Presidencia de la República

DECRETO-LEY 895 DE 2017

(Mayo 29)

“Por el cual se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, y

CONSIDERANDO:

1. Consideraciones generales:

Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en adelante el Acuerdo Final;

Que la suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo de justicia transicional en Colombia, enfocado principalmente en los derechos de las víctimas del conflicto armado, y que, como parte esencial de ese proceso, el Gobierno Nacional está en la obligación de implementar los puntos del Acuerdo Final, entre otras medidas, mediante la expedición de normas con fuerza de ley;

Que el constituyente, mediante el Acto Legislativo 1 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar el cumplimiento del Acuerdo Final, confirió al Presidente de la República una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional específicamente diseñada para este fin, en virtud de la cual se encuentra facultado para expedir decretos con fuerza material de ley;

Que la Corte Constitucional, mediante las sentencias C-699 de 2016, y C-160 y C-174 de 2017 definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir los decretos con fuerza de ley, por lo que el Gobierno Nacional es consciente de la obligatoriedad y trascendencia de estos criterios y su importancia en un Estado social de derecho;

Que el contenido del presente decreto-ley tiene una naturaleza instrumental, pues su objeto es facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo de los puntos 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final. En consecuencia este decreto-ley cumple los requisitos de conexidad objetiva, estricta y suficiente con el Acuerdo Final, así como el requisito de estricta necesidad de su expedición, tal como se expondrá en la presente parte motiva.

2. Requisitos formales de validez constitucional:

Que el presente decreto-ley se expidió dentro del término de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016, que según el artículo 5º de ese mismo acto legislativo es a partir de la refrendación del 30 de noviembre de 2016;

Que el presente decreto-ley es suscrito, en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución Política por el Presidente de la República y los ministros de Interior, Hacienda y Crédito Público, que para este propósito constituyen gobierno. Defensa Nacional y de Justicia y del Derecho;

Que en el presente decreto-ley, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 169 de la Constitución Política tiene el título: “por el cual se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política” que corresponde precisamente a su contenido;

Que como parte de los requisitos formales trazados por la jurisprudencia constitucional, la presente normativa cuenta con una motivación adecuada y suficiente, en el siguiente sentido:

3. Requisitos materiales de validez constitucional:

3.1. Conexidad objetiva:

Que en cumplimiento del requisito de conexidad objetiva el presente decreto-ley (i) tiene un vínculo cierto y verificable entre su materia y articulado y el contenido del Acuerdo Final, (ii) sirve para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final y (iii) no regula aspectos diferentes, ni rebasa el ámbito de aquellos asuntos imprescindibles para el proceso de implementación del Acuerdo Final;

Que el Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto 2 del Acuerdo Final “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, reafirma su compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, incluyendo medidas para garantizar la movilización y participación en los asuntos de interés público, así como para facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos con las debidas garantías de participación, en condiciones de seguridad;

Que el punto 2.1.2 del Acuerdo Final “Garantías de seguridad para el ejercicio de la política” concibe la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que contribuya a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición, de tal manera que se prevé adoptar previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas;

Que la seguridad, en el ámbito de la participación política en el marco de lo establecido en el punto 2 del Acuerdo, se define como “una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”;

Que en el punto 3.4 del Acuerdo Final, referente al acuerdo sobre garantías de seguridad, en el numeral 3.4.1 se establecieron algunos principios orientadores, invocándose la “Coordinación y corresponsabilidad institucional” entre todas las instituciones del Estado para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en materia de seguridad, para lo cual es necesario la debida articulación de las instituciones del orden nacional, departamental y municipal;

Que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el punto 2.1.2.1 referente al sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, en concordancia con el punto 3.4.7, contempla como elemento del mismo la adecuación normativa e institucional que conlleva entre otras actividades, la creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, la cual contará, con una secretaría técnica a cargo de un delegado presidencial;

Que en el punto 3.4.8 del Acuerdo Final se establece la creación del programa integral de seguridad para las comunidades y organizaciones en los territorios, para lo cual el gobierno, según sus competencias reglamentará la materia, con la participación activa de las organizaciones sociales y comunidades en los territorios;

Que de acuerdo con lo anterior, existe un vínculo cierto y verificable entre el contenido del Acuerdo Final y la materia del presente decreto-ley, pues este se circunscribe a expedir las disposiciones necesarias e imprescindibles para la adecuada formulación e implementación, entre otros, de los puntos 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 3.4.7 del Acuerdo Final.

