DECRETO 1699 DE 1997 

(Junio 27)

“Por el cual se determina una restitución de un patrimonio a favor de un empleador”.

El Ministro del Interior delegatario de las funciones del Presidente de la República,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el Decreto-Ley 1300 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que en los términos del artículo 53 de la Constitución Política corresponde al Estado garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales;

Que el Decreto 1300 de 1994 dispuso, en su artículo primero, que “las cajas de previsión social de derecho privado creadas para atender el pago de las pensiones legales de entidades financieras del Estado, deberá para atender esta función, reorganizar su estructura de acuerdo con lo previsto en la ley para las entidades administradoras de recursos que conforman el sistema de pensiones”, aspecto este que ocupó la atención de la Corte Constitucional —sentencia C-224 de 1995—, en los siguientes términos:

“Como se observa, el actor confunde los términos, pues la norma habilitante no señala en momento alguno que se trata solamente de las entidades que vienen pagando pensiones, sino que se refiere a las cajas, fondos o entidades del sector privado que subsisten, con independencia de si están o no pagando pensiones, en el momento de expedirse la Ley 100 de 1993. Es decir, la especificación la hace el demandante y no la ley.

El artículo 1º del Decreto-Ley 1300 de 1994 tan sólo busca la adecuación a la Ley 100 de 1993 de aquellas cajas de previsión del sector financiero, que fueron creadas para el pago de pensiones con anterioridad a la Ley 100 de 1993; por ello, para poder cumplir con su función deben reorganizar sus estructuras de acuerdo con lo previsto en la ley, con el fin de que haya la coherencia y la unidad necesarias en la administración de los recursos que conforman el sistema de pensiones.

Se requiere, pues, que la seguridad social tenga un mismo sentido y un mismo fin, y por ello las entidades que fueron creadas para pagar pensiones, y que subsistan, lo mínimo que tienen que hacer es reestructurarse de acuerdo con lo prescrito para el sistema de pensiones. No ve, por tanto, esta corporación inconstitucionalidad alguna en el artículo 1º del Decreto-Ley 1300 de 1994. El texto habilitante concede unas facultades para adaptar las entidades que subsistan a las disposiciones de la Ley 100 de 1993; la norma acusada hace exactamente eso: adaptar las entidades subsistentes al nuevo sistema de seguridad social”;

Que el mismo decreto en su artículo segundo, previó que aquellas cajas que no cumplieran con lo anterior, podrían constituir un patrimonio autónomo para garantizar que aquella parte de su patrimonio destinada al pago de pensiones, se dedique exclusivamente a ese fin. En la misma sentencia citada, la corte tuvo oportunidad de pronunciarse a este respecto, así:

“El artículo 2º no está haciendo cosa distinta a cumplir con los artículos 48 y 53 superiores en el sentido de tomar medidas cautelares para proteger los recursos destinados al pago de pensiones, y para ello exige la creación de un patrimonio autónomo destinado a dicho fin, con lo cual cumple el mandato constitucional del artículo 48 que ordena que los recursos de la seguridad social no se pueden destinar para fines diversos. Por otra parte, no hay que olvidar que el artículo 53 de la Constitución le impone al Estado el deber de garantizar el pago periódico de las pensiones.

Así, pues, no puede dejarse sin garantía alguna el pago de las pensiones, porque, en primer lugar, estas son de interés general, el cual es prevalente, y porque están destinados a los beneficiarios, ya que se trata de un patrimonio afectado hacia un fin específico. De ahí que encuentre la Corte totalmente infundado al argumento del demandante cuando habla de “expropiación”, porque esos bienes tienen una finalidad concreta: el pago de pensiones. Por eso la norma emplea la terminología apropiada al decir restitución. Y es restitución porque se trata de un acto de justicia, en el sentido de dar a los titulares de la obligación en materia pensional el monto que ellos mismos han aportado. De ahí se deduce que la norma en comento no establece una expropiación, ya que esos bienes en estricto sentido, como se ha señalado, siempre han estado destinados exclusivamente para atender el pago de pensiones”;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del mismo decreto, si no se constituye dicho patrimonio autónomo y el gobierno así lo determina, las mencionadas cajas deberán restituir al empleador, al cual corresponda el cumplimiento de las obligaciones en materia pensional, aquella porción de su patrimonio equivalente a lo que arroje el cálculo actuarial, para el pago de las pensiones legales y extralegales, lo cual fue motivo del pronunciamiento judicial a que venimos haciendo referencia, de la siguiente manera:

