Ministerio de Justicia y del Derecho

DECRETO 2055 DE 2014

(Octubre 16)

“Por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su funcionamiento y todos los asuntos relacionados con las demás instancias técnicas que se requieran para su adecuado desarrollo”.

(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 1.1.3.2 del Ministerio de Justicia y del Derecho. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector y véase artículo 3.1.1.)

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 189 numerales 11 y 16 de la Constitución Política, 66 de la Ley 4ª de 1913, Ley 888 de 1994 y 167 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a la jurisprudencia constitucional, la política criminal es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesarias adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.

Que la definición de los elementos de política criminal, su orientación e instrumentos son el resultado de un proceso colectivo como quiera que se trata de una política estatal y participativa, que implica responsabilidades y atribuciones de todas las ramas del poder público.

Que conforme a la definición de la Corte Constitucional en las sentencias C-646 de 2001 y C-936 de 2010, la política criminal tiene vínculos estrechos con las llamadas tres formas de criminalización. Así, la política criminal tiene que ver con la definición de un comportamiento como delito, la determinación de un individuo como responsable de un crimen ya establecido por la ley, el problema de la judicialización o investigación criminal de los hechos punibles y finalmente la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen definida en lo que es la política penitenciaria.

Que mediante el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014 se modificó el artículo 167 de la Ley 65 de 1993, en el que se establece la naturaleza, objeto y composición del Consejo Superior de Política Criminal como organismo asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal.

Que es necesario reglamentar el funcionamiento del Consejo Superior de Política Criminal, así como todos los asuntos relacionados con las instancias técnicas y demás que se requieran para su normal funcionamiento.

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el funcionamiento del Consejo Superior de Política Criminal, así como todos los asuntos relacionados con las instancias técnicas y demás que se requieran para su normal funcionamiento.

ART. 2º—Naturaleza del consejo. El Consejo Superior de Política Criminal funcionará como organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal.

CAPÍTULO II

De las funciones del Consejo Superior de Política Criminal y su funcionamiento

ART. 3º—Funciones del Consejo Superior de Política Criminal. Son funciones del Consejo Superior de Política Criminal las siguientes:

1. Recomendar al Ministerio de Justicia y del Derecho la elaboración o contratación de estudios para establecer las causas y dinámicas de la criminalidad; el nivel de cumplimiento del principio de proporcionalidad de las penas; la eficacia de las penas impuestas por los jueces; el cumplimiento de los fines de la pena y los demás aspectos relacionados con la política criminal del Estado.

2. Asesorar, con base en los estudios realizados, a las autoridades encargadas de formular la Política Criminal del Estado.

3. Recopilar y evaluar anualmente las estadísticas en materia de criminalidad y asuntos relacionados.

4. Recomendar, con fundamento en estudios científicos, las bases y criterios de la política criminal, a mediano y largo plazo.

5. Revisar anualmente el estado del sistema penitenciario y carcelario y las condiciones que este ofrece para la resocialización de los condenados, con el objeto de recomendar las modificaciones que sean necesarias para alcanzar el fin de la reinserción social.

6. Emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo, que se encuentran en etapa de diseño, y antes de su trámite en el Congreso de la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal.

7. Preparar proyectos de ley para adecuar la normatividad a la política criminal y penitenciaria del Estado y presentarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que este estime la procedencia de su radicación.

8. Presentar recomendaciones sobre la estructura de la justicia penal, con el objeto de adecuarla para lograr una mayor eficiencia en la lucha contra la criminalidad.

9. Dar lineamientos para la coordinación con las demás instituciones del Estado en la elaboración y adopción de políticas públicas con el objeto de unificar la acción de las entidades del Estado en la lucha contra el crimen y para lograr el cabal cumplimiento de los fines de la pena.

10. Realizar y promover intercambio de información, diagnósticos y análisis con las demás entidades del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otros centros de estudio del país o del exterior, dedicados al análisis y estudio de la política criminal y penitenciaria.

11. Emitir concepto, con destino a la Fiscalía General de la Nación, sobre los lineamientos generales de la política criminal que deben ser tenidos en cuenta al momento de aplicar el principio de oportunidad previsto en el Código de Procedimiento Penal.

12. Proponer, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, programas de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos en los centros de reclusión, tanto para las personas privadas de la libertad como para sus familias y el personal de custodia y vigilancia y administrativo.

