DECRETO 2057 DE 1999 

(Octubre 15)

“Por el cual se promulgan unos tratados internacionales”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le otorga el artículo 189 ordinal 2º de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;

Que el “acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania”, firmado en Bucarest, el 10 de abril de 1994, aprobado mediante Ley 381 de 10 de julio de 1997, publicada en el Diario Oficial 43.083 del 14 de julio de 1997, fue declarado exequible, junto con la ley aprobatoria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-042 del 25 de febrero de 1998, y en cumplimiento de su artículo X, para ponerlo en vigor se remitió por el gobierno de Rumania la Nota H (01) 2476 de 14 de junio de 1995 y por el Gobierno de Colombia la nota DM/OJ.AT. 026589 del 22 de mayo de 1998; por lo tanto, el acuerdo entró en vigor el 22 de mayo de 1998;

Que el “acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995, aprobado mediante Ley 350 del 16 de enero de 1997, publicada en el Diario Oficial 42.963 del 21 de enero de 1997, fue declarado exequible, junto con la ley aprobatoria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-421 del 4 de septiembre de 1997, y en cumplimiento de su artículo décimo, para ponerlo en vigor se remitió por el Gobierno del Reino de España la nota (sin número) del 20 de septiembre de 1996 y por el Gobierno de Colombia la nota DM/OJ.AT. 001450 del 14 de enero de 1998; por lo tanto, el acuerdo entró en vigor el 14 de enero de 1998;

Que el “tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993, aprobado mediante Ley 285 del 14 de junio de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.811 del 21 de junio de 1996, fue declarado exequible, junto con la ley aprobatoria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-655 del 28 de noviembre de 1996, y en cumplimiento de su artículo undécimo, para ponerlo en vigor se efectuó en Madrid el canje de instrumentos de ratificación el 9 de febrero de 1998; por lo tanto, el tratado entró en vigor el 9 de abril de 1998, con excepción del numeral tercero del artículo 3º del mismo, el cual fue declarado inexequible de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia anotada;

Que el 18 de junio de 1998 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 230 del 26 de diciembre de 1995, publicada en el Diario Oficial 42.162 del 26 de diciembre de 1995, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-378 del 22 de agosto de 1996, realizó el depósito del instrumento de ratificación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Italia del “acuerdo que crea el instituto internacional de derecho para el desarrollo, IDLI”, hecho en Roma el 5 de febrero de 1988, instrumento que entró en vigor para Colombia el 18 de junio de 1998, de conformidad con lo previsto en el artículo XIII del mismo;

Que el 18 de junio de 1998 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 340 del 26 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.958 del 15 de enero de 1997, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-467 del 25 de septiembre de 1997, depositó ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, el instrumento de adhesión a la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “protocolo” y el “Reglamento para la aplicación de la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hechos en La Haya el 14 de mayo de 1954, instrumentos internacionales que entraron en vigor para Colombia el 18 de septiembre de 1998, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la convención;

Que el 13 de julio de 1998 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 265 del 25 de enero de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.703 del 30 de enero de 1996, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-383 del 22 de agosto de 1996, depositó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, el instrumento de ratificación del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, instrumento internacional que entró en vigor para Colombia el 1º de noviembre de 1998, de conformidad con lo previsto en su artículo 46,

DECRETA:

ART. 1º—Promúlgase el “Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania”, firmado en Bucarest, el 10 de abril de 1994.

(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Rumania”, firmado en Bucarest, el 10 de abril de 1994, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Rumania

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania

Denominados a continuación las partes, en cumplimiento del Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania, suscrito entre ambos gobiernos en Santafé de Bogotá, el 5 de agosto de 1993;

Animados por el deseo de fortalecer los lazos de amistad y de cooperación, y convencidos de los múltiples beneficios que se derivan de una mutua colaboración;

Reconociendo la importancia que la cooperación técnica, científica y tecnológica representa para la intensificación de las acciones en el orden económico y social de ambas naciones;

Destacando la necesidad de fomentar, concertar y modernizar la infraestructura técnica, científica y tecnológica de los países, para adaptar los requerimientos del presente y futuro, dentro de un marco global,

Han acordado lo siguiente:

Artículo I. Objeto.

1. Ambas partes se obligan, dentro de los límites de sus competencias, a dar un nuevo impulso a sus acciones de cooperación, con base en los principios de beneficio mutuo, reciprocidad, respeto a la soberanía y no intervención en los asuntos internos. Para alcanzar este objetivo fundamental, las partes están decididas a fomentar el desarrollo de su cooperación técnica, científica y tecnológica, con el fin de propender por el desarrollo de ambas naciones.

2. Todos los programas, proyectos específicos y actividades de cooperación científica, técnica y tecnológica que convengan las partes, serán ejecutados de conformidad con las disposiciones generales del presente acuerdo.

Artículo II. Las entidades responsables.

1. Corresponde a los órganos competentes de cada país, en el marco de su legislación interna, coordinar, programar y proseguir el cumplimiento de las actividades previstas en el presente acuerdo. Como entidades responsables para el cumplimiento de los términos del presente acuerdo:

— La parte rumana designa al Ministerio de Investigación y Tecnología.

— La parte colombiana designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento Nacional de Planeación.

2. Las partes pueden solicitar de común acuerdo, la participación de terceros tanto para la financiación, como para la ejecución de programas y proyectos que surjan de las modalidades de cooperación contempladas en este acuerdo.

Artículo III. Actividades.

Para el cumplimiento de los objetivos de la cooperación técnica, científica y tecnológica, las partes en el marco de su legislación interna, emprenderán esfuerzos con vistas a suscitar las siguientes actividades:

— Capacitación y formación de especialistas.

— Prestación de asistencia técnica, desarrollada entre otras formas mediante el envío de expertos y la realización de estudios en común.

— Suministro de materiales y equipos necesarios para la ejecución de los programas y proyectos.

— Utilización de instalaciones, centros e instituciones que se precisen para la realización de las actividades comunes.

— Organización de conferencias, seminarios y misiones de exploración y de otros mecanismos conjuntos de intercambio académico y científico.

— Intercambio de información técnica, científica y tecnológica y estadística pertinente.

— Cualquier otra actividad de cooperación que sea convenida entre las partes.

Artículo IV. Cooperación científica, técnica y tecnológica.

1. Las partes considerando el interés mutuo y los objetivos de su política científica, técnica y tecnológica, acuerdan desarrollar su cooperación incluso para favorecer el intercambio de personal científico y técnico de ambos países.

El objetivo es establecer lazos permanentes entre los centros científicos y tecnológicos de ambos países, fortalecer la capacidad de investigación, promover la transferencia de tecnología, intensificar las relaciones con las instituciones académicas y facilitar el intercambio de información.

2. Con el objeto de lograr una efectiva colaboración en los aspectos concernientes a la transferencia tecnológica, las partes seleccionarán, de común acuerdo, los sectores en que se concentrará la cooperación, así como los procedimientos adecuados para asegurar una amplia participación e integración posible de sus técnicos, científicos y centros de investigación.

Artículo V. Transferencia tecnólogica.

Las partes, dentro del límite de sus competencias, teniendo en cuenta el interés mutuo y de conformidad con los objetivos a mediano y largo plazo de sus economías, asumirán los procedimientos necesarios para establecer la cooperación tecnológica más amplia posible, que no excluya a priori ningún campo y tenga en cuenta sus diferentes grados de desarrollo.

El objetivo de esta cooperación será contribuir, de manera general, al desarrollo de sus economías, al mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y en particular a:

— Los recursos humanos, creando las condiciones para elevar el nivel de empleo y mejorar la productividad del factor trabajo, incluyendo el fomento a las actividades de formación y capacitación.

— La tecnología, impulsando el progreso de las actividades científicas y tecnológicas, la transferencia, y el incremento de la capacidad de investigación tecnológica.

Artículo VI. Áreas de la cooperación.

Las partes establecen, entre otras, acciones de cooperación en las siguientes áreas, que podrán diversificarse de común acuerdo: agricultura, agroindustria, biotecnología, petroquímica, educación, ciencias básicas, energía, minería, petróleos, protección del medio ambiente, salud, saneamiento básico, medicina, transporte, ferrovías, recursos naturales no renovables, fuentes alternas de energía, administración pública y modernización de la infraestructura.

Artículo VII. Formación de recursos humanos.

Las partes adelantarán programas específicos de formación y capacitación de recursos humanos en los ámbitos de interés mutuo. Las acciones de capacitación tendrán en cuenta los aportes de las nuevas tecnologías en la materia.

Las partes acuerdan realizar las acciones necesarias para promover la formación y capacitación de profesionales, técnicos y científicos, otorgando prioridad a las de efecto multiplicador para formadores de especialistas. Esta cooperación se realizará a través de la ejecución de programas específicos de intercambio de expertos, de informaciones y de técnicas entre instituciones de formación y centros de investigación de ambos países, particularmente en los niveles profesional, técnico y científico.

Artículo VIII. Alcance, funcionamiento e instrumentación del acuerdo.

1. En cumplimiento del “Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre Rumania y la República de Colombia”, suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 1993, las partes acuerdan la constitución de una subcomisión de cooperación técnica, científica y tecnológica en el marco de la comisión binacional.

2. Los programas, proyectos y actividades de cooperación técnica, científica y tecnológica se precisarán y evaluarán en la subcomisión de cooperación técnica, científica y tecnológica, integrada por los representantes y expertos que las partes designen.

3. La subcomisión de cooperación técnica, científica y tecnológica tiene por objeto:

a) Acordar y coordinar las actividades, proyectos y acciones concretas con relación a los objetivos del presente acuerdo y proponer los medios necesarios para su realización y evaluación;

b) Identificar nuevos sectores y áreas de cooperación;

c) Atender el adecuado desarrollo del acuerdo;

d) Buscar los medios adecuados para prevenir las dificultades que se puedan presentar en los campos cubiertos por el presente acuerdo;

e) Seguir, controlar y evaluar las actividades y hacer las recomendaciones y modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos;

f) Informar a las partes sobre las recomendaciones que tengan por objeto la expansión de los intercambios y la diversificación de la cooperación.

4. La subcomisión de cooperación técnica, científica y tecnológica realizará sesiones de trabajo cada dos años, alternando la sede de la celebración de la misma. Las partes podrán convocarse, de común acuerdo, para otras reuniones o sesiones extraordinarias.

