Delitos societarios. Breve reseña de los existentes en el derecho argentino

Revista Nº 55 Abr.-Jun. 2016

Esteban Rodríguez Eggers 

Abogado de la Universidad de Buenos Aires, Profesor de la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires y Doctorando en la misma universidad 

(Argentina) 

Sumario

Artículo dedicado al estudio de los delitos societarios o mercantiles en Argentina. Se pone de presente que el articulado de normas no está concentrado sino disperso (en el código penal y normas sancionatorias) y que se refiere tanto a los delitos en contra de los intereses de la sociedad, como a aquellos que, en desarrollo de la actividad mercantil, afectan a terceros. Se analizan las figuras de administración infiel, quiebra impropia, balance falso y autorizaciones indebidas, entre otras. 

Temas relacionados

Delitos societarios, delitos socioeconómicos, criminalidad en la empresa, administración desleal, quiebra, atentados contra la fe pública. 

Introducción

El fin de este trabajo es el de esbozar una mirada a la normativa que conforma el andamiaje legal para la sanción y represión de lo que se denomina, en la doctrina, delitos societarios o mercantiles.

Conviene comenzar diciendo que ellos no se encuentran comprendidos, únicamente, en el Código Penal sino que están diseminados en diferentes leyes que contienen disposiciones sancionatorias a su respecto y que tampoco existe un título cuyo bien jurídico tutelado sea el de la sociedad comercial. Así, en el código sustantivo se encuentran los artículos 173, 178, 300 —inciso 3º— y 301 que son aquellos que se acercan a esta problemática; mientras que las leyes 19.359 de régimen cambiario; la 20.680 de abastecimiento; la 20.840 de seguridad nacional; la 22.415 de código aduanero; la 23.737 de estupefacientes y la 24.769 penal tributaria contienen disposiciones que permiten completar el elenco de los denominados delitos de cuello blanco(1).

El conjunto de estas normas pretende alcanzar una completa tipificación de conductas ilícitas surgidas y propias del ámbito de las sociedades mercantiles que se aprovechan de la legislación tradicional para la comisión de hechos delictivos de carácter económico, sea tanto que los autores actúen contra la empresa o desde ella. Cabe destacar, en este sentido, que algunos doctrinarios sostienen que el Derecho penal alcanza sus fines a través de lo que denominan Derecho penal económico(2), cuando tutela a las correctas relaciones económicas provenientes de la actuación empresarial en la actividad comercial(3).

Así las cosas, se puede colegir de nuestro ordenamiento que existen dos formas de entender los delitos societarios; una referida a los actos cometidos en perjuicio de la sociedad y que suponen la infidelidad de sus órganos y otra relativa a las infracciones provenientes de las actividades comerciales y propias de la empresa.

La legislación de nuestro país, a diferencia de legislaciones más modernas como el Código Penal español, no contiene un capítulo referido especialmente a los delitos societarios(4). Así, entonces, resulta prudente avanzar en las normas del código de fondo que referencian y contienen infracciones de carácter social.

Infracciones societarias en el marco del Código Penal

Como ya se mencionara, no existe, en nuestro código, un capítulo que contenga las infracciones societarias como una unidad, por lo que debemos recorrerlo para ir encontrando tipos penales que —en la protección de otros bienes jurídicos— las alcancen. En ese orden de ideas, el propio profesor Bacigalupo sostenía que no podía hablarse de delitos societarios habida cuenta que no poseían un bien jurídico propio ni determinado(5). Reconociendo, únicamente, infracciones relacionadas con las acciones, con los balances, con los actos antiestatutarios y con la administración fraudulenta(6).

Resulta oportuno comenzar con la figura de la administración fraudulenta o administración infiel; prevista y reprimida en el inciso 7º del artículo 173 del Código Penal(7). Esta actividad ilícita presupone un acto de infidelidad de algún órgano societario para con la empresa. Algunos doctrinarios sostienen que es el verdadero delito societario; habida cuenta que lo considera como el anclaje para la comisión de otros ilícitos que afectarán a la sociedad(8).

Párrafo aparte conviene señalar previamente que, en nuestra legislación, la figura en cuestión puede ser utilizada para sancionar la afectación del patrimonio ajeno de un particular, como para penalizar la afectación del patrimonio de la sociedad que se administra. Ello porque se entiende al patrimonio en forma genérica; resultando aplicable el accionar de un administrador respecto de los bienes de la sociedad comercial a la cual pertenece(9). Lo cierto es que no existe razón para un tratamiento especial, cuando la infidelidad del administrador se realiza en el ámbito de una sociedad comercial; toda vez que siempre lo que se tutela es al patrimonio, independientemente del carácter singular o plural de quien resulte ser el sujeto administrado(10).

Administración infiel(11) 

El texto de la norma proviene de la Ley 17.567(12) y a simple vista puede afirmarse que corresponde un tipo de defraudación por abuso de confianza (recordemos que también pueden cometerse por fraude o por abuso de una situación) que se sustenta en una relación administrativa general anterior que se basa en el manejo de los intereses ajenos; cuyo origen tiene su fundamento en un acuerdo formal entre partes, en una disposición legal o en la ley. La expresión “(…) tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos (…)” permite no limitar el delito a los administradores solamente, permitiendo extender la responsabilidad a los albaceas, curadores, tutores o los miembros de un directorio.

La acción abusiva tiene dos columnas sobre las cuales se edifica el tipo penal; el primero, se yergue sobre la violación de deberes y, el segundo, sobre el perjuicio devenido de la creación abusiva de obligaciones. Es necesario, entonces, que ambos se encuentren entrelazados. La violación de deberes tiene su origen, como se adelantara, en el elemento que establece o determina la responsabilidad del manejo patrimonial ajeno, el cual puede provenir de cualquiera de las tres situaciones mencionadas. El perjuicio se manifestará una vez que se confronten los estados patrimoniales del administrado antes y después de los actos de quien los maneje. En consecuencia, para que exista administración infiel; la violación de los deberes debe consistir en obligar abusivamente en forma patrimonial al administrado o perjudicar sus intereses.

Claro está, entonces, que el delito contiene un presupuesto que es el poder que se detenta respecto de cuestiones patrimoniales ajenas y que puede provenir del manejo de determinados bienes o intereses, el uso o usufructo de ellos, o pueden resultar del cuidado de esos bienes o intereses(13). Solo puede ser autor quien maneja, administra o custodia intereses o bienes ajenos de carácter patrimonial.

Si se trata de una violación de deberes, estos deben estar definidos en el origen de la designación como administrador, sea por acto jurídico, disposición legal o de autoridad. Por consiguiente, los actos defraudatorios pueden resultar a través de acciones no permitidas o ilícitas o por omisiones que resulten ser incumplimiento de sus funciones en los intereses confiados. Esto conduce a entender que existen tres maneras diferentes de consumar el ilícito en cuestión(14). Por alzamiento, por la negativa de rendir cuentas o por rendirlas falsamente. El primero se trata del abandono de la función de administrador, el segundo no cumplir con el deber de la rendición y el tercero con no manifestar la verdad sobre los intereses confiados. Para Creus y Buompadre no es necesario, como paso previo, la rendición de cuentas si el perjuicio es manifiesto o surge de otros elementos(15).

De la lectura del tipo penal se desprende, además, un aspecto de carácter subjetivo que presenta una doble dirección. Por un lado debe estar encaminado a lograr un beneficio ilegítimo para sí o para un tercero y, por otro, debe generar un perjuicio patrimonial sobre bienes o intereses que le fueron confiados.

Sentado todo esto, se vuelve a afirmar la falta de necesidad de que exista una norma que contemple especialmente la administración fraudulenta que perjudique a un ente societario. Ello, en razón de que lo único que ha de necesitarse es el vínculo de fidelidad entre el administrador y la sociedad comercial; o dicho de otro modo el actor debe cumplir con sus deberes de manera tal que la sociedad no tenga impedimento alguno en alcanzar sus fines en el mundo empresarial(16). Debe dejarse claro, entonces, que la violación del deber de fidelidad es la forma con que se vulnera al bien jurídico. Esto no solo alcanza a un régimen legal como el argentino que no distingue entre la administración infiel a un particular o a una sociedad comercial; sino también a los que reconocen como bien jurídico especial a las sociedades comerciales, por caso el español (de allí lo de delitos societarios). En este sentido, según Faraldo Cabana el vínculo de fidelidad es un valor que no es afectado sino un medio para lesionar(17). En cualquiera de los sistemas la administración debe lograr su buen funcionamiento.

