DECRETO 2637 DE 2004 

(Agosto 19)

“Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002”.

(Nota: El texto de este decreto es el publicado en el Diario Oficial 45658 del 1º de septiembre de 2004, con las correcciones establecidas en el Decreto 2697 de 2004 del Ministerio del Interior y de Justicia)

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional,

DECRETA:

ART. 1º—El artículo 7º de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ART. 7º—Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley.

No obstante la perentoriedad y cumplimiento de los términos procesales de que trata el artículo cuarto, cuando existan procesos en curso en que puedan verse afectados el orden o el patrimonio público, la seguridad nacional, o la de establecimientos de reclusión, o cuando involucren hechos, causas y fallos similares reiterados por la jurisprudencia, el juez, el magistrado o la respectiva corporación competente podrá disponer la alteración de los turnos de forma que se permita la pronta y ágil solución de tales causas.

Igualmente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá reasignar funcionarios o empleados judiciales, y crear cargos, juzgados y tribunales de descongestión, liquidación o depuración con competencia material específica, territorial o nacional.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 2º—El parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional.

Los tribunales superiores, los tribunales administrativos y los consejos seccionales de la judicatura, tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio o en la unidad judicial municipal.

Las salas de tribunales superiores y los jueces de descongestión, depuración y/o liquidación especialmente creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tendrán la competencia territorial y material específica que se les señale en el acto de su creación.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 3º—El artículo 15 de la Ley 270 de 1996 tendrá un nuevo inciso así:

Transitoriamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá crear salas o despachos de descongestión, liquidación y/o depuración cuyos magistrados deberán tener las mismas calidades que la Constitución exige para los titulares y podrán tener un régimen salarial y prestacional diferente. Su designación se hará de las listas que envíe la Sala Administrativa.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 4º—El inciso 1º del artículo 16 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ART. 16.—Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los magistrados de la corporación; la Sala de gobierno, integrada por el presidente, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las Salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete magistrados, la Sala de Casación Laboral, integrada por siete magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados. Las distintas salas se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados. Transitoriamente podrán estar integradas adicionalmente por los magistrados de descongestión que para el efecto cree la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 5º—El inciso 1º del artículo 19 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ART. 19.—Jurisdicción. Los tribunales superiores son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial, o en todo el territorio nacional cuando se creen transitoriamente tribunales especiales de descongestión, depuración y/o liquidación de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y tendrán el número de magistrados que esta determine que, en todo caso, no será menor de tres.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 6º—El inciso 1º del artículo 22 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ART. 22.—Régimen. Los juzgados civiles, penales, de familia, laborales y de ejecución de penas que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de que, por acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se creen juzgados de descongestión, depuración y/o liquidación que tengan competencia en todo el territorio nacional. Su competencia material específica dentro de la ley procesal, características, denominación y número serán establecidos por esa misma corporación, de conformidad con lo previsto en la presente ley.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 7º—El inciso 3º del artículo 54 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

El reglamento interno de la respectiva corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio de que cada Sala decida sesionar con mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 8º—El artículo 58 de la Ley 270 de 1996 tendrá un numeral 4º así:

4. Cuando se presenten escritos o recursos manifiestamente improcedentes o con fines dilatorios, como en los casos de recursos inexistentes, o de asuntos ya resueltos en la causa o proceso, o de aquellos que de conformidad con la jurisprudencia reiterada del superior son material o procesalmente improcedentes. La decisión se adoptará mediante resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 9º—El artículo 61 de la Ley 270 de 1996 tendrá un parágrafo así:

PAR.—Los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, serán siempre dirimidos por Salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones integradas de la siguiente manera: un conjuez designado por el Procurador General de la Nación; un conjuez designado por el Contralor General de la República; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios judiciales.

(Nota: El presente artículo se inaplica por el Consejo de Estado en Auto 2004-707 de 2004, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, con la corrección efectuada por el artículo 3º del Decreto 2697 del 24 de agosto de 2004)

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño).

ART. 10.—El artículo 63 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ART. 63.—Descongestión, depuración y liquidación de causas, procesos e inventarios. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los eventos previstos en el artículo 7º de la presente ley, así como en los casos de congestión y/o atraso de los juzgados o tribunales, podrá redistribuir los asuntos que se tengan para fallo entre aquellas corporaciones y despachos cuya carga laboral, a juicio de la misma Sala, lo permita. Así mismo, podrá seleccionar y redistribuir los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones y demás diligencias, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban encargarse de su evacuación ya sea que correspondan o no a la misma sede, especialidad o jurisdicción.

Igualmente podrá crear, con carácter transitorio, cargos de empleados, jueces o magistrados que tramiten, sustancien, fallen y/o asuman íntegramente el conocimiento de procesos, quienes podrán tener un régimen salarial y prestacional especial o ad honorem.

Las actuaciones necesarias para la ejecución material de las decisiones proferidas por quienes administran justicia, podrán ser atendidas por los empleados judiciales de los despachos, salas y secciones, de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura también podrá crear, con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados de trámite o sustanciación, de fallo o que cumplan ambas funciones, y salas y jueces de plena competencia y/o itinerantes de descongestión, descongestión y/o depuración para la práctica de pruebas y, eventualmente, trámite y fallo de los procesos, de acuerdo con la ley de presupuesto. Los nominadores harán los nombramientos con base en los registros de elegibles vigentes para los cargos transitorios a proveer y no podrán designarse funcionarios o empleados que estén ocupando en propiedad otros destinos en la rama judicial, salvo que formen parte del respectivo registro de elegibles.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 11.—El artículo 82 de la Ley 270 de 1996 tendrá un nuevo inciso así:

Atendiendo a la carga de trabajo de los consejos seccionales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá reasignar temporalmente a sus magistrados a los tribunales superiores de la misma o de otra jurisdicción, o en salas especiales de descongestión.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 12.—El numeral 26 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, se adicionará con el siguiente inciso:

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestación vigente en la rama judicial.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 13.—El artículo 91 de la Ley 270 de 1996 tendrá un parágrafo así:

PAR.—Podrán crearse, para los efectos previstos en los artículos 7º y 63 de la presente ley, jueces, salas de tribunales o tribunales especiales de descongestión, depuración y/o liquidación de causas, procesos e inventarios con las competencias que determine la ley y para el conocimiento de los especiales asuntos, que dentro de esas competencias les asigne la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuando sea necesario a su juicio o por solicitud motivada de alguna de las altas cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación o del Gobierno Nacional, por conducto del Ministro del Interior y de Justicia, sin que se sea necesario modificar el monto de las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

ART. 14.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 19 de agosto de 2004.

(Nota: El texto de este decreto es el publicado en el Diario Oficial 45658 del 1 de septiembre de 2004, con las correcciones establecidas en el Decreto 2697 de 2004 del Ministerio del Interior y de Justicia)

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-672 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño)

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