Ministerio de Gobierno

DECRETO NÚMERO 2547 DE 1989

(Noviembre 7)

“Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 62 de 1988”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3º del artículo 120 de la Constitución Política,

DECRETA:

ART. 1º—(Modificado).* El Consejo Nacional Electoral integrará el tribunal nacional de garantías electorales y los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, con el fin de asegurar el normal proceso de las elecciones y la imparcialidad de los funcionarios públicos, sancionando con destitución a quienes intervengan en política.

De conformidad con la representación de los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral, el tribunal nacional de garantías electorales y los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, estarán integradas por siete (7) miembros designados por el Consejo Nacional Electoral de la siguiente manera:

a) Tres (3) representantes del Partido Liberal Colombiano;

b) Tres (3) representantes del Partido Social Conservador;

c) Un (1) representante del Partido Unión Patriótica.

*(Nota: Modificado por el Decreto 161 de 1994 artículo 1º del Ministerio de Gobierno).

ART. 2º—El tribunal nacional de garantías electorales tendrá como sede la ciudad de Bogotá, Distrito Especial. Los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, que actuarán en cada uno de los departamentos, intendencias, comisarías y Distrito Especial de Bogotá, tendrán como sede la capital de la respectiva entidad territorial.

ART. 3º—Son funciones del tribunal nacional de garantías electorales y de los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia:

a) Recibir y dar curso o trámite a los reclamos y quejas escritas que presenten los funcionarios o empleados oficiales, los ciudadanos, los partidos políticos y los grupos o movimientos políticos, sobre irregularidades que se presenten durante el proceso electoral;

b) Formular recomendaciones a las autoridades administrativas y de policía encargadas de velar por la normalidad del proceso electoral, conducentes a garantizar el normal desarrollo de los comicios electorales y la pureza del sufragio;

c) Ordenar las investigaciones a que haya lugar, para lo cual podrá comisionar a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que este organismo señale. Las comisiones que se confieran tendrán como finalidad la práctica de las pruebas que se señalen en el respectivo acto administrativo, en el cual se indicará, así mismo, el término dentro del cual se practicarán las pruebas y se rendirá el informe final que contenga las conclusiones de la respectiva investigación;

d) Solicitar al correspondiente nominador, mediante oficio motivado, la destitución del empleado oficial a quien se le haya demostrado su participación en política o la violación de la imparcialidad frente a los partidos, grupos y movimientos políticos;

e) Poner en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, las conductas que eventualmente sean constitutivas de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal para asegurar la vigencia de los derechos políticos y el libre ejercicio del sufragio;

f) Dictarse su propio reglamento interno de funcionamiento.

ART. 4º—Los miembros del tribunal nacional de garantías electorales tomarán posesión ante el Registrador Nacional del Estado Civil. Los miembros de los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, tomarán posesión ante los delegados departamentales o distritales del Registrador Nacional del Estado Civil.

ART. 5º—(Derogado).* El tribunal nacional de garantías electorales y los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, empezarán a ejercer sus funciones el día 1º de diciembre de 1989 y sus sesiones se prolongarán hasta el día 21 de agosto de 1990, en lo referente a los comicios electorales que se llevarán a cabo durante el primer semestre de 1990. Este término podrá ser prorrogado si las circunstancias así lo exigen.

*(Nota: Derogado por el Decreto 161 de 1994 artículo 2º del Ministerio de Gobierno).

ART. 6º—El tribunal nacional de garantías electorales y los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, podrán hacer comparecer a sus reuniones, a los empleados oficiales o a las personas que se considere necesario oír para efectos de decidir sobre los reclamos o quejas sometidos a su consideración.

ART. 7º—El tribunal nacional de garantías electorales podrá asumir el conocimiento de las quejas o reclamos formulados ante los tribunales seccionales y podrá remitirles las que se hayan formulado ante él y estime pertinente encomendarles, con sujeción a su respectiva competencia territorial.

ART. 8º—(Modificado).* El tribunal nacional de garantías electorales podrá solicitar informes periódicos u ocasionales a los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, sobre el desarrollo de las investigaciones que adelante cada uno de ellos.

*(Nota: Modificado por el Decreto 161 de 1994 artículo 4º del Ministerio de Gobierno).

ART. 9º—Los miembros del tribunal nacional de garantías electorales podrán concurrir a las reuniones de los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia.

ART. 10.—Las investigaciones que adelante el tribunal nacional de garantías electorales y los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Formulado el reclamo o la queja por escrito, el investigador comisionado le formulará pliego de cargos al respectivo empleado oficial;

b) El empleado inculpado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la formulación del pliego de cargos, para presentar sus descargos acompañados con las pruebas que pretenda hacer valer y la solicitud para que se practiquen las que sean conducentes a la sustentación de sus descargos;

c) El pliego de cargos deberá formularse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la queja o reclamo, mediante escrito que contenga la relación de los hechos y las pruebas, y la mención de las disposiciones legales que se consideren violadas;

d) El empleado oficial inculpado, tendrá derecho a conocer el expediente y todas las pruebas que obren en él y solicitar la práctica de las que sean pertinentes;

e) El investigador dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para la práctica de pruebas, si a ello hubiere lugar;

f) Rendidos los descargos y practicadas las pruebas, el investigador declarará concluida la investigación y rendirá un informe motivado ante el respectivo tribunal, en el cual indicará si debe archivarse el expediente o si debe procederse a la imposición de la sanción de destitución.

ART. 11.—El tribunal nacional de garantías electorales y los tribunales seccionales de garantías o de vigilancia, impondrán la sanción de destitución mediante resolución motivada, contra la cual sólo procederá el recurso de reposición dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación personal.

En firme la resolución, el respectivo tribunal dirigirá un oficio al nominador del empleado oficial sancionado, con el fin de que proceda a hacer efectiva la sanción impuesta.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, constituirá causal de mala conducta.

ART. 12.—De toda sanción impuesta por el tribunal de garantías electorales o seccionales de garantías o vigilancia, deberá enviarse copia de la resolución a la división de registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 13.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 7 de noviembre de 1989.

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