DECRETO 214 DE 2005 

(Julio 7)

“Por el cual se dictan normas relacionadas con la representación legal, en lo judicial y extrajudicial, de Bogotá, D.C., en relación con la Personería, la Contraloría y las Veedurías Distritales y se dictan otras disposiciones en la materia”.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 315 de la Constitución Política y 35 y 39 del Decreto-Ley 1421 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política consagra que Bogotá, capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios (art. 322).

Que la Nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia, los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas (L. 153/1887, art. 80).

Que el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., es el jefe de gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital (D.L. 1421/93, art. 35).

Que Bogotá, Distrito Capital, persona jurídica de derecho público, conforme al artículo 54 del Decreto-Ley 1421 de 1993, está integrada por tres sectores: el central, el descentralizado y el de las localidades.

Que no obstante lo anterior, también hacen parte de la estructura administrativa del Distrito Capital los órganos de control, la Personería, la Contraloría y la veeduría distritales, y el Concejo de Bogotá, D.C., los cuales procuran por la satisfacción de los derechos de los ciudadanos, ejerciendo conforme a las normas constitucionales y legales el control sobre la actividad administrativa en la ciudad.

Que son atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del concejo.

Que la autonomía e independencia de los órganos de control respecto de los demás órganos del Estado, particularmente de los titulares de las distintas ramas del poder público, es una de las condiciones esenciales para la garantía de la prevalencia de un verdadero Estado social de derecho y es, así mismo, nota característica de la estructura funcional del Estado, de conformidad con los artículos 113, 117 y 118 de la Constitución Política de 1991.

Que el Personero Distrital es agente del Ministerio Público, veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos. La Personería Distrital goza de autonomía administrativa y adelanta la ejecución de su presupuesto conforme a las disposiciones vigentes.

Que la Personería de Bogotá, D.C., como parte integrante del Ministerio Público por expresa disposición del artículo 118 de la Constitución Política, le corresponde la guarda y protección de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el Distrito Capital.

Que la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, corresponderá a la Contraloría Distrital. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva, conforme a las técnicas de auditoría, e incluirá el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientes, de conformidad con los artículos 268 y siguientes de la Constitución Política y 105 y siguientes del Decreto-Ley 1421 de 1993.

Que corresponde a la Veeduría Distrital apoyar a los servidores públicos responsables de lograr la vigilancia de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los servidores públicos de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los empleados y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencia que encuentre, de acuerdo con el artículo 118 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

Que el estatuto orgánico del presupuesto, Decreto Nacional 111 de 1996, establece en el inciso 2º de su artículo 45 que es responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes.

Que en el artículo 45 antes indicado se establece, igualmente, que los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales, y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos.

Que las disposiciones del Decreto Distrital 714 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto distrital, son armónicas con las anteriormente indicadas, y el artículo 2º del citado decreto determina que en el primer nivel del presupuesto anual del Distrito Capital se encuentran la Contraloría, la Personería, el Concejo de Bogotá, la Administración Central Distrital y los establecimientos públicos distritales que incluyen los entes autónomos universitarios.

Que el decreto señalado en su artículo 15, literal b) establece que el presupuesto anual de gastos del distrito está integrado por las apropiaciones para la Personería Distrital, la Contraloría Distrital, la Veeduría Distrital, el Concejo de Bogotá, las secretarías de despacho, los departamentos administrativos y los establecimientos públicos distritales.

Que por corresponderles una sección del presupuesto a la veeduría, la personería, la contraloría, las secretarías de despacho, los departamentos administrativos y los establecimientos públicos distritales, estas entidades gozan de autonomía presupuestal y nominadora y por ende, de capacidad jurídica para ejercer sus funciones constitucionales y legales y para defender y responder por sus actuaciones y decisiones ante los particulares, los jueces y los árbitros.

Que no obstante lo anterior, judicialmente no se ha reconocido a los citados órganos de control la capacidad procesal para representar directamente a Bogotá, D.C., en los procesos judiciales o extrajudiciales, lo que ha hecho necesario que comparezcan dos apoderados al proceso, uno en representación del Distrito Capital y el otro del respectivo órgano de control.

