Ministerio de Justicia y del Derecho

DECRETO 1758 DE 2015 

(Septiembre 1º)

“Por el cual se adiciona al título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, un capítulo 10 que regula las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 79 y 84 de la Ley 65 de 1993, modificados por los artículos 55 y 57 de la Ley 1709 de 2014 respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas;

Que mediante los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1709 de 2014 se reformaron respectivamente los artículos 79, 81 y 84 de la Ley 65 de 1993, relativos al trabajo penitenciario;

Que el trabajo penitenciario se constituye en un derecho y una obligación social y que en ese sentido debe contar con la protección especial del Estado, adicionalmente se trata de un medio terapéutico dirigido al cumplimiento de los fines resocializadores de la pena en concordancia con el artículo 4º de la Ley 599 de 2000;

Que de acuerdo con la mencionada reforma, le corresponde al Gobierno Nacional reglamentar las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad, así como su régimen de remuneración, las condiciones de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo, su forma de afiliación al sistema general de riesgos laborales y de protección a la vejez, y todas las demás con el fin de garantizar sus derechos laborales;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—El título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, tendrá un nuevo capítulo 10 con el siguiente texto:

CAPÍTULO 10

Trabajo penitenciario

Sección 1

Generalidades

ART. 2.2.1.10.1.1.—Trabajo penitenciario. El trabajo penitenciario es la actividad humana libre, material o intelectual que, de manera personal, ejecutan al servicio de otra persona las personas privadas de la libertad y que tiene un fin resocializador y dignificante. Así mismo se constituye en una actividad dirigida a la redención de pena de las personas condenadas. Las actividades laborales de las personas privadas de la libertad podrán prestarse de manera intramural y extramural. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), podrá ofrecer las plazas de trabajo penitenciario directamente o mediante convenios con personas públicas o privadas. En todo caso propiciará la existencia de plazas suficientes para que las personas privadas de la libertad, que así lo deseen, puedan acceder a ellas.

PAR.—Todas las personas privadas de la libertad, tanto condenadas como procesadas, podrán acceder a las plazas de trabajo penitenciario. Las personas condenadas tendrán prioridad para acceder a estas plazas, en virtud del fin resocializador del trabajo penitenciario.

ART. 2.2.1.10.1.2.—Convenios para el trabajo penitenciario. El Inpec podrá celebrar convenios con personas públicas o privadas con el fin de habilitar las plazas de trabajo para las personas privadas de la libertad. Estos convenios deberán incluir las condiciones de afiliación de las personas privadas de la libertad al sistema general de riesgos laborales.

ART. 2.2.1.10.1.3.—Convenio de resocialización y trabajo penitenciario. El convenio de resocialización y trabajo penitenciario se celebrará entre el Inpec y las personas privadas de la libertad y deberá contener como mínimo:

1. La identificación de la persona que presta el servicio.

2. Descripción de las actividades que deberá desarrollar la persona privada de la libertad.

3. Los objetivos en materia de resocialización que deberá alcanzar la persona privada de la libertad.

4. El monto de la remuneración que percibirá la persona privada de la libertad por la actividad realizada.

5. El horario de trabajo y especificaciones de modo, tiempo y lugar para desarrollar las labores correspondientes.

6. Condiciones de la afiliación al sistema general de riesgos laborales.

El Inpec o la persona pública o privada, según corresponda, deberá garantizar que las personas privadas de la libertad cuenten con los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades laborales.

ART. 2.2.1.10.1.4.—Remuneración. La remuneración percibida por las personas privadas de la libertad en razón a los convenios de resocialización y trabajo penitenciario, no constituye salario y no tiene los efectos prestacionales derivados del mismo. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con el Inpec, determinará anualmente el monto mínimo de la remuneración que se pagará a las personas privadas de la libertad por el trabajo penitenciario. Esta deberá ser actualizada anualmente con base en el incremento del índice de precios al consumidor y asegurando que el trabajo de las personas privadas de la libertad sea remunerado de manera equitativa.

ART. 2.2.1.10.1.5.—Prohibición del trabajo forzado. Se prohíbe el trabajo forzado en todas sus modalidades. Las personas privadas de la libertad deberán ejecutar sus actividades laborales en condiciones dignas. Está proscrita cualquier forma de explotación de las personas privadas de la libertad.

