Deporte y violencia (a propósito del enfrentamiento entre hinchas tras un partido de fútbol en Port Said, Egipto)

Revista Nº 40 Jul.-Sep. 2012

Rosario de Vicente Martínez 

Catedrática de Derecho Penal 

Universidad de Castilla-La Mancha 

(España)

Sumario

Desde hace unos años la violencia se ha convertido en un hecho demasiado habitual, mostrando la parte más negativa de la práctica deportiva y alcanzando proporciones dramáticas. La reciente tragedia que tiñó de sangre el estadio de fútbol del Masry es otra más de una larga lista. La violencia en los acontecimientos deportivos ha propiciado la pérdida de los valores que el deporte promueve, de ahí la necesidad de atajar con todo tipo de medidas, administrativas y penales, este fenómeno que sacude al deporte en cualquier país del mundo.

Temas relacionados

Violencia; deporte; derecho penal; derecho administrativo.

1. Introducción

El aumento de las conductas incivilizadas y de la violencia que soporta la sociedad en su conjunto no escapa al deporte que sirve, en numerosas ocasiones, de apoyo a la expresión de comportamientos agresivos y violentos poniendo en peligro el papel del deporte como una herramienta para transmitir valores positivos.

La violencia existe en el deporte como un mal difícil de atajar y especialmente en los campos de fútbol. Pero cuando se habla en términos generales de violencia en el deporte se debe hacer referencia a dos aspectos bien distintos. Por un lado, la violencia en el deporte o violencia endógena que es la que surge entre los propios protagonistas de la competición deportiva, es decir, la violencia producida en la práctica deportiva cuyo control y represión quedan relegados, en principio, a los regímenes disciplinarios generales y federativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que, en cada caso, pueda derivarse del hecho violento.

Nadie pone en tela de juicio que en el curso de una competición deportiva pueden causarse lesiones e incluso la muerte. Ejemplos los hay. A lo largo del tiempo se han dado muchas anécdotas oscuras que pasaron a la historia. Golpes intencionados y entradas a destiempo como, por ejemplo, la famosa agresión durante el partido de la final de la Copa del Mundo de fútbol de Zinédine Zidane a Materrazi. Fuera del fútbol también existen oscuras anécdotas. Así, en el ámbito del boxeo, cualquier aficionado recordará el día en que Mike Tyson, en pleno combate, seccionó de un mordisco el lóbulo de una oreja de su contrincante Evander Hollyfield(1).

Por otro lado, se encuentra la violencia en torno al deporte o violencia exógena que es la violencia cometida fuera de la práctica deportiva aunque con ocasión de ella y que constituye un fenómeno de mayor complejidad que la violencia ejercida en el desarrollo del deporte, al abarcar todos los hechos violentos que, surgidos bajo la excusa de la competición deportiva, tienen lugar al margen de esta. La violencia exógena es la violencia que traspasa los límites del ámbito deportivo y se convierte en un hecho que se observa en las gradas y lugares aledaños a los campos de juego donde el principal protagonista es el propio aficionado.

Como modalidades de violencia exógena se distingue entre una violencia personal, una violencia real y una perturbación violenta en el correcto desarrollo de las competiciones deportivas. La violencia personal se produce cuando está dirigida a personas, normalmente aficionados del equipo rival, aunque también puede ir dirigida a los propios jugadores o las fuerzas de seguridad(2). Esta violencia personal puede consistir en agresiones cuerpo a cuerpo o bien en la utilización o lanzamiento de objetos aptos para lesionar. La violencia real va dirigida, por el contrario, a cosas, ya sea daños en las instalaciones deportivas, si la violencia se ejecuta dentro del lugar donde se desarrolla el espectáculo deportivo, o sobre bienes de los particulares —automóviles, lunas de establecimientos comerciales, etc.—, o sobre bienes de organismos públicos —monumentos de la ciudad, mobiliario urbano, autobuses públicos, etc.—, si la violencia tiene lugar fuera del recinto deportivo. En último lugar, se encuentra la violencia que pretende perturbar el desarrollo de los acontecimientos deportivos, como por ejemplo una invasión del terreno de juego.

Como señala Millán Garrido, esta violencia, que incluye ante todo, la violencia acontecida en las instalaciones o recintos deportivos, pero también la que surge fuera de ellos, antes, durante o después del encuentro o de la prueba, excede del estricto ámbito federativo, de manera que su control y represión sólo parcialmente se encomienda a los regímenes disciplinarios deportivos y a las propias federaciones, correspondiendo a los poderes públicos afrontar este riesgo asociado a la práctica deportiva(3).

La violencia en el deporte en su vertiente exógena, aparece en los años sesenta con los hooligans ingleses que auparon al Reino Unido al primer puesto del ranking de países que más violencia en el fútbol soporta seguido de Holanda. En ambos países existen auténticas guerrillas de fanáticos que preparan con antelación, no solamente el viaje para apoyar a su equipo, sino también las batallas o los puntos de ataque contra hinchas del club adversario. En una de esas situaciones, en marzo de 1999, y con ocasión de un partido entre el Ajax de Amsterdam y el Feyenoord de Rotterdam, las dos ciudades y los dos clubes más enfrentados del país, un aficionado murió cerca de la villa de Bewerwijk. Por este hecho varias personas fueron condenadas por homicidio, tanto en primera instancia como en la apelación. Uno de los condenados llevó el caso hasta el Tribunal Supremo holandés argumentando, de manera insólita, la culpa compartida con el hincha fallecido. La idea era que este, al acudir al partido y al estar involucrado en el duelo entre hooligans, era consciente de lo que podía esperarse, esto es, “violencia extrema” y que, “razonablemente”, podía ser culpable de los hechos que llevaron a su muerte. El Tribunal Supremo dictaminó en su sentencia del 23 de marzo de 1999, que “si bien la víctima podía esperar que, posiblemente, en la batalla campal hubiese lesiones, incluso con resultado de muerte, ciertamente no consintió en ser sujeto de la violencia extrema ni de su propia muerte” y rechazo el recurso del condenado.