Conviene hacer un alto y recordar que España tiene un bien jurídico especial en el cual están protegidas las sociedades comerciales, fundamentalmente, por la visión que a ellas se les pretende asignar en la realidad cotidiana. González Rus sostiene que el bien jurídico protegido en el título Delitos Societarios no solo se encuentra contemplado el patrimonio de los bienes de los administrados, sino que también lo está el correcto desarrollo social(18). Este doble estándar es el que se reconoce en este bien jurídico del código español; el cual comprende un elemento singular, comprensivo del concreto patrimonio societario, y otro general, contenedor del correcto tráfico mercantil.

Quiebra impropia(19) 

Se trata de acciones cometidas por miembros o integrantes de una sociedad comercial o de una persona jurídica que ejerza el comercio que hubiera participado en modo alguno en los delitos de quiebra fraudulenta o culposa (arts. 176 y 177, respectivamente). Según Soler(20) la norma es consecuencia del hecho que las personas jurídicas no pueden delinquir. Se trata de una figura de antigua data habida cuenta que, más allá de algún agregado, proviene del Proyecto de 1891 en consonancia con el viejo y desaparecido artículo 337 del Código de Comercio que establecía el principio de responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas.

En ese sentido, Soler transcribe en la obra mencionada(21) lo expresado por la Comisión interviniente en el citado proyecto: “(…) Esta misma responsabilidad —dice la Comisión— es la que funda la (ley) penal. Los actos de fraude o de culpa no son actos de las personas jurídicas a las cuales no se les puede imputar un acto de fraude o culpa. La persona jurídica es una entidad ideal contra la cual no puede entablarse acciones criminales, conforme la prescripción del artículo 43 del Código Civil, son la obra de sus representantes y es necesario que la represión caiga sobre estos, como el Código de Comercio lo establece en el artículo 1606 (…)” (página 168 del Proyecto).

Como primera mirada al artículo debe señalarse que no establece presunciones de autoría para quienes integra la empresa en cuestión; sino que, claramente, limita la responsabilidad al “que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores”. Cabe destacar que la ley no hace distingo en la finalidad de los actos cuestionados, es decir, no diferencia si las acciones han sido cometidas en interés de la empresa o en provecho propio. Aquí resulta conveniente recordar que, al no tener un bien jurídico específico que proteja a la sociedad comercial en forma puntual, las disposiciones que se vinculan con los denominados delitos societarios se encuentran dispersas entre el código sustantivo y las leyes especiales; motivo por el cual, no se reconocen en tales esa diferencia(22).

La importancia de la figura radica, además de los delitos cometidos a través de la fachada de la empresa, en la situación en que se encuentra una sociedad al momento de su concurso o quiebra; en especial, en la inteligencia que de no existir la citada disposición, no podrían ser abarcados por las disposiciones de los artículos 176 y 177 los directores, los síndicos, los administradores, los miembros de la comisión fiscalizadora o los gerentes de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o los contadores o tenedores de libros de los mismos puesto que no son la persona quebrada, ni socios quebrados de la quiebra de que se trate(23).

Con relación a las sociedades quedan excluidas las sociedades no comerciales y las sociedades comerciales colectivas o en comandita que carezcan de personería; habida cuenta que sus socios son comerciantes. Resultando entonces que las sociedades que pueden ser alcanzadas resultan ser; la comercial, la persona jurídica que ejerza el comercio, el banco u entidad financiera con proceso de liquidación sin quiebra y la cooperativa o mutual.

Sentado ello, lo cierto es que la disposición del artículo 178 reenvía a las acciones previstas en los artículos 176 y 177; motivo por el cual, aunque sea brevemente se deberán analizar tales figuras delictivas.

Respecto del bien jurídico que se tutela resulta ser el mismo; esto es, conforme Creus y Buontempo, aquello que se pretende preservar, “(…) la incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores, procurando que ellos puedan cobrar sus deudas, ejecutando los bienes que lo componen, en igualdad de condiciones con los otros acreedores (…)(24).

En el primero de ellos se puede afirmar que se trata de una serie de actos del quebrado que se agrupan en un solo tipo(25). En consecuencia, cualquiera de las acciones descritas en los tres incisos enunciados deben de haber sido cometidos por los sujetos antes mencionados (directores, síndicos, etc.) alcanzando de esta forma a la sociedad quebrada. La ley vigente requiere, para este artículo, la declaración de quiebra existente como primer elemento sustancial que lo convierte en una condición objetiva de punibilidad.

Por otra parte, la ley señala que las tres acciones que se referencian deben ser cometidas en fraude a sus acreedores; es decir, engañándolos por medio del cual se simula o aumenta el pasivo, se disminuye el acervo patrimonial o beneficio a algún acreedor respecto de otro. El esquema de acciones que constituye el engaño es el de simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; no justificar la salida de bienes que debiera tener y conceder ventajas a algunos acreedores sobre otros.

Si bien la ley comercial actual en materia de concursos y quiebras, la 24.522, no contiene una calificación de conducta tal como lo hacía la Ley 19.551, el Código Penal continúa con la construcción esquemática a partir de la quiebra fraudulenta y la quiebra culpable.

Antes de continuar, y sin perjuicio de lo expresado arriba, algunos autores, para el caso Soler, entiende que en el de la figura del artículo 177 resulta un error denominarla quiebra culposa. Sostiene que es lógico que el crimen previsto en el artículo 176 se denomine quiebra fraudulenta habida cuenta que los actos llevados adelante por el agente son cometidos en fraude a sus acreedores; creando así un simulado estado de insolvencia, por lo menos, mayor al real. En cambio, en el tipo del artículo 177 lo que existe es un real estado de insolvencia que surge como consecuencia del manejo temerario o descuidado del responsable. Es decir, que la imprudencia es la generadora de insolvencia(26).

Continuando con la figura prevista y reprimida en el artículo 177(27) se puede comenzar diciendo que hace referencia a la negligencia o imprudencia del comerciante quebrado (para los efectos que nos ocupa cualquiera de los actores de la sociedad comercial). La acción se remite a causar la propia quiebra por medio de cualquier acto que manifieste uno de dos comportamientos. Es decir, que las formas detalladas al inicio “gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios” son meros actos enunciativos. Respecto de los gastos excesivos se deberán entender como aquellas erogaciones que, por su forma y contenido, resulten manifiestamente irrazonables en relación con el capital social y las utilidades que la empresa obtiene. Por su parte, las especulaciones ruinosas se tratan de aquellos actos u operaciones que tengan como fin una ganancia basada en un riesgo extraordinario o fuera de lo común. El juego hace referencia a cualquier actividad que se funde en el azar o en la confrontación de habilidades que tenga como fundamento un resultado económico. Respecto del abandono de los negocios debe entendérselo como el descuido por la actividad de la empresa que conlleva al naufragio de ella.

Como consecuencia de lo señalado en el párrafo que antecede es dable manifestar que debe existir una relación de causalidad entre los actos irresponsables y la quiebra para que se consuma esta figura culposa.

Balance falso(28) 

Esta conducta penal se encuentra ubicada geográficamente en el código sustantivo en el título Delitos contra la fe pública en el capítulo De los fraudes a la industria y al comercio. De tal manera queda claro que el bien jurídico protegido es la fe pública; entendiéndola como el estado de veracidad y de confianza atribuida a determinados instrumentos públicos que tienen, en sí mismos, fuerza probatoria hasta tanto se demuestre su falsedad. Por consiguiente, las ofensas al bien jurídico consistirán en hacer aparecer como verdaderos documentos que no lo son o, que sí lo son, el contenido de ellos miente sobre la verdad de lo que describen. Es decir, que los instrumentos son los afectados a través de su adulteración, supresión, etc. se trata de títulos que son valederos erga omnes.