5. Cada sesión de la subcomisión establecerá un programa bianual con el propósito de presentar los objetivos específicos, las fuentes de financiamiento y técnicas, y los programas de trabajo que se podrían acordar.

Artículo IX. Instrumentos y medios para la realización de la cooperación.

Las partes recíprocamente facilitarán los trámites administrativos y fiscales necesarios para la entrada y salida del personal y de los componentes, elementos y equipos necesarios para la ejecución de proyectos, según la legislación de cada país.

Artículo X. Entrada en vigencia y duración.

1. El presente acuerdo entrará en vigor el día en que las partes se notifiquen recíprocamente que han sido perfeccionados los procedimientos internos previstos para su ratificación. La fecha de la última notificación se considera la fecha de su entrada en vigor.

La validez del acuerdo será por un período de cinco (5) años prolongado anualmente, salvo denuncia escrita por una de las partes con un preaviso de seis meses antes de la caducidad del período de validez.

2. El presente acuerdo podrá ser modificado o ampliado por las partes, de común acuerdo. Las modificaciones o ampliaciones acordadas entrarán en vigencia conforme al mismo procedimiento previsto en el numeral 1º del artículo X.

3. Dado el caso de que el presente acuerdo deje de ser válido, los programas y proyectos en marcha se llevarán a cabo hasta su culminación, a excepción de que las partes decidan de otra forma.

Artículo XI. Cláusula evolutiva.

En lo que respecta a la aplicación del presente acuerdo, cada una de las partes podrá formular propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de la cooperación bilateral, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su ejecución.

Firmado en la ciudad de Bucarest, el día 10 del mes de abril del año 1994, en dos textos originales, en español y rumano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Firma ilegible.

Por el Gobierno de Rumania,

Firma ilegible”.

El suscrito jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto original del “Acuerdo de cooperación, técnica, científica y tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania“, firmado en Bucarest, el 1º de abril de 1994, documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., el veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

El jefe de la oficina jurídica,

Héctor Adolfo Sintura.

ART. 2º—Promúlgase el “Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995.

(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la República de Colombia y el Reino de España

La República de Colombia y el Reino de España

Considerando los lazos de amistad tradicionales que unen a Colombia y España.

Reconociendo la importancia que el turismo puede tener en el desarrollo de la economía y en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Valorando la necesidad de incrementar las relaciones turísticas entre los dos países.

Animados por el espíritu que los llevó a suscribir el Tratado General de Cooperación y Amistad de 29 de octubre de 1992 y con el propósito de lograr su desarrollo.

Destacando su voluntad de ampliar su cooperación con espíritu de equidad y de apoyo a los intereses comunes.

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO

Ambas partes dedicarán una atención especial al desarrollo y ampliación de las relaciones turísticas actualmente existentes y al incremento del turismo entre Colombia y España, como medio para que sus pueblos puedan mejorar el conocimiento recíproco de sus respectivas historias, modos de vida y culturas, y para facilitar la cooperación interempresarial en materia turística.

ARTÍCULO SEGUNDO

Ambas partes apoyarán la cooperación entre los sectores turísticos de los dos países, tanto de carácter gubernamental como empresarial, y arbitrarán la forma de intercambiar periódicamente expertos en promoción y marketing turísticos, formación e investigación, tecnología turística, así como en desarrollo de actividades y zonas de interés turístico.

ARTÍCULO TERCERO

Ambas partes colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en la promoción y desarrollo de los sectores turísticos de los dos países mediante las siguientes acciones:

a) Intercambiar misiones técnicas que realicen estudios sobre las posibilidades turísticas de las zonas que se determinen;

b) Fomentar el intercambio de misiones empresariales que evalúen la oportunidad de negocio y la posibilidad de realizar inversiones turísticas;

c) Realizar programas de cooperación que tengan como fin la promoción o el desarrollo turísticos, especialmente cuando fomenten los tipos de turismo especializado que puedan contribuir al desarrollo diferencial de las regiones y al desarrollo sostenible de la actividad turística en cada uno de los dos países;

d) Apoyar la cooperación en materia de recuperación de edificios históricos con fines turísticos;

e) Favorecer la colaboración de expertos en materias jurídicas relacionadas con el sector turístico. Así mismo, intercambiar información sobre la legislación turística vigente en cada uno de los dos países;

f) Facilitar la divulgación de las posibilidades y ofertas turísticas del otro país en el suyo propio;

g) Intercambiar información sobre experiencias relacionadas con la promoción turística. Igualmente, intercambiar publicaciones y material de promoción turísticos, cuando sea conveniente;

h) Promover la transferencia recíproca de tecnología relacionada con el desarrollo del turismo, con especial aplicación en actividades de promoción y marketing entre los dos países y frente a terceros.

ARTÍCULO CUARTO

Las dos partes apoyarán la cooperación en materia de formación turística profesional, se facilitarán recíprocamente información sobre los planes de enseñanza en materia de turismo y colaborarán en la formación de gestores de empresas turísticas y de técnicos del sector.

Con esta finalidad, se facilitarán recíprocamente información sobre las convocatorias de becas de estudio y perfeccionamiento en materia turística destinadas a extranjeros, con el objeto de que puedan solicitarlas los súbditos del otro país que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en las convocatorias.

Igualmente, y en la medida de sus posibilidades, establecerán programas bilaterales de formación en materia turística.

ARTÍCULO QUINTO

Ambas partes estimularán su colaboración en la ejecución de programas de investigación turística sobre temas de interés mutuo, tanto a través de universidades como de centros de investigación.

Igualmente, intercambiarán información sobre los estudios de investigación turística que hayan realizado, así como sobre los resultados de su aplicación.

ARTÍCULO SEXTO

Ambas partes intercambiarán información sobre los programas de desarrollo turístico que se realicen en sus respectivos países, así como sobre los fondos de financiación nacional e internacional que puedan ser aplicados a esos programas.

ARTÍCULO SÉPTIMO

Ambas partes se informarán recíprocamente de las reuniones y seminarios de carácter técnico-turístico que puedan celebrarse en sus respectivos países, y procurarán la participación activa o pasiva de sus técnicos en esos actos.

ARTÍCULO OCTAVO

Lo dispuesto en este acuerdo se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resultan para cada una de las partes de los tratados o convenios Internacionales suscritos para sus respectivos países.

ARTÍCULO NOVENO

Ambas partes deciden la creación de una comisión mixta de cooperación turística que vele por la aplicación de este acuerdo y sugiera en cada momento las medidas adecuadas para su realización o actualización.

Esta comisión mixta estará compuesta por representantes de las administraciones turísticas de los dos países, y se reunirá alternativamente en Colombia y en España en las fechas que se determinen de común acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO

El presente acuerdo entrará en vigor el día en que las partes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de los procedimientos constitucionales internos requeridos para su entrada en vigor.

Permanecerá vigente por un período inicial de dos años y se prorrogará por tácita reconducción, por períodos sucesivos de dos años.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente acuerdo, mediante notificación escrita por vía diplomática, al menos tres meses antes de la fecha de expiración.

La denuncia del presente acuerdo no afectará a los proyectos que estén en proceso de ejecución, ni a las garantías y facilidades establecidas para su realización, salvo decisión contraria expresa y escrita por las dos partes.

Firmado en Bogotá, el día 9 de junio de 1995, en dos ejemplares originales en lengua española, teniendo los dos la misma validez.

Por la República de Colombia,

Rodrigo Marín Bernal

Ministro de Desarrollo Económico.

Por el Reino de España,

Javier Gómez Navarro Navarrete

Ministro de Comercio y Turismo.

ART. 3º—Promúlgase el “Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993.

(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España

La República de Colombia y el Reino de España.

Deseosos de establecer mecanismos que permitan fortalecer la cooperación judicial internacional;

Considerando que la reinserción es una de las finalidades de la ejecución de condenas;

Reconociendo que la asistencia entre las partes para la ejecución de sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política bilateral de cooperación;

Animados por el objetivo común de garantizar la protección de los derechos humanos de los condenados asegurando siempre el respeto de su dignidad;

En consecuencia, guiados por los principios de amistad y cooperación que prevalecen en sus relaciones, han convenido en celebrar el presente tratado, por el cual se regulan los traslados de las personas condenadas en uno de los dos Estados partes, cuando fueren nacionales españoles o colombianos.

ART. 1º—Definiciones. Para efectos del presente tratado se entiende que:

1. “Estado trasladante”, es aquel que ha impuesto la sentencia condenatoria y del cual la persona sentenciada habrá de ser trasladada.

2. “Estado receptor”, es aquel que continuará la ejecución de la sentencia y al cual debe ser trasladada la persona sentenciada.

3. “Persona sentenciada”, es la persona que ha sido condenada por tribunal o juzgado del Estado trasladante mediante sentencia definitiva y que se encuentra en prisión, pudiendo estar bajo el régimen de condena condicional, libertad preparatoria o cualquier otra forma de libertad sujeta a vigilancia.

ART. 2º—Ámbito de aplicación.

1. Las penas impuestas en uno de los Estados, a nacionales del otro, podrán ejecutarse en establecimientos penitenciarios de este último, de conformidad con las disposiciones del presente tratado.

2. La calidad de nacional será demostrada en el momento de la solicitud del traslado.

3. Los Estados parte del presente tratado, se obligan a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslados de personas condenadas.

ART. 3º—Jurisdicción.

1. Las partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este tratado, al Ministerio de Justicia por parte de la República de Colombia y a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia por parte del Reino de España.

2. La persona sentenciada continuará cumpliendo en el Estado receptor, la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado trasladante y de acuerdo con las leyes y procedimientos del Estado receptor, sin necesidad de exequátur.

3. El Estado trasladante o el Estado receptor con consentimiento del trasladante, podrán conceder la amnistía, el indulto, la conmutación de la pena o medida de seguridad o adoptar cualquier decisión o medida legal que entrañe una reducción o cancelación total de la pena o medida de seguridad. Las peticiones del Estado receptor serán fundadas y examinadas benévolamente por el Estado trasladante.

Sólo el Estado trasladante podrá conocer del recurso o acción de revisión.

ART. 4º—Condiciones de aplicabilidad. El presente tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.

2. Que la persona sentenciada solicite su traslado o en caso de que dicha solicitud provenga del Estado trasladante o del Estado receptor, la persona sentenciada manifieste su consentimiento expresamente y por escrito.

3. Que el delito materia de la condena no sea político.

4. Que la decisión de repatriar se adopte caso por caso.

5. Que los Estados trasladante y receptor se comprometan a comunicar a la persona sentenciada las consecuencias legales de su traslado.

