Ministerio del Trabajo

DECRETO 472 DE 2015 

(Marzo 17)

“Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones”.

(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y véase artículo 3.1.1. del Ministerio del Trabajo)

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por los artículos 115 del Decreto 2150 de 1995 y 13 de la Ley 1562 de 2012; y de lo prescrito en los artículos 8º y 11 de la Ley 1610 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por los artículos 115 del Decreto 2150 de 1995 y 13 de la Ley 1562 de 2012, dispuso que corresponde a los directores regionales y seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy directores territoriales del Ministerio del Trabajo, imponer las sanciones por violación a las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, hoy seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales;

Que el 11 de julio de 2012 se expidió la Ley 1562, por medio de la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional;

Que el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, modificó el numeral 2, literal a), del artículo 91 del Decreto 1295 de 1994; de igual forma dispuso que “el Ministerio del Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la expedición de la ley, los criterios de graduación de las multas y las garantías que se deben respetar para el debido proceso”;

Que la Ley 1610 de 2013 otorgó a los inspectores de trabajo y seguridad social la competencia para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores;

Que le corresponde al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentar los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, y señalar normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo, la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y las garantías que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, señalar las garantías mínimas que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa, así como establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores.

ART. 2º—Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a las actuaciones administrativas que adelanten los inspectores del trabajo y seguridad social, las direcciones territoriales, oficinas especiales del Ministerio del Trabajo, la unidad de investigaciones especiales, y la dirección de riesgos laborales de ese mismo ministerio por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales.

ART. 3º—Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo dispuesto en leyes especiales, entre los cuales se tienen:

Debido proceso. En virtud del cual las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

No reformatio in pejus. En virtud del cual existe la prohibición de hacer más gravosa la sanción para el único apelante.

Non bis in ídem. De acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos veces por los mismos hechos.

Igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

Imparcialidad. Las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

Publicidad. Las autoridades darán a conocer sus actos mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley.

Eficacia. Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos, y sanearán, de acuerdo con la normativa vigente, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

Celeridad. Las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Proporcionalidad y razonabilidad. La sanción deberá ser proporcional a la infracción y corresponderá a la gravedad de la falta cometida.

CAPÍTULO II

Criterios de graduación de las multas

ART. 4º—Criterios para graduar las multas. Las multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Ley 1438 de 2011 y 12 de la Ley 1610 de 2013:

a) La reincidencia en la comisión de la infracción;

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por parte del Ministerio del Trabajo;

c) La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos;

d) El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes;

e) El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de pruebas;

f) Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados;

g) La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención;

h) El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero;

i) La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de los activos de la empresa;

j) El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, o el Ministerio del Trabajo;

k) La muerte del trabajador.

ART. 5º—Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a los empleadores. Se establecen los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, conforme al tamaño de la empresa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 y el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 y conforme a lo establecido en los artículos 30 y 13 de la Ley 1562 de 2012 y con base en los siguientes parámetros:

Tamaño de empresaNúmero de trabajadoresActivos totales en número de smmlvArtículo 13, inciso 2º Ley 1562 (de 1 a 500 smmlv)Artículo 30, Ley 1562 (de 1 a 1.000 smmlv)Artículo 13, inciso 4º de la Ley 1562 (de 20 a 1.000 smmlv)
Valor multa en smmlv
MicroempresaHasta 10< 500 smmlvDe 1 hasta 5De 1 hasta 20De 20 hasta 24
Pequeña empresaDe 11 a 50501 a < 5.000 smmlvDe 6 hasta 20De 21 hasta 50De 25 hasta 150
Mediana empresaDe 51 a 200100.000 a 610.000 UVTDe 21 hasta 100De 51 hasta 100De 151 hasta 400
Gran empresaDe 201 o más> 610.000 UVTDe 101 hasta 500De 101 hasta 1000De 401 hasta 1000

En el evento en que no coincida el número de trabajadores con el valor total de los activos conforme a la tabla anterior, prevalecerá para la aplicación de la sanción el monto total de los activos conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior.

