DECRETO 1502 DE 1998 

(Agosto 4)

“Por el cual se reglamenta la Ley 385 de 1997 y se dictan normas de ética profesional para los ingenieros navales y profesiones afines en el territorio nacional”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 385 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 385 de 1997 reguló la profesión de ingeniería naval y profesiones afines en el territorio nacional;

Que es necesario reglamentar la Ley 385 de 1997 y establecer las normas éticas profesionales, que orienten el ejercicio de la ingeniería naval y profesiones afines;

Que es indispensable dotar al consejo profesional nacional de ingeniería naval y profesiones afines y a los consejos profesionales seccionales de ingeniería naval y profesiones afines de las normas y procedimientos que permitan cumplir eficazmente las funciones atribuidas en la Ley 385 de 1997,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Definiciones. Para efecto de lo establecido en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

Ley. Se entenderá la Ley 385 de 1997.

Consejo nacional. Se entenderá el consejo profesional nacional de ingeniería naval y profesiones afines.

Consejos seccionales. Se entenderán los consejos profesionales seccionales de ingeniería naval y profesiones afines.

Profesiones afines. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la ley, se consideran como ramas o profesiones afines de la ingeniería naval las siguientes: oceanógrafos físicos y químicos, administradores marítimos y profesionales en ciencias de la administración que desempeñen su profesión en el medio naval y marítimo, arquitectos navales, biólogos marinos, geólogos marinos, ingenieros oceánicos y otros con especialidad en ciencias del mar.

CAPÍTULO II

Funciones del consejo nacional y de los consejos seccionales

ART. 2º—Funciones del consejo nacional. Son funciones del consejo nacional, además de las establecidas en la ley, las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería naval y sus profesiones afines;

b) Fijar los procedimientos para la expedición de las tarjetas de matrícula profesional para los ingenieros navales y profesionales afines, así como el valor de los derechos correspondientes;

c) Establecer los valores de los reembolsos a los consejos seccionales por concepto de la expedición de las tarjetas de matrícula profesional;

d) Determinar la organización de consejos seccionales, de acuerdo con las necesidades;

e) Conocer de las infracciones a las normas éticas profesionales, de las cuales se tenga información. Si los hechos materia del proceso disciplinario son constitutivos de delito, denunciar tal conducta ante las autoridades competentes;

f) Adelantar las investigaciones conforme a los procedimientos establecidos en este decreto e imponer las sanciones administrativas por las infracciones que se cometan contra las disposiciones de ética profesional;

g) Aprobar su presupuesto y el de los consejos seccionales;

h) Organizar su propia secretaría ejecutiva;

i) Expedir las tarjetas de matrícula profesional a los ingenieros navales y profesionales afines, conforme a los requisitos establecidos por la ley, y

j) Conocerán segunda instancia de las decisiones proferidas por los consejos seccionales.

ART. 3º—Administración de los fondos recaudados. Los fondos recaudados por concepto de los derechos de matrícula, la expedición de las tarjetas y por cualquier otro concepto, serán administrados por la asociación colombiana de ingenieros navales y profesionales afines, “Acinpa”, de acuerdo con los procedimientos que establezca el consejo nacional.

ART. 4º—Funciones de los consejos seccionales. Son funciones de los consejos seccionales:

a) Organizar sus secretarías ejecutivas de acuerdo con el reglamento que le apruebe el consejo nacional;

b) Tramitar ante el consejo nacional las solicitudes de tarjetas profesionales de matrícula de los ingenieros navales y profesionales afines;

c) Mantener un registro profesional actualizado de todos los ingenieros navales y profesionales afines, en su jurisdicción;

d) Expedir certificaciones provisionales que suplen en forma temporal la tarjeta de matrícula profesional;

e) Adelantar las investigaciones conforme a los procedimientos establecidos para imponer las sanciones por las infracciones que se cometan contra las disposiciones de ética profesional, de conformidad con las normas previstas en la ley y en este decreto;

f) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos materia del proceso disciplinario, que constituyan delitos, y

g) Las demás que le señale la ley, los decretos reglamentarios y el consejo nacional.

