DECRETO 747 DE 1992 

(Mayo 6)

“Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que estén ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 4º de la Constitución Política en armonía con lo preceptuado por los artículos 32 de la Ley 200 de 1936 y 125 del Decreto 1355 de 1970, y

CONSIDERANDO:

Que se ha venido presentando en varios departamentos, invasiones masivas de tierras en el sector rural, en fincas que se encuentran económicamente explotadas, afectando gravemente a los dueños, tenedores o poseedores, los cuales reiteradamente han solicitado su protección a las autoridades locales y regionales;

Que según jurisprudencia de la Sala Plena de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 21 de abril de 1982, corresponde al Presidente de la República, en su calidad de suprema autoridad administrativa, expedir reglamentos de policía en lo nacional con fundamento en la potestad reglamentaria del artículo 120, numeral 3º, o de manera autónoma o subsidiaria con fundamento en el artículo 120 numeral 7º de la Constitución de 1886, norma que corresponde actualmente al artículo 189, numeral 4º de la Constitución de 1991;

Que los jueces agrarios que deben adelantar los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, aun cuando ya están creados por el Decreto-Ley 2303 de 1989, no han podido entrar a funcionar en la mayoría de los departamentos, por falta de presupuesto, circunstancia que es aprovechada por los invasores para permanecer en los predios hasta tanto culminen los procesos adelantados ante los jueces respectivos;

Que corresponde a las autoridades proteger a las personas en su vida, honra y bienes;

Que de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley 4ª de 1991, Capítulo II sobre régimen normativo del orden público interno, el alcalde es la autoridad de policía en el municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, quien impartirá sus órdenes por intermedio del respectivo comandante de Policía, o de quien haga sus veces;

Que de acuerdo con los artículos 303 y 315 numeral 2º de la Constitución Política, los gobernadores son agentes del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y a su vez el alcalde, para este mismo efecto, debe atender las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador;

Que las acciones de las autoridades de policía deben ser eminentemente preventivas para restablecer y preservar la situación que existía respecto de un bien cuya tenencia o posesión ha sido perturbada;

Que las referidas invasiones masivas están perturbando el orden público interno en varios departamentos del país, por lo cual es necesario dictar medidas que permitan una acción inmediata y provisional por parte de las autoridades policivas,

DECRETA:

ART. 1º—La persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2º de la Ley 4ª de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente de la tenencia material del mismo, sin que medie su consentimiento expreso o tácito, u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, sin perjuicio de la acción que pueda intentar ante el juez para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho, podrá solicitar al alcalde o funcionario en quien se haya delegado esta función, la protección de su predio con el objeto de que dentro de los tres días calendario siguientes se restablezca y mantenga la situación que existía antes de la invasión.

ART. 2º—Las medidas que dicten las autoridades de policía serán provisionales, en consecuencia no constituyen obstáculo para la intervención del respectivo juez y se mantendrán mientras éste no decida otra cosa.

ART. 3º—La acción de protección policiva debe solicitarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión.

ART. 4º—A la querella debe anexarse prueba siquiera sumaria de que el querellante ha venido explotando económicamente el predio y de que la invasión se inició dentro de los quince (15) días calendario anteriores a la presentación de la misma.

ART. 5º—En ningún caso las autoridades de policía ordenarán desalojo de campesinos ocupantes de predios agrarios en los cuales se hayan iniciado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, antes de la querella, procedimiento administrativo sobre extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras pertenecientes al Estado o delimitación de playones y sabanas comunales.

ART. 6º—La actuación se iniciará mediante querella que deberá ser presentada personalmente por la parte querellante o por su apoderado, ante la autoridad de policía competente, indicando la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo claramente.

ART. 7º—En el auto en que se avoque conocimiento, se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. Este auto se comunicará al Procurador Agrario competente y se notificará personalmente a la parte querellada o en su defecto se hará mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar donde habite o en el lugar de los hechos, con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia.

ART. 8º—Llegados el día y hora señalados para la práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se trasladará al lugar de los hechos donde oirá a las partes, recepcionará y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

PAR.—La intervención de cada una de las partes en la diligencia no podrá exceder de quince (15) minutos. Cuando fueren, más de dos querellados designarán un vocero para que intervenga en la diligencia.

ART. 9º—Practicadas las pruebas pedidas por las partes y las que se decreten oficiosamente, el funcionario del conocimiento proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección ocular y restablecerá en el inmueble la situación que existía antes de la invasión. De estas diligencias se levantarán actas y si fuere del caso se realizará un inventario de los bienes que no pertenezcan al querellante dejándolos al cuidado de un depositario, mientras se hace presente el querellado.

ART. 10.—Contra la providencia que profiera el alcalde o funcionario que haga sus veces, procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el respectivo gobernador. La reposición se resolverá dentro de la misma audiencia y el recurrente deberá exponer las razones que la sustenten. Si se interpone la apelación se enviará el expediente a la gobernación, al día siguiente de resuelta la reposición.

ART. 11.—El recurso de apelación se resolverá de plano dentro de los dos días siguientes al recibo del expediente.

ART. 12.—Resuelto el recurso de apelación se devolverá el expediente para que el alcalde o funcionario que haga sus veces, adelante la diligencia relacionada con el cese de la perturbación, o archive el expediente según el caso. La diligencia se efectuará al día siguiente de recibido el expediente y en la misma se notificará la providencia que resolvió la apelación.

ART. 13.—Cuando el alcalde o funcionario que haga sus veces, sin causa legal se niegue a conocer de la querella a que se refiere este decreto, el interesado podrá acudir dentro de los dos días siguientes ante el gobernador del respectivo departamento, quien asumirá la competencia, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 4ª de 1991 y decidirá mediante el procedimiento establecido en este decreto; los términos se contarán a partir del recibo de la querella.

PAR.—El gobernador podrá delegar en un funcionario de su despacho el conocimiento y decisión de la referida querella.

ART. 14.—Decidida la querella el gobernador podrá ordenar al alcalde o funcionario que haga sus veces, el cumplimiento de la providencia o tomar las medidas necesarias para su debida ejecución, u ordenar el archivo del expediente si fuere del caso.

ART. 15.—Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 6 de mayo de 1992.

___________________________________