respuesta al interesado.

(D. 1112/96, art. 5º; en concordancia con el D. 210/2003, art. 28 num. 6)

(Nota: Modificado por el Decreto 1595 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 2

De la armonización de reglamentos técnicos

ART. 2.2.1.8.2.1.—Del contenido del reglamento técnico. Los ministerios y entidades de cualquier orden facultados para expedir reglamentos técnicos, deberán observar la siguiente metodología para su elaboración:

1. Objeto y campo de aplicación. Precisar la finalidad del reglamento, así como los productos o servicios comprendidos en él.

2. Contenido técnico específico del reglamento. Deberá abarcar como mínimo los siguientes aspectos:

2.1. Definiciones. Contiene las necesarias para la adecuada interpretación del reglamento.

2.2. Condiciones generales. La descripción de las características generales del producto, tales como su olor, color, apariencia, aspecto, presentación, procesos previos, elementos que no debe contener además de los permitidos y todas aquellas características necesarias del bien o servicio.

2.3. Requisitos. Establecer en forma detallada los requerimientos técnicos que debe cumplir el bien o servicio objeto de reglamento.

2.4. Envase, empaque y rotulado o etiquetado. Descripción de los requerimientos necesarios que debe cumplir el producto en su envase o empaque, así como la información que debe contener el producto o el servicio, incluyendo su contenido o medida.

2.5. Procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisitos. Señalar los métodos y condiciones de los ensayos a que debe someterse el bien o servicio para considerarse ajustado a los requisitos.

3. Inspección, vigilancia, control, medidas de seguridad o preventivas. Definición de los controles a los cuales quedan sujetos los importadores, productores y comercializadores de los bienes y servicios objeto del reglamento.

4. Certificación o registros. Define el tipo de certificado o registro al cual debe acceder el importador o el productor del bien o servicio para su comercialización.

5. Partida arancelaria. Se deberá especificar la partida arancelaria bajo la cual está cobijado el producto de que trate.

6. Régimen sancionatorio. Específica las sanciones legales previstas que serán aplicadas por incumplimiento de lo establecido en el reglamento.

(D. 1112/96, art. 6º)

ART. 2.2.1.8.2.2.—Criterios y condiciones para la expedición de reglamentos técnicos. Los criterios y las condiciones formales y materiales que deben cumplirse para la expedición de reglamentos técnicos, por parte de las entidades competentes serán los establecidos en la Resolución 3742 de febrero 2 de 2001, o la norma que la modifique o sustituya, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 2360/2001, art. 3º)

CAPÍTULO 9

Reconocimientos y estímulos a las empresas colombianas

SECCIÓN 1

Premio colombiano a la calidad de la gestión

ART. 2.2.1.9.1.1.—Del premio colombiano a la calidad de la gestión. El Premio Colombiano a la Calidad se entregará bajo la denominación de “premio colombiano a la calidad de la gestión”, como reconocimiento y estímulo a las organizaciones colombianas que establezcan, consoliden y promuevan un sistema de alta calidad en la gestión integral.

(D. 1548/93, art. 1º, modificado por D. 1992/2004, art. 1º)

ART. 2.2.1.9.1.2.—Categorías del premio colombiano a la calidad de la gestión. Establézcanse las siguientes siete categorías para el premio colombiano a la calidad de la gestión, así:

1. Empresa manufacturera grande.

2. Empresa manufacturera mediana.

3. Empresa manufacturera pequeña.

4. Empresa de servicio y comercio grande.

5. Empresa de servicio y comercio mediana.

6. Empresa de servicio y comercio pequeña.

7. Entidad pública.

Los requisitos mínimos que deban cumplir las organizaciones para clasificar dentro de estas categorías, así como las actividades de dirección, coordinación, convocatoria y características de la condecoración del premio colombiano a la calidad de la gestión, serán establecidas por el reglamento que para tal efecto expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

PAR.—En cada una de las categorías establecidas podrá recomendarse un número indeterminado de organizaciones ganadoras.

(D. 1548/93, art. 2º, modificado por D. 1992/2004, art. 2º)

ART. 2.2.1.9.1.3.—Objetivos. Los objetivos del premio colombiano a la calidad de la gestión, son:

1. El reconocimiento, la difusión y la adopción de los valores y principios de la calidad total, por parte de las empresas establecidas en Colombia;

2. La difusión de guías integrales y coherentes que sirvan como directriz para la puesta en marcha y autoevaluación de sistemas de calidad total en las empresas establecidas en Colombia;

3. La difusión de la aplicación de experiencias y estrategias exitosas en el campo de la calidad y de los beneficios de su puesta en marcha.

(D. 1548/93, art.3º)

ART. 2.2.1.9.1.4.—Concesión del premio. El premio se concederá mediante decreto. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentará el informe sobre los finalistas al Presidente de la República.

El Presidente de la República tendrá en todo caso el derecho de conceder o negar el premio.

(D. 1548/93, art.4º)

ART. 2.2.1.9.1.5.—Ceremonia de entrega. El premio colombiano a la calidad de la gestión será entregado por el Presidente de la República y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ceremonia especial a la cual podrán asistir los ministros y jefes de departamentos administrativos, miembros del honorable Congreso Nacional, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, presidentes de gremios industriales y las organizaciones industriales y comerciales tanto públicas como privadas del país.

(D. 1548/93, art.5º)

ART. 2.2.1.9.1.6.—Prohibición. No se permite la participación en el premio colombiano a la calidad de la gestión de partes o unidades de las organizaciones.

(D. 1992/2004, art.3º)

ART. 2.2.1.9.1.7.—Gestión del certamen. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelantará las gestiones necesarias para la realización anual del certamen “premio colombiano a la calidad de la gestión”.

(D. 1992/2004, art.4º)

SECCIÓN 2

Orden al mérito industrial

ART. 2.2.1.9.2.1.—De la orden del mérito industrial. La orden del mérito industrial se otorgará a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a los jefes de Estado, jefes de misiones extranjeras, ministros del despacho, que realicen actos notables en el fomento de la industria nacional y presten servicios eminentes en su desarrollo.

(D. 1760/2012, art.2º)

ART. 2.2.1.9.2.2.—Jerarquías de la orden del mérito industrial. La orden del mérito industrial se otorgará de acuerdo con las siguientes jerarquías:

1. Gran cruz: A los jefes de Estado, a los ministros del despacho, jefes de misiones extranjeras y categorías equivalentes, que se han distinguido por innovaciones especiales para el desarrollo de la industria nacional o por esfuerzos extraordinarios en la organización y desarrollo de grandes industrias en el país. Esta condecoración es extraordinaria y es la más alta distinción que concede Colombia a los más meritorios ciudadanos en el desarrollo del noble trabajo de la industria nacional.

2. Gran oficial: A las grandes industrias nacionales en cabeza de su representante legal, a las misiones extranjeras y categorías equivalentes en cabeza de sus jefes respectivos, y a las personas jurídicas nacionales o extranjeras, en cabeza de sus representantes legales, que realicen actos notables en beneficio de la industria nacional.

3. Oficial: A los ciudadanos colombianos vinculados a las grandes industrias nacionales y representantes de misiones extranjeras y categorías equivalentes.

4. Caballero: A los ciudadanos colombianos al servicio del Gobierno Nacional vinculados al desarrollo de las grandes industrias nacionales, y a los ciudadanos particulares y extranjeros residentes vinculados en la misma labor, y a representantes de misiones extranjeras en actividades similares.

(D. 1760/2012, art.3º)

ART. 2.2.1.9.2.3.—Otorgamiento de la orden del mérito industrial. La orden del mérito industrial, en cualquiera de sus jerarquías, será otorgada por el Gobierno Nacional a través de un decreto, con fundamento en el estudio que de manera previa realice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

No se requerirá para el otorgamiento de dicha distinción, ningún requisito adicional, cualquiera que sea la jerarquía conforme a la cual se reconozca.

(D. 1760/2012, art.4º)

ART. 2.2.1.9.2.4.—Reconocimiento. El otorgamiento de la orden del mérito industrial, en todas sus jerarquías, será certificada por medio de un diploma firmado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1760/2012, art.5º)

SECCIÓN 3

Orden al mérito comercial

ART. 2.2.1.9.3.1.—De la orden al mérito comercial. Créase la “orden del mérito comercial” con destino a señalar y recompensar actos notables en el incremento del campo comercial nacional y servicios eminentes en su desarrollo.

(D. 1953/79, art.1º)

ART. 2.2.1.9.3.2.—Otorgamiento de la orden al mérito comercial. La orden del mérito comercial se otorgará a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que realicen actividades o presten servicios meritorios en el campo del comercio nacional y su desarrollo.

También podrá otorgarse esta orden a los jefes de misiones extranjeras que visiten el país con el propósito de fomentar el intercambio comercial.

(D. 2664/84, art.1º)

ART. 2.2.1.9.3.3.—Requisitos para el otorgamiento de la orden del mérito comercial. La orden del mérito comercial, en cualquiera de sus jerarquías, será otorgada por el Gobierno Nacional a través de un decreto, con fundamento en el estudio que de manera previa realice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

No se requerirá para el otorgamiento de dicha distinción, ningún requisito adicional, cualquiera que sea la jerarquía conforme a la cual se reconozca.

(D. 1124/2012, art.1º)

ART. 2.2.1.9.3.4.—De las jerarquías. La orden del mérito comercial se otorgará de acuerdo con las jerarquías establecidas en la presente sección, así.

Gran cruz: A los jefes de Estado, a los ciudadanos colombianos en las categorías de ministros del despacho, a los jefes de misiones extranjeras y categorías equivalentes. Es la más alta distinción que concede Colombia a los ciudadanos que se hayan distinguido por innovaciones especiales en el comercio y esfuerzos extraordinarios en la organización y desarrollo del comercio nacional.

Gran oficial: A las grandes empresas comerciales nacionales, en cabeza de su representante legal y a las misiones extranjeras y categorías equivalentes en cabeza de sus jefes respectivos.

Oficial: A los ciudadanos colombianos vinculados a las grandes empresas comerciales nacionales y representantes de misiones extranjeras y categorías equivalentes.

Caballero: A los ciudadanos colombianos al servicio del Gobierno Nacional vinculados al desarrollo de las grandes empresas comerciales nacionales, a los ciudadanos particulares vinculados a la misma labor y a representantes de misiones extranjeras en actividades equivalentes.

(D. 2664/84, art.2º)

ART. 2.2.1.9.3.5.—De la gran cruz. La categoría de gran cruz es extraordinaria y se otorgará solamente a los ciudadanos que se distingan por los esfuerzos excepcionales en la organización y desarrollo del comercio nacional.

(D. 1953/79, art.3º)

ART. 2.2.1.9.3.6.—Ceremonia de entrega. La entrega de la orden del mérito comercial, deberá hacerse en ceremonia especial, ante representantes de las altas autoridades y de las corporaciones comerciales del país.

(D. 1953/79, art.5º)

ART. 2.2.1.9.3.7.—Características. La orden del mérito comercial tendrá las siguientes características: Pendiendo de una cinta roja de 40 mm., en cuyo centro habrá un círculo de 30 mm., con una alegoría comercial, circundado por una corona de laurel, centro y corona de laurel estampados en relieve, una cruz bifurcada de 8 puntos de 50 mm.

El reverso será liso y llevará la siguiente leyenda en la parte superior: “orden del mérito comercial”; en la parte inferior: “República de Colombia”; en el centro los grados respectivos de la “orden”. La condecoración estará suspendida por la cinta roja de 40 mm. de ancha con los colores nacionales en campo blanco en el centro y en sentido longitudinal de 10 mm. de ancho.

(D. 1953/79, art.6º)

ART. 2.2.1.9.3.8.—De la insignia. La insignia de “gran cruz” será de plata dorada mate, la de “gran oficial” de plata brillante, la de “oficial” de plata oxidada, la de “caballero” de bronce oxidado.

(D. 1953/79, art.7º)

ART. 2.2.1.9.3.9.—Concesión de la orden. El Presidente de la República tendrá en todo caso el derecho de conceder o negar la condecoración.

(D. 1953/79, art.9º)

ART. 2.2.1.9.3.10.—Diploma. El otorgamiento de la orden del mérito comercial, en todas sus jerarquías, será certificada por medio de un diploma firmado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1124/2012, art.2º)

ART. 2.2.1.9.3.11.—Diseño del diploma. Los diplomas llevarán en la parte superior el escudo de la República y la inscripción Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1953/79, art.13)

ART. 2.2.1.9.3.12.—Refrendación del diploma. Todos los diplomas serán refrendados por el señor secretario general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1953/79, art.14)

ART. 2.2.1.9.3.13.—Pérdida de la distinción. La orden del mérito comercial, se pierde por los siguientes motivos:

— La comisión de delitos contra la existencia y seguridad del Estado.

— La comisión de delitos contra el orden económico y social.

— Cualquier hecho que afecte el honor y la dignidad de la República de Colombia.

(D. 2664/84, art.7º)

ART. 2.2.1.9.3.14.—Declaratoria de pérdida. La pérdida de la orden del mérito comercial se declarará mediante decreto del Gobierno Nacional.

(D. 2664/84, art.8º)

CAPÍTULO 10

Régimen de ensamble

SECCIÓN 1

Requisitos para beneficiarse del régimen de ensamble de vehículos automotores y aeronaves

ART. 2.2.1.10.1.1.—Autorización para las nuevas ensambladoras. Las industrias de fabricación o ensamble, que pretendan establecerse en Colombia con el fin de ensamblar vehículos automotores o aviones a que se refieren las partidas 9801 y 9802 del Arancel de Aduanas, para tener la autorización señalada en la nota legal Nº 2 del capítulo 98 del mismo arancel, deberán solicitar autorización al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

1. La solicitud de la autorización se presentará en el formulario expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a que se refiere el parágrafo 1º del presente artículo y deberá anexarse la siguiente información:

1.1. Dirección, número de teléfono y/o fax de la empresa.

1.2. Número de cargos a crear: personal directivo, administrativo, técnico, operativo y auxiliar.

1.3. Estructura organizacional proyectada.

1.4. Hojas de vida de los principales socios.

1.5. Estructura del capital.

1.6. Ubicación proyectada de la planta; si no está definida mencionar alternativas.

1.7. Área proyectada de la planta.

1.8. Tipo de Vehículo (s) a ensamblar.

1.9. Marca (s) a ensamblar.

1.10 Resumen de la producción y de las ventas proyectadas por productos a ensamblar, para un periodo de tres (3) años.

1.11. Proyección a tres (3) años del programa de incorporación de material productivo nacional o subregional.

2. La anterior información deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

2.1. Certificado de existencia y representación legal.

2.2. Carta de intención de la casa matriz o de los proveedores de material CKD según el caso.

2.3. Carta de compromiso de garantía de prestación de servicios de mantenimiento de posventa y suministro de repuestos, por un periodo no menor de diez (10) años después de descontinuado el modelo.

2.4. Estudio de prefactibilidad con proyecciones a tres (3) años, a partir de la puesta en marcha de la empresa que contenga como mínimo: Estudios de mercado, técnico y económico.

3. Los estudios a los que se refiere el numeral 4º del literal b) del presente artículo deberán permitir conocer:

3.1. Cuantificación de la demanda, cuantificación de la oferta, participación esperada en el mercado, canales de distribución (directos, distribuidores, concesionarios, etc.).

3.2. Tamaño de la empresa: capacidad instalada y utilizada durante cada año de los tres (3) de proyección; tecnología a utilizar; diagramas de proceso, capacitación y entrenamiento de la mano de obra.

3.3. Inversión inicial; costos totales, capital de trabajo; tasa de rendimiento mínima aceptable: cálculo de los flujos netos de efectivo, TIR.

PAR. 1º—La solicitud de la autorización estará contenida en el formulario cuya forma y uso será determinado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante resolución.

PAR. 2º—La solicitud de la autorización, será presentada en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debidamente diligenciada de acuerdo con lo dispuesto por el presente artículo, para su correspondiente evaluación y estudio. En el evento que la solicitud no cumpla con los requisitos exigidos, se le informara al solicitante lo pertinente, para que en un plazo máximo de treinta (30) días efectúe los respectivos ajustes.

En caso que el solicitante no efectúe los ajustes señalados, dentro del plazo indicado en el presente parágrafo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo efectuará la devolución de los respectivos documentos, haciendo las anotaciones de rigor.

(D. 1250/98, art.1º)

ART. 2.2.1.10.1.2.—Autorización. La autorización será concedida mediante resolución, que se expedirá en un plazo máximo de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de recibo de la solicitud debidamente diligenciada.

(D. 1250/98, art.2º)

ART. 2.2.1.10.1.3.—Vigencia de la autorización. La autorización expedida por primera vez tendrá una validez de tres (3) años.

Si durante el tiempo de vigencia de la autorización, la planta no entra en operación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá prorrogarla por un término no superior a un (1) año, previa solicitud acompañada de una justificación de carácter técnico. Vencida esta prórroga la autorización quedara sin efecto.

(D. 1250/98, art.3º)

ART. 2.2.1.10.1.4.—Autorización para las ensambladoras en operación. Las empresas de fabricación o ensamble, que al 7 de julio de 1998 se encontraban adelantando en Colombia las operaciones de ensamble de vehículos o aviones a que se refieren las partidas 9801 y 9802 del Arancel de Aduanas, seguirán operando de acuerdo con las autorizaciones expedidas antes del 7 de julio de 1998, hasta la fecha de su vencimiento, y podrán obtener la autorización señalada en la nota legal Nº 2 del capítulo 98 del mismo arancel con solicitud suscrita por el representante legal o su apoderado, presentada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo antes del vencimiento de dicha autorización.

PAR.—El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expedirá la resolución respectiva que contendrá la autorización a que se refiere el presente artículo, antes del vencimiento de la autorización inicial.

(D. 1250/98, art.4º)

ART. 2.2.1.10.1.5.—Vigencia de la autorización para las ensambladoras en operación. La autorización a que se refiere el artículo anterior, tendrá una vigencia de diez (10) años, siempre y cuando el titular de la autorización al momento de presentar la solicitud, este adelantando operaciones de ensamble y cumpliendo con la presentación de informes cada seis (6) meses ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

PAR.—La autorización mantendrá su vigencia mientras la empresa autorizada esté desarrollando operaciones de ensamble y a su vez este reportando de ello al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en concordancia con las normas vigentes sobre la actividad de ensamble.

(D. 1250/98, art.5º)

ART. 2.2.1.10.1.6.—Cesión de la autorización de ensamble. La autorización a que se refiere la presente sección, no podrá cederse sin el consentimiento previo y expreso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La cesión sin el consentimiento previsto en el presente artículo, no produce efecto alguno.

El trámite para la autorización de la cesión a que se refiere el presente artículo, será determinado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y requerirá la presentación de la información indicada en el artículo 2.2.1.10.1.1 de este decreto, pero referida al cesionario.

(D. 1250/98, art.6º)

ART. 2.2.1.10.1.7.—Información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su competencia, sobre las empresas ensambladoras que no presenten los informes periódicos a que están obligadas de acuerdo con la norma de regulación vigente si después de noventa (90) días de vencido el plazo para presentarlos no lo hicieren.

(D. 1250/98, art.7º)

ART. 2.2.1.10.1.8.—Cambio de marca. Cuando una empresa autorizada decida cambiar de marca o introducir otra adicional a la que está autorizada y reconocida, deberá informarlo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por lo menos con seis (6) meses de anticipación, anexando la información exigida en los numerales 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 del artículo 2.2.1.10.1.1 de este decreto.

(D. 1250/98, art.8º)

ART. 2.2.1.10.1.9.—Programas de las ensambladoras. Las ensambladoras adelantarán los programas orientados a facilitar el desarrollo oportuno del material productivo en los lanzamientos de nuevos modelos a ensamblar, para lo cual deberán suministrar a los fabricantes nacionales y subregionales la información relativa a las autopartes que proyectan incorporar con suficiente anticipación a la fecha de lanzamiento.

(D. 1250/98, art.9º)

ART. 2.2.1.10.1.10.—Autorizaciones y control de las ensambladoras de aviones. Las autorizaciones y el control de las ensambladoras de los aviones señalados en la partida 9802 del Arancel de Aduanas se harán en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

(D. 1250/98, art.10)

SECCIÓN 2

Régimen de ensamble para motos

ART. 2.2.1.10.2.1.—Porcentaje de integración nacional. Para efectos de determinar el grado de incorporación de material nacional en el ensamble de motocicletas, créase el porcentaje de integración nacional (PIN), de acuerdo con los términos que se indican a continuación:

d1074de2015formula
 

PIN = Porcentaje de integración nacional.

CNM = Valor de los materiales productivos nacionales para el ensamble de motocicletas y motonetas que incorporen como mínimo el 40% del valor agregado nacional, expresado en moneda legal colombiana.

CKD = Valor CIF de los componentes, las partes y las piezas no originarios de Colombia, importados para el ensamble de motocicletas y motonetas expresado en moneda legal colombiana.

PAR. 1º—La liquidación en moneda legal colombiana del valor CIF de los componentes, las partes y las piezas no originarios de Colombia, importados para el ensamble de motocicletas y motonetas se realizara mensualmente, sobre los que incorporen las empresas ensambladoras a las unidades producidas en el respectivo mes, de la siguiente forma:

CKD= CKDme x TC x TRM

CKDme = Valor CIF de los componentes, las partes y las piezas no originarios de Colombia, importados para el ensamble de motocicletas y motonetas, expresado en la moneda extranjera en la cual se negocia su compra.

TC = Tasa de cambio promedio del mes entre la moneda extranjera en la cual se negocia la compra de los componentes las partes y las piezas para ensamble importados y el Dólar de los Estados Unidos de América.

TRM= Tasa representativa del mercado del dólar de los Estados Unidos de América promedio del mes que es la media aritmética de las tasas del primero y del último días hábiles del mes, informados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 1118/94, art. 3º; modificado por el D. 432/2004, art. 1º)

ART. 2.2.1.10.2.2.—Porcentaje mínimo de integración nacional, PIN. Las empresas ensambladoras de motocicletas y motonetas deberán cumplir anualmente con un porcentaje de integración nacional, PIN, mínimo del diecisiete por ciento (17%).

