Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

DECRETO 259 DE 2014 

(Junio 26)

“Por el cual se implementa la primera prueba piloto “Rumba Humana y Responsable”, y se modifica transitoriamente en algunos sectores el horario de funcionamiento de establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas previsto en el artículo 1º del Decreto Distrital 345 de 2002, y se dictan otras disposiciones”.

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 35 y 38 numerales 1º y 3º del Decreto-Ley 1421 de 1993, el artículo 111 del Código Nacional de Policía, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Constitución Nacional dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.

Que dentro de los derechos de todas las personas, el artículo 52 de la Constitución Política reconoce el de la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, para lo cual el Estado debe fomentar estas actividades e inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones recreativas cuya estructura y propiedad deben ser democráticas.

Que el artículo 333 de la Constitución Nacional establece la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común, y la función social de la empresa como base del desarrollo con sus correspondientes obligaciones. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Que frente a la libertad de empresa la Corte Constitucional ha expresado en diferentes sentencias como la C-352 de 2009 que “(…) En efecto, esta Corporación en múltiples oportunidades ha indicado que el derecho a la libertad de empresa, en sus diferentes ámbitos de expresión, no puede ser entendida como un derecho absoluto. Al respecto, ha recordado que por expreso mandato constitucional, el legislador puede delimitar su alcance “cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación” (C.P., art. 333). Así, ha dicho la Corte, se entiende que el Estado intervenga en la economía “con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.”, así como, de manera especial, para “dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todos las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos” (C.P., art. 334). (…) A juicio de la Corte, la intervención del Estado en la economía se justifica en la medida en que a través de ella se pretende conciliar los intereses privados de quienes participan en el mercado, con el interés general de la comunidad expresado en las normas constitucionales señaladas. Por ello, desde sus primeras sentencias, esta Corporación ha resaltado que:

“[El] Estado al regular la actividad económica cuenta con facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés general o bien común. En consecuencia, puede exigir licencias de funcionamiento de las empresas, permisos urbanísticos y ambientales, licencias sanitarias, de seguridad, de idoneidad técnica, etc., pero en principio y a título de ejemplo, no podría en desarrollo de su potestad de intervención interferir en el ámbito privado de las empresas, es decir, en su manejo interno, en las técnicas que se deben utilizar en la producción de los bienes y servicios, en los métodos de gestión, pues ello atentaría contra la libertad de empresa y de iniciativa privada; pero sí puede, desde luego, proteger los intereses sociales de los trabajadores, las necesidades colectivas del mercado, el derecho de los consumidores y usuarios, etc. De ahí que se haya dicho que “la autonomía de la voluntad y por tanto de empresa ya no se proyecta sobre el mercado con la absoluta disponibilidad y soberanía de antaño, sus limitaciones de derecho público o privado forman parte ya del patrimonio irreversible de la cultura jurídica contemporánea. Y, en tal sentido, no puede interpretarse que el mandato constitucional de la libertad de empresa comporta el desmantelamiento integral de todas esas restricciones y limitaciones”.

Que la libertad de empresa generalmente es ejercida a través de establecimientos de comercio abiertos al público, siendo la Ley 232 de 1995 el marco normativo para la regulación de su funcionamiento armonizando el interés general de la sociedad y los consumidores, con el fomento de la libre iniciativa de los particulares.

Que el artículo 7º del Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970, prescribe que podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda de lo privado.

Que el artículo 138 del Acuerdo 79 de 2003, Código de Policía de Bogotá, define los Reglamentos de Policía como actos administrativos generales e impersonales, subordinados a las normas superiores, dictados por autoridades de Policía, de acuerdo con su competencia, cuyo objetivo es establecer las condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos en lugares públicos, abiertos al público o en lugares privados cuando el comportamiento respectivo trascienda a lo público, o sea contrario a las reglas de convivencia ciudadana.

Que en ejercicio de tales atribuciones se han emitido diferentes decretos regulando el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales abiertos al público donde se expendan y/o consuman bebidas alcohólicas, entre ellos los decretos distritales 345 de 2002, 13 de 2009, 300 de 2009, 263 de 2011, 484 de 2011, 572 de 2012, 54 y 83 de 2013, 84 y 102 de 2014. Ordenamientos concordantes con el Decreto Nacional 120 de 2010, relativo al consumo de bebidas alcohólicas y la protección al menor de edad y a la comunidad en general, y la Ley 1335 de 2009 relativa a la no publicidad y venta de tabaco.