CAPÍTULO III

Conformación del consejo nacional y consejos seccionales

ART. 5º—Consejo nacional. Confórmase el consejo profesional nacional de ingeniería naval y profesionales afines, el cual funcionará como entidad encargada del control y vigilancia de estas profesiones sus ramas y especialidades, el cual tendrán como sede la ciudad de Santafé de Bogotá.

ART. 6º—El consejo nacional estará integrado, así:

1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Educación o su delegado.

3. El director general marítimo.

4. El director de tráfico fluvial del Ministerio de Transporte.

5. Un representante elegido por las universidades privadas, oficialmente reconocidas y aprobadas, que otorguen títulos en cualquiera de las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

6. Un representante elegido por las universidades oficiales, legalmente reconocidas y aprobadas, que otorguen títulos en cualquiera de las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

7. El presidente nacional de la asociación colombiana de ingenieros navales y profesionales afines, “Acinpa”, quien actuará como secretario.

PAR. 1º—Con excepción de los señores ministros o sus delegados, los demás miembros del consejo nacional a quienes se refiere el presente artículo, deben ser profesionales titulados y matriculados en las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

PAR. 2º—El período de los representantes de las universidades y de la asociación colombiana de ingenieros navales y: profesionales afines, “Acinpa” será de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

ART. 7º—Consejos seccionales. Confórmanse dos (2) consejos seccionales. Uno que cubrirá la región del caribe colombiano y corresponderá a los departamentos que están situados sobre el litoral caribe, el cual se llamará, consejo seccional del caribe y tendrá como sede la ciudad de Cartagena de Indias.

El otro consejo seccional cubrirá los departamentos que están sobre el litoral pacífico colombiano, el cual se llamará consejo seccional del pacífico y tendrá como sede la ciudad de Santiago de Cali (Valle).

ART. 8º—El consejo seccional del caribe estará integrado así:

1. El director de la Escuela Naval Almirante Padilla quien lo presidirá.

2. Un representante elegido por los gobernadores de los departamentos ubicados sobre el caribe colombiano.

3. Un representante elegido por los gerentes de los astilleros, debidamente licenciado por autoridad competente, situados en el caribe colombiano.

4. El director del centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas.

5. Un representante elegido por los rectores de las universidades privadas reconocidas y aprobadas, situadas en los departamentos que conforman el caribe colombiano, que otorguen títulos profesionales en las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

6. El presidente del consejo seccional del caribe de la asociación colombiana de ingenieros navales y profesionales afines; “Acinpa”.

7. Un representante elegido por los capitanes de puerto de los puertos situados sobre el caribe colombiano.

PAR.—Con excepción del director de la Escuela Naval y el representante de los gobernadores, los demás miembros del consejo seccional a quienes se refiere el presente artículo, deben ser profesionales titulados y matriculados en las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

ART. 9º—(Modificado)* El consejo seccional del pacífico estará integrado así:

1. El Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, quien lo presidirá.

2. Un representante elegido por los gobernadores de los departamentos ubicados en el litoral pacífico colombiano.

3. El director del centro de control de contaminación del pacífico.

4. Un representante elegido por las universidades privadas situadas en los departamentos sobre el pacífico colombiano, oficialmente reconocidas y aprobadas que otorguen títulos en cualquiera de las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

5. Un representante elegido por las universidades oficiales del pacífico colombiano, reconocidas y aprobadas, que otorguen títulos en cualquiera de las ramas y/o especialidades autorizadas por la ley.

6. Un representante elegido por los capitanes de puerto de los puertos situados en el pacífico colombiano.

7. El presidente de la seccional del pacífico de la asociación colombiana de ingenieros navales y profesionales afines, “Acinpa”.

*(Nota: Modificado por el Decreto 2129 de 1998 artículo 1º del Ministerio de Defensa Nacional).

