DECRETO 838 DE 1992 

(Mayo 28)

“Por medio del cual se reglamenta el régimen de concesiones y licencias portuarias previstas en la Ley 1ª de 1991”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Campo de aplicación. El presente decreto regula lo relativo al otorgamiento de las concesiones portuarias y las licencias portuarias.

ART. 2º—Competencia. Corresponde al Superintendente General de Puertos aprobar y otorgar las concesiones portuarias mediante resolución motivada. En firme la resolución que otorgue la concesión, se suscribirá el contrato administrativo que la formalice.

Igualmente, corresponde al Superintendente General de Puertos, otorgar licencias portuarias para construir y operar embarcaderos ubicados fuera del puerto. Para ser titular de estas licencias no se requiere ser sociedad portuaria.

ART. 3º—Inmuebles objeto de la concesión. Las concesiones portuarias recaerán sobre los siguientes bienes ubicados dentro de las zonas portuarias establecidas en el plan de expansión portuaria:

a) Playas y terrenos de bajamar;

b) Las zonas marinas accesorias a las playas y zonas de bajamar, y

c) De conformidad con el artículo 45 de la Ley 1ª de 1991, la concesión puede recaer sobre playas ribereñas de los ríos en las que Puertos de Colombia tuviere propiedades o ejerciere funciones públicas.

ART. 4º—Finalidad de la concesión. Las concesiones portuarias tienen por finalidad permitir que las sociedades portuarias ocupen y utilicen en forma temporal los bienes de que trata el artículo 3º del presente decreto para la construcción y operación de puertos, a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación y de los municipios o distritos donde operen los puertos.

Para cada puerto establecido o que se establezca en una zona portuaria determinada en el plan de expansión portuaria habrá una sola concesión portuaria.

Dentro de cada una de las zonas portuarias determinadas en el plan de expansión portuaria podrán otorgarse varias concesiones portuarias.

CAPÍTULO II

Trámite de las concesiones

ART. 5º—Iniciativa. El trámite administrativo para el otorgamiento de concesiones portuarias podrá iniciarse:

a) Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular, y

b) Oficiosamente, por el Superintendente General de Puertos.

ART. 6º—Trámite cuando exista interés particular. Se inicia con la presentación de la solicitud de concesión portuaria, que debe reunir los requisitos exigidos en el artículo 9º de la Ley 1ª de 1991, dirigida al Superintendente General de Puertos, la cual podrá ser formulada por cualquier persona y la documentación se presentará en original y seis (6) copias con todos los anexos. La documentación también podrá ser enviada a la Superintendencia General de Puertos, previo reconocimiento notarial de la firma de quien suscribe la solicitud.

PAR.—Cualquier persona natural que acredite un interés puede oponerse a la solicitud o formular una petición alternativa en los términos señalados en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991.

ART. 7º—Anexos. Se acompañarán los siguientes:

a) Si se trata de una persona jurídica, el correspondiente certificado de existencia y representación legal;

b) Si el peticionario no es sociedad portuaria, acompañará la carta de intención para constituir dicha sociedad, suscrita por el solicitante y los eventuales socios, con indicación de los aportes respectivos. El contenido del acta deberá estar debidamente reconocido ante notario por quienes la firmaron, y

c) Ejemplares, debidamente certificados, de los cuatro (4) avisos de prensa publicados en dos (2) periódicos de circulación nacional. Las publicaciones deberán ser de dos (2) días distintos, con intervalo de diez (10) días hábiles entre cada publicación.

Los avisos deberán contener:

1. Indicación de la ubicación, linderos y extensión del terreno que se pretende ocupar con la construcción y las zonas adyacentes de servicio.

2. Síntesis de la memoria descriptiva del proyecto, sus especificaciones técnicas principales, modalidades de operación y volúmenes y clase de carga.

3. Indicación de (quiénes serán los usuarios y específicamente)* si se prestará o no servicio al público en general.

4. Estudios preliminares sobre el impacto ambiental y oceanográfico del puerto que se desea construir y el compromiso de realizar estudios detallados si se le aprueba la concesión y de adoptar las medidas de preservación que se le impongan.