13. Expedir el reglamento del comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal.

14. Diseñar y aprobar el plan nacional de política criminal.

15. Darse su propio reglamento.

PAR.—En desarrollo de estas funciones el Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las acciones necesarias para que los conceptos y labores del Consejo Superior de Política Criminal sean conocidos por el Congreso de la República y las demás entidades y autoridades que tengan competencia en la materia.

ART. 4º—Quórum y decisiones del consejo. Entiéndase por quórum el número mínimo de miembros asistentes que requiere el consejo para dar inicio a la sesión y decidir sobre los asuntos a considerarse. El quórum se conformará con la asistencia de al menos, la mitad más uno de los integrantes del consejo; y las decisiones se adoptarán con el voto favorable de no menos de la mitad más uno de los asistentes a la sesión.

ART. 5º—Asistentes e invitados a las sesiones. Las sesiones serán reservadas y, por consiguiente, a ellas no pueden asistir personas diferentes a los miembros, salvo aquellos servidores públicos y particulares, invitados por el secretario técnico del Consejo Superior de Política Criminal, cuyos conocimientos especializados puedan ser necesarios para la mejor ilustración de los diferentes temas a tratar en una sesión del consejo.

PAR.—El presidente de la comisión asesora de política criminal para el Estado colombiano, será invitado permanente del Consejo Superior de Política Criminal, quien tendrá derecho a voz sin voto.

ART. 6º—Participación, voz y voto. En las sesiones que se lleven a cabo podrán hacer uso de la palabra los integrantes del consejo en relación con los temas discutidos y el desempeño de sus funciones. También podrán hacerlo los invitados especiales cuando lo autorice el presidente del consejo.

En los asuntos que se sometan a votación, tendrán participación y voto únicamente los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal.

ART. 7º—Actas del consejo. De las sesiones se levantarán actas que contendrán un informe sucinto de los temas que fueron tratados, los miembros que intervinieron, los temas que fueron propuestos y las decisiones que adoptó el consejo frente a los diferentes asuntos.

CAPÍTULO III

De la integración del consejo

ART. 8º—Integración del consejo. El Consejo Superior de Política Criminal estará integrado por:

1. El Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá.

2. El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3. El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. El Fiscal General de la Nación.

5. El Ministro de Educación.

6. El Procurador General de la Nación.

7. El Defensor del Pueblo.

8. El director general de la Policía Nacional.

9. El director general de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana, ANIC.

10. El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

11. El director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

12. El director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

13. El director general del Departamento Nacional de Planeación.

14. Un (1) Senador y dos (2) Representantes a la Cámara de la Comisión Primera Constitucional Permanente y un (1) Senador y dos (2) Representantes a la Cámara de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, todos los cuales serán elegidos por las células legislativas a las que pertenecen.

CAPÍTULO IV

De las sesiones

ART. 9º—Asistencia al consejo. La asistencia al Consejo Superior de Política Criminal es de carácter obligatorio e indelegable. Cuando uno de sus miembros no pudiera asistir por un evento de fuerza mayor, deberá informar de tal causa a la secretaría técnica del Consejo Superior de Política Criminal.

ART. 10.—Sede del consejo. El consejo tendrá su sede en donde se ubique la del Ministerio de Justicia y del Derecho, lugar donde llevará a cabo sus sesiones. No obstante, por acuerdo de sus integrantes, podrá sesionar en el sitio que designe la presidencia del consejo.

ART. 11.—Periodicidad de las sesiones. El Consejo Superior de Política Criminal sesionará ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, salvo por razones de fuerza mayor o a petición justificada de cualquiera de las entidades que lo integran.

Cuando existieren circunstancias que lo ameriten, el Ministro de Justicia y del Derecho citará al consejo a sesión extraordinaria para ocuparse exclusivamente de los asuntos que motivaron su convocatoria.

ART. 12.—Desarrollo de las sesiones. Las sesiones ordinarias del consejo serán convocadas y presididas por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

CAPÍTULO V

De los deberes de los miembros

ART. 13.—Deberes de los miembros. Los miembros del consejo tienen los siguientes deberes:

1. Asistir a las sesiones del Consejo Superior de Política Criminal.

2. Difundir, al interior de su entidad, los actos por medio de los cuales se sigan las directrices que adopte el Consejo de Política Criminal para la ejecución de la Política Criminal del Estado colombiano.