ART. 10.—Facúltase al consejo nacional para crear consejos seccionales, de acuerdo a las necesidades de las profesiones autorizadas por la ley.

CAPÍTULO IV

Tarjetas de matrícula profesional

ART. 11.—Matrícula profesional. Es el acto mediante el cual se dispone la inscripción de un ingeniero naval o profesional afín en el registro del consejo nacional y que confiere a dicho profesional el derecho a ejercer la profesión en cualquier lugar del país. Tendrán igualmente derecho a solicitar su inscripción aquellos profesionales que hubieren obtenido título en programas de educación superior a distancia.

La inscripción en el registro del consejo nacional autoriza la expedición de la tarjeta de matrícula profesional, único documento idóneo que autoriza al titular para el ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

ART. 12.—Solicitud de tarjeta. El ingeniero naval o profesional afín que aspire a obtener su tarjeta profesional, deberá presentar ante el consejo seccional de su jurisdicción, el respectivo formulario de solicitud debidamente diligenciado, adjuntando la documentación que acredite su idoneidad profesional en la especialidad.

El consejo nacional elaborará los formularios de solicitud, en los cuales se indicarán los requisitos y documentos legales que se deben adjuntar.

ART. 13.—El consejo seccional estudiará la solicitud y la documentación presentada y tramitará ante el consejo nacional la solicitud aprobada de la tarjeta, para que se le expida la tarjeta de matrícula profesional, entregándole al solicitante una certificación provisional por 60 días hábiles.

En sesenta (60) días hábiles el consejo nacional expedirá al interesado la tarjeta de matrícula profesional.

El consejo nacional solamente podrá negar la solicitud basado en la carencia de las condiciones exigidas por la ley y sus normas reglamentarias.

ART. 14.—Recurso y consultas. Cuando se niegue la expedición de tarjeta de matrícula profesional el interesado podrá interponer el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

Recibido el recurso o la consulta, el consejo nacional deberá resolver sobre la misma en la siguiente reunión ordinaria y de acuerdo con las normas previstas para el efecto en el Código Contencioso Administrativo.

ART. 15.—Ejercicio profesional. Todo ingeniero naval o profesional afín deberá colocar al pie de su nombre y firma, el número de su matrícula y su especialidad, en todas las actuaciones profesionales que ejerza.

ART. 16.—Ampliación de la matrícula. El profesional que tenga tarjeta de matrícula profesional en cualquiera de las especialidades que autoriza la ley y culmine estudios posteriores que le confieran título profesional en otra de dichas profesiones o especialidades, podrá obtener la ampliación de su registro de manera que se abarque el conjunto de títulos adquiridos. En este caso se procederá a sustituir la inscripción y se expedirá una nueva tarjeta de matrícula profesional.

ART. 17.—Cancelación de la matrícula. El consejo nacional podrá en todo tiempo, de oficio o a solicitud de cualquier persona que demuestre interés de revisar la actuación sobre la matrícula, disponiendo su cancelación si se comprueba que se realizó sin el lleno de los requisitos legales, mediante la utilización de información falsa judicialmente declarada o en contravención de las normas establecidas.

PAR.—Cuando existan graves indicios de la presentación de falsa información para obtener la matrícula, el consejo nacional denunciará los hechos ante la autoridad competente.

CAPÍTULO V

Licencias especiales

ART. 18.—Otorgamiento de licencias especiales. El profesional perteneciente a una de las profesiones autorizadas por la ley, titulado y domiciliado en el exterior, que como persona natural o por otros medios, celebre contrato con una entidad pública o privada, para prestar sus servicios profesionales en el país por un tiempo determinado, deberá solicitar una licencia especial ante el consejo nacional. Para tal efecto deberá diligenciar el formulario correspondiente.

