DECRETO 1218 DE 2001 

(Junio 20)

“Por el cual se promulga el “Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, hecho en la ciudad de México el día siete (7) de diciembre de 1998”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1º dispone que los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo 2º ordena la promulgación de los tratados y convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;

Que el Congreso Nacional, mediante la Ley 569 del 2 de febrero de 2000, publicada en el Diario Oficial 43.883 del 7 de febrero de 2000, aprobó el “Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, hecho en la Ciudad de México el día siete (7) de diciembre de 1998;

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-1334 del 4 de octubre de 2000, declaró exequible la Ley 569 del 2 de febrero de 2000 y el “Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, hecho en la Ciudad de México el día siete (7) de diciembre de 1998;

Que mediante Nota Verbal 01342 de 1999 del 2 de junio de 1999 el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos notificó el cumplimiento de sus requisitos constitucionales, y en el mismo sentido el gobierno de la República de Colombia remitió la Nota Diplomática DM./OJ.AT. número 12230 del 6 de abril de 2001. En consecuencia, el citado instrumento internacional entra en vigor el 4 de junio de 2001 de acuerdo a lo previsto en su artículo 23,

DECRETA:

ART. 1º—Promúlgase el “Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, hecho en la Ciudad de México el día siete (7) de diciembre de 1998;

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, hecho en la Ciudad de México el día siete (7) de diciembre de 1998).

ART. 2º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 20 de junio de 2001.

Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

El gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las partes”;

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que los unen;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación coordinada de los Estados;

CONSCIENTES de que el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación jurídica es necesaria para evitar el incremento de cualquier manifestación delictiva;

ANIMADOS por el propósito de intensificar la cooperación jurídica;

EN OBSERVANCIA de sus respectivos ordenamientos internos, así como de los principios del Derecho Internacional;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

Ámbito de aplicación

Las partes se obligan a prestarse la más amplia asistencia jurídica, de conformidad con las disposiciones del presente acuerdo y de sus respectivos ordenamientos jurídicos, en la realización de investigaciones, procesos y procedimientos penales, cuya competencia corresponda a las autoridades de la parte requirente.

ARTÍCULO II

Definiciones

1. Para los efectos del presente acuerdo:

a) “Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia jurídica” se entenderán como sinónimos;

b) “Instrumentos del delito”: significa bienes de cualquier índole, utilizados o destinados a ser utilizados para la comisión de un delito;

c) “Producto del delito”: significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito o su valor equivalente;

d) “Bienes”: significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) “Embargo preventivo, secuestro, incautación de bienes o aseguramiento”: significa la determinación de autoridad competente de prohibir temporalmente la transferencia, la conversión, el canje, la enajenación o movilización de los bienes, así como la custodia o el control temporal de los mismos;

f) “Decomiso”: significa la privación con carácter definitivo de bienes, productos o instrumentos del delito, por decisión de autoridad competente.

ARTÍCULO III

Alcance de la asistencia

1. Las partes se prestarán asistencia jurídica en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:

a) Localización e identificación de personas y bienes;

b) Notificación de actos procesales;

c) Remisión de documentos e informaciones procesales;

d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;

e) Recepción de testimonios e interrogatorios;

f) Citación y traslado voluntario de personas para los efectos del presente acuerdo, en calidad de testigos o peritos;

g) Medidas cautelares sobre bienes;

h) Intercambio de información sobre antecedentes judiciales;

i) Facilitar con fines probatorios copias de documentos oficiales o privados, antecedentes o informaciones que se encuentren en un organismo o dependencia gubernamental o privada de dicha parte, siempre que su legislación interna lo permita, y

j) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la parte requerida lo permita.

ARTÍCULO IV

Limitaciones en el alcance de la asistencia

1. La parte requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este acuerdo para efectos distintos de una investigación, proceso o procedimiento penal, sin previa autorización de la parte requerida.

2. Este acuerdo no faculta a las autoridades de la parte requirente para ejecutar en el territorio de la parte requerida funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la parte requerida.

3. Este acuerdo no se aplicará a:

a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición;

b) La ejecución de sentencias penales, incluso el traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal, y

c) La asistencia a particulares o a terceros Estados.

ARTÍCULO V

Autoridades centrales

1. Las partes designan a las siguientes autoridades centrales como las encargadas de presentar y recibir las solicitudes que constituyen el objeto del presente acuerdo:

a) Por la República de Colombia, con relación a las solicitudes de asistencia recibidas en dicho país, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación. Con relación a las solicitudes de asistencia formuladas por Colombia las autoridades centrales serán la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho;

b) Por los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad central designada es la Procuraduría General de la República.