Que lo anterior no se ajusta a los principios de eficiencia, economía y eficacia de la función pública distrital, porque cuando se trata de hechos, acciones, omisiones y operaciones efectuadas exclusivamente por los órganos de control distritales, la defensa de los intereses del Distrito Capital, al cual pertenecen, puede y debe ser desempeñada directamente por aquellos.

Que la capacidad y autonomía presupuestal de las diferentes entidades y órganos de control y la posibilidad que éstas defiendan y respondan por sus actuaciones y decisiones son un desarrollo de la autonomía e independencia con la que cada una de las diferentes ramas del poder público y los órganos de control deben ejercer sus funciones.

Que se hace necesario reconocer a los órganos de control del Distrito Capital la capacidad procesal de representar legalmente, en lo judicial y extrajudicial, al Distrito Capital cuando quiera que de sus actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas se generen trámites judiciales, extrajudiciales y/o administrativos.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Principios y postulados rectores

ART. 1º—Principios rectores. Las competencias reconocidas a los órganos de control distritales mediante el presente acto administrativo tienen como fundamento y orientación, además de los principios orientadores de la función pública, según los cuales la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, los cuales armónicamente han sido consagrados en el 209 de la Constitución Política, 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo, y 1º, 3º, 6º y 39 del Decreto-Ley 1421 de 1993, los siguientes principios y postulados rectores:

1. Unidad Territorial. Bogotá, Distrito Capital, como entidad territorial, es una única persona jurídica de derecho público a la que pertenecen no solamente los organismos (sector central) y entidades distritales (sector descentralizado), sino también los órganos de control del nivel distrital y las localidades.

Por lo tanto, el ejercicio de la función administrativa de los órganos de control del Distrito Capital implica una actuación y concreción de los intereses distritales confiados por el ordenamiento jurídico a aquellos.

2. Órganos de control distritales.Para los efectos del presente decreto, se entenderán como órganos de control del nivel distrital los siguientes:

La Personería de Bogotá, D.C., en quien el ordenamiento jurídico ha depositado, entre otras atribuciones, el ejercicio del control disciplinario de los empleados públicos del Distrito Capital, la veeduría ciudadana y la promoción y defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad.

La Contraloría de Bogotá, D.C., en quien el ordenamiento jurídico ha depositado, entre otras atribuciones, el ejercicio del control fiscal y la defensa del patrimonio público distrital, y

La Veeduría Distrital, en quien el ordenamiento jurídico ha encargado, entre otras atribuciones, del apoyo a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, la verificación del cumplimiento y ejecución de las disposiciones vigentes y que los servidores públicos distritales cumplan con sus deberes.

3. Autonomía.El ejercicio de la función pública y de las competencias constitucionales y legales por parte de los órganos de control distritales requiere que los mismos ejerzan sus competencias de manera autónoma sin interferencia o mediación por parte de los organismos o entidades respecto de las cuales ejercen el control que constitucional y legalmente se les ha confiado.

4. Imparcialidad. El ejercicio de la función pública y competencias constitucionales y legales por parte de los órganos de control distritales requiere que los mismos ejerzan sus competencias de manera objetiva, siguiendo los principios y normas del ordenamiento jurídico y sin distorsión alguna por parte de los organismos o entidades respecto de los cuales ejercen el control que constitucional y legalmente se les ha confiado.

5. Armonía. El ejercicio de la función pública y competencias constitucionales y legales por parte de los organismos, las entidades y de los órganos de control distritales requiere de un trabajo armónico entre todos, en procura de la materialización de los fines del Estado social de derecho y los intereses del servicio público y del Distrito Capital, como entidad territorial a la que todos aquellos pertenecen.

PAR.—Bajo tales postulados y principios rectores se entiende que el ejercicio de la función pública a cargo de los órganos de control distritales requiere que se reconozca a éstos la posibilidad de representar legalmente al Distrito Capital, en lo judicial y extrajudicial, cuando quiera que sus actos, hechos, omisiones y operaciones sean controvertidas judicial, extrajudicial o administrativamente, sin perjuicio de las atribuciones, competencias y facultades que el ordenamiento jurídico ha previsto al Gobierno Distrital, a sus organismos y entidades, y a los órganos de control para el ejercicio de sus competencias.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

CAPÍTULO II

Representación del Distrito Capital - órganos de control

ART. 2º—Representación del Distrito Capital - órganos de control distritales. Reconózcase a la contraloría, la personería y la veeduría distritales la facultad de representar legalmente, en lo judicial y extrajudicial, a Bogotá, Distrito Capital, con el propósito de que aquellos defiendan directa y exclusivamente los intereses del Estado a su cargo, en los procesos judiciales, extrajudiciales y trámites administrativos que se deriven de los actos, hechos, omisiones u operaciones que los mismos expidan, realicen o en que incurran o participen, o que se refieran a los asuntos inherentes a cada uno de ellos, conforme a su objeto y funciones.