CAPÍTULO VI

Normas de ética profesional

ART. 19.—Principio general. El honor y la dignidad de su profesión deben constituir para el ingeniero naval y profesional afín su mayor orgullo y por tal motivo ejercerá su profesión consultando los principios éticos establecidos en este decreto. Son deberes generales de la profesión:

a) Ejercer tanto la profesión como las actividades que de ella se deriven, con decoro, honestidad, dignidad e integridad;

b) Actuar siempre con honorabilidad y lealtad frente a las personas a quienes preste sus servicios;

c) Respetar la propiedad intelectual en el ejercicio profesional;

d) Respetar la reputación profesional de los colegas;

e) Abstenerse de prestar sus servicios a personas, entidades u organizaciones, a sabiendas de que serán utilizados para un fin que atente contra la Constitución, las normas legales, la seguridad del Estado o las buenas costumbres;

f) Abstenerse de ofrecer, entregar o recibir gratificaciones o recompensas indebidas;

g) El profesional deberá obrar bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión constituye, más que una actividad técnica y económica, una función social;

h) En la ejecución de sus trabajos deberá proteger la vida y salud de sus colaboradores y de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios;

i) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de calamidad pública que ponga en peligro la seguridad de la vida humana;

j) Abstenerse de competir con otro profesional o entidad sobre la base de cobrar menos por un trabajo, después de conocer sus precios u ofertas;

k) Respetar y reconocer la propiedad de terceros sobre sus diseños, proyectos, obras y demás actividades relacionadas;

l) No perjudicar de manera dolosa la reputación profesional de un ingeniero naval o profesional afín, sus proyectos o negocios;

m) Construir su reputación profesional con base en los méritos de sus estudios académicos y sus realizaciones profesionales, y

n) Abstenerse de ofrecer sus servicios en términos elogiosos que no estén sustentados en realidades demostrables.

CAPÍTULO VII

Procedimiento disciplinario

ART. 20.—Competencia. El consejo nacional tendrá, competencia prevalente para iniciar procedimientos de juicio ético, de oficio o a solicitud de cualquier persona, contra profesionales matriculados en las profesiones ramas y/o especialidades autorizadas por la ley, que presuntamente hayan cometido faltas contra las normas de ética profesional previstas en la ley y/o este decreto.

Los consejos seccionales podrán adelantar las investigaciones y procedimientos, en los términos y condiciones que le señale el consejo nacional, en su jurisdicción.

ART. 21.—Denuncias. La denuncia de un profesional matriculado en el consejo nacional por infracción a las normas de ética profesional, se formulará ante el consejo seccional de su jurisdicción o ante el consejo nacional.

Quien desempeñe un cargo o empleo público y en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento de una infracción disciplinaria cometida por un ingeniero naval o profesional afín, deberá dar aviso inmediato por escrito al consejo nacional o seccional más cercano, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la ley.

Recibida una denuncia por el consejo nacional directamente o por conducto de un consejo seccional, mediante resolución se dispondrá la realización del procedimiento, los estudios y evaluaciones sobre la denuncia presentada, con el fin de establecer si existe mérito para abrir un procedimiento de investigación ética.

Por estricto orden alfabético se designará y repartirá el conocimiento de la denuncia a uno de los miembros del consejo nacional para que adelante el examen, evaluación y estudio de la denuncia presentada, con el apoyo de la secretaría ejecutiva del consejo seccional de la correspondiente jurisdicción y de los asesores externos que sean necesarios.

El examen de la denuncia se realizará en un término no mayor de diez (10) días hábiles, prorrogables por una sola vez por cinco (5) días hábiles, durante los cuales se practicarán todas las pruebas que se consideren pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los hechos, de conformidad con los medios probatorios previstos en las normas legales.

Terminada la etapa del examen y con todas las pruebas disponibles, el miembro investigador presentará un detallado informe sobre los resultados de su investigación, donde debe establecer claramente si recomienda proceder o no un procedimiento ético contra el denunciado.