6. Que la sentencia condenatoria sea firme y no existan otros procesos pendientes en el Estado trasladante.

7. Que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan un delito de acuerdo con las normas del Estado receptor.

ART. 5º—Obligación de facilitar informaciones.

1. Cualquier condenado a quien pueda aplicarse el presente tratado deberá estar informado por el Estado de condena del tenor del presente convenio, así como de las consecuencias jurídicas que se derivan del traslado.

2. Si el condenado hubiere expresado al Estado trasladante su deseo de ser trasladado en virtud del presente tratado, dicho Estado deberá informar de ello al Estado receptor con la mayor diligencia posible después de que la sentencia sea firme.

3. Las informaciones comprenderán:

a) El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del condenado;

b) En su caso, la dirección en el Estado receptor;

c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;

d) La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena.

4. Si el condenado hubiere expresado al Estado receptor su deseo de ser trasladado en virtud del presente tratado, el Estado trasladante comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que se refiere el párrafo 3º que antecede.

5. Deberá informarse por escrito al condenado de cualquier gestión emprendida por el Estado receptor o el Estado trasladante en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una petición de traslado.

ART. 6º—Peticiones y respuestas.

1. Las peticiones de traslado y las respuestas se formularán por escrito.

2. Dichas demandas se dirigirán por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Ministerio de Justicia del Estado requerido. Las respuestas se comunicarán por las mismas vías.

3. El Estado requerido informará al Estado requirente, con la mayor diligencia posible, de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

ART. 7º—Documentación justificativa.

1. El Estado receptor, a petición del Estado trasladante, facilitará a este último:

a) Un documento o una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado;

b) Una copia de las disposiciones legales del Estado receptor de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado trasladante constituyen una infracción penal con arreglo al derecho del Estado receptor o la constituirían si se cometiera en su territorio.

2. Si se solicitare un traslado, el Estado trasladante deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a continuación se expresan, a menos que uno u otro de los dos Estados haya indicado ya que no está de acuerdo con el traslado:

a) Una copia certificada conforme de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;

b) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;

c) Una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado, y

d) Cuando proceda, cualquier informe médico o social acerca del condenado, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado trasladante y cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado receptor.

3. El Estado trasladante y el Estado receptor podrán, uno y otro, solicitar que se le facilite cualquiera de los documentos o declaraciones a que se refieren los párrafos 1º y 2º que anteceden antes de solicitar un traslado o tomar la decisión de aceptar o denegar el traslado.

ART. 8º—Cargas económicas. La entrega del reo por las autoridades del Estado trasladante a los del Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las partes. El Estado receptor se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona sentenciada quede bajo su custodia.

ART. 9º—Interpretación. Ninguna de las disposiciones contenidas en este tratado, puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona sentenciada un derecho al traslado.

ART. 10.—Bases para la decisión.

1. Las decisiones de cada Estado, aceptando o denegando un traslado en aplicación de este tratado serán soberanas.

2. Al tomar sus decisiones, cada Estado tendrá en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de los delitos, sus características y especialmente si se han cometido con ayuda de una organización delictiva, las posibilidades de reinserción, la edad y salud del condenado, su situación familiar, su disposición a colaborar con la justicia y la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias respecto a las víctimas.

3. La notificación al otro Estado de las resoluciones denegatorias, no necesitarán exponer la causa.

ART. 11.—Vigencia y terminación.

1. El presente tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los 60 días del canje de los Instrumentos de ratificación.

2. Cualquiera de los Estados partes, podrá denunciar este tratado, mediante notificación escrita al otro Estado. La denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha de notificación. Las solicitudes que hayan sido presentadas la fecha de denuncia del presente tratado seguirán su trámite normal sin que se vean afectadas por dicha denuncia.

Firmado en Madrid, a los veintiocho días del mes de abril de 1993, en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

Por la República de Colombia,

Ernesto Samper Pizano

Embajador de Colombia

Por el Reino de España

Tomás de la Quadra Salcedo.

Ministro de Justicia.

ART. 4º—Promúlgase el “Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, IDLI”, hecho en Roma el 5 de febrero de 1988.

(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, IDLI” , hecho en Roma el 5 de febrero de 1988, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Traducción Oficial Número 174

de un documento escrito en inglés y francés.

Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo

Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo las partes signatarias

Reconociendo la importancia del derecho en el proceso del desarrollo y de la necesidad de formar juristas para el desarrollo;

Considerando que el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo (IIDD) fue creado en 1983 como organización gubernamental internacional sometida a la ley de los Países Bajos para ayudar a los juristas de los países en desarrollo a mejorar sus capacidades de negociadores y de consejeros en las transacciones relativas a la ayuda para el desarrollo, las inversiones extranjeras, el comercio internacional y otras transacciones mercantiles internacionales;

Considerando que en sus tres primeros años de actividades el IIDD ha organizado cursos, seminarios y programas especiales de formación a los cuales han asistido más de 480 participantes procedentes de 80 países diferentes;

Considerando que el IIDD ha obtenido actualmente para sostener sus actividades importantes financiaciones por parte de diferentes gobiernos, de organizaciones internacionales, de fundaciones y del sector privado;

Considerando que el gobierno italiano está dispuesto a abrir la negociación de un acuerdo de sede una vez que el IIDD haya adquirido el régimen jurídico de organización internacional;

Estimando que ahora es deseable que el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo sea constituido en organización internacional con los órganos, la personalidad jurídica y el régimen jurídico apropiado;

En consecuencia las partes signatarias han convenido lo siguiente:

Artículo I. Creación y régimen jurídico.

1. El Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, llamado en lo sucesivo “el instituto“ o el “IIDD“ se constituye por el presente acuerdo en organización internacional.

2. El IIDD poseerá plena capacidad jurídica y gozará de las capacidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de su mandato.

3. El instituto funcionará de acuerdo con las disposiciones del presente acuerdo.

Artículo II. Objetivos y actividades.

1. Los objetivos del instituto serán:

a) De estimular y facilitar el mejoramiento de los recursos del derecho en el proceso del desarrollo;

b) De estimular la adhesión a la norma de derecho en las transacciones internacionales, y

c) De mejorar las capacidades de negociación de los países en desarrollo en los campos de la cooperación al desarrollo, de las inversiones extranjeras del comercio internacional y de otras transacciones mercantiles internacionales.

2. Con el fin de alcanzar los anteriores objetivos el instituto podrá emprender las siguientes actividades:

a) Formación, asistencia técnica, investigación, creación y explotación de un centro de documentación jurídico, y

b) Otras actividades susceptibles de servir los objetivos del instituto.

3. En sus actividades, gestión y contratación de personal, el instituto no será influenciado por consideraciones políticas.

Artículo III. Facultades.

En la búsqueda de los anteriores objetivos y actividades, el instituto tendrá las siguientes facultades:

1. De adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles.

2. De celebrar contratos u otros tipos de acuerdos.

3. De contratar personal.

4. De ser demandante o demandado en acciones jurídicas.

5. De invertir los fondos y los haberes del instituto.

6. De emprender cualquier actividad legal necesaria para el logro de los objetivos del instituto.

Artículo IV. Sede.

1. La sede del instituto será en Roma, Italia, a menos que la asamblea decidiere transferirlo a otra parte.

2. El instituto podrá abrir oficinas en otros lugares en función de las necesidades de sus programas.

Artículo V. Finanzas.

1. El instituto será financiado por medios tales como contribuciones voluntarias y donaciones, gastos de matrículas a los cursos y seminarios; ingresos de programas especiales de formación o de actividades de asistencia técnica, ingresos de publicaciones u otras actividades de servicios e ingresos de intereses o de asignaciones especiales, de dotaciones o de cuentas bancarias.

2. Las partes al presente acuerdo no estarán obligadas de darle apoyo financiero alguno al instituto que vaya más allá de sus contribuciones voluntarias. Tampoco serán responsables individual o colectivamente de las deudas, compromisos u obligaciones del instituto.

3. El instituto deberá tomar las disposiciones que satisfagan las exigencias del gobierno del país donde tendrá su sede en lo que concierne su capacidad de cumplir con sus compromisos.

Artículo VI. Organización.

El instituto se compondrá de una asamblea de las partes al presente acuerdo (“asamblea”) de un consejo directivo, de un director y del personal.

1. La asamblea.

a) Cada parte al presente acuerdo designará un representante a la asamblea;

b) La asamblea se reunirá por invitación del consejo directivo o por iniciativa de un tercio de sus miembros. La asamblea adoptará su propio reglamento interno;

c) La asamblea examinará periódicamente las actividades del instituto. La asamblea debe igualmente designar el primer consejo directivo, ratificar los nombramientos sucesivos de dicho consejo así como el plan de trabajo y presupuesto del instituto;

d) Una decisión del consejo directivo que deba ser ratificada por la asamblea de conformidad con el artículo VI.1.C. será considerada como ratificada a los noventa días de haberse enviado su notificación por el instituto a los miembros de la asamblea a menos que antes de dicha fecha una mayoría de los miembros de esta asamblea no hubiere notificado al instituto que se oponen a esta decisión. Las notificaciones se efectuarán por los más rápidos medios de comunicación disponibles o por vía diplomática en el caso de Estados miembros.

2. El consejo directivo

a) El instituto funcionará bajo la dirección de un consejo directivo (“consejo”)

compuesto por diez (10) miembros por lo menos y de dieciséis (16) al máximo incluyendo un miembro que deberá ser periódicamente designado por el país en donde el instituto tenga su sede (“representante permanente”) y el director que será miembro de oficio. Los otros miembros del consejo directivo serán escogidos con base en sus logros profesionales en los campos del derecho o del desarrollo y deberán servir a título profesional y no en calidad de representante de gobiernos o de organizaciones;

b) Posteriormente a la creación del primer consejo por la asamblea, el consejo designará sus nuevos miembros a medida que se produzcan vacantes;

c) Con excepción del director y del representante permanente, cada miembro designado posteriormente a la creación del primer consejo formará parte de éste hasta la terminación de la tercera reunión del consejo después de su aceptación por escrito de formar parte del mismo. Los mandatos de los primeros miembros del consejo serán escalonados con el fin de permitir una transición progresiva entre los miembros del consejo;

d) El consejo se reunirá por lo menos una vez al año para desempeñar sus funciones. En su primera reunión nombrará un presidente, un vicepresidente o más y un comité directivo;

e) El consejo deberá, también:

1. Definir normas de funcionamiento del instituto de conformidad con los términos del presente acuerdo.

2. Designar al director y los censores de cuentas del instituto.

3. Aprobar las políticas, el programa anual de trabajo, los presupuestos a informes de los censores de cuentas del instituto, y

4. Hacer y desempeñar cualquier otra actividad, necesaria para ejercer los poderes que le son conferidos por el presente acuerdo.