3. Guardar la debida reserva de los temas considerados en las sesiones.

4. Participar en los estudios y trabajos que emprenda el consejo y requieran de su intervención.

5. Suministrar al consejo la información y documentos que se le soliciten, relacionados con las actividades propias de este y los estudios que emprenda.

6. Justificar ante el secretario técnico del consejo, dentro de los tres (3) días siguientes, su inasistencia a las sesiones del consejo.

7. Intervenir en las actividades que emprenda el consejo para la divulgación de la política criminal del Estado, los derechos fundamentales relacionados con esta y el contenido de los actos legislativos y las leyes relacionadas.

8. Asistir a las reuniones que por designación del consejo deban atender en materia de política criminal, en el país o en el exterior.

9. Las demás que señale la ley o le sean encomendadas por el Consejo Superior de Política Criminal.

ART. 14.—Presidente del consejo. Corresponden a la presidencia del Consejo Superior de Política Criminal las siguientes funciones:

1. Dirigir las sesiones del consejo.

2. Conceder el uso de la palabra e intervenciones de los miembros e invitados del consejo.

3. Hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de los compromisos acordados en las sesiones.

4. Proponer las votaciones a que haya lugar y anunciar el resultado.

5. Determinar el orden del día y comunicarlo a los integrantes del consejo con la antelación señalada en el reglamento interno del mismo, en coordinación con la secretaría técnica.

6. Citar a través de la secretaria técnica, las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo.

7. Acatar el reglamento y velar porque los integrantes del consejo lo observen y cumplan.

8. Las demás que se establezcan en el reglamento interno del consejo o que se requieran para el buen funcionamiento del mismo.

CAPÍTULO VI

De las instancias técnicas del Consejo Superior de Política Criminal

ART. 15.—Secretaría técnica. Le corresponde a la dirección de política criminal y penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho ejercer la secretaría técnica y administrativa del consejo de conformidad con el numeral 7º del artículo 18 del Decreto 2897 de 2011 y artículo 91 de la Ley 1709 de 2014. En tal condición, tendrá las siguientes funciones:

1. Asistir a todas las sesiones.

2. Llevar registro del quórum, asistencia y votaciones del consejo.

3. Levantar las actas de cada sesión.

4. Elaborar las comunicaciones oficiales del consejo.

5. Brindar el apoyo técnico necesario para la realización de la sesión.

6. Recibir y atender los requerimientos y solicitudes de los miembros del consejo.

7. Coordinar el comité técnico del consejo.

8. Citar a las sesiones del consejo, de conformidad con las instrucciones de la presidencia.

9. Las demás que se establezcan en el reglamento del consejo o que se requieran para el buen funcionamiento del mismo.

ART. 16.—Comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal. El Consejo Superior de Política Criminal, para el adecuado ejercicio de sus funciones, contará con un comité técnico integrado por miembros de las entidades estatales representadas en él.

Los delegados que integren el comité técnico del consejo deberán pertenecer al nivel directivo o asesor de la entidad correspondiente y tener conocimientos específicos en política criminal, criminología, derecho penal, sociología, ciencias de la educación, derecho constitucional o materias afines.

Los miembros del comité técnico integrarán equipos de trabajo e investigación que desarrollarán sus labores bajo la dirección y supervisión del viceministro de política criminal y justicia restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, o su delegado.

ART. 17.—Dirección del comité técnico. El comité técnico será dirigido por el viceministerio de política criminal y justicia restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, o su delegado, quien coordinará con los representantes de las demás entidades la ejecución de las funciones investigativas del Consejo Superior de Política Criminal.

ART. 18.—Funciones del comité técnico. El comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal tendrá las siguientes funciones:

1. Adelantar los estudios e investigaciones que le encomiende el consejo, dentro de los plazos y en las condiciones que se señalen.

2. Examinar los proyectos de actos legislativos y de leyes que se presenten a su consideración y del Consejo Superior de Política Criminal, confrontándolos con las investigaciones y desarrollos científicos que sean pertinentes, a fin de emitir un concepto que se someterá a discusión de los miembros del consejo.

