Departamento Administrativo de la Función Pública,

DECRETO 342 DE 2018

(Febrero 19)

“Por el cual se modifica el Decreto 1016 de 2017”.

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

ART. 1º—Bonificación judicial. Ajustar la bonificación judicial creada en el Decreto 384 de 2013 para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, la cual se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2018, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca vinculado al servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla, así:

GradoMonto de la bonificación judicial a pagar mensualmente año 2018
1447.603
2519.579
3579.993
4615.004
51.304.913
61.518.040
71.532.946
81.547.687
91.627.858
102.347.926
112.359.390
122.571.542
132.802.292
142.847.851
152.923.263
162.998.504
173.037.922
182.860.726
192.917.730
202.958.339

PAR.—Para el año 2018 la bonificación judicial se ajustó en los términos consagrados en el parágrafo del artículo 1º del Decreto 384 de 2013.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

ART. 2º—Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

ART. 3º—Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

ART. 4º—Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto 1016 de 2017 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 19 de febrero de 2018.