(D. 1118/94, art. 5º; modificado por el D. 432/2004, art. 2º)

ART. 2.2.1.10.2.3.—Control a los porcentajes de integración nacional. Las empresas ensambladoras de motocicletas y motonetas deberán presentar semestralmente, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los términos establecidos en este artículo un reporte que debe contener la siguiente información escrita y en medio magnético:

1. Estadísticas de producción y de ventas, por modelos y variantes, en unidades;

2. Lista del material productivo: Los componentes, las partes, las piezas y los insumos que se incorporen a las motocicletas y motonetas y que forman parte física de las mismas, cuando se encuentren ensambladas y que cumplan con el valor agregado nacional mínimo del 40% incluido en las compras locales de material productivo, indicando su respectivo proveedor con su dirección completa (dirección, teléfono y ciudad, como mínimo);

3. Valor total en moneda legal colombiana del material productivo de que trata el literal anterior;

4. Estadísticas de las unidades exportadas, por modelos y variantes, en unidades;

5. Valor CIF, en moneda legal colombiana, de las importaciones del CKD incorporado en las unidades producidas durante el período, por modelos y variantes, y

6. Porcentaje de integración nacional, PIN, alcanzado, especificando los valores utilizados para el cálculo.

PAR. 1º—A más tardar el 31 de julio de cada año, las ensambladoras de motocicletas y motonetas deberán enviar, un reporte sobre el primer semestre del respectivo año, que contenga las informaciones establecidas en los numerales 1 a 6 de este artículo.

PAR. 2º—A más tardar el 1º de marzo de cada año, las ensambladoras de motocicletas y motonetas deberán enviar, un informe sobre el año inmediatamente anterior, que contenga las informaciones establecidas en los numerales 1 a 6 de este artículo, acompañado de las respectivas planillas B-calificación de motopartes nacionales de las que trata la Circular Externa 82 del 6 de julio de 1999 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la que la reemplace o sustituya, debidamente calificadas por la entidad competente para hacerlo.

Adicionalmente, este informe anual deberá presentarse respaldado por una entidad especializada en auditaje y control contratada directamente por dichas empresas, o por el revisor fiscal de las mismas, o por un contador público cuando las empresas no tengan la obligación legal de contar con un revisor fiscal de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio, capítulo VIII “revisor fiscal”, artículo 203.

PAR. 3º—Sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 1º y 2º de este artículo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está facultado para verificar, cuándo y cómo lo estime conveniente, las informaciones y las cifras consignadas en el reporte semestral y en el informe anual.

PAR. 4º—Cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo considere conveniente, la verificación de la que trata el parágrafo 3º de este artículo será efectuada por entidades privadas especializadas en auditaje y control, contratadas directamente por las empresas ensambladoras.

(D. 1118/94, art. 7º; modificado por el D. 432/2004, art. 3º)

CAPÍTULO 11

Régimen del artesano

SECCIÓN 1

Principios generales

ART. 2.2.1.11.1.1.—De la definición. Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad profesional creativa en torno a un oficio concreto en un nivel preponderantemente manual y conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas. Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental.

(D. 258/87, art.1º)

ART. 2.2.1.11.1.2.—De la artesanía. Para efectos legales, se entiende por artesanía a una actividad creativa y permanente de producción de objetos, realizada con predominio manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias simples obteniendo un resultado final individualizado, determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo histórico.

(D. 258/87, art.2º)

ART. 2.2.1.11.1.3.—Servicios de artesanía. Entiéndase el aspecto de servicios en la artesanía como la aplicación de los conocimientos, habilidades y destreza en la conservación, reconstrucción y prolongación de obras y acciones que conlleven a un servicio útil.

(D. 258/87, art.3º)

ART. 2.2.1.11.1.4.—De la clasificación. Adóptese la siguiente clasificación de artesanía productora de objetos: indígena, tradicional popular y contemporánea.

(D. 258/87, art.4º)

ART. 2.2.1.11.1.5.—De la artesanía indígena. Se considera artesanía indígena aquella en que el aborigen utilizando sus propios medios transforma, dentro de sus tradiciones, en objetos de arte y funcionalidad los elementos del medio ambiente en que vive para así satisfacer necesidades materiales y espirituales, conservando sus propios rasgos históricos y culturales.

(D. 258/87, art.5º)

ART. 2.2.1.11.1.6.—De la artesanía tradicional popular. Artesanía tradicional popular es la producción de objetos artesanales resultante de la fusión de las culturas americanas, africanas y europeas, elaborada por el pueblo en forma anónima con predominio completo del material y los elementos propios de la región, transmitida de generación en generación. Esta constituye expresión fundamental de la cultura popular e identificación de una comunidad determinada.

(D. 258/87, art.6º)

ART. 2.2.1.11.1.7.—De la artesanía contemporánea. Se considera artesanía contemporánea, a la producción de objetos artesanales con rasgos nacionales que incorpora elementos de otras culturas y cuya característica es la transición orientada a la aplicación de aquellos de tendencia universal en la realización estética, incluida la tecnología moderna.

(D. 258/87, art.7º)

ART. 2.2.1.11.1.8.—De los talleres. Se considera taller artesanal al lugar, donde el artesano tiene sus elementos de trabajo instalados para lograr un proceso autónomo e independiente de producción de objetos artesanales y prestación de servicios de conformidad con el índice de oficios artesanales donde existe una baja división del trabajo con una función múltiple de creación, enseñanza y organización.

PAR.—Para efectos de la identificación del taller artesanal será indispensable que el proceso productivo sea predominantemente manual y que el propietario tenga autonomía en su organización.

(D. 258/87, art.8º)

SECCIÓN 2

Categoría, requisitos y calificación

ART. 2.2.1.11.2.1.—De las categorías de artesanos. Con el objeto de propiciar la profesionalización de la actividad artesanal, se reconocerán las siguientes categorías de artesanos:

1. Aprendiz;

2. Oficial;

3. Instructor, y

4. Maestro artesano.

PAR.—Artesanías de Colombia S.A., indicará en cada caso, y con base en la capacitación o experiencia acreditada, a qué categoría artesanal corresponde la persona que ha solicitado el reconocimiento.

Una vez producido este, el solicitante tendrá derecho a recibir el documento que lo acredite como artesano.

(D. 258/87, art.9º)

ART. 2.2.1.11.2.2.—Del aprendiz. Aprendiz es la persona que se inicia en el proceso de capacitación manual técnica, de asimilación y ejercitación artística dentro de un taller bajo la orientación de un instructor o de un maestro artesano debidamente acreditado.

(D. 258/87, art.10)

ART. 2.2.1.11.2.3.—De los requisitos para la inscripción en categoría de aprendiz. La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de aprendiz debe acreditar los siguientes requisitos mínimos:

Dos (2) años de educación primaria aprobados o su equivalente;

Dos (2) años consecutivos de trabajo en el oficio; y

Tener dominio en la ejecución de parte del proceso de producción de varios objetos del oficio respectivo.

(D. 258/87, art.11)

ART. 2.2.1.11.2.4.—De la calificación en la categoría de aprendiz. La calificación en la categoría de aprendiz se determinará por la ejecución de una tarea asignada y supervisada por un instructor o maestro artesano, a solicitud del interesado y certificación de dos (2) años de trabajo en un taller artesanal.

PAR.—La calificación en la categoría de aprendiz, tendrá una vigencia mínima de dos (2) años.

(D. 258/87, art.12)

ART. 2.2.1.11.2.5.—De la categoría de oficial. Oficial es el artesano con capacidad manual y técnica para la elaboración de objetos, de un oficio artesanal específico, sin ser considerado creador en cuanto al diseño y a su expresión estética, y quien ejecuta su labor en forma autónoma.

(D. 258/87, art.13)

ART. 2.2.1.11.2.6.—De los requisitos para la inscripción en la categoría de oficial. La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de oficial debe acreditar los siguientes requisitos mínimos:

Cinco (5) años de educación primaria aprobados o su equivalente;

Cuatro (4) años consecutivos de trabajo en el oficio, dos (2) de los cuales en la categoría de aprendiz;

Estar vinculado en forma permanente a la actividad artesanal, en calidad de productor;

Tener capacidad para ejecutar obras completas conforme con los determinantes técnicos, de diseño y producción.

(D. 258/87, art.14)

ART. 2.2.1.11.2.7.—De la calificación para la inscripción en la categoría de oficial. La calificación en la categoría de oficial, se determinará con base en la certificación expedida por un maestro artesano, a cuyo servicio haya trabajado durante dos (2) años mínimo como aprendiz, acreditando la condición de propietario de un taller artesanal, con funcionamiento mínimo de dos (2) años.

PAR.—La calificación en la categoría de oficial tendrá una vigencia mínima de dos (2) años.

(D. 258/87, art.15)

ART. 2.2.1.11.2.8.—De los requisitos que debe llenar la solicitud de inscripción como oficial. La solicitud de inscripción como oficial en el registro debe contener una descripción de la actividad artesanal respecto de la cual acredita experiencia y a la que pretende dedicarse de acuerdo con el índice de oficios a que alude el artículo cuarto de la ley.

(D. 258/87, art.16)

ART. 2.2.1.11.2.9.—De la categoría de instructor. Instructor es el artesano cuya experiencia, capacitación, preparación manual y técnica y nociones pedagógicas, le permiten impartir conocimientos teóricos y prácticos en relación con la producción artesanal en un oficio concreto.

(D. 258/87, art.17)

ART. 2.2.1.11.2.10. De los requisitos para la inscripción en la categoría de instructor. La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de instructor debe acreditar los siguientes requisitos mínimos:

1. Segundo (2) año de bachillerato o su equivalente;

2. Tener dominio completo en los aspectos técnicos y de ejecución de los objetos artesanales propios del oficio al cual se dedica;

3. Estar capacitado para hacer aportes en diseño, técnica y proceso de producción;

4. Cinco (5) años consecutivos de trabajo en la categoría de oficial; y comprobar mediante certificación por lo menos un (1) año de formación como instructor.

(D. 258/87, art.18)

ART. 2.2.1.11.2.11.—De la calificación en la categoría de instructor. La calificación en la categoría de instructor se determinará mediante la presentación por parte del oficial, del certificado de capacitación pedagógica expedido por organismos oficialmente reconocidos para el efecto.

(D. 258/87, art.19)

ART. 2.2.1.11.2.12.—Requisitos de escolaridad. Los requisitos relativos a la escolaridad, señalados en cada una de las categorías, se entenderán como un complemento de la formación técnica, la habilidad y destreza en el oficio, y por tanto, bastará que el interesado acredite los requisitos propios de la actividad artesanal para que obtenga su calificación y registros respectivos.

(D. 258/87, art.20)

ART. 2.2.1.11.2.13.—De la categoría de maestro artesano. Maestro artesano es la persona que tiene conocimiento pleno de la artesanía en su especialidad, además posee condiciones de originalidad y creatividad en la técnica, el diseño y la producción artesanal.

(D. 258/87, art.21)

ART. 2.2.1.11.2.14.—De los requisitos para la inscripción en la categoría de maestro artesano. La persona que solicite la inscripción en el registro en la categoría de maestro artesano debe acreditar los siguientes requisitos mínimos:

Dedicación a la actividad artesanal;

Ocho (8) años consecutivos de trabajo y enseñanza del oficio;

Ejercer las funciones de dirección, administración y control del proceso productivo en un taller artesanal;

Acreditar la capacitación de personal y la dirección técnica de oficiales de su taller y/o de otros talleres.

No es indispensable acreditar la condición de instructor, para tener la categoría de maestro artesano.

PAR.—Las menciones honoríficas o cualquier otro reconocimiento al mérito artístico, serán homologables a uno o varios de los requisitos señalados.

Las homologaciones serán estudiadas y determinadas por un comité que para el efecto designe Artesanías de Colombia S. A.

(D. 258/87, art.22)

SECCIÓN 3

Las organizaciones gremiales de artesanos

ART. 2.2.1.11.3.1.—Reconocimiento. Se reconocen como organizaciones gremiales de artesanos las siguientes: empresas asociativas, asociaciones, federaciones, confederaciones, cooperativas y demás colectividades de artesanos constituidas o que se constituyan conforme a la ley.

(D. 258/87, art.23)

ART. 2.2.1.11.3.2.—De la empresa asociativa artesanal. Empresa asociativa artesanal es aquella forma de organización en torno a la producción que divide el trabajo entre sus miembros de manera especializada y equitativa. Se caracteriza por la propiedad colectiva sobre los medios de producción.

Estará conformada por un número mínimo de diez (10) artesanos.

(D. 258/87, art.24)

ART. 2.2.1.11.3.3.—De la asociación de artesanos. La asociación de artesanos es la forma de organización de primer grado, que reúne un grupo de personas en torno a su profesión con unos objetivos precisos y definidos en los estatutos.

Esta se constituye sin ánimo de lucro y debe contar con por lo menos 25 socios activos.

(D. 258/87, art.25)

ART. 2.2.1.11.3.4.—De la federación de artesanos. La Federación de artesanos es la organización de segundo grado, que agrupa un número mínimo de cinco (5) asociaciones de artesanos. Tiene objetivos precisos y definidos en los estatutos y se constituye sin ánimo de lucro.

(D. 258/87, art.26)

ART. 2.2.1.11.3.5.—De la confederación de artesanos. La confederación de artesanos es la organización de tercer grado que agrupa un número mínimo de tres (3) federaciones de artesanos. Tiene cobertura nacional y objetivos definidos en los estatutos. Se constituye sin ánimo de lucro.

(D. 258/87, art.27)

ART. 2.2.1.11.3.6.—De las cooperativas de artesanos. La cooperativa de artesanos es la organización de personas agrupadas en torno a unos intereses comunes. Debe estar constituida por un número de socios no inferior a veinticinco (25) y se caracteriza por la igualdad de obligaciones y derechos entre sus afiliados. Tiene estatutos propios elaborados por sus miembros.

(D. 258/87, art.28)

SECCIÓN 4

Registro nacional de artesanos y de organizaciones gremiales de artesanos

ART. 2.2.1.11.4.1.—Reglamentación y organización del registro. Reglaméntese y organícese el registro de artesanos y de organizaciones gremiales de artesanos de la forma como a continuación se consagra.

(D. 258/87, art.29)

ART. 2.2.1.11.4.2.—Del registro nacional de artesanos. Artesanías de Colombia S.A., llevará el registro nacional de artesanos y organizaciones gremiales de artesanos.

(D. 258/87, art.30)

ART. 2.2.1.11.4.3.—De la inscripción. La inscripción en el registro es el acto mediante el cual el artesano y las organizaciones gremiales de artesanos acreditan los requisitos exigidos para ser reconocidos oficialmente en una de las categorías establecidas en la ley.

(D. 258/87, art.31)

ART. 2.2.1.11.4.4.—Del formulario para la inscripción en el registro. Artesanías de Colombia S. A., elaborará un formulario único de inscripción para el registro.

(D. 258/87, art.32)

ART. 2.2.1.11.4.5.—Del índice. El registro nacional tendrá como base el índice de oficios artesanales elaborado por el Sena.

(D. 258/87, art.33)

ART. 2.2.1.11.4.6.—Oficina de registro. La inscripción o registro se hará por las personas naturales individualmente consideradas ante la oficina que para tal efecto designe Artesanías de Colombia S. A., o por medio de las entidades oficiales, mediante convenios interinstitucionales y a través de las organizaciones gremiales de artesanos legalmente constituidas las que actuarán en coordinación y supervisión de la citada dependencia.

(D. 258/87, art.34)

ART. 2.2.1.11.4.7.—De la tarjeta profesional. La inscripción en el registro nacional de artesanos será un servicio público y gratuito a cargo del Estado. El documento que acredite como artesano se denominará tarjeta profesional cuyo costo será establecido por Artesanías de Colombia S. A., y correrá por cuenta del interesado.

(D. 258/87, art.35)

ART. 2.2.1.11.4.8.—Otros aspectos. A cada inscrito se le entregará la tarjeta profesional en la cual figurarán su nombre, documento de identidad, oficio, fecha y lugar de expedición y categoría a la cual pertenece.

(D. 258/87, art.36)

ART. 2.2.1.11.4.9.—De los requisitos para la inscripción de las organizaciones gremiales de artesanos. La inscripción en el registro de las organizaciones gremiales de primer grado requerirá los siguientes requisitos:

1. Copia del acto mediante el cual se reconoció la personería jurídica;

2. Certificación de existencia y representación legal;

3. Presentar constancia de número de identificación tributaria;

4. Adjuntar lista de socios en la cual conste: nombre y apellidos, documento de identidad, oficio artesanal, dirección, teléfono del taller, si los tuviere.

(D. 258/87, art.37)

ART. 2.2.1.11.4.10.—Otros aspectos del registro. Para los organismos de segundo y tercer grado, la inscripción en el registro se efectuará presentando el certificado de existencia y representación legal.

(D. 258/87, art.38)

ART. 2.2.1.11.4.11.—De la inscripción en el registro de organizaciones gremiales de artesanos. La inscripción en el registro de organizaciones gremiales de artesanos se hará ante la oficina a la cual se refiere el artículo 2.2.1.11.4.6 del presente decreto, o por medio de las entidades oficiales que la misma designe para tal efecto por convenios interinstitucionales. A cada organización gremial, se le expedirá el correspondiente certificado, en el cual figurará su denominación, personería jurídica, domicilio, radio de acción, fecha de la inscripción y relación de los oficios que están representados en ella.

PAR.—La inscripción o registro de organizaciones gremiales de artesanos se hará por el representante legal.

(D. 258/87, art.39)

ART. 2.2.1.11.4.12.—Otras consideraciones. Las personas que tengan la calidad de directivos y los afiliados activos de las organizaciones gremiales de artesanos legalmente constituidos, deben acreditar su inscripción en una de las categorías indicadas en este capítulo, y esta siempre deberá efectuarse previa al registro de la organización gremial de artesanos respectivo.

(D. 258/87, art.40)

ART. 2.2.1.11.4.13.—De la cancelación de la inscripción en el registro. La inscripción en el registro se cancelará por las siguientes causales:

1. Renuncia del titular que figura inscrito en el registro;

2. Fallecimiento del titular;

3. En el caso de las personas jurídicas es causa de su cancelación la liquidación y disolución de la sociedad.

(D. 258/87, art.41)

CAPÍTULO 12

Programa de fomento para la industria de astilleros

(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 1

Principios generales

(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 2

Solicitud y requisitos

(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 3

Información y obligaciones

(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 4

Suspensión, cancelación y terminación del programa

(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 5

Disposiciones finales

(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.1.12.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 590 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

TÍTULO 2

Normas que regulan el comercio interno

CAPÍTULO 1

Personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades

SECCIÓN 1

Inspección, vigilancia y control

ART. 2.2.2.1.1.1.—Causales de vigilancia por activos o ingresos. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra superintendencia, las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006, o al cierre de los ejercicios sociales posteriores, registren:

1. Un total de activos, superior al equivalente a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales;

2. Ingresos totales, incluidos superiores al valor de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

PAR.—Para los efectos previstos en este artículo, los salarios mínimos legales mensuales se liquidarán con el valor vigente al 1º de enero siguiente a la fecha de corte del correspondiente ejercicio.

La vigilancia en este evento, iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable. Cuando los montos señalados se reduzcan por debajo del umbral establecido en este artículo, la vigilancia cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que la disminución se registre.

(D. 4350/2006, art.1º)

ART. 2.2.2.1.1.2.—Situaciones que dan lugar a vigilancia. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que, a 31 de diciembre de 2006 o al cierre de los ejercicios sociales posteriores, tengan pensionados a su cargo, siempre y cuando se encuentren en una de las siguientes situaciones:

1. Cuando después de descontadas las valorizaciones, el pasivo externo supere el monto del activo total;

2. Cuando registren gastos financieros que representen el cincuenta por ciento (50%) o más de los ingresos netos operacionales. Entiéndase por gastos financieros, los identificados con el Código 5305 del Plan Único de Cuentas;

3. Cuando el monto de las pérdidas reduzca el patrimonio neto por debajo del setenta por ciento (70%) del capital social;

4. Cuando el flujo de efectivo neto en actividades de operación sea negativo.

PAR. 1º—Respecto de los sujetos señalados en este artículo, la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable, y cesará una vez transcurrido un año contado a partir de esa fecha, salvo que al vencimiento de este término subsista en los estados financieros siguientes alguna de las situaciones descritas, en cuyo caso la vigilancia se prolongará sucesivamente por períodos iguales. Lo anterior sin perjuicio de que se registre otra de las causales previstas en este decreto, caso en el cual la vigilancia continuará en consideración a ella.

PAR. 2º—Para los fines de este artículo, el representante legal de la compañía, dentro de los quince días siguientes a la ocurrencia del hecho que configura la causal de vigilancia, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 4350/2006, art.2º)

ART. 2.2.2.1.1.3.—Vigilancia en los casos de acuerdos de reestructuración y situaciones de control o grupo empresarial. Quedarán sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no sean sujetos de la vigilancia de otra superintendencia, las siguientes personas jurídicas.

1. Las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que actualmente tramiten, o sean admitidas o convocadas por la Superintendencia de Sociedades a un proceso concursal, en los términos del artículo 89 de la Ley 222 de 1995, o que adelanten o sean admitidas a un acuerdo de reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999, o las normas que las modifiquen o sustituyan, respectivamente. La vigilancia iniciará una vez quede ejecutoriada la providencia o acto de apertura del mismo. La vigilancia continuará hasta el cierre del fin de ejercicio correspondiente al año siguiente a aquel en que hubiere sido celebrado el acuerdo, salvo que se halle incursa en otra causal de vigilancia. Tratándose de liquidación obligatoria, la vigilancia se extenderá hasta el momento en que culmine el proceso.

2. Las sociedades mercantiles y empresas unipersonales no vigiladas por otras Superintendencias, que se encuentren en situación de control o que hagan parte de un grupo empresarial inscrito, en los términos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, en cualquiera de los siguientes casos:

2.1. Cuando uno o algunos de los entes económicos involucrados en la situación de control o de grupo empresarial tenga a su cargo pasivo pensional y el balance general consolidado presente pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del setenta por ciento (70%) del capital consolidado.

2.2. Cuando hagan parte entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

2.3. Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales, cuyo objeto sea la prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios.

2.4. Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo de reestructuración, liquidación obligatoria o en procesos concursales.