5. La garantía a que se refiere el artículo 9º ordinal 6º de la Ley 1ª de 1991 y sus normas reglamentarias.

6. (El plazo para el que se desea la concesión.)*

(Nota: Modificado por el Decreto 1131 de 1993 artículo 1º del Ministerio de Obras Públicas y Transporte).

(Nota: La Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 2613 del 3 de octubre de 1994. M.P. Yesid Rojas Serrano, Declaró la nulidad de la expresión: ”... quiénes serán los usuarios y específicamente..." y “El plazo para el que se desea la concesión”, contenidas en los numerales 3° y 6° del presente artículo).

ART. 8º—Petición incompleta. En caso de que la solicitud de concesión no reúna todos los requisitos señalados en este decreto, se requerirá al interesado para que aporte lo que falte. Cuando el interesado aporte los documentos e informaciones requeridas, se continuará el trámite correspondiente.

ART. 9º—Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud, si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o la información, no da respuesta en el término de un (1) mes. Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.

ART. 10.—Rechazo por falta de publicaciones. La Superintendencia General de Puertos, rechazará de plano y ordenará devolver al peticionario la documentación, cuando no se alleguen las cuatro (4) publicaciones que se exigen, o éstas no se hubieren realizado dentro de los términos señalados, o no contengan la totalidad de los datos exigidos por la ley, o que sean sustancialmente distintos de los contenidos en la solicitud.

ART. 11.—Continuación del trámite. Si la solicitud de concesión se encuentra debidamente conformada, el Superintendente General de Puertos ordenará mediante resolución:

a) El lugar, fecha y hora para la audiencia pública en la cual se leerán las oposiciones, y las propuestas alternativas, y se dará apertura pública a los sobres que contengan los datos confidenciales, si los hubiere. Esta audiencia deberá efectuarse una vez transcurridos los dos meses para formular oposiciones o presentar propuestas alternativas, y

b) A esta audiencia la superintendencia citará a las autoridades a que se refiere el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1ª de 1991 y a los terceros que hubieren presentado oposición o que a juicio del superintendente puedan estar directamente interesados en los resultados del trámite.

PAR.—Al día siguiente de la audiencia, el secretario general de la Superintendencia General de Puertos oficiará a las autoridades mencionadas en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, enviándoles las solicitudes de concesión con todos sus anexos, para que dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que la Superintendencia General de Puertos les envíe la comunicación, emitan sus conceptos sobre la conveniencia y legalidad de la solicitud respectiva. En tal comunicación se advertirá que vencido este plazo sin que la Superintendencia General de Puertos haya recibido los conceptos en mención, continuará el procedimiento sin los que falten y se solicitará investigación administrativa contra la autoridad que no haya conceptuado dentro del término legal.

ART. 12.—Decisión sobre la solicitud. Cumplido el trámite anterior, el Superintendente General de Puertos decidirá sobre la solicitud de concesión mediante resolución motivada, dentro de los cinco (5) meses siguientes a la fecha de la solicitud inicial.

ART. 13.—Negativa de la concesión. En el evento de que la petición original y las alternativas resulten contrarias a la ley, al plan de expansión portuaria, o que tengan un impacto ambiental adverso que pueda causar un daño ecológico, u ofrezca inconvenientes que no puedan ser remediados, el Superintendente General de Puertos resolverá negativamente la solicitud de concesión mediante resolución motivada. Dicha providencia, deberá notificarse en la forma establecida por el Decreto 1 de 1984, a quienes hubieren intervenido en la actuación.

ART. 14.—Decisión positiva. En caso de que la petición estuviere conforme a la ley y al plan de expansión portuaria, y no tuviere impacto negativo ambiental o estuvieran contempladas las obras necesarias para prevenirlo, el Superintendente General de Puertos aprobará la solicitud de concesión mediante resolución motivada que indicará los términos en los que se otorgará la concesión. Dicha providencia se comunicará al peticionario, a las autoridades mencionadas en el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 1ª de 1991 y a quienes hubieren intervenido en la actuación, mediante propuestas alternativas u oposiciones a la concesión.

