Decreto 1805 del 2010. Exención de IVA por servicios con destino al exterior

Revista Nº 160 Jul.-Ago. 2010

Andrea Carolina Martínez 

Abogada tributarista 

El artículo 1º de este decreto reglamenta el literal e) del artículo 481 del estatuto tributario. Ese literal establece una exención del impuesto a las ventas en dos casos: (i) servicios prestados en Colombia para ser utilizados en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en el país; y (ii) servicios turísticos que sean utilizados en el país y tengan origen en paquetes vendidos por agentes inscritos en el Registro Nacional de Turismo, prestados a personas residentes en el exterior.

En el primer evento, el decreto reglamentario agrega “sin desplazamiento del prestador o proveedor del servicio”, lo que inmediatamente obliga a preguntarse si existe una limitación a la exención no prevista en la ley, y con ello una posible violación al principio de reserva de ley. Parecería que sí. Es evidente que la facultad reglamentaria no puede extralimitarse y crear regulación más allá de la ley.

En cuanto al segundo supuesto, el decreto reglamentario se refiere a “personas no residentes o domiciliadas en el país”, y la ley a “residentes en el exterior”. Sin embargo, en este caso, parecería que sí es lo mismo para el Decreto Reglamentario.

Adicionalmente, el parágrafo del artículo 1º, que trata el primer evento de exención, especifica qué se entiende por empresa sin actividades o negocios en Colombia: las personas o empresas residentes en el exterior que son beneficiarios directos de los servicios prestados en el país para ser utilizados exclusivamente en el exterior, incluso si tienen algún tipo de vinculación económica en Colombia. Y, a partir de esta conceptualización, el inciso segundo del parágrafo delimita al sujeto beneficiario de la exención, que será la empresa sin negocios o actividades en el país y en ningún caso la filial, subsidiaria, oficina de representación, casa matriz o cualquier vinculado económico en Colombia de dicha empresa, aun si es beneficiario de los servicios prestados. El sujeto exento, entonces, únicamente puede ser la empresa contratante residente en el exterior, y no sus vinculados económicos en el país.

Por su parte, el artículo 2º del decreto establece los requisitos para la procedencia de la devolución o compensación del saldo a favor que se genere por la exportación de servicios de que trata el numeral 1º del artículo 1º del decreto. Estos requisitos se encuentran dirigidos principalmente a establecer que el servicio efectivamente se utilizó o consumió en el exterior. De no ser así, se deberá interponer una denuncia por el delito de exportación ficticia.

El artículo 3º del Decreto 1805 modifica el artículo 6º del Decreto 2681 de 1999. Al respecto debe precisarse que el apartado que rezaba, “previamente al reintegro de las divisas” contenido en el último artículo en mención, fue declarado nulo el pasado mes de marzo por el Consejo de Estado, al considerar que existió un exceso en la facultad de reglamentación del gobierno. Con todo, mediante esta nueva modificación se agrega la expresión “previamente a la prestación del servicio” en aparente reemplazo de aquella declarada nula. Podría suceder, dirían algunos, que esta frase fuera sometida al control de legalidad del Consejo de Estado por una supuesta extralimitación en la facultad reglamentaria.

Igualmente, el artículo 3º del Decreto 1805 del 2010 incluye una advertencia a los exportadores: cualquier información falsa consignada en la declaración será sometida a las sanciones establecidas en el Código Penal.

Por último, señala el artículo 4º del decreto que las previsiones comprendidas en los artículos 2º y 3º del mismo instrumento normativo, no serán aplicables a los servicios turísticos, prestados a residentes en el exterior.