Así las cosas, se puede seguir avanzando en la cuestión diciendo que, de la lectura general del título, las acciones contenidas recaen sobre objetos o instrumentos que, sea por el reconocimiento que el Estado les ha otorgado o porque se les concede un estatus especial constituyen la fe pública. Los primeros son los instrumentos públicos (moneda, documentos de identidad, etc.) y los segundos los instrumentos privados (títulos de circulación, balances, etc.).

En consecuencia, la confianza general en la autenticidad y la veracidad de determinados instrumentos es lo que se encuentra inmediatamente detrás de la fe pública. De esta forma, a partir de la protección de los objetos materiales (documentos) se alcanza la protección del bien jurídico postulado.

Párrafo aparte, es importante señalar que existen diferentes posturas relativas a la interpretación concreta de aquello que contiene la expresión fe pública y que, como tales, escapan al contenido del presente trabajo. Sin embargo, se puede señalar que hay autores que consideran que la tutela se basa, exclusivamente, en la autenticidad de los instrumentos; otros en la confianza que la sociedad tiene respecto de esos instrumentos. Quizá, la más desarrollada es la que interpreta a la expresión en un sentido dual; tomando ambas corrientes. De esta forma, el Estado en su carácter de regulador de las relaciones, tanto con los particulares como entre ellos, reconoce la validez especial a determinados instrumentos que resultan ser incontrastables y que la sociedad siguiendo esa decisión acata como verdaderos. Es entonces que el reconocimiento estatal de esos elementos es acompañado por la confianza que la sociedad deposita en ellos. Un doble juego.

Entrando ya en el contenido de la norma, cabe señalar que el tipo actual del inciso 2º (hasta la sanción de la Ley 26.733, B.O. el 28/12/2011 era el inciso 3º) fue introducido en el código por medio de la Ley 17.567. De la redacción vigente se puede colegir que el tipo penal establece dos situaciones o delitos diferentes; el balance falso y el informe falso.

Obviamente, las acciones atacan a la fe pública pero, especialmente, a la fe pública comercial representada por medio de las relaciones que existen entre los comerciantes; habida cuenta que adultera la veracidad de signos de confianza que se vinculan al correcto funcionamiento del tráfico mercantil. Siendo ello así, la figura no protege la propiedad de la empresa, ni siquiera requiere un perjuicio patrimonial; ello, en razón de que lo se protege es la confianza y, por ende, la norma alcanza la forma de delito de peligro abstracto. Por ello, las acciones que se describen están encaminadas a lograr contar con una información veraz y acorde con la realidad de la empresa, tanto para los socios, como los terceros.

En relación con el primero de los delitos, está claro que las acciones resultan ser publicar, autorizar o certificar cualquiera de los objetos del delito que se encuentran descritos de manera estricta; inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias. De esta forma, publicar se debe entender como el poner en conocimiento de quien corresponda, conforme las disposiciones de la ley cualquiera de dichos objetos. Por su parte, autorizar corresponde a quien encontrándose facultado (por la ley o por los estatutos de la sociedad) consiente cualquiera de los objetos con falsedad. Finalmente, por certificar resulta de la actividad del que estando autorizado a corroborar la veracidad (dar fe de ella) lo hace en conocimiento de su falsedad.

Volviendo a los objetos del delito brevemente podemos decir que los inventarios son las listas que describen los bienes de la empresa; los balances enuncian tanto los activos como los pasivos del patrimonio social; los informes son los actos por los cuales se anoticia al directorio o a los socios de la vida de la empresa que se trate; las actas son los instrumentos por los que se deja constancia de lo sucedido en las reuniones del directorio o de las asambleas y memorias son los asientos de la actividad social.

En consecuencia, la acción resulta ser típica cuando se publica, certifica o autoriza alguno de los objetos en cuestión, sabiendo que el mismo es falso o incompleto y, además, está destinado a un número indeterminado de personas o, al menos, a los integrantes de la sociedad.

Nuevamente nos encontramos frente a un tipo penal especial; ya que únicamente pueden cometer las acciones descritas el fundador, el director, el administrador, el liquidador o síndico de una sociedad comercial. Ellos deben actuar con dolo, puesto que se necesita que los actos sean llevados adelante en conocimiento de que su contenido es falso.

Es necesario mencionar que lo que se pretende del balance, en términos contables y para los fines del delito en cuestión, es que él debe responder razonablemente por las ganancias y pérdidas de una empresa en un lapso de tiempo determinado, no a la exactitud de las cifras. Es decir, debe reportar razonablemente el estado económico social en un espacio de tiempo determinado.

Por último, se puede concluir que la figura del balance falso es el que conscientemente no se encuentra ajustado a la realidad de la actividad mercantil de la sociedad; ya sea porque resultan falsos los informes o están incompletos; reportando, en consecuencia, una situación económica financiera irreal o inexacta. También puede ser porque existen tergiversaciones en las cifras o se describen valores ficticios.

En cuanto al informe falso, la acción consiste en dar a conocer a la asamblea o reunión de socios, noticias falsas, reticentes o inexactas sabiendo que lo son. Sobre este particular la doctrina acuerda que debe tratarse de hechos importantes que influyan y permitan apreciar la verdadera situación económica de la sociedad y, por consiguiente, que tengan entidad tal para influir en las decisiones de la empresa(29). Siguiendo las consideraciones mencionadas respecto del balance falso, solo pueden ser autores quienes poseen la calidad de fundador o de director o de administrador o de liquidador o de síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva.

Autorizaciones indebidas(30) 

Si bien existen algunos esbozos en los proyectos de 1891 y en el Código de 1921, la figura tal como la conocemos proviene de la Ley 17.567 (en ella se incluyó al liquidador entre los sujetos activos). También se trata de un delito de los correspondientes al título que protege a la fe pública. Es allí donde comienza su cuestionamiento habida cuenta que a simple vista parecería que las acciones que describe este injusto penal resultarían ser actos preparatorios para la administración fraudulenta.

Es entonces que la ubicación geográfica del artículo en el código podría ser cuestionable; toda vez que resulta complicado entender que sea la fe pública el bien que se vulnera mediante la comisión del ilícito en referencia. El profesor Donna fundamenta tal inclusión sosteniendo que dentro de la fe pública lo que se intenta proteger es la seguridad en el tráfico jurídico(31). Lo cierto es que resulta difícil visualizar que sea la confianza social, depositada en el desarrollo del comercio y de la industria, la que se vea atacada: a menos que se trate de unos pocos sujetos determinados como podrían ser los acreedores, los deudores u accionistas relacionados o vinculados entre sí.

A esta altura, entonces, se puede entender que el bien jurídico tutelado —más allá de la fe pública— no resulta muy claro, las acciones descritas se emparentan, de alguna manera con la administración fraudulenta, tipo penal al que me refiriera más arriba. Por ende, la figura está trazada sobre la base de un concepto pluriofensivo, como lo destaca Navarro(32) donde primero debe afectarse la fe pública.

De esto último, se puede colegir que los dos actos detallados en este artículo 301 se deben concebir con una visión dinámica del Derecho que distinga las acciones que afectan a la propiedad individual de aquellas que menoscaben los patrimonios de las empresas. Esta línea argumentativa se condice con quienes reconocen un bien jurídico que tutele al patrimonio y a la economía pública en forma aislada —delitos societarios—; a lo cual para poder adoptarlo a nuestro sistema se debe entender que además de ello; la confianza pública (fe pública) comprende al normal y honesto desarrollo de la economía empresarial y de su tráfico comercial. Motivo por el cual si se coopera o se presta un concurso para fines distintos a los de la ley o diferentes a sus estatutos se atenta contra el bien jurídico rector que es la fe pública.

Respecto de la relación entre la administración infiel y la figura en cuestión se puede entender que la primera es exclusivamente relativa a la ofensa patrimonial que sufre el administrado; mientras que en las conductas de prestación de concurso o consentimiento a actos ilegales o antiestatutarios se lesiona el bien jurídico patrimonio de las personas directamente vinculadas con el objeto social del ente y, además, a la confianza de dichos sujetos en el correcto desarrollo del tráfico mercantil.