3. El director y el personal.

a) El instituto será administrado por un director que será nombrado por el consejo por un mandato de cinco (5) años, renovables;

b) El director nombrará a los directivos y al personal de secretaría necesarios para alcanzar los objetivos del instituto de acuerdo con las directivas en materia de contratación aprobadas por el consejo;

c) El director responderá ante el consejo del funcionamiento y de la gestión del instituto de conformidad con los términos del presente acuerdo y las decisiones del consejo.

Artículo VII. Relaciones de cooperación.

El instituto podrá cooperar con otras instituciones o programas y podrá aceptar personal a título de comisión o que le fuera prestado.

Artículo VIII. Derechos, privilegios e inmunidades.

El instituto y su personal gozarán en país de su sede de los derechos, privilegios e inmunidades que sean previstas por el acuerdo de su sede. Otros países podrán conceder derechos, privilegios e inmunidades similares con el fin de apoyar las actividades del instituto en dichos países.

Artículo IX. Censores de cuentas.

La verificación de cuentas relativas a las operaciones del instituto se efectuará anualmente por una sociedad internacional de censores de cuentas independiente escogida por el consejo. Los resultados de estas verificaciones serán puestos a disposición del consejo y de la asamblea.

Artículo X. Modificaciones.

El presente acuerdo podrá ser modificado por la asamblea por una votación mayoritaria de los tres cuartos de sus miembros, a reserva de que la notificación de esta modificación que comprenda el texto completo de la modificación propuesta haya sido enviado a todos los miembros de la asamblea ocho semanas por lo menos antes de la fecha prevista para el voto de la modificación.

Artículo XI. Disolución.

1. El instituto podrá ser disuelto, si por un voto mayoritario de la cuarta quinta parte de los miembros de la asamblea decidiere que el instituto ya no es necesario o que ya no está en medida de funcionar eficazmente.

2. En el caso de una disolución, todos los activos del instituto que quedaren después del pago de sus obligaciones legales serán distribuidos a organismos cuyas actividades sean similares a las del instituto de conformidad con lo que decidiere la asamblea en consulta con el consejo.

Artículo XII. Retiro.

Toda parte signataria del presente acuerdo podrá mediante una notificación escrita, poner fin a su participación y retirarse de la asamblea. Este retiro entrará en vigor a los tres meses después de la fecha en que el depositario hubiere recibido la notificación.

Artículo XIII. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.

1. El presente acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y organizaciones intergubernamentales. Podrá ser igualmente firmado en lugar de un Estado por cualquier organización nacional pública de desarrollo designada por este Estado para actuar a este título. Quedará abierto para la firma durante un período de dos años a partir del primero de junio de 1987, salvo si dicho período fuere ampliado antes de su fecha de vencimiento por el depositario. La firma del acuerdo por cualquier parte elegible de conformidad con esta disposición después de esta fecha precisará la aprobación de la asamblea por mayoría simple.

2. El Gobierno de Italia será el depositario del presente acuerdo.

3. La ratificación, aceptación o aprobación del presente acuerdo será efectuada por los signatarios de conformidad con sus propias leyes, reglamentos y procedimientos.

Artículo XIV. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor cuando el depositario haya recibido notificación por tres signatarios del presente acuerdo que se han cumplido los trámites exigidos por sus legislaciones nacionales para la ratificación del presente acuerdo.

Artículo XV. Normas transitorias.

A la entrada en vigor del presente acuerdo, el instituto tomará todas las medidas necesarias para adquirir los derechos, obligaciones, concesiones, bienes e intereses de su organismo predecesor, el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, organización no gubernamental creada en Rótterdam, Países Bajos.

En testimonio de lo cual, los infraescritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente acuerdo en un solo ejemplar, en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Hecho en Roma, el 5 de febrero de 1988.

Es traducción fiel y completa.

Traductor Roberto Arango Roa.

Santafé de Bogotá, D.C., 2 de agosto de 1993.

ART. 5º—Promúlganse la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Protocolo” y el “Reglamento para la aplicación de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hechos en La Haya el 14 de mayo de 1954.

(Para ser transcritos en este lugar se adjuntan

fotocopias del texto de la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Protocolo” y el “Reglamento para la Aplicación de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, hechos en La Haya el 14 de mayo de 1954, debidamente autenticadas por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado

Las altas partes contratantes,

Reconociendo que los bienes culturales han sufrido graves daños en el curso de los últimos conflictos armados y que, como consecuencia del desarrollo de la técnica de la guerra, están cada vez más amenazados de destrucción;

Convencidas de que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial;

Considerando que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional;

Inspirándose en los principios relativos a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, proclamados en las convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935;

Considerando que esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice en tiempo de paz, adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la internacional;

Resueltas a adoptar todas las disposiciones posibles para proteger los bienes culturales;

Han convenido en las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales sobre la protección

ART. 1º—Definición de los bienes culturales. Para los fines de la presente convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:

a) Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;

b) Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a);

c) Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán centros monumentales”.

ART. 2º—Protección de los bienes culturales. La protección de los bienes culturales, a los efectos de la presente convención, entraña la salvaguardia y el respeto de dichos bienes.

ART. 3º—Salvaguardia de los bienes culturales. Las altas partes contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas.

ART. 4º—Respeto a los bienes culturales.

1. Las altas partes contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las otras altas partes contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.

2. Las obligaciones definidas en el párrafo primero del presente artículo no podrán dejar de cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento.

3. Las altas partes contratantes se comprometen además a prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprometen también a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otra alta parte contratante.

4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas de represalia contra los bienes culturales.

5. Ninguna de las altas partes contratantes puede desligarse de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con respecto a otra alta parte contratante, pretextando que esta última no hubiera aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el artículo 3º.

ART. 5º—Ocupación.

1. Las altas partes contratantes que ocupen total o parcialmente el territorio de otra alta parte contratante deben, en la medida de lo posible, prestar su apoyo a las autoridades nacionales competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ésta.

2. Si para la conservación de los bienes culturales situados en territorio ocupado que hubiesen sido damnificados en el curso de operaciones militares, fuera precisa una intervención urgente y las autoridades nacionales competentes no pudieran encargarse de ella, la potencia ocupante adoptará, con la mayor amplitud posible y en estrecha colaboración con esas autoridades, las medidas más necesarias de conservación.

3. Cada alta parte contratante cuyo gobierno sea considerado por los miembros de un movimiento de resistencia como su gobierno legítimo, señalará a éstos, si ello es hacedero, la obligación de observar las disposiciones de esta convención relativas al respeto de los bienes culturales.

ART. 6º—Identificación de los bienes culturales. De acuerdo con lo que establece el artículo 16, los bienes culturales podrán ostentar un emblema que facilite su identificación.

ART. 7º—Deberes de carácter militar.

1. Las altas partes contratantes se comprometen a introducir en tiempo de paz en los reglamentos u ordenanzas para uso de sus tropas, disposiciones encaminadas a asegurar la observancia de la presente convención y a inculcar en el personal de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura y a los bienes culturales de todos los pueblos.

2. Se comprometen así mismo a preparar o establecer en tiempo de paz y en el seno de sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguardia de dichos bienes.

CAPÍTULO II

De la protección especial

ART. 8º—Concesión de la protección especial.

1. Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande, a condición de que:

a) se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta importancia o una gran línea de comunicaciones;

b) no sean utilizados para fines militares.

2. Puede así mismo colocarse bajo protección especial todo refugio para bienes culturales muebles, cualquiera que sea su situación, siempre que esté construido de tal manera que según todas las probabilidades no haya de sufrir daños como consecuencia de bombardeos.

3. Se considerará que un centro monumental está siendo utilizado para fines militares cuando se emplee para el transporte de personal o material militares, aunque sólo se trate de simple tránsito, así como cuando se realicen dentro de dicho centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, el acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra.

4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.

5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero del presente artículo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido de ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la alta parte contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un puerto, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a desviar del mismo todo tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz.

6. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción en el “registro internacional de bienes culturales bajo protección especial”. Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las disposiciones de la presente convención y en las condiciones previstas en el reglamento para su aplicación.

ART. 9º—Inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial. Las altas partes contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial absteniéndose, desde el momento de la inscripción en el registro internacional, de cualquier acto de hostilidad respecto a ellos salvo lo establecido en el párrafo 5º del artículo 8º y de toda utilización de dichos bienes o de sus proximidades inmediatas con fines militares.

ART. 10.—Señalamiento y vigilancia. En el curso de un conflicto armado, los bienes culturales bajo protección especial deberán ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ser objeto de inspección y vigilancia internacional, del modo previsto en el reglamento para la aplicación de la convención.

ART. 11.—Suspensión de la inmunidad.

1. Si una de las altas partes contratantes cometiere, con relación a un bien cultural bajo protección especial, una violación del compromiso adquirido en virtud del artículo 9º la parte adversa queda desligada, mientras la violación subsista, de su obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, sólo podrá suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo protección especial en casos excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha necesidad. La necesidad no podrá ser determinada más que por el jefe de una formación igual o superior en importancia a una división. Siempre que las circunstancias lo permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la parte adversaria con una antelación razonable.

3. La parte que suspende la inmunidad deberá, en el plazo más breve posible, notificarlo por escrito, especificando las razones, al comisario general de bienes culturales previsto en el reglamento para la aplicación de la convención.

CAPÍTULO III

Del transporte de bienes culturales

ART. 12.—Transporte bajo protección especial.

1. A petición de la alta parte contratante interesada, podrá efectuarse bajo protección especial el transporte exclusivamente destinado al traslado de bienes culturales, tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro, en las condiciones previstas por el reglamento para la aplicación de la presente convención.

2. El transporte que sea objeto de protección especial se efectuará bajo la inspección internacional prevista en el reglamento para la aplicación de la presente convención, y los convoyes ostentarán el emblema descrito en el artículo 16.

3. Las altas partes contratantes se abstendrán de todo acto de hostilidad contra un transporte efectuado bajo protección especial.

