ESTATUTO DE LA ABOGACÍAESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍAESTATUTO DEL ABOGADODECRETO 196 DE 1971 

(Febrero 12)

“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.

(Nota: Véase Ley 1123 de 2007 artículo 112)

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la comisión asesora establecida en ella,

DECRETA:

TÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

ART. 3º—Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales.

TÍTULO II

De la inscripción

ART. 4º—Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin perjuicio de las excepciones establecidas en este decreto.

ART. 5º—Es requisito para la inscripción haber obtenido el título correspondiente, reconocido legalmente por el Estado.

ART. 6º—No podrá ser inscrito como abogado y si ya lo estuviere deberá ser excluido.

a) Quien se halle en interdicción judicial, y

b) El responsable de delito que tenga señalada pena de presidio, de prisión o de relegación a colonia, cometido con posterioridad a la vigencia de este decreto, si por las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y la personalidad del agente, el tribunal competente los considera indigno de ejercer la abogacía.

Se exceptúa el caso de la condena condicional o del perdón judicial.

ART. 7º—Quien pretenda su inscripción como abogado deberá solicitarla por escrito al tribunal superior del distrito judicial de su domicilio, acompañando certificación del Ministerio de Educación Nacional, sobre reconocimiento oficial del título universitario respectivo y el comprobante de consignación de los derechos a que se refiere el artículo 20 de este decreto.

ART. 8º—La solicitud será repartida inmediatamente al magistrado sustanciador, quien resolverá sobre su admisión dentro de los tres días siguientes.

Si la encontrare admisible ordenará su publicación por una vez en la gaceta del foro o, a falta de esta, en un periódico de circulación nacional.

Si la encontrare inadmisible, así lo expresará en providencia motivada, contra la cual procede el recurso de súplica ante los otros magistrados que componen la sala de decisión.

PAR.—Las solicitudes de inscripción de abogados serán repartidas por el presidente del tribunal a los magistrados, en orden alfabético. El magistrado a quien corresponda el reparto actuará como sustanciador e integrará la Sala de decisión con los dos magistrados que le sigan en orden alfabético.

ART. 9º—En la actuación a que diere lugar la solicitud de inscripción será parte el Ministerio Público, representado por el respectivo fiscal del tribunal.

ART. 10.—La publicación será a costa del interesado y deberá contener:

1. Nombre completo del solicitante, documento de identificación, domicilio y dirección.

2. Tribunal ante el cual se tramita la solicitud.

3. Universidad que expidió el título, y

4. Término para presentar oposición.

ART. 11.—Dentro de los diez días siguientes al de la publicación cualquier persona podrá oponerse a la inscripción.

La oposición solo podrá fundarse en hechos que impidan la inscripción conforme a este decreto, y deberá formularse por escrito, bajo juramento, ante el magistrado sustanciador.

ART. 12.—Vencido el término de que trata el artículo anterior, la respectiva Sala decretará la inscripción si no hubiere oposición.

Si la hubiere, dará traslado de ella al solicitante por dos días y luego abrirá el negocio a prueba por dos días para pedirlas y nueve para practicar las que se decreten de oficio o a solicitud de los interesados. Vencido el término probatorio, la Sala resolverá dentro de los cinco días siguientes si decreta o no la inscripción.

ART. 13.—Contra la providencia de la Sala que decida sobre la inscripción procede el recurso de súplica ante el tribunal en pleno, el cual resolverá dentro de los diez días siguientes.

ART. 14.—La negativa de la inscripción solo podrá fundarse en la carencia de las condiciones requeridas para la admisión al ejercicio de la abogacía.

ART. 15.—En firme la providencia que decrete la inscripción se comunicará al Ministerio de Justicia para que incluya al interesado en el registro nacional de abogados, expida la tarjeta profesional y publique la inscripción, a costa del interesado, en la gaceta del foro, o en su defecto, en un periódico de circulación nacional.