ART. 15.—Contenido de la resolución aprobatoria. La resolución que apruebe la solicitud deberá contener un análisis de la petición y de todos sus documentos; de los escritos de oposición; de las propuestas alternativas; de los conceptos de las autoridades así como de las razones de conveniencia para el país. La parte resolutiva contendrá entre otros, las siguientes decisiones:

1. Los límites exactos y las características físicas de la zona que es objeto de la concesión.

2. Las condiciones en que se otorga la concesión:

a) El plazo de duración;

b) Las condiciones especiales de operación del puerto, y

c) El valor de la contraprestación.

3. Las garantías y seguros que deberá constituir el beneficiario de la concesión, de acuerdo con las normas reglamentarias para el efecto.

4. Los plazos para la presentación de documentos, estudios, iniciación y terminación de las obras.

5. La orden de que al día siguiente hábil a su expedición se notifique la providencia a las autoridades respectivas, al peticionario y a los intervinientes en la actuación administrativa.

6. Las condiciones de conservación sanitaria y ambiental, y de operación, a que debe someterse la sociedad portuaria.

ART. 16.—Oposición de las autoridades. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la resolución aprobatoria de la concesión, las autoridades mencionadas en el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, podrán oponerse a ella por motivos de legalidad o de conveniencia, en escrito razonado dirigido al Superintendente General de Puertos.

Recibido el escrito de oposición por el Superintendente General de Puertos, consultará y le enviará copia del mismo a las otras autoridades mencionadas en dicha ley. Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del escrito de oposición, el superintendente hará una evaluación escrita de ella y la remitirá al Consejo Nacional de Política Económica y Social para que decida. Recibida la decisión de este consejo, el Superintendente General de Puertos la formalizará mediante resolución en la cual indicará si debe continuarse o no el trámite, y en caso afirmativo, sobre cuáles serán las condiciones y términos de la concesión que la superintendencia podrá otorgar, y el ofrecimiento al proponente que haya presentado la propuesta que mejor se ajuste a la conveniencia del proyecto para que defina si se acoge a los términos de la concesión.

Esta resolución se notificará al proponente a quien se le hace el ofrecimiento, a las autoridades señaladas en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991 y a quienes hubieren intervenido en la actuación.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la resolución el proponente, sea o no el mismo que inició el proceso, deberá manifestar si se acoge o no a las condiciones y términos de la concesión que la superintendencia está dispuesta a otorgar. Vencido este plazo si no manifiesta su aceptación, o en caso de que la respuesta sea negativa, el Superintendente General de Puertos ofrecerá por el mismo número de días, la concesión al proponente que haya presentado la propuesta que en segundo lugar se ajuste a las condiciones y así sucesivamente hasta que uno lo acepte o todos lo rechacen.

Si alguno de los proponentes, en el orden antes expuesto, aceptara la oferta de la concesión, el Superintendente General de Puertos dictará la correspondiente resolución de otorgamiento definitivo de la concesión.

En caso de que ninguno acepte el ofrecimiento de concesión, se dictará una resolución finalizando el procedimiento y ordenando archivar el expediente. Los interesados en dicha concesión, podrán iniciar de nuevo la actuación, presentando otra nueva solicitud.

PAR.—En caso de que no haya oposición de las autoridades a que se refiere el presente artículo o de terceros, el Superintendente General de Puertos, una vez en firme la resolución aprobatoria dictada de conformidad con el artículo 15 del presente decreto y vencidos los diez (10) días señalados para que tales autoridades se opongan, procederá a dictar resolución motivada haciendo el ofrecimiento de la concesión al proponente cuya propuesta mejor se ajuste a la conveniencia del proyecto para que manifieste si se acoge a los términos de la concesión.

ART. 17.—Trámite cuando existe oferta oficiosa. La oferta oficiosa se inicia con la previa consulta del Superintendente General de Puertos a las autoridades a que se refiere el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, para lo cual les remitirá un proyecto de la oferta con los datos generales de la propuesta y les concederá un plazo de veinte (20) días hábiles para que emitan su concepto.

