DECRETO 1723 DE 1995 

(Octubre 6)

”Por el cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos contra la libertad personal y se dictan otras disposiciones”.

El Ministro del Interior Delegatario de Funciones Presidenciales,

en uso de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, y en desarrollo de lo dispuesto en los Decretos 1370 y 1673 de 1995, y

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, mediante Decreto 1370, del 16 de agosto de 1995, declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional;

Que en el mencionado decreto se señaló que la situación de orden público se ha agravado en las últimas semanas como resultado, entre otras circunstancias, de la acción de la delincuencia organizada y de la subversión que han generado violencia y alteraciones del orden social, atentando contra la estabilidad institucional, la convivencia ciudadana y la seguridad del Estado;

Que, igualmente, la delincuencia ha incrementado su actividad, atentando en forma grave contra la seguridad ciudadana y creando un clima de temor e inestabilidad en la población, a través de la ejecución de delitos que vulneran directamente el derecho fundamental a la libertad personal;

Que la acción de la delincuencia organizada y de la subversión se ha manifestado en la realización de delitos atroces como el secuestro y la extorsión, que no solamente menoscaban los derechos de la víctima sino que deterioran manifiestamente los más preciados valores de la familia y la sociedad;

Que es obligación del Estado garantizar a todo colombiano el derecho a circular libremente por el territorio nacional, adoptando los instrumentos que le permitan combatir toda forma de secuestro, extorsión y demás atentados contra la libertad personal;

Que resulta indispensable fortalecer las unidades que combaten los delitos de secuestro y extorsión, dotándolas de funciones precisas y acordes con la realidad actual, de tal forma que mediante la intervención del conjunto de organismos del Estado se logre coordinar una política criminal integral que permita controlar los delitos que atentan contra la libertad individual de las personas;

Que la lucha contra los referidos delitos impone la necesidad de crear un establecimiento público, encargado de canalizar la adecuada distribución de los diferentes recursos económicos que se destinen con esta finalidad;

Que el especial estado de indefensión al que quedan sometidos los secuestrados y sus familias, amerita otorgar garantías que faciliten su intervención dentro de los respectivos procesos, para defender sus intereses patrimoniales y asegurar el éxito de las investigaciones judiciales;

Que se requiere de la creación de instrumentos procesales que respondan a las necesidades de la justicia y estén dirigidos a facilitar el acopio probatorio en los procesos penales que se siguen contra personas sindicadas de participar en la ejecución de estas formas de criminalidad,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Estructura y funciones

ART. 1º—Dirección nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal. Créase la dirección nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal, Dinase, integrada por dos representantes del Ministro de Defensa Nacional, que serán sendos oficiales superiores del Ejército Nacional y de la Policía Nacional; un representante del director del Departamento Administrativo de Seguridad, que será un funcionario del área superior, un delegado personal del Fiscal General de la Nación; un representante del Procurador General de la Nación; y un representante del Presidente de la República, que será el director del programa presidencial de lucha contra el delito de secuestro, quien la presidirá.

PAR.—Cuando la Dinase lo juzgue conveniente por la índole del asunto que se va a tratar, podrá invitar a funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de otras entidades del Estado o privadas para que asistan a alguna de sus reuniones.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 2º—Funciones de la Dinase. La dirección nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal cumplirá las siguientes funciones:

a) Coordinar las actividades de las agencias o entidades del Estado que desarrollan funciones relacionadas con la lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal y en especial las relativas al secuestro y la extorsión;

b) Evaluar la información aportada o requerida a los organismos de seguridad, relacionada con atentados contra la libertad personal e impartir directrices de carácter general sobre las actividades de dichos organismos, así como formular recomendaciones sobre acciones específicas a desarrollar;

c) Definir criterios con base en los cuales los organismos de seguridad lleven a cabo la recopilación y almacenamiento de los registros y datos estadísticos relacionados con las conductas delictivas que atentan contra la libertad personal y con su contexto socioeconómico;

d) Trazar políticas que sirvan de guía para la realización de las acciones conducentes al pronto rescate de las víctimas y a la captura de los responsables de los atentados contra la libertad personal, en especial los delitos de secuestro y extorsión;

