DECRETO 1407 DE 1991 

(Mayo 31)

“Por el cual se reglamenta el reconocimiento, suspensión y cancelación de personería jurídica a las fundaciones y corporaciones de carácter nacional, regional y local que desarrollen actividades relacionadas con las comunidades indígenas”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades conferidas por los numerales 3º. y 19 del artículo 120 de la Constitución Política y las leyes 93 de 1938 y 52 de 1990,

DECRETA:

ART. 1º—Aplicación. El reconocimiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica a las corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, creadas para adelantar actividades en comunidades indígenas, corresponde a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, cuando sean de carácter nacional, y a las gobernaciones, Distrito Especial de Bogotá, intendencias y comisarías, cuando sean de carácter departamental o local conforme al trámite previsto en el presente decreto.

PAR.—Los gobernadores, Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, intendentes y comisarios podrán delegar estas funciones en los secretarios de gobierno o quienes hagan sus veces.

ART. 2º—Los interesados en obtener el reconocimiento de personería jurídica de corporaciones o fundaciones que se creen para desarrollar actividades en comunidades indígenas deberán presentar ante las respectivas autoridades, los siguientes documentos:

a) Solicitud debidamente firmada por el representante legal que contenga la siguiente información:

— Fecha de la solicitud.

— Nombre, domicilio, dirección, teléfono, télex, si los tiene de la entidad.

— Nombres y apellidos con número del documento de identidad de quien asumirá la representación legal, su dirección y teléfono.

— Denominación clara del objeto de la entidad, así como del patrimonio con el cual iniciará actividades.

— Copia de los planes y proyectos a desarrollar por la corporación o fundación.

— Las denominadas extranjeras acreditarán, además, ante la Dirección General de Asuntos Indígenas, que han cumplido con lo preceptuado en la Resolución 626 bis 1973, emanada del Instituto Colombiano de Cultura;

b) Original y dos copias de los estatutos de la institución firmados por el representante legal y el secretario o quien haga sus veces, autenticadas ante juez o notario;

c) Original y dos copias del acta o actas de constitución con indicación de los fundadores o afiliados, suscritas por el presidente y secretario de la sesión o sesiones respectivas, con sus firmas autenticadas ante juez o notario;

d) Original y dos copias del acta o actas de estudio, discusión y aprobación de estatutos, suscritas por el presidente y secretario de la sesión o sesiones respectivas, con sus firmas autenticadas ante juez o notario;

e) Original y dos copias del acta o actas de elección de dignatarios o representante legal, suscritas por el presidente y secretario de la sesión o sesiones respectivas, con sus firmas autenticadas ante juez o notario, y

f) Adjuntar estampillas pro desarrollo y proelectrificación rural en la cuantía determinada por las disposiciones vigentes, si fuere del caso.

ART. 3º—Devolución y reconocimiento. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 2º. de este decreto, se devolverá al interesado para que subsane las observaciones indicadas. Una vez corregida se procederá al reconocimiento de personería jurídica por la autoridad competente.

PAR.—Para el reconocimiento de la personería jurídica de las corporaciones o fundaciones departamentales o locales se requerirá, además, concepto previo de la oficina regional de asuntos indígenas del lugar respectivo.

ART. 4º—Contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad deberán contener, por lo menos:

a) Su nombre, precedido de la denominación jurídica correspondiente a su naturaleza, según se trate de corporación o fundación;

b) Domicilio; si fuere constituida con radio de acción en dos o más departamentos, intendencias o comisarías, indicarán su domicilio principal;

c) Duración;

d) Objeto o finalidad de la entidad, indicando expresamente que es una entidad sin ánimo de lucro;

e) Órganos de administración, determinando su composición, modo de elección o designación, funciones y quórum deliberatorio y decisorio;

f) Determinación de la persona que ostentará la representación legal de la entidad;

g) Revisor fiscal. En el caso de las fundaciones deberá ser contador titulado con su respectivo número de matrícula;

h) Patrimonio y disposiciones para su conformación, administración y manejo;

i) Disposiciones sobre disolución, liquidación y destinación del remanente de los bienes a una institución de utilidad común o carente de ánimo de lucro que persiga fines similares, y

j) Las entidades consideradas extranjeras conforme al presente decreto, deberán especificar cuál es su forma de relación con la sede matriz.

