DECRETO 51 DE 1993 

(Enero 7)

“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

ART. 1º—Del régimen salarial ordinario de los magistrados del Consejo Superior de la Judicataria, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, El Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo tendrán derecho a la remuneración establecida en el presente artículo, incluyendo la prima especial de servicios que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, la cual no tendrá carácter salarial, así:

Asignación básica mensual cuatrocientos siete mil setecientos noventa pesos ($ 407.790) m/cte., gastos de representación mensual setecientos veinticuatro mil novecientos sesenta pesos ($ 724.960) m/cte. y prima técnica seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos ($ 679.650) m/cte.

La prima especial de servicios sin carácter salarial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso lo supere.

Estos funcionarios continuarán disfrutando las primas de servicios, navidad y vacaciones y el régimen prestacional de conformidad con las normas vigentes antes de la expedición de este decreto.

La prima técnica y la prima especial de servicios no tendrán en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, entidades u organismos del Estado.

PAR.—Los ingresos totales de estos funcionarios en ningún caso podrán ser superiores a los de los miembros del Congreso.

ART. 2º—Del régimen salarial optativo para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y del Defensor del Pueblo. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que optaron por el régimen establecido en el artículo 2º del Decreto 903 de 1992, y quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia de este decreto, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 1993 por concepto de asignación básica ochocientos diez mil pesos ($ 810.000) m/cte. y gastos de representación un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos ($ 1.440.000) m/cte.

La prima especial de servicios sin carácter salarial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso lo supere.

Los funcionarios a quienes se aplica el presente artículo, únicamente tendrán derecho a disfrutar de la prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establece las normas legales vigentes.

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 33 de 1985.

Los funcionarios que optaron por este régimen no podrán recibir el pago de cesantías retroactivas. Las demás prestaciones sociales diferentes a las primas y las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.

PAR. 1º—Los agentes del Ministerio Público ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado devengarán, en los mismos términos y condiciones, una remuneración mensual igual a la señalada en el presente artículo para dichos magistrados.

PAR. 2º—Los ingresos totales de estos funcionarios en ningún caso podrán ser superiores a los de los miembros del Congreso.

ART. 3º—El régimen salarial y prestacional previsto en el artículo anterior, es obligatorio para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del presente decreto.

Dicho régimen salarial y prestacional no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos e instituciones del sector público.

ART. 4º—A partir del 1º de enero de 1993, la asignación básica mensual de los servidores públicos de la rama judicial, del Ministerio Público y de la Justicia Penal Militar, será señalada para su grado, de acuerdo con la siguiente escala de remuneración:

GradoAsignación básica
182.817
294.625
3111.347
4120.778
5137.262
6149.863
7158.659
8181.245
9191.865
10203.198
11217.067
12230.857
13234.819
14245.834
15288.947
16317.397
17374.615
18388.722
19417.490
20429.932
21497.612
22546.509

ART. 5º—La remuneración mínima mensual del Viceprocurador General de la Nación, será de un millón diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($ 1.019.475) m/cte. El sesenta y cuatro por ciento (64%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

ART. 6º—La remuneración mínima mensual del secretario general de la Procuraduría General de la Nación y del procurador auxiliar, será de novecientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos ($ 962.838) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

La remuneración mínima mensual de los procuradores delegados grado 22, el asesor jefe de la oficina de investigaciones especiales grado 22, de los procuradores departamentales y provinciales grado 21, procuradores agrarios grado 21, el veedor grado 22, y el secretariado privado grado 22 del procurador, será de novecientos seis mil doscientos pesos ($ 906.200) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

PAR.—Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales resultaren inferiores al valor establecido en este artículo.

ART. 7º—Los funcionarios a que se refieren los artículos 5º y 6º del presente decreto tendrán derecho a una prima especial mensual equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos de representación sin carácter salarial y sustituye la prima de que trata el artículo 7ºdel Decreto 903 de 1992.