2. Las autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.

3. Las partes podrán, mediante nota diplomática, comunicarse las modificaciones en la designación de las autoridades centrales.

ARTÍCULO VI

Ley aplicable

1. Las solicitudes serán cumplidas de conformidad con la legislación de la parte requerida, salvo disposición en contrario del presente acuerdo.

2. La parte requerida prestará la asistencia jurídica de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud de la parte requirente, salvo cuando éstas sean incompatibles con su ley interna.

ARTÍCULO VII

Confidencialidad

1. La parte requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia jurídica, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.

2. Si para el cumplimiento o ejecución de la solicitud de asistencia fuere necesario el levantamiento de la reserva, la parte requerida solicitará su aprobación a la parte requirente, mediante comunicación escrita, sin la cual no se ejecutará la solicitud.

3. La parte requirente, de conformidad con su legislación interna, mantendrá la reserva de las pruebas e información proporcionadas por la parte requerida.

ARTÍCULO VIII

Solicitudes de asistencia jurídica

1. La solicitud de asistencia jurídica deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la parte requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán formalizarse en un plazo no mayor a veinte (20) días calendario y contendrán al menos la siguiente información:

a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial;

b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;

c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la solicitud de asistencia jurídica, adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones legales pertinentes;

d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la parte requirente desea que se practique;

e) El término dentro del cual la parte requirente desea que la solicitud sea cumplida;

f) Si fuere el caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con la investigación o el proceso;

g) Si fuere el caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que sea citada para el desahogo o práctica de pruebas, y

h) Toda la información que resulte necesaria para la práctica o el desahogo de la prueba.

ARTÍCULO IX

Asistencia condicionada

1. La autoridad competente de la parte requerida, si determina que la ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté realizando en su territorio, podrá aplazar su cumplimiento o condicionarlo en la forma que considere necesario.

2. La autoridad central de la parte requerida pondrá en conocimiento de la autoridad central de la parte requirente lo expuesto en el párrafo anterior, a fin de que ésta acepte la asistencia condicionada en cuyo caso tendrá que someterse a las condiciones establecidas.

3. Cuando una solicitud de asistencia jurídica no pudiera ser cumplida en todo o en parte, la parte requerida lo comunicará a la parte requirente, señalando expresamente los motivos o causas del incumplimiento, caso en el cual la parte requirente decidirá si insiste en la solicitud o desiste de ella.

ARTÍCULO X

Denegación de la solicitud

1. La parte requerida podrá negar la asistencia cuando:

a) La solicitud de asistencia jurídica sea contraria a su ordenamiento jurídico o no se ajuste a las disposiciones de este acuerdo;

b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en su territorio, salvo lo dispuesto en el artículo 9º del presente acuerdo;

c) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndosele condenado, se hubiera cumplido o extinguido la pena;

d) la investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación;

e) el otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de la parte requerida;

f) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a delitos políticos o conexos con éstos, o a delitos del fuero militar no previstos en la legislación penal ordinaria;

g) se trate de medidas cautelares o definitivas sobre bienes y los hechos por los cuales se solicita la adopción de éstas no estén tipificados como delitos en su legislación.

2. La parte requerida informará mediante escrito motivado a la parte requirente la denegación de la asistencia.

ARTÍCULO XI

Ejecución de la solicitud de asistencia jurídica

1. La parte requerida fijará la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica y la comunicará por escrito a solicitud de la parte requirente.

2. Las pruebas que se practiquen por las autoridades competentes de la parte requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico. La valoración de dichas pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la parte requirente.

3. La parte requerida, de conformidad con su legislación interna y a solicitud de la parte requirente, podrá recibir testimonio de personas con destino a un proceso o investigación que se siga en el estado requirente. La parte requirente podrá solicitar el desahogo o práctica de las pruebas necesarias de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud, en los términos del artículo 8º, la cual podrá incluir la presencia de autoridades competentes de la parte requirente en la práctica o desahogo de las mismas, en la medida y calidad que lo permita el ordenamiento jurídico interno de la parte requerida.

4. El interrogatorio deberá ser presentado por escrito y la parte requerida decidirá su procedencia conforme a su derecho interno.

5. Las pruebas practicadas por las autoridades competentes de la parte requerida, en originales o copias autenticadas, serán remitidas a la parte requirente a través de la autoridad central.

6. Los documentos u objetos que hubieran sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica, deberán ser devueltos cuando la parte requerida así lo solicite.

7. La parte requerida facilitará el ingreso y la presencia en su territorio de las autoridades competentes de la parte requirente a fin de que asistan y participen en la práctica de las actuaciones solicitadas, en la calidad que lo permita la legislación interna del país requerido.

