DECRETO 1155 DE 1999 

(Junio 29)

“Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 numeral 7º de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998,

(Nota: Declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

DECRETA:

TÍTULO I

De la Fiscalía General de la Nación y de los principios que la rigen

CAPÍTULO PRIMERO

De la Fiscalía General de la Nación

ART. 1º—Integración y competencia. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal, sin perjuicio del control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República. Está integrada por el Fiscal General de la Nación quien la dirige, el Vicefiscal General de la Nación, los fiscales delegados y empleados de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

Son delegados del Fiscal General de la Nación:

1. El Vicefiscal General de la Nación.

2. El Director Nacional de Fiscalías.

3. Los directores seccionales de fiscalías.

4. Los fiscales de las unidades de fiscalía.

5. Los fiscales delegados especiales.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 2º—Ejercicio de la función jurisdiccional. El Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal General de la Nación y los fiscales delegados ante las distintas jerarquías del orden penal, ejercen las funciones jurisdiccionales que determine la ley.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 3º—Función básica. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación de oficio, mediante denuncia o querella, por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de funcionario público, investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En cumplimiento de esta función, corresponde a la Fiscalía General de la Nación:

1. Asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento.

2. Si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

3. Dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial adelantadas directamente por la Fiscalía General, por otros entes públicos establecidos por la Constitución o las leyes o por aquellos facultados transitoriamente por el Fiscal General de la Nación para el ejercicio de estas funciones.

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

5. Cumplir las demás funciones que le establezca la ley.

PAR.—La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asistan. En consecuencia, no podrá negarse a responder sus alegatos y peticiones ni a decretar aquellas pruebas que solicite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO SEGUNDO

De los principios

ART. 4º—Principios. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación actuar con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico.

En cumplimiento de las funciones jurisdiccionales, le son aplicables a la Fiscalía los principios de la administración de justicia de que trata la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia, la ley estatutaria de la administración de justicia y las demás normas con fuerza de ley.

La Fiscalía General de la Nación ejerce sus funciones administrativas conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeta en todo caso a los principios de legalidad e imparcialidad.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

TÍTULO II

De la estructura, unidad y dependencia jerárquica

CAPÍTULO PRIMERO

De la estructura orgánica

ART. 5º—Para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la Fiscalía General de la Nación tiene la siguiente estructura:

1. Estructura interna.

1.1. Despacho del Fiscal General

1.1.1. Dirección de asuntos internacionales

1.1.2. Oficina de planeación

1.1.3. Oficina jurídica

1.2. Despacho del Vicefiscal General

1.2.1. Oficina de divulgación y prensa

1.2.2. Oficina de control interno

1.3. Despacho del secretario general

1.3.1. Oficina de personal

1.4. Dirección Nacional de Fiscalías

1.4.1. Direcciones seccionales de fiscalías

1.4.2. Unidades delegadas de fiscalías

1.5. Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación

1.5.1. Direcciones seccionales del cuerpo técnico de investigación

1.5.2. Escuela de investigación criminal y de criminalística

1.6. Dirección nacional administrativa y financiera

1.6.1. Direcciones seccionales administrativas y financieras

2. Entidades adscritas.

2.1. Establecimientos públicos.

2.1.1. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

PAR.—La estructura podrá ser desarrollada por el Fiscal General de la Nación con sujeción a los principios y reglas que les defina la ley, para lograr un equilibrio racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos en las diferentes áreas. Para ello se tendrá en cuenta entre otros criterios, el de racionalización del gasto, eficiencia y fortalecimiento de la gestión administrativa y judicial y el mejoramiento en la prestación del servicio.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 6º—Las funciones de la Fiscalía General se realizan a través de las unidades delegadas de fiscalías, a nivel nacional, seccional y local, salvo que el Fiscal General o los directores de fiscalías destaquen un fiscal especial para casos particulares.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 7º—Las unidades delegadas de fiscalías tienen competencia nacional. Funcionan bajo la jefatura directa de la dirección a la cual están adscritas; en ellas habrá un fiscal a quien se le asigne la función de jefe de unidad o coordinador de unidad y una secretaría. El número de fiscales y demás cargos de cada unidad, así como sus sedes de operación, son determinados por el Fiscal General de la Nación de conformidad en el presente decreto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 8º—Las unidades delegadas de fiscalías del nivel nacional, están adscritas al despacho del Fiscal General de la Nación o a la Dirección Nacional de Fiscalías, según lo determine el fiscal general.

Las unidades delegadas de fiscalías del nivel seccional y del nivel local, están adscritas a las direcciones seccionales de fiscalías.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 9º—Corresponde al Fiscal General de la Nación crear, suprimir, fusionar y modificar en su número y localización las unidades nacionales de fiscalías; las direcciones seccionales de fiscalías y sus unidades adscritas; las direcciones seccionales del cuerpo técnico de investigación y sus unidades adscritas y las direcciones seccionales administrativas y financieras, de acuerdo con las necesidades del servicio y del inciso segundo artículo 30 de la Ley 270 de 1996.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO SEGUNDO

De la unidad y dependencia jerárquica

ART. 10.—Los fiscales delegados actuarán siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del fiscal general, sin perjuicio de la autonomía en sus decisiones judiciales.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 11.—Para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, corresponde al Fiscal General de la Nación, los directores de fiscalías y los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes o coordinadores de unidad:

1. Dirimir los conflictos de competencia entre las unidades de fiscalías bajo su autoridad y las de sus inferiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

2. Efectuar el seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones adelantadas por las distintas unidades de fiscalías y fiscales y cambiar su asignación cuando lo estime necesario, en orden a una pronta y cumplida administración de justicia.

3. Ejercer la facultad disciplinaria en los términos establecidos en la ley.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 12.—Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los directores de fiscalías, a los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes o coordinadores de unidad y demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General, por otros cuerpos de policía judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

TÍTULO III

Del régimen de competencias

CAPÍTULO PRIMERO

Del Fiscal General de la Nación

ART. 13.—Funciones. El Fiscal General de la Nación tiene la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público así como frente a los particulares y además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales:

1. Expedir reglamentos, órdenes, circulares y los manuales de organización y procedimientos conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de Nación.

2. Designar al vicefiscal, al Director Nacional de Fiscalías, a los directores seccionales de fiscalías y a los fiscales de las unidades como fiscales delegados especiales cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad y complejidad del asunto lo requiera.

3. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal, directamente o a través de sus delegados.

4. Ser vocero y responsable por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad.

5. Asumir las investigaciones y acusaciones que ordena la Constitución y aquellas que en razón de su naturaleza, ameriten su atención personal.

6. Dirigir el intercambio de la información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior.

7. Expedir los manuales de procedimientos administrativos y de normas técnicas a que se deben someter los funcionarios de la Fiscalía General y de quienes cumplen funciones de policía judicial.

8. Asignar la planta de personal a cada una de las dependencias de la Fiscalía, y modificarla cuando lo considere necesario.

9. Desarrollar y reglamentar en lo no previsto la estructura orgánica de la Fiscalía, con sujeción a los principios y reglas generales del presente decreto.

10. Diseñar e implementar un sistema de control interno que permita conocer y evaluar oportunamente la gestión de la Fiscalía General de la Nación y de sus servidores.

11. Comisionar a servidores de la Fiscalía General de la Nación en otras entidades oficiales, en desarrollo de las investigaciones que así lo ameriten.