Se puede continuar diciendo que la norma reconoce dos acciones diferentes; la primera, prestar el concurso y, la segunda, consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos. Con relación a prestar el concurso se debe entender la acción de cooperar facilitando el concurso de la empresa para que otro realice actos contrarios a la ley o la propia conformación legal de la sociedad. Si se habla de prestar la acción determinante para la consumación de un daño debe ser realizada por otro; con lo que si bien podría solucionarse la cuestión con las reglas de la participación de la parte general se está estableciendo el grado de autor a quien colabora con un acto contrario a la ley o estatuto del que puede producirse algún perjuicio. En consecuencia, puede tratarse de un acto positivo o negativo; esto es, la acción puede llevarse adelante por acción o por omisión.

El elemento subjetivo que reclama el artículo está vinculado con que la cooperación o el consentimiento sea producido en el conocimiento de que la acción es contraria a la ley y/o a los estatutos sociales. Asimismo, es condición necesaria que de tales actos pueda resultar un perjuicio.

Puntualmente, respecto del consentir hay que señalar que se trata de una figura demasiado abierta, si se respeta el principio de taxatividad legal e interpretativa, por lo que para la consumación de la acción será necesario que el consentimiento se encuentre dentro de las esferas de competencia del sujeto de que se trate. Esto coincide, además, con que se trata de un ilícito de carácter especial que solo algunos lo pueden cometer (director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva)(33). En suma pareciera ser que, a través de la acción se pretende congelar el acto preparatorio de la administración fraudulenta, convirtiéndola en subsidiaria; máxime aun, cuando el artículo 301 cierra su contenido con la expresión “(…) siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado (…)”.

Ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario)(34) 

El control cambiario en nuestro país tiene su génesis en la década del treinta con motivo del desmejoramiento de la economía mundial que importó un grave retroceso de las divisas nacionales con relación al dólar estadounidense; es así como el decreto ley del 10 de octubre de 1931 establecía un régimen especial en la materia. Haciendo un alto es importante mencionar que, como lo sostienen Abelleyra y Vázquez Acuña “(…) el régimen de control de cambios es una de las herramientas de política económica que ha sido aplicada con múltiples objetivos macroeconómicos (que usualmente coexisten o se vinculan los unos con los otros), entre los que se destacan la estabilidad del tipo de cambio, el equilibrio de la balanza comercial o de capitales, la necesidad de obtener ingresos fiscales y la implementación de políticas comerciales vinculadas a la sustitución de importaciones (…)(35). Es, entonces, a partir de esos conceptos donde se justifica la sanción del régimen penal en materia de política cambiaria.

Más allá de señalar el origen histórico de la ley en cuestión(36), cuando se habla de una norma de carácter penal que no se encuentra en el código sustantivo, es necesario establecer con certeza aquello que resulta ser el bien jurídico que se intenta salvaguardar. Es en este sentido que la referenciada norma tiene su respaldo en lo que doctrinariamente se denomina como orden público económico. Es entonces que, como punto de partida, se puede reconocer a este instituto como la recta ordenación de los diferentes elementos sociales en su dimensión económica —públicos y privados— que integran la comunidad, de la manera que esta última estime valiosa para la obtención de su mejor desempeño en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre(37). De esta forma, se puede sostener que la política cambiaria de un Estado se encuentra comprendida dentro del referido sistema y que su establecimiento está dirigido a proteger el valor de la moneda y la seguridad-transparencia de las transacciones internacionales. Esto encuentra respaldo en lo sostenido por la Sala 1ª de la Cámara Federal La Plata en los autos “Parodi agropecuaria” cuando entiende que “(…) el bien jurídico protegido por el Régimen Penal Cambiario es el mercado y su control cambiario, es trascendente para la economía del país, asegurándose el Estado el monopolio de las relaciones monetarias con el exterior, de manera que el objeto resulta ser el de (…) proteger la moneda y regular las importaciones de modo que su infracción causa un daño consistente en la perturbación y obstaculización de la política económica y financiera del Estado (…) (Fallos: 320:763) (…)(38).

Párrafo aparte, hay que dejar sentado que se trata de una norma que no ha recibido pocas críticas, en especial, porque para su construcción los principios del derecho común han sufrido una distorsión habida cuenta del bien protegido. En la exposición de motivos de la ley, concretamente, se manifestó que fue necesario el apartamiento de los principios penales comunes en razón de la “(…) trascendencia económico social que los delitos cambiarios importan para los intereses públicos y la magnitud de los perjuicios que de ellos se derivan (…)(39). Esta situación encuentra sustento en que se establece que el bien jurídico tutelado requiere de una protección especial para alcanzar un verdadero resguardo, formando principios penales más severos y estrictos; es de ahí que se habla de una “administrativización del derecho penal”. Maurach lo explica sosteniendo que con el nacimiento del siglo XX se ha producido “(…) (una) creciente actividad administrativa del Estado, cuya ejecución práctica no podía realizarse sin contar con medios coactivos, demostró la urgente necesidad de separar el Derecho Penal Administrativo Especial del ámbito del Derecho Penal propiamente dicho (…)(40).

Sentado ello y avanzando sobre el contenido de la ley, se puede señalar que ella resulta ser un claro exponente de una ley penal en blanco, es decir, aquella norma que “(…) se limita a referir la pena a un género de infracciones que deben ser configuradas específicamente por otro cuerpo legal (ley, reglamento, ordenanza, decreto) que por lo general se refiere a una materia de carácter especial (…)(41). En consecuencia, resulta imperioso recurrir a otra norma para poder satisfacer el requisito de tipicidad y, por ende, al principio de legalidad. Específicamente, en esta ley el legislador ha dejado en manos del Banco Central de la República Argentina(42) el control cambiario.

Respecto de las potestades del banco mencionado, conforme se desprende de la ley, ellas resultan ser extensas y casi ilimitadas. Ejemplo de esto resulta: el Banco Central(43) puede requerir informes, citar a comparecer a quien crea conveniente, requerir a los tribunales competentes órdenes de allanamiento para secuestrar, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas, realizar peritaciones (art. 5º); si alguno de los organismos o entidades que intervengan en el trámite o fiscalización de las operaciones de cambio diera intervención a la entidad por la posible existencia de alguna infracción, ella resolverá qué hacer con las actuaciones que se labraran (art. 6º); etc.

Antes de profundizar, en relación con las acciones punitivas descritas por la ley, conviene delimitar quiénes son aquellos que pueden incurrir en ellas; ya que también estamos frente a un tipo penal especial.

La norma dispone que aquellos que pueden tener responsabilidad por los tipos penales que relata sean los directores, los representantes legales, los mandatarios, los gerentes, los síndicos o los miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal. Ahora bien, la condición para tal responsabilidad surgirá, únicamente, si el suceso de que se trate haya sido realizado con medios o recursos de la sociedad de forma tal que el delito aparezca realizado a través del uso de su nombre, con su ayuda o en beneficio de ella. Asimismo, en el ámbito administrativo (en la actividad cambiaria) la persona jurídica puede ser sancionada, inclusive, con la cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios.

Las acciones punibles se encuentran descritas en el artículo 1º en sus seis incisos que resultan ser:

a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones. Se configura la acción cuando se realiza una operación de cambio sin la intervención de una entidad autorizada para ello. Quedan comprendidas todas las operaciones que respondan a un contrato de cambio sea cual fuere su forma (billete o divisa). De esta manera quedan fuera aquellas operaciones que versen sobre el cumplimiento de una obligación extranjera que no sea un contrato de cambio(44).

b) Operar en cambios sin estar autorizado para tal efecto. Trátase de la situación en la que quien no estando debidamente autorizado realiza contratos de cambio en forma habitual(45).

c) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. A través de la falsa declaración se impide que el Banco Central efectúe el correspondiente contralor. Debe tratarse de una falsedad material (falsedad ideológica) realizada en la correspondiente documentación que acredita la operación cambiaria.

d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas. Se consuma por medio de la omisión de quien se encuentra obligado a efectuar rectificaciones y reajustes en cualquier operación de cambio. Lo que existe en este caso es un deber actuar y al no hacerlo se materializa el tipo omisivo.

e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor. En esta se sanciona la realización de operaciones que se practiquen por la cantidad, la divisa o la cotización prevista. Solo puede consumarla quien está autorizado a realizar operaciones cambiarias; pues de no ser así la infracción correspondería a la descrita en la letra a.

f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios. Este acápite es bastante cuestionable ya que no describe ninguna acción típica que permita establecer cuál es el verbo típico; con lo cual afecta claramente el principio de legalidad.

