DECRETO 1079 DE 1996 

(Junio 18)

“Por el cual se adopta el programa de venta de las acciones que la Nación posee en el Banco Popular”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren la Ley 226 de 1995 y el estatuto orgánico del sistema financiero, Decreto 663 de 1993,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargó al fondo de garantías de instituciones financieras el diseño del programa de enajenación de las acciones que la Nación posee en el Banco Popular, consultando los pronunciamientos judiciales que se han proferido sobre el artículo 60 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 226 de 1995;

Que con base en los estudios técnicos correspondientes, que incluyen la valoración contratada por el Banco Popular y auditada por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, éste diseñó un proyecto de programa de enajenación de las acciones que la Nación posee en el Banco Popular;

Que evaluado dicho proyecto de programa de enajenación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue sometido a consideración del consejo de ministros durante su reunión del 18 de junio de 1996, el cual emitió concepto favorable sobre el mismo y lo remitió al gobierno para su aprobación,

DECRETA:

ART. 1º—Aprobación del programa de venta. Apruébase el programa de venta de 5.234.384.742 acciones que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en el Banco Popular, contenido en los artículos 2º y siguientes del presente decreto.

ART. 2º—Decisión de vender. La venta de las acciones que la Nación posee en el Banco Popular se efectuará por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, obrando en nombre y representación de la Nación, conforme a las reglas, condiciones y procedimientos previstos en este decreto.

ART. 3º—Etapas en las cuales se desarrollará el proceso de enajenación de las acciones. La venta de las acciones a que se refiere el artículo 1º del presente decreto se desarrollará en las siguientes etapas:

1. Primera etapa, en desarrollo de la cual se ofrecerá la totalidad de las acciones indicadas en el artículo 1º del presente decreto a los destinatarios de las condiciones especiales de que trata la Ley 226 de 1995. Son destinatarios de las condiciones especiales los trabajadores activos y pensionados del Banco Popular así como de la sociedad fiduciaria, del almacén general de depósito, de la sociedad comisionista de bolsa y de la compañía de financiamiento comercial en cuyos capitales participa en forma mayoritaria el Banco Popular; los ex trabajadores de las mencionadas entidades, siempre y cuando que no hayan sido desvinculados por justa causa por parte del patrono; las asociaciones de empleados o de ex empleados del Banco Popular; los sindicatos de trabajadores; las federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión; los fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa.

2. Segunda etapa, en desarrollo de la cual se ofrecerán las acciones que no sean adquiridas por los destinatarios de la oferta a que se refiere el numeral anterior, a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

3. Tercera etapa, que tendrá lugar cuando, surtidas la primera y segunda etapas antes mencionadas, quede un remanente por vender igual o inferior al 15% de las acciones objeto del programa de enajenación. En este evento, las acciones restantes continuarán ofreciéndose al público en general hasta culminar la venta.

ART. 4º—Condiciones especiales encaminadas a facilitar el acceso a la propiedad accionaria del Banco Popular. Las condiciones especiales para el acceso a la propiedad accionaria del Banco Popular por parte de los destinatarios de la oferta pública a que se refiere el numeral 1º del artículo 3º del presente decreto son las siguientes:

1. Se les ofrecerá en primer lugar y de manera exclusiva la totalidad de las acciones indicadas en el artículo 1º de este decreto.

2. Cada acción tendrá un precio fijo de $ 60.60. Este precio tendrá la misma vigencia que el de la mencionada oferta pública, siempre y cuando que durante la misma no se presenten interrupciones; en caso contrario, o transcurrido el plazo de la oferta, el gobierno podrá ajustar el precio fijo antes indicado, para lo cual tendrá en cuenta los parámetros indicados en la Ley 226 de 1995.

3. La oferta pública sólo se realizará cuando una o varias instituciones financieras establezcan líneas de crédito por su cuenta y riesgo que impliquen, en su conjunto, financiación disponible no inferior al 10% del valor de las acciones objeto del presente programa de enajenación.