PAR. 1º—El contenido de los estatutos en ningún caso podrá ser contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres.

PAR. 2º—En los estatutos se expresará claramente el ámbito de acción, si es nacional, departamental o local, las que no tengan carácter nacional, y sin embargo desarrollen actividades en más de un departamento, intendencia o comisaría se asimilarán a las departamentales y su personería se reconocerá por la autoridad competente del domicilio principal de la corporación o fundación.

PAR. 3º—Si la solicitud se formula mediante apoderado, éste deberá acompañar el respectivo poder presentado personalmente por el representante legal ante un juez o notario.

ART. 5º—No podrán ser miembros de las corporaciones o fundaciones que desarrollen actividades en comunidades indígenas, los empleados oficiales de las entidades que ejercen el control y vigilancia de las mismas.

ART. 6º—Reformas estatutarias. Para obtener la aprobación de las reformas estatutarias, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitud debidamente firmada por el representante legal, dirigida a la autoridad competente, en la cual se expresen las siguientes informaciones:

— Fecha de la solicitud.

— Nombre, domicilio, dirección, teléfono y telefax, si lo tiene, de la entidad y número de la resolución de reconocimiento de personería jurídica.

— Nombre, apellidos y documento de identificación del representante legal de la entidad.

En caso de que la solicitud se formule mediante apoderado, éste deberá acompañar el respectivo poder presentado personalmente por el representante legal de la entidad ante juez o notario;

b) Copia del acta o actas de la asamblea general en donde conste la aprobación de las respectivas reformas, suscrita o suscritas por el presidente y secretario de dicha asamblea, cuyas firmas estén reconocidas ante juez o notario público;

c) Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas hasta la fecha, con las firmas del representante legal y del secretario reconocidas ante notario público, y

d) Adjuntar estampillas pro desarrollo y proelectrificación rural, en la cuantía determinada por las disposiciones vigentes, si fuera del caso.

ART. 7º—Requisitos de la solicitud de inscripción de dignatarios. Para obtener la inscripción de dignatarios de las entidades a que se refiere el presente decreto, el representante legal deberá presentar una solicitud dirigida a la autoridad competente.

La firma del solicitante deberá ser reconocida ante notario público y en la solicitud se consignará, además, la siguiente información:

a) Nombre, domicilio, dirección y teléfono de la entidad;

b) Nombre del representante legal y del revisor fiscal, con sus respectivos suplentes si los hubiere, número de su documento de identificación y período para el cual fueron elegidos o designados;

c) Copia auténtica de las actas en donde conste las designaciones o elecciones objeto de la solicitud de inscripción, las cuales deben estar conforme a los estatutos, con las firmas del presidente y del secretario reconocidas ante notario público, y

d) Nombre, documento de identidad, dirección y teléfono del solicitante.

ART. 8º—Suspensión y cancelación de la personería jurídica. La autoridad competente podrá suspender o cancelar, de oficio o a petición de parte, la personería jurídica de las corporaciones o fundaciones, o la inscripción de sus dignatarios, incluyendo la del representante legal, además de los casos previstos en la ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus estatutos, o sean contrarias al orden público a las leyes o a las buenas costumbres, o por cualquiera de las causales contempladas en el artículo 10 de este decreto.

La solicitud de suspensión o cancelación de la personería jurídica se dirigirá a la autoridad competente acreditando la prueba de configuración de la causal invocada y formulando los hechos y los fundamentos legales. Con la firma de la solicitud se entenderá que la queja se presenta bajo la gravedad del juramento.