ART. 16.—El aviso de inscripción expresará:

1. Nombre completo del abogado y su documento de identificación personal.

2. Tribunal que decretó la inscripción, número y fecha de la providencia respectiva.

3. Universidad que expidió el título.

4. Número y fecha de la tarjeta profesional.

ART. 17.—Los abogados inscritos con anterioridad a la vigencia de este decreto, solicitarán del Ministerio de Justicia, directamente o por conducto del tribunal superior de su domicilio, su inclusión en el registro nacional de abogados y la expedición de su tarjeta profesional. Mientras esta se entrega, la copia del acuerdo que los admitió al ejercicio de la profesión producirá los mismos efectos que la tarjeta.

Para este efecto los tribunales enviarán al ministerio, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la promulgación de este decreto, la lista completa de los abogados cuya inscripción hayan decretado con anterioridad a la vigencia del mismo indicando individualmente el acuerdo, su vigencia y las sanciones que les hayan sido impuestas.

ART. 18.—Los tribunales expedirán licencia provisional a los abogados que se inscriban a partir de la vigencia de este decreto, mientras el Ministerio de Justicia les entrega la correspondiente tarjeta profesional.

ART. 19.—La tarjeta profesional será firmada por el Ministerio de Justicia y contendrá las indicaciones señaladas en el artículo 16 de este decreto.

Esta tarjeta sustituye, para todos los efectos legales, al carné de inscripción profesional de que trata el artículo 21 del Decreto 250 de 1970.

El gobierno reglamentará la forma de llevar el registro nacional de abogados y la expedición y entrega de la tarjeta profesional.

ART. 20.—La inscripción no causará derechos distintos a los que demanden las publicaciones y la expedición de la tarjeta profesional. El Ministerio de Justicia fijará anualmente su valor con base en los costos y podrá encargar de estos servicios al fondo rotatorio.

ART. 21.—La inscripción, mientras esté vigente, habilita al abogado para el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la República, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley.

ART. 22.—Quien actúe como abogado deberá exhibir su tarjeta profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades no se dará curso a la solicitud.

ART. 23.—El tribunal superior que haya decretado la inscripción de un abogado podrá en todo tiempo, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, o de cualquier persona, y con audiencia del interesado, revisar la actuación sobre inscripción y ordenará la cancelación de esta, mediante el trámite de un incidente, si comprobare que se realizó sin el lleno de los requisitos legales.

TÍTULO III

Del ejercicio de la profesión

CAPÍTULO 1

Régimen general

ART. 24.—No se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscripto y tener vigente la inscripción.

ART. 25.—Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este decreto.

La violación de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas para el ejercicio ilegal de la abogacía.

ART. 26.—Los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas solo podrán ser examinados:

a) Por los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y por razón de ellas;

b) Por los abogados inscritos, sin perjuicio de las excepciones en materia penal;

c) Por las partes;

d) Por las personas designadas en cada proceso o como auxiliares de la justifica para lo de su cargo;

e) Por los directores y miembros de consultorios jurídicos en los procesos en que estén autorizados para litigar conforme a este decreto, y

f) Por los dependientes de los abogados inscritos debidamente acreditados, siempre que sean estudiantes de derecho.

ART. 27.—Los dependientes de abogados inscritos solo podrán examinar los expedientes en que dichos abogados estén admitidos como apoderados, cuando sean estudiantes u cursen regularmente estudios de derecho en universidad oficialmente reconocida hayan sido acreditados como dependientes, por escrito y bajo la responsabilidad el respectivo abogado, quien deberá acompañar la correspondiente certificación de la universidad.

Los dependientes que no tengan la calidad de estudiantes de derecho, únicamente podrán recibir informaciones en los despachos judiciales o administrativos sobre los negocios que apodere el abogado de quien dependan, pero no tendrán acceso a los expedientes.

CAPÍTULO 2

Excepciones

ART. 28.—Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:

1. En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes.

2. En los procesos de mínima cuantía.

3. En las diligencias administrativas de conciliación y en los procesos de única instancia en materia laboral.

4. En los actos de oposición en diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesión de minas u otros análogos. Pero la actuación judicial posterior a que dé lugar la oposición formulada en el momento de la diligencia deberá ser patrocinada por abogado inscrito, si así lo exige la ley.

