Deducción por adquisición de activos fijos en el exterior

Revista Nº 143 Sep.-Oct. 2007

Alfredo E. Calderón Gutiérrez 

Contador Tributarista 

Profesor universitario 

Dentro de las estrategias de planeación tributaria en Colombia, adquiere vital importancia el aprovechamiento de los beneficios fiscales previstos para ciertos presupuestos señalados expresamente por la ley. En este sentido, han cobrado gran relevancia los beneficios dados por las deducciones especiales, entendidas estas como aquellas situaciones en las que la ley permite disminuir la renta líquida de los contribuyentes, restándole a la renta bruta conceptos que normalmente no serían deducibles por no cumplir con los requisitos para la procedencia de las deducciones(1).

Con la Ley 863 del 2003, artículo 68, se introdujo al sistema jurídico un beneficio tributario que opera para el impuesto sobre la renta y complementarios, consistente en que las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta podrían deducir el 30% —actualmente el 40%— del valor de las inversiones efectivas realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos, aun cuando la adquisición se realice bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra(2). Al respecto, la ley señaló también que quienes se acojan a este beneficio no podrían acogerse al beneficio de auditoría previsto en el artículo 689-1 del estatuto tributario.

Así mismo, el artículo 8º de la Ley 1111 del 2006 modificó el beneficio anteriormente descrito, estableciendo básicamente un aumento en el porcentaje de la deducción —del 30% al 40% del valor de la inversión—, la extensión del beneficio obtenido a los socios o accionistas y unas limitaciones relacionadas con las operaciones entre vinculados y el sistema de depreciación aplicable a los activos amparados con el beneficio(3).

En resumen, los requisitos de ley que actualmente se encuentran vigentes para acceder a la deducción especial prevista en el artículo 158-3 del estatuto tributario(4) son los siguientes:

— Que la inversión la efectúen personas naturales y/o jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta.

— Que sean inversiones efectivas en la adquisición de activos fijos reales productivos, utilizando inclusive la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra.

— Que quienes hagan uso de esta deducción no se acojan al beneficio de auditoría previsto en el artículo 689-1 del estatuto tributario.

— Que la adquisición de los activos fijos no hayan sido objeto de transacción alguna entre las demás empresas filiales o vinculadas accionariamente o con la misma composición mayoritaria de accionistas y la declarante, en el evento en que las hubiere.

— Que se deprecien los activos fijos adquiridos, por el sistema de línea recta.

Respecto al segundo requisito mencionado, se ha entendido que la característica esencial para determinar la naturaleza de activos fijos reales productivos es su participación directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, es decir, se hace referencia a la utilización de los bienes y a su estrecha relación con los procesos de producción, manufactura, fabricación y comercialización, y a la utilización constante en los procesos generadores de renta(5).

Tal como se observa, la ley no previó limitaciones respecto al elemento espacial del hecho que genera el beneficio, de tal manera que no existen condicionamientos legales en cuanto al lugar donde se adquieran los activos fijos reales productivos, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos señalados en la ley, como, por ejemplo, que contribuya directamente a la actividad productora de renta del contribuyente.

No obstante, la DIAN ha señalado que no se cumple el requisito de participación directa y permanente en la actividad productora de renta, cuando los activos fijos son adquiridos por sucursales en el exterior de sociedades nacionales, y estos son utilizados para la producción de ingresos en tales sucursales(6).

En este sentido, conviene recordar la definición de sucursales prevista en el Código de Comercio, según la cual estas no son más que establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar tal sociedad. Bajo este contexto, queda claro que las sucursales en el exterior de una sociedad colombiana no constituyen una persona jurídica diferente a su principal.

De igual manera, debe destacarse que, de conformidad con el artículo 12 del estatuto tributario, las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen de fuentes fuera de Colombia. Siendo así, no habría justificación alguna para desconocer el aporte directo y permanente que sobre la actividad productora de renta pueden ejercer los activos fijos adquiridos por una sucursal en el exterior de una sociedad colombiana, máxime cuando las rentas que estas producen son declaradas y tributadas en Colombia.

Por otro lado, la DIAN cimentó su interpretación considerando que el beneficio concedido por la Ley 863 del 2003, ampliado por la Ley 1111 del 2006, tiende a promover el crecimiento económico del país mediante la inversión en activos fijos reales productivos, situación que no se presenta cuando la inversión se realiza en el exterior(7).

Al respecto, se observa que la DIAN optó por una interpretación en búsqueda de la finalidad de la norma, alejándose de su reiterada tesis, según la cual las disposiciones que prevén beneficios o tratamientos preferenciales deben ser interpretadas de manera restrictiva.

(1) E.T., art. 107 y ss.

(2) E.T., art. 158-3.

(3) Ibíd.

(4) Con la incorporación de la Ley 863 del 2003, el beneficio comenzó a aplicarse para los activos fijos adquiridos durante 2004 a 2007 inclusive. La modificación dada por la Ley 1111 del 2006 rige a partir del 1º de enero del 2007 y deja permanente su aplicación.

(5) C.E., Sec. Cuarta, Sent. abr. 24/2007. Exp. 15153. M.P. María Inés Ortiz Barbosa; DIAN, Conc. 21236, abr. 15/2005.

(6) DIAN, Conc. 27271, abr. 11/2007.

(7) Ibíd.