ART. 9º—Congelación de fondos. Si la actuación que se le atribuye a la entidad es grave y afecta los intereses de la misma o de terceros, la autoridad competente podrá congelar transitoriamente los fondos de ésta, mientras se adelanta la investigación y se toma una decisión, excepto para ordenar los pagos de salarios y prestaciones sociales y los gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la entidad, los cuales requieren previa autorización del director general de asuntos indígenas, gobernador, Alcalde Mayor de Bogotá, intendente o comisario, según el caso.

ART. 10.—Causales para suspensión o cancelación de personería jurídica. Son causales para la suspensión o cancelación de la personería jurídica, según la gravedad de la falta, además de la violación a las normas legales o estatutarias, las siguientes:

a) Se incumpla o desvíen los objetivos previstos en los estatutos;

b) Se dé una destinación a los bienes y fondos distinta a la prevista y autorizada;

c) No se lleven o presenten los libros y registros contables que se prevén en este decreto y en las leyes;

d) Exista falsedad en la documentación aportada;

e) Se le haya suspendido a la entidad su personería jurídica en dos oportunidades;

f) Se comprueben las quejas formuladas por las comunidades indígenas involucradas en sus proyectos y programas y que sean violatorias del derecho interno y autonomía de las mismas;

g) No se presenten oportuna y correctamente informes trimestrales sobre sus programas y proyectos, y

h) Impidan la visita a los sitios en los cuales se adelanten sus programas y proyectos u oculten información a las autoridades competentes.

ART. 11.—Cancelación de la personería jurídica por inactividad. El director de asuntos indígenas, los gobernadores, Alcalde Mayor de Bogotá, D.E., intendentes y comisarios, cancelarán, según el caso, la personería jurídica de aquellas entidades que permanezcan inactivas por más de dos (2) años. Esta circunstancia deberá comprobarse.

Se entiende que una corporación o fundación ha permanecido inactiva cuando en el transcurso de dos (2) años no ha rendido los informes o presentado los proyectos a que se refiere este decreto, ante la autoridad competente.

ART. 12.—Impugnaciones. Las impugnaciones que se formulen a la elección de directivos, afiliación o desafiliación de socios, modificación de estatutos y en general a los actos que realicen las entidades de que trata este decreto, se tramitarán ante la Dirección General de Asuntos Indígenas, gobernador, Alcalde Mayor de Bogotá, D.E., intendente o comisario, según el caso.

ART. 13.—Procedimiento. Una vez recibida la queja, por la autoridad competente, ordenara investigar si efectivamente la acusación es cierta, disponiendo la práctica de las pruebas que considere pertinentes. De toda la documentación que configura el expediente, se dará traslado al representante legal de la corporación o fundación poniéndolo a su disposición en la dependencia respectiva, para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes haga los descargos y solicite pruebas, las cuales serán ordenadas por el investigador siempre y cuando sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

PAR.—Cuando al suspensión o cancelación de la personería jurídica sea de oficio, no se requerirá de queja sino que se ordenara la respectiva investigación siguiendo el procedimiento establecido en este artículo.

ART. 14.—Término de la investigación. La investigación incluyendo descargos, práctica de pruebas y decisión que deba tomarse, se realizará en un término máximo de un mes, contado a partir de la fecha en que ella se ordene.

ART. 15.—Cancelación de la inscripción de dignatarios. La cancelación de la inscripción de cualquiera de los dignatarios, incluso la del representante legal, podrá decretarse cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos objeto de la investigación.

ART. 16.—Sustanciación, providencia y recurso. La dependencia respectiva estudiará y sustanciará las solicitudes de reconocimiento, suspensión y cancelación de personerías jurídicas, las de reformas de los estatutos, así como las de cancelación de inscripción de dignatarios y congelación de fondos de las entidades de que trata este decreto.

Las decisiones que recayeren sobre estos asuntos, se adoptarán mediante resolución motivada contra la cual sólo procede el recurso de reposición.