Otra de las críticas que se realiza sobre el régimen que establece la ley es que determina la inaplicabilidad de la ley penal más benigna (art. 20)(46); contradiciendo de esta forma al principio sustentado en el artículo 2º del Código Penal, “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. Para solucionar esta controversia se echa mano al argumento que las normas penales en materia cambiaria surgen como consecuencia de situaciones excepcionales lo cual necesita que se prolonguen en el tiempo por un lapso para alcanzar su buscada eficacia.

Ley 20.680 (abastecimiento)(47)

Originalmente, la ley fue dictada en junio del año 1974 y modificada más de veinte veces. Su ámbito de aplicación se desprende del artículo 1º; el cual establece que la misma regirá respecto de la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento; así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directa o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

En esa inteligencia, las acciones que la ley establece como plausibles de sanción, resultan ser:

a) Aumentar los precios de los referidos bienes, en forma artificial o injustificadamente. Por tal se entenderá cuando tal incremento no corresponda con el aumento de los costos o cuando se busque una ganancia abusiva.

b) Cuando sin la autorización expresa de la autoridad de aplicación se procediera a revaluar existencias.

c) Se acopien materias primas o productos en forma monopólica o se formaren existencias superiores a las necesarias que no respondan a planes habituales de producción o de demanda.

d) Se creen etapas intermedias en la distribución y comercialización en forma artificial.

e) Se realice cualquier acto destinado a hacer escasear la producción, la venta o el transporte; sea que tenga como origen o no una intención monopólica.

f) Se limite en forma injustificada la venta de bienes o la prestación de un servicio o redujeren o, en su caso, no la incrementaran; sin causa justificada, pese a haber sido debidamente intimados por la autoridad. Todo ello, si se tiene capacidad para cumplir con la demanda.

g) Intencionalmente y sin una causa justificada se desviare o se discontinúe el abastecimiento normal y habitual de una zona o sector determinado.

h) No se cumpliera con la producción o con los servicios con niveles de precios —máximos y mínimos— o márgenes de utilidad fijados que fueran establecidos, sin justificación, conforme el ramo, habitualidad, situación del mercado y demás circunstancias de cada caso.

i) Se omita cumplir con la entrega de la factura o comprobante de venta prevista en la ley o se llevara adelante una actividad diferente de la establecida en los registros y licencias correspondientes.

j) No se cumpla cualquiera de las disposiciones de la autoridad.

En atención a lo mencionado, se puede concluir que el bien jurídico tutelado a través de la ley es el normal abastecimiento y distribución de bienes y servicios en condiciones de calidad y precio razonable. Entendiéndose que la modalidad utilizada para tal protección es la regulación a los capitales con poder monopólico y con capacidad de abuso sobre los consumidores y competidores menores.

Ahora bien, resulta claro que las acciones mencionadas están destinadas a ser cometidas a través o por medio de una persona jurídica; por esto el artículo 8º, tomando como punto de partida tal circunstancia, dispone que los hechos se hubieran realizado en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad se le reconocerá calidad de parte. Ello se traduce en que, independientemente de la responsabilidad penal de los autores, en el caso en que una empresa hubiera sido el medio para realizar cualquiera de dichas actividades ilícitas, se la podrá sancionar —en forma complementaria— con la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubieran acordado previamente para el desarrollo de su actividad comercial(48).

En cuanto a la responsabilidad individual de los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades se establece que podrán ser sancionados con multa de quinientos a diez millones de pesos; pudiéndose disminuir a la cuarta parte los límites mínimos y máximos si hubieran obrado con dolo o culpa grave.

Ley 22.415 (Código Aduanero)(49) 

Resulta claro que el Código Aduanero es el conjunto de normas y procedimientos que regulan las actividades comerciales de un país con el resto del mundo; facilitando, de esta forma, la administración de sus aduanas, su campo de aplicación, su transparencia y las definiciones y disposiciones básicas emanadas del Derecho. En esa inteligencia, establece quiénes son los sujetos, las disposiciones relativas a la importación y a la exportación.

La norma quedó incorporada en nuestro compendio legal por medio de la Ley 22.415: habiendo entrado en vigencia el 24 de septiembre de 1981. Las disposiciones penales se encuentran mencionadas entre los artículos 860 y 1183; diferenciando los delitos aduaneros de las infracciones aduaneras(50).

Antes de analizar las conductas reprochadas como delitos en el compendio legal en cuestión; es conveniente hacer un alto y enfocar el análisis en el bien jurídico que se pretende proteger. Por lo pronto, el Código Aduanero se aparta de aquellos criterios (hoy obsoletos) que consideraban a las infracciones en la materia como mixtas(51), entendiéndolas como netamente penales. Pese a ello, del armonioso juego de sus normas se debe colegir que, a través del artículo 861(52) se establece un sistema cerrado que aplica los principios generales del derecho penal si las propias soluciones de la ley no pueden aplicarse. Si bien no es unánime, la doctrina tiende a entender al bien jurídico como el adecuado control del tráfico internacional de mercadería llevado adelante por las aduanas nacionales. Ahora bien, echando ojo en las elevadas penas que sancionan las figuras que la ley entroniza, parecería que el solo efectivo control no alcanza como bien único a proteger. De esta manera, se puede aseverar que en definitiva ese control aduanero, que permite establecer que es aquello que puede o no ingresar a un Estado, es en realidad un figura de contención que trata de proteger a otros bienes o intereses superiores, como la salud, la seguridad, la economía, etc. En consecuencia, lo que se trata de tutelar es una serie de bienes supraindividuales que tienen un marcado corte colectivo. Para la Organización Mundial de Aduanas(53) el contrabando (figura central de los delitos aduaneros) es un fraude que tiene como fundamento dos acciones diferentes, cualquier evasión o intento de evasión del pago de los derechos aduaneros (aranceles) establecidos para determinadas mercaderías y/o cualquier evasión o intento de evasión de la prohibición o restricción del ingreso o egreso de un producto determinado. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio(54) lo reconoce como un fraude comercial.

Ahora bien, de la lectura de la ley se puede concluir que dentro de los delitos aduaneros existe una figura excluyente, el contrabando(55). Se entiende que existe un delito societario en materia aduanera cuando a través de, o, como beneficio para una persona de existencia ideal se lleva adelante alguno de los ilícitos en cuestión. Es así como las sociedades son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las penas pecuniarias que correspondieran a estos por los delitos aduaneros que cometieran en ejercicio o con ocasión de sus funciones (art. 887) y, en tal consonancia, los directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con la empresa en el importe de las penas pecuniarias que se hubieran impuesto (art. 888).

Sentado ello, es necesario continuar con una breve descripción de cuáles son las acciones que el mencionado compendio legal establece.

Cinco son los artículos que delimitan la extensión de las acciones que, a través de diferentes actos, completan la compleja imagen del contrabando. El primero de ellos establece una figura destinada a sancionar la intromisión de un particular en el sistema de control aduanero sobre importaciones y exportaciones. Puede tratarse de cualquier tipo de acto —acción u omisión— con ardid o engaño (recuérdese que se trata de un fraude comercial) que solo se consuma con impedir o dificultar ese debido control (art. 863). Debe hacerse notar que se trata de un delito penal en blanco o de tipo abierto, en razón de que se turban las leyes que acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.