ART. 13.—Transporte en casos de urgencia.

1. Si una de las altas partes contratantes considerase que la seguridad de determinados bienes culturales exige su traslado y que no puede aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 12 por existir una situación de urgencia, especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá utilizar en el transporte el emblema descrito en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado la petición de inmunidad prevista en el artículo 12 y haya sido rechazada. Dentro de lo posible, el traslado deberá ser notificado a las partes adversarias. Sin embargo, en el transporte al territorio de otro país no se podrá en ningún caso utilizar el emblema a menos que se haya concedido expresamente la inmunidad.

2. Las altas partes contratantes tomarán, en la medida de sus posibilidades, las precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a que se refiere el párrafo primero del presente artículo sean protegidos contra actos hostiles.

ART. 14.—Inmunidad de embargo, de captura y de presa.

1. Se otorgará la inmunidad de embargo, de captura y de presa a:

a) Los bienes culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 o de la que prevé el artículo 13;

b) Los medios de transporte dedicados exclusivamente al traslado de dichos bienes.

2. En el presente artículo no hay limitación alguna al derecho de visita y de vigilancia.

CAPÍTULO IV

Del personal

ART. 15.—Personal. En interés de los bienes culturales, se respetará, en la medida en que sea compatible con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquellos, si ese personal cayere en manos de la parte adversaria se le permitirá que continúe ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo hubieren caído también en manos de la parte adversaria.

CAPÍTULO V

Del emblema

ART. 16.—Emblema de la convención.

1. El emblema de la convención consiste en un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno de cuyos vértices ocupa la parte interior del escudo, y un triángulo también azul ultramar en la parte superior; en los flancos se hallan sendos triángulos blancos limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo).

2. El emblema se empleará aislado o repetido tres veces en formación de triángulo (un escudo en la parte interior), de acuerdo con las circunstancias enumeradas en el artículo 17.

ART. 17.—Uso del emblema.

1. El emblema repetido tres veces sólo podrá emplearse para identificar:

a) Los bienes culturales inmuebles que gocen de protección especial;

b) Los transportes de bienes culturales en las condiciones previstas en los artículos 12 y 13;

c) Los refugios improvisados en las condiciones previstas en el reglamento para la aplicación de la convención;

2. El emblema aislado sólo podrá emplearse para definir:

a) Los bienes culturales que no gozan de protección especial;

b) Las personas encargadas de las funciones de vigilancia, según las disposiciones del reglamento para la aplicación de la convención;

c) El personal perteneciente a los servicios de protección de los bienes culturales;

d) Las tarjetas de identidad previstas en el reglamento de aplicación de la convención.

3. En caso de conflicto armado queda prohibido el empleo del emblema en otros casos que no sean los mencionados en los párrafos precedentes del presente artículo, queda también prohibido utilizar para cualquier fin un emblema parecido al de la convención.

4. No podrá utilizarse el emblema para la identificación de un bien cultural inmueble más que cuando vaya acompañado de una autorización, tachada y firmada, de la autoridad competente de la alta parte contratante.

CAPÍTULO VI

Campo de aplicación de la convención

ART. 18.—Aplicación de la convención.

1. A parte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, la presente convención se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de las altas partes contratantes, aun cuando alguna de ellas no reconozca el estado de guerra.

2. La convención se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una alta parte contratante, aun cuando esa ocupación no encuentre ninguna resistencia militar.

3. Las potencias partes en la presente convención quedarán obligadas por la misma, aun cuando una de las potencias que intervengan en el conflicto no sea parte en la convención. Estarán además obligados por la convención con respecto a tal potencia, siempre que ésta haya declarado que acepta los principios de la convención y en tanto los aplique.

ART. 19.—Conflicto de carácter no internacional.

1. En caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que haya surgido en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones de esta convención, relativas al respeto de los bienes culturales.

2. Las partes en conflicto procurarán poner en vigor, mediante acuerdos especiales, todas las demás disposiciones de la presente convención o parte de ellas.

3. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

4. La aplicación de las precedentes disposiciones no producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.

CAPÍTULO VII

De la aplicación de la convención

ART. 20.—Reglamento para la aplicación. Las modalidades de aplicación de la presente convención quedan definidas en el reglamento para su aplicación, que forma parte integrante de la misma.

ART. 21.—Potencias protectoras. Las disposiciones de la presente convención y del reglamento para su aplicación se llevarán a la práctica con la cooperación de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto.

ART. 22.—Procedimiento de conciliación.

1. Las potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios, siempre que lo juzguen conveniente en interés de la salvaguardia de los bienes culturales, y en especial, si hay desacuerdo entre las partes en conflicto sobre la aplicación o la interpretación de las disposiciones de la presente convención o del reglamento para la aplicación de la misma.

2. A este efecto, cada una de las potencias protectoras podrá, a petición de una de las partes o del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por propia iniciativa, proponer a las partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, que podrá celebrarse eventualmente en un territorio neutral que resulte conveniente escoger al efecto. Las partes en conflicto estarán obligadas a poner en práctica las propuestas de reunión que se les hagan. Las potencias protectoras propondrán a las partes en conflicto, para su aprobación el nombre de una personalidad súbdito de una potencia neutral, o, en su defecto presentada por el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicha personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de presidente.

ART. 23.—Colaboración de la Unesco.

1. Las altas partes contratantes podrán recurrir a la ayuda técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para organizar la protección de sus bienes culturales o en relación con cualquier otro problema derivado del cumplimiento de la presente convención y del reglamento para su aplicación. La organización prestará su ayuda dentro de los límites de su programa y de sus posibilidades.

2. La organización está autorizada para presentar por propia iniciativa a las altas partes contratantes proposiciones a este respecto.

ART. 24.—Acuerdos especiales.

1. Las altas partes contratantes podrán concertar acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que juzguen oportuno solventar por separado.

2. No se podrá concertar ningún acuerdo especial que disminuya la protección ofrecida por la presente convención a los bienes culturales y al personal encargado de la salvaguardia de los mismos.

ART. 25.—Difusión de la Convención. Las altas partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el texto de la presente convención y del reglamento para su aplicación. En especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de instrucción militar y, de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las fuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales.

ART. 26.—Traducciones e informes.

1. Las altas partes contratantes se comunicarán por conducto del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las traducciones oficiales de la presente convención y del reglamento para la aplicación de la misma.

2. Además, dirigirán al director general, por lo menos una vez cada cuatro años, informes en los que figuren los datos que estimen oportunos sobre las medidas tomadas, preparadas o estudiadas por sus respectivas administraciones para el cumplimiento de la presente convención y del reglamento para la aplicación de la misma.

ART. 27.—Reuniones.

1. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá, con la aprobación del consejo ejecutivo, convocar reuniones de representantes de las altas partes contratantes. Cuando lo solicite un quinto, por lo menos, de las altas partes contratantes tendrá la obligación de convocarlas.

2. Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que le confiera la presente convención o el reglamento para su aplicación, la reunión estará facultada para estudiar los problemas relativos a la interpretación o a la aplicación de la convención y de su reglamento y formular las recomendaciones pertinentes a ese propósito.

3. Además, si se halla representada en la reunión la mayoría de las altas partes contratantes, se podrá proceder a la revisión de la convención o del reglamento para su aplicación, con arreglo a las disposiciones del artículo 39.

ART. 28.—Sanciones. Las altas partes contratantes se comprometen a tomar, dentro del marco de su sistema de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente convención.

Disposiciones finales

ART. 29.—Lenguas.

1. La presente convención está redactada en español, francés, inglés y ruso, los cuatro textos son igualmente fidedignos.

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de realizar las traducciones a los demás idiomas oficiales de su conferencia general.

ART. 30.—Firma. La presente convención llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y quedará abierta hasta el 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.

ART. 31.—Ratificación.

1. La presente convención será sometida a la ratificación de los Estados signatarios con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ART. 32.—Adhesión. A partir de la fecha de su entrada en vigor, la presente convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no signatarios a los que se hace referencia en el artículo 29, así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse a ella por el consejo ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ART. 33.—Entrada en vigor.

1. La presente convención entrará en vigor tres meses después de haberse depositado cinco instrumentos de ratificación.

2. Ulteriormente, la convención entrará en vigor para cada una de las demás altas partes contratantes tres meses después de la fecha en que hubieren depositado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

3. Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 determinarán que las ratificaciones y adhesiones, depositadas por las partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enviará, por la vía más rápida las notificaciones previstas en el artículo 38.

ART. 34.—Aplicación.

1. Cada Estado parte en la convención en la fecha de su entrada en vigor adoptará todas las medidas necesarias para que ésta sea efectivamente aplicada en un plazo de seis meses.

2. Para todos aquellos Estados que depositaren su instrumento de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la convención, el plazo será de seis meses a contar desde la fecha del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión.

ART. 35.—Extensión de la convención a otros territorios. Cualquiera de las altas partes contratantes podrá, en el momento de la ratificación o de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante notificación dirigida al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que la presente convención se hará extensiva al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.

ART. 36.—Relación con las convenciones anteriores.

1. En las relaciones entre las potencias que estén obligadas por las convenciones de La Haya relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre (IV) y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra (IX), ya se trate de las del 29 de julio de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, y que sean partes de la presente convención, esta última completará la anterior convención (IX) y el reglamento anexo a la convención (IV) y se reemplazará el emblema descrito en el artículo 5º de la convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente convención en los casos en que ésta y el reglamento para su aplicación, prevén el empleo de dicho emblema.

2. En las relaciones entre las potencias que estén obligadas por el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto Roerich) y que sean también partes en la presente convención, esta última completará el Pacto Roerich, y se reemplazará la bandera distintiva descrita en artículo III del pacto por el emblema descrito en el artículo 16 de la presente convención, en los casos en que ésta y el reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.

ART. 37.—Denuncia.

1. Cada una de las altas partes contratantes podrá denunciar la presente convención en nombre propio o en el de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable.

2. Dicha denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia producirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. Sin embargo, si al expirar el año, la parte denunciante se encuentra implicada en un conflicto armado, el efecto de la denuncia quedará en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, hasta que hayan terminado las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

ART. 38.—Notificaciones. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación previstos en los artículos 31, 32 y 39, y de las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en los artículos 35, 37 y 39.

ART. 39.—Revisión de la convención y del reglamento para su aplicación.