ART. 29.—También por excepción se podrá litigar en causa propia o ajena, sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:

1. En los asuntos de que conocen los funcionarios de policía que se ventilen en municipios que no sean cabecera de circuito y en donde no ejerzan habitualmente por lo menos dos abogados inscritos, circunstancia que hará constar el funcionario en el auto en que admita la personería.

2. En la primera instancia en los procesos de menor cuantía que se ventilen en municipios que no sean cabecera de circuito y en donde no ejerzan habitualmente por lo menos dos abogados inscritos. El juez hará constar esta circunstancia en el auto en que admita la personería.

Se entiende que un abogado ejerce habitualmente en un municipio cuando atiende allí oficina personalmente y de manera regular, aunque no resida en él.

ART. 30.—(Modificado).* Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con alumnos de los dos últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo tribunal superior de distrito judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados de pobres, a elección de la facultad y deberán actuar en coordinación con estos en los lugares en que este servicio se establezca.

Los estudiantes mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos:

a) En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y las autoridades de policía;

b) En los procesos laborales de única instancia y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral;

c) En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia, y

d) De oficio, en los procesos penales, como voceros o defensores en audiencia.

e) (Nota: Adicionado por la Ley 23 de 1991 artículo 54)

*(Nota: Modificado por la Ley 583 de 2000 artículo 1º)

ART. 31.—La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos:

a) En la instrucción criminal y en los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda, los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero;

b) De oficio, como apoderado o defensor en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación y,

c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.

ART. 32.—Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva licencia temporal en la cual se indicará la fecha de su caducidad.

Para este efecto, elevará solicitud al Tribunal Superior de Distrito Judicial de su domicilio, acompañada de certificación expedida por la correspondiente universidad, en que conste que ha cursado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho.

ART. 33.—En materia penal los procesados pueden, sin necesidad de apoderado, adelantar todas las actuaciones que les autoriza el Código de Procedimiento Penal.

ART. 34.—(Inexequible).* El cargo de apoderado para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable, siempre y cuando no sea empleado público.

*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-49 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz)

ART. 35.—Salvo los casos expresamente determinados en la ley no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, este deberá ser abogado inscrito.

ART. 36.—La persona legalmente autorizada para litigar en causa propia que no supiere leer ni escribir, deberá formular personalmente sus peticiones a fin de que el funcionario se cerciore de su identidad y de que su voluntad real coincide con lo que la petición expresa. De esta doble verificación se dejará constancia, y además, se tomará la impresión digital del litigante.

ART. 37.—Las personas que sin título profesional fueron autorizadas para ejercer la abogacía con anterioridad al 16 de febrero de 1945, podrán continuar ejerciéndola, siempre que no hayan perdido ese derecho en virtud de sentencia penal o disciplinaria.

ART. 38.—Las personas autorizadas para ejercer la abogacía de conformidad con los artículos 30, 31 y 37 de este decreto, quedarán sometidas a las normas reglamentarias y al régimen disciplinario de la profesión, en las mismas condiciones que los abogados inscritos.

CAPÍTULO 3

Incompatibilidades

ART. 39.—(Modificado).* No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

1. Los empleados públicos y los trabajadores oficiales, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el departamento o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.

2. Los senadores de la República, representantes a la Cámara, diputados a las asambleas, consejeros intendenciales y comisariales y concejales distritales y municipales, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.

3. Los militares en servicio activo con las excepciones consagradas en el ordenamiento procesal penal militar.

4. Los que estén privados de su libertad como consecuencia de auto de proceder, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de los reglamentos carcelarios.

*(Nota: Modificado por la Ley 583 de 2000 artículo 2º)

ART. 40.—En ningún caso podrá el abogado actuar en relación con asuntos de que hubiere conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubiere intervenido en ejercicio de funciones oficiales; tampoco podrá hacerlo ante la dependencia administrativa en la cual haya trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo.

CAPÍTULO 4

Ejercicio ilegal de la abogacía

ART. 41.—Incurrirá en ejercicio ilegal de la abogacía y estará sometido a las sanciones señaladas para tal infracción:

1. Quien no siendo abogado inscrito, se anuncie o haga pasar por tal u ofrezca servicios personales que requieran dicha calidad o litigue sin autorización legal.