12. Representar a la Nación - Fiscalía General, en los procesos judiciales, para lo cual podrá constituir apoderados especiales.

13. Suscribir, como representante legal de la Fiscalía General, los actos y contratos requeridos para el buen funcionamiento de la misma.

14. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.

15. Aprobar el anteproyecto del plan de desarrollo de la Fiscalía y enviarlo al Consejo Superior de la Judicatura para que sea consolidado con el plan de la rama judicial.

16. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y enviarlo al Consejo Superior de la Judicatura para que sea consolidado con el presupuesto de la rama judicial.

17. Efectuar los traslados presupuestales dentro de las unidades ejecutoras de la Fiscalía General y solicitar al gobierno las adiciones que considere pertinentes de conformidad con las normas generales de presupuesto.

18. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con la nomenclatura de empleos y la escala de salarios establecida.

En ejercicio de estas atribuciones, el Fiscal General no podrá crear con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

19. Establecer el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos de la Fiscalía.

20. Ejercer control de tutela sobre los establecimientos públicos adscritos a la Fiscalía General de la Nación y designar sus directores.

21. Nombrar, remover y definir las situaciones administrativas del director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

22. Determinar la representación de la Fiscalía General de la Nación en la junta de inteligencia nacional, JIN, y demás organismos que se ocupen de estos asuntos, en los que ella sea parte.

23. Las demás funciones que le señale la ley.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 14.—Delegación. El Fiscal General de la Nación podrá delegar en los servidores de la Fiscalía las funciones que convengan al mejor cumplimiento de los objetivos de la entidad. Vigilará el desarrollo de la delegación y reasumirá las facultades delegadas cuando lo considere necesario.

En los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 270 de 1996, las funciones previstas en el numeral segundo del artículo 251 de la Constitución Política sólo podrá delegarlas en los directores nacionales y seccionales de la Fiscalía.

PAR.—En su condición de nominador el Fiscal General de la Nación podrá delegar la facultad de expedir y suscribir los actos administrativos relacionados con la aceptación de renuncias; la vacancia por abandono del cargo; el retiro por pensión de jubilación o invalidez absoluta, muerte o retiro forzoso motivado por la edad. Así mismo podrá delegar el conferir las situaciones administrativas, los movimientos de personal y la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a servidores de la Fiscalía por autoridad competente.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO SEGUNDO

De las dependencias adscritas al despacho del Fiscal General de la Nación

ART. 15.—Dirección de asuntos internacionales. La dirección de asuntos internacionales tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al Fiscal General en la definición de la política y diseño de los mecanismos relativos al intercambio de pruebas e información requerida por otros países u organismos internacionales y por la justicia colombiana.

2. Atender los requerimientos de las autoridades competentes en materia de cooperación judicial en lo relativo al control de la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial recíproca, con miras a lograr la aplicación unificada de los instrumentos vigentes.

3. Canalizar y sistematizar la información sobre las investigaciones referentes a violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y, atender oportunamente los requerimientos formulados por organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales.

4. Difundir ante instancias internacionales las funciones de la Fiscalía General de la Nación y la política criminal en el ámbito de la prevención y represión de los delitos de carácter transnacional.

5. Gestionar en coordinación con el despacho del Vicefiscal General de la Nación, la cooperación técnica internacional con los distintos gobiernos y agencias internacionales interesadas en el desarrollo de los programas que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

6. Adelantar a instancias del Fiscal General de la Nación los trámites administrativos que en materia de extradición se requieran.

7. Impulsar el fortalecimiento de las relaciones de la Fiscalía General con las autoridades judiciales y entidades homólogas de otros países y hacer seguimiento a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en las áreas de competencia de la Fiscalía.

8. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 16.—Oficina de planeación. La oficina de planeación tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al Fiscal General en la planeación y programación de las actividades inherentes al desarrollo actual y futuro de la Fiscalía General.

2. Coordinar la preparación, diseño y presentación del plan de desarrollo de la Fiscalía General y el proyecto anual de presupuesto y vigilar su cumplimiento programático, teniendo en cuenta la adecuada y eficiente administración de los recursos y bienes de la entidad.

3 Llevar a cabo el diseño de los procedimientos de evaluación y seguimiento de la gestión de la Fiscalía General de la Nación, así como de sus planes de desarrollo.

4. Realizar estudios sobre asignación de funciones, distribución de cargas de trabajo, planta de personal, escala salarial y en general sobre todo lo relacionado con el desarrollo organizacional de la entidad en coordinación con las respectivas dependencias.

Estructurar los proyectos de inversión y efectuar su presentación ante los organismos competentes.

6. Elaborar e impulsar programas de mejoramiento institucional, estructura orgánica, racionalización de procesos y procedimientos de la Fiscalía, así como validar y recomendar su implantación.

7. Recolectar, registrar, analizar y difundir la información requerida como soporte para la formulación de la política criminal.

8. Generar y consolidar procesos de planeación y cultura organizacional en la entidad.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 17.—Oficina jurídica. La oficina jurídica tiene las siguientes funciones:

1. Representar a la Fiscalía General de la Nación mediante poder conferido por el Fiscal General o por quien éste delegue en los procesos en que sea parte la entidad.

2. Asesorar al Fiscal General en el análisis y emisión de conceptos referidos a los aspectos jurídicos propios de la entidad o a aquellos que, siendo externos, la afecten.

3. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General en los distintos niveles territoriales en asuntos jurídicos de carácter administrativo.

4. Adelantar las gestiones de cobro por jurisdicción coactiva.

5. Asesorar al Fiscal General o al ordenador del gasto en el cumplimiento de las sentencias y conciliaciones.

6. Asesorar al Fiscal General de la Nación en los aspectos de carácter disciplinario que sean de su competencia de conformidad con la ley.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO TERCERO

Del Vicefiscal General y sus dependencias

ART. 18.—El Vicefiscal General de la Nación tiene las siguientes funciones:

1. Representar Fiscal General de la Nación en todas las actuaciones en las que haya sido delegado por él.

2. Reemplazar, al Fiscal General en sus ausencias temporales.

3. Coordinar bajo la dirección del Fiscal General de la Nación, el intercambio de información y de pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior.

4. Actuar como fiscal delegado especial, en aquellos procesos o actuaciones judiciales que directamente le asigne el Fiscal General de la Nación.

5. Asesorar al Fiscal General en la formulación de las políticas de la entidad.

6. Coordinar con la dirección de asuntos internacionales la cooperación técnica internacional con los distintos gobiernos y agencias internacionales interesadas en el desarrollo de los programas que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

7. Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias que conforman su despacho.

8. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal General de la Nación y que guarden relación con la naturaleza de su cargo.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 19.—Oficina de divulgación y prensa. La oficina de divulgación y prensa tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al Fiscal General en la definición de la política referida a la divulgación de información de interés público, o de interés de los servidores de la Fiscalía General.

2. Organizar sistemas de divulgación que permitan mantener informados de manera veraz y oportuna, al público en general y a los servidores de la Fiscalía, sobre las actividades que ésta realice.

3. Contribuir a la proyección de la buena imagen de la institución.

4. Asesorar a las diferentes dependencias de la institución en la elaboración de impresos, publicaciones y documentos que deban ser divulgados por la entidad.