Los hooligans ingleses, imitados por aficionados italianos, franceses o españoles, instauran un ámbito de gamberrismo, básicamente futbolístico, que deja al descubierto la dimensión real de este problema social y político, cuyo alcance sustancial se traduce en 1.500 fallecidos en estadios de fútbol durante los últimos 30 años y más de 6.000 heridos de gravedad.

Ante estos datos no es de extrañar que el estudio de la violencia en espectáculos deportivos se haya convertido en uno de los temas que más interés ha despertado en los investigadores del deporte como fenómeno social. Desde el punto de vista de la sociología y de la psicología de masas, la violencia que gira en torno a las manifestaciones deportivas es un fenómeno que actualmente se presenta aún como de lectura compleja y que da origen a interpretaciones distintas y en ocasiones contrapuestas(4). Pero de lo que nadie duda es que desde hace unos años la violencia se ha convertido en un hecho demasiado habitual, que muestra la parte más negativa de la práctica deportiva y alcanza proporciones dramáticas. Por eso, acabar con el creciente número de víctimas que arroja la violencia exógena constituye una prioridad en los Estados civilizados(5).

2. Algunas tragedias deportivas

El ser humano ha sido testigo de un gran número de tragedias deportivas debidas a comportamientos violentos que terminaron con varios cientos de espectadores muertos o heridos en los últimos años. Ante este brutal hecho, en un principio, fueron las propias organizaciones deportivas quienes arbitraron una serie de medidas; medidas que no impidieron que en la década de los ochenta se produjera un importante aumento de la violencia en los eventos deportivos(6). Basta recordar la conocida como “tragedia de Heysel”. Los hechos tuvieron lugar el día 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, donde murieron 39 aficionados —34 italianos seguidores de la Juventus FC, dos belgas, dos franceses y un británico—, a causa de una avalancha de aficionados en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa de Fútbol entre el Liverpool FC y la Juventus FC. Además de los 39 muertos hubo 600 heridos. Solo hasta 1989 y tras cinco meses de juicio, apenas 14 aficionados del Liverpool FC fueron condenados, por la “tragedia de Heysel”, a tres años de prisión por la justicia belga. No obstante, cuando llevaban cumplida media condena la sentencia fue suspendida tras el recurso de la defensa al entender que el homicidio fue involuntario. Asimismo fueron sancionados por la UEFA el Liverpool FC y los clubes ingleses en general. El primero fue sancionado con diez años de exclusión en competiciones europeas, aunque posteriormente la sanción fue rebajada a seis años. Los clubes ingleses fueron sancionados a no poder disputar competiciones europeas durante cinco años, además se les conminó a tomar medidas severas para frenar la violencia generada por sus aficionados radicales, los “hooligans”.

Aunque la “tragedia de Heysel” no es la mayor catástrofe provocada en un estadio de fútbol, sí es la de mayor impacto mediático al producirse en una final de la Copa de Europa. Antes se habían producido mayores tragedias, como la sucedida en 1982 en el estadio Lenin de Moscú, en Rusia, donde fallecieron 340 aficionados a causa de una avalancha en el transcurso del partido entre el Spartak de Moscú y el Haarlem neerlandés correspondiente a la Copa de la UEFA; o también la sucedida casi 20 años antes, en 1964 en el Estadio Nacional de Lima, Perú, donde fallecieron 318 aficionados cuando la multitud se agolpó sobre las puertas cerradas del recinto huyendo de una carga policial durante el transcurso del partido internacional entre las selecciones de Perú y Argentina.

España, como cualquier otro país, no es ajena a la violencia deportiva. Así, en el 2008, durante el encuentro entre el Espanyol y Barcelona hinchas radicales de este último, conocidos como Boixos Nois, lanzaron bengalas sobre los seguidores del Espanyol en las gradas de Montjuic, lo que provocó que algunos seguidores de este equipo rompieran las vallas de seguridad y saltaran al terreno de juego. La agresión se saldó con una treintena de heridos, cinco detenidos —que permanecieron cuarenta días en la cárcel— y una multa al club blanquiazul(7).

El año 2009 comenzó también con violencia en los estadios españoles de fútbol. El sábado 10 de enero del 2009, el balance del encuentro entre Bada Bing, equipo de fútbol aficionado supuestamente formado por integrantes de los Boixos Nois y el Club Atlético Rosario Central de Cataluña, integrado por una mayoría de jugadores sudamericanos fue escalofriante: orejas desprendidas, costillas fracturadas, etc.