3.2. Conexidad estricta:

Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el presente decreto-ley responde en forma precisa a aspectos definidos y concretos del Acuerdo Final. A continuación, se identifica el contenido preciso del Acuerdo que es objeto de implementación y se demuestra que cada artículo de este decreto-ley está vinculado estrechamente con los puntos 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final, y en especial los puntos 2.1.2.1, 2.1.2.2, 3.4.7.

En virtud de los artículos 1º, 2º y 3º se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política, el cual tiene por objeto contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución, así como sus fines, todo lo cual constituye un desarrollo preciso del punto 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final.

El artículo 4º desarrolla lo referente a los elementos del sistema, al identificar expresamente i) la adecuación normativa e institucional, ii) la prevención, iii) la protección y iv) la evaluación y seguimiento, aspectos que son precisamente acordados en los puntos 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 3.4.7 del Acuerdo Final.

El artículo 5º organiza e identifica de manera concreta cuáles son las instancias del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

Los artículos 6º, 7º, 8º y 9º básicamente desarrollan una de las instancias que conforman el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, como es la instancia de alto nivel, la cual esta acordada de manera puntual en los puntos 2.1.2.1 letra a), 3.4.7.2 y 3.4.7.3 del Acuerdo Final.

De igual manera los artículos 10 y 11 establecen el objeto que deberán tener otras instancias del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política como son la Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y el Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, todo en consonancia con los puntos 2.1.2.1 letras a) y d), 2.1.2.2 letra d) y 3.4.7.2 del Acuerdo Final.

De otra parte, los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 hacen referencia a los diferentes programas de protección y seguridad.

Finalmente los artículos 17 y 18 regulan uno de los elementos del sistema, como es el de la prevención, haciendo especial mención al sistema de alertas tempranas, su coordinación y articulación.

Que en el punto 6.1.10 del Acuerdo Final, se establece el calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme con lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016, donde se establece como una prioridad, la expedición de la ley y/o normas de desarrollo sobre sistema integral de garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz;

Que de conformidad con lo anterior, el presente decreto-ley no desconoce la conexidad estricta, pues no regula materias genéricas del Acuerdo Final, en tanto busca solo facilitar y asegurar la implementación de dos puntos específicos del mismo. En este sentido, es claro que existe un vínculo específico entre los contenidos de este decreto y los puntos antes señalados del Acuerdo Final.

3.3. Conexidad suficiente:

Que el presente decreto-ley tiene un grado de estrecha proximidad entre las materias objeto de regulación y los puntos 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final, de manera que las mismas son desarrollos propios del Acuerdo y existe una relación entre cada artículo y el Acuerdo que no es incidental ni indirecta;

Que en cumplimiento del requisito de conexidad suficiente el presente decreto-ley es instrumental a la realización de los objetivos o compromisos del Acuerdo Final comoquiera que expresamente crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política. Así mismo, establece e identifica los elementos del sistema y sus diferentes instancias, así como también, determina la creación del programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, todo lo cual fue objeto de acuerdo en los puntos 2.1.2 y 3.4, de tal manera que las normas contempladas en el presente decreto-ley constituye el marco legal que permiten facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final;

Que en este mismo orden, de acuerdo al compromiso adquirido en el Acuerdo Final, se fijó el objeto que ha de tener la Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con el fin de hacer seguimiento a los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política y el Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política y aquellos que atenten especialmente contra quienes se declaren en oposición, y defensores de derechos humanos, el cual tendrá en cuenta el enfoque de género;

Que el artículo 12 y 14 crean programas que se encargarán de coordinar con las demás entidades estatales la implementación de las políticas, programas, acciones y medidas que tiendan a la protección integral de los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP y para las comunidades y organizaciones en los territorios en ejercicio de la política;

Que el artículo 15, en concordancia con el Acuerdo Final crea un programa de promotores(as) comunitarios de paz y convivencia con el objetivo de impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria.