2.5. Cuando la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 265 del Código de Comercio, modificado por el artículo 31 de la Ley 222 de 1995, compruebe la irrealidad de las operaciones celebradas entre las sociedades vinculadas o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado.

Para el evento del numeral 2.1., la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable y cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que el patrimonio neto quede restablecido por encima de la proporción indicada.

En las situaciones establecidas en el numeral 2.5., la vigilancia iniciará desde el momento en el cual la Superintendencia de Sociedades establezca la irregularidad o irregularidades y cesará cuando lo determine el Superintendente de Sociedades por haber desaparecido la situación que dio origen a la vigilancia.

En los casos señalados en los demás numerales, la vigilancia iniciará desde el momento en que se presenta la respectiva causal y finalizará cuando desaparezca el presupuesto bajo el cual quedó incursa en vigilancia.

PAR. 1º—Para efectos de liquidar la contribución a cargo de las sociedades señaladas en el numeral 1º del presente artículo, la Superintendencia de Sociedades tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 3º del artículo 88 de la Ley 222 de 1995, para lo cual fijará una tarifa inferior a la aplicada para las sociedades que no adelanten un acuerdo de reestructuración o proceso concursal.

PAR. 2º—Para los fines de este artículo, el representante legal de la compañía, dentro de los quince días siguientes a la ocurrencia del hecho que configura la causal de vigilancia, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 4350/2006, art.3º; modificado el numeral 2.1., por el D. 2300/2008, art. 5º)

ART. 2.2.2.1.1.4.—Irregularidades que dan lugar a sometimiento a vigilancia.

Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no lo estén por otra superintendencia, aquellas sociedades mercantiles y empresas unipersonales que señale el superintendente por acto administrativo particular en los siguientes casos:

1. Cuando de conformidad con el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, del análisis de la situación jurídica, contable y/o administrativa de la sociedad, o con ocasión de una investigación administrativa adelantada de oficio o a petición de parte, se establezca que la misma incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:

1.1. Abuso de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que implique desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada, de las normas legales o estatutarias.

1.2. Suministro al público, a la superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad.

1.3. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

1.4. Realización sistemática de operaciones no comprendidas en su objeto social.

2. Cuando respecto de bienes de la sociedad, o de las acciones, cuotas o partes de interés que integren su capital social, se inicie una acción de extinción de dominio, en los términos del artículo 3º de la Ley 793 de 2002.

La Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, o la entidad que haga sus veces, informará a la superintendencia dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a que tenga conocimiento del ejercicio de la acción de extinción de dominio, cuando la misma recaiga sobre los bienes citados.

PAR.—El Superintendente de Sociedades exonerará de vigilancia a las sociedades que sean sometidas a la misma, en los términos del presente artículo, cuando desaparezcan las razones que dieron lugar ella, conforme a la ley, salvo que estén incursas en otra causal de vigilancia.

(D. 4350/2006, art.4º)

ART. 2.2.2.1.1.5.—Vigilancia especial. Estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en los términos que lo indican las normas legales pertinentes, respecto de cada una de ellas:

1. Las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial conforme lo establece el Decreto 1941 de 1986; o la norma que lo modifique o sustituya;

2. Las sociedades prestadoras de servicios técnicos o administrativos a las instituciones financieras, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 110, parágrafo 1º, numeral 2, del Decreto 663 de 1993;

3. Los fondos ganaderos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 363 de 1997;

4. Las empresas multinacionales andinas, conforme a la Decisión 292 de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

5. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera y que además, demuestren haber realizado operaciones de factoring en el año calendario inmediatamente anterior, por valor igual o superior a treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (30.000 smlmv) al corte del ejercicio.

6. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera y que además hayan realizado dentro del año calendario inmediatamente anterior contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de facturas, o que tengan contratos de mandato específicos vigentes al corte del ejercicio del año calendario inmediatamente anterior.

En este caso, la vigilancia se mantendrá mientras dichos contratos estén vigentes o se estén ejecutando.

7. (Nota: Adicionado por el Decreto 24 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

PAR.—El objeto social exclusivo de actividad de factoring deberá acreditarse mediante el certificado de existencia y representación legal que expida la correspondiente cámara de comercio.

(D. 4350/2006, art.5º; nums. 5º, 6º y par. añadido por el D. 1219/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.1.1.6.—Facultades de la Superintendencia de Sociedades. Respecto de las sociedades mercantiles y de las empresas unipersonales a las que hace referencia el artículo 2.2.2.1.1.1 del presente decreto, la Superintendencia de Sociedades ejercerá las facultades señaladas en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, así:

1. Los numerales 1º, 3º, 5º y 10, de oficio o a petición de interesado;

2. Los numerales 4º, 6º, 8º y 11, únicamente por solicitud de interesado;

3. El numeral 2º mediante autorización previa;

4. El numeral 7º, impartiendo autorización previa, salvo que los participantes en la operación mercantil respectiva cumplan con las instrucciones de transparencia y revelación de la información que establezca la Superintendencia de Sociedades, en cuyo caso la operación gozará de autorización de carácter general, sin perjuicio de su verificación posterior;

5. El numeral 9º, a través de autorización de carácter general, que se entiende conferida por el presente decreto, sin perjuicio de su verificación posterior.

No obstante, cuando tales personas jurídicas incurran en cualquiera de las irregularidades establecidas en los literales a), b), c) o d), del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades ejercerá todas las facultades consagradas en los numerales 1 a 11, en la forma señalada en el citado artículo.

PAR. 1º—Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio conozca de una integración empresarial, deberá informar de tal operación a la Superintendencia de Sociedades.

PAR. 2º—Para los efectos del numeral 4º del presente artículo, la Superintendencia de Sociedades expedirá las instrucciones de transparencia y revelación de la información.

PAR. 3º—Para los efectos del presente capítulo, se entiende por interesado las sociedades involucradas, los socios o accionistas, los acreedores sociales y las otras autoridades públicas que actúen en ejercicio de sus competencias legales.

(D. 4350/2006, art.6º)

SECCIÓN 2

Sucursales de sociedades extranjeras sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades

ART. 2.2.2.1.2.1.—Vigilancia de las sucursales de sociedades extranjeras. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades las sucursales de sociedades extranjeras cuando:

1. Incurran en alguna de las causales de vigilancia previstas para las sociedades comerciales en los artículos 2.2.2.1.1.1, 2.2.2.1.1.2 y 2.2.2.1.1.4 del presente decreto;

2. Tramiten actualmente ante la Superintendencia de Sociedades un proceso concursal, o adelanten un acuerdo de reestructuración, o sean admitidas a un proceso de reorganización o de liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006.

En los casos de admisión a un proceso de reorganización o de liquidación judicial, la vigilancia iniciará una vez quede ejecutoriada la providencia o acto de apertura del proceso.

La vigilancia se extenderá hasta el cierre del fin de ejercicio correspondiente al año siguiente a aquel en que hubiere sido celebrado el acuerdo, salvo que se halle incursa en otra de las causales de vigilancia previstas en el presente decreto, en cuyo caso continuará. Tratándose de la liquidación obligatoria o judicial, la vigilancia permanecerá hasta cuando culmine el respectivo proceso;

3. La sociedad extranjera que estableció la sucursal se encuentre en situación de control o forme parte de un grupo empresarial inscrito en el país, siempre que se presente alguno de los siguientes casos:

3.1. Uno o algunos de los entes económicos involucrados en la situación de control o de grupo empresarial tenga a su cargo pasivo pensional y el balance general consolidado presente pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del setenta por ciento (70%) del capital consolidado.

3.2. Hagan parte entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

3.3. Hagan parte sociedades comerciales o empresas unipersonales cuyo objeto sea la prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios.

3.4. Hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo de reestructuración o en procesos concursales.

3.5. Sea comprobada por parte de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 265 del Código de Comercio, modificado por el artículo 31 de la Ley 222 de 1995, la irrealidad de las operaciones entre las sociedades vinculadas, o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado.

PAR. 1º—Para el evento del numeral 3.1 la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable y cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que el patrimonio neto quede restablecido por encima de la proporción indicada.

PAR. 2º—En las situaciones establecidas en el numeral 3.5 la vigilancia iniciará desde el momento en el cual la Superintendencia de Sociedades establezca la irregularidad o irregularidades y cesará cuando esta lo determine por haber desaparecido la situación que dio origen a la vigilancia.

PAR. 3º—En los casos señalados en los demás numerales, la vigilancia iniciará desde el momento en que se presente la respectiva causal y finalizará cuando desaparezca el presupuesto bajo el cual quedó incursa en vigilancia.

PAR. 4º—En las situaciones descritas en el numeral 3º del presente artículo, la vigilancia será ejercida sobre todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras que se encuentren en situación de control o que hagan parte del grupo empresarial, salvo aquellas vigiladas por otra superintendencia.

(D. 2300/2008, art.1º)

ART. 2.2.2.1.2.2.—Obligaciones de los mandatarios de sucursales de sociedades extranjeras. Los mandatarios generales de todas las sucursales de sociedades extranjeras deberán:

1. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades autorización para disminuir el capital asignado. No requerirá de esta autorización la disminución de la inversión suplementaria al capital asignado.

2. Comunicar a la Superintendencia de Sociedades la disminución del patrimonio de la sucursal por debajo del 50% del capital asignado, con ocasión de las pérdidas que hubieren originado dicha circunstancia.

3. Comunicar el acaecimiento de alguna de las causales de vigilancia consagradas en el presente decreto, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la misma.

PAR.—En todo caso, la sucursal no podrá efectuar la disminución de la inversión suplementaria al capital asignado de que trata el numeral 1º del presente artículo, si como consecuencia de la misma queda incursa en la causal prevista en el artículo 490 del Código de Comercio.

(D. 2300/2008, art.2º)

ART. 2.2.2.1.2.3.—Inspección, vigilancia y control de las sucursales de sociedades extranjeras. Las sucursales de sociedades extranjeras se sujetarán a los niveles de inspección, vigilancia o control, en los términos de los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, en armonía con el artículo 497 del Código de Comercio, según el cual a aquellas les serán aplicadas las reglas de las sociedades colombianas.

(D. 2300/2008, art.3º)

ART. 2.2.2.1.2.4.—Desarrollo de la actividad de las sucursales de sociedades extranjeras. Las sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, de la misma manera que las vigiladas y controladas, deberán desarrollar su actividad conforme a las exigencias previstas en el título VIII, del libro segundo del Código de Comercio.

(D. 2300/2008, art.4º)

ART. 2.2.2.1.2.5.—Vigilancia en situaciones de control o grupo empresarial. En las situaciones descritas en el numeral 2º del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, la vigilancia será ejercida sobre todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras que se encuentren en situación de control o que hagan parte del grupo empresarial, salvo aquellas vigiladas por otra superintendencia.

(D. 2300/2008, art.5º)

SECCIÓN 3

Aprobación del inventario del patrimonio social por parte de la Superintendencia de Sociedades

ART. 2.2.2.1.3.1.—Aprobación del inventario del patrimonio social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, deberán presentar a la Superintendencia de Sociedades para su aprobación, el inventario del patrimonio social en los términos establecidos en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio:

1. Las sociedades mercantiles por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, cuando una vez elaborado el inventario del patrimonio social, los activos no alcancen para cubrir el pasivo externo;

2. Las sociedades comerciales por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que en el momento de su disolución o terminación de los negocios en el país, según sea el caso, tengan a su cargo pasivos por concepto de pensiones de jubilación, bonos o títulos pensionales.

PAR.—Cuando de conformidad con el inciso 1º del artículo 219 del Código de Comercio, la disolución o terminación de los negocios en el país provenga del vencimiento del término de duración de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, la fecha del inventario corresponderá al mismo mes en el cual expiró el término de duración respectivo. En los demás casos, la fecha del inventario corresponderá al mismo mes a aquel en el cual quedó inscrita en el registro mercantil la escritura pública contentiva de la disolución de la sociedad, o de la terminación de los negocios en Colombia, en el caso de las sucursales de sociedades extranjeras.

(D. 2300/2008, art.6º)

CAPÍTULO 2

Empresas de factoring sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 

ART. 2.2.2.2.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones contempladas en el presente decreto se aplicarán de conformidad con las definiciones previstas en el artículo 2.2.2.2.2 de este decreto, a los factores constituidos como sociedades comerciales, que no estén bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la Superintendencia de Economía Solidaria y tengan como objeto social exclusivo la actividad de factoring.

(D. 2669/2012, art.1º)

ART. 2.2.2.2.2.—Definiciones. Para los efectos de este decreto se adoptan las siguientes definiciones:

1. Actividad de factoring: Se entenderá por actividad de factoring la realización profesional y habitual de operaciones de factoring que podrá ser acompañada de las operaciones conexas a las que se refiere este decreto.

2. Operación de factoring: Aquella mediante la cual un factor adquiere, a título oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, independientemente del título que los contenga o de su causa, tales como y sin limitarse a ellos: facturas de venta, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y actas de conciliación, cuya transferencia se hará según la naturaleza de los derechos, por endoso, si se trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos.

3. Operaciones conexas: Son las operaciones complementarias a las operaciones de factoring, es decir, aquellas que el factor podrá incluir dentro de las prestaciones que ofrezca a su clientela. Se entienden como tales:

3.1. La administración de la cartera y el registro contable de los abonos y del pago de los títulos o de los créditos que no le pertenezcan al factor;

3.2. La cobranza de títulos o de créditos que no le pertenezcan al factor;

3.3. La asesoría en la contratación de los seguros necesarios para dispersar el riesgo de retorno de la cartera;

3.4. La custodia de títulos contentivos de créditos o de derechos que no le pertenezcan al factor, o 3.5. El otorgamiento de anticipos o avances con cargo a las operaciones de factoring, y;

3.6. El corretaje de factoring.

4. Contrato de factoring: Es el acuerdo de voluntades mediante el cual se instrumentan las operaciones de factoring definidas en este decreto.

5. Factoring sin recurso: Es la operación de factoring en la cual el factor asume el riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera al cedente o al endosante, de toda responsabilidad patrimonial relacionada con la solvencia del deudor o del pagador cedido.

6. Factoring con recurso: Es la operación de factoring en la cual el factor no asume el riesgo de la cobranza de los créditos que se le transfieren y el cedente o el endosante, responden ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el pago de las acreencias objeto de negociación.

7. Actividad de corretaje de factoring: El corretaje de factoring, entendido como el contrato mediante el cual, un factor desarrolla como operación conexa el corretaje de factoring y que por su especial conocimiento de la actividad de factoring, se ocupa como agente intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el fin de que celebren una operación de factoring, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación, siempre y cuando dichas operaciones no requieran autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 2669/2012, art.2º)

ART. 2.2.2.2.3.—Límite de solvencia obligatoria para las empresas de factoring o descuento de cartera. El límite de solvencia de que trata el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013, se calculará considerando el valor de los contratos de mandato específicos vigentes con terceras personas para la adquisición de facturas con relación al valor del patrimonio que tenga registrado la sociedad en el estado financiero de periodo intermedio del último día calendario del mes inmediatamente anterior.

(D. 1219/2014, art.5º)

ART. 2.2.2.2.4.—Incumplimiento del límite de solvencia para las empresas de factoring o descuento de cartera. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera que superen el límite de solvencia de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo anterior, estarán obligados a adoptar las medidas tendientes a restablecerlo, desmontando la operación o mejorando su posición patrimonial en el término que establezca la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones sucesivas o no y actuaciones administrativas a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia de Sociedades podrá verificar el cumplimiento del límite de solvencia en cualquier momento.

(D. 1219/2014, art.6º)

ART. 2.2.2.2.5.—Riesgo de impago o de insolvencia. En cualquier caso, tanto el cedente o endosante, como el factor, podrán proteger el riesgo de impago o de insolvencia del obligado, mediante la contratación de un seguro.

(D. 2669/2012, art.3º)

ART. 2.2.2.2.6.—Operaciones de factoring sobre títulos de plazo que hubiere vencido. En las operaciones de factoring sobre títulos cuyo plazo hubiere vencido, las partes intervinientes podrán acordar libremente la tasa de descuento o el precio que les convenga.

(D. 2669/2012, art.4º)

ART. 2.2.2.2.7.—Cláusulas de cesión. Por lo que respecta a las relaciones entre las partes, en el contrato de factoring se tiene que:

1. Una cláusula del contrato de factoring para la cesión de créditos existentes o futuros será válida aunque el contrato no los especifique individualmente, si en el momento de la celebración del contrato o en el momento en que nacen tales créditos, ellos son determinables;

2. Una cláusula del contrato de factoring según la cual se ceden créditos futuros, transferirá los créditos al cesionario en el momento en que nazcan, sin necesidad de un nuevo acto de transferencia, y;

3. Un contrato de factoring podrá disponer válidamente la transferencia, por medio o no de un acto o contrato diferente, de la totalidad o de parte de los derechos del proveedor que derivan del contrato de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios, incluyendo los derechos derivados de cualquier estipulación legal o contractual que reserve al proveedor el dominio de las mercaderías o que le confiera cualquier otra garantía.

(D. 2669/2012, art.5º)

ART. 2.2.2.2.8.—Endoso o cesión por parte del proveedor. El endoso de la factura de venta o la cesión de un crédito por el proveedor, surtirá efectos no obstante cualquier acuerdo entre el proveedor y el deudor que prohíba tal endoso o cesión.

(D. 2669/2012, art.6º)

ART. 2.2.2.2.9.—Registro único nacional de factores. La Superintendencia de Sociedades creará el registro único nacional de factores. Para este propósito los factores constituidos como sociedades comerciales vigiladas en los términos de los numerales 5 y 6 del artículo 2.2.2.1.1.5 del presente decreto, deberán remitir a dicha Superintendencia los estados financieros de fin de ejercicio y la información adicional; en los términos y condiciones que la misma requiera para la elaboración de dicho registro. El registro será un sistema de archivo, de acceso público a la información que no sea de reserva y tendrá por objeto dar publicidad, a través de internet, a los datos habilitados para conocimiento público.

Esta misma obligación aplicará a las sociedades comerciales que realicen la actividad de factoring a través de contratos o entidades sin personificación jurídica.

(D. 2669/2012, art.8º; modificado por el D. 1219/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.2.10.—Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Los administradores de los factores a los que se refiere este capítulo, serán responsables de que las empresas bajo su administración cumplan con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 1231 de 2008 y en las demás normas que regulan la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

(D. 2669/2012, art.9º)

ART. 2.2.2.2.11.—Transparencia empresarial. Los factores a quienes se refiere este capítulo, por conducto de su máximo órgano social, adoptarán un código de buen gobierno empresarial que deberá precisar, entre otras cosas, las reglas a que deben sujetarse los administradores en relación con:

1. Prácticas anticorrupción;

2. Operaciones con asociados y vinculados económicos;

3. Sus deberes y obligaciones con respecto a la clientela, a los socios de la compañía y al público en general;

4. La planeación y ejecución financiera y administrativa de los negocios sociales, con el objeto de atender oportunamente las obligaciones a cargo de la compañía;

5. Prevención, revelación y administración de los conflictos de intereses;

6. Las demás obligaciones que el factor establezca en otros códigos, manuales o instructivos internos.

(D. 2669/2012, art.10)

ART. 2.2.2.2.12.—Prácticas contables. Los factores a quienes se refiere este capítulo deberán sujetarse a las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información que imparta el Gobierno Nacional, así como a las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías expedidas por las autoridades de supervisión.

(D. 2669/2012, art.11)

ART. 2.2.2.2.13.—Recursos para la realización de operaciones de factoring. Para ejercer la actividad de factoring, el factor se financiará de la siguiente manera:

1. A través de recursos aportados por los accionistas o socios del factor;

2. Con créditos obtenidos en el sistema financiero;

3. Con los recursos provenientes de mandatos específicos con terceras personas para la adquisición de facturas hasta por un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga registrado la sociedad en el estado financiero de periodo intermedio del último día calendario del mes inmediatamente anterior. En todo caso los factores no podrán utilizar estos recursos para realizar por cuenta propia operaciones de factoring.

4. Con los recursos provenientes de las ventas de cartera a fondeadores legalmente autorizados en el mercado de capitales.

(D. 2669/2012, art.12 modificado num. 3º, por el art. 3º, D. 1219/2014)

ART. 2.2.2.2.14.—Operaciones prohibidas.

Los factores no podrán:

1. Celebrar contratos, negocios u operaciones para el descuento de flujos futuros ofreciendo bienes, beneficios o intereses indeterminados o que no constituyan una operación de factoring en los términos definidos en el presente decreto;

2. Ofrecer la asesoría o los servicios relacionados con la adquisición o enajenación de valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores, y;

3. Celebrar contratos de mutuo excediendo los límites establecidos en el Decreto 1981 de 1988, o la norma que lo modifique o sustituya.

(D. 2669/2012, art.13)

ART. 2.2.2.2.15.—Aplicación del Decreto 1981 de 1988 a las operaciones de sociedades comerciales cuyo objeto exclusivo sea el factoring o descuento de cartera. Los factores constituidos como sociedades comerciales vigilados por la Superintendencia de Sociedades, estarán sujetos a los límites establecidos en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, o la norma que lo modifique o sustituya. El desconocimiento de estos límites los harán destinatarios de las sanciones penales y actuaciones administrativas a que haya lugar.

(D. 1219/2014, art.4º)

CAPÍTULO 3

Conflicto de interés y competencia con la sociedad por parte de los administradores de la sociedad

ART. 2.2.2.3.1.—Responsabilidad del administrador. El administrador que incurra por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en conductas que impliquen conflicto de interés o competencia con la sociedad en violación de la ley y sin la debida autorización de la asamblea general de accionistas o junta de socios, responderá solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, a la sociedad o a terceros perjudicados, con el propósito de lograr, de conformidad con la ley, la reparación integral.

(D. 1925/2009, art.1º)

ART. 2.2.2.3.2.—Deber del administrador. Conforme al precepto legal consagrado en el último párrafo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en caso de conflicto de interés o competencia con la sociedad, el administrador ordenará la convocatoria o convocará a la asamblea general o junta de socios, señalando dentro del orden del día la solicitud de autorización para la actividad que le representa conflicto de interés o competencia con la sociedad. Durante la reunión de la asamblea o junta de socios, el administrador suministrará toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio.