Vencido el término anterior, si el superintendente lo estima procedente o conveniente y previas las modificaciones que le llegare a introducir, expedirá una resolución de oferta de la concesión, la cual contendrá:

1. La descripción general de las condiciones de la concesión, su duración, ubicación del puerto a desarrollar, clase y tipo de puerto, bienes y volúmenes de movimiento, así como las contraprestaciones que se pagarán.

2. La indicación de que quienes estén interesados en formular propuestas, constituyan garantía de constitución de la sociedad portuaria y de realización de las obras proyectadas.

3. La orden de realizar las publicaciones de la resolución, en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 13 de la Ley 1ª de 1991.

4. La fijación de los plazos para recibir los sobres que contengan las propuestas.

5. La orden para que al día siguiente de la expedición de la providencia se comunique la misma a las autoridades mencionadas en el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 1ª de 1991 y a las personas que tengan derechos reales sobre los predios de propiedad privada necesarios para otorgar la concesión portuaria.

6. La citación a las autoridades mencionadas, a los titulares de derechos reales y a los proponentes, al acto público en el cual se abrirán los sobres y se leerán las oposiciones si las hubo. Este acto debe realizarse un mes después de la última publicación.

7. La orden de informar a las autoridades respectivas la prohibición de modificar los avalúos catastrales de los predios a los que se refiere la concesión.

ART. 18.—Decisión. Realizada la evaluación de las propuestas el Superintendente General de Puertos aprobará la concesión mediante resolución motivada con base en los criterios señalados en el artículo 14 de este decreto y demás normas que contengan estos criterios y procederá de conformidad con lo allí previsto.

ART. 19.—Oposición de las autoridades. Es caso de que alguna de las autoridades no esté conforme con la resolución aprobatoria, podrá oponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de la resolución.

Presentada oportunamente la oposición, el Superintendente General de Puertos consultará a las otras autoridades las cuales tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para dar su opinión. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del escrito de oposición, el Superintendente General de Puertos hará una evaluación escrita de ella y la remitirá al Consejo Nacional de Política Económica y Social para que decida.

Recibida la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Superintendente General de Puertos la formalizará mediante resolución en la cual indicará si debe continuarse o no con el trámite, y en caso afirmativo, sobre cuáles serán las condiciones y términos de la concesión que la superintendencia podrá ofrecer.

Si la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social hubiere sido la de continuar el trámite, el Superintendente General de Puertos, ofrecerá entonces, al proponente que presente la propuesta que mejor se ajuste a la conveniencia del proyecto, la posibilidad de acogerse a los términos de la concesión. Si éste no manifiesta su aceptación dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de los términos, se presumirá su rechazo y los ofrecerá a los demás, sucesivamente, teniendo en cuenta la conveniencia de las propuestas, por el mismo número de días, contados a partir del siguiente aquel y que se conozca o se presuma el rechazo del solicitante anterior, hasta que uno los acepte, o hasta que todos lo hayan rechazado.

La resolución de otorgamiento deberá contener lo dispuesto en el artículo 21 de este decreto.

ART. 20.—Saneamiento del trámite. Si durante el trámite de otorgamiento de concesión, el Superintendente General de Puertos encontrare que se ha pretermitido alguno de los requisitos exigidos, deberá ordenar su cumplimiento o corrección en todos los casos en que no se hallare frente a una causal de nulidad absoluta.

Así mismo, las resoluciones de aprobación, de otorgamiento y los contratos de concesión podrán ser aclarados por la Superintendencia General de Puertos, cuando se incurra en errores de transcripción o de copia, debidamente comprobados.

ART. 21.—Otorgamiento formal de la concesión. La concesión portuaria, se otorgará formalmente, mediante resolución motivada, con indicación de los límites, las características físicas y las condiciones especiales de operación del puerto que se autoriza a la sociedad anunciada por el peticionario o por el solicitante que hubiera salido favorecido en el ofrecimiento oficioso de la concesión. Se preferirá, en igualdad de condiciones, al peticionario que hubiere sido titular de una autorización o concesión otorgada antes de la expedición de la Ley 1ª de 1991 o de una concesión, posteriormente a la misma siempre que hubiere cumplido las condiciones de la respectiva autorización o concesión y las instalaciones construidas estuvieren en buen estado.