5. Organizar con los diferentes medios de comunicación, las entrevistas y temas a tratar por parte de los servidores autorizados, para emitir declaraciones, informes o comunicados de prensa.

5(sic). Las demás funciones que sean asignadas por el Fiscal General de la Nación o el Vicefiscal General de la Nación y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 20.—Oficina de control interno. La oficina de control interno tiene las siguientes funciones:

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno en la Fiscalía General de la Nación y velar para que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

2. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Fiscalía General de la Nación, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.

3. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Fiscalía General de la Nación y recomendar los ajustes necesarios.

4. Servir de apoyo a los directivos de la Fiscalía General de la Nación en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.

5. Fomentar en toda la Fiscalía General de la Nación la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

6. Mantener permanentemente informados a los directivos de la Fiscalía General de la Nación acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

7. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.

8. Vigilar que la atención a las quejas y reclamos que formulen los ciudadanos, relacionadas con el cumplimiento de la función de la entidad, se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la secretaría general un informe semestral sobre el particular.

9. Planificar y ejecutar visitas a las unidades de fiscalías y de cuerpo técnico de investigación, para tramitar las quejas y reclamos, con el fin de verificar que las investigaciones o procesos se adelanten conforme a los principios constitucionales y legales, sin que se le pueda oponer reserva alguna.

10. Las demás que le asigne el Fiscal General de la Nación, o el secretario general y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO CUARTO

Del secretario general y sus dependencias

ART. 21.—El secretario general tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al Fiscal General de la Nación en la formulación de las políticas administrativas de la entidad.

2. Representar al Fiscal General de la Nación cuando éste lo delegue, en los asuntos que no sean de carácter judicial.

3. Notificar o comunicar en los términos legales y reglamentarios los actos administrativos que expidan el Fiscal General, y el vicefiscal cuando a ello hubiere lugar.

4. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos de los actos administrativos que expidan el Fiscal General y el vicefiscal, mientras reposen en la secretaría general.

5. Asesorar al Fiscal General en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal y las actividades de bienestar social.

6. Participar, en coordinación con las direcciones nacionales, en la elaboración del plan de capacitación de la Fiscalía General de la Nación.

7. Coordinar la capacitación de los servidores de la entidad y para ello contará con el apoyo logístico de la escuela de investigación criminal y de criminalística y de las dependencias internas que pudieren desarrollar módulos académicos.

8. Coordinar y evaluar los planes y programas que desarrolle el fondo de vivienda y bienestar social de la Fiscalía General de la Nación, en beneficio de sus servidores.

9. Dirigir las actividades de personal y las desarrolladas por el fondo de vivienda y bienestar social de la entidad, actuando para ello como superior administrativo de los directores seccionales administrativos y financieros.

10. Coordinar la recepción, trámite y decisión de las quejas y reclamos por violaciones a la Constitución o a la ley, en las investigaciones o procesos que adelanten los servidores de la Fiscalía en cualquiera de sus áreas.

11. Expedir copias auténticas de los documentos que reposen en la secretaría general.

12. Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias que conforman la secretaría general.

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 22.—Oficina de personal. La oficina de personal tiene las siguientes funciones:

1. Asistir al secretario general en el estudio y evaluación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal.

2. Ejecutar las actividades de administración de personal en desarrollo de la política que se establezca para ello.

3. Coordinar las actividades de capacitación de los servidores del área de su competencia; así como las referidas a la carrera de la Fiscalía, nómina y prestaciones sociales y demás relacionadas con la gestión administrativa de personal.

4. Llevar el registro y control de los documentos que se tramitan en personal velando por que se tenga una información oportuna y veraz en cuanto a hojas de vida, nómina, salarios, novedades y prestaciones.

5. Tramitar todo lo relacionado con situaciones administrativas y movimientos de personal.

6. Tramitar el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho los servidores de la entidad.

7. Apoyar en todos los aspectos relacionados con la administración y desarrollo de personal, a las direcciones seccionales administrativas y financieras.

8. Preparar para la firma del competente los proyectos de actos administrativos relacionados con las funciones a su cargo.

9. Notificar o comunicar en los términos legales y reglamentarios los actos administrativos que expida el secretario general.

10. Las demás que le asigne el Fiscal General de la Nación o el secretario general y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO QUINTO

De la Dirección Nacional de Fiscalías y sus dependencias

ART. 23.—Dirección Nacional de Fiscalías. La Dirección Nacional de Fiscalías tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al Fiscal General de la Nación en la formulación de políticas referidas a las funciones de investigación y acusación y, una vez definidas, velar por su adecuado cumplimiento.

2. Asesorar a las direcciones seccionales y unidades de fiscalías, en todo lo pertinente a sus funciones de investigación y acusación.

3. Dirigir, coordinar, asignar y controlar las actividades de investigación y acusación adelantadas por las unidades de fiscalías adscritas.

4. Velar por que las actuaciones asociadas con el cumplimiento de las funciones de investigación y acusación se adelanten de conformidad con la Constitución, la ley, los reglamentos establecidos y las políticas del Fiscal General.

5. Asignar el trámite, a través de sus unidades de fiscalías adscritas, de las apelaciones y consultas contra las decisiones tomadas por las unidades de fiscalías adscritas a las direcciones seccionales.

6. Dirigir la obtención de la información estadística acerca de las investigaciones y acusaciones adelantadas por la Fiscalía General, procesarla y realizar las evaluaciones pertinentes.

7. Adelantar el seguimiento a la gestión de las unidades de fiscalías y tomar las medidas necesarias para su efectivo funcionamiento.

8. Asesorar al Fiscal General de la Nación en la definición de políticas de protección y asistencia para servidores de la Fiscalía, víctimas, testigos e intervinientes en los procesos penales. Una vez aprobadas, coordinar con los organismos de seguridad su aplicación.

9. Participar, en coordinación con la secretaría general y las otras direcciones nacionales en la elaboración del plan integral de capacitación de la Fiscalía General de la Nación.

10. Coordinar con la Dirección Nacional de Cuerpo Técnico de Investigación y la dirección nacional administrativa y financiera, las acciones tendientes al desarrollo eficaz de la función de investigación en la Fiscalía General de la Nación.

11. Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias que conforman la Dirección Nacional de Fiscalías.

12. Las demás funciones que sean asignadas por el Fiscal General y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 24.—Las unidades de fiscalías del nivel nacional, adscritas a la Dirección Nacional de Fiscalías tienen las siguientes funciones:

1. Adelantar las investigaciones y presentar las acusaciones de los presuntos infractores de la ley penal, que sean de su conocimiento en el ámbito de su competencia.

2. Dirigir, coordinar, asignar y controlar el desarrollo de las funciones de investigación adelantadas por las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y de policía judicial que intervengan en ellas.

3. Actuar ante las autoridades judiciales que determine la ley.

4. Resolver los recursos de apelación y de hecho interpuestos contra las decisiones proferidas en primera instancia por las unidades de fiscalías adscritas a las direcciones seccionales, y las consultas de estas mismas providencias cuando hubiere lugar a ello.

5. Expedir, a través de los fiscales que las conforman, órdenes de captura, allanamiento, intervención de comunicaciones, registro de correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes a la investigación de los hechos punibles, de conformidad con la ley.

6. Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General o el Director Nacional de Fiscalías y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 25.—Direcciones seccionales. Las direcciones seccionales de fiscalías tienen las siguientes funciones:

1. Dirigir, coordinar, asignar y controlar las actividades de investigación y acusación adelantadas por las unidades de fiscalía adscritas.