ART. 17.—Notificación. Expedida la resolución que reconozca, suspenda o cancele la personería jurídica, la de inscripción de dignatarios o la de su cancelación, o la de reforma de estatutos, o de congelación de fondos, se notificará al representante legal o a los dignatarios de la entidad, según sea el caso, en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

ART. 18.—Publicación. La resolución que reconozca la personería jurídica de la entidad o que apruebe la reforma de sus estatutos se publicará en el Diario Oficial o en la gaceta departamental, o en un diario de circulación regional o local, según el caso, a costa del interesado. Una copia del ejemplar que contenga esta publicación, se entregará a la respectiva dependencia. Las resoluciones de cancelación o suspensión de personería jurídica y de inscripción de dignatarios, se publicarán en la misma forma que las anteriores.

ART. 19.—Términos. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de la personería jurídica, reformas estatutarias e inscripción de dignatarios serán resueltas por la autoridad competente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la respectiva solicitud en la forma establecida en este decreto.

ART. 20.—Registro de libros. Ejecutoriada la resolución que reconozca la personería jurídica de la entidad, su representante legal presentará en la dependencia respectiva, los libros de asociados, de actas de la asamblea general y de actas de la junta directiva, para su correspondiente registro. En el caso de las fundaciones se exigirá, además, el registro de los libros de contabilidad.

ART. 21.—Control fiscal y registro contable. Las entidades que obtengan reconocimiento de su personería jurídica estarán obligadas a llevar registros contables y de tesorería para garantizar el adecuado manejo de los bienes y fondos. Así mismo, estarán sometidas al control fiscal por parte del organismo estatal respectivo, cuando reciban dineros o auxilios del erario público y deberán cumplir con las normas tributarias vigentes para las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro.

ART. 22.—Disolución y liquidación. Las corporaciones o fundaciones de que trata este decreto, se disolverán por decisión de la asamblea general, conforme a los estatutos o cuando se les cancele la personería jurídica.

ART. 23.—Liquidador. Cuando la entidad decrete su disolución, en ese mismo acto nombrará un liquidador, o, en su defecto, lo será el último representante legal inscrito. Así mismo la entidad designará el liquidador cuando se decrete la cancelación de la personería jurídica; si no lo hiciere, lo será el último representante legal inscrito y a falta de éste la autoridad competente, según el caso, hará la designación.

ART. 24.—Publicidad. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, departamental o local, según el caso, dejando entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

ART. 25.—Liquidación. Para la liquidación se procederá así:

Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará a una entidad similar, como figure en los estatutos.

ART. 26.—Certificaciones y autenticaciones. La dependencia respectiva certificará la existencia, la representación legal y los demás hechos que consten en los correspondientes expedientes de las corporaciones o fundaciones a que se refiere el presente decreto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. Así mismo, cuando se lo soliciten, deberá autenticar con su firma las copias de los documentos originales que reposen en dichos expedientes.

PAR.—Las certificaciones a que se refiere este artículo se deberán acompañar del valor correspondiente en estampillas pro desarrollo y proelectrificación rural, si fuere del caso.

ART. 27.—Recibo de solicitudes y verificación de requisitos. En el acto de recibo de las solicitudes sobre reconocimiento, suspensión o cancelación de personería jurídica, reformas estatutarias, e inscripción de dignatarios o su cancelación, se verificará la existencia de la información y documentación ya relacionada y en caso de estar incompleta se devolverá al interesado para que la complemente.

ART. 28.—Desarrollo de actividades. Para adelantar sus proyectos y programas, las entidades que trabajen en comunidades indígenas deberán cumplir lo siguiente:

a) Darlos a conocer a las comunidades indígenas a quienes van dirigidos y obtener el correspondiente permiso de las mismas para su ejecución;

b) Fundamentar los programas en las leyes vigentes que amparan a los pueblos indígenas, y

c) Dar cumplimiento por parte de las entidades extranjeras a lo dispuesto en el artículo 3º. de la Resolución 626 -Bis de 1973 y aquéllos que lo modifiquen o adicionen.