La segunda de las normas describe diferentes acciones con diversos niveles de complejidad. Efectivamente, el artículo 864 se presenta con cinco incisos que se describen desde la letra a) hasta la e), inclusive. De esta forma se establece que resulta delito el importar o exportar mercadería fuera de los horarios y de los lugares que se encuentren sin la habilitación correspondiente; la desviación de la mercadería, que se va a importar o exportar, de las rutas determinadas evitando de esa manera el debido control aduanero y quien de cualquier forma la sustrajere de ese control (inc. a)). El impedir o dificultar el debido control aduanero o fiscal, sea por acción u omisión, de mercadería destinada a ser importada o exportada incurre también en el delito de contrabando (inc. b)). También se configura el evento cuando el autor, con el fin de alcanzar un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al debido, presenta ante el servicio de control aduanero una autorización especial, una licencia de carácter arancelaria o un certificado que contravengan las disposiciones vigentes en la materia. Nuevamente, nos encontramos ante una figura penal abierta (inc. c)). Así como la acción descrita recientemente alude la documentación que busca alcanzar un beneficio indebido, la conducta que se enuncia en el inciso d) recae sobre la mercadería que se pretende exportar o importar. En efecto, el delito logra su consumación cuando se oculta, se disminuye, se sustituye o se desvía —sea en forma parcial o total— del control aduanero que correspondiere. El último de los incisos del artículo, el identificado con la letra e); recae sobre la simulación de cualquier operación aduanera, sea para importar o exportar, con el fin de lograr una ganancia de carácter económica.

Los tres artículos restantes resultan ser las figuras agravadas. En el caso de los artículos 866 y 867 el aumento de penalidad está relacionado con la peligrosidad del material que se intentar importar o exportar. En ambos casos la ley detalla puntualmente cuáles son las mercancías que reconoce peligrosas. Los estupefacientes en cualquier etapa de elaboración corresponden a la primera de las normas mencionadas; mientras que los elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure delito al que correspondiere una pena mayor, corresponden al segundo artículo.

Finalmente, el artículo 865 contenedor de los agravantes generales, establece que las penas de figuras de los artículos 863 y 864 serán calificadas cuando intervinieren tres o más personas en el evento(56); cuando interviniere un funcionario público en ocasión de estar ejerciendo sus funciones; cuando la mercaría afectada tenga un valor igual o mayor a tres millones de pesos; se cometiere con violencia en las personas o fuerza en las cosas; se tratare de elementos cuya importación o exportación estuviera prohibida; se utilizare documentación falsa; se realizare mediante un transporte aéreo que actúe en rutas clandestinas o el agente tenga la calidad de autoridad de prevención.

Ley 23.737 (estupefacientes)(57)

Sabido es que la ley en cuestión tiene como bien jurídico protegido a la salud pública, esto es al estado sanitario colectivo. Sin duda se trata de una ley que sigue los parámetros de protección de los delitos de peligro abstracto que se consuman con el mero riesgo para el bien jurídico que se intenta blindar. De allí que la simple posibilidad de lesión es la generadora de la respuesta penal. Sobre el supuesto Roxin señala “(…) castiga una conducta típicamente peligrosa como tal sin que en el caso concreto tenga que haberse producido un resultado de puesta en peligro (…)(58). Sobre esto, se puede decir, brevemente, que la fuerte crítica que ha recibido este tipo de delitos proviene de la falta de afectación al principio de lesividad(59).

Respecto del ingreso de la ley a la categoría de delitos societarios, cabe referirse que tal acceso proviene de lo establecido en el artículo 27, pero no en el sentido de la responsabilidad de la sociedad (si bien las personas jurídicas no pueden delinquir conforme el principio societas delinquere non potest)) sino respecto del autor. En efecto, lo que sostiene la norma es que cuando una persona cometa alguna de las acciones previstas —en calidad de agente de una persona jurídica— y, para que se consuma el delito, de que se trate, sea necesaria una determinada característica que solo puede presentar una persona jurídica, el autor será reprimido como si presentase esa característica.

El contenido del artículo en cuestión tiene su fundamento en la inteligencia que la industria farmacéutica y medicinal son presa de fuertes controles estatales, habida cuenta que para desarrollar esas tareas es necesario contar con la debida autorización(60).

Ley 24.769 (Ley Penal Tributaria)(61)

La denominada Ley Penal Tributaria, como su norme lo indica, reprime y persigue las infracciones de carácter impositivo. El bien jurídico a proteger es la Hacienda Pública a través de la sanción de delitos dolosos(62). Para Chiara Díaz se trata de proteger el normal desarrollo de la política impositiva, a través del correcto flujo de ingresos y egresos del erario público(63).

Si bien existían normas en la materia en el siglo XIX; como antecedente más cercano se puede reconocer a la Ley 11.683 donde se establecía un procedimiento tributario que incluía normas de carácter penal. Tras una gran cantidad de reformas dio paso a la 16.656 de 1964 que incorporaba la sanción para agentes de retención que no depositaban aquello que estaban obligados. De este momento hasta el año 1978 se sancionaron diferentes normas en la cuestión que iban reemplazándose unas y otras hasta la sanción de la 22.148 (20.644, 20.658, 21.344 y 21.858). A su vez, esta dio lugar a la cuestionada 23.771 que finalmente fue reemplaza por la actual 24.769.

Sentado ello, la empresa se ve alcanzada en la norma a través de lo establecido en el artículo 14 cuando establece que cualquiera de las acciones previstas hubiera sido llevada adelante en nombre de una persona jurídica, con su ayuda o para su beneficio, la pena establecida para el delito de que se trate será aplicada a directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible, inclusive, cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación hubiera resultado ineficaz. Resulta obvia la aplicación del principio societas delinquere non potest, pero de la responsabilidad penal de quienes gobiernan la sociedad que se trate.

La ley se encuentra dividida en cinco títulos diferentes; los delitos tributarios; los delitos previsionales; las infracciones fiscales comunes; las disposiciones generales y, por último, los procedimientos administrativo y penal.

Antes de continuar con la enumeración de los delitos previstos en la ley conviene señalar, previamente, que se establece una condición objetiva de punibilidad que resulta ser la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000). Esta ha recibido no pocas críticas que nacen en la aplicación del principio de razonabilidad; por cuanto, quien ha evadido $ 399.999, técnicamente, se encuentra fuera de la persecución penal.

Respecto de las conductas previstas, la ley diferencia entre los delitos tributarios y los previsionales, y los divide de esta forma:

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Por su parte, también establece una serie de delitos comunes a ambas categorías a través de lo que enuncia en el título III como delitos fiscales. En este acápite reconoce a la insolvencia fiscal fraudulenta (art. 10); a la simulación dolosa del pago (art. 11) y a la alteración dolosa de registros de pago (art. 12).

Puntualmente, respecto del delito de evasión simple(64) se puede mencionar que la acción típica es la de evadir, en forma total o parcial, el pago de tributos cuando exceda los $ 400.000 (recordemos que se trata de una condición objetiva). La simple omisión no encuadra en la descripción ya que tal evasión debe ser llevada adelante a través de cualquier procedimiento que contenga un ardid(65) o engaño. Es decir, mediante fraude.

En el caso de la evasión agravada, para la configuración de plantearse uno de los cuatro supuestos que determina el artículo 2º(66), siempre que sea a través de la forma y con los alcances de la evasión simple. Como primera hipótesis se aumenta el mínimo de la condición objetiva del monto de la evasión, en este caso debe ser de cuatro millones pesos ($ 4.000.000). La segunda de las posibilidades es que se hubiera ocultado la verdadera identidad del obligado, por medio de la intervención de una o más personas y la suma evadida supera los ochocientos mil pesos ($ 800.000). Cuando el obligado hubiera utilizado de una manera fraudulenta (con ardid o engaño) algún beneficio de tipo fiscal, logrando así la evasión de un monto que supere los ochocientos mil pesos ($ 800.000). Y, por último, se hubiera utilizado para perfeccionar la evasión facturas o documentos que resulten, ideológica o materialmente falsos(67).

La tercera de las figuras previstas, aprovechamiento indebido de subsidios(68), consiste en favorecerse ilegítimamente de cualquier tipo de beneficio carácter fiscal; siempre que la acción supere los cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) de un ejercicio anual. Es decir, que el delito sanciona la acción de engañar al fisco a través de instrumentos documentales. La descripción de los objetos por los que se puede llevar adelante la maniobra es solo de carácter descriptivo, resultando que se puede engañar al fisco por cualquier medio.