Fuera de España, en marzo del 2009, a tres meses de la Copa FIFA Confederaciones y poco más de un año antes del Mundial de Sudáfrica, la muerte por aplastamiento de al menos 19 personas en Abiyán antes del partido clasificatorio entre Costa de Marfil y Malaui, hizo volver todos los ojos del fútbol al continente africano, continente cuyas últimas tragedias han dejado demasiados muertos: en el 2001, los gases lacrimógenos de la policía contra las gradas, durante el Heartsof Oak-Asante Kotoko, provocaron una desbandada que desembocó en la peor tragedia sufrida en un estadio africano con 123 muertos; en el 2004, una estampida en un partido para el mundial de fútbol, entre Togo y Malí, acabó con 4 muertos; en el 2007, al concluir el juego entre Zambia y Congo, de la Copa de África, cuando el público salía del estadio, una avalancha humana dejo un saldo de 12 muertos, y en el 2008, de nuevo la misma causa, esta vez en un estadio durante un partido de clasificación para el mundial del 2010, cobró la vida de 8 aficionados en Liberia.

Y para terminar tan triste relato, el 2 de febrero del 2012 al término de un partido de fútbol de la liga egipcia tenía lugar el mayor desastre de la historia del fútbol en Egipto. Los graves disturbios elevaron a 74 el número provisional de fallecidos junto con centenares de heridos. En la ciudad de Port Said, al noreste de Egipto, tras el partido entre el Al Ahly de El Cairo y el Al Masri, el equipo local, los aficionados ultras de este último equipo saltaron al césped y corrieron por las gradas persiguiendo a jugadores y aficionados del equipo contrario, arrojando piedras y botellas. El partido ya había concluido con la victoria del Al Masri por 3 a 1. Muchos espectadores habían accedido al recinto portando cuchillos y armas. La violenta batalla campal entre los aficionados de ambos equipos, rivales acérrimos, sacudió un país que en esos días celebraba el primer aniversario de la caída de Hosni Mubarak.

Como señala Morillas Cueva, de coloridos nombres, Frente Atlético, Ultras Sur o Boixos Nois, entre otros muchos, su seña de identidad es precisamente una forma tremendamente equivocada de defensa de “los colores” mediante la violencia(8).

3. La reacción institucional a la violencia deportiva

Se cita a la “tragedia de Heysel” como el principal detonante de múltiples iniciativas nacionales e internacionales, políticas y deportivas, que desde entonces se han adoptado en Europa occidental. La violencia desatada en el deporte, y en particular en el fútbol, abocó a los poderes públicos y a las organizaciones y entidades deportivas, tanto en los ámbitos internos como en el orden supranacional, a intervenir activamente en este campo mediante la previsión de disposiciones específicas, tanto en prevención como en represión.

Europa, por tanto, no ha permanecido pasiva ante esta violencia sino que ha reaccionado en base al papel social, cultural y educativo que desempeña el deporte. La respuesta inmediata partió del Parlamento Europeo mediante las resoluciones de 1985, sobre las medidas necesarias para la represión del vandalismo y la violencia en los encuentros deportivos del 11 de julio de 1985(9) y la de 1987, sobre vandalismo y violencia en el deporte(10). En ambas resoluciones el Parlamento Europeo expone que la violencia en el deporte no se manifiesta tan solo en el gamberrismo por parte del público, sino que es un fenómeno más complejo debido a una yuxtaposición de elementos, entre los que no hay que ignorar la importancia de las declaraciones y comportamientos de directivos, técnicos y deportistas, así como de los medios de comunicación. Con el fin de atajar este mal insta a la adopción de una Directiva Marco Europea con el objeto de apoyar, reforzar y completar el Convenio Europeo de 1985. Posteriormente, en resolución del 21 de mayo de 1996, el Parlamento destaca la dimensión transfronteriza de la violencia y pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen el Convenio de 19 de agosto de 1985 y al Consejo que elabore un Convenio en el marco del título VI del Tratado de la Unión(11).

Más recientemente, el 1.º de febrero del 2012 comenzó un debate en el Parlamento Europeo sobre la política común para combatir la violencia, el dopaje y la corrupción en el deporte.

También el Consejo de Europa ha desarrollado un papel fundamental en el ámbito de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. La lucha contra la violencia en el deporte constituye el segundo de los ejes fundamentales de la política deportiva del Consejo de Europa.

En el seno del Consejo de Europa ha sido aprobado el principal instrumento de derecho internacional en este campo: el Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con ocasión de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol, concluido en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985 y ratificado por España el 22 de junio de 1987(12).

El objetivo del convenio, definido en su artículo 1.º, es la prevención y sofocación de la violencia y las invasiones masivas de campo por parte del público asistente a espectáculos deportivos.

El convenio ha sido complementado mediante disposiciones de diversa naturaleza como la Resolución del Consejo de la Unión Europea del 17 de noviembre del 2003, sobre la adopción en los Estados miembros de la prohibición de acceso a las instalaciones donde tienen lugar los partidos de fútbol de dimensión internacional(13) o las dos recomendaciones de su Comité Permanente sobre el papel de las medidas sociales y educativas en la prevención de la violencia en el deporte(14).

Asimismo y pese a carecer de competencias en materia de deporte, las instituciones comunitarias han dispensado atención específica a una serie de aspectos que plantea la violencia en el deporte. Tanto el Parlamento Europeo como la comisión han incidido en los aspectos sociales y educativos que coadyuvan en la prevención de este fenómeno, así como en la problemática jurídica que plantea la articulación de las medidas proyectadas por el Consejo y aplicadas por los Estados.

A la necesidad del refuerzo de la prevención y la lucha contra el racismo y la violencia insiste el Libro Blanco sobre el deporte presentado en Bruselas el 11 de julio del 2007 por la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.