Dichas líneas de crédito se establecerán conforme a las disposiciones legales, dentro del monto y los requisitos que determine cada entidad y contarán con las siguientes características:

a) El plazo de amortización no será inferior a cinco (5) años;

b) La tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones especiales no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del otorgamiento del crédito;

c) El período de gracia a capital no podrá ser inferior a un (1) año. Los intereses causados durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, junto con las cuotas de amortización a capital, y

d) Serán admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, será el precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas.

4. Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar el valor de las cesantías que tengan acumuladas, en la compra de acciones.

ART. 5º—Requisitos para la compra de acciones por parte de los destinatarios de las condiciones especiales. Para adquirir acciones en los términos del artículo anterior, las personas a que se refiere el numeral 1º del artículo 3º del presente decreto deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ninguna persona natural obligada a presentar declaración de renta, podrá adquirir acciones por un monto superior a tres veces el valor del patrimonio bruto que acredite según la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1994 o al de 1995, si ya presentó esta última.

2. Las personas naturales no obligadas a presentar declaración de renta podrán adquirir acciones hasta por un monto máximo igual a tres veces los ingresos que figuren en el último certificado de ingresos y retenciones, o en la última declaración de ingresos que acredite, según el caso.

3. En todo caso, los funcionarios que ocupen cargos de nivel directivo en el Banco Popular, en la sociedad fiduciaria, en el almacén general de depósito, en la sociedad comisionista de bolsa y en la compañía de financiamiento comercial en cuyos capitales participa en forma mayoritaria el Banco Popular, sólo podrán adquirir acciones por un valor máximo de cinco (5) veces su remuneración anual.

4. Cualquier aceptación de compra de acciones por un monto superior a los previstos en los numerales anteriores, si cumple las demás condiciones establecidas en el presente decreto y las que en desarrollo del mismo establezca el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, se entenderá presentada, en cada caso, por las cantidades máximas indicadas en dichos numerales.

5. Por el solo hecho de presentar una aceptación de compra se entenderá que el comitente comprador, sea persona natural o jurídica, acepta no transferir la propiedad de las acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de compra de las mismas y que si decide enajenarlas a cualquier título antes de ese plazo, pagará al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, por cada acción, la diferencia entre el precio de adquisición de las acciones y el precio por acción más alto al cual se negocie, en una sola operación, por lo menos el 0.3% de las acciones, ambos precios ajustados mensualmente por el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, ajuste que se aplicará desde la fecha de compra hasta el día en que se presente solicitud de despignoración de las acciones, bien sea que la negociación del 0.3% o más se efectúe en el martillo de que trata el artículo 11 del presente decreto o en una operación posterior al martillo y anterior a la fecha de la solicitud de despignoración.

Para garantizar el pago de la sanción a que se refiere este numeral, el comprador deberá pignorar las acciones a favor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en las condiciones que establezca tal entidad.

PAR. 1º—El monto a pagar por el comprador que decida transferir la propiedad de las acciones antes del plazo de los dos años establecido en este artículo, se reducirá mensual y sucesivamente a partir del décimo tercer (13) mes posterior a la fecha de compra, en un porcentaje igual a 8.3% mensual durante los meses 13 a 23 y en un 8.7% en el vigésimo cuarto (24) mes, y desaparecerá a partir del vencimiento del plazo de dos (2) años antes indicado.

PAR. 2º—En cualquier evento en que no se produzca la diferencia de precio señalada en este numeral o en que tal diferencia sea negativa, quien decida vender antes del plazo de los dos años, pagará al fondo una sanción equivalente al 1% por cada mes o proporcionalmente por fracción de mes que falte para completar los dos años antes establecidos, liquidada sobre el precio de compra de las acciones.

ART. 6º—Procedimiento de venta de las acciones referidas en el numeral 1º del artículo 3º. El fondo de garantías de instituciones financieras ofrecerá las acciones a que se refiere el numeral 1º del artículo 3º del presente decreto a través de oferta pública en las bolsas de valores del país, la cual tendrá una vigencia de dos (2) meses.