ARTÍCULO XII

Comparecencia ante la Parte Requirente

1. La solicitud de asistencia jurídica enviada a las autoridades competentes de la parte requerida, que tenga por objeto la citación de un testigo o perito ante las autoridades competentes de la parte requirente, deberá ser transmitida por la autoridad central de la parte requirente con la mayor antelación posible a la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la solicitud.

2. La autoridad competente de la parte requerida procederá a efectuar la citación según la solicitud formulada, el traslado debe ser voluntario y debe registrarse el consentimiento de la persona por escrito.

3. La solicitud de asistencia jurídica deberá mencionar el importe de los viáticos y costos que pueda percibir la persona citada y que voluntariamente consienta en comparecer, con motivo de su traslado.

ARTÍCULO XIII

Garantía temporal

1. El imputado, testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere ante la autoridad competente de la parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la parte requerida, ni podrá ser obligado a declarar o rendir testimonio en un proceso diferente.

2. La garantía temporal prevista en el párrafo precedente cesará en sus efectos cuando la persona que compareciere no hubiere abandonado el territorio de la parte requirente, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, en un plazo de quince (15) días desde que le hubiere sido notificado por las autoridades competentes que su presencia ya no es necesaria, salvo en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o habiéndolo abandonado regresare al mismo.

ARTÍCULO XIV

Traslado del detenido

1. a) Cuando la citación para declarar ante la autoridad competente de la parte requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la parte requerida, para acceder a la solicitud será indispensable que el detenido preste su consentimiento por escrito;

b) La autoridad competente de la parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla en las mismas condiciones, tan pronto como hubiere cesado la necesidad que motivó la solicitud que diera lugar al traslado, a menos que la autoridad competente de la Parte Requerida solicitare expresamente y por escrito que tal persona fuera puesta en libertad;

c) Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo serán sufragados por la parte requirente;

d) El tiempo cumplido bajo la custodia de la parte requirente se acreditará a la sentencia que haya sido impuesta a la persona trasladada.

2. En todos los casos la decisión sobre un traslado en virtud del párrafo 1 del presente artículo, será facultad discrecional de la autoridad competente de la parte requerida, y la negativa podrá fundamentarse, entre otras consideraciones, en razones de conveniencia o seguridad.

ARTÍCULO XV

Productos o instrumentos del delito

1. Las autoridades competentes de la parte requerida, previa solicitud de asistencia jurídica, se esforzarán en averiguar si dentro de su jurisdicción se encuentra cualquier producto o instrumento de un delito y notificarán los resultados o las pesquisas a las autoridades competentes de la parte requirente a través de las autoridades centrales. Al efectuar el requerimiento, la parte requirente notificará a la parte requerida, la base de su creencia de que dichos productos o instrumentos del delito se pueden hallar en su jurisdicción.

2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1 se encuentren los productos o instrumentos del delito objeto de la solicitud de asistencia jurídica, la parte requerida a pedido de la parte requirente tomará, si su legislación lo permite, las medidas necesarias para evitar cualquier transacción, transferencia o enajenación de los mismos mientras esté pendiente una decisión definitiva sobre dichos productos o instrumentos.

3. Cuando el condenado por un delito mantenga la propiedad, posesión o tenencia de los productos o instrumentos de dicho delito y en la sentencia se imponga una obligación de contenido pecuniario, se ordene el decomiso de algún bien, o se imponga cualquier otra medida de carácter definitivo, la parte requerida podrá ejecutar dicha sentencia en la medida en que su legislación interna lo permita.

4. Cuando el condenado por un delito ha dispuesto de los productos o instrumentos del mismo, la autoridad competente de la parte requerida, a solicitud de la autoridad competente de la parte requirente, determinará, mediante los procedimientos previstos en la legislación interna de la parte requerida, si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trataba o podía haberse tratado de los productos o instrumentos del delito. Si la autoridad competente de la parte requerida determina que el tercero no actuó de buena fe, ordenará el decomiso de los bienes de conformidad con su legislación interna.

ARTÍCULO XVI

Medidas provisionales o cautelares

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º y con las previsiones del presente artículo, la autoridad competente de una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de embargar preventivamente, secuestrar, asegurar o incautar bienes con el fin de que éstos estén disponibles para la ejecución de alguna medida cautelar.

2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:

a) una copia de la orden de embargo preventivo, secuestro, aseguramiento o incautación;

b) un resumen d e los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;

c) si fuere posible, una descripción de los bienes, su valor comercial respecto de los cuales se pretende se efectúe la medida provisional o cautelar, o que se considera están disponibles para el embargo preventivo o secuestro, aseguramiento o la incautación y la relación de éstos con la persona contra la que se inició;

d) una declaración de la suma que se pretende embargar, secuestrar, asegurar o incautar y de los fundamentos del cálculo de la misma;

e) la estimación del tiempo que transcurrirá antes de que el caso sea transmitido a juicio y del tiempo que pasará hasta que se dicte la decisión judicial definitiva.

