Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DECRETO-LEY 413 DE 2018

(Marzo 2)

“Por el cual se definen las reglas de priorización de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación para la paz del sistema general de regalías, SGR, y se dictan disposiciones relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión en el OCAD Paz”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el inciso 7º del parágrafo 7º transitorio del artículo 361 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 4 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 4 de 2017 adicionó el artículo 361 de la Constitución Política con el objetivo de destinar recursos del sistema general de regalías, SGR, a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de las víctimas.

Que en tal sentido, el parágrafo 7º transitorio del artículo 361 de la Constitución Política determinó que durante los 20 años siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, se destinará un 7% de los ingresos del SGR, a una asignación para la paz, que tendrá como objeto financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera - Acuerdo Final, incluyendo la financiación de proyectos de inversión destinados a la reparación de víctimas.

Que dicho parágrafo además indicó que, igual destinación tendrá el 70% de los ingresos que por rendimientos financieros haya generado el SGR en estos años, con excepción de los generados por las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política.

Que el inciso 4º del parágrafo 7º transitorio señaló que los recursos a los que se refieren los incisos primero y segundo de dicho parágrafo, se distribuirán priorizando las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional, el conflicto armado y los municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales.

Que para asegurar la adecuada aplicación de los criterios anteriores, se deben definir: i) los índices para medirlos, tomando como referencia los que pueden ser certificados o calculados por entidades públicas y organizaciones con amplia trayectoria y reconocimiento en cada materia; y ii) la ponderación de cada criterio, con el fin de priorizar la inversión de los recursos de la asignación para la paz en los municipios con mayor grado de afectación del conflicto armado y concentración de la pobreza rural, contribuyendo de esta forma, al cierre de brechas y permitiendo a su vez, que los demás municipios del país tengan la posibilidad de financiar proyectos de inversión en sus territorios que contribuyan de igual manera al cumplimiento del Acuerdo Final.

Que considerando, que hay municipios con una mayor capacidad para formular proyectos viables de inversión, y otros municipios con condiciones de pobreza, población y afectación del conflicto que no tienen capacidades institucionales similares para formular proyectos, resulta pertinente que el Gobierno Nacional pueda determinar lineamientos que eviten la concentración de la asignación para la paz en pocas entidades territoriales.

Que con el fin de incentivar la utilización eficiente de los recursos, es importante que el Gobierno Nacional pueda determinar reglas para evitar la dispersión de los recursos, de tal forma que los proyectos de inversión que se financien tengan un impacto significativo para las entidades territoriales, y contribuyan eficazmente a la implementación del Acuerdo Final y al cierre de las brechas sociales, económicas e institucionales.

Que el inciso séptimo del referido parágrafo 7º transitorio del Acto Legislativo 4 de 2017, facultó al Gobierno Nacional a expedir decretos con fuerza de ley tendientes a adoptar las medidas requeridas para que entre en operación el OCAD Paz y la asignación para la paz, dentro de los seis (6) meses siguientes a su entrada en vigencia.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Objeto. El presente decreto-ley define las reglas de priorización de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación para la paz del sistema general de regalías, SGR, y dicta disposiciones relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión en el órgano colegiado de administración y decisión paz (OCAD Paz).

ART. 2º—Asignación para la paz. Los recursos de la asignación para la paz serán destinados a la financiación de proyectos de inversión que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas.

Para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la asignación para la paz, el OCAD Paz tendrá en cuenta el puntaje obtenido con la medición de criterios de priorización territorial a la que se refiere el artículo 3º del presente decreto-ley, así como el puntaje obtenido en aplicación del sistema de evaluación por puntajes definido por el Departamento Nacional de Planeación, DNP.

El OCAD Paz podrá realizar convocatorias para definir los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de la asignación para la paz.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional podrá presentar proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de la asignación para la paz.

PAR. 2º—El Gobierno Nacional podrá establecer lineamientos y criterios que tengan por objeto evitar la dispersión de recursos y la concentración de los mismos en algunas entidades territoriales.

ART. 3º—Medición de criterios de priorización territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de secretaría técnica del OCAD Paz, asignará un puntaje para cada uno de los municipios del país, mediante el cálculo de las siguientes variables y ponderaciones:

1. Pobreza rural: La ponderación será del 20% y se medirá conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI, establecido por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para 2016.

2. Economías ilegales: La ponderación de economías ilegales será del 10%, en donde un 7,5% se medirá conforme a las hectáreas de coca sembradas, calculada por el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, Simci, con corte a diciembre de 2016 establecido por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito; y un 2,5% se medirá conforme a la cifra oficial de explotación de oro de aluvión (EVOA), con corte a diciembre de 2017, certificado por el Ministerio de Minas y Energía.

3. Debilidad institucional: La ponderación será del 5% y se medirá conforme a la medición de desempeño municipal que realiza el Departamento Nacional de Planeación, DNP, con corte a 2016.

4. Grado de afectación del conflicto: La ponderación será del 50% y se medirá conforme al índice de incidencia del conflicto armado, IICA, y al índice de concentración de víctimas, ICV, calculados por el DNP, con corte a junio de 2016.

5. Municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables: La ponderación será del 15% y se medirá conforme a la participación de cada municipio en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, en el total de las asignaciones directas corrientes que se programen en el presupuesto bienal del SGR, conforme a lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía, o a las entidades que este determine.

La secretaria técnica del OCAD Paz, publicará dentro de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia de cada presupuesto bienal, los resultados de la aplicación del presente artículo.

PAR.—La Comisión rectora definirá los lineamientos para calcular el puntaje territorial en los proyectos de inversión en los cuales la localización o cobertura territorial involucre a dos (2) o más municipios, teniendo en cuenta el resultado de la medición de criterios a la que se refiere el presente artículo.

Mientras la Comisión rectora define dichos lineamientos, la secretaría técnica del OCAD Paz calculará el puntaje territorial a través de un promedio simple.

PAR. TRANS.—Para el bienio presupuestal vigente (2017-2018), la medición de que trata el presente artículo se realizará dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto-ley.

ART. 4º—Sistemas de información. Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto-ley, se efectuarán los ajustes en los sistemas de información del SGR a que haya lugar.

ART. 5º—Excepción. Lo establecido en el presente decreto-ley no aplicará a los proyectos de inversión financiados con los recursos a los que se refieren los parágrafos 4º y 8º transitorio del artículo 361 de la Constitución Política.

ART. 6º—Remisión normativa. En lo no previsto en el presente decreto-ley, se aplicarán las normas del SGR y del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación.

ART. 7º—Vigencia. El presente decreto-ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 2 de marzo de 2018.