e) Trazar directrices en relación con la distribución de los recursos humanos y materiales que se hayan puesto al servicio de los grupos y unidades;

f) Servir de órgano de asesoría del Gobierno Nacional, en el trámite de las solicitudes de cambio de radicación de los procesos por delitos de secuestro y extorsión a que se refiere el artículo 17 del Decreto 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991;

g) Impartir las directrices y pautas de organización con el fin de que se cumplan de manera eficaz las actividades tendientes al buen desarrollo de las investigaciones, labores de inteligencia y operaciones que realicen los grupos y unidades;

h) Trazar políticas que orienten el buen funcionamiento y un mayor impacto del sistema de pago de recompensas;

i) Velar por el adecuado respeto al derecho internacional humanitario;

j) Disponer la creación, supresión, reubicación y coordinación de los grupos de acción unificada y de las unidades que los conforman, y

k) Las demás que se deriven de su objetivo, afines o complementarias con las anteriores.

Para facilitar el cumplimiento de sus funciones, la Dinase contará con una secretaría técnica de carácter permanente.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 3º—Grupos de acción unificada. Créanse los grupos de acción unificada por la libertad personal, Gaula, cada uno conformado con el personal, bienes y recursos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Departamento Administrativo Nacional de Seguridad.

PAR.—En adelante, las funciones que vienen cumpliendo las unidades antisecuestro, Únase, estarán a cargo de los Gaula y en consecuencia su personal, bienes y recursos, podrán ser incorporados por la Dinase.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 4º—Organización de los Gaula. Los grupos de acción unificada por la libertad personal, Gaula, para el cumplimiento de su misión se organizarán así:

a) Una dirección unificada a cargo del fiscal regional delegado. Éste será responsable de dirigir las investigaciones penales. La dirección, para la toma de las demás decisiones, contará con la asistencia de una comisión compuesta por los jefes de unidades y oficiales al mando de los operativos;

b) Una unidad de evaluación e inteligencia, compuesta por analistas de inteligencia, técnicos en comunicaciones y en operación de bases de datos, encargados de recolectar y procesar la información de inteligencia, y proponer a la dirección unificada las diferentes alternativas de acción;

c) Unidades operativas compuestas por personal de la Policía Nacional o del Ejército Nacional. Cada unidad actúa bajo el mando de un oficial y se encarga de la operación de rescate de las víctimas y la captura de los responsables, y

d) Una unidad investigativa compuesta por agentes y técnicos con funciones de policía judicial.

Cada grupo contará con el personal judicial, administrativo, operativo, auxiliar y de servicios generales que sea requerido para su buen funcionamiento. Para este propósito la dirección unificada de cada Gaula elaborará una planta de personal y un presupuesto que, una vez adoptados por la Dinase, serán provistos mediante resolución y, de acuerdo con su especialidad, por la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal el Procurador General de la Nación o su delegado designará un agente del Ministerio Público.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 5º—Procedimientos especiales del fiscal delegado. El fiscal regional delegado será el director del grupo de acción unificada por la libertad personal, quien además de cumplir con los procedimientos ordinarios, adelantará los siguientes de carácter especial:

a) A partir de la fecha, asumir en forma exclusiva la etapa de investigación previa de los casos relacionados con los delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencia de los jueces regionales, hasta lograr la identificación de los autores o partícipes, salvo en los casos de flagrancia o confesión, en los que será competente también para proferir resolución de apertura de instrucción y oír en diligencia de indagatoria al capturado. Si no existiere capturado, librará la correspondiente orden de captura.

Identificada la persona o recibida la indagatoria al capturado, según sea el caso, el fiscal remitirá en forma inmediata la actuación a la secretaría colectiva de la dirección regional de fiscalías, para que se haga llegar al jefe de la unidad especializada antisecuestro y extorsión y se asigne el fiscal de conocimiento;

b) Dirigir, coordinar y controlar todas las investigaciones, y

c) Comunicar en forma inmediata al Dina-se la iniciación de las investigaciones previas.