La imperiosa necesidad de erradicar los disturbios y brutalidades que se desatan con ocasión de la celebración de espectáculos deportivos y la necesidad de luchar contra la violencia en el deporte, constituyen también motivos de creciente preocupación en todos los ordenamientos jurídicos. Mediante normativas legales todos los países pretenden reprimir y, sobre todo, prevenir los fenómenos de violencia en espectáculos deportivos. Así, por ejemplo, en Portugal, en el 2004 se aprobó la Ley 16/2004 del 11 de mayo, que contenía medidas preventivas y punitivas para adoptar en caso de manifestaciones de violencia asociadas al deporte. La preocupación en Portugal por erradicar la violencia en el deporte nace en 1980, año en que el país ha tratado de conformar un modelo eficaz en la lucha contra la violencia en el deporte que provocó incluso que en el año 1989 se modificara la Constitución portuguesa para añadir un inciso al apartado segundo del artículo 79, en cuya virtud se asigna al Estado la competencia para la prevención de la violencia en el deporte(15).

La Ley portuguesa del 2004 presentaba una factura técnico-jurídica sumamente depurada, situándose a un nivel comparable, y en algunos aspectos incluso superior, a los tres ordenamientos más avanzados en esta materia: el italiano, el británico y el español. Esta ley, sin embargo, ha sido derogada tras la aprobación de la Ley 32/2009, del 30 de julio, que establece el régimen jurídico para combatir la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en los espectáculos deportivos con el fin de posibilitar su realización con seguridad(16).

Hay que mencionar que no solo en Portugal, también en Francia se han aprobado normas específicas en materia de violencia en los espectáculos deportivos, tales como la Ley 1282/1993, del 6 de diciembre, conocida como Ley Ailior Marie, relativa a la seguridad de las manifestaciones deportivas, que contempla multas económicas y sanciones privativas de libertad, con carácter general con un plazo máximo de un año ampliables a tres años, si la infracción cometida es la introducción de bengalas, proyectiles o fuegos de artificio. Esta norma fue el punto de partida de las disposiciones existentes en el país galo. Tras ella han seguido otras disposiciones, como la Ley 146/1998, del 6 de marzo de 1998, relativa a la seguridad y a la promoción de actividades deportivas, que establece la obligación de dotar a los recintos deportivos de localidades de asiento, creándose, para velar por el cumplimiento de las exigencias sobre los recintos deportivos, la Comisión Nacional de Homologación de Estadios. Asimismo la Ley de 1998 establece la posibilidad de acordar la prohibición de acceso al recinto deportivo como consecuencia de la comisión de delitos en el exterior de los estadios o recintos deportivos.

En Grecia, donde la violencia en el deporte ha cobrado la vida de varias personas desde 1982, dos de ellas acuchilladas en enfrentamientos entre hinchadas, el Gobierno aprobó una ley contra la violencia en el deporte que prevé el encarcelamiento inmediato de los responsables de la violencia, sin posibilidad de libertad bajo fianza.

El fenómeno de la violencia también salpica a Italia donde el deporte se ha visto obligado a enfrentarse con demasiada frecuencia a fenómenos de vandalismo y violencia relacionados con el comportamiento del público que acude a los eventos deportivos. El aumento de la frecuencia y gravedad de estos hechos ha llevado a que en los últimos años el legislador italiano haya intervenido expresamente con normas ad hoc. La norma originaria fue la Ley 401, del 13 de diciembre de 1989, sobre la intervención en el sector del juego y de las apuestas clandestinas y la tutela de la corrección en el desarrollo de las competiciones deportivas, cuyo contenido ha sido objeto de numerosas modificaciones por los numerosos y graves episodios de violencia que despertaron la alarma y preocupación en la opinión pública(17), hasta llegar al decreto-ley del 8 de febrero del 2007, conocido como “Decreto Amato”, convertido en la Ley 41 del 4 de abril del 2007, sobre medidas urgentes para la prevención y represión del fenómeno de la violencia cometida en competiciones deportivas. Esta nueva modificación tiene su origen en los graves episodios de violencia que desembocaron en la muerte, en febrero del 2007, del inspector de policía Filippo Raciti en incidentes previos al partido Catania-Palermo y que llevaron al Ministerio del Interior, dentro del conjunto de medidas adoptadas para frenar la violencia en el fútbol, a crear el Osservatorio per le Manifestazioni Sportive en Italia. Este organismo competente en materia de seguridad y orden público en los eventos deportivos reúne a representantes políticos y deportivos, principalmente del mundo del fútbol, tiene entre otras funciones la de impedir a todos los tifosi acompañar a sus respectivos equipos en los partidos que disputen a domicilio, tanto en las competiciones nacionales como en las internacionales.

En Alemania, donde la violencia en competiciones deportivas se ha incrementado en los últimos años, de manera particular en partidos de fútbol y de hockey sobre hielo, el derecho penal no conoce una regulación especial al considerar que los tipos penales tradicionales son válidos y satisfactorios, aplicándose el delito de desórdenes públicos contemplado en el parágrafo 125 del Código Penal que penaliza el tomar parte o promover la disposición de actos violentos contra las personas o las cosas que se realizan por una multitud y con la unión de fuerzas, y el parágrafo 113 que sanciona el resistirse a la autoridad.