1. Cada una de las altas partes contratantes puede proponer modificaciones a la presente convención y al reglamento para su aplicación. Cualquier modificación así propuesta será transmitida al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien la comunicará a cada una de las altas partes contratantes solicitando, al mismo tiempo, que éstas le hagan saber, dentro de un plazo de cuatro meses:

a) Si desean que se convoque una conferencia para discutir la modificación propuesta;

b) Si, por el contrario, favorecen la aceptación de la propuesta sin necesidad de conferencia;

c) Si rechazan la modificación propuesta sin necesidad de conferencia.

2. El director general transmitirá las respuestas recibidas en cumplimiento del párrafo primero del presente artículo a todas las altas partes contratantes.

3. Si la totalidad de las altas partes contratantes que hayan respondido en el plazo previsto a la petición del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conforme al apartado b) del párrafo primero del presente artículo, informan al director general que están de acuerdo en adoptar la modificación sin que se reúna una conferencia, el director general notificará dicha decisión según lo dispuesto en el artículo 38. La modificación tendrá efecto, respecto a todas las altas partes contratantes, después de un plazo de noventa días a contar de la fecha de dicha notificación.

4. El director general convocará una conferencia de las altas partes contratantes, a fin de estudiar la modificación propuesta, siempre que la convocatoria de dicha conferencia haya sido solicitada por más de un tercio de las altas partes contratantes.

5. Las propuestas de modificaciones de la convención y del reglamento para su aplicación que sean objeto del procedimiento establecido en el párrafo precedente, sólo entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas unánimemente por las altas partes contratantes representadas en la conferencia, y aceptadas por cada uno de los estados parte en la convención.

6. La aceptación por las altas partes contratantes de las modificaciones de la convención o del reglamento para su aplicación que hayan sido adoptadas por la conferencia prevista en los párrafos 4º y 5º, se efectuará mediante el depósito de un instrumento formal ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

7. Después de la entrada en vigor de las modificaciones de la presente convención o del reglamento para su aplicación, únicamente el texto así modificado de dicha convención o del reglamento para su aplicación quedará abierto a la ratificación o adhesión.

ART. 40.—Registro.

En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente convención será registrada en la secretaría de las Naciones Unidas a instancia del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente convención.

Hecha en La Haya el 14 de mayo de 1954, en un sólo ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conforme a todos los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32 así como a las Naciones Unidas.

Protocolo

Las altas partes contratantes han convenido lo siguiente:

I

1. Cada una de las altas partes contratantes se compromete a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por ella durante un conflicto armado. Dichos bienes culturales se encuentran definidos en el artículo primero de la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954.

2. Cada una de las altas partes contratantes se compromete a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio, que procedan directa o indirectamente de cualquier territorio ocupado. Este secuestro se declarará, bien de oficio en el momento de la importación, o, en otro caso, a petición de las autoridades de dicho territorio.

3. Cada una de las altas artes contratantes se compromete a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido exportados en contravención del principio establecido en el párrafo primero. En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de reparaciones de guerra.

4. La alta parte contratante que tuviera la obligación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por ella deberá indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.

II

5. Los bienes culturales procedentes del territorio de una alta parte contratante depositados por ella, a fin de protegerlos contra los peligros de un conflicto armado, en el territorio de otra alta parte contratante, serán devueltos por ésta, al término de las hostilidades a las autoridades competentes del territorio de procedencia.

III

6. El presente protocolo llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y permanecerá abierto hasta la fecha del 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.

7. a) El presente protocolo será sometido a la ratificación de los Estados signatarios conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos;

b) Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

8. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados no firmantes, a que se refiere el párrafo 6º, así como a la de cualquier otro Estado invitado a adherirse al mismo por el consejo ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se verificará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

9. Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6º y 8º podrán, en el acto de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que no se consideran ligados por las disposiciones de la sección I o por los de la sección II del presente protocolo.

10. a) El presente protocolo entrará en vigor tres meses después de que hayan sido depositados cinco instrumentos de ratificación:

b) Posteriormente, entrará en vigor para cada alta parte contratante tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión;

c) Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954 darán inmediato efecto a las ratificaciones y a las adhesiones depositadas por las partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura comunicará estas ratificaciones o adhesiones por la vía más rápida.

11. a) Los Estados partes en el protocolo en la fecha de su entrada en vigor tomarán, cada uno en aquello que le concierna, todas las medidas requeridas para su aplicación efectiva en un plazo de seis meses;

b) Ese plazo será de seis meses, contados a partir del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, para todos los Estados que depositasen sus instrumentos de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor del protocolo.

12. Toda alta parte contratante podrá, en el momento de la ratificación o de la adhesión o en cualquier momento posterior, declarar por una notificación dirigida al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que el presente protocolo se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea ella responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.

13. a) Cada una de las altas partes contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente protocolo en nombre propio o en el de cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable;

b) La denuncia se notificará por un instrumento escrito depositado ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

c) La denuncia será efectiva un año después de la recepción del instrumento de denuncia. Sin embargo, si en el momento de la expiración de ese año la parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

14. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 6º y 8º, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación mencionados en los párrafos 7º, 8º y 15, lo mismo que de las modificaciones y denuncias previstas respectivamente en los párrafos 12 y 13.

15. a) El presente protocolo puede ser revisado si la revisión la solicita más de un tercio de las altas partes contratantes;

b) el director general de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura convocará una conferencia con dicho objeto;

c) Las modificaciones al presente protocolo no entrarán en vigor más que después de adoptadas por unanimidad por las altas partes contratantes representadas en la conferencia y de haber sido aceptadas por cada una de las altas partes contratantes;

d) La aceptación por las altas partes contratantes de las modificaciones al presente protocolo que hayan sido adoptadas por la conferencia a la que se refieren los apartados b) y c) se llevará a efecto por el depósito de un instrumento formal ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

e) Después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente protocolo, sólo ese texto modificado permanecerá abierto para la ratificación o adhesión.

Conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas el presente protocolo será registrado en la secretaría de las Naciones Unidas a petición del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente protocolo.

Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en español, en francés, en inglés y en ruso, haciendo fe por igual los cuatro textos en un sólo ejemplar que se depositará en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6º y 8º, así como a la Organización de las Naciones Unidas.

Reglamento para la aplicación de la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado

CAPÍTULO I

De la vigilancia e inspección

ART. 1º—Lista internacional de personalidades. Desde el momento de la entrada en vigor de la convención, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura redactará una lista internacional de personalidades aptas para desempeñar las funciones de comisario general de bienes culturales con los nombres de los candidatos presentados por cada una de las altas partes contratantes. Esta lista será objeto de revisiones periódicas a iniciativa del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tendrá en cuenta las peticiones de las altas partes contratantes.

ART. 2º—Organización de la vigilancia y la inspección. Tan pronto como una de las altas partes contratantes participe en un conflicto armado al que se aplique el artículo 18 de la convención:

a) Designará un representante para las cuestiones relativas a los bienes culturales situados en su territorio, si esa potencia ocupa el territorio de otro país, deberá nombrar un representante especial para las cuestiones relativas a los bienes culturales que se encuentren en él;

b) La potencia protectora de cada potencia adversaria de esa alta parte contratante designará delegados ante esta última, con arreglo a lo previsto en el artículo 3º del reglamento;

c) Se designará un comisario general de Bienes Culturales ante esa alta parte, con arreglo a la forma prevista en el artículo 4º del reglamento.

ART. 3º—Designación de delegados de las potencias protectoras. La potencia protectora escogerá sus delegados entre los miembros de su cuerpo diplomático o consular o, previo asentimiento de la parte ante la cual hayan de estar acreditados, entre otras personas.

ART. 4º—Designación del comisario general.

1. El comisario general de bienes culturales será elegido de común acuerdo por la parte ante la cual haya de estar acreditado y por las potencias protectoras de las partes adversarias, entre las personalidades que figuren en la lista internacional.

2. Si las Partes no llegasen a un acuerdo durante las tres semanas siguientes a la apertura de sus conversaciones sobre dicho punto, solicitarán del Presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe el Comisario General, quien no entrará en funciones hasta haber obtenido el placet de la parte ante la que hubiere de ejercer su misión.

ART. 5º—Atribuciones de los delegados. Será función de los delegados de las potencias protectoras comprobar las violaciones de la convención, investigar, con el consentimiento de la parte ante la cual ejercen su misión, las circunstancias en que se hayan producido, efectuar gestiones en el lugar donde aquéllas hayan ocurrido para hacerlas cesar y, en caso necesario, notificar tales violaciones al comisario general. Los delegados deberán tener informado a este de sus actividades.

ART. 6º—Atribuciones del comisario general.

1. El comisario general de bienes culturales tratará con el representante de la parte ante la cual esté acreditado y con los delegados interesados las cuestiones que se le hayan planteado respecto a la aplicación de la convención.

2. Podrá tomar decisiones y hacer nombramientos en los casos previstos en el presente reglamento.

3. Con la aquiescencia de la parte ante la cual esté acreditado, tendrá derecho a ordenar que se proceda a una investigación o a realizarla personalmente.

4. Hará ante las partes en conflicto o ante sus potencias protectoras todas las gestiones que considere útiles para la aplicación de la convención.

5. Preparará los informes necesarios sobre la aplicación de la convención y los comunicará a las partes interesadas y a sus potencias protectoras. Remitirá copias al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual sólo podrá utilizar los datos técnicos.

6. Cuando no haya potencia protectora, el comisario general ejercerá las funciones atribuidas a la potencia protectora por los artículos 21 y 22 de la convención.

ART. 7º—Inspectores y expertos.

1. Siempre que el comisario general de bienes culturales a petición de los delegados interesados o después de consultar con ellos, lo juzgue necesario, propondrá a la parte ante la cual está acreditada el nombramiento de una persona que, en calidad de inspector de bienes culturales se encargará de una misión determinada. Estos inspectores no serán responsables más que ante el comisario general.

2. El comisario general, los delegados y los inspectores podrán recurrir a los servicios de los expertos, que serán igualmente propuestos a la aprobación de la parte mencionada en el párrafo anterior.

ART. 8º—Ejercicio de la misión de vigilancia. Los comisarios generales de bienes culturales, los delegados de las potencias protectoras, los inspectores y los expertos no deberán excederse en ningún caso de los límites de su misión. En especial, deberán tener en cuenta las necesidades de seguridad de la alta parte contratante cerca de la cual ejercen sus funciones y, en toda circunstancia, tener presentes las necesidades de la situación militar tal como les hayan sido comunicadas por dicha alta parte contratante.