En dicha providencia se señalará el plazo para suscribir el contrato de concesión y los principales contenidos del mismo, de conformidad con los requisitos de los contratos de concesión.

Esa providencia se notificará en la forma prevista por el Decreto 1 de 1984.

ART. 22.—Contrato de concesión. El contrato administrativo de concesión deberá suscribirse entre el Superintendente General de Puertos y la sociedad portuaria peticionaria o la constituida en los términos de la resolución aprobatoria de la concesión respectiva.

Mediante el contrato de concesión portuaria, la Nación por conducto de la Superintendencia General de Puertos permite a las sociedades portuarias ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas marinas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación y de los municipios o distritos donde operan.

ART. 23.—Requisitos de los contratos de concesión. Los contratos de concesión portuaria deberán contener:

1. Descripción exacta de la ubicación, linderos y extensión de los bienes de uso público entregados en concesión.

2. Descripción exacta de la ubicación, linderos y extensión del terreno adyacente que se ocupará con la construcción y las zonas de servicio.

3. Descripción exacta de los accesos hasta dichos terrenos.

4. Descripción exacta del proyecto, sus especificaciones técnicas, sus modalidades de operación, los volúmenes y la clase de carga a que se destinará.

5. La forma en que se prestarán los servicios y los usuarios de la misma.

6. Descripción de las construcciones que se harán con indicación del programa para su construcción.

7. La obligación de someter a la aprobación de la Superintendencia General de Puertos los planes definitivos de construcción, sus ajustes y modificaciones de las obras a realizar.

8. El señalamiento de las garantías constituidas y aprobadas por el superintendente para cumplimiento del contrato, construcción de las obras, adopción de medidas de protección ambiental y responsabilidad civil.

9. Plazo de la concesión.

10. La obligación del concesionario de ceder gratuitamente y en buen estado de mantenimiento y operación, al término del contrato o de ser declarada la caducidad, a la Nación, todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente instalados en la zona de uso público objeto de la concesión.

11. La obligación del concesionario de pagar desde la suscripción del contrato de concesión a la Nación y al municipio o distrito respectivo, el monto de la contraprestación fijada, en la forma estipulada.

(Nota: Modificado por el Decreto 1131 de 1993 artículo 2º del Ministerio de Obras Públicas y Transporte).

12. La obligación del concesionario de realizar estudios detallados y de adoptar las medidas de preservación sanitaria y ambiental.

13. Tratándose de concesiones en puertos de servicio público de carga general, la estipulación de que se permitirá que los terceros presten servicios de operación portuaria dentro de sus instalaciones y de que las sociedades portuarias no operarán, a menos que ello sea estrictamente necesario por razones técnicas o porque no exista otra alternativa.

(Nota: El numeral 13 fue declarado nulo por la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia 12691 del 24 de julio de 1997. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo).

ART. 24.—Cláusulas obligatorias. En el contrato de concesión portuaria se deben estipular, además de las cláusulas propias o usuales conforme a su naturaleza, las exorbitantes propias de todo contrato administrativo.

Se podrá declarar la caducidad de una concesión portuaria cuando en forma reiterada se incumplan las condiciones en las cuales se otorgó o se desconozcan las obligaciones y prohibiciones a las cuales el concesionario está sujeto, en forma tal que se perjudique gravemente el interés público. En este caso habrá, igualmente, obligación de ceder a la Superintendencia General de Puertos todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente instalados en las zonas de uso público objeto de la concesión.

La caducidad se declarará mediante resolución motivada contra la cual sólo procede el recurso de reposición.

ART. 25.—En cuanto no pugne con lo estipulado en la Ley 1ª de 1991, los contratos de concesión se regirán por lo establecido para la contratación por parte de la Nación.

ART. 26.—Pérdida del derecho. Vencido el plazo para suscribir el contrato de concesión portuaria, otorgada mediante resolución, sin que el autorizado haya cumplido con los requisitos señalados en dicha providencia, el derecho de la misma caducará.

ART. 27.—Plazos. Suscrito y en firme el correspondiente contrato, el concesionario entrará a ocupar y utilizar los bienes de uso público señalados, y a constituir, operar y administrar el puerto, dentro de los plazos estipulados.