En el continente americano y en concreto en Argentina, donde a raíz de la irrupción de la violencia en los espectáculos deportivos la cifra de fallecidos se aproxima a los 150, se han sucedido diversas iniciativas parlamentarias en busca de la erradicación o, al menos, de la drástica reducción de esta. En la actualidad, en Argentina está vigente la Ley 24.192, de prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos, publicada en el B.O. el 26 de marzo de 1993.

No obstante, las leyes aprobadas no han frenado la violencia sino que esta continúa, por ello no es de extrañar que el Consejo Iberoamericano del Deporte, a través de su comisión de control de la violencia en el deporte, haya establecido que: “Los países miembros deben adoptar una posición conjunta para enfrentar este problema social con una normativa que siendo similar en lo posible impida la impunidad de quienes cometan actos violentos. Adicionalmente se impulsará el intercambio de información, experiencias, bases de datos sobre los violentos, métodos de investigación y políticas de seguridad. Se recomienda el estudio de la fenomenología y enfrentar el problema de acuerdo con su propia realidad sin postergar su tratamiento.

Crear de acuerdo con la idiosincrasia de cada Nación, una comisión que haga conciencia, eduque, y que no solo reprima sino que prevenga la violencia en los estadios preservando los principios de la ética deportiva y el juego limpio. Se debe puntualizar en que el disfrute del juego es una vivencia”(18).

4. La respuesta del legislador español al fenómeno de la violencia deportiva

4.1. La respuesta administrativa

En un principio la única reacción prevista por el ordenamiento jurídico español para actuar contra el fenómeno de la violencia en el deporte era la imposición de sanciones disciplinarias por la propia organización federativa conforme a sus reglas internas. Más tarde, a comienzos de los años ochenta la situación en España empeoró al aumentar el número y gravedad de los incidentes en los estadios(19) dejando al descubierto las carencias estructurales de muchas instalaciones deportivas y las deficiencias en la organización de eventos masivos. En concreto, se apuntaron como causas fundamentales de los incidentes ocurridos, la escasa seguridad de los recintos deportivos y la venta de localidades en número superior a la capacidad de los estadios.

En esa década, el 22 de junio de 1987, España ratificaba el Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, especialmente, de partidos de fútbol. Al año siguiente, el 13 de abril de 1988, por acuerdo del pleno del Senado se creaba la Comisión Especial de Investigación de la violencia en los espectáculos deportivos, con especial referencia al fútbol. A la vista de los graves acontecimientos que se estaban produciendo en los espectáculos deportivos, con especial incidencia en el fútbol, el Senado español consideró la necesidad de estudiar las causas y, por tanto, las formas de intervención que se debían realizar para intentar disminuir la incidencia de comportamientos violentos en el deporte. Se trataba, según el dictamen emitido, “de comprobar el grado de cumplimiento en España de las medidas establecidas en el Convenio Europeo y determinar las adaptaciones normativas y los instrumentos de aplicación que era necesario realizar en nuestro país”.

La preocupación del legislador español por el fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos se plasma finalmente en la Ley 10/1990 del Deporte, del 15 de octubre, que adopta las disposiciones del Convenio Europeo de 1985 e incorpora casi todas las recomendaciones y medidas propuestas en el dictamen elaborado por la Comisión Especial del Senado sobre la violencia en los espectáculos deportivos, aprobado por unanimidad por el pleno de la Cámara Alta el 14 de noviembre de 1990.

La Ley del Deporte de 1990 introdujo en el ordenamiento jurídico de la seguridad pública un conjunto de normas que tenían por objeto la previsión y represión de determinadas conductas que se realizaban, o podían realizarse, con ocasión de la actividad deportiva. No obstante, esta misma norma dentro del régimen sancionador puramente deportivo, también contiene referencias a los comportamientos violentos que se producen dentro de la práctica deportiva(20).

El segundo paso fue la aprobación de una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el ámbito del deporte. Esta ley es la reacción del Gobierno español a las situaciones que se estaban produciendo en el ámbito del deporte profesional a lo largo de los últimos años en los que el deporte se estaba convirtiendo, sin querer, en el foro para aflorar algunas de las peores percepciones de la sociedad española sobre la presencia y el trabajo en España de personas procedentes de otras razas y otros continentes (21) . Con su aprobación se daba cumplimiento al programa de acción aprobado por la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Sudáfrica en el 2001 y convocada por Naciones Unidas bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional.

La aprobación de la Ley 19/2007, del 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, supone un paso muy importante en el intento de erradicar la violencia de nuestros estadios. En el preámbulo de la ley se justifica este nuevo instrumento legal en los siguientes términos: “Con la aprobación de esta ley, las Cortes Generales refuerzan la cobertura legal sancionadora y la idoneidad social de una iniciativa como el mencionado protocolo(22), que hace visible y operativo el compromiso existente entre todos los sectores del fútbol español para actuar unidos en defensa del juego limpio y en contra de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia”.

4.2. La intervención del derecho penal: los delitos de desórdenes públicos

Ante la violencia generada alrededor del espectáculo deportivo por grupos generalmente minoritarios, que amparados en el anonimato y la cohesión utilizan el acceso a los partidos como excusa para desplegar sus actitudes violentas causando daños, arrojando objetos al campo o, en los casos más graves, mediante directas agresiones físicas, no siempre las sanciones disciplinarias se han mostrado suficientes e idóneas para dar una respuesta satisfactoria a la vulneración del bien jurídico afectado, ya se trate del patrimonio, integridad física e incluso la vida. De ahí que haya entrado en escena el derecho penal.