ART. 2.2.1.10.1.6.—Jornada laboral. La jornada laboral para las personas privadas de la libertad no podrá, bajo ninguna circunstancia, superar las ocho (8) horas diarias y las cuarenta y ocho (48) horas semanales.

Salvo en los casos previstos en el artículo 2.2.1.3.5 del presente decreto, cuando sea necesario establecer turnos especiales, que en ningún caso superarán las cuarenta y ocho (48) horas semanales.

Sección 2

Condiciones especiales de acceso al derecho a la seguridad social para las personas privadas de la libertad

ART. 2.2.1.10.2.1.—Servicio de salud. Todas las personas privadas de la libertad accederán al servicio de salud, conforme con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014.

ART. 2.2.1.10.2.2.—Protección a la vejez. Las personas privadas de la libertad menores de 65 años, que así lo soliciten, podrán ser afiliadas al sistema flexible de protección para la vejez constituido por los beneficios económicos periódicos. El Ministerio del Trabajo determinará anualmente el monto del aporte correspondiente, el cual deberá ser descontado de la remuneración percibida por la persona privada de la libertad. El Inpec coordinará el giro de los recursos a la entidad a la cual se afilie a la persona privada de la libertad.

ART. 2.2.1.10.2.3.—Riesgos laborales. Todas las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades laborales deben estar afiliadas al sistema general de riesgos laborales. En caso que las personas privadas de la libertad presten sus servicios directamente al Inpec, la cotización deberá ser asumida por el instituto.

Si la prestación del servicio se hace en virtud de un convenio con persona pública o privada, el Inpec deberá garantizar que dentro del mismo se incluyan las obligaciones para la cancelación de las sumas que correspondan a la afiliación respectiva.

Sección 3

Obligaciones y prohibiciones especiales

ART. 2.2.1.10.3.1.—Obligaciones y prohibiciones especiales del Inpec. Son obligaciones del Inpec para el desarrollo del trabajo penitenciario:

1. Promover el establecimiento de las plazas para el acceso al trabajo penitenciario de las personas privadas de la libertad, las cuales serán proveídas gradualmente de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

2. Propiciar el suministro de los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. En caso que estas deban ser suministradas en virtud de convenio con persona pública o privada, deberá gestionar que sean entregadas en tiempo y forma oportuna.

3. Reportar oportunamente las horas de trabajo con destino a la redención de la pena de la persona privada de la libertad.

4. Reportar de manera inmediata la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad laboral a la respectiva administradora de riesgos laborales.

5. Informar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) sobre las adecuaciones que sean necesarias para garantizar que los espacios de trabajo cuenten con las condiciones para el desarrollo de las actividades laborales.

6. Pagar oportunamente la respectiva remuneración a las personas privadas de la libertad.

Se prohíbe al Inpec en relación con el desarrollo del trabajo penitenciario:

1. Deducir, retener o compensar de manera alguna la remuneración a la cual tiene derecho la persona privada de la libertad, sin autorización escrita previa de esta o sin que medie orden judicial.

2. Aceptar cualquier tipo de bonificación o prebenda por parte de la persona privada de la libertad con el fin de acceder a plazas de trabajo.

3. Ejecutar cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas privadas de la libertad.

ART. 2.2.1.10.3.2.—Obligaciones y prohibiciones especiales de las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad, en ejercicio del trabajo penitenciario, tendrán las siguientes obligaciones especiales:

1. Conservar los elementos e instrumentos utilizados para la realización del trabajo penitenciario en buen estado.

2. Observar las medidas de seguridad y salud en el trabajo y todas aquellas medidas encaminadas a prevenir y evitar enfermedades y accidentes laborales.

3. Acatar y cumplir las órdenes impartidas.

4. Abstenerse de dar u ofrecer prebenda alguna con el fin de acceder a las plazas de trabajo penitenciario.

Son prohibiciones especiales de las personas privadas de la libertad, sin perjuicio de lo establecido en el reglamento interno de cada establecimiento:

1. Sustraer de las áreas de trabajo los elementos o materias primas destinadas para la ejecución del trabajo penitenciario.

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.

3. Conservar armas de cualquier tipo.

4. Perturbar la actividad laboral de sus compañeros.

5. Propiciar riñas o disturbios.

6. Incumplir el horario de trabajo asignado.

Sección 4

Actividades de formación para el trabajo

ART. 2.2.1.10.4.1.—Formación para el trabajo. El Inpec celebrará los convenios que sean necesarios para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a formación en habilidades, destrezas y conocimientos técnicos para el desempeño del trabajo penitenciario.