En todo caso, de conformidad con la Ley 222 de 1995, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

(D. 1925/2009, art.2º)

ART. 2.2.2.3.3.—Responsabilidad por autorización con información incompleta o falsa. Los administradores que obtengan la autorización con información incompleta, falsa o a sabiendas de que la operación ocasionaría perjuicios a la sociedad, no podrán ampararse en dicha autorización para exonerarse de responsabilidad por sus actos y, en consecuencia, deberán responder frente a la sociedad, los socios o terceros perjudicados.

(D. 1925/2009, art.3º)

ART. 2.2.2.3.4.—Responsabilidad por autorización que perjudique a la sociedad. Los socios que hayan autorizado expresamente la realización de un acto respecto del cual exista conflicto de interés o competencia con la sociedad, que perjudique los intereses de la sociedad, serán responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a esta, a los socios y a terceros, salvo que dicha autorización se haya obtenido de manera engañosa. Lo anterior, sin perjuicio de la declaratoria de nulidad que pudiese resultar de los actos amparados en tales decisiones por violación de la ley.

(D. 1925/2009, art.4º)

ART. 2.2.2.3.5.—Declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores. El proceso judicial para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores consagrados en el numeral 7º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, se adelantará mediante el proceso legalmente establecido, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de solución de conflictos establecidos en los estatutos. Salvo los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe, declarada la nulidad, se restituirán las cosas a su estado anterior, lo que podría incluir, entre otros, el reintegro de las ganancias obtenidas con la realización de la conducta sancionada, sin perjuicio de las acciones de impugnación de las decisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código de Comercio.

Mediante este mismo trámite, el administrador que obre contrariando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, será condenado a indemnizar a quien hubiese causado perjuicios. El juez competente, según lo establecido en la ley, podrá sancionar a los administradores con multas y/o con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar.

PAR.—En el caso de que la sociedad hubiese pactado cláusula compromisoria o compromiso, se estará a las normas respectivas. En el caso de la sociedad por acciones simplificada se aplicará el artículo 44 de la Ley 1258 de 2008.

(D. 1925/2009, art.5º)

CAPÍTULO 4

Procedimiento para la modificación o cancelación obligatoria ante autoridad administrativa; y supervisión del funcionamiento del registro de garantías mobiliarias

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar los artículos 5º, 8º, 12, 13, 22, 36 al 46, 48, 49, 54, 56, 72, 77, 78 y 85, los parágrafos de los artículos 11 y 14, el parágrafo 2º del artículo 65, los numerales 5 y 6 del artículo 19 y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 65 de la Ley 1676 de 2013 y en particular:

1. La inscripción, las operaciones, funciones, administración, procedimientos y prestación de los servicios del registro de garantías mobiliarias con el fin de recibir, almacenar y permitir la consulta de la información registral vigente consignada en el registro de garantías mobiliarias.

2. La comunicación y consulta entre el registro de garantías mobiliarias y (i) el registro de propiedad industrial; (ii) el registro nacional automotor; y (iii) los demás registros que así lo soliciten.

(D. 400/2014, art.1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.2.—Definiciones. Para efectos del presente decreto se establecen las siguientes definiciones:

Acreedor garantizado: es la persona natural, jurídica, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental que inscribe o permite inscribir bajo esa calidad los formularios de registro.

Bienes en garantía con número de serie: corresponden a los bienes identificados con un número de serie o código alfanumérico permanentemente marcado o adherido a su parte principal, tales como: vehículos automotores, remolques, semirremolques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada, marcas y patentes.

Cuenta de usuario: es el medio a través del cual los usuarios de la inscripción tienen acceso al registro de garantías mobiliarias.

Dirección: corresponde a la dirección física y electrónica consignada en los formularios de registro.

Documento de identificación: es el documento identificador único determinado para personas naturales, jurídicas y otros que sean acreedores garantizados o garantes nacionales o extranjeros según se detalla en el artículo 2.2.2.4.20 de este decreto.

Folio electrónico: es el número único asignado por el registro de garantías mobiliarias a un formulario de inscripción inicial, permanentemente asociado a este formulario y a todo otro formulario conexo. El número de inscripción inicial deberá consistir en la secuencia numérica que se adopte para el sistema de registro que al menos deberá tener dos (2) dígitos para indicar el día, dos (2) dígitos para indicar el mes, cuatro (4) dígitos para indicar el año y siete (7) dígitos para indicar el orden de recepción.

Formularios de registro: son los formatos electrónicos del registro de garantías mobiliarias previamente autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que contienen los campos en los cuales se consigna la información para realizar la inscripción inicial, modificación, prórroga, transferencia, ejecución, cancelación o restitución de una garantía mobiliaria.

Gravamen judicial: es el acto que proviene de autoridad judicial o administrativa competente, como por ejemplo un embargo, y cuya inscripción en el registro de garantías mobiliarias es efectuada por el beneficiario de la medida, en cuyo favor se expide esta para efectos de oponibilidad y prelación. Lo anterior, sin perjuicio de la orden de inscripción de la medida cautelar ordenada por la autoridad en los registros correspondientes.

Gravamen tributario: es el acto que proviene de autoridad fiscal que tiene la facultad de administrar y recaudar los tributos del orden nacional, departamental, distrital o municipal en el curso de un proceso jurisdiccional coactivo, cuya inscripción se realiza en el registro de garantías mobiliarias para efectos de oponibilidad y prelación.

Información registral: son los datos y demás documentos adjuntos contenidos en los formularios de registro.

Inscripción: es la incorporación en el sistema de archivo de la información consignada en los formularios de registro.

Manual de usuario: es el manual informativo de las condiciones de uso del registro de garantías mobiliarias.

Modificación: es cualquier cambio en la información contenida en un formulario previamente inscrito en el registro de garantías mobiliarias al que se refiera la modificación.

Registro de garantías mobiliarias: es el sistema de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través de internet a la información contenida en los formularios de registro con el propósito de establecer la oponibilidad frente a terceros y para ello se encuentra habilitado para recibir, almacenar, certificar y permitir la consulta de la información registral vigente relativa a las garantías mobiliarias.

Registro especial de propiedad industrial: Es aquel regulado por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y, de acuerdo con dicha regulación, el registro de la garantía en la Superintendencia de Industria y Comercio es constitutivo del derecho de garantía.

Sistema de archivo: Es la información registral, clasificada y organizada, contenida en todos los formularios que se almacenen en el registro de garantías mobiliarias.

(D. 400/2014, art.2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.3.—Funciones del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias se llevará por Confecámaras y cumplirá las siguientes funciones:

1. Disponer para el acceso del público la información vigente de las garantías mobiliarias inscritas en el registro de garantías mobiliarias.

2. Ofrecer acceso público de sus servicios a través de Internet, así como los servicios de consulta y comunicación con los registros especiales y otros registros, de conformidad con lo dispuesto en este decreto.

3. Rechazar automáticamente y dar a conocer los motivos del rechazo de la inscripción de alguno de los formularios de registro de conformidad con lo dispuesto en este decreto.

4. Incorporar en el sistema de archivo la información contenida en los formularios presentados al registro de garantías mobiliarias y consignar la fecha y hora de cada inscripción.

El registro de garantías mobiliarias capturará la identidad de la persona que efectúe la inscripción.

5. Asignar el número de folio electrónico de inscripción inicial y los números de inscripción relacionados con este.

6. Organizar la información consignada en el sistema de archivo, como un registro de naturaleza personal, en función de la identificación del garante.

7. Garantizar la integridad de la información consignada en el registro de garantías mobiliarias y prevenir cualquier falla en el sistema que afecte sus servicios.

8. Proveer a través de internet las certificaciones y copias.

9. Conservar toda la información para mantener un registro histórico de las inscripciones de las garantías mobiliarias, que permita su recuperación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.4.15 de este decreto.

10. Establecer los mecanismos de pago por internet de los derechos de registro.

11. Asegurar el cumplimiento de los derechos al hábeas data estableciendo los mecanismos necesarios para ello.

(D. 400/2014, art.3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.4.—Acceso al registro de garantías mobiliarias. Todas las personas tendrán acceso a los servicios del registro de garantías mobiliarias referidos a la inscripción, consulta y/o solicitud de certificaciones y copias de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 1676 de 2013, en el presente decreto y en el manual de usuario. No se exigirán o impondrán requisitos o restricciones adicionales.

La presentación de los formularios de registro será electrónica y estará disponible las veinticuatro (24) horas del día, todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos.

Cualquier persona, patrimonio autónomo o entidad podrá realizar una consulta en la información registral vigente por medio de internet, la cual se encontrará disponible veinticuatro (24) horas al día, todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos.

El registro de garantías mobiliarias deberá prevenir cualquier falla en el sistema que afecte el acceso a sus servicios.

Las consultas al sistema de archivo, que contiene la información registral vigente se realizarán por medio de internet.

(D. 400/2014, art.4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.5.—Creación de cuenta de usuario. Para acceder a los servicios de inscripción se deberá crear una cuenta de usuario de conformidad con el siguiente procedimiento:

El acreedor garantizado proveerá al registro de garantías mobiliarias como mínimo los siguientes datos: tipo de usuario, tipo de documento de identificación, número de documento de identificación, razón social o nombre del usuario, correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, domicilio y datos del administrador o administradores de la cuenta de usuario.

El sistema validará que ese número de documento de identificación no haya sido previamente registrado y de estarlo indicará que ya existe.

El sistema del registro de garantías mobiliarias se interconectará con un sistema de verificación de identidad enviando los datos capturados y utilizará los medios que considere adecuados para verificar la identidad del usuario. Confirmada su identidad, el sistema le solicitará una clave y la reconfirmación de la misma.

El procedimiento de verificación de la identidad del usuario estará descrito en el manual de usuario que expedirá Confecámaras y que hará parte de las condiciones de uso del sistema del registro de garantías mobiliarias. La violación a las condiciones de uso dará lugar a la aplicación por parte del registro de garantías mobiliarias de las sanciones contractuales previstas en el manual de usuario.

(D. 400/2014, art.5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.6.—Requisitos de inscripción. Todo acreedor garantizado o quien este autorice en calidad de administrador de la cuenta de usuario, para efectos de la inscripción de un formulario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber creado una cuenta de usuario.

2. Haber diligenciado los formularios de registro y 3. Haber realizado el pago de los derechos de registro.

En cumplimiento de sus funciones, el registro de garantías mobiliarias deberá informar automáticamente el motivo por el cual niega la inscripción al momento de rechazo del formulario de registro, de conformidad con los artículos 2.2.2.4.8 y 2.2.2.4.9 de este decreto.

Corresponde al acreedor garantizado o al administrador de la cuenta de usuario efectuar la inscripción de todos los formularios de inscripción establecidos en la Ley 1676 de 2013 y será el único responsable de la información allí contenida.

En los términos del parágrafo del artículo 14 y de los artículos 40 y 48 de la Ley 1676 de 2013, la suscripción del contrato, de alguna de sus modificaciones o de algún documento mediante el cual se autorice la inscripción o se modifique la autorización previamente otorgada, habilita al acreedor garantizado para la inscripción de la garantía mobiliaria en el registro de garantías mobiliarias y así lo manifestará, bajo la gravedad del juramento, en el campo diseñado para ello en el formulario correspondiente.

El registro de garantías mobiliarias no verificará la existencia de la autorización para la presentación de los formularios de registro.

El acuerdo del titular de una cuenta de usuario principal para el establecimiento de subcuentas de usuario constituye la autorización para la inscripción de los formularios de registro a su nombre y cuenta. La presentación de un formulario de registro por el administrador de la cuenta de usuario se considerará presentada por el titular de la misma.

PAR.—Se entenderá que una persona actúa como acreedor garantizado cuando, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 48 de la Ley 1676 de 2013, la inscripción en el registro de garantías mobiliarias precede a la suscripción del contrato de garantía.

También tendrá acceso al registro de garantías mobiliarias la Superintendencia de Sociedades en el evento previsto en el artículo 2.2.2.4.28 de este decreto.

(D. 400/2014, art.6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.7.—Funciones de inscripción. El registro de garantías mobiliarias tendrá las siguientes funciones en lo referente a la inscripción:

1. Asignar el número de folio electrónico y fecha de inscripción inicial de manera automática incluyendo año, mes, día, hora, minuto y segundo.

2. Mantener información sobre la identidad del autor de la inscripción.

3. Proceder a la inscripción de los formularios de registro sin exigir prueba de la existencia de la autorización de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1676 de 2013.

4. Verificar automáticamente que cada uno de los campos obligatorios de los formularios de inscripción estén diligenciados y que los documentos que deban adjuntarse a los formularios de inscripción cuando corresponda, estén adjuntos sin que ello implique verificación alguna de su contenido.

5. Incorporar la información tal como la reciba por parte del usuario que realiza la inscripción. El registro de garantías mobiliarias no podrá alterar, adicionar, abreviar o sustituir la información registral que reciba.

El registro de garantías mobiliarias no verificará ni exigirá que se demuestre la exactitud de la información registral presentada en los formularios de registro o en los anexos.

No es función del registro de garantías mobiliarias velar porque la información incorporada en los formularios de registro sea completa, precisa, correcta o legalmente suficiente, ni efectuará ningún examen o calificación registral de su contenido o de los documentos anexos a los formularios de registro.

(D. 400/2014, art.7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.8.—Rechazo automático de una solicitud de inscripción de un formulario de registro. El registro de garantías mobiliarias rechazará automáticamente la solicitud de inscripción únicamente cuando:

1. No se haya incorporado información en cada uno de los campos obligatorios de los formularios de registro de garantías mobiliarias o no se hayan adjuntado los documentos obligatorios, según lo dispuesto en el presente decreto.

2. Los derechos de registro no hayan sido pagados.

3. Tratándose de un formulario de registro de prórroga o de cancelación de la inscripción de la garantía, este haya sido presentado una vez vencido el plazo de vigencia de la garantía.

4. Tratándose de un formulario de modificación que elimine a un garante o a un acreedor garantizado cuando sea el único garante o el único acreedor garantizado en dicha inscripción.

5. El formulario de registro de cualquier acto de modificación, prórroga, cancelación, ejecución, transferencia o restitución, no identifique el número de folio electrónico o cuando suministre un número de folio electrónico que no existe en el sistema de archivo de la información registral vigente.

6. El formulario de registro de inscripción, modificación, cancelación o ejecución no lleva adjunta la orden judicial o administrativa o la protocolización notarial, según lo dispuesto en este decreto.

7. El formulario de registro de ejecución no cumple con los requisitos establecidos en los literales d) y e) del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 1676 de 2013.

El registro de garantías mobiliarias informará automáticamente los motivos de rechazo de la inscripción, circunstancia que no implicará calificación registral alguna y por ser un acto de trámite no será objeto de recurso alguno.

(D. 400/2014, art.8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.9.—Acceso a los servicios de consulta. Toda persona podrá consultar la información registral vigente en el sistema de archivo del registro de garantías mobiliarias. Si el registro de garantías mobiliarias niega el acceso a los servicios de consulta, informará automáticamente los motivos.

(D. 400/2014, art.9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.10.—Inscripción de un formulario de registro y validez. La información registral deberá presentarse electrónicamente al registro de garantías mobiliarias a través de los formularios de registro correspondientes.

La inscripción de los formularios de registro será válida a partir de la fecha y hora en que el formulario sea incorporado electrónicamente al sistema de archivo y quede disponible para consulta.

El registro de garantías mobiliarias incorporará al sistema de archivo la constancia de la fecha y hora en que la información contenida en el formulario de inscripción inicial o de modificación se incorpore al sistema de archivo. La incorporación al sistema de archivo y la organización de la información se hará inmediatamente y en el orden en que sean incorporados los formularios electrónicamente.

(D. 400/2014, art.10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.11.—Vigencia de una inscripción y prórroga. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1676 de 2013, la inscripción en el registro de garantías mobiliarias tendrá vigencia hasta:

1. Por el plazo establecido por las partes, caso en el cual este plazo deberá especificarse en el formulario de inscripción inicial.

2. Por el plazo establecido por las partes como prórroga de la inscripción inicial, caso en el cual esta prórroga deberá especificarse en un formulario de modificación en cualquier momento antes de la expiración de la vigencia establecida en el formulario de inscripción inicial, por periodos de hasta tres (3) años. La prórroga se contará a partir de la fecha en que el plazo establecido en el formulario de registro de inscripción inicial hubiese vencido.

3. Por un plazo de cinco (5) años en el evento de no especificarse en el formulario de inscripción inicial. El plazo en mención puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes.

(D. 400/2014, art.11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.12.—Momento en que podrá efectuarse la inscripción de la garantía. Podrá inscribirse una garantía mobiliaria en el registro de garantías mobiliarias antes o después de la celebración del contrato de garantía de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 14 y en el inciso 1º del artículo 48 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art.12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.13.—Integridad del sistema de archivo. El registro de garantías mobiliarias no modificará la información consignada en el sistema de archivo. Tampoco restringirá del acceso al público información del mismo salvo los casos expresamente previstos en este decreto. El registro de garantías mobiliarias deberá proteger el sistema de archivo contra pérdida o daños y deberá proveer mecanismos de copia de seguridad que permitan su recuperación.

(D. 400/2014, art.13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.14.—Copia de los formularios de registro. El registro de garantías mobiliarias remitirá automáticamente y por correo electrónico una copia de los formularios de registro a cada acreedor garantizado y a cada garante a las direcciones electrónicas consignadas en el formulario de inscripción. La copia incluirá la fecha y hora en la que la inscripción adquirió validez y el número de folio electrónico otorgado por el registro de garantías mobiliarias.

La dirección electrónica del garante corresponderá a la más reciente con la que cuente el acreedor garantizado y que este haya incluido en los formularios de registro.

Cualquier modificación en esta dirección deberá ser puesta en conocimiento por el garante al acreedor garantizado.

(D. 400/2014, art.14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.15.—Archivo histórico del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias deberá conservar la información histórica del sistema de archivo. Dicha información estará disponible para la consulta de las autoridades administrativas y judiciales cuando ellas lo requieran.

(D. 400/2014, art.15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.16.—Idioma de los formularios de registro. La información contenida en los formularios de registro deberá diligenciarse en idioma castellano. Por su parte, los formularios de registro deberán estar disponibles tanto en idioma inglés como en castellano.

(D. 400/2014, art.16)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.17.—Información del formulario de inscripción inicial. El formulario de inscripción inicial de la garantía mobiliaria de conformidad con los artículos 41 de la Ley 1676 de 2013 y 2.2.2.4.38 de este decreto deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre, identificación y dirección física y electrónica del garante y del acreedor garantizado.

Se deberá indicar en la casilla correspondiente el número y tipo de documento de identificación.

La dirección electrónica será la que haya proveído el garante al acreedor garantizado como dirección de notificación electrónica y la dirección física será la que corresponda a su domicilio o al asiento principal de los negocios.

Cuando el garante, sea persona natural, jurídica o patrimonio autónomo, esté tramitando un procedimiento concursal o de insolvencia, en la identificación del formulario de inscripción inicial se hará constar esa situación y deberá incluirse el nombre del administrador de la insolvencia, ya sea un promotor, liquidador o interventor.

Cuando haya más de un garante o acreedor garantizado, la información de inscripción inicial deberá incluir todos los datos relativos a cada uno de estos por separado, así sea a través de un mismo formulario de registro.

2. Descripción de los bienes dados en garantía, que puede ser genérica o específica.

3. En el caso de registro de gravámenes surgidos por ministerio de la ley, se deberá especificar si el gravamen es judicial o tributario.

4. El monto máximo de la obligación garantizada o el monto máximo cubierto por la garantía. Cuando existan pluralidad de acreedores podrán determinarse los porcentajes de participación correspondientes.

Adicionalmente, el formulario de inscripción inicial contendrá el plazo de vigencia de la inscripción si ha sido determinado por las partes en el contrato de garantía o en su defecto, será el dispuesto por la Ley 1676 de 2013.

PAR.—Las garantías mobiliarias que se hayan hecho oponibles por la entrega de la tenencia o por el control de los bienes en garantía según lo establece la Ley 1676 de 2013, podrán ser inscritas en el registro de garantías mobiliarias por el acreedor garantizado.

(D. 400/2014, art.17)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.18.—Inscripción de la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. En el caso de registro de una garantía mobiliaria prioritaria de adquisición en el formulario de inscripción inicial el acreedor garantizado hará referencia al carácter especial de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1676 de 2013 y deberá incluir una descripción de los bienes gravados por la misma en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art.18)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.19.—Inscripción por efecto de la conversión de una garantía mobiliaria. En el caso de registro de una garantía mobiliaria por efecto de la conversión de una garantía mobiliaria con tenencia a sin tenencia, el acreedor garantizado diligenciará un formulario de inscripción inicial.

(D. 400/2014, art.19)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.20.—Identificación del garante y del acreedor garantizado. Para la identificación de la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental garante y del acreedor garantizado, deberá incluirse en el formulario de inscripción inicial la siguiente información:

Los nombres, los apellidos y el número de identificación, deberán diligenciarse separadamente en las casillas correspondientes del formulario de inscripción inicial, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

1. Persona natural nacional mayor de 18 años: Cédula de ciudadanía.

2. Persona natural nacional menor de 18 años: Registro civil.

3. Persona natural extranjero residente: Cédula de extranjería.

4. Persona natural extranjera no residente: Pasaporte.

5. Persona jurídica nacional, sucursales de sociedades extranjeras o quien esté habilitado para ejercer una actividad en Colombia, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental: NIT.

6. Persona jurídica extranjera no registrada en Colombia: Certificado de inscripción o existencia de la persona jurídica expedido por la autoridad del Estado correspondiente.

En el caso de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios, el sistema permitirá un mecanismo de identificación especial.

(D. 400/2014, art.20)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.21.—Descripción de los bienes dados en garantía. La descripción de los bienes en garantía estará contenida en el espacio previsto en el formulario de inscripción inicial de manera que permita su identificación.

La descripción podrá corresponder:

1. A una descripción de bienes específicos presentes y futuros en garantía.

2. A una descripción genérica que corresponda a un conjunto de bienes de una determinada categoría que puede incluir la totalidad de los bienes presentes y futuros del garante pertenecientes a esa categoría específica. Los bienes futuros serán los adquiridos durante el periodo de vigencia de la inscripción.