El consejo nacional, con base en el informe sobre el examen de la denuncia, mediante resolución motivada, determinará si hay o no mérito para procedimiento ético contra el profesional denunciado. En caso de que haya mérito, se calificará lo actuado y se elevará el pliego de cargos.

ART. 22.—Modificación. El acto que dispone la iniciación del procedimiento, se notificará personalmente al profesional denunciado por intermedio de la secretaría ejecutiva del consejo nacional o por delegación, a través de la presidencia seccional de la correspondiente jurisdicción.

Surtida la notificación, el profesional denunciado dispondrá de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos, así como para solicitar y aportar pruebas. Para tal efecto el expediente estará a su disposición en la secretaría ejecutiva del consejo nacional o seccional de su jurisdicción.

Vencido el término anterior, el miembro investigador, dispondrá de quince (15) días hábiles para evaluar las pruebas aportadas por el denunciado y las demás de oficio que requiera, para lograr el total esclarecimiento de los hechos.

ART. 23.—Adopción de la decisión. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término probatorio, el miembro encargado de la investigación elaborará un proyecto de decisión, que será sometido a la consideración del consejo nacional, en la siguiente reunión ordinaria. Este proyecto puede ser aceptado, modificado o rechazado por el consejo nacional.

La decisión se adoptará, mediante resolución motivada, teniendo en cuenta la denuncia, los descargos y la totalidad de las pruebas aportadas. La resolución será notificada personalmente al sancionado por intermedio de la secretaría ejecutiva del consejo nacional o por delegación por el presidente del consejo seccional de su jurisdicción. Todo el procedimiento debe seguir los términos del Código Contencioso Administrativo.

Contra la resolución procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sanción, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

Una vez en firme la decisión del consejo nacional, se ejecutará la sanción.

CAPÍTULO VIII

Sanciones éticas

ART. 24.—Sanciones. A los ingenieros navales y profesionales afines de las ramas y/ o especialidades autorizadas por la ley, que hayan infringido las normas de ética profesional fijadas por la ley y otras adoptadas en este decreto, previo el procedimiento contenido en el capítulo anterior, les podrán ser impuestas, según la gravedad de la falta, el daño producido, los motivos determinantes, los antecedentes profesionales y la reincidencia, las sanciones que establece la ley en su artículo 15, observando los siguientes criterios:

1. Después de dos (2) sanciones, la nueva sanción no podrá ser inferior a la censura.

2. Después de tres (3) sanciones, la nueva sanción no podrá ser inferior a seis (6) meses de suspensión.

3. Después de dos (2) suspensiones, la nueva sanción no podrá ser inferior a la suspensión por el término de un (1) año.

4. Después de tres (3) suspensiones, la sanción será la exclusión.

5. Multas.

PAR.—El consejo nacional profesional con fundamento en la facultad conferida en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 385 de 1997, podrá fijar el monto de las multas a imponer, de acuerdo con la gravedad de la falta las cuales irán entre uno (1) y diez (10) salarios mínimos.

Las sanciones éticas deberán quedar sentadas en el registro del consejo nacional, correspondiente al profesional sancionado.

ART. 25.—Rehabilitación del profesional excluido. El profesional excluido de la a profesión podrá ser rehabilitado por el consejo nacional, luego de haber transcurrido a un lapso de cinco (5) años desde la ejecutoria, del acto que dispuso la exclusión y siempre que el consejo nacional considere que el profesional sancionado, observó una conducta con suficiente idoneidad moral para ser reintegrado al ejercicio de la profesión.

ART. 26.—Participación de “Acinpa” en el consejo profesional nacional de ingeniería y arquitectura. La participación que dispone el artículo 10 de la ley, será por invitación específica del presidente del citado consejo, para la vigilancia del ejercicio lícito de las profesiones que autoriza la ley, cuando el caso a tratar involucre a profesionales matriculados en los dos consejos nacionales, en razón de las diferentes especialidades, en un procedimiento multidisciplinario.

ART. 27.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 4 de agosto de 1998.

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