ART. 29.—Proyectos y programas. Cuando una corporación o fundación, adelante proyectos o programas al interior de las comunidades indígenas, deberá presentar copias de los mismos a la autoridad competente para obtener su autorización. Cuando tales actividades se vayan a desarrollar, en comunidades indígenas cuya lengua o idioma sea únicamente el vernáculo, además, se requerirá la autorización del Instituto Colombiano de Antropología.

Los proyectos y programas contendrán, por lo menos, los siguientes datos:

a) Nombre o denominación del proyecto o programa;

b) Localización y grupos beneficiados;

c) Objetivos generales y específicos;

d) Metodología;

e) Duración del proyecto o programa;

f) Resultados y evaluación de los mismos;

g) Forma de participación de la comunidad beneficiada;

h) Riesgos sociales, económicos y ambientales que se deriven de su ejecución, e

i) Los demás que se consideren pertinentes.

ART. 30.—Informes trimestrales. Las corporaciones y fundaciones a que se refiere este decreto, están en la obligación de presentar ante la autoridad competente informes trimestrales sobre las actividades ejecutadas con base en los proyectos y programas autorizados que adelantan al interior de las comunidades indígenas.

Estos informes contendrán:

a) Objeto y finalidad de los proyectos o programas;

b) Personal encargado de su ejecución;

c) Avances de los proyectos o programas;

d) Metodología aplicada;

e) Participación de la comunidad beneficiada en la ejecución de los proyectos o programas;

f) Variaciones;

g) Costos de inversión de los proyectos o programas y aportes de la comunidad, y

h) Relación de documentos, grabaciones, material fotográfico o fílmico, etc., que haya sido producido durante la ejecución de los proyectos.

De los elementos a que se refiere el anterior literal, deberán entregarse copias a la respectiva comunidad, así como a la dirección general de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno.

ART. 31.—Entidades extranjeras. Son entidades extranjeras las originarias de otros países; las fundaciones que tengan un porcentaje mayor del 30% del capital extranjero; las corporaciones cuyo número de socios extranjeros sea superior al 50% del total de los inscritos; o las que sean filiales de entidades internacionales.

PAR.—Las entidades a que se refiere este artículo no podrán adelantar actividades dentro de las comunidades indígenas cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) En regiones en las que según el Gobierno Nacional existan graves alteraciones del orden público;

b) En zonas fronterizas, sin autorización específica del Ministerio de Relaciones Exteriores;

c) Cuando el Gobierno Nacional a través de la dirección de asuntos indígenas no haya tenido contacto con la comunidad en la cual se pretende trabajar;

d) Cuando ya se estén adelantando proyectos a través de entidades estatales u organismos nacionales, a no ser que se firmen con ellos convenios de trabajo;

e) Cuando generen divisiones entre las comunidades indígenas en razón de sus creencias y prácticas culturales y autóctonas, y

f) Sin invitación expresa de la comunidad a través de sus autoridades tradicionales.

ART. 32.—Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia de las corporaciones y fundaciones de que trata este decreto, será ejercida a nivel nacional por la dirección general de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno, a nivel departamental o local por los gobernadores, Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, intendentes y comisarios o por las instancias en quien se delegue esta función.

Las autoridades a que se refiere este artículo podrán ordenar visitas y solicitar a las entidades los informes y documentos que sean necesarios. Así mismo, podrán asistir directamente a través de un delegado, a las sesiones que se realicen por las asambleas de tales entidades.

ART. 33.—Actualización. Las corporaciones y fundaciones que han obtenido su personería jurídica, al entrar en vigencia el presente decreto, actualizarán sus estatutos ajustándolos a las nuevas disposiciones, en el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación de este decreto.

Así mismo la dirección de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno o quien haga sus veces, dentro del mismo término enviará los expedientes respectivos a las gobernaciones, Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá, intendentes y comisarios, de acuerdo al domicilio principal de cada entidad.

ART. 34.—Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 1741 de 1973 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 31 de mayo de 1991.

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