DECRETO 416 DE 1991 

(Febrero 11)

“Por el cual se dictan medidas tendientes a la preservación del orden público y a su restablecimiento”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que las causas por las cuales se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, expresadas en el Decreto 1038 de 1984, hacen relación a que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante deplorables hechos de perturbación del orden público, suscitando ostensible alarma entre los habitantes, así como la ocurrencia de actos terroristas en diferentes regiones del país, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporte colectivo;

Que en los últimos días los grupos armados han incrementado los actos terroristas contra vehículos de transporte público, oleoductos, sistemas de transmisión de energía eléctrica, medios de comunicación y contra otros bienes destinados a la prestación de diferentes servicios públicos, agravando el estado de perturbación del orden público;

Que para enfrentar la acción de los grupos armados responsables de estos actos terroristas, se hace necesario dotar a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad del Estado de los medios indispensables para obtener el pronto restablecimiento del orden público;

Que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer los requerimientos adicionales y extraordinarios, que son indispensables para enfrentar las nuevas modalidades de los hechos violentos;

Que, en consecuencia, es necesario arbitrar nuevos recursos con carácter extraordinario y temporal destinados exclusivamente a financiar los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado, y los gastos para restablecer y mantener la prestación del servicio público de transporte, en orden a combatir las causas por las cuales se declaró el estado de sitio, que recientemente han registrado un recrudecimiento de sus efectos perturbadores de la paz pública;

Que la H. Corte Suprema de Justicia ha concluido que al Gobierno Nacional, en desarrollo de las atribuciones consagradas en el artículo 121 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 43 y 206 de la misma, le es permitido establecer contribuciones de carácter extraordinario y con vigencia temporal, destinadas a enfrentar las causas por las cuales se declaró turbado el orden público y a evitar su agravamiento;

Que, en efecto, en sentencia de julio 7 de 1955, esa alta corporación afirmó. Cuando el artículo 43 dice: “En tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones'''' es tanto como si dijera: “Pero en tiempo de guerra o de conmoción interior, el Gobierno hará uso de esta facultad, dentro de las formalidades prescritas en el artículo 121'''';

Que en el mismo sentido, en sentencia de septiembre 6 de 1967, dijo: “Por otra parte, y en cuanto a medidas impositivas se refiere, los artículos 43 y 206 de la Constitución, permiten al Gobierno crear nuevos tributos o modificar los existentes en estado de turbación del orden público, y dentro de las previsiones del artículo 121, porque al decir el citado artículo 43 que “en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones'''', claramente elimina la prohibición cuando la Nación se halla en estado de sitio. Y el artículo 206 citado, prohíbe en tiempo de paz, “establecer contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación del tesoro que no se halle incluido en el de gastos''''; sin embargo, estas dos limitaciones dejan de ser aplicables cuando esta turbado el orden público, pues para restablecerlo, puede presentarse la necesidad de crear impuestos que no figuran en el presupuesto de rentas y hacer erogaciones que no estaban previstas en el de gastos como implícitamente lo dice la norma invocada'''';

Que, así mismo, recientemente y reiterando su jurisprudencia, en sentencia de febrero 23 de 1983 la Sala Plena con claridad expresó: “Obviamente, en tiempos de “no paz'''', por no prohibirlo el artículo 43, puede también el Gobierno decretar específicos y excepcionales tributos para afrontar guerra —única determinación tributaria que puede adoptar directamente al amparo del artículo 121 en concordancia con el artículo 43—, o para superar una emergencia económica declarada, con la precisa finalidad de conjurarla (artículos 122 y 43)'''';

Que el Gobierno Nacional, con apoyo en los referidos preceptos constitucionales y en las anteriores precisiones jurisprudenciales, estima que es inaplazable crear contribuciones de carácter extraordinario destinadas exclusivamente a financiar los gastos que ocasione enfrentar la acción terrorista de los grupos armados que continúan perturbando el orden público, y con el fin de obtener su pronto restablecimiento,

DECRETA:

ART. 1º—Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, los ingresos por concepto de las contribuciones especiales para el restablecimiento del orden público que mediante el presente decreto se crean en forma temporal, serán destinados a la financiación de los gastos requeridos para el restablecimiento del orden público, en los términos de los artículos 6º y 7º de este decreto.

ART. 2º—Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a presentar declaración de renta, deberán liquidar una contribución especial para el restablecimiento del orden público, equivalente al 5% del impuesto liquidado de renta y complementarios por el año gravable de 1990. La mencionada contribución será liquidada en la declaración de renta del año gravable 1990, y se cancelará dentro de los plazos señalados para su pago.