PAR. 1º—Las funciones de representar legalmente, en lo judicial y extrajudicial, al Distrito Capital reconocidas a los órganos de control distritales se atribuyen sin perjuicio de las funciones judiciales que la Constitución y la ley han reconocido y otorgado a los mismos.

PAR. 2º—La función antes señalada será ejercida, en primer término, por el jefe de cada uno de los citados órganos de control distritales, sin perjuicio que, más adelante, los citados funcionarios efectúen la delegación respectiva al interior de cada uno de los citados órganos.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

ART. 3º—Defensa y atención de los procesos vigentes y futuros. La representación legal, en lo judicial y extrajudicial, de Bogotá, Distrito Capital, respecto de los procesos vigentes y futuros que se deriven de la gestión administrativa de la Contraloría, la Personería y la veeduría distritales observarán las siguientes reglas:

a) Los procesos que se notifiquen a partir del 1º de agosto de 2005, serán atendidos directamente por cada uno de los órganos de control.

b) Los procesos que se hubieren notificado hasta el 31 de julio de 2005, y en los cuales se encuentre participando un único apoderado del Distrito Capital, continuarán siendo de competencia de los organismos distritales respectivos.

c) En los procesos que se hubieren notificado hasta el 31 de julio de 2005 y en los que estuvieren concurriendo un apoderado a nombre del Distrito Capital y otro a nombre del respectivo órgano de control, el apoderado del Distrito Capital informará al despacho judicial competente que la atención procesal del asunto continuará siendo única y exclusivamente de competencia del órgano de control respectivo.

En tal sentido, el subdirector de gestión judicial, de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., remitirá copia de los antecedentes administrativos y judiciales al órgano de control competente en cada caso, adjuntando un informe o relación de los procesos antes señalados y copia del oficio presentado ante cada despacho judicial, en cumplimiento presente literal, a más tardar el 31 de agosto del 2005.

PAR. 1º—En todo caso, los órganos de control podrán pedir el traslado de los asuntos judiciales, extrajudiciales o administrativos notificados al Distrito Capital, en cualquier tiempo.

En este evento oficializarán su decisión a la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., quien, dentro del mes siguiente, dispondrá las instrucciones, acciones y órdenes que sean necesarias para efectuar el traslado documental respectivo.

PAR. 2º—En todo caso corresponderá a cada órgano de control efectuar la calificación trimestral del contingente judicial de los procesos que tengan a su cargo conforme al Decreto Distrital 175 de 2004.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

ART. 4º—Cumplimiento de las providencias judiciales, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y acciones de repetición. Los jefes y/o autoridades administrativas de los órganos de control y del Concejo de Bogotá, D.C., o sus delegados, darán oportuno cumplimiento a las providencias judiciales, conciliaciones, transacciones y laudos arbitrales, que se hubieren proferido a partir del 1º de enero de 2002, cuando de los mismos se deriven obligaciones a su cargo, lo anterior en la medida que corresponde a la contraloría, la personería, la veeduría y al concejo distritales dar cumplimiento a lo reglado en el artículo 33 del Decreto Distrital 714 de 1996 y al artículo 9º del Decreto Distrital 203 de 2005, que armónicamente disponen que es su responsabilidad defender los intereses del Distrito Capital a su cargo, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes.

PAR. 1º—El pago de las sentencias judiciales y/o mecanismos alternativos de solución de conflicto, se efectuará única y exclusivamente con cargo al rubro de pago de sentencias del presupuesto de cada órgano de control y del Concejo de Bogotá, D.C., para lo cual se crearán inmediatamente los respectivos rubros y/o se realizarán los respectivos traslados presupuestales, en caso de ser necesario.