ART. 7º—Adjudicación de las acciones referidas en el numeral 1º del artículo 3º. En la adjudicación de las acciones a que se refiere el numeral 1º del artículo 3º del presente decreto se seguirán las siguientes reglas:

1. Sólo se tendrán en cuenta las aceptaciones de compra que cumplan las condiciones establecidas en este decreto y en los reglamentos que se expidan conforme al mismo, que se presenten en el plazo, forma y condiciones que señale el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

2. Si el conjunto de las aceptaciones de compra es inferior o igual a la cantidad de acciones objeto del presente programa, a cada interesado se le adjudicará una cantidad de acciones igual a la demandada, dentro de los límites señalados en el artículo 5º de este decreto.

3. Si el conjunto de las aceptaciones de compra sobrepasa la cantidad de acciones objeto del presente programa, la adjudicación se hará a prorrata en forma directamente proporcional a las cantidades demandadas.

En la respectiva aceptación, los aceptantes podrán admitir o no reducción de la cantidad de acciones demandada. En caso de guardar silencio se entenderá, para todos los efectos, que aceptan la reducción por cualquier cantidad de acciones.

ART. 8º—Precio de las acciones referidas en el numeral 2º del artículo 3º. Las acciones que no sean adquiridas en la primera etapa del proceso de enajenación tendrán un precio mínimo por acción igual al indicado en el numeral 2º del artículo 4º del presente decreto, siempre y cuando que no hayan transcurrido treinta (30) días calendario entre la fecha en la cual expire la vigencia de la oferta referida en el artículo 6º de este decreto y la fecha de publicación del primer aviso del martillo a que se refiere el artículo 11 del mismo. En caso contrario, el precio indicado se ajustará mensualmente por una tasa equivalente al índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

El ajuste señalado se hará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en la cual se cumpla el término de treinta (30) días calendario arriba mencionado y hasta el último día del mes anterior a aquél dentro del cual se publique el primer aviso del martillo a que se refiere el artículo 11 del presente decreto.

ART. 9º—Condiciones para la venta de acciones a las personas indicadas en el numeral 2º del artículo 3º. Con el propósito de maximizar los ingresos producto de la venta de acciones con miras a la salvaguarda del patrimonio del Estado, el fondo de garantías de instituciones financieras podrá condicionar la realización de la etapa de venta a la cual se refiere el numeral 2º del artículo 3º del presente decreto a la existencia de compromisos y de garantías adecuadas otorgados por las personas naturales o jurídicas interesadas en comprar acciones no adquiridas por los destinatarios de las condiciones especiales.

ART. 10.—Requisitos para la compra de acciones por parte de las personas indicadas en el numeral 2º del artículo 3º. Las ofertas de compra de acciones a que se refiere el numeral 2º del artículo 3º del presente decreto deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Garantía de seriedad de la oferta, a entera satisfacción del fondo, que respaldará el total de las sumas que el adjudicatario debe pagar, no inferior al 40% del valor de las acciones demandadas tomando como precio de las mismas el precio base.

2. Las ofertas se presentarán en las condiciones que indique el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en coordinación con las bolsas de valores establecidas en el país.

3. El fondo de garantías de instituciones financieras señalará los demás requisitos y condiciones que deben cumplir las ofertas de compra.

ART. 11.—Procedimiento de venta de las acciones referidas en el numeral 2º del artículo 3º. Las acciones a que se refiere el numeral 2º del artículo 3º del presente decreto se venderán por conducto de una o varias operaciones de martillo en las bolsas de valores del país.

ART. 12.—Adjudicación de las acciones a que se refiere el numeral 2º del artículo 3º. La adjudicación de las acciones a que se refiere el numeral 2º del artículo 3º del presente decreto se hará de conformidad con los requisitos de funcionamiento de los martillos de las bolsas de valores y las reglas para su operación fijadas por la Superintendencia de Valores.

ART. 13.—Forma de pago del precio. El precio de compra de las acciones a que se refiere el presente decreto se pagará de contado de acuerdo con lo que establezca el reglamento del martillo, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las personas a que se refiere el numeral 1º del artículo 3º de obtener préstamo para el pago de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º del presente decreto.

El precio de compra de las acciones también podrá pagarse a plazo no mayor de treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente a la fecha de adjudicación de las mismas, siempre y cuando que el adjudicatario otorgue las garantías que se hayan establecido para operaciones a plazo en los reglamentos de las bolsas de valores.