3. A una descripción genérica de la totalidad de los bienes del garante que incluirá todos los bienes presentes y futuros. Los bienes futuros serán los adquiridos durante el periodo de vigencia de la inscripción.

En el caso de registro de bienes inmuebles por adhesión o por destinación, se deberá identificar el tipo de bienes de que se trate, así como el folio de matrícula inmobiliaria, el nombre, identificación y dirección física y electrónica del propietario del inmueble en donde estos se encuentren o se espera que se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 41 de la Ley 1676 de 2013.

Cuando se trate de bienes en garantía identificados con número de serie que no se ofrezcan en venta o arrendamiento en el giro ordinario de los negocios del garante, el formulario de inscripción inicial deberá contener la descripción del bien incluyendo la marca y el nombre del fabricante y su número de serie. Además, en el caso de un vehículo automotor el modelo y placa; en el caso de permisos, licencias, marcas, patentes, derechos de autor, el nombre del emisor según aparezca en los mismos.

(D. 400/2014, art.21)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.22.—Información incorrecta o insuficiente respecto de la identificación del garante que afecte la oponibilidad de la inscripción. La información incorrecta o insuficiente respecto del número de identificación del garante que imposibilite la consulta implicará la inoponibilidad de la inscripción. Cualquier otro tipo de error en la identificación del garante no afectará la oponibilidad de la inscripción.

La información incorrecta o insuficiente que genere la inoponibilidad de la inscripción respecto de un garante no afectará la oponibilidad de la inscripción de otros garantes suficientemente identificados en el formulario de registro.

(D. 400/2014, art.22)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.23.—Modificación de la información. El acreedor garantizado podrá modificar la información consignada en un formulario de inscripción inicial, mediante la inscripción de un formulario de modificación.

El formulario de modificación deberá identificar el folio electrónico correspondiente al formulario de registro de inscripción inicial de la garantía mobiliaria a la que se refiera la modificación.

Si la modificación consiste en una cesión de la garantía, la información registral deberá identificar al cedente y al cesionario en la forma establecida en el presente decreto. En caso de cesión parcial, también, de ser el caso, deberán identificarse los bienes en garantía sobre los cuales recae la cesión parcial.

Una modificación que pretenda incorporar bienes en garantía o añadir a un nuevo garante a la inscripción, será válida respecto de los nuevos bienes en garantía y el garante adicionado, solamente a partir de la hora y fecha de inscripción del formulario de registro de modificación.

Si la modificación ha sido ordenada por una autoridad judicial a través del procedimiento para la modificación o cancelación obligatorias previsto en este decreto, al formulario de modificación deberá adjuntarse el archivo electrónico que contenga la copia de la orden judicial debidamente ejecutoriada.

(D. 400/2014, art.23)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.24.—Modificación global de la información de un acreedor garantizado. El acreedor garantizado incluido en múltiples formularios de registro inscritos, puede modificar su propia información. Esta modificación afectará todos los formularios previamente inscritos, mediante la inscripción de un único formulario de modificación global que contendrá los datos de identificación del acreedor garantizado susceptibles de modificación global. En este evento el sistema solicitará automáticamente un mecanismo de reconfirmación.

(D. 400/2014, art.24)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.25.—Formulario de cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria. En el formulario de cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria, el acreedor garantizado deberá consignar el número del folio electrónico de inscripción otorgado al momento de la inscripción inicial.

(D. 400/2014, art.25)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.26.—Modificación o cancelación obligatorias. El acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de modificación o de cancelación según proceda cuando:

1. La inscripción de un formulario de inscripción inicial o de modificación no ha sido autorizada por el garante o no ha sido autorizada en los términos descritos en el formulario, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 o del artículo 40 de la Ley 1676 de 2013 o cuando no se ha dado la autorización cuando el registro precede el otorgamiento del contrato de garantía.

2. La inscripción de un formulario de inscripción inicial ha sido autorizada pero no se ha celebrado el contrato de garantía o en caso de inscripción de una modificación, esta no ha sido convenida.

3. La información consignada en el formulario resulta incorrecta o insuficiente frente a lo convenido y requiere de modificación.

4. Todas las obligaciones garantizadas estén completamente extinguidas.

5. La ejecución se hubiere terminado en el caso previsto en el artículo 72 de la Ley 1676 de 2013, con pago total de la obligación garantizada.

6. Exista orden de cancelación del gravamen judicial ejecutoriada proveniente de autoridad jurisdiccional o administrativa competente.

7. Salvo pacto en contrario, algunas obligaciones del garante a favor del acreedor garantizado estén parcialmente satisfechas y se deban retirar algunos bienes en garantía o cuando proceda la rebaja del monto máximo de la obligación garantizada en los términos del numeral 6º del artículo 19 de la Ley 1676 de 2013 por lo cual procede la modificación de la inscripción.

8. Se haya procedido a la enajenación del bien en garantía en el proceso de ejecución judicial o especial de la garantía.

9. Se haya realizado el pago directo de que trata el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art.26)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.27.—Procedimiento para la cancelación o modificación obligatoria. En caso de que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación de cancelación o modificación en los eventos previstos en los numerales 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del artículo anterior, el garante dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 27)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.28.—Procedimiento para la modificación o cancelación obligatorias ante autoridad administrativa. En caso de que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación de cancelación o modificación en los eventos previstos en los numerales 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 2.2.2.4.26 de este decreto, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. El garante deberá solicitar al acreedor garantizado el cumplimiento de la obligación de inscripción de los formularios de modificación o de cancelación de la inscripción inicial, según corresponda, a través de comunicación escrita remitida electrónicamente a la dirección reportada en el formulario de inscripción inicial.

2. Si pasados quince (15) días contados a partir del día siguiente de la comunicación electrónica indicada en el numeral anterior, el acreedor garantizado no accede a la petición realizada por el garante, este podrá presentar la solicitud de orden de modificación o cancelación de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, ante la Superintendencia de Sociedades, para que en ejercicio de su facultades legales y de encontrarlo procedente, inscriba la cancelación o modificación de la inscripción de la garantía e imponga las sanciones cuando corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del acreedor garantizado, de efectuar las modificaciones o cancelaciones en cualquier momento.

3. Aceptada la solicitud, la Superintendencia de Sociedades inscribirá una alerta en el registro de garantías mobiliarias acerca del inicio del procedimiento, la cual permanecerá en dicho registro hasta su culminación, momento en el cual esta superintendencia cancelará la alerta.

4. Del escrito contentivo de la solicitud, se dará traslado al acreedor garantizado por el término de diez (10) días a fin de que controvierta los hechos en que se funde la solicitud aportando las pruebas a que haya lugar. Vencido este término y dentro de los diez (10) días siguientes, se adoptará la decisión pertinente.

PAR.—Para el ejercicio de la facultad prevista en este artículo, la Superintendencia de Sociedades tendrá una cuenta de usuario.

(D. 400/2014, art. 28)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.29.—Reglas adicionales para la modificación o cancelación de la inscripción. Para la modificación o cancelación de la inscripción de la garantía por parte del acreedor garantizado se observarán las siguientes reglas adicionales:

1. Si la inscripción identifica a más de un garante, y los requisitos del artículo referido a las causales de modificación o cancelación obligatoria han sido satisfechos únicamente en relación a uno de los garantes, dicho garante puede entregar el requerimiento escrito al acreedor garantizado solicitándole que inscriba una modificación de la inscripción inicial para eliminarlo de la misma siempre que no se haya pactado solidaridad entre los garantes.

2. El garante no podrá requerir que se cancele la inscripción respecto de otros garantes identificados en la inscripción a menos que se encuentre totalmente cancelada la obligación garantizada según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 29)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.30.—Formulario de registro de ejecución. Para efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y pago de la garantía oponible mediante inscripción en el registro de garantías mobiliarias previsto en los artículos 60, 61 y 65 de la Ley 1676 de 2013, el acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de ejecución, incorporando la siguiente información:

1. Identificación del número de folio electrónico.

2. Identificación del garante a quien se dirige el aviso de ejecución.

3. Identificación del acreedor garantizado que pretende realizar la ejecución.

4. Breve descripción del incumplimiento de la obligación garantizada.

5. Descripción de los bienes en garantía o de la parte de los bienes en garantía sobre los cuales se pretende tramitar la ejecución.

6. Declaración del monto estimado que se pretende ejecutar que incluye el valor de la obligación garantizada, más los gastos inherentes a la ejecución, razonablemente cuantificados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1676 de 2013.

Para iniciar la ejecución de la garantía deberá adjuntarse al formulario de registro de ejecución una copia del contrato de garantía o una versión resumida del mismo firmada por el garante.

El formulario de ejecución debidamente diligenciado e inscrito en el registro de garantías mobiliarias presta mérito ejecutivo para iniciar el procedimiento y tendrá los efectos de notificación del inicio de la ejecución.

PAR. Identificado el folio electrónico por parte del acreedor garantizado, el registro de garantías mobiliarias proveerá la información asociada a ese folio electrónico en particular, a efecto de facilitar al acreedor garantizado el diligenciamiento del formulario de ejecución.

(D. 400/2014, art. 30)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.31.—Formulario de registro de terminación de la ejecución. Sin perjuicio del derecho del acreedor garantizado de inscribir un formulario de ejecución en cualquier momento deberá inscribir un formulario de registro de terminación de la ejecución cuando:

1. Se efectúe el pago total de la obligación antes de la disposición de los bienes en garantía, así como de los gastos incurridos en el proceso de ejecución.

2. Se efectúe pago parcial de la obligación mediando acuerdo de restablecimiento del plazo.

3. Por cualquier evento que extinga la obligación garantizada, como la compensación, condonación, confusión y los demás previstos en la ley civil y comercial, salvo en el caso de la excepción relativa al pago por subrogación previsto en el artículo 1670 del Código Civil.

4. Cuando se termine la ejecución de la garantía.

5. No se inicie el procedimiento de ejecución dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción del formulario de ejecución.

En los eventos previstos en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º el acreedor garantizado deberá efectuar la inscripción de la terminación de la ejecución dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del pago del saldo adeudado o de la suscripción del acuerdo de pago.

En el evento en que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación mencionada en el inciso anterior, el garante podrá solicitar su cumplimiento en los términos del 76 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 31)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.32.—Formulario de restitución. Para efecto de iniciar el procedimiento de restitución de bienes muebles objeto de contrato de comodato precario derivado de una fiducia en garantía que se ha hecho oponible por la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, el acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de iniciación del proceso de restitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 1676 de 2013, incorporando la siguiente información:

1. Identificación del número de folio electrónico, del comodatario a quien se dirige el aviso de restitución y acreedor garantizado y/o comodante que pretende iniciar el proceso de restitución.

2. Breve descripción del incumplimiento de la obligación garantizada.

3. Descripción de los bienes fideicomitidos o la parte de los bienes sobre los cuales se pretende tramitar el proceso de restitución.

Deberá adjuntarse al formulario de iniciación del proceso de restitución el contrato de fiducia con fines de garantía o una versión resumida del mismo firmado por el garante.

(D. 400/2014, art. 32)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.33.—Registro de garantías surgidas por ministerio de la ley. Los gravámenes judiciales y tributarios de que trata el artículo 9º de la Ley 1676 de 2013.

Para efectos de prelación, deberán ser inscritos en el registro de garantías mobiliarias y deberán adjuntar la orden debidamente ejecutoriada de la autoridad judicial o administrativa competente o de la autoridad fiscal que constituye el gravamen.

Para el caso de los gravámenes judiciales o tributarios los derechos y obligaciones otorgados a los acreedores garantizados por la Ley 1676 de 2013 y por este decreto, serán ejercidos por el beneficiario del gravamen judicial o por la autoridad fiscal nacional, departamental, distrital y municipal, según corresponda, quienes deberán efectuar el registro.

(D. 400/2014, art. 33)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.34.—Registro de garantías mobiliarias sobre derechos patrimoniales sobre propiedad industrial. Los formularios de inscripción, modificación, ejecución, terminación de la ejecución y cancelación de las garantías sobre bienes de propiedad industrial que se inscriben ante la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirán las reglas contenidas en el presente decreto y el procedimiento establecido por dicha superintendencia para tal efecto.

El registro de garantías mobiliarias permitirá la consulta en línea del registro de propiedad industrial, una vez recibido el aviso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispuesto en el artículo 11 y 36 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 34)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.35.—Registro de garantías mobiliarias sobre bienes sometidos a registros distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013 y por efecto de lo dispuesto en los artículos 82, 84 y 91 de la misma, los registros de transferencia de derechos distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores se conservarán como exclusivos de la transferencia de derechos y continuarán cumpliendo las demás funciones que le son inherentes, siempre que no correspondan a las relacionadas con las garantías mobiliarias en los términos de la mencionada ley.

Las garantías mobiliarias sobre bienes cuya transferencia de derechos debe ser inscrita en los registros distintos del de propiedad industrial y de vehículos automotores, se inscribirán exclusivamente en el registro de garantías mobiliarias a partir de su entrada en funcionamiento.

El registro de garantías mobiliarias proveerá mecanismos de consulta respecto de la titularidad de los bienes inscritos en los registros de que trata este artículo, cuando estos lo soliciten.

Así mismo, el registro de garantías mobiliarias proveerá mecanismos de consulta a estos registros sobre la información vigente en él contenida, cuando estos lo soliciten.

Al momento de la inscripción, modificación, ejecución, restitución y cancelación de la garantía en el registro de garantías mobiliarias, este enviará automáticamente y por medios electrónicos la información concerniente a dichas inscripciones a los registros que así lo soliciten.

(D. 400/2014, art. 35)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.36.—Registro de garantías mobiliarias sobre vehículos automotores. La inscripción de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores matriculados se hará en el registro nacional automotor siguiendo las reglas y requerimientos de información establecidos en este decreto para el formulario de inscripción inicial.

El registro nacional automotor dará aviso al momento de la inscripción por medio electrónico al registro de garantías mobiliarias para la creación del folio electrónico y los demás efectos de la Ley 1676 de 2013. La inscripción de la modificación, de la ejecución, de la restitución o de la cancelación de la garantía, se hará en el registro de garantías mobiliarias en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 84 de la Ley 1676 de 2013.

El registro de garantías mobiliarias enviará automáticamente y por medios electrónicos, la información concerniente a dichas inscripciones al registro nacional automotor, salvo que dicha modificación sea de aquellas descritas en el artículo 49 de la Ley 769 de 2002, caso en el cual la modificación deberá inscribirse en el registro nacional automotor.

Para los efectos de verificación de los actos de su competencia el organismo de tránsito al momento de la inscripción, deberá consultar el registro de garantías mobiliarias a través del registro nacional de tránsito, RUNT, o directamente.

PAR. TRANS.—El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definirá los procedimientos, desarrollos, requerimiento de datos adicionales, entre ellos la determinación del tipo de bien, que deban ser efectuados para garantizar la interoperabilidad de los dos registros y el cumplimiento de las reglas y requerimientos de información para el formulario de inscripción inicial y los necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1005 de 2006.

Hasta tanto se definan dichos procedimientos, desarrollos y requerimiento de datos adicionales, la inscripción y cancelación de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores continuará efectuándose en el registro nacional automotor.

Lo anterior, sin perjuicio de la inscripción inicial, la inscripción de modificación, ejecución, de restitución y cancelación de la garantía que debe realizar el acreedor garantizado en el registro de garantías mobiliarias para efecto de establecer su oponibilidad, prelación y de permitir la utilización de los mecanismos de ejecución de que trata la Ley 1676 de 2013 en aplicación de los artículos 82, 84 y 91 de dicha ley.

(D. 400/2014, art. 36)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.37.—Criterios de consulta. La consulta en el sistema de archivo que contiene la información registral vigente se hará por el número de identificación del garante según lo dispuesto en este decreto. Adicionalmente, el registro de garantías mobiliarias podrá ofrecer la consulta por el nombre del garante o por el número de serie siempre y cuando el bien en garantía haya sido descrito con un número de serie.

(D. 400/2014, art. 37)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.38.—Resultado de la consulta. El resultado de la consulta deberá indicar la fecha y la hora en que se efectuó la consulta y deberá consignar la información de que trata el artículo 41 de la Ley 1676 de 2013.

El registro de garantías mobiliarias informará automáticamente si el resultado de la consulta no coincide con alguno de los criterios de consulta utilizado por el usuario previstos en el artículo anterior.

Cuando el criterio utilizado ha sido el nombre del garante, para efecto de facilitar la consulta, el registro de garantías mobiliarias informará automáticamente al usuario los resultados aproximados o que coincidan parcialmente con este.

El usuario podrá solicitar al registro de garantías mobiliarias certificaciones sobre los datos que resulten de su consulta, ya sea en papel o en forma de mensajes de datos. Las certificaciones en papel serán impresas por el usuario de la consulta.

El usuario también podrá solicitar copia de los formularios y de los documentos que según este decreto se hayan adjuntado a los formularios de registro, los cuales serán impresos por el usuario.

(D. 400/2014, art. 38)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.39.—Estructura administrativa del registro de garantías mobiliarias. Confecámaras determinará la estructura administrativa responsable del registro de garantías mobiliarias.

(D. 400/2014, art. 39)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.40.—Derechos de registro y formularios de registro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinará mediante resolución los formularios de registro y los derechos a favor de Confecámaras por concepto de las inscripciones correspondientes a: Inscripción inicial, modificación, modificación global, ejecución, terminación de la ejecución, cancelación y restitución, así como por los certificados, las copias y los servicios de comunicación con los registros especiales definidos en el artículo 8º de la Ley 1676 de 2013.

Las consultas al sistema de archivo, que contiene la información registral vigente se realizarán por medio de internet sin costo alguno, al igual que la inscripción de las garantías preexistentes de que trata el artículo 2.2.2.4.41 del presente decreto que se realicen dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la Ley 1676 de 2013.

Confecámaras determinará los medios de pago a través de los cuales los usuarios podrán cancelar los derechos de registro establecidos en el presente artículo.

Los actos del registro de garantías mobiliarias constituyen actos de trámite y en consecuencia no podrán ser objeto de recurso alguno.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá incluir en los formularios, la solicitud de datos referidos a información exclusivamente para fines de implementación, impacto y seguimiento de política pública relacionada con el acceso al crédito y a las garantías mobiliarias. Los datos y reportes estarán disponibles para las mediciones que elaboren las entidades del Gobierno nacional.

PAR.—Confecámaras presentará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un estudio técnico soporte de la propuesta de derechos de registro, de los formularios de registro y del manual de usuario. La Superintendencia de Sociedades supervisará el funcionamiento del registro de garantías mobiliarias y el cumplimiento de sus funciones y las que corresponden al administrador del mismo.

(D. 400/2014, art. 40)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.41.—Registro de garantías mobiliarias constituidas antes de la vigencia de la Ley 1676 de 2013. Para efecto de la aplicación de los artículos 49 y 85 de la Ley 1676 de 2013 respecto de la prelación de las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de dicha ley, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Para las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad al 20 de febrero de 2014, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en el registro de garantías mobiliarias sobre el mismo bien en garantía, estará determinada por la fecha y hora que en su momento se dio por su inscripción en los registros anteriores.

Esta fecha y hora serán consignadas en el formulario de registro por el acreedor garantizado al momento de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias.

2. Para las garantías mobiliarias constituidas antes del 20 de febrero de 2014 y que no hubieran tenido la obligación de registrarse, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en el registro de garantías mobiliarias, estará determinada por la fecha en que se hubiere celebrado el contrato. Esta fecha y hora serán consignadas en el formulario de registro por el acreedor garantizado al momento de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias.

En los casos enunciados en los numerales 1º y 2º de este artículo, el derecho de prelación de que trata la Ley 1676 de 2013, surgirá únicamente para los acreedores garantizados que hubieran efectuado su inscripción en el registro de garantías mobiliarias antes del 20 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1676 de 2013 y en este decreto.

Si la garantía mobiliaria constituida con anterioridad al 20 de febrero de 2014, es una garantía mobiliaria prioritaria de adquisición según la definición de los artículos 8º y 54 de dicha ley, el acreedor garantizado deberá hacer referencia al carácter especial de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de este decreto.

Así mismo, el beneficiario de la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición sobre bienes de inventario, deberá notificar a los acreedores precedentes una vez realizado el registro de la garantía mobiliaria constituida con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013, en los términos del inciso 2º del artículo 22 de la misma.

En los eventos descritos anteriormente, en los que no se haya hecho la inscripción en el registro de garantías mobiliarias antes del 20 de agosto de 2014, su prelación estará determinada según las reglas previstas en el título V de dicha ley.

El registro de garantías mobiliarias deberá proveer en el formulario de inscripción inicial de garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013, como mínimo un campo que permita la consignación de la fecha de celebración del contrato, pacto o cláusula que dio origen a la garantía, o la fecha de inscripción en los registros anteriores, y al cual deberá adjuntarse una versión resumida del contrato o prueba de la inscripción en el registro anterior.

PAR. 1º—Para efecto de la aplicación de las reglas referidas a la prelación en los procesos de insolvencia de que tratan los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 1676 de 2013, respecto de las garantías mobiliarias constituidas y efectivas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013, los acreedores garantizados deberán efectuar su inscripción en el registro de garantías mobiliarias dentro de los seis (6) meses siguientes a su vigencia.

PAR. 2º—Confecámaras podrá celebrar convenios con los acreedores garantizados con el objeto de facilitar la inscripción de las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 41)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

CAPÍTULO 5

Insolvencia empresarial

Acuerdos de reestructuración. Publicidad en el trámite de la Ley 550 de 1999

ART. 2.2.2.5.1.—Publicidad de acuerdos de reestructuración. Para los efectos de la publicidad de la promoción de los acuerdos de reestructuración, el escrito que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 550 de 1999 se fija en las oficinas de la respectiva entidad nominadora para informar acerca de la promoción de un acuerdo, no requiere de ninguna notificación o aviso adicional, distintos de la inscripción en el registro mercantil y de la publicación en un diario de amplia circulación previstos en ese mismo artículo.