4. Necesidad estricta:

Que el presente decreto-ley regula materias para las cuales ni el trámite legislativo ordinario ni el procedimiento legislativo especial previsto en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2016 son idóneos, pues la regulación que aquí se adopta tiene un carácter urgente e imperioso y, por tanto, no es objetivamente posible su tramitación a través de los canales deliberativos ordinario o del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz;

Que el sistema integral de seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia;

Que se busca garantizar los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas democráticas, y ni el Procedimiento Legislativo Ordinario ni el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz permiten la atención inmediata en materia de seguridad. En este sentido, las medidas que adopta el presente decreto-ley pretenden disminuir el riesgo de afectación del derecho fundamental a la seguridad personal y consecuentemente a la vida en el marco del fin del conflicto, en especial quienes luego de la confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales;

Que el Acuerdo Final prevé poner en marcha un sistema integral para el ejercicio de la política, entendiendo la seguridad como valor democrático y bajo la perspectiva del humanismo, que debe inspirar la actuación del Estado. En este sentido, el sistema debe servir de garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas democráticas;

Que todo lo anterior no puede tener inicio sin la puesta en marcha del sistema integral de seguridad, por lo cual resultan urgentes e imperiosas las disposiciones contenidas en el presente decreto;

Que este hecho se evidencia, adicionalmente, en la situación actual que están viviendo en los territorios los líderes comunitarios, de comunidades rurales, de organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos y de movimientos sociales;

Que el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política objeto de la presente regulación fue acordado en el punto 2.1.2, específicamente los numerales 2.1.2.1 y 2.1.2.2 y 3.4 del Acuerdo Final. Adicionalmente, se encuentra incluido en el punto 6.1.10, calendario de implementación normativa en el literal g);

Que por todo lo anterior ni el Procedimiento Legislativo Especial Para la Paz ni el Procedimiento Legislativo Ordinario permiten atender la urgencia de establecer las normas que se requieren para formular y así poner en marcha el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, proceso que permitirá materializar el Acuerdo Final, en materia de seguridad y participación política;

Que las disposiciones contenidas en el presente decreto-ley y relacionadas con el sistema no versan sobre materias sujetas a reserva estricta de ley, razón por la cual no resulta imperativo que se surtan deliberaciones sobre el particular en el trámite legislativo ordinario o especial;

Que la presente regulación no versa sobre asuntos expresamente excluidos por el acto legislativo, es decir, actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que requieren mayoría calificada o absoluta para su aprobación, decretar impuestos, o temas de reserva legal;

Que, por todo lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Créase el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política. Este sistema, estará constituido por el conjunto de normas, programas, proyectos, planes, comités, las entidades públicas en los órdenes nacional y territorial y las organizaciones e instancias encargadas de formular o ejecutar los planes, programas y acciones específicas, tendientes a garantizar la seguridad y protección de los sujetos individuales y colectivos beneficiarios de que trata el presente decreto.

ART. 2º—Objeto. El sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política tiene por objeto contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución.

Para ello se hará el diseño, seguimiento, coordinación intersectorial y promoción a nivel nacional y territorial de medidas de prevención, protección y seguridad donde se desarrolle un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos para quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren en oposición, líderes comunitarios, comunidades rurales, organizaciones sociales, de mujeres y/o defensoras de derechos humanos y sus miembros, líderes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales y el nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

Las medidas con ocasión de este decreto tendrán un enfoque territorial y de género. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de dar cumplimiento a la implementación del enfoque étnico en el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Para ello, consultará la reglamentación correspondiente con los grupos étnicos por medio de los procedimientos e instancias existentes.

ART. 3º—Fines del sistema. El sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política busca cumplir con un marco de garantías de los derechos y libertades, fomentar la convivencia y la tolerancia, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia, adoptando mecanismos para promover la permanencia de los líderes sociales en sus territorios y brindar garantías de no repetición.

ART. 4º—Elementos del sistema. Constituyen elementos del sistema, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentren asignadas a las diferentes autoridades públicas:

1. La adecuación normativa e institucional, que comprenderá: i) la creación de la instancia de alto nivel, ii) la revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen política y iii) el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización por dichas conductas.

2. La prevención que conlleva: i) fortalecer el sistema de alertas tempranas y los mecanismos preventivos de seguridad con enfoque territorial y de género y medidas de prevención contenidas en los programas integrales de seguridad.

