DECRETO 1941 DE 1992 

(Noviembre 30)

“Por el cual se otorga competencia a los jueces penales”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1793 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1793 del 8 de noviembre de 1992 se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional por el término de noventa (90) días calendario, fundado, entre otras, en la siguiente consideración:

“Que en las últimas semanas la situación del orden público en el país, que venía perturbada de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones terroristas de las acciones guerrilleras y de la delincuencia organizada”;

Que un elemento que puede contribuir al agravamiento de la situación de orden público es la falta de investigación inmediata de las conductas delictivas, en especial de aquellas de competencia de los jueces regionales y del tribunal nacional;

Que por la actual imposibilidad de organizar unidades de fiscalía en todo el territorio nacional se presenta un retardo en las investigaciones de las conductas delictivas referidas, lo cual puede generar una situación de impunidad perturbadora del orden público;

Que es necesario otorgar competencia a los jueces penales o promiscuos municipales para asumir transitoriamente el conocimiento de los mencionados delitos que sean de competencia de la Fiscalía General de la Nación donde no existan unidades de fiscalía,

DECRETA:

ART. 1º––Tratándose de los delitos de competencia de los jueces regionales y del tribunal nacional, cuando en el sitio donde se cometa un hecho punible no exista fiscal que avoque inmediatamente la investigación, lo hará el juez penal o promiscuo municipal del lugar, quien deberá remitir inmediatamente a la unidad de fiscalía competente el aviso de iniciación.

ART. 2º––El juez avocará el conocimiento, ordenará o practicará las pruebas que considere pertinentes, indagará al imputado y remitirá las diligencias inmediatamente a la unidad de fiscalía para resolver situación jurídica y continuar con la investigación, sin perjuicio de que se pueda comisionar para ello a un juez penal.

PAR.—Si no fure posible poner a disposición de la unidad de fiscalía más próxima, las diligencias respectivas y siempre y cuando fuere necesario, el juez le resolverá la situación jurídica al imputado.

ART. 3º––El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación, suspende las demás disposiciones que le sean contrarias y su vigencia se extenderá por el tiempo de conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional la prorrogue, de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 30 de noviembre de 1992.

(Nota: El Decreto 1515 de 1993 artículo 2º de la Presidencia de la República, prorroga por el término de noventa (90) días calendario contados a partir del 5 de agosto de 1993, la vigencia del presente decreto).

(Nota: Declarado exequible por la razones expuesta en la Sentencia C-59 de 1993 de la Corte Constitucional).

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