PAR.—Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto en las normas especiales se aplicará lo señalado en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ART. 6º—Obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas. Las direcciones territoriales y las oficinas especiales en primera instancia y la dirección de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo en segunda instancia, así como la unidad de investigaciones especiales, deberán incluir en el acto administrativo que imponga la sanción, los criterios aplicables al momento de graduar las multas, de conformidad con lo establecido en los artículos 4º y 5º del presente decreto.

ART. 7º—Plan de mejoramiento. Los inspectores de trabajo y seguridad social, los directores territoriales, las oficinas especiales y la unidad de investigaciones especiales podrán ordenar planes de mejoramiento, con el fin de que se efectúen los correctivos tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas del sistema general de riesgos laborales. El plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, plazo determinado para su cumplimiento; y su ejecución debe estar orientada a subsanar definitivamente las situaciones detectadas, así como a prevenir que en el futuro se puedan volver a presentar.

PAR. 1º—El plan de mejoramiento no constituye impedimento para que el director territorial, las oficinas especiales o la unidad de investigaciones especiales paralelamente puedan adelantar el proceso administrativo sancionatorio, con ocasión del incumplimiento normativo.

PAR. 2º—El incumplimiento o cumplimiento parcial del plan de mejoramiento ordenado por las direcciones territoriales, las oficinas especiales o la unidad de investigaciones especiales del Ministerio del Trabajo, conllevará a la imposición de sanciones a que haya lugar de conformidad con las normas aplicables.

CAPÍTULO III

De la clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas

ART. 8º—Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del inspector de trabajo. Los inspectores de trabajo y seguridad social, en desarrollo de la potestad de policía administrativa, mediante auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así:

a) De tres (3) días a diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 1610 de 2013;

b) De diez (10) días a treinta (30) días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 8º de la Ley 1610 de 2013, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior.

ART. 9º—Términos de tiempo para suspensión de actividades o cierre definitivo de empresa por parte de los directores territoriales. En caso de que continúen los hechos que originaron la medida de cierre hasta por un término de treinta (30) días calendario, o haya reincidencia, el inspector de trabajo y seguridad social trasladará el caso al director territorial, quien conforme al artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, podrá imponer la medida hasta por un término de ciento veinte (120) días hábiles o proceder al cierre definitivo de la empresa.

ART. 10.—Procedimiento para la imposición de la medida de cierre o suspensión de actividades. Las medidas de cierre o suspensión de actividades de que trata el presente decreto serán impuestas mediante auto debidamente motivado, y su ejecución se llevará a cabo mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del Trabajo que den cuenta de la infracción cometida.

ART. 11.—Contenido de la decisión. El auto al que se hace referencia en el artículo anterior deberá contener:

— La individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento de comercio o lugar de trabajo.

— El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la medida.

— El periodo de tiempo durante el cual se impone la medida.

— Las normas infringidas con los hechos probados.

Una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida, previa verificación, se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento de la misma.

PAR.—Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo las autoridades de policía están en la obligación de prestar su activa colaboración, cuando los inspectores de trabajo y seguridad social, directores territoriales, oficinas especiales o la unidad de investigaciones especiales así lo requieran.

ART. 12.—Paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, los inspectores de trabajo y seguridad social podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere la inobservancia de la normatividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013.

ART. 13.—Respeto de los derechos laborales y prestaciones sociales. En ningún caso la suspensión de actividades o cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Los días en que opere la clausura o suspensión se contarán como días laborados para efectos del pago de salarios, primas, vacaciones y demás prestaciones sociales a que estos tengan derecho.

CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

ART. 14.—Reporte de accidentes y enfermedades a las direcciones territoriales y oficinas especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la dirección territorial u oficinas especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las administradoras de riesgos laborales y empresas promotoras de salud y lo establecido en el artículo 4º del Decreto 1530 de 1996.

ART. 15.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 17 de marzo de 2015.