ART. 8º—El Procurador General de la Nación podrá asignar primas técnicas hasta por un treinta por ciento (30%) del valor de la remuneración mínima mensual o de la asignación básica mensual, según sea el caso, al secretario privado, a los jefes de división grado 22, a los jefes de oficina grado 22, a los abogados asesores grado 22 y a los jefes de sección grado 17, con el lleno de los requisitos que establezca mediante reglamentación interna y previa viabilidad presupuestal, en los términos del Decreto 2573 de 1991.

ART. 9º—(Nulo).* Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 1993, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. La prima a que se refiere el presente artículo, es incompatible con la prima a que hace referencia el artículo 7º del presente decreto.

*(Nota: Declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia 2007-00087 de 2014, M.P. María Carolina Rodriguez Ruiz)

ART. 10—Como reconocimiento del nivel de formación técnica de sus titulares, podrá asignarse una prima técnica para aquellos empleados de la oficina de investigaciones especiales, cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos especializados. Esta prima sólo podrá otorgarse con el lleno de los requisitos que el Procurador General de la Nación establezca mediante reglamentación interna y al cumplimiento de las condiciones de que trate el Decreto 2573 de 1991, la cuantía será hasta un sesenta por ciento (60%) de la asignación básica mensual fijada en el artículo 4º del presente decreto y para un número no superior a 25 funcionarios. Esta prima no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

ART. 11—La remuneración mínima mensual del secretario general de la Corte Constitucional, del secretario general de la Corte Suprema de Justicia, del secretario general del Consejo de Estado y del secretario general de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será de novecientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos ($ 962.838) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación únicamente para efectos fiscales.

Se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales resultaren inferior al mencionado valor.

PAR.—No se entiende modificada por este decreto la asignación básica mensual, ni incrementos por primas mensuales de cualquier índole, que para tales cargos señalaren las posiciones respectivas.

ART. 12—La escala de remuneración de que trata el artículo 4º no se aplicará a los funcionarios a que se refieren el artículo 206 numeral 7º del Decreto Extraordinario 624 de 1989, del artículo 13 del Decreto 535 de 1987.

Las asignaciones básicas mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos de representación de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, serán los siguientes:

a) Para los magistrados de tribunal y sus fiscales grado 21,cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 445.544) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;

b) Para jueces de orden público cuya remuneración corresponderá a la señalada para el grado 21 de la escala salarial de la rama judicial será de cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 445.544) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;

c) Para jueces y fiscales grado 17, trescientos cincuenta mil doscientos siete pesos ($ 350.207) m/cte., de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;

d) para jueces grado 15, doscientos ochenta mil seiscientos veinticinco pesos ($ 280.625) m/cte., de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;

e) Para procuradores delegados grado 22 y el asesor jefe de la oficina de investigaciones especiales grado 22, cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($ 486.754) m/cte., de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales, y

f) Para procuradores agrarios, procuradores departamentales, procuradores provinciales, del Distrito Capital de Santafé de Bogotá grado 21, cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 445.544) m/cte, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) de salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

PAR.—Los magistrados auxiliares y abogados asistentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, los magistrados del tribunal y sus fiscales grado 21 y los jueces de orden público cuya remuneración corresponda a la señalada para el grado 21, tendrán una remuneración mínima mensual de novecientos seis mil doscientos pesos ($ 906.200) m/cte. Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.

ART. 13—Los funcionarios y empleados a quienes se les aplica el presente decreto, y que laboren ordinariamente en los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política, continuarán devengando una remuneración adicional correspondiente al ocho por ciento (8%) de la asignación básica mensual que les corresponda. Dicha remuneración se percibirá por cada mes completo de servicio.

ART. 14—A partir del 1º de enero de 1993, los citadores que presten sus servicios en los juzgados penales, civiles, laborales, Procuraduría General de la Nación y los asistentes sociales de los juzgados de menores, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:

Para ciudades de más de un millón de habitantes, once mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($ 11.438) m/cte. mensuales.

Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, siete mil doscientos nueve pesos ($ 7.209) m/cte. mensuales.

Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos ($ 4.578) m/cte. mensuales.

ART. 15—Los servidores públicos de que trata este decreto, tendrán derecho a un auxilio de transporte en los mismo términos y cuantías que establezca el gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

No tendrán derecho a este auxilio los servidores públicos que se encuentren en disfrute de vacaciones o en uso de licencia o suspendidos en el ejercicio del cargo.

ART. 16—A partir del 1º de enero de 1993, el subsidio de alimentación para empleados que perciban una asignación básica mensual no superior a la señalada para el grado 13 en la escala de que trata el artículo 4º de este decreto, será de ocho mil quinientos sesenta pesos ($ 8.560) m/cte., pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.

No se tendrá derecho a ese subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo.

ART. 17—La prima de antigüedad se continuará reconociendo y pagando de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir de la fecha de vigencia del presente decreto, el retiro del servicio por cualquier causa, salvo por destitución, no implica la pérdida de antigüedad que se hubiera alcanzado, ni del tiempo transcurrido para la causación del próximo porcentaje, cuando la persona reingrese al servicio de la rama judicial o Ministerio Público, dentro de un plazo que no exceda de veintisiete (27) meses, evento en el cual estarán sujetos para todo efecto al régimen establecido en el presente decreto, y por consiguiente, no les es aplicable el régimen que de manera general rige obligatoriamente a las personas que ingresen a la rama judicial.

El uso de licencia no remunerada, no causará la pérdida de la prima de antigüedad adquirida.

ART. 18—Las primas ascensional y de capacitación para jueces municipales y jueces promiscuos municipales, se regulan por lo dispuesto en los Decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.

ART. 19—La prima de capacitación para los jueces territoriales y del distrito penal aduanero, se regulan por lo dispuesto en los Decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.

ART. 20—El valor de tres (3) de los quince (15) días de prima de vacaciones a que tienen derecho los funcionarios y empleados del Consejo del Estado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 717 de 1978, será girado a favor de la Cooperativa de funcionarios y empleados del Consejo de Estado, para que esta entidad los administre y adelante los proyectos especiales de vacaciones y recreación para dichos funcionarios y empleados.

ART. 21—El valor de tres (3) de los quince (15) días de la prima de vacaciones o la parte proporcional de dicho valor que se le deduce a los funcionarios y empleados del Ministerio Público, de conformidad con la Ley 54 de 1983, será depositado a favor del Fondo de empleados del Ministerio Público, para que ejecuten proyectos especiales de vacaciones y recreación para los funcionarios y empleados.

ART. 22—Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, no podrán devengar por concepto de asignación básica más primas, suma superior a la remuneración mensual que le corresponda a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por concepto de salario básico y gastos de representación, dentro del régimen de que trata el artículo 2º de este decreto.

Siempre que al sumar la asignación básica con uno o varios de los factores salariales constituidos por prima de capacitación, prima ascensional y prima de antigüedad, la remuneración total del funcionario supere el límite fijado en el inciso anterior, el excedente deberá ser deducido.

La deducción se aplicará en primer término a la prima de capacitación, en ausencia de ésta a la prima ascensional y en último lugar a la prima de antigüedad.

ART. 23—Los conductores y choferes del Ministerio Público a quienes se les reconoce horas extras, tendrán derecho a un máximo de 50 horas, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981.

ART. 24—Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva.

ART. 25—El contenido del artículo 192 del Decreto 2699 de 1991 se hace extensivo al Ministerio Público. El Procurador General de la Nación expedirá su reglamentación.

ART. 26—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar, que no opten por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Así mismo las disposiciones de que trata el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que no opten por el régimen especial que para ellos expida el Gobierno Nacional.

ART. 27—Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

ART. 28—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

PAR.—No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.

ART. 29—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 903 de 1992, y el artículo 1ºdel Decreto 1077 de 1992 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1993.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 7 de enero de 1993.

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