PAR.—No estarán obligadas a liquidar y cancelar la contribución especial para el restablecimiento del orden público de que trata este artículo las personas naturales y sucesiones ilíquidas cuyo impuesto de renta y complementarios a cargo por el año gravable de 1990 sea inferior a un millón de pesos ($ 1.000.000).

ART. 3º—Créase como contribución especial para el restablecimiento del orden público por el año 1991, una sobretasa equivalente a dos puntos porcentuales (2%), adicionales a la tarifa del 12% del impuesto sobre las ventas actualmente vigente para el servicio de teléfonos de larga distancia internacional.

(Nota: Aclarado por el Decreto 2267 de 1991 artículo 1º).

ART. 4º—Créase una contribución especial para el restablecimiento del orden público por concepto de la explotación o exportación de petróleo crudo, gas libre o no producido conjuntamente con el petróleo, carbón, y ferroníquel, durante el año 1991, la cual se liquidará por los explotadores o exportadores de los mismos, según el caso, así:

a) Petróleo crudo. Con base en el total producido durante el año de 1990, a razón de trescientos veinte pesos ($ 320) por cada barril producido;

b) Gas libre. Con base en el total producido durante 1990, a razón de trece pesos ($ 13) por cada mil pies cúbicos de gas producido;

c) Carbón. Con base en el total exportado durante 1990, a razón de ochenta pesos ($ 80) por tonelada exportada, y

d) Ferroníquel. Con base en el total exportado durante 1990, a razón de catorce pesos ($ 14) por cada libra exportada.

PAR. 1º—La contribución a que se refiere este artículo será cancelada en diez (10) cuotas mensuales iguales dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, a partir del 1º de marzo de 1991, mediante consignación en el Banco de la República a nombre de la Tesorería General de la Nación, en los términos que indique el reglamento.

PAR. 2º—Los explotadores de petróleo crudo, gas libre, o carbón que inicien la producción o exportación, según el caso, durante 1991, liquidarán la contribución respectiva conforme a los valores de que tratan los literales anteriores, aplicados sobre lo producido o exportado, según el caso, y la cancelarán a partir del 1º de marzo de 1991 dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a aquél en que comenzó la producción o exportación.

PAR. 3º—De la contribución de que trata el presente artículo quedan exceptuados los porcentajes de producción correspondientes a regalías.

(Nota: Aclarado por el Decreto 2267 de 1991 artículo 1º).

ART. 5º—Al incumplimiento de las obligaciones de que tratan los artículos anteriores, se le aplicará el régimen sancionatorio establecido en el estatuto tributario y con sujeción al procedimiento allí consagrado, para lo cual la Dirección de Impuestos Nacionales ejercerá el correspondiente control.

(Nota: Aclarado por el Decreto 2267 de 1991 artículo 1º).

ART. 6º—Los ingresos recaudados por concepto de las contribuciones especiales para el restablecimiento del orden público de que trata el presente decreto, se destinarán a atender la creación y equipamiento de brigadas móviles del ejército y la Policía Nacional, así como a los gastos de funcionamiento e inversión de éstos y de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado, tales como, servicios personales, adquisición de equipos, materiales, suministros, armas, municiones, combustibles y repuestos, dotación de soldados y agentes, mantenimiento de equipo aéreo y terrestre, suministro de raciones de campaña, alimentación de soldados, comunicaciones y transportes, servicios de inteligencia, pago de recompensas y otros gastos reservados, apoyo a operaciones militares y policiales, y a la construcción y reconstrucción de cuarteles, puestos de guardia y otras instalaciones militares y de policía.

ART. 7º—Dando prioridad a lo dispuesto en el artículo anterior, también podrán destinarse recursos para los gastos que el Gobierno Nacional considere conveniente cubrir con el exclusivo fin de restablecer y mantener la prestación del servicio público de transporte por parte de los particulares.

ART. 8º—Los ingresos originados en las contribuciones creadas en el presente decreto, sólo podrán destinarse a los fines de que tratan los artículos 6º y 7º. Por consiguiente, el cambio de destinación de tales ingresos hará incurrir al funcionario responsable en las sanciones penales y disciplinarias consagradas en las normas vigentes.

ART. 9º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

(Nota: Aclarado por el Decreto 2267 de 1991 artículo 1º).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 11 de febrero de 1991.

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