PAR.—Además de lo dispuesto en normas relativas a la adquisición de acciones de empresas públicas, no serán admisibles en pago bienes distintos de dinero efectivo o cheque.

ART. 14.—Responsables de las ofertas. Las sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores responderán ante el fondo de garantías de instituciones financieras por la seriedad y el cumplimiento de las aceptaciones de compra y ofertas de compra que se presenten en desarrollo de lo previsto en el presente decreto.

Las sociedades comisionistas deberán verificar el cumplimiento de lo previsto en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 5º del presente decreto. Las bolsas de valores deberán conservar la documentación relacionada con las ofertas de compra y las aceptaciones de compra.

ART. 15.—Autorización al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. El fondo señalará los plazos, aspectos operativos y procedimentales adicionales de las aceptaciones de compra y ofertas de compra, que permitan llevar a cabo el programa de venta definido en este decreto. Con tal fin elaborará y tendrá a disposición de los interesados, en los términos que señale, entre otros, los cuadernos de venta dirigidos a los posibles inversionistas de las etapas del programa, los instructivos operativos que se requieran y divulgará, en coordinación con las bolsas de valores y mediante periódicos de amplia circulación, los términos y condiciones a que haya lugar.

ART. 16.—Aprobación previa de la Superintendencia Bancaria. Con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 305 del estatuto orgánico del sistema financiero, las personas que pretendan adquirir directa o indirectamente un porcentaje igual o superior al 5% de las acciones del Banco Popular, deberán solicitar previamente autorización a la Superintendencia Bancaria. La misma regla se aplicará a aquellas negociaciones en las cuales los potenciales adquirentes sean accionistas del banco y deseen incrementar su participación accionaria al 5% o más del capital social o elevar en cualquier proporción la participación que ya posean por encima del límite antes señalado.

ART. 17.—Precio mínimo de venta de las acciones referidas en el numeral 3º del artículo 3º. El precio de venta de las acciones referidas en el numeral 3º del artículo 3º, no será inferior al indicado en el numeral 2º del artículo 4º del presente decreto, ajustado mensualmente por una tasa equivalente al índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

El ajuste señalado se hará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en la cual expire la vigencia de la oferta mencionada en el artículo 6º de este decreto y hasta el último día del mes anterior a aquél dentro del cual vaya a tener lugar la venta de las acciones referidas en el presente artículo.

ART. 18.—Procedimiento de venta de las acciones referidas en el numeral 3º del artículo 3º. Para la venta de las acciones a que se refiere el numeral 3º del artículo 3º del presente decreto, se utilizará cualquiera de los mecanismos previstos en las disposiciones legales que aseguren amplia publicidad, libre concurrencia y transparencia del proceso.

ART. 19.—Divulgación del programa. El fondo de garantías de instituciones financieras hará conocer ampliamente la decisión del gobierno de vender las acciones objeto del programa aquí contenido para lo cual, directamente o a través de firmas especializadas, podrá realizar actividades de promoción dirigidas a los posibles inversionistas destinatarios de las ofertas que se realicen en desarrollo de las etapas previstas en el artículo 3º del presente decreto.

ART. 20.—En el proceso de venta de las acciones objeto del presente programa, sólo se aplicarán los derechos de preferencia contenidos en la Ley 226 de 1995.

ART. 21.—A las operaciones de oferta y venta que se hagan en virtud de lo dispuesto por el presente decreto, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 15 y 16 del Decreto 2915 de 1990 y en el inciso 2º del artículo 303 del estatuto orgánico del sistema financiero.

La persona natural o jurídica que sin tener la condición prevista en el numeral 1º del artículo 3º de este decreto, presente aceptación de compra de las acciones en las condiciones señaladas para tales personas, responderá ante el fondo de garantías de instituciones financieras y ante terceros por todos los perjuicios que cause con su conducta.