PAR.—De las investigaciones preliminares en curso continuarán conociendo los fiscales a cuyo cargo se encuentran radicadas las diligencias a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, salvo que el director regional de fiscalías disponga lo contrario.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 6º—Creación de cargos. El Consejo Superior de la Judicatura creará los cargos de fiscales delegados y demás servidores públicos que la Fiscalía General de la Nación requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 7º—Dirección antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional. Créase la dirección antisecuestro y extorsión dentro de la estructura de la Policía Nacional, con la función de ejecutar las operaciones policiales tendientes a la prevención y represión de los delitos de secuestro y extorsión, que determine la Dinase en cumplimiento de sus funciones.

PAR.—Facúltase al Director General de la Policía Nacional para desarrollar la estructura y funciones de la dirección antisecuestro y extorsión.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 8º—Fondo nacional para la defensa de la libertad personal. Créase el fondo nacional para la defensa de la libertad personal, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La administración del fondo se sujetará a las disposiciones contenidas en el presente artículo y, en lo no previsto, a las normas generales aplicables a esta clase de entidades. Además deberán observarse las políticas y directrices trazadas por el comité de administración del fondo.

Las operaciones que se realicen con los recursos del fondo se sujetarán a las normas del derecho privado.

El objeto del fondo será proveer los recursos necesarios para el pago de las recompensas y los gastos de dotación y funcionamiento de los grupos de acción unificada por la libertad personal, que no puedan atender las instituciones integrantes de los mismos. El fondo, además de cubrir los gastos de su dotación y funcionamiento, atenderá los correspondientes a la secretaría técnica del Dinase, que hará parte de la estructura del fondo.

Los recursos del fondo nacional para la defensa de la libertad personal provendrán de los aportes presupuestales que se le asignen, los aportes de los fiscos de las entidades territoriales señalados en sus respectivos presupuestos, las donaciones y recursos de crédito autorizados por el comité de administración, los rendimientos de las inversiones que se efectúen con los dineros del fondo y los demás ingresos que de acuerdo con la ley esté habilitado para recibir.

La administración del fondo estará a cargo de un gerente designado por el Presidente de la República.

El comité de administración del fondo estará integrado por el director del programa presidencial de lucha contra el delito de secuestro o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro de Defensa Nacional o su delegado, el director del Departamento Administrativo Nacional de Seguridad o su delegado, un gobernador designado por el presidente de la Federación Nacional de Gobernadores o su delegado y un alcalde municipal designado por el presidente de la Federación Nacional de Municipios o su delegado.

PAR.—Mientras se adopta la planta de personal del fondo, el gerente podrá solicitar su concurso a las diferentes entidades públicas que componen el comité de administración y la Dinase, para adelantar las actividades que le corresponden. Para tal efecto, dichas entidades comisionarán a los funcionarios que se requieran.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

CAPÍTULO II

Régimen penal

Delitos contra la libertad personal

ART. 9º—Suministro de información económica. El que, con el fin de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, suministre a otro información económica que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, tendiente a facilitar la comisión de un delito de secuestro extorsivo o extorsión, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 10.—Agravantes específicos. La pena imponible para el delito de extorsión a que se refiere el artículo 355 del Código Penal, se agravará en una tercera (1/3) parte cuando se obtenga el provecho ilícito.

Constituirá también causal de agravación para el delito de secuestro, el tráfico de personas secuestradas.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 11.—Provecho ilícito por error ajeno proveniente de secuestro. El que sin ser partícipe de un delito de secuestro, obtenga provecho ilícito proveniente del pago por la liberación de un secuestrado, aprovechando o manteniendo en error a otro, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa en cuantía equivalente al valor de lo obtenido.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 12.—Recompensa. Las autoridades competentes podrán reconocer el pago de recompensas monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, suministre información eficaz que permita la identificación y ubicación de los autores o partícipes de un delito de secuestro o extorsión, o la ubicación del lugar en donde se encuentra un secuestrado o víctima de atentado contra la libertad personal.

La autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, utilidad y eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al funcionario competente para que se proceda al pago.

En ningún caso procederán las recompensas por informes suministrados por el perjudicado por la infracción.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 13.—Procedimiento abreviado. En los casos de flagrancia, en las investigaciones por delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencia de los jueces regionales, se dispondrá el cierre de la investigación, a más tardar, pasados dos días de ejecutoriada la providencia en la que se resuelva la situación jurídica.