Respecto de la obtención fraudulenta de beneficios fiscales(69), así como en caso del aprovechamiento, lo que existe es un abuso de situación; en el presente lo que existe es la tramitación fraudulenta para obtener un beneficio fiscal que puede ser un reintegro, una devolución o de cualquier tipo de gracia en la materia. En este caso no existe condición objetiva que establezca un monto determinado. También se trata de una ley penal en blanco como resultado de que se deberá conocer cuál es la debida forma para la obtención del beneficio que se trate.

El artículo 6º de la ley tipifica a la apropiación indebida de tributos(70) la cual resulta ser a simple vista una figura de omisión. La acción resulta de la retención de recursos fiscales cualquiera sea su origen (nacional, provincial o municipal) que se deben depositar dentro de los diez días hábiles, sea que no se depositen o que se haga pero no en forma total. Quien debe ser autor es aquel que actúa como agente de retención y, a su vez, debe depositar lo que recepta para esos fines. La suma establecida como elemento objetivo resulta ser la de cuarenta mil pesos ($ 40.000).

Cabe destacar que el artículo 5º establece un agravante sancionatorio o accesorio(71) para los delitos de evasión agravada —cuando se utilicen, con fraude, exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000)—; de aprovechamiento indebido de subsidios o de obtención fraudulenta respecto de imponer al culpable la pérdida del beneficio y de la imposibilidad de obtener otros de carácter fiscal por el término de diez años.

En el caso de las acciones que infringen el sistema de la seguridad social se puede indicar que los tres delitos, evasión, evasión agravada y apropiación replican los ya mencionados con la única diferencia que los recursos sobre los que recaen resultan ser los destinados al régimen previsional(72).

Finalmente, en lo que se refiere a los delitos comunes que infrinjan indistintamente, los tributos en general o al sistema previsional en especial, la ley reconoce tres delitos, a saber: la insolvencia fiscal fraudulenta; la simulación dolosa de pago y la alteración dolosa de registros.

La primera se encuentra prevista en el artículo 10 y trata de quien provocare la insolvencia propia o ajena con el fin de frustrar, en todo o en parte, el cumplimiento de obligaciones derivadas de cuestiones tributarias o de seguridad social(73). La simulación dolosa de pago radica en fingir el pago total o parcial de una obligación tributaria o derivada del sistema previsional a través de cualquier ardid o engaño, sea que fueran propias o de terceros(74). Por su lado, la alteración dolosa de registros se verifica por medio de dos acciones. La primera quien sustraiga, suprima, oculte, adultere, modifique o inutilice registro o soportes informáticos del fisco cualesquiera sea su carácter (nacional, provincial o municipal). Se requiere un elemento de tipo subjetivo que tiene como finalidad disimular la situación fiscal del obligado(75). En la segunda acción la conducta debe ser la de modificar o adulterar los sistemas informáticos o los equipos electrónicos que fueran entregados o reconocidos por el fisco (nacional, provincial o municipal) cuando de ello pudiera devenir en perjuicio y no correspondiere a un delito más grave(76).

Conclusiones

Del presente trabajo se puede decir que la ley penal argentina no contiene en su núcleo duro, el código sustantivo, un título que proteja a la sociedad comercial como sujeto pasivo, ni tampoco uno en el que converjan las acciones criminales que pueden desarrollarse desde la persona jurídica, tal como ocurre en otras legislaciones como por ejemplo la española. Por esto se ha realizado una rápida mirada por aquellas normas que sumadas conforman lo que podría denominarse como delitos societarios. El camino trazado comenzó en el Código Penal para comentar las disposiciones que, diseminadas por diferentes bienes jurídicos, tienen como nexo a la persona jurídica. Esto sin olvidar la reconocida máxima de que ellas no pueden cometer delitos (societas delinquere non potest). Posteriormente se fue avanzado sobre determinadas leyes complementarias del código que, por su contenido, terminarían de configurar el elenco de acciones que quedan alcanzadas por la noción de delitos societarios.

(1) La calificación de estos ilícitos proviene del libro de Edwin Shuterland denominado El delito de cuello blanco que fue publicado en Nueva York en 1949 y que describía a los delitos que eran cometidos por personajes poderosos vinculados a la corrupción.

(2) Macías Espejo, M. Análisis criminológico y política criminal del delito de publicidad engañosa, Editado por la Universidad de Granada: 2012, p. 153.

(3) En ese sentido, hay quienes sostienen —especialmente en países como España— que debe instaurarse una justicia especializada en la materia; por ejemplo. Existe un claro desarrollo en: Manuel Jaén Vallejo. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Comentarios al Código Penal. T. VIII, Edersa, Madrid: 1999, p. 24.

(4) Capítulo XII del libro II “De los delitos societarios”, comprensivo de siete artículos (falseamiento de cuentas, administración infiel, acuerdos lesivos, etc.

(5) Bacigalupo, Enrique. Cuestiones penales de la nueva ordenación de las sociedades y aspectos legislativos del Derecho penal económico, Astrea, Buenos Aires: 1974.

(6) Artículos 300, 301 y 173, inciso 7º.

(7) “(…) El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos (…)”.

(8) Gómez Benítez, J. “Notas para una discusión sobre los delitos contra el orden socio-económico y el patrimonio en el proyecto de 1980 del Código Penal”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T. XXXIII, fasc. 2, 1980, p. 477.

(9) Originalmente en el Código Penal español de 1995 contemplaba a la administración desleal desde dos tipos diferentes, uno en el artículo 252 —respecto del patrimonio ajeno— y otro en el artículo 295 —respecto del patrimonio social—; pero la posterior reforma del 2015 derogó la figura prevista en el segundo instrumento legal.

(10) Sequeiros Sazatornil, Fernando. “Delitos societarios y conductas afines. La responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores”, La Ley, Madrid: 2006, pp. 972 y ss.

(11) “Artículo 173, inciso 7º: El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos (…)”.

(12) Publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero de 1968.

(13) Recuérdese el famoso ejemplo de si el cajero de un banco al quedarse con parte del dinero que había cobrado durante su jornada laboral cometía administración infiel o hurto, se entendió que —claramente— no podía ser el primero porque él carecía del manejo de los intereses del banco, solo se encontraba allí para pagar o cobrar conforme a lo que se le requiriera.

(14) Conforme lo sostiene Francesco Carrara en su Programa de Derecho criminal —segunda reimpresión de la tercera edición—, Parte especial, V. III, T. V, Editorial Temis, Colombia: 2000.

(15) Creus, Carlos y Buompadre, Jorge. Derecho penal. Parte especial. Ed. Astrea, 7ª Edición, Buenos Aires: 2007, p. 539.

(16) Sobre la fidelidad vale traer a colación lo establecido en la Ley 19.550 “(…) Diligencia del administrador: responsabilidad. ART. 59.—Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión (…)”.

(17) Faraldo Cabana, Patricia. Los delitos societarios, Tirant lo Blanch, Valencia: 1996, pp. 560 y 561.

(18) González Rus, Juan. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. Delitos societarios. Receptación y blanqueo de dinero. Compendio de Derecho penal español. Parte especial. T. IX, Marcial Pons, Madrid: 2000, p. 530.

(19) “(…) ART. 178.—Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad comercial o de una persona jurídica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de liquidación sin quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor de libros de los mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso. Con la misma pena será reprimido el miembro del consejo de administración o directivo, síndico, miembro de la junta fiscalizadora o de vigilancia, o gerente, tratándose de una sociedad cooperativa o mutual (…)”.

(20) Soler, Sebastián. Derecho penal argentino, TEA, Buenos Aires: 1992, p. 504.

(21) Soler, ob. cit., p. 505.

(22) Sobre este punto va señalar que España no trata dentro de los delitos societarios a la quiebra, sino que lo hace en el capítulo VII Bis De las insolvencias punibles, artículo 260 “1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial. 2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto”.

(23) Sin duda alguna se trata de un tipo penal especial por cuanto solo las personas enunciadas que tengan ese carácter pueden ser autores del ilícito.

(24) Creus, Buompadre. ob. cit., p. 589.

(25) “ART. 176.—Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes: 1º Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; 2º No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa; 3º Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor”.

(26) Soler, ob. cit., p. 501.

(27) “ART. 177.—Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta”.