ART. 9º—Substitutos de las potencias protectoras. Si una de las partes en conflicto no cuenta con los servicios de una potencia protectora, o deja de contar con ellos, podrá pedir a un Estado neutral que asuma las funciones de potencia protectora a los efectos de designar un comisario general de bienes culturales según el procedimiento previsto en el artículo 4º. El comisario general así designado podrá confiar a los inspectores las funciones de delegados de las potencias protectoras determinadas por el presente reglamento.

ART. 10.—Gastos. La remuneración y los gastos del comisario general de bienes culturales, de los inspectores y de los expertos correrán a cargo de la parte ante la cual estén acreditados, los correspondientes a los delegados de las potencias protectoras serán objeto de un acuerdo entre esas potencias y los Estados cuyos intereses protejan.

CAPÍTULO II

De la protección especial

ART. 11.—Refugios improvisados.

1. Si en el curso de un conflicto armado una de las altas partes contratantes se viera obligada por circunstancias imprevistas a construir un refugio improvisado y desea que se coloque bajo protección especial, deberá comunicarlo inmediatamente al comisario general ante ella acreditado.

2. Si el comisario general opina que las circunstancias y la importancia de los bienes culturales protegidos en ese refugio improvisado justifican tal medida, podrá autorizar a la alta parte contratante a colocar en él el emblema descrito en el artículo 16 de la convención. Deberá comunicar su decisión inmediatamente a los delegados interesados de las potencias protectoras, cada uno de los cuales podrá, dentro de un plazo de 30 días, ordenar la retirada inmediata del emblema.

3. En cuanto dichos delegados hayan manifestado su acuerdo o una vez transcurrido el plazo de 30 días sin que ninguno de los delegados interesados haya manifestado su oposición, y si el refugio improvisado reúne, en opinión del comisario general, las condiciones previstas en el artículo 8º de la convención, el comisario general solicitará del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del refugio en el Registro de Bienes Culturales bajo Protección Especial.

ART. 12.—Registro internacional de bienes culturales bajo protección especial.

1. Se establecerá un Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial.

2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de ese registro, y remitirá duplicados del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas así como a las altas partes contratantes.

3. El registro estará dividido en secciones, cada una de las cuales corresponderá a una de las altas partes contratantes. Cada sección se subdividirá en tres epígrafes, titulados respectivamente: refugios, centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles. Compete al Director General decidir los datos que deban figurar en cada sección.

ART. 13.—Solicitudes de inscripción.

1. Cada una de las altas partes contratantes podrá pedir al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción en el registro de determinados refugios, centros monumentales u otros bienes culturales inmuebles sitos en su territorio. Las peticiones contendrán indicaciones sobre el emplazamiento de dichos bienes y certificarán que éstos reúnen las condiciones previstas en el artículo 8º de la convención.

2. En caso de ocupación, la potencia ocupante podrá formular la petición de inscripción.

3. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enviará sin pérdida de tiempo copia de las peticiones de inscripción a cada una de las altas partes contratantes.

ART. 14.—Oposición.

1. Cada una de las altas partes contratantes podrá oponerse a la inscripción en el registro de un bien cultural por carta dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta carta deberá ser recibida por el Director General, en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que se haya expedido la copia de la petición de inscripción.

2. Tal oposición deberá ser motivada. Los únicos motivos admisibles podrán ser:

a) que el bien de que se trate no sea un bien cultural;

b) que no se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 8º de la convención.

3. El Director General enviará sin demora copia de la carta de oposición a las altas partes contratantes. En caso necesario, solicitará el asesoramiento del Comité Internacional de Monumentos, lugares de interés artístico e histórico y excavaciones arqueológicas, y además, si lo juzgare conveniente, de cualquier otro organismo o personalidad calificados para ello.

4. El Director General o la altas partes contratantes que haya pedido la inscripción podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las altas partes contratantes que hayan formulado su oposición, para que se desistan de ella.

5. Si una de las altas partes contratantes que hubiese solicitado en tiempo de paz la inscripción de un bien cultural en el registro participase en un conflicto armado antes de haberse efectuado dicha inscripción, el bien cultural de que se trate será inscrito inmediatamente por el Director General en el registro, a título provisional, en espera de la confirmación, desistimiento o anulación de cualquier procedimiento de oposición que pudiera o hubiese podido ser iniciado.

6. Si en un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que recibió la carta de oposición, el Director General no recibe de la alta parte contratante que formuló la oposición una comunicación notificándole que ha desistido de la misma, la alta parte contratante que haya presentado la petición de inscripción podrá recurrir al procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo siguiente.

7. La petición de arbitraje deberá formularse, a más tardar, un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la carta de oposición.

Cada una de las dos partes en controversia designará un árbitro. En el caso de que una petición de inscripción hubiere sido objeto de más de una oposición, las altas partes contratantes que hubiesen formulado la oposición designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros elegirán un árbitro-presidente de la lista internacional de personalidades previstas en el artículo primero del presente reglamento, si los árbitros no pudiesen llegar a ponerse de acuerdo para hacer esa elección, pedirán al presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe un árbitro-presidente, quien no será necesario que figure en la lista internacional de personalidades. El tribunal arbitral así formado fijará su propio procedimiento y sus decisiones serán inapelables.

8. Cada una de las altas partes contratantes puede declarar, en el momento en que se inicie una controversia en la cual sea ella parte, que no desea aplicar el procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo precedente. En ese caso, la oposición a la petición de inscripción se someterá por el director general a las altas partes contratantes. Sólo se mantendrá la oposición si las altas partes contratantes lo deciden por una mayoría de dos tercios de votantes. La votación se efectuará por correspondencia, a menos que el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura juzgando indispensable la convocatoria de una reunión en virtud de los poderes que le confiere el artículo 27 de la convención, procediese a convocarla. Si el director general decide que se vote por correspondencia invitará a las altas partes contratantes a que le envíen su voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses a partir del día en que se les haya dirigido la invitación correspondiente.

ART. 15.—Inscripción.

1. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hará inscribir en el registro, bajo un número de orden, cada uno de los bienes con respecto a los cuales se hubiere hecho una petición de inscripción, siempre que esa petición no hubiese sido objeto de oposición en el plazo previsto en el párrafo primero del artículo 14.

2. En el caso de que se hubiera formulado una oposición, y salvo lo dispuesto en el párrafo 5º del artículo 14, el director general no procederá a la inscripción del bien cultural en el registro más que si la oposición ha sido retirada o si no hubiese sido confirmada después de los procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º del mismo artículo.

3. Siempre que sea aplicable el párrafo 3º del artículo 11, el director general procederá a la inscripción, a requerimiento del comisario general de bienes culturales.

4. El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas, a las altas partes contratantes y, a petición de la parte que hubiese solicitado la inscripción, a todos los demás Estados a que se refieren los artículos 30 y 32 de la convención, copia certificada de cada inscripción en el registro. La inscripción surtirá efecto treinta días después de dicho envío.

ART. 16.—Cancelación.

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cancelará la inscripción de un bien cultural en el registro:

a) A petición de la alta parte contratante sobre cuyo territorio se encuentre el bien cultural;

b) Cuando la alta parte contratante que hubiere solicitado la inscripción hubiese denunciado la convención, y a partir del momento en que surta efecto tal denuncia;

c) en el caso especial previsto por el párrafo 5º del artículo 14, cuando se haya confirmado una oposición, como consecuencia de los procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º de mismo artículo.

2. El director general enviará sin demora al secretario general de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hubiesen recibido copia de la inscripción, copia certificada de toda cancelación de inscripción. La cancelación surtirá efecto a los treinta días del envío de la notificación.

CAPÍTULO III

Del transporte de bienes culturales

ART. 17.—Procedimiento para obtener la inmunidad.

1. La petición a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la convención deberá dirigirse al comisario general de bienes culturales. En ella se mencionarán las razones que la motivan, detallándose el número aproximado y la importancia de los bienes culturales que hayan de ser trasladados, el lugar donde se encuentren, el lugar adonde hayan de ser trasladados, los medios de transporte, el itinerario proyectado, la fecha propuesta para su traslado y cualesquiera otros datos pertinentes.

2. Si el comisario general, después de haber recabado los asesoramientos que considere oportunos, estima que el traslado está justificado, consultará a los delegados interesados de las potencias protectoras sobre las medidas propuestas para la ejecución del mismo. Después de dichas consultas, notificará el transporte a las partes interesadas en el conflicto, incluyendo en esa notificación todos los datos que puedan ser útiles.

3. El comisario general designará uno o varios inspectores, quienes cuidarán de que se trasladen sólo los objetos indicados en la petición, de que el transporte se realice en la forma aprobada y de que se utilice el emblema. El inspector o los inspectores acompañarán a los bienes hasta el punto de destino.

ART. 18.—Traslados al extranjero. Todo traslado que se efectúe bajo protección especial al territorio de otro país, quedará sujeto, no sólo a las disposiciones del artículo 12 de la convención y del artículo 17 del presente reglamento, sino también a las normas siguientes:

a) Durante la permanencia de los bienes culturales en el territorio de otro Estado, éste será el depositario de los mismos y prestará a dichos bienes iguales cuidados, por lo menos, que a sus propios bienes culturales de importancia similar;

b) El Estado depositario no devolverá esos bienes más que una vez terminado el conflicto; esa devolución se efectuará dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se pida;

c) En los sucesivos traslados y durante su permanencia en el territorio de otro Estado, esos bienes no podrán ser objeto de ninguna medida de embargo y ni el depositante ni el depositario tendrán la facultad de disponer de ellos. No obstante, cuando así lo exija la salvaguardia de esos bienes, el depositario, previo asentimiento del depositante, podrá ordenar su traslado al territorio de un tercer país, en las condiciones previstas en el presente artículo;

d) La petición de protección especial deberá indicar que el Estado a cuyo territorio haya de efectuarse el traslado acepta las disposiciones del presente artículo.

ART. 19.—Territorio ocupado. Cuando una alta parte contratante que ocupe el territorio de otra alta parte contratante trasladare bienes culturales a un refugio situado en otro punto de ese territorio, sin poder observar el procedimiento previsto en el artículo 17 del reglamento, dicho traslado no se considerará como ocultación o apropiación en el sentido del artículo 4º de la convención, si el comisario general certifica por escrito, previa consulta con el personal normal de protección, que las circunstancias hacen necesario ese traslado.