Las secretarías de despacho, departamentos administrativos y la unidad ejecutiva de servicios públicos se abstendrán de pagar con cargo a sus presupuestos créditos provenientes de condenas, conciliaciones u otra forma de terminación de un conflicto, que se deriven de los actos, hechos, omisiones u operaciones que expidan, o en que incurran o participen los órganos de control y el Concejo de Bogotá, D.C.

PAR. 2º—Corresponderá exclusivamente a los comités de conciliación de los citados órganos de control y del Concejo de Bogotá, D.C., adoptar la decisión sobre la procedencia de la respectiva acción de repetición, cuando vean afectado su patrimonio, rubro de pago de sentencias, como consecuencia del cumplimiento de las sentencias judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

ART. 5º—Facultades comunes.La función de representar legalmente al Distrito Capital, en lo judicial y extrajudicial, reconocida mediante el presente decreto, comprende, entre otras, las siguientes facultades respecto de los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos que se deriven de los actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas que expidan, realicen o en que incurran o participen la Contraloría, la Personería y la Veeduría de Bogotá, D.C.:

1. Actuar; transigir; conciliar judicial y extrajudicialmente; desistir; e interponer recursos.

2. Participar en la práctica de los medios de prueba o contradicción que se estimen pertinentes, directamente o a través de apoderado, en nombre de Bogotá, Distrito Capital.

3. Atender, en nombre de Bogotá, Distrito Capital, los requerimientos judiciales o de autoridad administrativa relacionados con los asuntos derivados de la función reconocida, inherentes al respectivo órgano.

4. Constituir apoderados generales y/o especiales con las facultades de ley, para la atención de los procesos, y/o revocarlos.

5. Constituir apoderados y/o representantes especiales para asistir con facultades de representación legal y/o de conciliar en las audiencias de conciliación, especialmente en las que se realicen en los procesos laborales, conforme a los lineamientos y las decisiones adoptadas por el comité de conciliación del respectivo órgano.

6. Atenderlas solicitudes de informes juramentados, conforme al artículo 199 del Código de Procedimiento Civil y demás normas procesales concordantes.

PAR.—El ejercicio de las facultades antes señaladas se enmarca dentro de la normatividad aplicable en cada materia, según el asunto de que se trate, procurando la salvaguarda y defensa de los intereses del Distrito Capital y observando las directrices que imparta la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., así como implementar y mantener actualizado el sistema de información de procesos judiciales Siproj, desarrollado por el citado organismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 203 de 2005.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

ART. 6º—Notificación de los trámites judiciales, extrajudiciales y administrativos. Deléguese en el subdirector de gestión judicial de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la facultad de notificarse en nombre del Distrito Capital de los respectivos procesos judiciales y trámites extrajudiciales o administrativos que se deriven de los actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas de los órganos de control, la personería, la veeduría y la contraloría distritales, y del Concejo de Bogotá, D.C.

Sin perjuicio de lo anterior, la notificación en nombre de cada órgano de control distrital y del Concejo de Bogotá, D.C., conforme a la autonomía que constitucional y legalmente les corresponde, se efectuará ante el funcionario o dependencia que misional o funcionalmente sea (sic) haya designado al interior de cada uno de aquellos.

Una vez surtida la notificación, el subdirector de gestión judicial de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., dispondrá el registro de la demanda o acción en el sistema de procesos judiciales —Siproj—y trasladará el asunto, dentro de los dos (2) días siguientes, al órgano de control competente.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

ART. 7º—Colaboración Interinstitucional. Sin perjuicio de la autonomía que constitucional y legalmente le compete al concejo, la personería, la veeduría y la contraloría distritales; la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., prestará su colaboración y asesoría jurídica cuando los órganos de control así lo soliciten.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

CAPÍTULO III

Disposiciones finales

ART. 8º—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del 1º de agosto del 2005 y deroga las disposiciones que le sean contrarias, modifica en lo pertinente el literal 6 del artículo 3º del Decreto Distrital 203 de 2005 y los Decretos 331 de 2003 y 119 de 2005.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 7 de julio de 2005.

(Nota: Derogado por el Decreto 581 de 2007 artículo 37 de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

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