3. La protección que comprende, entre otras las siguientes medidas: i) el programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores a cargo de las entidades competentes, ii) una mesa técnica de seguridad y protección, iii) un plan estratégico de seguridad y protección, un cuerpo de seguridad y protección, iv) programa de protección para organizaciones políticas declaradas en oposición, v) programa de protección colectiva.

4. La evaluación y seguimiento a través de: i) un sistema de planeación, información y monitoreo interinstitucional y ii) una Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección.

ART. 5º—Instancias del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Las instancias que hacen parte del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, son las siguientes:

1. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

2. La instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

3. El delegado presidencial.

4. La Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección.

5. El Comité de impulso a las investigaciones.

6. Los programas de protección contemplados en el presente decreto-ley.

7. Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida.

PAR. 1º—El programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, se diseñará y ejecutará por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

PAR. 2º—Las instituciones del Estado trabajarán de manera coordinada y promoverán la corresponsabilidad para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en el marco de este sistema.

ART. 6º—Instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Créase la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, cuyo objeto será la implementación del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, la cual estará integrada, así:

1. El Presidente de la República y/o su delegado.

2. El Ministro del Interior.

3. El Ministro de Defensa Nacional.

4. El Ministro de Justicia y del Derecho

5. El comandante de las Fuerzas Militares.

6. El director de la Policía Nacional.

7. El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos

8. El director de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

9. Participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

PAR. 1º—Si el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, decide asignar al Vicepresidente de la República la función de asistir como miembro de la instancia de alto nivel, el Vicepresidente de la República presidirá la instancia de alto nivel, en ausencia del Presidente de la República.

PAR. 2º—Se garantizará la participación de los partidos y movimientos políticos especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de las mujeres.

PAR. 3º—Cuando se considere pertinente, podrán ser invitados a las sesiones de la instancia, un delegado de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados de entidades del Estado y órganos judiciales y de control, como el director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

(Nota: Se declara exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-555 de 2017, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en el entendido que la expresión “participación permanente” contenida en el numeral 9º no implica la calidad de integrante de la instancia allí regulada.)

ART. 7º—Funciones de la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. La instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad tendrá a su cargo, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentren asignadas a las diferentes autoridades públicas, las siguientes funciones:

1. Garantizar la implementación, funcionamiento y articulación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

2. Establecer mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos y movimientos sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como las comunidades rurales en el territorio.

3. Servir de espacio de interlocución y seguimiento a las condiciones de seguridad y protección de los integrantes de los partidos y movimientos políticos y, especialmente los que ejerzan la oposición, defensores de derechos humanos y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

4. Promover, en coordinación con las entidades del Estado competentes, la adopción de las medidas que permitan la puesta en marcha de los programas de protección, entre ellos el programa integral de protección para comunidades rurales, el programa de protección integral para las FARC-EP o el nuevo partido o movimiento que surja de su tránsito a la actividad política legal y el programa para organizaciones políticas declaradas en oposición y su debida implementación.

5. Proponer las directrices para la adopción de un sistema de información, planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación del sistema con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados, y ajustar la estrategia y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política.

6. Proponer los lineamientos y directrices para el funcionamiento de la Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema y del Comité de impulso a las investigaciones por los delitos contra quienes ejercen la política.

7. Servir como eje articulador con otras instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

8. Formular recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización para procesar a quienes atenten contra quienes ejercen la política.

9. Sugerir acciones en materia de seguridad, prevención y protección para los sujetos o destinatarios de las medidas integrales previstas en este decreto.

10. Revisar el marco normativo para elevar los costos de los delitos contra quienes ejercen la política, y una vez realizado sugerir las normas y medidas necesarias para la adecuación normativa e institucional.

11. Coordinar con las autoridades departamentales y municipales, el seguimiento a manifestaciones criminales, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal.

12. Proponer mecanismos de articulación institucional por parte de las entidades que participen del sistema integral.

13. Presentar un informe periódico de rendición de cuentas que ilustre los logros y avances de las acciones desarrolladas.

14. Dictar su propio reglamento.

ART. 8º—Secretaría técnica de la instancia de alto nivel. La secretaría técnica de la instancia de alto nivel será ejercida por un delegado presidencial quien será un servidor público del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República.