(D. 467/2000, art.1º)

CAPÍTULO 6

Créditos posteriores al inicio del acuerdo de reestructuración

ART. 2.2.2.6.1.—Preferencia de créditos posteriores al inicio de la negociación. Los créditos que se otorguen al empresario desde el inicio de la negociación y hasta la fecha de celebración del acuerdo de reestructuración gozarán de preferencia frente a los créditos objeto del acuerdo, siempre y cuando se destinen única y exclusivamente a la compra de insumos, materias primas, repuestos y/o a cubrir los gastos administrativos relacionados con el giro ordinario de los negocios.

Los gastos de administración generados a partir de la iniciación de la negociación, en los términos del artículo 13 de la Ley 550 de 1999, no serán materia del acuerdo de reestructuración y su pago se hará de manera inmediata y a medida que se vayan causando, sin perjuicio de la aceptación expresa de un tratamiento distinto por parte del respectivo acreedor en cada caso concreto, aceptación que no podrá darse tratándose de créditos fiscales.

(D. 2250/2000, art. 1º)

ART. 2.2.2.6.2.—Reglas para calcular la prorrata. Todo acreedor que, en los términos del numeral 13 del artículo 34 de la Ley 550 de 1999 entregue nuevos recursos a la empresa que celebre un acuerdo de reestructuración, gozará de prelación respecto a las obligaciones anteriores a la negociación, consistente en compartir a prorrata el primer grado con la DIAN y demás autoridades fiscales en la proporción que corresponda según la cuantía de tales recursos. Para tal efecto, cada peso nuevo que se suministre, dará prelación a un peso de la deuda anterior.

(D. 2250/2000, art. 2º)

ART. 2.2.2.6.3.—Créditos postconcordatarios y acuerdo de reestructuración.

Cuando una compañía que esté tramitando un concordato o ejecutando un acuerdo concordatario se acoja a un acuerdo de reestructuración en los términos y condiciones a que alude el artículo 65 de la Ley 550 de 1999, los créditos postconcordatarios no formarán parte del acuerdo de reestructuración que llegue a celebrarse y su pago no estará sujeto a las reglas que allí se establezcan, salvo que el acreedor respectivo de manera individual acepte tales reglas.

(D. 2250/2000, art. 3º)

ART. 2.2.2.6.4.—Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 550 de 1999, se establecen las siguientes definiciones:

1. Beneficiario real. Se considera beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por poseer las acciones, cuotas o partes de interés que conforman el capital de uno o más acreedores de la empresa reestructurada, o por virtud de un negocio jurídico o de una disposición legal, tenga respecto de uno o varios acreedores, capacidad decisoria en el respectivo acuerdo de reestructuración, esto es, la facultad o el poder de votar en las deliberaciones de la reunión de acreedores, o de dirigir, orientar y/o controlar dicho voto.

Conforman un mismo beneficiario real, entre otros, los siguientes:

1.1. Las personas o entidades matrices o controlantes, en los términos establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, respecto de sus subordinadas.

1.2. La persona o personas que, sin ser matrices o controlantes, tengan la potestad de dirigir o determinar efectivamente el sentido de los respectivos votos o las decisiones que deban adoptar uno o varios acreedores para la celebración del acuerdo de reestructuración, con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una garantía, un pacto de recompra un negocio fiduciario o cualquier otro pacto, actuación o negocio que produzca efectos similares.

2. Empresarios con forma asociativa. Se entiende que son empresarios con forma asociativa, las entidades que tengan la condición de personas jurídicas a las cuales se encuentren vinculadas un número plural de personas que hubieren efectuado aportes en dinero, especie o trabajo, tales como las asociaciones, corporaciones, sociedades, fondos de empleados, asociaciones gremiales, sindicatos, cajas de compensación familiar y cooperativas.

(D. 2250/2000, art. 4º)

ART. 2.2.2.6.5.—Oportunidad y forma de acreditar la calidad de beneficiario real. Los beneficiarios reales finales deberán informar al promotor sobre su decisión de acudir a la celebración del acuerdo de reestructuración, aportando la prueba que los acredite como tales, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la inscripción en el registro mercantil del aviso señalado en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999 y, en caso de que no asistan personalmente, podrán designar un apoderado especial, de tal manera que puedan ser incluidos en la información indicada en el inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 550 de 1999.

PAR.—Se demostrará la condición de matriz o controlante con los certificados de existencia y representación legal en los cuales conste la inscripción de que trata el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En los demás casos, se demostrará la condición de beneficiario real mediante la presentación del contrato u otro documento en que se acredite en forma idónea, que se dan las circunstancias señaladas en el artículo primero del presente capítulo.

(D. 2250/2000, art. 5º)

ART. 2.2.2.6.6.—Procedimiento para determinar los derechos de voto y de acreencias. Para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 550 de 1999, el promotor deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Tomará en cuenta todos los créditos anteriores a la fecha de iniciación de la negociación, incluyendo aquellos generados entre la fecha de corte de acreencias que se hubiese utilizado para presentar la solicitud de admisión al acuerdo y la fecha de iniciación de la negociación, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 13 y 22 de la Ley 550 de 1999. Para tal efecto, la relación de las nuevas acreencias será presentada al promotor por el empresario o los acreedores.

2. Cuando se trate de obligaciones que estén denominadas en unidades, divisas o monedas diferentes de la legal colombiana, el monto de las acreencias no será ajustado de conformidad con la regla contenida en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, evento en el cual, el ajuste se realizará según lo previsto en el numeral 6º del mismo artículo.

3. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, el importe del principal de la obligación se tomará según el valor comprobable de los recursos, servicios o beneficios que el empresario efectivamente haya recibido u obtenido, independientemente de que el pago total o parcial de dicho valor sea exigible o no en la fecha de iniciación del acuerdo de reestructuración.

4. La proporción que le corresponde a cada uno de los beneficiarios reales, en los casos de control conjunto, se determinará con base en los datos que consten en documentos auténticos suscritos por todos ellos o suministrados por ellos mismos en forma unánime.

En los casos en que no lo definan, se reconocerá un derecho de voto por partes iguales.

PAR. 1º—De conformidad con lo previsto en el artículo 260 del Código de Comercio y en el parágrafo 1º del artículo 261 del Código de Comercio y para efectos del presente capítulo, se denomina control conjunto el ejercido por más de una persona y control individual el ejercido por una sola.

PAR. 2º—Las objeciones que se presenten respecto de la condición de beneficiario real final, se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999.

(D. 2250/2000, art. 6º)

ART. 2.2.2.6.7.—Definición de organización o grupo empresarial. Para los efectos de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 550 de 1999, se entiende que forman parte de una organización o grupo empresarial:

1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus subordinadas, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.

2. Los empresarios y empresas que se anuncien ante terceros como “grupo”, “organización”, “agrupación”, “conglomerado” o expresión semejante.

3. Quienes se encuentren vinculados por medio de contratos de colaboración tales como sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y joint-ventures, siempre y cuando exista plena prueba sobre la existencia de tales contratos que no sea controvertida en la reunión prevista en el artículo 23 de la Ley 550 de 1999 o dentro de los cinco días hábiles siguientes a ella.

PAR.—Cuando se presenten discrepancias sobre la existencia de organización o grupo empresarial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999.

(D. 2250/2000, art. 7º)

ART. 2.2.2.6.8.—Deber de información sobre la existencia de la organización. Cuando dos o más acreedores del empresario pertenezcan a una misma organización o grupo empresarial, deberán informar al promotor sobre el particular, dentro de los quince días hábiles siguientes a la inscripción en el registro mercantil del aviso señalado en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999. En caso de incumplimiento de la obligación señalada, el promotor deberá informar inmediatamente conozca de tal hecho a las entidades que ejerzan la inspección, vigilancia o control sobre los acreedores participantes en el acuerdo que conforman el grupo empresarial en cuestión, para que estas realicen las investigaciones correspondientes e impongan, si es del caso, las multas a que haya lugar por dicha omisión.

PAR.—En todo caso, y antes de la celebración de la reunión para la determinación de los derechos de voto, cualquiera de los acreedores del empresario podrá informar al promotor acerca de acreedores que formen parte de una misma organización o grupo empresarial. Por lo tanto, la información que se suministre al promotor con posterioridad a la celebración de la reunión mencionada, no será considerada para efectos de la determinación de los derechos de voto ni afectará la decisión que se hubiere adoptado.

(D. 2250/2000, art. 8º)

ART. 2.2.2.6.9.—Cálculo de los votos complementarios. En los casos en que los acreedores externos pertenecientes a una misma organización empresarial representen más del 75% de los votos admisibles, se entenderá que el 25% adicional contemplado en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 550 de 1999 se calculará sobre el total de los votos restantes.

(D. 2250/2000, art. 9º)

CAPÍTULO 7

Suscripción de bonos de riesgo durante la negociación de un acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999

ART. 2.2.2.7.1.—Capacidad de emisión. Cualquier empresa o entidad que celebre un acuerdo de reestructuración de los previstos en la Ley 550 de 1999, tiene capacidad para emitir bonos de riesgo.

(D. 257/2001, art. 1º)

ART. 2.2.2.7.2.—Características. Los bonos de riesgo tendrán las siguientes características:

1. Pueden incorporar el reconocimiento de un rendimiento financiero, tasa de interés o cualquier otra forma de rendimiento que se convenga en el acuerdo de reestructuración.

2. Cuando la naturaleza jurídica del emisor lo permita, pueden ser convertidos, de manera total o parcial, en cuotas, partes de interés social, aportes o acciones, sean estas ordinarias, privilegiadas o con dividendo preferencial y sin derecho de voto. En el acuerdo y en el documento contentivo del bono de riesgo deberán expresarse la totalidad de las condiciones que se utilizarán para la conversión, incluyendo, entre otras, si la misma es voluntaria u obligatoria; si puede darse en forma anticipada o únicamente al vencimiento de los bonos, y las características específicas de las acciones, partes de interés social, aportes o cuotas en que se puede hacer tal conversión.

3. En caso de liquidación de la empresa reestructurada, los bonos de riesgo que se suscriban dentro de los acuerdos a que se refiere la Ley 550 de 1999, se pagarán con posterioridad a los demás pasivos externos y antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos, salvo el caso de bonos que correspondan a la capitalización de acreencias laborales o fiscales, las cuales en este caso conservarán los privilegios legales que les corresponden en virtud de tal naturaleza.

4. Pueden otorgar a los tenedores el derecho privilegiado a que de las utilidades de la empresa reestructurada se les destine, en primer término, una cuota determinada, acumulable o no, según se pacte en el acuerdo de reestructuración. La acumulación no podrá extenderse a un período mayor de cinco años, contados a partir del momento en que la empresa comience a generar utilidades netas.

5. Pueden otorgar cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico que, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, se establezca en el acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999. En todo caso, los beneficios económicos que se incluyan en el acuerdo de reestructuración, deberán sujetarse a lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley 550 de 1999.

PAR. 1º—No será obligatorio que la emisión de bonos de riesgo cuente con un representante legal de tenedores de dichos títulos, salvo que así se decida en el acuerdo de reestructuración.

PAR. 2º—Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar los derechos o las condiciones económicas fijados para los bonos de riesgo en el acuerdo de reestructuración, se requerirá la aprobación de una mayoría calificada de tenedores, en términos de lo dispuesto en las normas vigentes que les sean aplicables. Cualquier otra modificación que se realice respecto a las condiciones inicialmente establecidas en el acuerdo para los bonos de riesgo debe ser aprobada por cualquier número plural de tenedores que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51 %) del valor total de los bonos de riesgo emitidos por el respectivo empresario.

(D. 257/2001, art. 2º)

ART. 2.2.2.7.3.—Negociabilidad. Los bonos de riesgo podrán negociarse en la siguiente forma:

1. Directamente, en forma privada, o

2. A través del mercado público de valores, previa inscripción en el registro nacional de valores e intermediarios.

En el acuerdo de reestructuración deberá constar si los bonos de riesgo se inscribirán o no en el registro nacional de valores e intermediarios y en una o más bolsas de valores.

En caso afirmativo, deberá indicarse quién asume la responsabilidad por el pago de los gastos que se ocasionen como consecuencia de tal inscripción.

(D. 257/2001, art. 3º)

ART. 2.2.2.7.4.—Protección a los tenedores de bonos de riesgo. Los tenedores de bonos de riesgo que se negocien en el mercado público de valores gozarán de las garantías y protecciones previstas en las normas que rigen dicho mercado, sin perjuicio de aquellas que se pacten en el respectivo acuerdo de reestructuración.

Tratándose de bonos de riesgo que no se negocien en el mercado público de valores, en el respectivo acuerdo de reestructuración deberán estipularse las reglas sobre protección de los tenedores que se consideren pertinentes, en adición a las previstas en las normas vigentes.

(D. 257/2001, art. 4º)

ART. 2.2.2.7.5.—Del documento contentivo del bono de riesgo. Los documentos donde consten los bonos de riesgo, deberán contener como mínimo lo siguiente:

1. La denominación “bono de riesgo” debidamente destacada y la fecha de expedición.

2. La clase de bono y condiciones de conversión, cuando sea del caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 2.2.2.7.2 del presente decreto.

3. El nombre de la entidad emisora, su domicilio principal y el de las sucursales u oficinas a las cuales puede acudir el tenedor para el pago de las prestaciones que genere a su favor el bono de riesgo.

4. El capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad emisora.

5. La serie, número, ley de circulación, valor nominal y primas, si las hubiere.

6. El número de cupones que lleva adheridos, si los hubiere. En cada cupón debe indicarse el título al cual pertenece, su número, valor y la fecha en que puede hacerse efectivo.

Además los cupones deberán tener la misma ley de circulación del bono de riesgo.

7. El rendimiento del bono o la indicación clara sobre la inexistencia del mismo.

8. El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y los rendimientos, si los hubiere, según lo pactado en el acuerdo de reestructuración.

9. Las medidas que proceden si, llegado el momento en que se hagan exigibles los rendimientos y/o el capital, el emisor del bono no cuenta con los recursos necesarios para atender su pago.

10. El nombre y domicilio de los avalistas o garantes, si los hubiere, así como el monto del aval respectivo.

11. La firma del representante legal de la entidad emisora y de la entidad avalista, si la hubiere, o de las personas autorizadas para ello.

12. La advertencia, debidamente destacada, respecto a que el capital de los bonos de riesgo, en caso de liquidación de la empresa reestructurada, solo se cancelará con posterioridad al pago de los otros pasivos externos y antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos.

13. Las demás indicaciones que sean necesarias y aplicables de conformidad con lo pactado en el acuerdo de reestructuración y las normas legales vigentes.

(D. 257/2001, art. 5º)

ART. 2.2.2.7.6.—Suscripción de los bonos de riesgo. La suscripción de los bonos de riesgo emitidos como consecuencia de un acuerdo de reestructuración no será obligatoria.

En tal sentido, solo serán suscritos por aquellos acreedores que así lo decidan voluntariamente y que tengan capacidad legal para el efecto.

(D. 257/2001, art. 6º)

ART. 2.2.2.7.7.—Remisión de normas. En los aspectos no previstos para los bonos de riesgo en la Ley 550 de 1999, en el presente capítulo y en el respectivo acuerdo de reestructuración, a los referidos títulos se aplicarán las normas vigentes para bonos, en tanto dicho régimen no pugne con su naturaleza y con las disposiciones antes citadas.

Adicionalmente, a los bonos inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios se aplicarán las normas expedidas por la Superintendencia de Valores en desarrollo de su facultad para señalar los requisitos y condiciones para la emisión, inscripción en el registro, negociación y oferta de títulos en el mercado público de valores.

(D. 257/2001, art. 7º)

CAPÍTULO 8

Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la nación

ART. 2.2.2.8.1.—Solicitud de promoción de acuerdo de reestructuración. Para efectos de la solicitud de promoción del acuerdo de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999 y de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 57 de la misma ley, el empresario deberá presentar la resolución que autoriza el pago por cruce de cuentas de las deudas fiscales administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debidamente notificada y ejecutoriada.

(D. 2267/2001, art. 7º)

CAPÍTULO 9

Delegación en las intendencias regionales de la superintendencia de sociedades de las atribuciones necesarias para conocer los procesos de insolvencia

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 1

Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades y de sus intendencias regionales

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.1.—(Modificado).* Facultades de las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades en el régimen de insolvencia. Bajo los criterios establecidos en este capítulo y conforme a lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades conocerán de los procesos de reorganización y liquidación judicial del régimen de insolvencia.

(D. 2179/2007, art.1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.—(Modificado).* Criterios para la delegación de funciones. Con el propósito de obtener un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones de las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades en materia de competencia para conocer de los procesos del régimen de insolvencia, de que trata el artículo anterior, el superintendente de sociedades deberá delegar en dichas Intendencias las funciones necesarias para adelantar los procesos de reorganización y liquidación judicial del régimen de insolvencia, bajo los siguientes criterios, que deberán consignarse en el acto de delegación correspondiente:

1. Determinación de las intendencias regionales que conocerán de los procesos del Régimen de Insolvencia.

2. Reglas de competencia para el conocimiento de los procesos de insolvencia por las intendencias regionales, considerando los siguientes aspectos:

2.1. El domicilio y la naturaleza jurídica del deudor insolvente;

2.2. El monto de activos expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes al inicio del proceso;

2.3. La jurisdicción de cada intendencia regional, de acuerdo con la organización territorial establecida por la Superintendencia de Sociedades;

2.4. La capacidad instalada de las intendencias regionales.

PAR. 1º—El Superintendente de Sociedades podrá conservar la competencia frente al conocimiento de los procesos de insolvencia que considere debe tramitar y decidir, sin perjuicio que para el seguimiento de tales procesos pueda acudirse a la delegación, de conformidad con los criterios expuestos en este artículo.

PAR. 2º—Para los efectos de este artículo, el Superintendente de Sociedades expedirá el acto de delegación de las atribuciones necesarias para que las intendencias regionales conozcan de los procesos del régimen de insolvencia.

(D. 2179/2007, art.2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.3.—(Modificado).* Reasunción de competencia. El superintendente de sociedades podrá en cualquier tiempo reasumir la competencia por razones de orden financiero o por motivos de interés público que lo ameriten.

(D. 2179/2007, art.3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 2

Expedientes de procesos de insolvencia

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 3

Incidentes en los procesos de insolvencia

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 4

Costas

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 5

Medidas cautelares en procesos de insolvencia

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

CAPÍTULO 10

Publicidad de los contratos de fiducia mercantil que consten en documento privado, inscripción de actas y providencias del juez en el régimen de insolvencia

SECCIÓN 1

Publicidad de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que constan en documento privado

ART. 2.2.2.10.1.1.—Inscripción en el registro mercantil de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que constan en documento privado. Los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía celebrados por las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del régimen de insolvencia y que consten en documento privado, así como su terminación y las modificaciones en cuanto la clase de contrato, las partes y los bienes fideicomitidos, deberán inscribirse por el fideicomitente en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.

PAR. 1º—Los contratos de fiducia mercantil a que hace referencia el presente artículo, que no sean inscritos en el registro mercantil, serán inoponibles ante terceros.

PAR. 2º—La inscripción de los contratos de fiducia mercantil de garantía que consten en documento privado se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Decreto 650 de 1996, o la norma que lo modifique o sustituya.

PAR. 3º—Se considerarán como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y tarifa para los efectos del impuesto de registro mercantil, la inscripción de las modificaciones y la terminación de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que consten en documento privado, siempre y cuando no impliquen una modificación a los derechos apreciables pecuniariamente incorporados en el contrato y en favor de particulares, caso este en el cual se deberá observar lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 650 de 1996.

(D. 2785/2008, art. 1º)

ART. 2.2.2.10.1.2.—Certificación de la inscripción en el registro mercantil de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía. Con base en la inscripción del contrato de fiducia mercantil de garantía que trata el artículo anterior, las cámaras de comercio expedirán la certificación respectiva, firmada por el Secretario o quien haga sus veces, en el formato adoptado para el efecto, el cual deberá contener como mínimo la fecha de inscripción del contrato en el registro mercantil y las partes que lo suscriben.

(D. 2785/2008, art. 3º)

SECCIÓN 2

Inscripción de las actas y providencias del juez en el régimen de insolvencia

ART. 2.2.2.10.2.1.—Inscripción de la providencia de inicio de un proceso de insolvencia. La providencia de inicio del proceso de insolvencia con constancia de ejecutoria y del aviso que informa sobre el inicio del proceso, deberán inscribirse por solicitud de la parte interesada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal del deudor y en el de sus sucursales.

PAR. 1º—Tratándose de procesos de insolvencia que adelanten los jueces civiles del circuito, hecha la inscripción a la que se refiere este artículo, la Cámara de Comercio informará de ello a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia que ejerza la inspección, control o vigilancia del deudor, para que esa providencia se divulgue a través de las páginas web de tales superintendencias durante la tramitación del proceso.

PAR. 2º—Cuando un fideicomitente sea convocado a un proceso de insolvencia, en la providencia de inicio deberá indicarse por el juez del concurso los contratos de fiducia mercantil celebrados por este, los que fueron terminados por efectos de la insolvencia del fideicomitente y los contratos de fiducia mercantil que continuaron vigentes.

(D. 2785/2008, art. 4º)

ART. 2.2.2.10.2.2.—Inscripción de la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o de adjudicación. El juez del concurso ordenará la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y en el de las sucursales que este posea, de la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o de la de confirmación de sus reformas o de la de adjudicación, con constancia de ejecutoria, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo.

Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro mercantil, ordenará la inscripción en el registro mercantil de la parte pertinente del acta que contiene el acuerdo, debidamente autenticada, no siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento.

En el proceso de liquidación judicial, cuando se haya confirmado el acuerdo de adjudicación, para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, el juez del concurso, en la providencia de confirmación ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la inscripción de la providencia de adjudicación, que deberá llevar constancia de ejecutoria, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo.

Para la inscripción ordenada no se requerirá el otorgamiento de ningún otro documento ni de paz y salvo alguno.

PAR.—Las providencias que ordenan o confirman la adjudicación de que trata este artículo se considerarán sin cuantía para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro.