El acceso a esta formación dependerá de los mecanismos de ingreso que para tal fin determine el Inpec.

PAR.—El Inpec, en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), celebrará los convenios que se requieran para garantizar que en aquellos establecimientos en los cuales no existen convenios con otras entidades, exista por lo menos un programa de formación para el trabajo.

ART. 2.2.1.10.4.2.—Permisos para asistencia a formación. El Inpec deberá garantizar que las personas privadas de la libertad que se encuentren en procesos de formación para el trabajo, cuenten con los permisos necesarios para asistir a las respectivas capacitaciones.

En todo caso se observarán las medidas de seguridad que sean necesarias.

ART. 2.2.1.10.4.3.—Convenios para formación y trabajo. El Inpec podrá celebrar convenios con personas públicas o privadas que ofrezcan conjuntamente formación para el trabajo y vinculación laboral para las personas privadas de la libertad.

Sección 5

Seguridad y salud en el trabajo

ART. 2.2.1.10.5.1.—Medidas de seguridad. El Inpec y la Uspec, en el marco de sus competencias, garantizarán que los espacios destinados para el trabajo penitenciario que se lleva a cabo en los establecimientos de reclusión, tengan las condiciones necesarias de seguridad y salud en el trabajo conforme a la normativa vigente en la materia.

PAR.—El Inpec o la entidad contratada para desarrollar el programa correspondiente, según sea el caso, deberá suministrar a las personas privadas de la libertad aquellas prendas de calzado y vestido, así como aquellos elementos de protección personal que sean necesarios para llevar a cabo el trabajo penitenciario y que garanticen su seguridad dentro de las áreas de trabajo.

ART. 2.2.1.10.5.2.—Acceso para personas con discapacidad. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con espacios para trabajo penitenciario adaptados para aquellas personas con algún tipo de discapacidad. La Uspec realizará las adecuaciones a que haya lugar, previo requerimiento del Inpec, de forma gradual y progresiva de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

ART. 2.2.1.10.5.3.—Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para los efectos del presente decreto se entenderán como accidente de trabajo y enfermedad laboral aquellos eventos contemplados en los artículos 3º y 4º de la Ley 1562 de 2012, respectivamente.

ART. 2.2.1.10.5.4.—Atención por enfermedad profesional o accidente de trabajo para las personas privadas de la libertad dentro de establecimientos de reclusión. El accidente de trabajo ocurrido al interior del establecimiento de reclusión, será atendido mediante el sistema de salud penitenciario sin perjuicio de los recobros a que haya lugar frente a la administradora de riesgos laborales (ARL) que corresponda. El director del establecimiento deberá dar aviso de manera inmediata a la administradora de riesgos laborales y a la Uspec con el fin de que se lleven a cabo las actuaciones administrativas que permitan la adecuada atención de la persona privada de la libertad.

En caso de ser necesario el traslado de la persona privada de la libertad, deberán observarse todas las medidas de seguridad, de acuerdo a los protocolos que para tal efecto expida el Inpec.

En caso de enfermedad profesional, la Uspec, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, prestará los servicios que sean necesarios hasta que la ARL asuma la respectiva atención, previa calificación. La ARL propenderá por la prestación de la atención en salud laboral de manera intramural. En los eventos en que sea necesaria la atención extramural de la persona privada de la libertad, deberá informarse tanto al Inpec como a la Uspec con el fin de coordinar el respectivo traslado, cuyos costos correrán por cuenta de la ARL.

ART. 2.2.1.10.5.5.—Giro de recursos. La Uspec llevará a cabo las gestiones administrativas que sean necesarias para el recobro de los servicios de salud que se presten a las personas privadas de la libertad en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral.

ART. 2.2.1.10.5.6.—Supervisión de las condiciones de trabajo. El Ministerio del Trabajo realizará visitas periódicas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios con el fin de determinar el cumplimiento de las normas en seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo en las áreas destinadas al trabajo penitenciario.

ART. 2.2.1.10.5.7.—Actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo. Las ARL correspondientes deberán, en cumplimiento de las obligaciones que legalmente les han sido asignadas, realizar programas, campañas y acciones de educación y prevención al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional. Para tal fin coordinarán con el Inpec el ingreso de los equipos profesionales que sean necesarios.

ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 1º de septiembre de 2015.