La violencia que se desarrolla en torno a los acontecimientos deportivos pertenece a las nuevas fuentes de peligro características de la actual “sociedad del riesgo”. Este fenómeno, como señala Foffani, determina una atención creciente por parte del legislador, que a su vez manifiesta una tendencia cada vez más clara a recurrir al derecho penal para buscar soluciones a este problema(23).

En efecto, la violencia en el deporte y, en concreto, en espectáculos deportivos constituye un hecho de tal gravedad como para que sea afrontado por todos los sectores del derecho. La trascendencia de este lamentable y vergonzoso fenómeno permite fundamentar una mesurada intervención penal que debe respetar lógicamente los principios limitadores del derecho penal de un Estado social y democrático de derecho.

En España, la ocasión para que el derecho penal interviniera nace con el documento del 24 de julio del 2002, sobre compromiso contra la violencia en el deporte suscrito por el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles, donde figura el compromiso de poner en marcha el Programa de Actuaciones y Medidas contra la Violencia en el Deporte. Este programa establece dos conjuntos de medidas que pasan, en primer lugar por la promoción de actuaciones pedagógicas y preventivas y, en segundo lugar, por propuestas legislativas tendentes a agravar en el Código Penal los hechos violentos en espectáculos deportivos así como, por ejemplo, la prohibición de la tenencia y consumo de todo tipo de drogas y alcohol en recintos deportivos, la utilización de instrumentos arrojadizos, armas, bengalas o simbología terrorista y racista. El Programa de Actuaciones y Medidas contra la Violencia en el Deporte contemplaba una propuesta concreta de modificación del Código Penal. Se trataba de añadir un apartado segundo al artículo 557, que tipifica el delito de desórdenes públicos, que contemplase la agravación de la pena cuando los hechos fueran cometidos coincidiendo con espectáculos multitudinarios o en el interior de recintos deportivos.

Finalmente, fruto del Programa de Actuaciones y Medidas contra la Violencia en el Deporte sería la reforma desarrollada por la Ley Orgánica 15/2003, del 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma respondía a la alarma social generada como consecuencia de diferentes altercados producidos en espectáculos deportivos en España.

La ley del 2003 introduce dos modalidades agravadas en el artículo 557 a través de un nuevo apartado segundo, con la finalidad de tipificar la violencia ejercida por los grupos de espectadores que alteren el orden en escenarios deportivos.

Esta medida del parlamento español coincidió en el tiempo con la resolución del Consejo de Europa del 17 de noviembre del 2003, sobre la adopción en los Estados miembros de la prohibición de acceso a las instalaciones donde tienen lugar partidos de fútbol de dimensión internacional(24), que recordando la Decisión 2002/348/JAI del Consejo, del 25 de abril del 2002, relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional y teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo del 9 de junio de 1997 y 6 de diciembre del 2001, sobre la prevención y el control del gamberrismo en los partidos de fútbol, invita a los Estados miembros a estudiar la posibilidad de adoptar disposiciones que establezcan un mecanismo para impedir el acceso a los estadios en donde estén programadas competiciones futbolísticas a quienes ya hayan sido responsables de actos de violencia con ocasión de anteriores competiciones futbolísticas.

La reforma del 2003 además de incorporar dos modalidades agravadas en el numeral 2.º del artículo 557, procede a modificar la pena del artículo 558 tras la desaparición del arresto de fin de semana y a introducir con carácter facultativo la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos. Asimismo también modifica la pena prevista para la falta del artículo 633 del Código Penal.

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2003, del 25 de noviembre, justifica en su apartado III, letra j) la reforma en los siguientes términos: “las alteraciones del orden con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos con asistencia de un gran número de personas son objeto de una especial atención, estableciéndose tipos específicos y previéndose la imposición de la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza de aquellos en los que hubiera intervenido el condenado, por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta”.

4.2.1. El tipo de desórdenes públicos del artículo 557.1 del Código Penal 

El tipo más característico de los que se incluyen bajo la rúbrica de “desórdenes públicos” es el previsto en el artículo 557 del Código Penal cuyo primer apartado dispone: “1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este código”.

El delito previsto en el apartado 1.º del artículo 557 constituye el tipo por excelencia de desórdenes públicos al sancionar a quienes, en actuación conjunta y pretendiendo alterar gravemente el normal desarrollo de la vida ciudadana, realizan acciones que coloquialmente se podrían calificar de vandalismo y que suelen concretarse en la rotura de escaparates, cabinas de teléfonos o mobiliario urbano en general, comprendiendo asimismo los supuestos de causación de lesiones a las personas; en definitiva, se trata de genuinos actos de violencia callejera que persiguen la creación de un clima de alarma social(25).

A nadie escapa que la redacción de este precepto respondió al propósito de reaccionar penalmente contra determinadas formas de delincuencia de finalidad subversiva —primero del régimen autoritario anterior y luego del democrático vigente— que fueron incluso calificadas por la jurisprudencia interpretativa del precepto original como “terrorismo menor o de segundo grado”.

Esta figura delictiva exige los tres elementos típicos siguientes:

Primero: un sujeto activo plural recogido con la expresión “actuando en grupo”, lo que subraya el carácter plurisubjetivo del delito.

