DECRETO 1724 DE 1995 

(Octubre 6)

”Por el cual se dictan medidas para asegurar la eficacia de las normas de conmoción interior sobre seguridad ciudadana”.

El Ministro del Interior Delegatario de Funciones Presidenciales,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1370 de 1995, del 16 de agosto de 1995, y en concordancia con el Decreto 1673 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró la conmoción interior en todo el territorio nacional;

Que, en desarrollo de lo señalado en la disposición arriba mencionada se expidió el Decreto 1410 de 1995 por el cual se dictan normas tendientes a restablecer la seguridad ciudadana;

Que con el objeto de asegurar el adecuado y eficiente desarrollo de los procesos judiciales a que se refiere el Decreto 1410 de 1995, preservando al propio tiempo los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso, consagrados en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, se hace necesario modificar el mencionado instrumento legal;

Que el artículo 28 de la Constitución Política dispone que “la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”,

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-560 de 1995).

DECRETA:

ART. 1º—Adiciónase el artículo 1º del Decreto 1410 con el siguiente inciso segundo:

”De las contravenciones especiales en las que intervengan como autores o partícipes menores de dieciocho años seguirán conociendo los defensores de familia, con arreglo a las disposiciones establecidas en el Código del Menor, salvo la de calificado, que será de conocimiento de los jueces de menores y promiscuos de familia, quienes podrán imponer a los contraventores las medidas contempladas en el artículo 204 del Código del Menor”.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-560 de 1995).

ART. 2º—Los numerales 1º y 2º del artículo tercero del Decreto 1410 de 1995 quedarán así:

”1. A más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su aprehensión el capturado se pondrá a disposición del funcionario competente, quien dictará auto de apertura de proceso y procederá de conformidad con los numerales siguientes.

2. En la primera hora hábil del día siguiente o, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al momento en que el capturado sea puesto a disposición del funcionario competente, se le escuchará sobre las circunstancias en que ocurrió la aprehensión y se le recibirá versión sobre los hechos. A esta diligencia debe concurrir la persona o funcionario que haya realizado la aprehensión para que relate los hechos relativos a la privación de la libertad del imputado.

Si quien realiza la captura justifica su imposibilidad de concurrir a la diligencia a que se refiere este artículo, en el momento de poner al imputado a disposición de la autoridad, ésta lo oirá en exposición. En el mismo caso, si quien realiza la captura es servidor público podrá rendir, en cambio, un informe escrito. Tanto la exposición como el informe se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento”.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-560 de 1995).

ART. 3º—Adiciónase el Decreto 1410 de 1995 con el siguiente artículo:

”ART. 3ºA.—Intervención especial de la fiscalía. En los eventos en que, por razón del horario regular de atención al público del respectivo despacho, no sea posible poner al capturado a disposición del funcionario competente dentro del término establecido en el numeral 1º del artículo 3º de este decreto, el aprehensor lo pondrá a disposición de la unidad permanente de fiscalía más cercana.

En tal caso, el fiscal oirá al aprehensor o examinará el informe rendido por éste y escuchará al capturado, para determinar si concurren o no los requisitos de la flagrancia. En caso afirmativo, dictará auto de apertura de proceso y expedirá mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detención, para legalizar la privación de la libertad.

A la primera hora hábil siguiente, el fiscal enviará las diligencias al funcionario competente para proseguir el trámite, quien a partir de la actuación adelantada por la fiscalía dará aplicación a lo previsto en los numerales 4º y siguientes del artículo 3º del presente decreto”.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-560 de 1995).

ART. 4º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, suspende las disposiciones que le sean contrarias y regirá por el tiempo que dure la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional prorrogue su vigencia (sic) de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-560 de 1995).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 6 de octubre de 1995.

___________________________________