(D. 2785/2008, art. 5º)

ART. 2.2.2.10.2.3.—Razón social del sujeto de la insolvencia. Para los efectos de la inscripción ordenada en el último inciso del artículo 35 de la Ley 1116 de 2006, relacionada con la providencia que ordena la celebración del acuerdo de adjudicación, ante la no presentación o falta de confirmación del acuerdo de reorganización, el juez del concurso, además de ordenar la inscripción de dicha providencia en el registro mercantil, ordenará que se certifique la razón social del deudor seguida de la expresión “en liquidación por adjudicación”, y que se inscriba en el registro mercantil la designación del promotor como representante legal del deudor, condición que asumirá a partir de dicha inscripción en el registro mercantil.

(D. 2785/2008, art. 6º)

ART. 2.2.2.10.2.4.—Inscripción de la providencia que decreta la terminación del proceso de insolvencia. La providencia de terminación del proceso de insolvencia, con constancia de su ejecutoria, se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente, sin cargo alguno y en el caso de liquidación judicial, dicha inscripción, implica la extinción de la entidad deudora cuando corresponda.

PAR.—Hecha la inscripción a que se refiere este artículo, la Cámara de Comercio informará de ello a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia que ejerza la inspección, control o vigilancia del deudor, para que esa providencia se divulgue a través de la página web de tales superintendencias.

(D. 2785/2008, art. 7º)

SECCIÓN 3

Inscripción de las providencias dictadas por la autoridad colombiana competente con ocasión de la aplicación del régimen de insolvencia transfronteriza

ART. 2.2.2.10.3.1.—Inscripción en el registro mercantil de las providencias sujetas a registro con ocasión del reconocimiento de un proceso extranjero. La providencia de reconocimiento de un proceso extranjero, con constancia de ejecutoria, dictada por la autoridad colombiana competente deberá inscribirse en el registro mercantil del domicilio principal del deudor y en el de sus sucursales o establecimientos de comercio, y en las de los lugares donde se halle el centro de sus principales intereses u operaciones y el deudor ejerza una actividad económica de manera permanente.

Una vez la Cámara de Comercio haya efectuado la referida inscripción, informará de ello a la Superintendencia de Sociedades para que esta le dé publicidad en su página de Internet durante la vigencia de la inscripción correspondiente.

PAR. 1º—La providencia de reconocimiento de proceso extranjero de las sociedades extranjeras sin sucursal en el país y de las personas naturales extranjeras se inscribirá en la Cámara de Comercio del domicilio del representante designado para administrar sus negocios.

PAR. 2º—Toda providencia que consigne un cambio importante respecto de la situación del proceso reconocido o del nombramiento del representante extranjero, deberá inscribirse en el libro correspondiente del registro mercantil por orden de la autoridad colombiana competente, que informará de ello a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 2785/2008, art. 8º)

SECCIÓN 4

Disposiciones finales

ART. 2.2.2.10.4.1.—Libros. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar los libros necesarios para cumplir con la finalidad de las inscripciones en el registro mercantil a que se refiere este capítulo.

(D. 2785/2008, art. 9º)

CAPÍTULO 11

Cargos de promotores y liquidadores de los procesos del régimen de insolvencia

(Nota: Modificados los incisos 2º y 3º del artículo 2.2.2.11.1.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 3º,

Adicionado el parágrafo 3º del artículo 2.2.2.11.2.5.2 por el Decreto 991 de 2018 artículo 6º,

Modificado el artículo 2.2.2.11.2.5.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 7º,

Modificado el numeral 3º y derogados los numerales 4° y 5° del artículo 2.2.2.11.2.5.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 8º,

Modificado el inciso 1º y el inciso final del artículo 2.2.2.11.3.7 por el Decreto 991 de 2018 artículo 9º,

Modificado el artículo 2.2.2.11.3.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 10,

Modificados el título, el primer inciso, el numeral 14 y agregado el inciso final al artículo 2.2.2.11.3.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 11,

Modificado el artículo 2.2.2.11.3.11 por el Decreto 991 de 2018 artículo 12,

Modificado el artículo 2.2.2.11.7.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 15,

Modificado el parágrafo 1º del artículo 2.2.2.11.7.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 16,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 17,

Modificado el inciso final del literal c) del artículo 2.2.2.11.7.5 por el Decreto 991 de 2018 artículo 18,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 19,

Modificado el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.11.7.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 20,

Adicionados los artículos 2.2.2.11.7.12 y 2.2.2.11.7.13 por el Decreto 991 de 2018 artículo 21,

Modificado el artículo 2.2.2.11.8.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 22,

Modificada la sección 9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 23, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 1

Naturaleza de los cargos respectivos del promotor y el liquidador

ART. 2.2.2.11.1.1.—Naturaleza de los cargos de promotor y liquidador. Los cargos de promotores y liquidadores, como auxiliares de la justicia, son oficios públicos indelegables, que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. Los honorarios respectivos constituyen la totalidad de la retribución del servicio y no podrán exceder los límites establecidos en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006.

Si para el cumplimiento de sus funciones, el auxiliar de la justicia requiere apoyarse en terceros, no por ello se exonera de su responsabilidad y deberá sujetarse a lo establecido en los artículos 2.2.2.11.5.9 y 2.2.2.11.5.10 del presente decreto.

(D. 962/2009, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el inciso tercero y agregado el inciso cuarto por el Decreto 991 de 2018 artículo 2º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificados los incisos segundo y tercero del artículo 2.2.2.11.1.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 3º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 2

Conformación de listas de los promotores y liquidadores

ART. 2.2.2.11.2.1.—Conformación de la lista y periodicidad de la inscripción. Para la conformación de la lista de promotores y liquidadores, la Superintendencia de Sociedades hará una convocatoria pública cada seis (6) meses, con una duración no inferior a quince (15) días calendario, ni superior a un (1) mes.

No obstante, cuando en alguna de las categorías de que trata este capítulo, los auxiliares de la justicia inscritos tengan a su cargo el máximo de procesos fijados en la Ley 1116 de 2006, o no haya un número plural de auxiliares de la justicia para el sorteo, habrá lugar a efectuar de manera inmediata una convocatoria.

(D. 962/2009, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.2.—Criterios para la elaboración de la lista. La Superintendencia de Sociedades al momento de elaboración de la lista de promotores y liquidadores tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Categorías:

La lista de promotores y liquidadores elaborada por la Superintendencia de Sociedades estará dividida en las categorías A, B y C de acuerdo con la experiencia profesional y de administradores en empresas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 2.2.2.11.2.5 de este decreto. La experiencia acreditada por el auxiliar en el ejercicio de su cargo como promotor o liquidador mejorará su posición en las categorías definidas en la lista.

2. Naturaleza del cargo:

Deberá identificarse la lista de los auxiliares inscritos como promotores y la lista de los auxiliares inscritos como liquidadores.

3. Jurisdicciones:

Deberá especificarse el lugar en donde el promotor o el liquidador podrán desempeñarse de acuerdo con las siguientes jurisdicciones:

Jurisdicción de Medellín: Departamentos de Antioquia y Chocó.

Jurisdicción de Cali: Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Jurisdicción de Barranquilla: Departamentos del Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena.

Jurisdicción de Cartagena: Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.

Jurisdicción de Manizales: Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Jurisdicción de Bucaramanga: Departamento de Santander. Jurisdicción de Cúcuta:

Norte de Santander y Arauca.

Jurisdicción de Bogotá: Bogotá, D. C., y los demás departamentos no asignados anteriormente.

4. Finalmente, en la lista se especificará el sector o sectores, según la clasificación industrial internacional uniforme, en que tenga experiencia acreditada los auxiliares de la justicia, según corresponda.

(D. 962/2009, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.3.—Lista de auxiliares de la justicia. La lista de auxiliares de la justicia elaborada por la Superintendencia de Sociedades deberá ser utilizada por:

1. El Juez del concurso, incluso, en uso de la facultad consagrada en el numeral 9º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, para designar el reemplazo de los administradores y del revisor fiscal, según sea el caso.

2. La autoridad colombiana competente en ejercicio de las funciones relativas al reconocimiento de procesos extranjeros y en materia de cooperación con tribunales y representantes extranjeros.

3. Por los acreedores o estos y el deudor, en los casos en que de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, deban escoger el reemplazo del liquidador o promotor, según corresponda, de conformidad con la categoría a la que pertenezca el deudor.

PAR.—La lista de auxiliares de la justicia elaborada por la Superintendencia de Sociedades es pública y estará contenida en una base de datos que podrá ser consultada y utilizada a través de la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades.

(D. 962/2009, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el numeral 5º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 4º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.4.—Requisitos para la inscripción en la lista de promotores o de liquidadores. Podrán ser inscritos como promotores y liquidadores:

Las personas naturales que cumplan los requisitos establecidos en este capítulo;

Las personas jurídicas que sean:

— Sociedades comerciales debidamente constituidas, en cuyo objeto se contemple la asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas.

— Sociedades fiduciarias, que en su estructura administrativa cuenten con una unidad de negocio especializada, con capacidad tecnológica y humana para prestar el servicio y un sistema vigente de riesgo operativo para la respectiva línea de negocio, según las reglamentaciones de la Superintendencia Financiera.

En todo caso, las personas jurídicas deberán designar la persona natural que en su nombre ejecutará el encargo, quien deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos para las personas naturales.

1. Personas naturales y designados por las personas jurídicas. Las personas naturales que aspiren a ser inscritas en la lista de auxiliares de la justicia en el régimen de insolvencia empresarial, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.1. Formación académica y registro profesional, matrícula profesional, o tarjeta profesional. Título profesional y registro profesional, matrícula profesional o tarjeta profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio profesional, en profesiones comprendidas en las áreas de ciencias económicas, administrativas, jurídicas y en las áreas afines que determine la Superintendencia de Sociedades, o título profesional en ingeniería industrial y administrativa.

El aspirante también podrá demostrar que la formación profesional que lo habilita como candidato elegible la adquirió mediante un título de postgrado en las áreas descritas en el inciso anterior.

1.2. Formación académica en insolvencia. El aspirante a formar parte de la lista de promotores y liquidadores deberá acreditar haber realizado un curso de formación en insolvencia que utilice la marca de certificación de la Superintendencia de Sociedades, en una institución de educación superior debidamente constituida y que cuente con registro calificado en Derecho, Administración de Empresas, Economía o Ingeniería.

La marca de certificación deberá indicar el contenido mínimo del curso, el cual deberá tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas.

La formación en insolvencia será acreditada con copia del certificado de aptitud ocupacional expedido por la institución de educación superior que la haya impartido.

PAR. 1º—Las instituciones de educación superior que ofrezcan los cursos de formación en insolvencia, podrán celebrar convenios para garantizar una cobertura en las áreas territoriales de jurisdicción definidas por la Superintendencia de Sociedades para el trámite de los procesos de insolvencia.

PAR. 2º—So pena de ser excluidos de la lista de promotores y liquidadores elaborada por la Superintendencia de Sociedades los promotores y liquidadores inscritos deberán acreditar este requisito dentro del año siguiente a la fecha en que se ofrezca al público el primer curso de formación en insolvencia, de que trata este artículo.

1.3. Experiencia.

1.3.1. Experiencia profesional. Experiencia acreditada en por lo menos dos (2) procesos concursales como contralor o liquidador, o en el mismo número de procesos de insolvencia como promotor o liquidador, o en igual número de trámites de acuerdos de reestructuración como promotor. La experiencia en procesos concursales o de insolvencia también podrá ser acreditada con por lo menos dieciocho (18) meses de ejercicio en esa clase de procesos como juez, o con el mismo número de meses como agente especial en toma de posesión para administrar o como liquidador en liquidaciones forzosas administrativas, o demostrando haber ejercido su profesión durante al menos cinco (5) años.

1.3.2. Experiencia como partícipe en la administración de empresas. Tener experiencia acreditada por lo menos de cinco (5) años como administrador en empresas, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 2.2.2.11.2.5 de este decreto, del sector privado, público, de economía mixta o industrial y comercial del Estado.

Esta experiencia se demostrará con certificaciones expedidas por las entidades con las que haya estado vinculado el aspirante, en las que conste el tiempo del servicio prestado y las funciones desarrolladas, o a través del certificado histórico expedido por la entidad competente.

2. Personas jurídicas. La persona jurídica que aspire a ser inscrita en la lista de auxiliares de la justicia deberá cumplir los siguientes requisitos:

2.1. Estar debidamente constituida y que su objeto social contemple como una de sus actividades la de asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas, salvo las sociedades fiduciarias a que se refiere este capítulo.

2.2. Inscribir las personas naturales que en su nombre desarrollarán las funciones de promotor o liquidador, quienes deberán acreditar su vínculo con la persona jurídica aspirante y cumplir los requisitos establecidos en el numeral 1º de este artículo.

PAR.—Las personas naturales designadas por las personas jurídicas no podrán estar inscritas simultáneamente con esta, como promotores o liquidadores en la lista de auxiliares de la justicia.

(D. 962/2009, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el numeral 2º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 5° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.5.—Requisitos para la inscripción en las diferentes categorías según la experiencia acreditada. El aspirante podrá solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia de promotores y liquidadores, en las siguientes categorías siempre que cumpla los requisitos que pasan a enunciarse:

Categoría A: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:

1. Experiencia profesional. Haberse desempeñado como:

1.1. Contralor o liquidador en al menos diez (10) procesos concursales de concordato o liquidación obligatoria, o

1.2. Promotor o liquidador en al menos diez (10) trámites de acuerdos de reestructuración, o en el mismo número de procesos de insolvencia de categoría B, o 1.3. Juez civil del circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos por cinco (5) años, o 1.4. Agente especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzosas administrativas de por lo menos cinco (5) procesos.

2. Experiencia como administrador en empresas. Haberse desempeñado como representante legal, miembro de junta o consejo directivo y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones, de por lo menos diez (10) años en personas jurídicas sujetas a supervisión estatal.

Categoría B: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:

1. Experiencia profesional. Haberse desempeñado como:

1.1. Contralor o liquidador en al menos cinco (5) procesos concursales de concordato o liquidación obligatoria, o 1.2. Promotor o liquidador en al menos cinco (5) trámites de acuerdos de reestructuración, o en el mismo número de procesos de insolvencia de categoría C, o 1.3. Juez civil del circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos por tres (3) años, o 1.4. Agente especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzosas administrativas de por lo menos tres (3) procesos.

2. Experiencia como administrador en empresas. Haberse desempeñado como representante legal, o miembro de junta directiva, o consejo directivo y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones, de por lo menos cinco (5) años en personas jurídicas.

Categoría C: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:

1. Experiencia profesional. Haberse desempeñado como:

1.1. Contralor o liquidador en al menos dos (2) procesos concursales de concordato o liquidación obligatoria, o 1.2. Promotor o liquidador en al menos dos (2) trámites de acuerdos de reestructuración, o procesos de insolvencia, o 1.3. Juez civil del circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos por dieciocho (18) meses, o 1.4. Agente especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzosas administrativas de por lo menos dieciocho (18) meses, o 1.5. Para la inscripción en esta categoría el aspirante podrá acreditar experiencia profesional, demostrando haber ejercido su profesión durante al menos cinco (5) años.

(D. 962/2009, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Adicionado el parágrafo 3º del artículo 2.2.2.11.2.5.2 por el Decreto 991 de 2018 artículo 6º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.2.5.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 7º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el numeral 3º y derogados los numerales 4° y 5° del artículo 2.2.2.11.2.5.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 8º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.6.—Documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción. En la solicitud de inscripción y en la hoja de vida según el formato suministrado por la Superintendencia de Sociedades, el aspirante deberá precisar si solicita inscripción para desempeñarse como promotor o como liquidador, o para el ejercicio de los dos cargos y especificar si se trata de un aspirante designado por una persona jurídica.

1. Personas naturales. La solicitud de inscripción de personas naturales y de los designados por las personas jurídicas según formato diseñado para el efecto por la Superintendencia de Sociedades deberá estar acompañada de los siguientes documentos, que el aspirante presentará a la Superintendencia de Sociedades:

1.1. Fotocopia del documento de identidad.

1.2. Copia de la tarjeta profesional, registro profesional o matrícula profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio profesional. La profesión se acreditará con copia del acta o constancia del acta de grado correspondiente, que acrediten la formación académica y profesional en Colombia, o la homologación del título respecto de los estudios realizados en el exterior.

1.3. Fotocopia de los certificados que acrediten la experiencia en administración de empresa, como juez civil del circuito o en procesos concursales o de insolvencia, con indicación del cargo desempeñado, tiempo y funciones o como agente especial en tomas de posesión para administrar o como liquidador en liquidaciones forzosas administrativas, o que acrediten su experiencia profesional.

1.4. Certificado vigente de antecedentes profesionales con una antigüedad no superior a tres (3) meses contados desde el momento de la presentación de la solicitud.

1.5. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios con una antigüedad no superior a tres (3) meses contados desde el momento de la presentación de la solicitud.

1.6. Certificado de haber cursado y aprobado el programa de formación en insolvencia y, de haber lugar a ello, la certificación de participación en cursos, seminarios, diplomados o especializaciones referidos al tema de insolvencia.

1.7. Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte los antecedentes sobre comportamiento crediticio en la Central de Información del Sector Financiero, CIFIN, de la Asociación Bancaria o en cualquier otra central de riesgos.

2. Personas jurídicas. La solicitud de inscripción de las personas jurídicas, según formato diseñado para el efecto por la Superintendencia de Sociedades, deberá estar acompañada de los siguientes documentos, que se presentarán a la Superintendencia de Sociedades:

2.1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social con una antigüedad no mayor de quince (15) días contados desde la fecha de la solicitud de inscripción, en cuyo objeto estén previstas expresamente las actividades inherentes al auxiliar de la justicia de que trata este capítulo.

2.2. Fotocopia de los contratos, conceptos, estudios u otros documentos que demuestren que en desarrollo de su objeto social ha obtenido experiencia de por lo menos un (1) año en actividades de asesoría en recuperación, asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas.

2.3. Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte los antecedentes sobre comportamiento crediticio en la Central de Información del Sector Financiero, CIFIN, de la Asociación Bancaria y el sistema para la prevención y control del lavado de activos, SIPLA, o en cualquier otra central de riesgos.

2.4. Certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o a falta de este por un contador público independiente en la que se manifieste el cumplimiento de los deberes del comerciante contemplados en el artículo 19 del Código de Comercio.

2.5. Sobre las personas designadas por la persona jurídica, se deberán presentar los documentos de que trata este artículo para la persona natural.

PAR.—En la solicitud de inscripción el auxiliar de la justicia describirá los medios de infraestructura técnica y administrativa de que dispone para cumplir las funciones de su cargo, así como la relación del grupo de profesionales con que cuenta para desarrollar el oficio. Entre tales medios, deberá contar con los necesarios para cumplir los requerimientos de información solicitados por el Juez del concurso. La Superintendencia de Sociedades podrá, en cualquier caso, verificar que dicha infraestructura es suficiente y adecuada.

La Superintendencia de Sociedades expedirá el acto mediante el cual determinará los requisitos mínimos en cuanto a infraestructura técnica y administrativa, indispensable para el cumplimiento de sus funciones, que deberá ofrecer el auxiliar de la justicia para ser inscrito en cada una de las categorías.

(D. 962/2009, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.7.—Categorías de los deudores objeto del Régimen de Insolvencia. Para la designación del promotor o liquidador por sorteo, se establecen las siguientes categorías de los deudores objeto del régimen de insolvencia, según el monto de activos, o pasivos, o ingresos, o el número de trabajadores, a la fecha de la solicitud. Para definir la categoría de tales sujetos primará el criterio correspondiente a la de mayor categoría, así:

CategoríasCriterios
 activos en smlmv Pasivo externo en smlmv Ingresos (solo para proceso de reorganización). Número de trabajadores.
A 45.001 en adelante. 45.001 en adelante. 45.001 en adelante. Igual o más de 300.
B Entre 10.001- 45.000 Entre 10.001- 45.000.Entre 10.001- 45.000.Igual o más de 101 y menor de 300.
C Hasta 10.000 Hasta 10.000 Hasta 10.000 Igual o menor de 100.

Cuando el pasivo pensional o el cálculo actuarial del deudor objeto del régimen de insolvencia representen más de la cuarta parte del pasivo total del deudor o en casos de insolvencia transfronteriza, se considerará que el deudor pertenece a la categoría A, independientemente del valor de sus activos, de su pasivo, de sus ingresos o del número de trabajadores.

(D. 962/2009, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.8.—Solicitud de inscripción según la experiencia acreditada. El aspirante podrá solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia de promotores y liquidadores, de acuerdo a su formación académica y su experiencia, indicando la jurisdicción para la cual se inscribe, en las categorías A, B, o C, o en las que considere y aspire a ser inscrito.

Las personas jurídicas podrán solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia en las respectivas categorías de acuerdo con la formación y experiencia acreditada por la persona natural que en su nombre ejecutará el encargo. Se inscribirá en la lista en la categoría correspondiente a la persona jurídica, quien en cada caso se sorteará y actuará con el designado que haya acreditado el cumplimiento de los requisitos para la categoría correspondiente.

(D. 962/2009, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.9.—Inscripción en la lista de auxiliares de la justicia para los procesos de insolvencia. Una vez la Superintendencia de Sociedades confirme que el aspirante cumple con todos los requisitos exigidos en el presente capítulo, lo inscribirá en la respectiva lista y de ello le dará noticia mediante oficio dirigido al domicilio señalado en la solicitud de inscripción. De la misma forma procederá en caso de no aceptar la inscripción.

El auxiliar de la justicia inscrito en la lista, deberá informar a la Superintendencia de Sociedades cualquier modificación en los datos suministrados en la solicitud de inscripción y en la hoja de vida correspondiente. El incumplimiento de esta obligación permitirá a la Superintendencia de Sociedades retirar al auxiliar de la justicia de la lista, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el Código de General del Proceso.

Al momento de la inscripción le será asignado al inscrito un número de registro, correspondiente a un número consecutivo otorgado por la Superintendencia de Sociedades.

(D. 962/2009, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 3

Escogencia del promotor o del liquidador, recusación y causales de impedimento para aceptar el cargo

ART. 2.2.2.11.3.1.—Escogencia, aceptación y posesión del cargo de promotor o de liquidador. Efectuada la escogencia del promotor o del liquidador, la decisión se comunicará por oficio, enviándolo a la dirección de su domicilio o correo electrónico o al número de fax que figure en la lista, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

El cargo de promotor o el de liquidador es de obligatoria aceptación, salvo la ocurrencia de algún impedimento, y el escogido contará con cinco (5) días para posesionarse.