El precepto, pese a referirse expresamente a “los que actuando en grupo”, guarda silencio sobre lo que debe entenderse por el término “grupo”. Ello ha planteado el problema del número de personas que deben de intervenir para estimar que existe el “grupo” al que alude el artículo 557 del Código Penal. Parece que no hay inconveniente alguno en afirmar que el grupo pueden configurarlo dos personas y ello porque la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado que pueden ser grupo, a los efectos de este delito, desde la simple pareja criminal hasta la muchedumbre.

Por otro lado, la jurisprudencia entiende que el hecho de que el sujeto del delito sea colectivo, esto es, un grupo, no significa que sea precisa la identificación de todos los miembros de este. Lógicamente, cada grupo responderá del conjunto de acciones realizadas por ellos y no por su comportamiento individual. Tampoco se puede atribuir automáticamente la autoría de los delitos concretos que alguno de los miembros del comando haya realizado a todos los demás por el hecho mismo de la pertenencia al grupo o de tener alguna función directora de este sin mayores pruebas de efectivo dominio funcional del hecho, cooperación necesaria, inducción o complicidad.

Segundo: un modo de comisión específico consistente en alterar el orden de alguna de las cuatro formas que, numerus clausus, se concretan: a) causando lesiones a las personas; b) produciendo daños en las propiedades; c) obstaculizando las vías públicas o los accesos a estas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, y d) invadiendo instalaciones o edificios. Se trata además de un tipo mixto alternativo, ya que basta con que se realice una de las conductas a que se refiere el precepto para su apreciación.

Tercero: un especial elemento subjetivo del injusto, cuando se requiere que tal comportamiento de dicho sujeto plural debe realizarse con el fin de atentar contra la paz pública. No basta, por tanto, con la simple producción del desorden sino que es preciso que a este se sobreañada la finalidad de atentar contra la paz pública.

La mayor parte de la doctrina considera, acertadamente, que la expresión “con el fin de atentar contra la paz pública” es un elemento subjetivo del tipo(26) cuya presencia ha permitido definir este tipo como un delito de “tendencia interna intensificada” o “elemento tendencial interno trascendente”. También la jurisprudencia ha avalado este criterio, de forma que calificado así, el delito se caracteriza porque la conducta de quienes actúan está investida de una finalidad distinta y adicional a la realización del tipo, finalidad que trasciende a la comisión del delito.

Como en el tipo subjetivo, la finalidad de atentar contra la paz pública acota y define el campo de la antijuricidad penal, la inexistencia de dicho elemento teleológico, hace desaparecer la antijuricidad misma de la conducta. De esta manera al no apreciarse el elemento subjetivo de alterar la paz pública en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, del 5 de diciembre del 2008, que juzgó el “caso Santos Mirasierra” y los incidentes que tuvieron lugar en el estadio de fútbol Vicente Calderón el día 1.º de octubre de 2008, durante el partido de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella, el Juzgado absolvió al acusado Santos Mirasierra del delito de desórdenes públicos por no resultar acreditada la voluntad de alterar la paz pública y tranquilidad general.

4.2.2. Los tipos agravados del artículo 557.2 del Código Penal 

La violencia en espectáculos deportivos no puede ser minimizada ni ser considerada como enfrentamientos “normales”, por ejemplo, entre aficiones de equipos de fútbol rivales. Por ello la reforma penal del 2003(27) fue la encargada de introducir en el artículo 557 un nuevo apartado segundo que contiene dos tipos agravados. El primer tipo agravado es una cualificación del delito previsto en el artículo 557.1, cuando las lesiones, daños, obstáculos o invasión allí previstos se produzcan con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. Este primer tipo agravado se refiere a las alteraciones del orden público del tipo básico cuando tuvieren lugar en eventos o espectáculos al aire libre o en espacios abiertos o cerrados a los que concurre un gran número de personas. El segundo tipo agravado, sin embargo, referido a la alteración del orden público en los recintos cerrados donde se celebren dichos eventos deportivos que provoquen o puedan provocar avalanchas y otras reacciones similares que pongan en peligro a los asistentes, es más bien una cualificación de las conductas previstas en el artículo 558 del Código Penal.

Tales cualificaciones no han sido excesivamente bien acogidas por un sector de la doctrina que entiende que estas, en principio sin olvidar las diferencias existentes, parecen reduplicar, sin necesidad normativa alguna, al hecho típico descrito en el artículo 558 del propio Código Penal de perturbar gravemente el orden con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Por tanto, a pesar de tratarse de una reforma bienintencionada, es de escaso acierto técnico al poner a disposición de los jueces un instrumento tosco, plagado de conceptos jurídicos absolutamente indeterminados, por lo que no cabe sino seguir esperando soluciones jurisprudenciales divergentes en supuestos sustancialmente idénticos, que es precisamente lo que ha venido pasando hasta ahora(28). Por el contrario, la Reforma del 2003 ha sido valorada de forma positiva por Morillas Cueva y Suárez López, si bien detectan ciertas disfunciones técnicas y sistemáticas que consideran sería razonable corregir de lege ferenda(29).

A pesar de las criticas que pueda recibir la decisión del legislador y las disfunciones que sería necesario corregir, lo cierto es que ambas cualificaciones denotan una loable mayor preocupación del legislador ante la creciente violencia en espectáculos o eventos que congregan a un gran número de personas entre los que, lógicamente, se encuentran los deportivos. Preocupación que, por otro lado, se enmarca dentro de la respuesta internacional que pretende reprimir, y sobre todo, prevenir, los fenómenos de violencia sobre las personas y sobre las cosas ocasionados en el marco de grandes acontecimientos deportivos. Los dos supuestos pretenden en inicio agravar, para estos aspectos concretos, el contenido del tradicional numeral 1.º del artículo 557 del Código Penal.