CAPÍTULO IV

Del emblema

ART. 20.—Colocación de emblema.

1. La colocación del emblema y su grado de visibilidad quedan a la apreciación de las autoridades competentes de cada una de las altas partes contratantes. El emblema podrá figurar en las banderas y en los brazaletes. Podrá estar pintado sobre un objeto o estar representado en el mismo en cualquier otra forma apropiada.

2. Sin embargo, en caso de conflicto armado, y sin perjuicio de emplear eventualmente un sistema de señales más completo, el emblema deberá colocarse de manera bien visible durante el día, tanto desde el aire como en tierra, sobre los vehículos de los transportes previstos en los artículos 12 y 13 de la convención.

El emblema deberá ser visible desde tierra:

a) A intervalos regulares de distancia suficiente para delimitar claramente el perímetro de un centro monumental bajo protección especial;

b) A la entrada de otros bienes culturales inmuebles bajo protección especial.

ART. 21.—Identificación de personas.

1. Las personas a que se refieren los apartados b) y c) párrafo segundo del artículo 17 de la convención, podrán llevar un brazalete con el emblema expedido y sellado por las autoridades competentes.

2. Serán portadoras de una tarjeta especial de identidad en la que figure el emblema. Esta tarjeta mencionará, por lo menos, el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el título o grado, y la función del interesado. La tarjeta llevará una fotografía del titular y su firma o sus huellas digitales, o ambas cosas. Ostentará además el sello en seco de las autoridades competentes.

3. Cada una de las altas partes contratantes establecerá su modelo de tarjeta de identidad, inspirándose para ello en el modelo anexo, a título de ejemplo, al presente reglamento. Las altas partes contratantes se comunicarán el modelo por ellas adoptado. A ser posible, de cada tarjeta de identidad expedida se hará, por lo menos un duplicado, archivando uno de ellos la potencia responsable.

4. No podrá privarse sin motivo justificado a las personas mencionadas en este artículo de su tarjeta de identidad ni del derecho a llevar el brazalete.

Tarjeta de identidad

Para el personal encargado de la protección de los bienes culturales.

Apellidos

Nombre (s)

Fecha de nacimiento

Título o grado

Función

Es titular de la presente tarjeta en virtud de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

Fecha de expedición de la tarjeta número de la tarjeta

Reverso

Fotografía del titular firma o huellas digitales o ambas cosas 

Sello en seco de la autoridad que expide la tarjeta

Talla ojos cabellos 

Otras señas personales

ART. 6º—Promúlgase el “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993.

(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción Internacional“, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Convenio (1) relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional (2)

hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993

Los Estados signatarios del presente convenio, reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión;

Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen;

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen;

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños;

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la asamblea general 41/85, de 3 de diciembre de 1986),

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación del convenio

Artículo 1º. El presente convenio tiene por objeto:

a) Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional;

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños;

c) Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el convenio.

Artículo 2º.

1. El convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (“el Estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante (“el Estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen.

2. El convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación.

Artículo 3º.

El convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c) antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años.

CAPÍTULO II

Condiciones de las adopciones internacionales

Artículo 4º. Las adopciones consideradas por el convenio sólo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del Estado de origen:

a) Han establecido que el niño es adoptable;

b) Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional responde al interés superior del niño;

c) Se han asegurado de que

1. Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación con el mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.

2. Tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito.

3. Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y

4. El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del nacimiento del niño, y

d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que,

1. Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando este sea necesario.

2. Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño.

3. El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y

4. El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna.

Artículo 5º. Las adopciones consideradas por el convenio sólo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del Estado de recepción:

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar;

b) Se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados, y

c) Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho Estado.

CAPÍTULO III

Autoridades centrales y organismos acreditados

Artículo 6º.

1. Todo Estado contratante designará una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos a un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese Estado.

Artículo 7º.

1. Las autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del convenio.

2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para:

a) Proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios;

b) Informarse mutuamente sobre el funcionamiento del convenio y, en la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.

Artículo 8º. Las autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación con una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del convenio.

Artículo 9º. Las autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para:

a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;

b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción;

c) Promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones;

d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de adopción internacional;

e) Responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por otras autoridades centrales o por autoridades públicas.

Artículo 10. Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.

Artículo 11. Un organismo acreditado debe:

a) Perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado;

b) Ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional, y

c) Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera.

Artículo 12.

Un organismo acreditado en un Estado contratante sólo podrá actuar en otro Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos Estados.

Artículo 13. La designación de las autoridades centrales

y, en su caso, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán comunicados por cada Estado contratante a la oficina permanente de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado.

CAPÍTULO IV

Condiciones de procedimiento respecto a las adopciones internacionales

Artículo 14. Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la autoridad central del Estado de su residencia habitual.

Artículo 15.

1. Si la autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

2. Esta autoridad central transmitirá el informe a la autoridad central del Estado de origen.

Artículo 16.

1. Si la autoridad central del Estado de origen considera que el niño es adoptable,

a) Preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares;

b) Se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural;

c) Se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el artículo 4º, y

d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño.

2. Esta autoridad central transmitirá a la autoridad central del Estado de recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su identidad.

Artículo 17. En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si,

a) La autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo;

b) La autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo requiere la ley de dicho Estado o la autoridad central del Estado de origen;

c) Las autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción, y

d) Se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5º, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción.

Artículo 18. Las autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción.

Artículo 19

1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las exigencias del artículo 17.

2. Las autoridades centrales de ambos Estados se asegurarán de que el desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres adoptivos.

3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren los artículos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido.

Artículo 20. Las autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo del período probatorio, si fuera requerido.

Artículo 21.

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento del niño y la autoridad central de dicho Estado considera que el mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, esta autoridad central tomará las medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para:

a) Retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado provisional;

b) En consulta con la autoridad central del Estado de origen, asegurar sin dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación alternativa de carácter duradero; la adopción del niño sólo podrá tener lugar si la autoridad central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos;

c) Como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo exige su interés.

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación con las medidas a tomar conforme al presente artículo.

Artículo 22.

1. Las funciones atribuidas a la autoridad central por el presente capítulo pueden ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al capítulo III, en la medida prevista por la ley de este Estado.

2. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del convenio que las funciones conferidas a la autoridad central por los artículos 15 a 21 podrán también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la ley y bajo el control de las autoridades competentes de dicho Estado, por personas u organismos que:

a) Cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y

b) Estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional.

3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2º informará con regularidad a la oficina permanente de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado de los nombres y direcciones de estos organismos y personas.

4. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del convenio que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las autoridades centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero.

5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2º, los informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la responsabilidad de la autoridad central o de otras autoridades u organismos de acuerdo con el párrafo primero.

CAPÍTULO V

Reconocimiento y efectos de la adopción

Artículo 23.

1. Una adopción certificada como conforme al convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c.

2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, notificará al depositario del convenio la identidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

Artículo 24. Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 25.

Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del convenio que no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicación del artículo 39, párrafo 2º.

Artículo 26.

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento

a) Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos;

b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo;

c) De la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido lugar.

2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que se reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados.

3. Los párrafos precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones más favorables al niño que estén en vigor en el Estado contratante que reconozca la adopción.

Artículo 27.

1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la adopción conforme al convenio dicha adopción podrá ser convertida en una adopción que produzca tal efecto, si

a) La ley del Estado de recepción lo permite, y

b) Los consentimientos exigidos en el artículo 4º, apartados c) y d), han sido o son otorgados para tal adopción;

2. El artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Artículo 28. El convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al estado de recepción antes de la adopción.

Artículo 29. No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones del artículo 4º, apartados a) a c) y del artículo 5º, apartado a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen.

Artículo 30.

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres así como la historia médica del niño y de su familia.

2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del niño o de su representante a esta información en la medida en que lo permita la ley de dicho Estado.

Artículo 31. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, los datos personales que se obtengan o transmitan conforme al convenio, en particular aquellos a los que se refieren los artículos 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.

Artículo 32.

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional.

2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos directos, incluyendo los honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la adopción.

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación con los servicios prestados.

Artículo 33. Toda autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del convenio, informará inmediatamente a la autoridad central de su Estado. Dicha autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas adecuadas.

Artículo 34. Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres adoptivos.

Artículo 35. Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad en los procedimientos de adopción.

Artículo 36. En relación con un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales:

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;

b) Toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la ley vigente en la correspondiente unidad territorial;

c) Toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial;

d) Toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial.

Artículo 37. En relación con un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de ese Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la ley de dicho Estado.

Artículo 38. Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas del convenio cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo.

Artículo 39.

1. El convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.

2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes acuerdos para favorecer la aplicación del convenio en sus relaciones recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente convenio.

Artículo 40. No se admitirá reserva alguna al convenio.

Artículo 41. El convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al artículo 14 sea recibida después de la entrada en vigor del convenio en el Estado de origen y en el Estado de recepción.

Artículo 42. El secretario general de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado convocará periódicamente una comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del convenio.

CAPÍTULO VII

Cláusulas finales

Artículo 43.

1. El convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado cuando se celebró su decimoséptima sesión y de los demás Estados participantes en dicha sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del convenio.

Artículo 44.

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al convenio después de su entrada en vigor en virtud del párrafo 1º del artículo 46.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del artículo 48. Podrá así mismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del convenio.

Artículo 45.

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo el convenio se aplicará a “la totalidad del territorio de dicho Estado”.

Artículo 46.

1. El convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el artículo 43.

2. En lo sucesivo, el convenio entrará en vigor:

a) Para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b) Para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del convenio de conformidad con el artículo 45, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 47.

1. Todo Estado parte en el presente convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario del convenio. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 48.

El depositario del convenio notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado así como a los demás Estados participantes en la decimoséptima sesión y a los Estados que se hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44:

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 43;

b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el artículo 44;

c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46;

d) Las declaraciones y designaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25 y 45;

e) Los acuerdos a que se refiere el artículo 39;

f) Las denuncias a que se refiere el artículo 41.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente convenio.

Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado en el momento de celebrarse su decimoséptima sesión así como a cada uno de los demás Estados que han participado en dicha sesión.

El suscrito jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada de la traducción oficial de los textos en francés e inglés del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993, que reposa, en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a veintidós (22) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

El jefe oficina jurídica,

Héctor Adolfo Sintura Varela.

ART. 7º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 de octubre de 1999.

_______________________________________