Ministerio del Interior y de Justicia

DECRETO 135 DE 2010 

(Enero 21)

“Por medio del cual se distribuyen recursos del Frisco para el fortalecimiento de la política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto y se dictan otras disposiciones”

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-292 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo a lo dispuesto en el Decreto 4975 de 23 de diciembre de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, mediante el Decreto 4975 de 2009 se declaró el estado de emergencia social en todo el país, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del sistema general de seguridad social en salud, la cual amenaza de manera inminente, entre otros aspectos, la continuidad en la prestación del servicio público esencial de salud, así como el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Que la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, 2008, mostró que 14 de cada 100 hombres y 5 de cada 100 mujeres han consumido alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva ilícita; 541.000 personas han consumido durante el último año este tipo de sustancias, lo que equivale al 2.74% de la población entre los 12 y 65 años de edad; y que el mismo estudio calcula que cerca de 300.000 personas en Colombia estarían en necesidad de recibir tratamiento especializado por encontrarse en situación de uso problemático, abuso, o dependencia de sustancias psicoactivas.

Que el registro especial de prestadores de servicios de salud evidencia que en el país solo existen 104 centros de atención a la drogadicción, CAD, residenciales, 88 CAD ambulatorios, 58 servicios de farmacodependencia de alta complejidad, y 34 servicios de toxicología, para un total de 284 servicios de atención, de los cuales el 89% son de carácter privado y solo el 11% son públicos.

Que esta oferta de servicios es insuficiente para satisfacer la demanda potencial de estos servicios, siendo necesario desarrollar estrategias que permitan fortalecer su desarrollo y adelantar programas de mitigación y superación de la dependencia a sustancias psicoactivas.

De otra parte, de conformidad con el numeral 3º del parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 793 de 2002, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atentan contra la salud pública y por lo tanto los bienes relacionados con dichas actividades, entre las cuales se encuentra el narcotráfico, son objeto de extinción de dominio bajo los trámites y procedimientos señalados en dicha ley, constituyendo dicha acción un instrumento fundamental en la lucha que libra el Gobierno Nacional contra el tráfico, producción y consumo de estupefacientes.

Que en virtud de las leyes 785 y 793 de 2002, la Dirección Nacional de Estupefacientes funge como secuestre judicial de los bienes afectos a la acción de extinción de dominio, existiendo un número importante de bienes con extinción de dominio, no han podido ser enajenados y el producto de la venta destinado para los fines previstos en la ley, entre los cuales se encuentra la inversión social en salud, por encontrarse ocupados ilegalmente. Así mismo, sucede con un número considerable de bienes incautados, los cuales no han podido ser administrados por la misma razón por la Dirección Nacional de Estupefacientes, dentro de los que se encuentran inmuebles destinados al expendio de drogas alucinógenas.

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado —Frisco—.

Que para efectivizar la orden de entrega de los bienes objeto de extinción de dominio, contenidas en las respectivas resoluciones y/o sentencias proferidas por los operadores judiciales responsables de adelantar los procesos de extinción de dominio, se hace necesario adoptar las medidas que tiendan a ello.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Distribuir hasta el treinta por ciento (30%) de los recursos que ingresen al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado —Frisco— para el fortalecimiento de los programas de prevención, mitigación, superación y desarrollo institucional establecido en el marco de la política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su Impacto.

PAR. 1º—La distribución de recursos establecida en el presente artículo se adelantará sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de que tratan los documentos Conpes 3476 del 9 de julio de 2007 “Importancia estratégica de los macroproyectos de vivienda de interés social en Cali y Buenaventura, Conpes 3575 del 16 de marzo de 2009 “Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, y Conpes 3583 del 28 de abril de 2009 “Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para la habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda”; así como el pago de los compromisos adquiridos con la Nación para ser cancelados con recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado —Frisco— que hubieren sido contraídos con anterioridad a la vigencia de la presente norma.

PAR. 2º—Así mismo, la distribución de recursos establecida en el presente artículo no incluirá los bienes a los que se refiere el artículo 54 y su parágrafo de la Ley 975 de 2005.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-292 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

ART. 2º—El Ministerio de la Protección Social deberá definir las normas técnico-científicas y administrativas para la atención de las personas que se encuentren en situación de uso problemático, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-292 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

ART. 3º—El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá solicitar al Ministerio de la Protección Social informe respecto de la ejecución de los recursos de que trata el artículo 1º del presente decreto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-292 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

ART. 4º—El subdirector jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes o el responsable de la dependencia que haga sus veces, tendrá funciones de policía de índole administrativa para hacer efectiva la entrega real y material de los bienes inmuebles urbanos o rurales, muebles, sociedades y/o establecimientos de comercio ordenada en la sentencia de extinción de dominio de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.

Así mismo, tendrá funciones de índole administrativa para hacer efectiva la entrega a favor de la Nación-Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco-Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, de los bienes respecto de los cuales la autoridad judicial haya decretado las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. En este evento, las oposiciones presentadas serán dirimidas por la autoridad judicial de conocimiento en la oportunidad procesal respectiva y, en este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la medida cautelar decretada, ni el curso de la diligencia.

PAR. 1º—Las autoridades de policía locales, departamentales y nacionales estarán obligadas a prestar el apoyo que requiera el subdirector jurídico para estas actuaciones.

PAR. 2º—Corresponde al subdirector jurídico en el término de setenta y dos (72) horas hacer efectiva la entrega ordenada por la autoridad judicial competente de los inmuebles, muebles, sociedades, establecimientos de comercio y demás bienes sobre los cuales recae la medida cautelar o la sentencia de extinción de dominio; si el Director Nacional de Estupefacientes, la subdirección de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el depositario provisional o el funcionario que tenga a su cargo la administración del bien de que se trate, lo solicita; el acto que disponga hacer efectiva la entrega, se comunicará por el medio más expedito al poseedor, tenedor o persona que a cualquier título se encuentre ocupando o administrando el bien.

Transcurridos tres (3) días desde la fecha de comunicación del acto, el subdirector jurídico practicará la diligencia directamente o por comisión al inspector, corregidor o comisario de policía.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-292 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

ART. 5º—El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 21 de enero de 2010.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-292 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)