2. El abogado que actúe estando suspendido o excluido de la profesión.

3. El abogado que intervenga no obstante la existencia de una incompatibilidad.

4. El titular de la licencia temporal de que trata el artículo 32 que ejerza la abogacía en asuntos distintos de los contemplados en el artículo 31, o por tiempo mayor del indicado en dicha norma.

ART. 42.—El funcionario público que, fuera de los casos de excepción señalados en este título, admita como apoderado, asesor o vocero de otra persona a quien no sea abogado inscrito o tolere la actuación en causa propia de quien no tenga esta calidad, o permita examinar los expedientes o actuaciones de su oficina a quien no esté legalmente autorizado para verlos, o en cualquier forma facilite, autorice o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, incurrirá en falta disciplinaria que será sancionada con la suspensión del cargo por la primera vez, y en caso de reincidencia con la destitución.

ART. 43.—Cualquier persona podrá denunciar ante las autoridades las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que tenga conocimiento.

El funcionario público que tuviere conocimiento de una de ellas está en la obligación de denunciarla al juez competente y si es este quien por cualquier medio tiene noticia de la infracción, deberá iniciar de oficio el proceso correspondiente.

TÍTULO IV

Inspección y vigilancia de la profesión

ART. 44.—Corresponde al Ministerio de Justicia con relación a la profesión de abogado:

1. Llevar el registro nacional de abogados.

2. Expedir la tarjeta profesional de los abogados cuya inscripción esté vigente.

3. Editar la gaceta del foro como publicación periódica al servicio de la abogacía y de la judicatura.

4. Publicar periódicamente en la gaceta del foro la lista de los abogados inscritos y la de quienes hayan sido suspendidos o excluidos de la profesión.

5. Publicar las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados, de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de este decreto.

6. Inspeccionar la moralidad y legalidad del ejercicio de la profesión de abogado.

7. Auspiciar, en colaboración con universidades e institutos oficiales y privados, la formación especializada de los abogados y la programación de cursos de actualización de conocimientos.

8. Estimular la investigación jurídica y contribuir a la publicación y difusión de libros y revistas científicas, didácticas, doctrinarias y analíticas.

9. Establecer sistemas de información bibliográfica, normativa y jurisprudencial.

10. Promover la reunión de congresos jurídicos nacionales e internacionales y estimular las relaciones entre el foro colombiano y las organizaciones profesionales de otros países.

11. Promover la prestación del servicio obligatorio de asistencia de pobres, gratuito o remunerado, según las circunstancias en coordinación con los servicios de esta misma naturaleza que el gobierno establezca o patrocine.

12. Procurar la colaboración de las facultades de derecho y de los abogados con el gobierno y el Congreso en la actualización de las normas y con la administración de justicia en la tecnificación de su trabajo y el avance de la doctrina.

13. Estimular sistemas de seguridad social de los abogados.

14. Auspiciar la asociación de los profesionales del derecho, secundar sus programas en cuanto contribuyan a enaltecer y dignificar la abogacía y vigilar su funcionamiento.

ART. 45.—Para el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia estará asistido por un consejo consultivo, presidido por el ministro e integrado por el Procurador General de la Nación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado y por dos abogados en ejercicio designados por la Academia Colombiana de Jurisprudencia para período de dos años.

ART. 46.—El Ministerio de Justicia podrá encomendar a su fondo rotatorio la impresión de la tarjeta profesional y las publicaciones mencionadas en el artículo 44 de este decreto.

TÍTULO V

Deberes profesionales del abogado

ART. 47.—Son deberes del abogado:

1. Conservar la dignidad y el decoro de la profesión;

2. Colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia.

3. Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados y con las demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión.

4. Obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los clientes.

5. Guardar el secreto profesional.

6. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, y

7. Proceder lealmente con sus colegas.

TÍTULO VI

Régimen disciplinario

CAPÍTULO 1

De las faltas

ART. 48.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

1. La pública embriaguez consuetudinaria o el hábito injustificado de drogas estupefacientes.

2. El hábito de frecuentar garitos, lenocinios u otros lugares de mala reputación.

3. La provocación reiterada de riñas o escándalos públicos.

4. La mala fe en los negocios.

5. La dilapidación del patrimonio en perjuicio de los acreedores.

6. La administración o participación en negocios incompatibles con el respeto que exige la abogacía.

7. La utilización de intermediarios para obtener poderes o la participación de honorarios con quienes lo han recomendado, y

8. El patrocinio del ejercicio ilegal de la abogacía o del ingreso a la profesión de personas de malos antecedentes o que no reúnan las condiciones habilitantes.