2. Velar por que las actuaciones asociadas con el cumplimiento de las funciones de investigación y acusación se adelanten de conformidad con la Constitución, la ley, los reglamentos establecidos y las políticas del Fiscal General.

3. Adelantar, por intermedio de las unidades de fiscalías adscritas, las actividades inherentes a la investigación y acusación de los presuntos infractores de la ley penal.

4. Tramitar, a través de las unidades seccionales de fiscalías adscritas, las apelaciones y consultas contra las decisiones tomadas por las unidades locales de fiscalías.

5. Coordinar con la dirección seccional del cuerpo técnico de investigación y con la dirección seccional administrativa y financiera, las acciones tendientes al desarrollo efectivo de la función de investigación.

6. Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General o el Director Nacional de Fiscalías y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 26.—Las unidades de fiscalías adscritas a las direcciones seccionales de la fiscalía tienen las siguientes funciones:

1. Adelantar las investigaciones y presentar las acusaciones de los presuntos infractores de la ley penal, que sean de su conocimiento en el ámbito de su competencia.

2. Dirigir, coordinar, asignar y controlar el desarrollo de las funciones de investigación adelantadas por las unidades del cuerpo técnico de investigación y de policía judicial que intervengan en ellas.

3. Actuar ante los tribunales superiores de distrito judicial, jueces penales del circuito y jueces penales y promiscuos municipales, en los procesos que conozcan estas corporaciones y despachos.

4. Expedir, a través de los fiscales que las conforman, órdenes de captura, allanamiento, intervención de comunicaciones, registro de correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes a la investigación de los hechos punibles, de conformidad con la ley.

5. Rendir los informes que les sean solicitados, relacionados con sus actividades.

6. Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General, el Director Nacional de Fiscalías o el director seccional de fiscalías y que guarden relación con su naturaleza.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO SEXTO

De la policía judicial

ART. 27.—Dirección, coordinación y control de policía judicial. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria, directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.

La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor.

El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones de policía judicial al servidor que omita el cumplimiento de tales órdenes, directrices, orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la Fiscalía, el fiscal que dirija la investigación lo pondrá a disposición de su nominador quien iniciará el proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de las demás investigaciones a que haya lugar.

PAR.—Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de policía judicial de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la Constitución Política.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 28.—Consejo Nacional de Policía Judicial. El Consejo Nacional de Policía Judicial está conformado por el Fiscal General de la Nación, quien lo preside, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Director General de la Policía Nacional, el director del Departamento Administrativo de Seguridad y al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 29.—El Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación actuará como secretario del consejo.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 30.—Corresponde al Fiscal General de la Nación regular el funcionamiento del Consejo Nacional de Policía Judicial.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 31.—El Consejo Nacional de Policía Judicial tiene las siguientes funciones:

1. Con base en la política diseñada por el Estado, analizar las necesidades globales de recursos humanos, técnicos, físicos y financieros requeridos para una eficaz y eficiente investigación e identificación de los responsables de los delitos, y establecer los compromisos que en este sentido deberán asumir las distintas entidades que lo conforman.

2. Analizar periódicamente el desarrollo de las estrategias trazadas para las distintas entidades con funciones de policía judicial para solucionar los problemas de coordinación que puedan surgir entre ellas.

3. Asesorar a la Fiscalía General de la Nación en el establecimiento de normas, sistemas, métodos y procedimientos que deberán seguir las distintas entidades con funciones de policía judicial para el desarrollo de sus objetivos.

4. Asesorar al Fiscal General de la Nación en la definición de competencias y responsabilidades asignadas a las diferentes entidades que conforman el Consejo Nacional de Policía Judicial, buscando el aprovechamiento de las ventajas comparativas que cada entidad tenga y la eliminación de las duplicidades y vacíos del sistema considerado como un todo.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 32.—Las entidades que tengan atribuciones de policía judicial ejercen las siguientes funciones:

1. Recibir las denuncias o querellas de los delitos dentro del ámbito de su competencia y adelantar las diligencias preliminares.

2. Realizar las investigaciones de los delitos de acuerdo con el régimen de su competencia. Las actuaciones adelantadas tendrán valor probatorio y se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

3. Adelantar, con estricta sujeción a las normas y al respeto de los derechos humanos, todas las actividades inherentes a la investigación de los hechos punibles que les correspondan.

4. Solicitar a las unidades de fiscalías y dar cumplimiento, de conformidad con las normas vigentes, las órdenes de captura, allanamiento, intervención telefónica, registro de correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes, requeridas en las investigaciones de los hechos delictuosos que adelanten.

5. Presentar informes y exposiciones. Se entenderá por informe de policía judicial únicamente aquellos que versen sobre labores de inteligencia o versiones recopiladas de entrevistas con informantes. Las exposiciones versarán sobre las pruebas, diligencias y demás actuaciones realizadas en las etapas de investigación previa, instrucción y juzgamiento.

6. Las demás funciones que sean asignadas por la Ley, en los términos que ella señale o por el Fiscal General de la Nación y que guarden relación con la naturaleza de la función.

PAR. 1º—Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes del trámite judicial y bajo la dirección y control del jefe inmediato, llevar a cabo labores de inteligencia, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible.

PAR. 2º—Exposiciones en las etapas de investigación previa, de instrucción y de juzgamiento. La policía judicial realizará exposiciones orates o escritas sobre las diligencias, actuaciones adelantadas y sus resultados, que serán apreciadas por los funcionarios judiciales.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del cuerpo técnico de investigación y sus dependencias

ART. 33.—Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. La Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al fiscal general en la definición de políticas y estrategias asociadas con las funciones de policía judicial, en particular en los temas de investigación criminal y en la administración de la información técnica y judicial que sea útil para la investigación penal.

2. Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las funciones de policía judicial de la Fiscalía.

3. Organizar y controlar el cumplimiento de las políticas y estrategias de investigación y la administración de la información útil para la investigación penal en el cuerpo técnico de investigación, en los distintos niveles territoriales de la Fiscalía General.

4. Coordinar con la Dirección Nacional de Fiscalías y con la Dirección Nacional Administrativa y Financiera, las acciones tendientes al desarrollo eficaz de la función de investigación de la Fiscalía General de la Nación.

5. Coordinar con otros organismos que ejerzan funciones de policía judicial, bajo la dirección del Fiscal General, la definición e implementación de mecanismos operativos que racionalicen y eviten la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones, dentro de los lineamientos fijados por el Consejo Nacional de Policía Judicial.

6. Llevar el control estadístico sobre los aspectos relativos al desarrollo de las investigaciones adelantadas por las dependencias del cuerpo técnico de investigación en todos los niveles territoriales de la Fiscalía General de la Nación.

7. Establecer mecanismos que permitan la utilización oportuna de información técnica por parte de las unidades del cuerpo técnico de investigación y laboratorios de la Fiscalía General de la Nación.

8. Organizar y coordinar con los organismos de seguridad del Estado y la Dirección Nacional de Fiscalías, bajo la dirección del Fiscal General la protección y asistencia de víctimas, testigos e intervinientes en los procesos que sean de su conocimiento.

9. Participar, en coordinación con la secretaría general y las otras direcciones nacionales, en la elaboración del plan integral de capacitación de la Fiscalía General de la Nación.

