DECRETO 919 DE 1992 

(Junio 2)

“Por el cual se fija la escala de remuneración de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

ART. 1º—Fíjase la siguiente escala salarial para los empleos correspondientes a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y del cuerpo técnico de policía judicial:

Grado Asignación básica

1 72.910

2 80.772

3 96.495

4 114.374

5 138.973

6 163.699

7 183.734

8 207.826

9 231.791

10 255.883

11 279.975

12 304.067

13 328.159

14 352.124

15 376.216

16 400.308

17 424.273

18 448.365

19 497.690

20 546.762

21 673.925

Los funcionarios y empleados que optaren por la escala salarial de que trata este artículo, se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Decreto 146 de 1991.

ART. 2º—La remuneración mensual del Director Nacional de Instrucción Criminal será de trescientos veintiséis mil doscientos treinta y dos pesos ($ 326.232) m/cte., por concepto de asignación básica y de quinientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos ($ 579.968) m/cte., por concepto de gastos de representación.

La remuneración mensual de los subdirectores nacionales será de doscientos noventa y tres mil seiscientos nueve pesos ($ 293.609) m/cte., por concepto de asignación básica y de quinientos veintiún mil novecientos setenta y un pesos ($ 521.971) m/cte., por concepto de gastos de representación.

La remuneración mensual de los directores seccionales será de doscientos sesenta mil novecientos ochenta y seis pesos ($ 260.986) m/cte., por concepto de asignación básica y de cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos ($ 463.974) m/cte., por concepto de gastos de representación.

ART. 3º—Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

ART. 4º—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

PAR.—No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.

ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1992.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 2 de junio de 1992.

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