Para el efecto no se requerirán permisos, ni licencias, ni autorizaciones, ni revisiones, ni refrendaciones de ninguna autoridad nacional, sin perjuicio de aquellos permisos que deba proferir la autoridad local para adelantar las construcciones propuestas.

ART. 28.—Modificación de los términos de la concesión. Si una sociedad portuaria desea cambiar las condiciones en las cuales se aprobó una concesión portuaria deberá obtener permiso previo y escrito de la Superintendencia General de Puertos. Esta entidad, previa comprobación de que con ello no se limita en forma indebida la competencia, ni se infiere perjuicio grave e injustificado a terceros, expedirá la resolución que otorgue el permiso.

Al hacer cualquier cambio en las condiciones de la concesión podrá variarse la contraprestación que se paga a la Nación, así como el plazo.

CAPÍTULO III

Trámite de las licencias portuarias

ART. 29.—Régimen de embarcaderos. Para la construcción y operación de embarcaderos se requiere el otorgamiento de una licencia portuaria, la cual se dará mediante resolución expedida por el Superintendente General de Puertos.

ART. 30.—Trámite para el otorgamiento. El interesado debe presentar al Superintendente General de Puertos una solicitud escrita, acompañada de los siguientes documentos anexos:

1. Plano topográfico del predio donde se construirá el embarcadero y plano de la localización de la construcción.

2. Descripción del proyecto junto:

a) Especificaciones técnicas;

b) Modalidades de la operación, y

c) Volúmenes y clase de carga.

3. Estudio sobre impacto ambiental que producirá el embarcadero que se desea construir.

4. Estudio mediante el cual se acredite la conveniencia del embarcadero para el desarrollo económico y social de la región y que no resulta adecuado para el peticionario el uso de los puertos y embarcaderos existentes.

La solicitud con sus anexos también podrá ser enviada al Superintendente General de Puertos por correo certificado, previo reconocimiento notarial de la solicitud.

Recibida la solicitud por el superintendente, dispondrá de un plazo de quince (15) días para su estudio y evaluación, al cabo de los cuales deberá decidir mediante resolución motivada que deberá ser notificada al peticionario. Cuando no fuere posible resolver la solicitud en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se decidirá la petición.

ART. 31.—Peticiones incompletas. Cuando una petición no se acompañe de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá petición dejando constancia expresa de las advertencias.

ART. 32.—Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el peticionario no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión en forma escrita, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que el superintendente decida. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, no se podrán pedir más complementos, y se decidirá con base en lo que se disponga.

ART. 33.—Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en un término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.

ART. 34.—Término de la licencia. La licencia portuaria para construir y operar embarcaderos es de dos (2) años, pero podrá prorrogarse por períodos de dos (2) años indefinidamente, demostrando el peticionario que el embarcadero conserva las condiciones técnicas para la operación, que cumple con los demás requisitos acreditados para su otorgamiento, y que sigue siendo conveniente para el desarrollo económico y social de la región.

ART. 35.—Contraprestaciones. De conformidad con el correspondiente plan de expansión portuaria vigente, el Superintendente General de Puertos fijará en la resolución que otorga formalmente la licencia portuaria, el monto de la contraprestación económica que debe cancelar el beneficiado con la licencia portuaria, observando lo dispuesto en los artículos 2º y 7º de la Ley 1ª de 1991.

En caso de prórroga de la licencia, en la misma resolución que la autoriza se fijará también el monto de la contraprestación respectiva.

ART. 36.—Reversión a la Nación. Al expirar la licencia, las construcciones levantadas en las zonas objeto de la licencia y los inmuebles por destinación que hagan parte de ellas, revertirán a la Nación. Es deber del beneficiario garantizar que las instalaciones se reviertan en buen estado de operación.

La superintendencia tendrá respecto de tales licencias, de las construcciones, de sus propietarios y de quienes prestan o reciben servicios de ellas, las mismas facultades que se le otorgan respecto de los puertos, de las sociedades portuarias o de quienes prestan o reciben servicios de ellos.

ART. 37.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 28 de mayo de 1992.