10. Adelantar las acciones necesarias para organizar e implementar laboratorios de investigación científica, destinados a promover asesoría especializada en servicios forenses y de genética requeridos por la Fiscalía General de la Nación.

11. Organizar la prestación de servicios médico legales en los casos en que no sea posible la intervención del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

12. Dirigir y organizar asuntos técnicos y operativos relacionados con las labores de programación, recolección, procesamiento y difusión de la información útil para apoyar estrategias asociadas con las investigaciones penales.

13. Promover el intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad del Estado, para la programación y el desarrollo de operaciones contra la delincuencia.

14. Asesorar al Fiscal General de la Nación en el diseño y planeación de estrategias y procedimientos en materia de seguridad y de comunicaciones requeridos en los distintos niveles territoriales de la Fiscalía General de la Nación.

15. En coordinación con la dirección de asuntos internacionales establecer el intercambio de información con los enlaces de policía o de investigación de gobiernos extranjeros.

16. Promover y dirigir programas de formación, capacitación y actualización en técnicas de investigación criminal y ciencias forenses para los servidores de la Fiscalía General de la Nación y las demás que tengan que ver con el mejoramiento continuo en el servicio de policía judicial.

17. Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias que conforman la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico.

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 34.—El director nacional, los directores seccionales, los jefes de división, los jefes de unidad de policía judicial, los profesionales y demás personal técnico, científico forense, investigador y operativo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, cumplirán funciones de policía judicial y sus actuaciones tendrán efectos probatorios.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 35.—Escuela de Investigación Criminal y de Criminalística. La Escuela de Investigación Criminal y de Criminalística, tiene las siguientes funciones:

1. Definir y desarrollar programas de enseñanza en técnicas de investigación criminal, para la actualización de los servidores del cuerpo técnico y de los fiscales.

2. Promover, desarrollar y divulgar investigaciones científicas y técnicas para mejorar los métodos y procedimientos de investigación penal y el ejercicio de la función acusatoria.

3. Coordinar con las entidades que adelanten funciones de policía judicial, que posean escuelas o academias de capacitación, la realización de eventos conjuntos de capacitación y actualización y el intercambio de información, dirigidos a mejorar el nivel de competencia de los servidores del cuerpo técnico de investigación y fiscales.

4. Prestar apoyo logístico a la secretaría general para adelantar la capacitación de los servidores de la Fiscalía en lo de su competencia.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación o el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 36.—Direcciones seccionales. Las direcciones seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación tienen las siguientes funciones:

1. Organizar el adecuado desarrollo de las funciones del Cuerpo Técnico de Investigación a nivel seccional.

2. Adelantar a través de las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación adscritas a la dirección seccional, las investigaciones de los delitos de competencia de la dirección seccional de fiscalías y responder por su desarrollo.

3. Velar por que el Cuerpo Técnico de Investigación y las unidades de policía judicial cumplan con el Código de Procedimiento Penal y normas pertinentes.

4. En coordinación con el director seccional de fiscalías, adelantar actividades con los representantes de organismos distintos a la Fiscalía General con funciones de policía judicial, del nivel seccional, para el desarrollo de las investigaciones.

5. Efectuar el seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones adelantadas por las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación adscritas.

6. Prestar los servicios de criminalística requeridos en el desarrollo de las investigaciones o procesos de competencia de la dirección seccional de fiscalías.

7. Organizar en coordinación con la dirección seccional de fiscalías y con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, la protección de víctimas, testigos e intervinientes en los procesos que sean de su conocimiento.

8. Coordinar con la dirección seccional de fiscalías y con la dirección seccional administrativa y financiera, las acciones tendientes al desarrollo efectivo de la función de investigación.

9. Asistir, en representación de la Fiscalía General de la Nación, a los comités, juntas, sesiones y demás reuniones interinstitucionales en su respectivo departamento, que tengan que ver con el ejercicio de la función de policía judicial o relacionadas con la investigación penal.

10 Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General de la Nación o por el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO OCTAVO

De la dirección nacional administrativa y financiera y sus dependencias

ART. 37.—Dirección Nacional Administrativa y Financiera. La Dirección Nacional Administrativa y Financiera tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar al Fiscal General de la Nación en la formulación de las políticas para la administración de los recursos físicos, informáticos y financieros, y, administrar tales recursos.

2. Dirigir y controlar los procesos administrativos, informáticos y financieros de la entidad en todos los niveles.

3. Elaborar los estudios administrativos, informáticos, económicos y financieros requeridos por la entidad.

4. Organizar y ejecutar las actividades referidas al desarrollo informático de la Fiscalía General y velar por el óptimo uso de los servicios computacionales.

5. Elaborar en coordinación con la oficina de planeación el presupuesto general de la Fiscalía, dirigir su ejecución y efectuar su seguimiento y control.

6. Dirigir y controlar las actividades y procesos relativos a la contratación y a las adquisiciones de la entidad.

7. Reconocer y ordenar gastos y pagos, conforme a la delegación que para tal efecto le otorgue el Fiscal General de la Nación.

8. Elaborar el plan de compras de la Fiscalía General de la Nación y velar por su adecuado cumplimiento.

9. Evaluar y ejercer el seguimiento y control a la gestión realizada por las direcciones seccionales administrativas y financieras.

10. Ejecutar las actividades inherentes a la gestión documental en la entidad.

11. Orientar y controlar la administración de las sedes de la Fiscalía General.

12. Responder por la organización operativa y el control de las actividades relacionadas con la administración de los bienes patrimoniales y de aquellos bienes puestos a disposición de la entidad, y garantizar su conservación.

13. Coordinar con la Dirección Nacional de Fiscalías y con la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, las acciones tendientes al desarrollo eficaz de la función de investigación de la Fiscalía General de la Nación.

14. Participar, en coordinación con la secretaría general y las otras direcciones nacionales, en la elaboración del plan integral de capacitación de la Fiscalía General de la Nación.

15. Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias que conforman la dirección nacional administrativa y financiera.

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 38.—Direcciones seccionales. Las direcciones seccionales administrativas y financieras tienen las siguientes funciones:

1 Administrar los recursos físicos, informáticos y financieros requeridos por las distintas dependencias que se encuentren en su ámbito de competencia.

2. Elaborar el plan de compras correspondiente a su ámbito de competencia y velar por su adecuado cumplimiento.

3. Coordinar, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con la administración de personal.

4. Consolidar y evaluar la información contable, presupuestal y de tesorería, de su competencia.

5. Responder por la organización operativa y control de las actividades relacionadas con la administración de los bienes de propiedad de la Fiscalía General o puestos a su disposición.

6. Organizar y controlar las actividades necesarias para garantizar la conservación, buen uso y oportuno aseguramiento de los bienes que por cualquier motivo estén a disposición de la entidad.

7. Ordenar la prestación de los servicios, los reconocimientos y los gastos requeridos, de acuerdo con la delegación que para tal efecto les otorgue el Fiscal General de la Nación.

8. Coordinar con la dirección seccional de fiscalías y con la dirección seccional del cuerpo técnico, las acciones tendientes al desarrollo efectivo de la función de investigación.

