DECRETO 876 DE 2001 

(Mayo 11)

“Por el cual se promulga el “Acuerdo de cooperación policial entre la República de Colombia y la República de Venezuela”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;

Que el Congreso Nacional, mediante la Ley 562 del 2 de febrero de 2000, publicada en el Diario Oficial 43.883 del 7 de febrero de 2000, aprobó el “Acuerdo de cooperación policial entre la República de Colombia y la República de Venezuela”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998);

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1182 de 2000 del 13 de septiembre de 2000, declaró exequibles la Ley 562 del 2 de febrero de 2000 y el “Acuerdo de cooperación policial entre la República de Colombia y la República de Venezuela”, del 28 de abril de 1998;

Que mediante nota verbal 001086 del 22 de mayo de 1998 el Gobierno de la República de Venezuela notificó el cumplimiento de sus requisitos internos, y en el mismo sentido, el Gobierno de Colombia remitió la nota verbal DA. 30367 del 23 de octubre de 2000. En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor el 23 de octubre de 2000 de acuerdo a lo previsto en su artículo 8º,

DECRETA:

ART. 1º—Promulgase el “Acuerdo de cooperación policial entre la República de Colombia y la República de Venezuela”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de cooperación policial entre la República de Colombia y la República de Venezuela”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).

«Acuerdo de cooperación policial entre la República de Colombia y la República de Venezuela

La República de Colombia y la República de Venezuela, en adelante denominados “las partes”.

CONSCIENTES del incremento de delitos contra personas, bienes y servicios en los dos países, el cual genera intranquilidad en la colectividad y ocasiona cuantiosos daños económicos y sociales;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados, especialmente en la región fronteriza;

BASADOS en los principios generales del Derecho Internacional y en el respeto a la igualdad soberana de los Estados;

DECIDIDOS a adoptar mecanismos coordinados destinados a combatir la delincuencia común y la organizada, considerados factores de perturbación y lesivos para los Estados;

CON LA FINALIDAD de facilitar el control del movimiento de personas, bienes y servicios a través de la frontera colombo-venezolana, así como profundizar sistemas de cooperación policial que contribuyan a garantizar la paz y la tranquilidad social;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I

Las partes se comprometen a que sus cuerpos policiales, de conformidad con la legislación interna y dentro de los límites de su competencia, establezcan mecanismos ágiles y eficaces para prevenir alteraciones del orden público y acciones delictivas que pudiesen perpetrarse en sus territorios, particularmente en la región fronteriza.

Artículo II

Las partes acuerdan crear y mantener un sistema permanente de intercambio de información entre sus cuerpos policiales, con los datos disponibles que posean esas entidades, que permitan identificar a todas aquellas personas sindicadas, procesadas y/o condenadas por haber cometido un delito. Así mismo, dicho sistema contendrá la información relativa a las organizaciones delictivas que operan en ambos países.

Igualmente, intercambiarán información sobre estadísticas criminales con el propósito de facilitar el diseño de una política coordinada de lucha contra el delito.

Artículo III

Las autoridades policiales de las partes, establecerán un programa conjunto de capacitación y entrenamiento de sus funcionarios policiales a fin de adiestrarlos en la lucha contra la delincuencia, destinado a incrementar y mejorar la acción de los cuerpos policiales y dirigido a la prevención o investigación de los delitos.

Artículo IV

Las partes, de acuerdo con sus medios y posibilidades, incrementarán los recursos humanos y técnicos de los organismos policiales encargados de la investigación y represión de los delitos que se cometan en sus territorios, particularmente en la región fronteriza.

Artículo V

Las partes designarán, por la vía diplomática, dentro de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo, los órganos encargados de su ejecución.

Los órganos ejecutores se comunicarán directamente y celebrarán una reunión cada seis meses, alternativamente en Caracas y Santafé de Bogotá, para examinar y evaluar la aplicación del presente acuerdo e informarán sobre sus resultados a los Ministerios de Relaciones Exteriores de las partes para el seguimiento correspondiente.

Artículo VI

El presente acuerdo no limita la cooperación existente sobre la materia contenida en las convenciones multilaterales, o en los tratados bilaterales vigentes entre las partes.

Artículo VII

Las dudas o controversias que surjan entre las partes, con motivo de la interpretación o aplicación de este acuerdo, serán resueltas por la vía diplomática.

Artículo VIII

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación que dirija una de las partes a la otra, de haber cumplido con los requisitos internos para su aprobación. Tendrá una duración de cinco (5) años y podrá ser prorrogado automáticamente por períodos iguales.

El presente acuerdo podrá ser denunciado por escrito en cualquier momento por una de las partes. Dicha denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de la notificación.

Suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares idénticos, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Camilo Reyes Rodríguez,

Ministro de Relaciones Exteriores.

Por el Gobierno de la República de Venezuela,

Miguel Angel Burelli Rivas,

Ministro de Relaciones Exteriores».

ART. 2º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 11 de mayo de 2001.

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