El abogado que cometa una de estas faltas incurrirá en amonestación, censura o suspensión.

ART. 49.—Son faltas contra el decoro profesional:

1ª La propaganda por anuncios hablados o escritos que no se limiten al nombre del abogado, sus títulos y especializaciones académicas, los cargos desempeñados, los asuntos a que atiende de preferencia o con exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional, y

2ª La solicitud o consecución de publicidad laudatoria para sí o para los funcionarios que conozcan o hayan conocido de los asuntos concretos a cargo del abogado.

Quien cometa una de estas faltas incurrirá en amonestación o censura.

ART. 50.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.

El responsable de una de estas faltas incurrirá en amonestación, censura o suspensión.

ART. 51.—Son faltas contra la recta administración de justicia:

1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los funcionarios o de sus colaboradores.

2. Promover, a sabiendas, una causa manifiestamente injusta.

3. Recurrir en sus gestiones a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios o a sus colaboradores; invocar méritos particulares, credos políticos o religiosos de estos, vínculos de amistad o de cualquier otra índole, y

4. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios o de los auxiliares de la justicia.

Estas faltas serán sancionadas con amonestación, censura, suspensión o exclusión.

ART. 52.—Son faltas contra la lealtad debida a la administración de justicia.

1. La proposición de incidentes, interposición de recursos, formulación de oposiciones o de excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales; la solicitud de medidas cautelares desproporcionadas y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.

2. El consejo, el patrocinio o la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.

3. Las afirmaciones o negaciones maliciosas o las citas inexactas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir una cuestión jurídica, y

4. El uso, a sabiendas, de pruebas falsas o la desfiguración o amaño de las pruebas.

El responsable de una de estas faltas incurrirá en censura, suspensión o exclusión.

ART. 53.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

1. No expresarle su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado.

2. Garantizarle que, de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable.

3. Callar, en todo o en parte, hechos o situaciones o alterar la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto.

4. Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común.

5. Comunicar o utilizar indebidamente los secretos que le haya confiado el cliente, aún en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito, y

6. Adquirir del cliente parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales.

El responsable de cualquiera de estas faltas incurrirá en censura, suspensión o exclusión.

ART. 54.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente.

2. Cobrar gastos o expensas irreales.

3. Retener dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, o demorarle injustificadamente la comunicación de este recibo.

4. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero.

5. No rendir oportunamente al cliente las cuentas de su gestión y manejo de bienes, y

6. Negarse a otorgar recibos de pago de honorarios o de gastos cuando le sean solicitados.

El abogado que cometa una de estas faltas incurrirá en censura, suspensión o exclusión.

ART. 55.—Incurre en falta a la debida diligencia profesional:

1. El abogado que injustificadamente demore la iniciación o prosecución de las gestiones que le han sido encomendadas o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, y

2. El abogado que sin justa causa descuido o abandone el asunto de que se haya encargado.

Quien cometa una de estas faltas será sancionado con censura, suspensión o exclusión.

ART. 56.—Constituyen faltas a la lealtad profesional:

1. Realizar directamente o por interpuesta persona, y en cualquier forma, gestiones encaminadas a desplazar o a sustituir a un colega en asunto profesional de que este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado.

2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución.

3. Negociar directamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de esta, y

4. Propiciar la elusión o el retardo del pago de los honorarios debidos a un colega.

El abogado que cometa una de estas faltas incurrirá en censura, suspensión o exclusión.

CAPÍTULO 2º

De las sanciones

ART. 57.—La amonestación consiste en la reprensión privada que se hace al infractor por la falta cometida.

ART. 58.—La censura consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida.

ART. 59.—La suspensión consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a dos meses ni superior a dos años.