9. Las demás funciones que sean asignadas por el Fiscal General, o el Director Nacional Administrativo y Financiero y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO NOVENO

Del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

SECCIÓN PRIMERA

De la naturaleza y funciones básicas

ART. 39.—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra integrado a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional adscrito a la misma, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 40.—El sistema único de medicina legal y ciencias forenses en todo el territorio nacional, es organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 41.—La misión fundamental del instituto es prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 42.—En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones:

1. Organizar y dirigir el sistema único de medicina legal y ciencias forenses y controlar su funcionamiento, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

2. Prestar en forma oportuna los servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los fiscales, jueces, policía judicial y demás autoridades competentes de todo el territorio nacional.

3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra periciales y sociales en el área de la medicina legal y las ciencias forenses.

4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes.

5. Definir las normas técnicas que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.

6. Servir, en asocio de los laboratorios forenses de la Fiscalía General de la Nación de órgano de verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado.

7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses.

8. Coordinar y adelantar con el Ministerio de Educación, el Icfes, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, las universidades y demás entidades del sector educativo, la promoción, programación y ejecución de investigaciones científicas, programas de posgrado y eventos educativos en el área de la medicina legal y ciencias forenses.

9. Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo de las prácticas forenses y demás información del instituto considerada de interés para la comunidad en general.

10. Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de algunas actividades periciales y controlar su ejecución.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN SEGUNDA

De la estructura y funciones específicas

ART. 43.—Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la siguiente organización básica:

1. Junta directiva.

2. Dirección general del instituto.

2.1 Control interno.

2.2 Oficina de planeación

2.3 Oficina jurídica.

3. Secretaría general

3.1 Oficina de personal

4. Subdirección de investigación científica.

5. Subdirección de servicios forenses.

6. Subdirección administrativa y financiera.

7. Direcciones seccionales.

7.1 Unidades locales.

PAR.—En la ciudad sede de cada dirección seccional de fiscalía habrá una dirección seccional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 44.—La junta directiva del instituto estará conformada por el Fiscal General de la Nación o el vicefiscal quien la presidirá, los ministros de justicia y del derecho y salud o sus delegados, el Procurador General de la Nación o su delegado, el presidente o vicepresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de Asociación de Facultades de Medicina y el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación.

Actuará como secretario de la junta el secretario general del instituto. A la junta directiva pertenecerá el director general del instituto quien participará con voz pero sin voto.

PAR.—La junta directiva deberá reunirse por lo menos una vez al mes, sin perjuicio de que el director o el Fiscal General la puedan convocar en forma extraordinaria cuando así se requiera.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 45.—Son funciones de la junta directiva:

1. Formular las políticas, estrategias y planes generales del instituto.

2. Aprobar el presupuesto de gastos e inversiones conforme a las disposiciones legales establecidas por este decreto y en el estatuto orgánico de presupuesto.

3. Crear reservas y fondos especiales y reglamentar su inversión, destinación y administración.

4. Señalar las competencias de la secretaría general, de las oficinas jurídica, de planeación, de personal y la estructura interna del instituto en lo no previsto en este decreto, dentro de los lineamientos consignados en él, previo proyecto presentado por el director general.

5. Organizar y expedir el reglamento sobre prestación de servicios a particulares y fijar las tarifas correspondientes.

6. Aprobar la solicitud para la modificación de la planta de personal del instituto y las reformas que sean requeridas para su adecuado funcionamiento.

7. Expedir su propio reglamento.

8. Aprobar el reglamento general de servicios y los manuales técnicos y científicos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del instituto.

9. Adoptar el manual de funciones de los empleados del instituto.

10. Examinar los balances y los informes financieros rendidos por el director general e impartirles su aprobación.

11. Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de la misión del instituto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 46.—Además de ser el representante legal del establecimiento público y de procurar el cumplimiento de las funciones señaladas en el presente decreto para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el director general debe desarrollar las siguientes:

1. Planear, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las orientaciones de la junta directiva.

2. Planear, organizar y dirigir los servicios periciales en materia de medicina legal y ciencias forenses que requieran la administración de justicia y demás autoridades competentes en todo el territorio nacional.

3. Dirigir y coordinar la administración de los recursos humanos, físicos, técnicos, económicos y financieros del instituto.

4. Proyectar el desarrollo de la institución, así como formular los planes programas y estrategias para el desarrollo de sus diferentes áreas, de acuerdo con las orientaciones de la junta directiva.

5. Formular e implantar un sistema de control de gestión que le permita conocer la situación de la institución y el resultado de la administración de la misma.

6. Nombrar, remover y definir las situaciones administrativas de los servidores del instituto.

7. Presentar a la junta directiva el presupuesto anual de gastos e inversiones y demás informes económico-financieros que se requieran.

8. Informar a la junta directiva sobre el desarrollo de los planes y programas del instituto.

9. Suscribir como representante legal del instituto los actos y contratos que sean requeridos para el desarrollo de sus actividades.

10. Delegar en los servidores del instituto aquellas funciones que convengan al mejor funcionamiento de la entidad.

11. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo o que le asigne la ley o la junta directiva.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 47.—Para ser director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se requiere título profesional y acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en medicina legal o ciencias forenses, preferiblemente con experiencia administrativa.

PAR.—El director general será nombrado por el Fiscal General de la Nación.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 48.—La oficina de control interno tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar a la dirección general en el establecimiento de políticas, estrategias, normas y procedimientos de control para evaluar el desarrollo de las actividades administrativas y financieras del instituto y, una vez definidos, velar por su estricto cumplimiento.

2. Planear y programar, en coordinación con las subdirecciones, la ejecución del proceso de control de gestión del instituto.

3. Coordinar con la división de métodos y sistemas la conformación y actualización del sistema de información requerido para el control de gestión de la institución.

4. Identificar y establecer, con participación de las diferentes dependencias, los indicadores de gestión para las distintas áreas del instituto.

5. Ejercer el control y la vigilancia de gestión y resultados de las funciones que desarrollan todas las dependencias y funcionarios de la entidad.

6. Las demás funciones asignadas por el director general que sean compatibles con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 49.—La secretaría general tiene las siguientes funciones como secretaría de la junta directiva del instituto:

1. Servir de enlace entre la junta directiva, la dirección general y las demás dependencias del instituto.

2. Organizar y preparar las reuniones de junta directiva, redactar y autenticar las actas correspondientes.

3. Custodiar los originales de las resoluciones, convenios y demás actos administrativos de la junta directiva y la dirección general.

4. Rendir los informes que le sean solicitados por la junta directiva y el director general.

5. Velar por el cumplimiento de las normas legales en desarrollo de las actividades administrativas del instituto.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por la junta directiva del instituto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 50.—La subdirección de investigación científica tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar a la dirección general en la formulación de planes, políticas y estrategias en las áreas de investigación, desarrollo y normalización de medicina legal.

2. Planear, dirigir y coordinar con la Fiscalía General de la Nación la realización de investigaciones en el campo forense, que lleven a la identificación de nuevas técnicas y procedimientos.

3. Fijar pautas para la realización de las peritaciones médico-legales y forenses e implantar normas para su permanente mejoramiento tanto al interior del instituto, como por las personas naturales o jurídicas que transitoriamente ejerzan estas funciones y controlar su cumplimiento, lo cual hará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

4. Establecer y mantener contacto con las instituciones y autoridades de educación superior del país, con el fin de acordar programas de formación, capacitación, actualización y especialización en el área de la medicina legal y ciencias forenses.