ART. 9º—Funciones de la secretaría técnica. Corresponde a la secretaría técnica, ejercer las siguientes funciones:

1. Coordinar el sistema de planeación, información y monitoreo de los mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos, especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal que establezca la instancia de alto nivel.

2. Hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

3. Mantener, bajo las orientaciones de la instancia de alto nivel, una interlocución permanente con los integrantes de los partidos y movimientos políticos, defensores de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal y de los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

4. Hacer seguimiento a los programas de protección integral.

5. Las demás que le sean delegadas o sean inherentes a las actividades que desarrollará como delegado presidencial.

ART. 10.—Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección. El Gobierno Nacional implementará y pondrá en marcha una Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con el fin de hacer seguimiento a los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política. La comisión contará con representación de partidos y movimientos políticos. Todo lo anterior, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentre asignadas a las diferentes autoridades públicas.

La comisión presentará un informe anual del seguimiento y la evaluación realizada, con recomendaciones para el ajuste del sistema.

Dicha comisión contará con un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia de procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política.

Este sistema incluirá información específica sobre los riesgos y amenazas contra la participación y representación política, social y comunitaria de las mujeres. Dicho sistema tendrá acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional que se acuerden con los partidos y movimientos políticos.

ART. 11.—Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política. Se creará un Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política y aquellos que atenten especialmente contra quienes se declaren en oposición, y defensores de derechos humanos, el cual tendrá en cuenta el enfoque de género. Todo lo anterior, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentren asignadas a las diferentes autoridades públicas.

ART. 12.—Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Créase el programa de protección integral, el cual se encargará de coordinar con las demás entidades estatales pertinentes, la implementación de las políticas, programas, acciones y medidas que tiendan a la protección integral de los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sedes y actividades, así como a los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. El Gobierno Nacional reglamentará el programa.

El programa de protección integral será coordinado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

ART. 13.—Presunción de riesgo extraordinario. Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, tendrán presunción de riesgo extraordinario de acuerdo a criterios razonables presentados por sus representantes ante la mesa técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción de riesgo extraordinario.

ART. 14.—Programa integral de seguridad para las comunidades y organizaciones en los territorios. Se creará el programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género a cargo del Ministerio del Interior en los territorios, incluyendo las garantías de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos. Para su adecuada implementación, concurrirán la unidad nacional de protección y la Policía Nacional, de conformidad con las obligaciones que legal y constitucionalmente les han sido atribuidas. El programa de protección será reglamentado por el Gobierno Nacional.

ART. 15.—Programa de promotores(as) comunitarios de paz y convivencia. Se creará a instancias del Ministerio del Interior, y en coordinación con el Ministerio de Justicia, el programa de promotores(as) comunitarios de paz y convivencia, el cual tendrá como propósito el impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria. El programa de promotores será reglamentado por el Gobierno Nacional.

ART. 16.—Seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. En concordancia con lo establecido en el estatuto de la oposición, la unidad nacional de protección articulará programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición.

ART. 17.—Sistema de alertas tempranas. El Gobierno Nacional, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, reglamentará el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, así como cualquier hecho o conducta criminal en contra de quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren en oposición, líderes comunitarios, comunidades rurales, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y/o defensoras de derechos humanos y sus miembros, líderes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales y el nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. El sistema emitirá alertas de forma autónoma. La respuesta rápida del Estado y las acciones del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política deberán articularse con los mecanismos preventivos y de protección, descritos en este decreto.

ART. 18.—Evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo de los sujetos de protección del presente decreto, deberá tener en cuenta los informes o insumos del sistema de prevención y alerta a cargo de la Defensoría del Pueblo, y los resultados de la reacción rápida que realice el gobierno; la participación de los sujetos beneficiarios durante el proceso de evaluación y los demás informes de organizaciones en el terreno pertinentes para cada caso. Sus resultados deberán ser debidamente motivados informando los elementos tomados en consideración para fundar la decisión y ser puestos en conocimiento del solicitante o colectivo.

Cada programa contará con una instancia de evaluación del riesgo, definirá los tiempos máximos de evaluación y desarrollará los procedimientos con presteza.

ART. 19.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 29 de mayo de 2017.