En los eventos contemplados en el presente artículo, si se tratare de pluralidad de sindicados, se romperá la unidad procesal en relación a las personas respecto de las cuales no obrare prueba de flagrancia, de conformidad con lo previsto en el numeral segundo del artículo 90 del Código de Procedimiento Penal.

En los mismos eventos, en la etapa de juzgamiento los términos procesales se reducirán a la mitad.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995)

ART. 14.—Beneficios. Cuando se trate de delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencia de los jueces regionales, no habrá lugar a disminución punitiva, ni a ningún otro beneficio por colaboración con la justicia de los previstos en la legislación penal, salvo lo consagrado en el artículo 20 de este decreto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 15.—Competencia por cuantía para extorsión. En los procesos por delito de extorsión, la competencia por razón de la cuantía se fijará en atención al valor inicialmente exigido.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 16.—Obligación especial para notarios públicos. El notario público que, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, conozca un acto, contrato o documento que por la cuantía, los intervinientes, la naturaleza de la operación o su realidad haga suponer al funcionario que puede estar vinculado con un delito de secuestro o extorsión, deberá informarlo inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación. El incumplimiento a esta obligación hará incurrir al funcionario en causal de mala conducta sancionable con la destitución y multa hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 17.—Interceptación de comunicaciones. En las investigaciones por delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencia de los jueces regionales, el fiscal delegado podrá ordenar la interceptación de comunicaciones a que hace referencia el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, sin necesidad de concepto previo de la Dirección Nacional de Fiscalías. No obstante lo anterior, el funcionario judicial deberá enviar, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su expedición, copia de la resolución a la Dirección Nacional de Fiscalías para su conocimiento.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 18.—Inspecciones o registros domiciliarios. De conformidad con lo dispuesto en el literal n) del artículo 38 de la Ley 137 de 1994 (5), las autoridades judiciales competentes para conocer de los delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencia de los jueces regionales, podrán disponer la inspección o el registro domiciliarios para la búsqueda de pruebas judiciales o para prevenir la comisión de delitos.

De toda inspección o registro se levantará un acta que contendrá cuando menos el nombre e identidad de las personas que asistan a la diligencia, la dirección, o en su defecto, la descripción de la ubicación del lugar, las condiciones y circunstancias en que se adelantó la misma, su duración y las incidencias y resultados de ella. El acta será suscrita por la autoridad que efectuó el reconocimiento y por el morador del lugar. En caso de que deba ser suscrita por personas que no sepan o no quieran firmar, se dejará constancia expresa de ello.

Cuando existan insuperables circunstancias de urgencia y se haga necesario para garantizar un derecho fundamental que esté en grave e inminente peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá comunicarse verbalmente. En la autorización deberá motivarse la situación de urgencia y copia de la misma, deberá enviarse a la Procuraduría General de la Nación para su conocimiento.

De incautarse bienes durante estas diligencias, la autoridad que las realice deberá identificarlos en forma clara y expresa en el acta y procederá a ponerlos a disposición del funcionario judicial competente, para que tome las medidas a que haya lugar.

La autoridad judicial deberá registrar en un libro especial que para estos efectos deberá llevar la pertinente orden escrita, indicando la hora, el lugar, y el motivo, los nombres de las personas afectadas con dicha orden y la autoridad que la solicitó.

PAR.—Las facultades conferidas en este artículo no implican menoscabo de aquellas de que disponen las autoridades en tiempos de paz.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 19.—Obligación de suministrar información. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 104 de 1993, los operadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los concesionarios y licenciatarios del servicio de telefonía móvil celular, deberán suministrar toda la información disponible que sea útil en la investigación de delitos de secuestro y extorsión, a los funcionarios judiciales y servidores públicos que cumplan funciones de policía judicial, cuando éstos la soliciten en el desarrollo de una investigación de carácter penal. La información deberá ponerse en conocimiento de la respectiva autoridad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de la solicitud.

La petición deberá motivarse e informarse a la Procuraduría General de la Nación, para su conocimiento.