ART. 60.—La exclusión consiste en la prohibición definitiva del ejercicio de la abogacía, que conlleva la cancelación de la licencia de abogado.

ART. 61.—Las sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados en este título, teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales del infractor y sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.

ART. 62.—Las sanciones disciplinarias se anotarán en el registro del abogado y, excepto la amonestación, se publicarán en la gaceta del foro, o en su defecto en el Diario Oficial.

ART. 63.—La reincidencia del abogado en faltas disciplinarias se sancionará así:

a) Después dedos amonestaciones, la nueva sanción no podrá ser inferior a la censura.

b) Después de tres sanciones entre las cuales hubiere al menos una censura, la nueva sanción no podrá ser inferior a la suspensión.

c) Después de tres (3) sanciones, una de las cuales hubiere sido la suspensión, la nueva sanción no podrá ser inferior a la suspensión por un año, y

d) Después de dos suspensiones, la nueva sanción será la exclusión.

ART. 64.—El abogado excluido de la profesión podrá ser rehabilitado por el tribunal disciplinario, cuando se den las siguientes condiciones:

a) Que hayan transcurrido no menos de cinco años desde la ejecutoria de la sentencia que le impuso la sanción disciplinaria, y

b) Que a juicio del tribunal, aparezca demostrado que la conducta observada por el excluido revela su completa idoneidad moral para reingresar a la profesión.

ART. 65.—En las actuaciones sobre rehabilitación es parte del Ministerio Público. La decisión se emitirá dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las pruebas decretadas de oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente señale el tribunal, sin que excedan de treinta días.

CAPÍTULO 3º

Jurisdicción y competencia

ART. 66.—La jurisdicción disciplinaria se ejerce:

1. Por el tribunal disciplinario creado por el artículo 217 de la Constitución que conocerá en segunda instancia por apelación o consulta, y

2. Por los tribunales superiores de distrito judicial que conocerán en primera instancia de las infracciones cometidas por los abogados en el territorio de su jurisdicción.

ART. 67.—Los tribunales superiores de distrito judicial ejercerán la jurisdicción disciplinaria en Sala Penal.

ART. 68.—Mientras la ley organiza el funcionamiento del tribunal disciplinario, las funciones atribuidas a él en este decreto, serán ejercidas por la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal.

CAPÍTULO 4º

Procedimiento

ART. 69.—Contra el presunto responsable de una de las infracciones establecidas en el capítulo 1º de este título, se procederá de oficio o en virtud de denuncia que cualquier persona pueda formular.

La denuncia podrá presentarse ante el presidente del Tribunal Superior del Distrito en donde se hubiere cometido la falta o ante cualquier juez de la República, quien la remitirá dentro de los dos días siguientes a dicho tribunal.

ART. 70.—El funcionario público que por cualquier medio tuviere conocimiento de una infracción disciplinaria, deberá dar inmediato aviso al presidente del tribunal superior competente, suministrándole todas las informaciones pertinentes, las generalidades del infractor, los elementos probatorios recogidos y los demás datos de que tuviere noticia.

ART. 71.—Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren, además, constitutivos de delito perseguible de oficio, se ordenará ponerlos en conocimiento del juez competente, acompañándole copia autorizada de los necesarios. La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a suspensión de la actuación disciplinaria.

ART. 72.—Recibida la denuncia o el aviso de la posible comisión de una infracción disciplinaria, el presidente del tribunal superior pasará el asunto, dentro de las veinticuatro horas siguientes, al presidente de la Sala Penal, quien de inmediato hará el reparto entre los magistrados que la integran.

ART. 73.—La Sala Penal decidirá dentro de los quince días siguientes en providencia motivada, si es o no el caso de iniciar el proceso.

Esta providencia se notificará personalmente al respectivo fiscal del tribunal superior y al presunto infractor; contra ella procede el recurso de reposición y, en caso de que la denuncia fuere rechazada, el de apelación en el efecto suspensivo.

ART. 74.—En el auto que inicie el proceso disciplinario se ordenará correr traslado al inculpado, con copia de la denuncia y de los documentos que la acompañan, por el término de diez días.

