DECRETO 3930 DE 2008 

(Octubre 9)

“Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 3929 del 9 de octubre de 2008,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Medidas administrativas y disciplinarias

ART. 1º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura nominará y posesionará a los magistrados, jueces y empleados de la rama judicial, sin sujeción a las normas de carrera, con el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio público esencial de administración de justicia en el territorio nacional.

PAR.—Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura del país, nominarán y posesionarán a los magistrados, jueces y empleados de la rama judicial, sin sujeción a las normas de carrera, de conformidad con la delegación que para el efecto realice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 2º—(Modificado).* La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá crear, suprimir y trasladar cargos en la administración de justicia, con concepto previo y favorable de la comisión interinstitucional de la rama judicial.

*(Nota: Modificado por el Decreto 3990 de 2008 artículo 2º del Departamento Administrativo Presidencia de la República)

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 3º—La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas jurisdiccionales de los consejos seccionales de la judicatura, suspenderán provisionalmente a los funcionarios y empleados judiciales y a los pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, salvo las excepciones constitucionales ya establecidas, una vez oído al servidor judicial que de manera injustificada se abstengan de cumplir con sus funciones.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

CAPÍTULO II

Medidas de descongestión judicial

ART. 4º—El artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, se adiciona así: “cuando la apelación haya sido concedida en el efecto devolutivo, el interesado podrá impedir la ejecución de la providencia impugnada si presta caución que garantice la indemnización de los perjuicios en caso de no prosperar el recurso. Sólo podrá ofrecerse caución hasta el momento de la notificación del auto que concede la apelación y se prestará dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que la fije”.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 5º—El inciso 2º del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

La apelación de las sentencias que modifiquen el estado civil de las personas y las que han sido recurridas por ambas partes se otorgará en el efecto suspensivo; la de los autos y de las demás sentencias se otorgará en el efecto devolutivo, salvo disposición en contrario. Cuando la apelación deba otorgarse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo; y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le otorgue en el devolutivo, prestando caución, conforme a los criterios del artículo 4º de este decreto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 6º—Adicionar el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 37 del Decreto 2282 de 1989, en el sentido de incluir un inciso, así:

“El juez rechazará de plano la demanda cuando advierta que la pretensión es manifiestamente infundada”.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 7º—Derógase el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y todas las normas que establezcan la consulta, salvo lo consagrado para la acción de tutela.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 8º—Al artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, se le adicionará como último inciso el que sigue:

Procederá el rechazo in límine del recurso de casación por parte del magistrado sustanciador cuando exista carencia manifiesta de fundamento de la pretensión casacional o defectos de forma o de técnica que hagan imposible su examen de fondo.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 9º—Confiérese a los notarios competencia para conocer a prevención, de acuerdo con su circunscripción territorial, y conforme con los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo complementan, de los procesos de jurisdicción voluntaria, y el de adopción que se regirá en lo pertinente por la Ley 1098 de 2006.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 10.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecerá los parámetros para descongestionar los despachos judiciales y la plena implementación del presente decreto.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

ART. 11.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, suspende y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 9 de octubre de 2008.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-71 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo)

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