Además de las sanciones que correspondan, el incumplimiento de la obligación contenida en el inciso anterior hará incurrir al operador en las sanciones previstas en el artículo 53 del Decreto 1900 de 1990, y en destitución, si se trata de servidor público.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 20.—Beneficios por colaboración eficaz. El partícipe de un delito de secuestro que suministre información eficaz a la autoridad sobre el lugar en donde se encuentra el secuestrado o suministre prueba que permita deducir responsabilidad penal del determinador o director, cabecilla, financista o promotor de un concierto para cometer delitos de secuestro o una empresa o asociación organizada y estable para el mismo fin, podrá ser beneficiado con la condena de ejecución condicional y con la incorporación al programa de protección a víctimas y testigos, así como un incentivo por rehabilitación en cuantía hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

De estos beneficios quedan excluidos el determinador del hecho punible y el director, cabecilla, financista o promotor del concierto para cometer delitos de secuestro o la empresa o asociación organizada y estable para el mismo fin.

Los beneficios a que hace referencia el presente artículo se otorgarán de conformidad con el procedimiento y requisitos previstos en los artículos 369A y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

CAPÍTULO III

Protección a víctimas

ART. 21.—Pago de salario a secuestrados. Cuando se pruebe la ocurrencia de un delito de secuestro, el patrono que tenga a su cargo cincuenta o más empleados, deberá continuar pagando el salario correspondiente al trabajador secuestrado, mientras éste continuare privado de la libertad y hasta pasado un año contado a partir del día en que se retuvo a la persona si no se hubiere comprobado su liberación, rescate o muerte, caso en el cual cesará la obligación del empleador.

Para el reconocimiento de esta obligación será requisito que el proceso se hubiere iniciado por denuncia de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil.

El empleador consignará los pagos en una cuenta bancaria a órdenes del curador, designado de conformidad con lo previsto en el siguiente artículo. Para el efecto, el curador deberá presentar copia de la providencia en la que se efectuó el nombramiento, autenticada por el juez de familia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 22.—Declaración de ausencia del secuestrado. Para adelantar el proceso de declaración de ausencia de una persona que haya sido objeto de secuestro será competente el juez de familia del domicilio principal del ausente.

La solicitud podrá ser presentada por el cónyuge o por cualquiera de los parientes del secuestrado dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil y deberá ser suscrita por un número plural de personas legitimadas. En la solicitud se incluirá la relación de las demás personas legitimadas para ejercer la curaduría de bienes, declaración que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento, y será obligatorio adjuntar copia de la resolución de apertura de investigación previa, autenticada por el fiscal delegado. En la solicitud podrá pedirse la designación como curador de una sociedad fiduciaria que previamente haya aceptado hacerse cargo de la guarda.

En el auto admisorio de la demanda se procederá a nombrar curador de bienes provisional entre las personas que por ley estén llamadas a ejercer el cargo.

En lo no previsto en el presente artículo, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 23.—Parte civil. En los procesos por delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencia de los jueces regionales, podrá reservarse la identidad del abogado representante de la parte civil. La reserva se garantizará a partir de la presentación del poder para constitución de parte civil, para lo cual el funcionario judicial citará al representante y levantará un acta reservada en la que se consignará su identidad y huella digital. El acta se firmará por el funcionario judicial, el representante de la parte civil y el agente del Ministerio Público, quienes presenciarán la diligencia y certificarán que la huella corresponde al firmante. La reserva se mantendrá hasta la finalización del proceso y en los memoriales que presente el representante de la parte civil bastará que consigne su huella digital en presencia del secretario.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 24.—Devolución de bienes a víctimas. Para la devolución de bienes aprehendidos por las autoridades, de propiedad del secuestrado o sus familiares, no se requiere el grado de consulta.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

ART. 25.—Sanciones. Los servidores públicos que incumplan con las previsiones, obligaciones, deberes y funciones establecidos en el presente decreto quedarán incursos, por ese solo hecho, en causal de mala conducta sancionable con destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

ART. 26.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, suspende las disposiciones que le sean contrarias y regirá por el tiempo que dure la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional prorrogue su vigencia en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-582 de 1995).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 6 de octubre de 1995.

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