5. Dirigir y desarrollar los proyectos de adquisición e instalación de los equipos especializados que el instituto requiera en materia de investigación científica, con sujeción a las normas que regulen el fomento de dicha investigación y el desarrollo tecnológico.

6. Organizar y controlar el manejo, actualización y divulgación de la información documentación técnica y científica del instituto.

7. Las demás funciones asignadas por el director general que sean compatibles con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 51.—La subdirección de servicios forenses tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar a la dirección general en la formulación de planes, políticas y estrategias en la prestación de servicios médico-legales y forenses del instituto.

2. Dirigir la implantación de las políticas y estrategias del instituto para la prestación oportuna de los servicios médico-legales y forenses requeridos por la administración de justicia.

3. Adelantar a través de sus dependencias las actividades periciales requeridas por los jueces o fiscales.

4. Prestar asesoría científica y técnica a la administración de justicia en aspectos médico-legales y forenses.

5. Controlar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación la calidad y el desarrollo de las actividades periciales del instituto y demás entidades que realicen temporalmente funciones de medicina legal y ciencias forenses.

6. Definir e implantar pautas para la racionalización del servicio médico-legal y forense en los diferentes niveles territoriales del instituto.

7. Las demás funciones asignadas por el director general que sean compatibles con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 52.—La subdirección administrativa y financiera tiene las siguientes funciones:

1. Asesorar a la dirección general en la formulación e implantación de los planes, políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos y financieros del instituto.

2. Dirigir y coordinar a nivel nacional el desarrollo de las actividades administrativas y financieras del instituto.

3. Dirigir, coordinar y controlar a nivel nacional todas las actividades asociadas con la administración y el desarrollo de los recursos humanos del instituto.

4. Evaluar la gestión de las operaciones administrativas y financieras en los diferentes niveles territoriales del instituto e identificar y proponer recomendaciones que lleven a su optimización.

5. Dirigir y coordinar la ejecución de estudios económicos y financieros requeridos por el instituto.

6. Coordinar la elaboración del presupuesto de la entidad y controlar su ejecución.

7. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la adquisición y contratación de servicios generales.

8. Responder por el registro y control de la información contable del instituto.

9. Las demás funciones asignadas por el director general que sean compatibles con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 53.—Las direcciones seccionales tienen las siguientes funciones

1. Prestar en forma eficiente y eficaz los servicios médico-legales y forenses que sean solicitados por los fiscales, jueces y la policía judicial de la sección respectiva.

2. Prestar asesoría científica a la administración de justicia y demás entidades oficiales de la seccional sobre medicina legal y ciencias forenses cuando éstas la demanden.

3. Administrar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros de la dirección seccional.

4. Ejecutar en coordinación con las oficinas centrales los cursos de formación y actualización y la realización de eventos académicos en el área de la medicina legal.

5. Prestar el apoyo administrativo requerido por las dependencias de la seccional.

6. Efectuar el control de gestión de la dirección seccional y, como parte de éste, registrar y supervisar la ejecución presupuestal.

7. Presentar informes periódicos o solicitados por las instancias superiores del instituto.

8. Las demás funciones asignadas por el director general que sean compatibles con la naturaleza de la dependencia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 54.—Las unidades locales, adscritas a las direcciones seccionales desarrollarán las actividades técnicas de medicina legal, con el apoyo administrativo y la asesoría técnica de la dirección seccional a la cual pertenezcan.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

TÍTULO IV

Régimen especial de carrera

CAPÍTULO PRIMERO

De los niveles de cargos.

ART. 55.—Como instrumento que permite determinar los requisitos y condiciones de remuneración, los empleos de la Fiscalía General de la Nación, se clasifican de la siguiente manera:

1. Nivel directivo

2. Nivel asesor

3. Nivel ejecutivo

4. Nivel profesional

5. Nivel técnico

6. Nivel auxiliar

7. Nivel asistencial

PAR.—La clasificación por niveles, tipifica la naturaleza general de las funciones y el grado de responsabilidad y autoridad de los diferentes empleos.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 56.—El nivel directivo comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección, coordinación, determinación de políticas, planes y programas que se dirijan al desarrollo de la Fiscalía.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 57.—El nivel asesor comprende los empleos a los que corresponde asistir, dictaminar y aconsejar directamente al nivel directivo. También le corresponde controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas, adoptados por la Fiscalía.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 58.—El nivel ejecutivo agrupa los empleos cuyas funciones comprende la ejecución, coordinación, supervisión y control de las actividades de las diferentes dependencias de la Fiscalía.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 59.—El nivel profesional agrupa los empleos a los que corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 60.—El nivel técnico cubre los empleos a los cuales corresponde el desarrollo de funciones que requieren un nivel de preparación técnica especializada, y que prestan apoyo en la ejecución de tareas de esa naturaleza.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 61.—El nivel auxiliar cubre los empleos a los cuales les corresponde la ejecución de funciones complementarias o auxiliares.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 62.—El nivel asistencial agrupa los empleos que prestan colaboración y apoyo no especializado.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 63.—El régimen prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación es el establecido por la ley para la rama judicial en lo que les sea aplicable.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

CAPÍTULO SEGUNDO

Del régimen de carrera

SECCIÓN PRIMERA

Naturaleza de los empleos

ART. 64.—La carrera de la Fiscalía tiene por objeto la profesionalización y eficiencia en la prestación del servicio, así como garantizar la igualdad de las condiciones para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de los funcionarios y empleados, con base en sus méritos.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 65.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 los empleos de la Fiscalía se clasifican, según su naturaleza y forma como deben ser provistos, en de libre nombramiento y remoción y de carrera. Son de libre nombramiento y remoción:

1. Vicefiscal General de la Nación.

2. Secretario general.

3. Directores nacionales.

4. Directores seccionales.

5. Los empleos adscritos a los despachos del Fiscal General, del vicefiscal y de la secretaría general.

6. Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Los demás cargos son de carrera y deberán proveerse mediante el sistema de méritos, a través del proceso de selección.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN SEGUNDA

De la administración de la carrera

ART. 66.—La Fiscalía General de la Nación tiene su propio régimen de carrera, el cual es administrado en forma autónoma, sujeta a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios.

Su administración corresponde a la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General, conformada por el Fiscal General o el Vicefiscal General quien la presidirá, el secretario general, el Director Nacional Administrativo y Financiero, un representante de los funcionarios y un representante de los empleados, elegidos por éstos según el procedimiento de elección que fije el Fiscal General de la Nación. El jefe de la oficina de personal actuará como secretario, de la comisión con voz y sin voto.

La comisión expedirá su propio reglamento.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN TERCERA

Del proceso de selección

ART. 67.—El proceso de selección comprende la convocatoria, las pruebas y el período de prueba, cuando este último fuere necesario. Todo proceso de selección será público y abierto; en consecuencia, podrán participar quienes pertenecen a la carrera o personas ajenas a ella.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 68.—La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo proceso de selección, y se divulgará conforme lo establezca el reglamento que expida la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 69.—La convocatoria se hará en forma periódica a fin de garantizar la conformación de listas de elegibles para la provisión de las eventuales vacantes, en cualquier especialidad y nivel.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 70.—Las pruebas tienen como finalidad apreciar la capacidad, la idoneidad y las aptitudes del aspirante mediante la valoración objetiva y ponderada de los conocimientos, títulos y estudios académicos, experiencia profesional y habilidades para el cargo, de conformidad con el reglamento que expida la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 71.—Con base en los resultados del proceso de selección se conformará una lista de elegibles con los aspirantes que hayan aprobado el mismo, en estricto orden de mérito.