3. Rendir al consejo los informes respectivos de sus actividades.

4. Atender las solicitudes que se presenten a su consideración relacionadas con la naturaleza de sus funciones.

5. (Nota: Adicionado por el Decreto 694 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

ART. 19.—Comisión asesora para la política criminal del Estado colombiano. Créase, con carácter permanente, la comisión asesora para la política criminal del Estado colombiano, la cual estará conformada por diez (10) académicos de reconocida idoneidad y experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal, economía, sociología, ciencias de la educación o ciencias afines.

Los miembros de la comisión asesora para la política criminal del Estado colombiano serán designados ad honorem por el Ministro de Justicia y del Derecho, para un período de dos años, que podrá prorrogarse si así lo considera el mismo.

ART. 20.—Funciones de la comisión asesora para la política criminal del Estado colombiano. La comisión asesora para la política criminal del Estado colombiano tendrá las siguientes funciones:

1. Desarrollar en sus diferentes temas, el documento de “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano” presentado en el año 2013 al Ministerio de Justicia y del Derecho.

2. Revisar anualmente los contenidos de las medidas de política criminal y penitenciaria adoptadas por el Estado colombiano, para establecer su coherencia y razonabilidad, y sugerir las revisiones que resulten necesarias.

3. Adelantar estudios e investigaciones sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en Colombia, con el fin de presentarlos al Consejo Superior de Política Criminal.

4. Impulsar con las universidades y centros de educación el adelantamiento de investigaciones y tesis de grado sobre temas relacionados con la política criminal y asesorar dichas investigaciones y tesis.

5. Compilar anualmente los principios de política criminal del Estado colombiano, en particular para la determinación de los criterios que deben considerarse al momento de la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación.

6. Las demás que le asigne el Consejo Superior de Política Criminal, relacionadas con la naturaleza de sus funciones.

7. Darse su propio reglamento para su adecuado funcionamiento.

CAPÍTULO VII

De los informes al consejo

ART. 21.—Causas y dinámicas de la criminalidad. Los representantes legales de los entes territoriales deberán, en coordinación con las autoridades judiciales y de policía de su jurisdicción, presentar un informe semestral el último día hábil de enero y julio de cada año a la secretaría técnica del Consejo Superior de Política Criminal sobre las actividades delincuenciales, modalidades de delitos y factores que influyen en el aumento o disminución de la criminalidad.

ART. 22.—Sistema penitenciario y carcelario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, presentarán trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, un informe al consejo en relación con las condiciones generales de hacinamiento, resocialización, prestación de servicios de salud, provisión de bienes y servicios, situación jurídica, infraestructura y la demás información relacionada con el sistema penitenciario que se encuentre en el marco de sus competencias.

ART. 23.—Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La comisión de evaluación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes entregará semestralmente un informe a más tardar el último día hábil de enero y de julio de cada año a la secretaría técnica del Consejo Superior de Política Criminal en los que dé cuenta del cumplimiento de la finalidad del sistema, así como las recomendaciones pertinentes que permitan a las diferentes entidades vinculadas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes ejecutar los correctivos y desarrollar acciones de una manera eficaz y pertinente.

ART. 24.—Comité de coordinación interinstitucional de justicia y paz. El comité de coordinación interinstitucional de justicia y paz presentará un informe semestral que dé cuenta de las condiciones especiales de reclusión, las acciones adoptadas en relación con las problemáticas que se han puesto en conocimiento de las mismas, así como las recomendaciones para este proceso y otros similares que se adelanten en el marco de la justicia transicional.

ART. 25.—Inclusión social de jóvenes con alto riesgo. Con el fin de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 1577 de 2012, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con la Policía Nacional, llevará semestralmente al consejo un informe de avance y seguimiento al diagnóstico, a las acciones y a las propuestas presentadas, en relación con la situación de los jóvenes con alto grado de emergencia social, pandillas y vinculados a grupos de violencia.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones finales

ART. 26.—Ejecución de la política criminal. El Consejo Superior de Política Criminal elaborará anualmente un informe sobre el desarrollo de la política criminal así como una serie de recomendaciones para que las entidades estatales desarrollen acciones, planes, programas o proyectos en el marco de dicha política.

ART. 27.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 16 de octubre de 2014.

(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 1.1.3.2 del Ministerio de Justicia y del Derecho. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector y véase artículo 3.1.1.)