Que aunado a la regulación de horarios de funcionamiento, sabiendo que una de las actividades empresariales que agrupa por asociación problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, es la relacionada con el consumo de licor en los establecimientos de comercio, la Administración Distrital además del ejercicio del control y vigilancia al funcionamiento de los lugares de expendio y consumo de bebidas embriagantes, ha venido desarrollando diferentes proyectos, entre los cuales es importante relacionar desde el año 2006 la firma de pactos de rumba en la Avenida Primera de Mayo, Restrepo, Zona T y Zona Rosa, Zona LBGTI, Zona de Alto Impacto (ZAI) y Distrito 27, con la participación de las entidades gubernamentales distritales, los comerciantes y comunidades involucradas con el fin de abordar las diferentes problemáticas que rodean la rumba, entre ellas el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacio público, presencia de bandas delincuenciales, de tribus urbanas, de tomaceros, deficiente almacenamiento y disposición de basuras, presencia de habitante de calle, de menores en los bares y en el espacio público que ejercen la prostitución, de menores informales, proliferación de bares donde el uso del suelo no es permitido, poca infraestructura de parqueaderos, falta de sensibilización de medidas de protección y autocuidado, invasión del espacio público por el parqueo de vehículos, contaminación visual y auditiva, caza clientes, deterioro de la malla vial, hurto y lesiones personales.

Que la suscripción de pactos sociales entre la Administración Distrital, los comerciantes y la comunidad, ha permitido consolidar sectores donde los responsables de establecimientos comerciales de bienes y servicios relacionados con la rumba lideran iniciativas de buenas prácticas hacia el consumidor, avanzando en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, mediante procesos de corresponsabilidad y autorregulación promovidos por la Secretaría Distrital de Gobierno que se articulan con la responsabilidad social empresarial.

Que la Administración Distrital adelantará la primera prueba piloto “Rumba Humana y Responsable” en los sectores donde los pactos sociales anteriormente señalados han causado un impacto favorable, generando cambios de comportamiento que repercuten en la seguridad ciudadana y la salud pública. Como una primera acción por parte de la Administración Distrital, la cual, conforme a su evaluación sirva de sustento para establecer directrices y lineamientos para el abordaje integral, articulado y continuo del funcionamiento de los espacios y el entorno donde se ejerce la actividad de expendio y consumo de licor en el Distrito Capital.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Implementar la primera Prueba Piloto “Rumba Humana y Responsable” el día 30 de junio de 2014, con el fin de monitorear, medir y evaluar el impacto que genere en la sociedad capitalina la ampliación de los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercios donde se expenden y/o consumen bebidas alcohólicas.

ART. 2º—Modificar de manera transitoria el artículo 1º del Decreto Distrital 345 de 2002, en lo referente al horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público donde se expendan y/o consuman bebidas alcohólicas, el cual se ampliará hasta las 05:00 a.m. del día 30 de junio de 2014, exclusivamente en los cuatro (4) sectores de las tres (3) Localidades que se relacionan, así:

Localidad (15) de Antonio Nariño: Calle 18 sur entre carrera 16 y 17 y, Carrera 16 entre Calles 17 sur a 16 A sur.

Localidad (13) de Teusaquillo: Calle 53 entre Carreras 24 a 28y, Carrera 27 entre Calle 52 a 53.

Localidad (2) de Chapinero: Primer sector: Calle 92 a 94 entre Carrera 11 a 15 - Segundo sector: Calle 82 a 85 (costado sur) entre Carrera 11 a 14.

PAR.—Prohíbase la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos entre las 5:01 a.m. y las 10:00 a.m., del día treinta (30) de junio de 2014.

ART. 3º—El cumplimiento, seguimiento y evaluación de la prueba piloto estará a cargo de los respectivos Alcaldes Locales, quienes deberán rendir un informe ante la Secretaría Distrital de Gobierno dentro de los 15 días siguientes a la aplicación de esta medida.

ART. 4º—El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 26 de junio de 2014.