“En resumen, de las normas acusadas se deducen tres pasos que la entidad que subsista puede hacer. En primer lugar, reorganizar su estructura de acuerdo con lo previsto por la Ley 100 de 1993. Si no cumple con lo anterior, el artículo 2º da la posibilidad de conformar un patrimonio autónomo mediante el cual se garantice que el dinero destinado al pago de pensiones, efectivamente cumpla con su fin. En caso de no hacerse lo anterior, cuando así lo determine el gobierno tiene la obligación de restituir el monto que han aportado los empleadores, ya que esos bienes tienen, como se ha dicho una destinación pensional que no puede ser desconocida”;

Que la Superintendencia Bancaria, como entidad encargada de velar por el cumplimiento del Decreto 1300 de 1994, en carta Rad.: 96018624-0 del 24 de mayo de 1996, dirigida el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, manifestó lo siguiente:

“Esta superintendencia, como ente de control y vigilancia de las cajas a las que se refiere el mencionado decreto y en consonancia con la función específica que le fuera asignada en el artículo 4º del mismo, en el sentido de velar por el cumplimiento de las disposiciones allí previstas, luego de los análisis fácticos y legales de rigor, llegó a la conclusión de que el Decreto 1300 de 1994 era aplicable a la caja de previsión social del Banco Central Hipotecario y así, mediante oficio radicado con el número 95026413-0 del 24 de julio de 1995, procedió a solicitar a la nombrada caja, a través de su representante legal, que informará a este organismo la decisión adoptada en torno a las alternativas planteadas en el citado decreto.

(...).

Así las cosas, y habida cuenta de que ha transcurrido un lapso prolongado sin que se tenga definición alguna por parte de la caja de previsión social del Banco Central Hipotecario frente a las disposiciones contenidas en el Decreto 1300 de 1994, este despacho ha estimado pertinente poner en su conocimiento tal circunstancia y, de paso, solicitarle que se evalúe la conveniencia y viabilidad de que el Gobierno Nacional haga uso de la facultad que le confiere el artículo 20 del citado decreto, en cuanto a determinar la restitución de la porción del patrimonio de la caja en la forma allí indicada”;

Que el cálculo actuarial elaborado de acuerdo con los procedimientos y normas que para el efecto establece la Superintendencia de Sociedades, acorde con lo ordenado por el artículo 2º del Decreto 1300 de 1994, y revisado por la Superintendencia Bancaria, arroja una cifra de ciento cuatro mil quinientos setenta y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta pesos ($ 104.575.784.970) moneda corriente.

Que vistas las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional debe darle estricto cumplimiento a la ley, y en consecuencia,

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional determina la restitución de una porción del patrimonio de la caja de previsión social del Banco Central Hipotecario en favor del Banco Central Hipotecario para atender el pago de las pensiones legales y extralegales a cargo de este último.

ART. 2º—En los términos del artículo 2º del Decreto 1300 de 1994, la porción de patrimonio que debe ser restituida de acuerdo con el cálculo actuarial revisado por la Superintendencia Bancaria, equivaldrá a ciento cuatro mil quinientos setenta y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta pesos ($ 104.575.784.970) moneda corriente.

La restitución mencionada podrá hacerse en dinero y/o en especie, según lo determine por mayoría el consejo directivo de la caja de previsión del Banco Central Hipotecario, y así lo acepte, por mayoría, la junta directiva del Banco Central Hipotecario.

Todos los actos jurídicos y transferencias necesarias para cumplir con la restitución deberán efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.

La caja de previsión social del Banco Central Hipotecario entregará y el Banco Central Hipotecario recibirá los bienes por su valor de realización de acuerdo con avalúos que realicen entidades de reconocida idoneidad, lo cual deberá registrarse en sus respectivos libros de contabilidad con sujeción a las normas que regulan la materia. En caso de recibir bienes que no pueda conservar de acuerdo con las normas que lo rigen deberá enajenarlos en el plazo previsto por el estatuto orgánico del sistema financiero.

Los gastos originados en la transferencia de los activos estarán a cargo de la caja de previsión del Banco Central Hipotecario.

ART. 3º—Una vez sea restituida la porción del patrimonio el Banco Central Hipotecario dispondrá de los recursos para atender el pago de las pensiones legales y extralegales a cargo de éste, para lo cual deberá destinar los bienes correspondientes exclusivamente para atender estas pensiones. El banco implementará los mecanismos que garanticen dicha destinación.

ART. 4º—El Banco Central Hipotecario y la caja de previsión social del Banco Central Hipotecario adaptarán sus estatutos a lo dispuesto en el presente decreto, dentro del mes siguiente a la restitución patrimonial. Como consecuencia de la restitución, la caja de previsión social del Banco Central Hipotecario no atenderá en lo sucesivo el pago de pensiones.

ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 27 de junio de 1997.

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