(28) “ART. 300.—(...) 2º. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo”. Conforme Ley 26.733.

(29) Creus, Buompadre; ob. cit., pág. 543.

(30) “ART. 301.—Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio. Si el acto importare emisión de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a tres años de prisión, siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado”.

(31) Donna, Edgardo. Derecho penal. Parte especial, T. IV, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe: 2004, p. 349.

(32) Navarro, Guillermo R. Fraudes al comercio y a la industria. Los delitos de los artículos 300 y 301 del Código Penal, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires: 1998, p. 118.

(33) Nuevamente se vuelve a rozar el injusto con la administración fraudulenta.

(34) “(…) ART. 2º— (…) f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también será sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e). La multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del hecho punible;…”.

(35) Abelleyra, Diego; Vázquez Acuña, Martín. Régimen de control de cambios, Abeledo Perrot, Buenos Aires: 2011, p. 9.

(36) Texto actual conforme Decreto-Ley 480 de 1995 del 20 de septiembre de 1995.

(37) Avilés Hernández, Víctor. Orden público económico y Derecho penal, Conosur, Santiago: 1998, p. 218.

(38) Publicación en sitio www.pjn.gov.ar.b300. fallo del 13/9/2012.

(39) Bonzón Juan. El dolo requerido para configurar las infracciones cambiarias, Editorial La Ley 1990-C. p. 1114.

(40) Maurach, Reinhart, Zipf, Heinz. Derecho penal. Parte especial, T. I, Astrea, Buenos Aires: 1995, p. 19.

(41) Núñez, Ricardo; Tratado de Derecho penal, T. I. Marcos Lerner Editora, Córdoba: 1987, p. 99.

(42) El Banco Central de la República Argentina nació en 1935 por la Ley 12.155 a raíz de la reforma monetaria y bancaria en la que desapareció la Caja de Conversión, que era el ente que tenía por función la emisión de moneda, la concentración de las reservas externas de oro y lo relativo en materia de conversión.

(43) “(…) ART. 5º—El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones previstas en esta ley (…)”.

(44) Riva, Jorge Luis. Operatoria bancaria en comercio exterior. Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires: 2003, pp. 245-246.

(45) Según Riva: “(…) La conducta es la de quien, careciendo de la habilitación correspondiente por parte del Banco Central, efectúa negociaciones de cambio en forma habitual (…)”. Obra citada en el punto anterior, ídem.

(46) “(…) ART. 20.—Serán aplicables las disposiciones del libro primero del Código Penal, salvo cuando resulten incompatibles con lo establecido en la presente ley. En especial y expresamente, no serán de aplicación las siguientes disposiciones del Código Penal: a) El artículo 2º, cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la presente ley; b) El artículo 14, cuando se trate de la primera reincidencia prevista en el inciso b) del artículo 2º de la presente ley. Cuando se trate de la segunda reincidencia, prevista en el inciso c) del artículo 2º de esta ley, el artículo 14 del Código Penal no se aplicará solo si la primera reincidencia fue penada con multa. c) El artículo 51, primer párrafo (…)”.

(47) Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios. Penalidades para los infractores. (…)”. (…) ART. 8º—Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado.

Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5º inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer (…)”. La norma fue modificada por la Ley 26.991 el 19 de septiembre del 2014.

(48) Entre las sanciones se pueden mencionar multa, clausura del establecimiento, suspensión en los registros de proveedor del Estado, comiso de mercaderías, etc.

(49) “(…) ART. 887.—Las personas de existencia visible o ideal son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las penas pecuniarias que correspondieren a estos por los delitos aduaneros que cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones. ART. 888.—Cuando una persona de existencia ideal fuere condenada por algún delito aduanero e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto no fuera satisfecho su importe, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquella por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición (…)”.

(50) Solamente basta con la simple transgresión al ordenamiento para que nazca la responsabilidad.

(51) Mitad penales, mitad resarcitorias.

(52) “(…) ART. 861.—Siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, son aplicables a esta sección las disposiciones generales del Código Penal (…)”.

(53) http://www.wcoomd.org/en.aspx.

(54) https://www.wto.org/indexsp.htm.

(55) Conforme el código de la materia los delitos aduaneros, además del referido contrabando son: la tentativa de contrabando, el encubrimiento del contrabando y los actos culposos que posibilitan el contrabando y el uso indebido de documentos.

(56) Como partícipe, cómplice o instigar.

(57) “(…) ART. 27.—En todos los casos en que el autor de un delito previsto en esta ley lo cometa como agente de una persona jurídica y la característica requerida para el autor no la presente este sino la persona jurídica, será reprimido como si el autor presentare esa característica (…)”.

(58) Roxin Claus. Derecho penal, parte general, T. I, Ed. Civitas, Madrid: 1997, p. 407.

(59) Por ejemplo, Zaffaroni manifiesta que ninguno de los criterios que se esbozan para justificar la penalidad de los delitos de peligro abstracto pueden pasar un test de constitucionalidad (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro. Derecho penal. Parte general, 2ª edición, Ediar: 2002, Bs. As., p. 491).

(60) Prueba esto lo referido en el artículo 44 cuando sostiene “Las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo Nacional y que deberá mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades registradas. En este registro deberán constar la producción anual, las ventas, su destino geográfico y uso, así como todos los datos necesarios para ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción para ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción como de comercialización de las sustancias o productos y su ulterior utilización. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con inhabilitación especial de un mes a tres años y multa de mil a cien mil australes. Las sustancias o productos químicos serán los que haya determinado o determine el Poder Ejecutivo Nacional mediante listas que serán actualizadas periódicamente”.

(61) “(…) ART. 14.—Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz (…)”.

(62) Eso lo sostiene José Osvaldo Casás en el prólogo por él redactado para Régimen penal tributario, de Alberto Dalla Vía y Marcos Gutman, Némesis: 1997.

(63) Chiara Díaz, Carlos. La ley penal tributaria y previsional 24769, Rubinzal-Culzoni Editores: 1997, p. 238.

(64) “(…) ART. 1º—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año. (Artículo sustituido por el artículo 1º de la Ley 26.735 B.O. 28/12/2011) (…)”.

(65) Ardid es el astuto despliegue de medios engañosos, cfme. Sebastián Soler. Derecho penal argentino, TEA, Buenos Aires: 1992, p. 347.

(66) ART. 2º—La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en el caso del artículo 1º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000);

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000);

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000);

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.

(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley n.º 26.735 B.O. 28/12/2011).

(67) Estos es que el documento sea verdadero, pero su contenido sea falso, o que el documento lo sea.

(68) “(…) ART. 3º—Será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial, o correspondiente a la ciudad autónoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) en un ejercicio anual. (Artículo sustituido por el artículo 3º de la Ley 26.735 B.O. 28/12/2011) (…)”.

(69) “(…) ART. 4º—Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. (Artículo sustituido por el artículo 4º de la Ley 26.735 B.O. 28/12/2011) (…)”.

(70) “(…) ART. 6º—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) por cada mes. (Artículo sustituido por el artículo 5º de la Ley 26.735 B.O. 28/12/2011) (…)”.

(71) “(…) ART. 5º—En los casos de los artículos 2º, inciso c), 3º y 4º, además de las penas allí previstas se impondrá al beneficiario la pérdida del beneficio y de la posibilidad de obtener o de utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de diez años (…)”.

(72) “(…) ART. 7º—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000) por cada mes. ART. 8º—La prisión a aplicar se elevará de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años cuando en el caso del artículo 7º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos: a) Si el monto evadido superare la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), por cada mes; b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000). ART. 9º—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada mes. Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada mes. La Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo recaudador provincial o el correspondiente a la ciudad autónoma de Buenos Aires habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos correspondientes o en los aplicativos pertinentes, la posibilidad del pago por separado y en forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el empleador a sus dependientes y de las retenciones o percepciones de los agentes obligados respecto de los recursos de la seguridad social (…)”.

(73) “(…) ART. 10.—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia, propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones (…)”.

(74) “(…) ART. 11.—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros (…)”.

(75) “(…) ART. 12.—Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado (…)”.

(76) “(…) ART. 12 bis.—Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado (…)”.