ART. 75.—Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle el auto de traslado dentro de los diez días siguientes a la fecha de su pronunciamiento, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado por igual término en la secretaría del tribunal que conoce del proceso y en la secretaría del tribunal de su domicilio profesional, y transcurrido este, si no compareciere, se le nombrará defensor de oficio con quien se adelantará la actuación.

ART. 76.—Vencido el término del traslado, las partes tendrán cinco días para pedir pruebas. Dentro de los dos días siguientes el magistrado sustanciador decretará la práctica de las que fueren conducentes.

Las pruebas decretadas se practicarán dentro de un término prudencial que no podrá exceder de treinta días.

En cualquier tiempo antes de fallar, podrá el tribunal de oficio decretar pruebas y si el término probatorio estuviere vencido señalará uno con tal fin, que no será superior a quince días.

ART. 77.—Las pruebas serán practicadas personalmente por el magistrado sustanciador, quien solo podrá comisionar para la práctica de aquellas que hayan de recibirse fuera de su sede, al juez en lo penal de mayor categoría del lugar.

ART. 78.—En cualquier estado del proceso, antes de dictar sentencia, el tribunal o el magistrado sustanciador podrán interrogar libremente al denunciante y al denunciado y hacer careos entre ellos. Esta facultad es indelegable.

ART. 79.—Vencido el término probatorio, al día siguiente se ordenará pasar el proceso al fiscal, por diez días, para que emita concepto y a continuación se dará traslado por igual término al inculpado para su alegación.

ART. 80.—Surtidos los traslados, el ponente tendrá diez días para registrar proyecto de fallo, y la sentencia deberá ser pronunciada por el tribunal dentro de los veinte días siguientes.

ART. 81.—Contra la sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación que podrá imponerse dentro de los cinco días siguientes al de su notificación y se concederá en el efecto suspensivo. Las sentencias que no se apelaren deberán consultarse con el superior.

(sic) ART. 81.—Recibido el expediente por el tribunal disciplinario, se ordenará que pase en traslado al Ministerio Público por cinco días para concepto y que enseguida se fije en lista por igual término para la alegación.

Hasta el pronunciamiento del fallo, el magistrado sustanciador podrá por una vez, decretar de oficio la práctica de pruebas señalando para ello un término que no podrá exceder de quince días.

ART. 83.—El proyecto de fallo deberá registrarse en el término de veinte días y la sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes. Tales términos se interrumpirán en caso de decreto probatorio.

ART. 84.—Toda sentencia que ponga fin a un proceso disciplinario deberá comunicarse al Ministerio de Justicia.

ART. 85.—El denunciante solo podrá intervenir como coadyuvante en los procesos disciplinarios y su desistimiento no extingue la acción.

ART. 86.—El proceso disciplinario se adelantará en papel común, en original y copia y sobre esta se surtirán los traslados al acusado.

ART. 87.—El Ministerio público será parte en los procesos disciplinarios y estará representado en la primera instancia, por el respectivo fiscal del tribunal superior y en la segunda por el Procurador General de la Nación o un delegado suyo.

ART. 88.—La acción disciplinaria prescribe en dos años que se contarán desde el día que se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción.

Las sanciones prescriben así: La de suspensión, en un término igual al doble del señalado como pena, pero en ningún caso antes de un año y la de exclusión en diez años. Los términos se contarán a partir de la ejecutoria de la providencia que impone la sanción.

ART. 89.—El magistrado, el agente del Ministerio Público o el juez comisionado, que injustificadamente deje de cumplir cualquiera de los términos establecidos en este capítulo incurrirá en causal de mala conducta, sancionable de conformidad con las normas legales pertinentes.

ART. 90.—En lo no previsto en el presente título se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.

TÍTULO VII

Vigencia del estatuto

ART. 91.—La tarjeta profesional de abogado se exigirá a partir del 1º de julio de 1971.

ART. 92.—Deróganse las leyes 62 de 1928, 21 de 1931, y 69 de 1945, y los decretos 320, 764, 1158, 1350 y 1766 de 1970.

ART. 93.—Este decreto rige desde su promulgación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, D.E. a 12 de febrero de 1971.

(Nota: Véase Ley 1123 de 2007 artículo 112)

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