(D. 962/2009, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.3.2.—No aceptación del cargo. Si la persona escogida tiene algún impedimento o no toma posesión en tiempo, será reemplazada por el suplente escogido.

(D. 962/2009, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.3.3.—Causales de impedimento para aceptar el cargo por la persona natural designada por la persona jurídica. La persona natural o el representante legal de la persona jurídica que sea nombrada como promotor o como liquidador, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que acepta el cargo por no encontrarse incurso en alguna de las causales de impedimento previstas en la ley y que no tiene el máximo de procesos permitidos en la Ley 1116 de 2006.

Las causales de impedimento aplicarán, en lo pertinente, a la persona natural designada por la persona jurídica para ejecutar el encargo de promotor o liquidador, para lo cual deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no tiene el máximo de procesos permitidos en la Ley 1116 de 2006 y que no se encuentra incursa en alguna de las causales previstas en la ley, previamente al ejercicio de tal designación.

Al momento de aceptar el cargo o cuando durante su ejercicio se configure una causal de incompatibilidad, el auxiliar de la justicia, incluida la persona designada por el auxiliar de justicia persona jurídica, debe manifestarla de inmediato.

(D. 962/2009, art. 16)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.3.4.—Recusación del promotor o del liquidador. Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de inscripción del aviso que da cuenta de la escogencia del promotor o liquidador, el deudor o cualquier acreedor que pruebe en forma siquiera sumaria su calidad de tal podrá recusar al auxiliar, precisando la causal y los hechos que lo justifican. Del escrito y sus anexos se dará traslado por tres (3) días, y vencido este término, el juez del concurso resolverá la recusación dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación, mediante auto contra el cual no procederá recurso alguno. De encontrarla procedente, en el auto mediante el cual se pronuncie fijará la fecha para la audiencia de escogencia de su reemplazo, en caso de no haber suplente escogido.

(D. 962/2009, art. 17)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el inciso 1º y el inciso final del artículo 2.2.2.11.3.7 por el Decreto 991 de 2018 artículo 9º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.3.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 10 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificados el título, el primer inciso, el numeral 14 y agregado el inciso final al artículo 2.2.2.11.3.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.3.11 por el Decreto 991 de 2018 artículo 12 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 4

Sanciones y cesación de funciones

ART. 2.2.2.11.4.1.—Remoción y sustitución. Habrá lugar a la remoción y consecuente sustitución del auxiliar de la justicia por parte del juez del concurso en aplicación de las facultades otorgadas por los numerales 8º y 9º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, cuando se acredite en el proceso de insolvencia la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos:

1. El incumplimiento grave de sus funciones, deberes u obligaciones.

2. El incumplimiento reiterado de las órdenes del juez cuando este así lo considere.

3. Cuando estando impedido guarde silencio sobre la existencia del impedimento.

4. Haber suministrado información engañosa sobre las calidades profesionales o académicas que la Superintendencia de Sociedades hubiera tenido en cuenta para incluirlo en la lista.

5. Haber hecho uso indebido de información privilegiada.

6. Por acción u omisión, haber incumplido la ley, reglamento o instructivo al que debiera someterse.

7. Haber participado en la celebración de actos encaminados a disponer, gravar o afectar negativamente los bienes que integren el activo patrimonial del insolvente.

8. Haber realizado como liquidador nombramientos o contratos que real o potencialmente afecten negativamente el patrimonio del insolvente o los intereses de los acreedores, o los hubiesen puesto en peligro.

9. No guardar la debida reserva de la información comercial, patentes, procedimientos y procesos industriales.

10. Las demás contempladas en la ley.

El auxiliar de la justicia removido será objeto de exclusión de la lista y tendrá derecho a un pago mínimo como remuneración, el cual corresponderá al monto determinado por el juez del concurso según el avance de las etapas del proceso de reorganización en término de meses, o de las de liquidación judicial y al cual adicionalmente le serán aplicables, las reglas referentes a gastos del proceso, establecidas en este capítulo.

PAR.—También serán removidas las personas jurídicas cuyos designados incurran en las causales previstas en este artículo.

(D. 962/2009, art. 18)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificados los numerales 1º, 3º y 9º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 13 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.4.2.—Cesación de funciones y sustitución. El promotor o liquidador cesará en sus funciones y será sustituido, sin necesidad de trámite incidental, en los siguientes eventos:

1. Por renuncia debidamente aceptada por el juez del concurso, la cual podrá aceptarse, una vez la persona escogida como suplente acepte el cargo.

2. En caso de remoción en un proceso de insolvencia.

3. En caso de muerte, o incapacidad física o mental permanente y tratándose de personas jurídicas entrar en estado de liquidación.

4. Cuando prospere una recusación.

5. Por una causal de impedimento sobreviniente.

6. Renuencia en renovar o constituir las pólizas.

7. Por no renovar la matrícula mercantil.

8. En caso de reemplazo por parte de los acreedores.

(D. 962/2009, art. 19)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.4.3.—Rendición anticipada de cuentas e informe del promotor. El liquidador que sea removido de su cargo o cese en sus funciones, dentro de los cinco (5)

días siguientes a su retiro deberá entregar a quien sea escogido en su reemplazo la totalidad de documentos que tenga en su poder con ocasión del ejercicio del cargo y presentar rendición de cuentas de su gestión, en los términos de la Ley 222 de 1995 artículo 45 y siguientes, so pena de ser sancionado por parte del Juez del concurso con multas en los términos de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse en su contra.

El promotor, al término de su gestión y dentro de los cinco (5) días siguientes a su retiro, entregará la totalidad de documentos que tenga en su poder con ocasión del ejercicio del cargo y un informe correspondiente a su gestión, so pena de ser sancionado por el Juez del concurso con multas en los términos de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse en su contra.

(D. 962/2009, art. 20)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 5

Honorarios y gastos

ART. 2.2.2.11.5.1.—Honorarios del promotor en la insolvencia de grupos de empresas. Cuando en aplicación del artículo 12 de la Ley 1116 de 2006, el juez del concurso designe un solo promotor sus honorarios serán fijados y pagados en un cien por ciento (100%) en relación con el deudor de mayor categoría según el monto de sus activos; en un setenta y cinco por ciento (75%) adicional en relación con el deudor de segunda mayor categoría, según el monto de sus activos, y en un cincuenta por ciento (50%) adicional en relación con el deudor de tercera categoría, según el monto de sus activos y un veinticinco por ciento (25%) por cada uno de los deudores restantes.

(D. 962/2009, art. 21)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.2.—Remuneración del promotor. Los honorarios del promotor serán fijados por el Juez del concurso en la providencia de apertura del proceso, teniendo en cuenta la categoría del deudor sometido al proceso de reorganización.

Para calcular el valor mensual de la remuneración del promotor, el juez del concurso, de acuerdo a las categorías por activos del deudor, le aplicará el porcentaje descrito en la siguiente tabla.

Remuneración mensual

Rango por categoríasActivos en smlmvRangos de fijación de honorarios
A 45.001 en adelante Hasta el 0.2% sin que sea menor a 70 smlmv ni mayor a 80 smlmv.
B Entre 10.001-45.000 Hasta el 0.2% sin que sea menor a 21 smlmv ni mayor a 70 smlmv.
C Hasta 10.000 Hasta el 0.2% sin que sea mayor a 20 smlmv.

En todo caso, el juez del concurso al momento de asignar la remuneración deberá fijarla en proporción del monto total de los activos y respetando los rangos establecidos anteriormente.

El valor total de la remuneración se fijará multiplicando el valor de la remuneración mensual por ocho meses (8) de negociación.

Dichos honorarios se pagarán en tres (3) contados. El primero, correspondiente al diez por ciento (10%) del total de la remuneración fijada, al momento de la firmeza de la escogencia del promotor; el segundo, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total de la remuneración fijada, se pagará en cuotas mensuales iguales a partir de la firmeza de la providencia de aprobación del inventario y la calificación y graduación de créditos y derechos de voto; y, el tercero correspondiente al sesenta por ciento (60%), se pagará una vez confirmado el acuerdo celebrado o, en caso de no presentación o no confirmación del acuerdo, una vez adquiera firmeza la providencia de confirmación del acuerdo de adjudicación o de la adjudicación de los bienes del deudor.

PAR.—Cuando con ocasión de la celebración de la audiencia de incumplimiento el promotor deba actualizar la calificación, graduación y derechos de voto, aquel tendrá derecho a un pago adicional de remuneración, por un solo mes, del equivalente al porcentaje de la remuneración mensual de acuerdo con los rangos por categorías señalada en la tabla de que trata este artículo. Esta remuneración no podrá ser mayor a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 smlmv) ni menor a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 smlmv).

(D. 962/2009, art. 22)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.3.—Porcentaje de remuneración del liquidador según el monto de activos. En ningún caso, la remuneración del liquidador podrá exceder del seis por ciento (6%) del valor de los activos del deudor insolvente, sin ser inferiores a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv) ni superiores a dos mil trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.300 smlmv), conforme a los siguientes rangos:

Remuneración
Rango por CategoríasActivos en smlmvRangos para fijar la remuneración
A 45.001 en adelante Hasta el 6% sin que sea menor a 1.800 ni mayor a 2300 smlmv.
B Entre 10.001-45.000 Hasta el 6% sin que sea menor a 600 ni mayor a 1.800 smlmv.
C Hasta 10.000 Mínimo 20 smlmv hasta el 6% sin que sea mayor a

En todo caso el juez del concurso al momento de asignar la remuneración deberá fijarla en proporción del monto total de los activos y respetando los rangos establecidos anteriormente.

PAR. 1º—El activo del deudor insolvente para efecto del cálculo de los honorarios del liquidador estará compuesto por el valor de venta o de adjudicación de los bienes inventariados, el recaudo de cartera y por el dinero existente.

PAR. 2º—El liquidador que realice operaciones de conservación del activo en los términos del artículo 48 numeral 2º de la Ley 1116 de 2006, para el mantenimiento de la empresa como unidad de explotación económica, si estas implican un acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial o la venta de la empresa como unidad de explotación económica, previa consideración del juez del concurso, tendrá derecho a que se incremente en un diez por ciento (10%) el valor de sus honorarios, siempre y cuando no sea superior al máximo previsto en la ley.

(D. 962/2009, art. 23)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.4.—Fijación y pago de la remuneración del liquidador. Los honorarios del liquidador siempre y cuando el activo del deudor insolvente sea mayor de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv) serán fijados por el juez del concurso, según la tabla de que trata el artículo anterior, y se pagarán así:

Veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv), al vencimiento del término para presentación de los créditos.

Una vez quede ejecutoriada la providencia de aprobación de la calificación y graduación de créditos, se fijará y pagará el cuarenta por ciento (40%) del valor total de los honorarios, fijados con base en el valor del activo valorado, deduciendo los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv) pagados al momento de la presentación de los créditos.

Una vez proferida la providencia que apruebe las cuentas finales, se pagará el sesenta por ciento (60%) del valor total de los honorarios del liquidador, fijados con base en el valor del activo valorado, o el saldo resultante luego de deducir los dos pagos anteriores, En caso de que el liquidador enajene los activos por un valor mayor al del avalúo, se ajustará el valor de los honorarios fijados en la proporción correspondiente.

(D. 962/2009, art. 24)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.5.—Constitución del depósito para pago de honorarios. Cuando la disponibilidad de recursos lo permita, el liquidador de la sociedad procederá a constituir un depósito judicial, a nombre de la sociedad en liquidación y a órdenes del juez del concurso, por el sesenta por ciento (60%) del valor de los honorarios fijados.

Si por carencia total o parcial de liquidez el valor total o parcial de los honorarios debe cancelarse en todo o en parte con activos de la liquidación, el liquidador los incluirá en el acuerdo de adjudicación, o en su defecto el juez del concurso, en la providencia de adjudicación.

De acuerdo con lo anterior, en el balance y en el estado de liquidación de la rendición de cuenta final solo deben quedar pendientes por adjudicar los bienes destinados al pago del saldo de los honorarios del liquidador.

(D. 962/2009, art. 25)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.6.—Honorarios en caso de intervención de varios auxiliares. En caso de que en el proceso de insolvencia hayan intervenido varios auxiliares de la justicia, salvo en los casos de auxiliares removidos cuyos honorarios se sujetan a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.4.1 de este decreto, los honorarios definitivos serán repartidos entre los intervinientes que no hubieren sido removidos, a criterio del juez del concurso, según hubiese sido la gestión adelantada por cada uno y teniendo en cuenta lo dispuesto en este capítulo respecto del pago mínimo como remuneración.

(D. 962/2009, art. 26)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.7.—Subsidio para pago de honorarios de liquidadores y para conservación del archivo. Con el fin de atender el pago de honorarios de los liquidadores y de los gastos para la conservación del archivo de aquellas sociedades en liquidación judicial donde no existan recursos suficientes para atender aquel concepto, la Superintendencia de Sociedades tendrá dentro de su presupuesto de funcionamiento un rubro para este propósito.

Este subsidio se pagará con el dinero proveniente de las contribuciones que sufragan las sociedades sometidas a vigilancia de esa Superintendencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 1116 de 2006.

Este subsidio se pagará así:

PAR. 1º—Se entenderá que una sociedad en liquidación judicial no cuenta con recursos suficientes, cuando el liquidador escogido lo acredite ante la Superintendencia de Sociedades, mediante balance debidamente certificado por el contador, o cuando el juez del concurso al momento de la apertura determine que la empresa tiene activos inferiores a la suma de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv) y un pasivo externo que exceda el monto de sus activos, o, que no excediéndolos, el excedente de activos no sea suficiente para el pago de la remuneración del liquidador y los gastos por conservación del archivo.

PAR. 2º—El subsidio que se reglamenta por el presente capítulo solo se reconocerá en los procesos de liquidación judicial.

PAR. 3º—De la misma forma indicada en los literales de este artículo, se pagará la remuneración al liquidador en caso de que el activo del deudor insolvente, sea mayor o superior a los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv) y menor o igual a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv), hasta igualar el valor mínimo de pago a liquidadores judiciales.

(D. 962/2009, art. 27)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.8.—Pago del subsidio. La Superintendencia de Sociedades procederá a calcular el valor del subsidio con base en el balance presentado por el liquidador, incluyendo lo correspondiente a conservación del archivo y el mismo se pagará en la forma establecida en el presente capítulo.

Los pagos que requerirán de la autorización de la Superintendencia de Sociedades se harán descontando previamente el valor de la conservación del archivo.

(D. 962/2009, art. 28)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.9.—Gastos del proceso de insolvencia. Para efectos de lo establecido en este capítulo, se entenderá por gasto toda erogación que tenga relación directa con el proceso de insolvencia y deba hacerse con ocasión de la observancia de las disposiciones legales tendientes a cumplir los fines del proceso y llevarlo a su finalización.

Los gastos causados con ocasión del ejercicio de las funciones del promotor o liquidador serán a cargo del deudor, e independientes de la remuneración de aquellos.

Bajo ninguna circunstancia la infraestructura técnica o administrativa para el desarrollo de las funciones del promotor o del liquidador será suministrada por el deudor en el proceso de insolvencia, salvo previa autorización del juez del concurso.

Tratándose del proceso de reorganización, el procedimiento a seguir para fijación, reconocimiento y reembolso de gastos será definido por el deudor y el promotor y cualquier discrepancia al respecto, será resuelta por el juez del concurso.

PAR.—Los adjudicatarios en los procesos de insolvencia podrán determinar que los bienes objeto de adjudicación sean entregados por el promotor o liquidador a un fideicomiso administrado por una sociedad fiduciaria, caso en el cual no podrá imputarse gasto alguno al deudor insolvente.

(D. 962/2009, art. 29)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.10.—Gastos deducibles de la remuneración. La utilización excesiva de los recursos del deudor en insolvencia por parte del liquidador será puesta en conocimiento del juez del proceso de liquidación judicial a fin de que este determine si el exceso será deducido total o parcialmente de los honorarios del mencionado auxiliar y si además de lo anterior, hay lugar a su remoción.

Los gastos generados con ocasión de contratos efectuados por el liquidador y objetados por el Juez del concurso en los términos del numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, se deducirán de los honorarios fijados al liquidador.

(D. 962/2009, art. 30)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 6

Determinación del activo y del pasivo garantías

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.6.1.—Activo y pasivo del balance. Para los efectos de la aplicación de los artículos 2.2.2.11.2.7, 2.2.2.11.5.2, 2.2.2.11.5.4, 2.2.2.11.5.7, y 2.2.2.11.6.2 de este decreto, el activo se determinará sin tener en cuenta los siguientes rubros:

1. Crédito mercantil formado.

2. Marcas formadas.

3. Know how.

4. Derechos litigiosos.

5. Good will formado.

6. Activos diferidos.

7. Cartera de más de 360 días de vencida.

8. Cuentas por cobrar a socios no garantizadas, y

9. Valorizaciones en el caso de la liquidación judicial.

Así mismo, para la aplicación de este capítulo, en las cuentas del pasivo se tendrá en cuenta el cien por ciento (100%) del valor del cálculo actuarial amortizado.

(D. 962/2009, art. 31)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.6.2.—Constitución de garantías. El promotor y el liquidador constituirán y presentarán para su aceptación al juez del concurso las siguientes garantías, otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:

1. La que ampare el cumplimiento de las obligaciones legales del promotor o del liquidador como auxiliares de la justicia, cuyo incumplimiento configuran la remoción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.11.4.1 de este decreto; la cual deberá ser constituida y acreditada ante el juez del concurso dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para la recusación o a la notificación del auto que la niegue;

2. La que debe prestar el promotor o liquidador en los términos y condiciones exigidos en los artículos del Código General del Proceso.

El monto de las garantías será fijado por el juez del concurso, en su caso, atendiendo a las características del proceso, la clase de actividad desarrollada por el deudor, su naturaleza jurídica y el monto de sus activos, de conformidad con la metodología que para el efecto señale la Superintendencia de Sociedades.

(D. 962/2009, art. 32)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.7.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 15,

Modificado el parágrafo 1º del artículo 2.2.2.11.7.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 16,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 17,

Modificado el inciso final del literal c) del artículo 2.2.2.11.7.5 por el Decreto 991 de 2018 artículo 18,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 19,

Modificado el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.11.7.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 20,

Adicionados los artículos 2.2.2.11.7.12 y 2.2.2.11.7.13 por el Decreto 991 de 2018 artículo 21,

Modificado el artículo 2.2.2.11.8.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 22,

Modificada la sección 9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 23, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 10

Informes

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.10.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.10.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 11

Informes en los procesos de reorganización

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 12

Informes en los procesos de liquidación judicial

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

CAPÍTULO 12

Los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales pueden acceder al régimen de insolvencia empresarial. Casos en los cuales las fiducias mercantiles quedan excluidas del proceso de liquidación judicial

ART. 2.2.2.12.1.—Patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales, sujetos al régimen de insolvencia. Para los efectos del artículo 2º de la Ley 1116 de 2006, los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales tienen por objeto principal adelantar en forma organizada la administración o custodia de bienes destinados a procesos de producción, transformación, circulación o prestación de servicios.

(D. 1038/2009, art. 1º)

ART. 2.2.2.12.2.—Supuestos de admisión al proceso de reorganización. Los supuestos de admisión al proceso de reorganización de los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, serán respecto de tales patrimonios los consagrados en el artículo 9º y en el numeral 3º del artículo 10 de la Ley 1116 de 2006. Adicionalmente, el negocio fiduciario no debe estar en ninguna de las causales de extinción de que trata el artículo 1240 del Código de Comercio.

PAR.—El acuerdo de reorganización no podrá establecer un plazo de cumplimiento mayor al término del contrato, salvo que se acuerde su prórroga, pero en ningún caso por un término superior al máximo señalado en la ley.

(D. 1038/2009, art. 2º)

ART. 2.2.2.12.3.—Administradores del patrimonio autónomo en insolvencia. Para los efectos de la aplicación de la Ley 1116 de 2006, en los procesos de insolvencia de patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, cuando la ley habla del deudor se entenderá que se refiere al patrimonio autónomo; cuando habla de acreedor interno, se entenderá que se refiere al fideicomitente y cuando habla de administradores, se entenderá que se refiere al fideicomitente o a quien ejerce influencia dominante en sus decisiones, o control sobre el mismo, salvo cuando se haga referencia a las obligaciones formales del fiduciario, en los términos de los artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio y de aquellas normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, en cuyo caso se entenderá que se refiere al vocero del patrimonio autónomo o fiduciario.

(D. 1038/2009, art. 3º)

ART. 2.2.2.12.4.—Inscripción en el registro mercantil de los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales. Para efectos de la admisión de un patrimonio autónomo afecto a actividades empresariales a un proceso de insolvencia, será un requisito de procedibilidad, la inscripción del contrato que le dio origen junto con sus modificaciones en cuanto la clase de contrato, las partes y los bienes fideicomitidos, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fideicomitente, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.

(D. 1038/2009, art. 4º)

ART. 2.2.2.12.5.—Certificación de la inscripción en el registro mercantil de los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales. Con base en la inscripción del patrimonio autónomo de que trata el artículo anterior, las cámaras de comercio expedirán la certificación respectiva, firmada por el secretario o quien haga sus veces, en el formato adoptado para el efecto, el cual deberá contener como mínimo la fecha de inscripción del contrato en el registro mercantil y las partes que lo suscriben.

(D. 1038/2009, art. 5º)

ART. 2.2.2.12.6.—Casos de vinculación con patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. Para los efectos de este decreto, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1116 de 2006, se considera que existe vinculación con un patrimonio autónomo afecto a la realización de actividades empresariales, de quien ejerza influencia dominante en sus decisiones o control sobre el mismo.

(D. 1038/2009, art. 6º)

ART. 2.2.2.12.7.—Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia de los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, los jueces civiles del circuito del domicilio principal de la fiduciaria.

El inicio de los procesos deberá solicitarse ante la Superintendencia de Sociedades, de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un vínculo de subordinación o control sobre el patrimonio autónomo objeto de la insolvencia, quien será la competente para conocer de los procesos de todos los deudores vinculados.<