La provisión de los empleos será efectuada con quien ocupe el primer puesto en dicha lista y en estricto orden descendente.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN CUARTA

De la provisión de cargos

ART. 72.—El aspirante escogido a través del proceso de selección será nombrado en período de prueba por el término de tres (3) meses; finalizado dicho período, se le calificarán sus servicios para evaluar su eficiencia, adaptación y condiciones para el desempeño del cargo. Obtenida calificación satisfactoria, deberá ser nombrado en propiedad y escalafonado dentro de la carrera.

En el evento de que la calificación sea insatisfactoria, deberá ser retirado del servicio.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 73.—El ascenso es una forma de provisión de los cargos de carrera vacantes definitivamente, mediante el sistema de concurso de méritos, con funcionarios o empleados inscritos en la carrera. En este caso no habrá lugar a período de prueba.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 74.—Hay encargo cuando se designa temporalmente un servidor para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. Cuando se trata de vacancia temporal el encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y en el caso de vacancia definitiva hasta por el término que dure el proceso de selección, vencido el cual el empleo deberá ser provisto conforme a las normas de ingreso al servicio previstas en este estatuto.

Al vencimiento del encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 75.—Cuando por ausencia del titular del cargo no se genere vacancia temporal o definitiva, se podrán asignar las funciones del cargo a otro servidor.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 76.—La Fiscalía General brindará la inducción al nuevo funcionario nombrado para que tenga conocimiento de la institución y de los derechos, deberes y garantías que adquiere.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 77.—La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante proceso de selección no obstante, en caso de vacancia definitiva de éste y hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante el proceso de selección, podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término de seis (6) meses.

En todo caso de vacancia definitiva, deberá convocarse el concurso antes de efectuar el nombramiento provisional.

Igualmente procede la provisionalidad en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo o la misma sea superior a un (1) mes.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN QUINTA

De la vigencia de la lista de elegibles

ART. 78.—Las personas que conformen la lista para la provisión de cargos y que no fueren nombradas, permanecerán en ella como elegibles por el lapso de (2) años.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 79.—Mientras existan listas de elegibles vigentes no se podrá realizar proceso de selección para proveer los cargos, para los cuales se conformaron aquéllas. La provisión de éstos deberá realizarse con las personas que figuren en las mismas.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN SEXTA

De la calificación de servicios

ART. 80.—La calificación de servicios tiene como finalidad verificar que los servidores de la Fiscalía mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifiquen el ingreso en propiedad, la permanencia, y el ascenso.

La calificación de servicios determinará también el retiro del servicio y de la carrera.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 81.—Corresponde al superior inmediato calificar los servicios de sus subalternos, de conformidad con el sistema e instrumentos establecidos por la comisión nacional de administración de la carrera.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 82.—La calificación de servicios se realizará anualmente a todos los servidores de carrera.

No obstante si durante este período el jefe del organismo recibe información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un funcionario o empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios en forma inmediata.

Entre la última calificación anual y la extraordinaria ordenada por el jefe del organismo deberán transcurrir por lo menos tres (3) meses.

PAR.—También deberán ser calificados los funcionarios y empleados que cambien de empleo que implique el cambio del superior inmediato.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 83.—La calificación de servicios será la resultante de un control permanente del funcionario y empleado y comprenderá la calidad del trabajo, la cantidad de la producción y el comportamiento laboral.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 84.—La calificación deberá ser notificada al evaluado, quien podrá interponer los recursos de ley, para que se modifique, aclare o revoque.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 85.—Una calificación insatisfactoria anual, dará lugar a la insubsistencia, previa decisión motivada del funcionario competente, contra la cual procederán los recursos ordinarios por la vía gubernativa.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 86.—La insubsistencia por calificación insatisfactoria, será causal de inhabilidad para desempeñar cargos en la Fiscalía por el término de dos (2) años.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 87.—Corresponde a la oficina de personal coordinar la oportuna realización de las calificaciones de servicio, y al área administrativa y financiera prestar todo el apoyo administrativo, financiero y operativo que se requiera para su ejecución.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 88.—Los responsables de realizar la calificación de servicios, deberán hacerlo en los términos que señale el reglamento. El incumplimiento de este deber será investigable y sancionable disciplinariamente.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN SÉPTIMA

Del retiro de la carrera de la Fiscalía General de la Nación

ART. 89.—La exclusión de la carrera de la Fiscalía de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas del retiro del servicio y la calificación de servicios no satisfactoria. Así mismo, quedará excluido del régimen de carrera el servidor que tome posesión de un cargo de carrera por nombramiento en provisionalidad o de un cargo de libre nombramiento y remoción.

PAR.—La exclusión de la carrera de la Fiscalía General de la Nación, que lleve consigo el retiro del servicio, se efectuará mediante acto motivado susceptible de los recursos por la vía gubernativa.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 90.—Se consideran causales genéricas de retiro definitivo del servicio y de la carrera las siguientes:

1. Insubsistencia por una calificación de servicios no satisfactoria.

2. Insubsistencia por inhabilidad directa o sobreviniente.

3. Renuncia aceptada.

4. Destitución del cargo.

5. Supresión del cargo en los términos de ley.

6. Vacancia por abandono del cargo.

7. Revocatoria del nombramiento.

8. Declaratoria de nulidad del nombramiento.

9. Retiro con derecho a pensión de jubilación.

10. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.

11. Muerte.

12. Retiro forzoso motivado por edad.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

SECCIÓN OCTAVA

De la capacitación

ART. 91.—Los funcionarios y empleados de la Fiscalía recibirán capacitación, que actualice y estimule su perfeccionamiento profesional o técnico.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 92.—La Fiscalía establecerá las necesidades específicas que en materia de capacitación requiera, de acuerdo con las necesidades del servicio.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 93.—Corresponde a la Escuela de Investigación Criminal y de Criminalística, diseñar e implementar los programas necesarios para garantizar adecuados sistemas de capacitación, actualización y profesionalización del personal de la Fiscalía General.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 94.—La aprobación de los cursos de capacitación, se tendrá en cuenta para el escalafonamiento del personal de carrera, siempre que así se establezca en la respectiva convocatoria.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 95.—Las disposiciones de este título se aplicarán a los servidores de libre nombramiento y remoción en cuanto sean compatibles con la naturaleza del cargo.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

TÍTULO V

Disposiciones varias

ART. 96.—Las funciones de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que se suprimen mediante el presente decreto, serán asumidas por las dependencias a las que se asignaron, en un término máximo de 90 días, contados a partir de la fecha de su publicación.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 97.—La estructura interna establecida en este decreto con relación a las nuevas dependencias, regirá a partir del momento en que se adopte la planta de personal a ellas correspondiente y en la fecha de su vigencia efectiva.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 98.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional establecerá la nueva nomenclatura de empleos. Que demanden las dependencias creadas y la reorganización administrativa ordenada en el presente decreto. De igual forma, determinará el régimen salarial que a ellos corresponda.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

ART. 99.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en lo pertinente el Decreto 2699 de 1991 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de junio de 1999.

(Nota: Declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-870A de 1999).

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