ART. 22.—Cobertura por contingencias pasivas. Dentro de las condiciones que establezca el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, éste podrá asumir las sumas que se deriven para el Banco Popular y para las sociedades Valores del Popular, Almacenadora Popular, Fiduciaria Popular y Leasing Popular, como consecuencia de pasivos ocultos o de condenas judiciales derivadas de procesos ordinarios de naturaleza civil, comercial o laboral, así como los administrativos, originados todos ellos en actos o hechos anteriores a la fecha de venta de las acciones, dentro de los siguientes términos:

1. El fondo de garantías de instituciones financieras podrá asumir hasta el ochenta por ciento (80%) de las sumas que representen pasivos ocultos o condenas judiciales en la fecha en que se establezca en concreto el monto de la respectiva obligación. El Banco Popular, Valores del Popular, Almacenadora Popular, Fiduciaria Popular o Leasing Popular, según sea el caso, asumirán la diferencia.

El porcentaje arriba indicado podrá incrementarse cuando el monto acumulado a los valores que deban ser asumidos por el Banco Popular, Valores del Popular, Almacenadora Popular, Fiduciaria Popular y Leasing Popular, supere la cantidad de cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000).

2. La cobertura se reducirá en el monto de las provisiones, pagos o cualquier otro acto o hecho realizado por el Banco Popular o por las sociedades antes indicadas, que implique la reducción del monto del pasivo oculto o condena judicial respectiva, o de los seguros que los amparen, en las condiciones que indique el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

3. Toda consecuencia adversa al Banco Popular o a las mencionadas sociedades, que se origine hasta por culpa leve de la respectiva entidad en el manejo que pueda darle a los casos cubiertos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, eximirá a éste de responsabilidad.

4. El fondo de garantías de instituciones financieras podrá cubrir las contingencias judiciales conocidas actualmente o que se presenten contra el Banco Popular, Valores del Popular, Almacenadora Popular, Fiduciaria Popular y Leasing Popular, dentro de los cinco (5) años inmediatamente siguientes a la fecha de venta de las acciones, en la forma en que sea definida por el fondo.

5. El fondo de garantías de instituciones financieras podrá establecer condiciones adicionales de garantía y divulgará los términos del contrato que con tal fin celebre con el Banco Popular y las sociedades antes mencionadas.

6. La exigibilidad de la garantía por contingencias podrá subordinarse a la existencia de un fallo judicial o de una transacción o conciliación, en la forma y condiciones que establezca el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

7. La Nación y el fondo de garantías de instituciones financieras convendrán los términos y condiciones en los cuales aquélla reembolsará a éste el monto de las contingencias atendidas, sin que ello implique obligación alguna de la Nación frente al Banco Popular o a las sociedades antes señaladas.

El contrato de garantía de contingencias pasivas que para efectos de lo previsto en el presente artículo celebren el fondo de garantías de instituciones financieras y el Banco Popular y las mencionadas sociedades, sólo producirá efectos a partir de la fecha en la cual por lo menos 2.861.052.007 acciones objeto del programa contenido en este decreto hayan sido enajenadas.

ART. 23.—El solo hecho de presentar aceptación de compra u oferta de compra de acciones del Banco Popular se entenderá como afirmación formal de que el proponente acepta y comparte incondicionalmente los términos y condiciones de la cobertura de contingencias a que se refiere el artículo anterior y las que establezca el fondo de garantías de instituciones financieras sobre los diferentes aspectos de la venta.

ART. 24.—Derechos y bienes excluidos de la venta. Los derechos que el Banco Popular posee sobre fundaciones, obras de arte y bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural, no están incluidos en la venta. Tales derechos y bienes serán transferidos por el Banco Popular a favor de la Nación o de la entidad pública de carácter nacional que autorice el gobierno, según el convenio que para tal efecto celebre.

ART. 25.—Perfeccionamiento de la compraventa. La compraventa de las acciones objeto del presente programa se entenderá perfeccionada con la adjudicación de las acciones que realicen la bolsa o las bolsas de valores encargadas, sin perjuicio de la suscripción de los instrumentos que el fondo de garantías de instituciones financieras considere necesarios para documentar las operaciones.

ART. 26.—Vigencia del programa de enajenación. La vigencia del programa de enajenación contenido en el presente decreto se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1996. En todo caso, el gobierno podrá prorrogar la vigencia de dicho programa por un período máximo de un (1) año contado a partir de la fecha antes indicada.

ART. 27.—Este decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 18 de junio de 1996.

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