DECRETO 1168 DE 1996 

(Junio 28)

“Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3ª de 1991 y la Ley 60 de 1993, en materia de subsidios municipales para vivienda de interés social”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial, de la que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 3ª de 1991 estableció el subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una vez al beneficiario para facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones de la ley y de su reglamento;

Que la Ley 60 de 1993 estableció, para el municipio, la posibilidad de otorgar subsidio de vivienda a hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.

DECRETA:

ART. 1º—Los subsidios para vivienda de interés social que los municipios decidan otorgar en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 60 de 1993, en forma complementaria a la Ley 3ª de 1991, podrán ser en dinero o en especie, según lo determinen las autoridades municipales competentes.

Los subsidios en especie podrán consistir en terrenos fiscales enajenables de propiedad de las entidades públicas municipales, cuando así lo haya autorizado el respectivo concejo municipal, de conformidad con el artículo 92, numeral 7º, del Decreto 1333 de 1986, siempre y cuando dichos terrenos hayan sido ocupados antes del 15 de enero de 1991, fecha en que entró en vigencia la Ley 3ª de 1991.

ART. 2º—Los subsidios que se otorguen con base en la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, serán en dinero y se sujetarán a las disposiciones de la Ley 60 de 1993.

De conformidad con lo dispuesto en dicha ley, los subsidios podrán destinarse para:

a) La adquisición de soluciones de vivienda de interés social, incluyendo lotes con servicios y unidades básicas;

b) La construcción de soluciones de vivienda de interés social en terreno del beneficiario, incluyendo plan terrazas;

c) El mejoramiento de soluciones de vivienda de interés social;

d) El mejoramiento integral de vivienda y entorno, incluyendo las redes secundarias y la conexión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado;

e) La adquisición de terrenos destinados a programas de vivienda de interés social, y

f) La dotación de los servicios públicos e infraestructura para terrenos destinados a programas de vivienda de interés social.

ART. 3º—De conformidad con la Ley 60 de 1993, los subsidios se focalizarán en las áreas geográficas de concentración de población pobre y vulnerable, de conformidad con lo establecido en las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, para los recursos provenientes de la participación de los municipios y distritos en los ingresos corrientes de la Nación.

ART. 4º—De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y la Ley 03 de 1991, podrán ser beneficiarios del subsidio municipal de vivienda los hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales.

ART. 5º—La cuantía del subsidio será definida por las autoridades municipales competentes, de acuerdo con los recursos disponibles, las condiciones socioeconómicas de los hogares y el tipo y valor de la solución.

ART. 6º—Por ser complementarios al subsidio familiar de vivienda de que trata la Ley 03 de 1991, al subsidio municipal de vivienda se aplicará lo establecido en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la ley mencionada, en lo pertinente.

Igualmente se sujetarán a lo dispuesto en los decretos 706 de 1995 y 2154 de 1993, según se trate de subsidios de vivienda en zonas urbanas o rurales respectivamente, en lo relativo a: objeto del subsidio, definición de hogares y beneficiarios, situaciones que determinan cuando se carece de recursos suficientes para ser beneficiario del subsidio, principio de libertad de escogencia, no transferencia del subsidio, tipos de planes y soluciones a las cuales se puede aplicar el subsidio, precios o valores máximos de la vivienda subsidiable, procedimiento de acceso al subsidio, restitución del subsidio, constitución de patrimonio de familia inembargable, obligaciones de los registradores y aplicación del subsidio en los casos de propiedad colectiva y en resguardos indígenas.

En todo caso, y en desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales, las facultades que en materia de subsidios dichos decretos otorgan a la junta directiva del Inurbe y a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero serán ejercidas, en cuanto se refiere exclusivamente a los subsidios municipales, por las respectivas autoridades municipales, de acuerdo con las normas que las rigen y lo que determine el concejo municipal.

ART. 7º—Salvo los casos de atención de desastres, atención a los desplazados por la violencia y hogares con ingresos no superiores a dos (2) salarios mínimos mensuales legales, el monto resultante de la sumatoria del subsidio otorgado por el Inurbe o la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y los subsidios a que se refiere el presente decreto, que se otorguen a un mismo hogar, no podrán exceder el setenta por ciento (70%) del precio o valor de la solución a la cual se aplicará.

ART. 8º—Los concejos municipales definirán los recursos que se destinarán al subsidio municipal de vivienda provenientes del fondo de vivienda de interés social de que trata la Ley 3 de 1991; del porcentaje de la participación en los ingresos de la Nación que constituyen recursos de libre inversión de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 60 de 1993, y de los demás recursos de libre inversión de que disponga el municipio.

ART. 9º—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán en lo que no contravengan el régimen especial que los rige, al Distrito Capital y a los distritos especiales. Igualmente al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cuanto se refiere a las funciones municipales que el mismo ejerce en virtud del artículo 8º de la Ley 47 de 1993.

ART. 10.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 28 de junio de 1996.

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