3. La autoridad competente de la parte requirente informará a la autoridad competente de la parte requerida de cualquier modificación en el plazo a que se hace referencia en el inciso e) del párrafo anterior y al hacerlo, indicará la etapa del procedimiento que se hubiere alcanzado.

4. Las autoridades competentes de cada una de las partes informarán con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o decisión adoptada respecto del embargo, secuestro, aseguramiento o incautación solicitada o adoptada.

5. La autoridad competente de la parte requerida podrá imponer un término que limite la duración de la medida solicitada, el cual será notificado con prontitud a la autoridad competente de la parte requirente, explicando su motivación.

6. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la legislación interna de la parte requerida y en la medida que ésta lo permita y en particular, en observancia y garantía de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por la ejecución de la medida.

ARTÍCULO XVII

Ejecución de órdenes de decomiso

1. En el caso de que el requerimiento de asistencia se refiera a una orden de decomiso, la autoridad competente de la parte requerida podrá, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1º:

a) ejecutar la orden de decomiso emitida por una autoridad competente de la parte requirente relativa a los instrumentos o productos del delito, o

b) iniciar un procedimiento con el objeto de obtener una orden de decomiso, conforme a su legislación interna.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º del presente acuerdo, para los efectos del presente artículo, deberá incluirse lo siguiente:

a) una copia de la orden de decomiso, debidamente certificada por el funcionario competente que la expidió;

b) información sobre las pruebas que sustenten la base sobre la cual se dictó la orden de decomiso;

c) información que indique que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada;

d) cuando corresponda, la identificación de los bienes disponibles para la ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita la asistencia jurídica, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la cual se expidió la orden de decomiso;

e) cualquier otra información que pueda ayudar a los fines de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

3. Cuando la legislación interna de la Parte Requerida no permita ejecutar una solicitud en su totalidad, ésta podrá darle cumplimiento en la medida en que fuere posible y lo comunicará a través de la autoridad central.

4. La autoridad competente de la parte requerida podrá solicitar información o pruebas adicionales con el fin de llevar a cabo el requerimiento.

5. La orden de decomiso se ejecutará de acuerdo con la legislación interna de la parte requerida y, en particular, en observancia de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por su ejecución.

6. En cumplimiento de este artículo, en cada caso la parte requerida podrá acordar con la parte requirente la manera de compartir el valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución del requerimiento, teniendo en cuenta la cantidad de información y cooperación suministrada por la parte requerida de acuerdo con su legislación interna.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios.

ARTÍCULO XVIII

Intereses de terceros de buena fe sobre los bienes

Conforme a lo previsto en el presente acuerdo, las autoridades competentes de la parte requerida tomarán, según su legislación interna, las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceros de buena fe sobre los bienes afectados por la ejecución de las solicitudes de asistencia jurídica.

2. Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, aseguramiento o incautación, podrá interponer los recursos previstos en la legislación interna de la Parte Requerida ante la autoridad competente de dicha Parte.

ARTÍCULO XIX

Gastos

1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica serán sufragados por la Parte Requerida.

Cuando se requieran para este fin gastos de carácter extraordinario, las partes se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento al requerimiento, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

2. Los honorarios de peritos, gastos de viaje, alojamiento u otros gastos de testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de una solicitud de asistencia jurídica, incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen, correrán por cuenta de la parte requirente.

ARTÍCULO XX

Exención de legalización

Los documentos previstos en el presente acuerdo estarán exentos de toda legislación consular o formalidad análoga, salvo que la parte requirente así lo solicite.

ARTÍCULO XXI

Consultas

Las autoridades centrales de las partes celebrarán consultas para que el presente acuerdo resulte lo más eficaz posible.

ARTÍCULO XXII

Solución de controversias

Cualquier controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente acuerdo será resuelta por consulta entre las partes, a través de la vía diplomática.

ARTÍCULO XXIII

Entrada en vigor y denuncia

El presente acuerdo entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que las partes se comuniquen, por nota diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales necesarios para tal efecto.

El presente acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, en cualquier momento, mediante nota diplomática, la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra parte. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia jurídica en curso.

Suscrito en la ciudad de México, el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el gobierno de la República de Colombia,

Guillermo Fernández de Soto,

Ministro de Relaciones Exteriores.

Por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,

Rosario Green,

Secretaria de Relaciones Exteriores.

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