El apartado segundo del artículo 557 dispone: “2. Se impondrá la pena superior en grado a las previstas en el apartado precedente a los autores de los actos allí citados cuando estos se produjeren con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. Con idéntica pena serán castigados quienes en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos alteren el orden público mediante comportamientos que provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta”.

4.2.2.1. El tipo agravado del artículo 557.2, primer inciso, del Código Penal: desórdenes públicos cometidos por un grupo de personas con ocasión de eventos deportivos que congreguen a un gran número de asistentes 

El tipo agravado previsto en el primer inciso del apartado segundo del artículo 557 castiga a los autores de los desórdenes públicos cuando estos se realizan con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a un gran número de personas. Esta agravación encuentra su fundamento en el mayor peligro o riesgo que representan los desórdenes para el público asistente o que va a asistir, al evento o espectáculo, o para quienes, tras asistir a este, regresan a sus casas. Como apunta Baucells Lladós, el contenido de este tipo agravado reside en el mayor desvalor de resultado de la conducta(30).

En la redacción del tipo agravado, el legislador alude expresamente a “los actos allí citados”, en referencia al artículo 557.1, con lo que deja claro que para la aplicación de este tipo agravado será necesario que la conducta comprenda todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo básico, siendo por tanto requisitos ineludibles los siguientes:

Primero: la exigencia inicial de que se actúe en grupo, es decir, que haya un sujeto activo plural. Se está en consecuencia ante un delito plurisubjetivo que se proyecta como un delito de los denominados de convergencia que no exige la preexistencia de una estructura asociativa.

La violencia con ocasión del deporte es, en la inmensa mayoría de los casos, una violencia colectiva, que se ejerce no por personas individualmente consideradas, sino por varios sujetos reunidos. Los autores de la violencia en el deporte, y más concretamente en el fútbol, se identifican generalmente con los seguidores ultras conocidos como hooligans en Inglaterra, “barras bravas” en Latinoamérica, tifosi en Italia o simplemente “hinchas radicales”.

Segundo: como su tipo tutor del apartado 1.º se configura como un delito de resultado determinado por la propia estructura del tipo. Éste únicamente se perfeccionará cuando se altere el orden público con uno de los resultados que con enumeración cerrada describe el numeral 1.º del artículo 557: causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a estas de manera peligrosa para los que por ella circulen, o invadiendo instalaciones o edificios.

Tercero: además el tipo penal exige una especie de ánimo tendencial concretado en que la finalidad perseguida para la comisión del delito sea la de atentar contra la paz pública, elemento definido como de tendencia interna intensificada.

Hasta aquí los elementos comunes entre la figura agravada del primer inciso y el tipo rector del numeral 1.º del artículo 557. Como criterios diferenciadores que se añaden a aquella para su mayor punición, se sitúa el que dichos actos se produjeren con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a un gran número de personas.

El empleo de los términos “eventos” y “espectáculos” es, a juicio de Morillas Cueva, una innecesaria repetición ya que si se estima por aquel “acto de todo tipo que pueda convocar a una generalidad de personas se verifique o no en recinto cerrado” y por este “función o actuación de cualquier tipo que se realiza para divertimento del público”, el primero atrae al segundo sin grandes dificultades(31). Pero, como advierte García Albero con la mención a “eventos”, el legislador trata de cubrir la amplia gama de acontecimientos de toda índole que pueden convocar a una generalidad de personas, se verifiquen o no en recinto cerrado. Por lo mismo, cualquier clase de espectáculo que reúna las meritadas notas ingresa en el ámbito de previsión del tipo(32).

Siendo el evento por antonomasia los partidos de fútbol, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 11 de marzo del 2008 dice: “es evidente que por razón del inciso primero de ese número 2, procede la aplicación de este subtipo agravado dado que se sanciona con mayor rigor la conducta de que se trata por el hecho de cometerse “con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas”. Y un partido de fútbol del Campeonato Nacional de Liga entre el Espanyol y el Barça, o viceversa, es sin género de duda evento de estas características”.

Además, es imprescindible que los actos allí citados se produjeren con ocasión. El legislador utiliza una fórmula muy flexible para la concreción de los eventos o espectáculos “con ocasión de la celebración”, lo que integra no solo el momento real de su desarrollo sino también el antes y después del evento. Se incluyen, por tanto, los actos realizados antes, durante y después del evento deportivo bastando para la realización del tipo que se pueda demostrar la vinculación entre el desorden producido y el evento o espectáculo deportivo. Asimismo, la citada expresión permite sancionar dichas conductas con independencia de su celebración al aire libre o en recintos cerrados, siendo igualmente indiferente que los desórdenes tengan lugar en el mismo o en distinto espacio que el correspondiente al evento, por tanto, la violencia puede ser ejercida, desde el punto de vista espacial, tanto dentro de los lugares donde se desarrollan los acontecimientos deportivos como en sus inmediaciones.

En todo caso deben ser eventos que congreguen a un número elevado de personas para que estemos en presencia de este delito. A este respecto, y ante el silencio del legislador, puede ser problemático concretar el número exacto de personas a partir de las cuales puede aplicarse esta agravación. Señala Queralt Jiménez que de nuevo el legislador, huyendo de sus responsabilidades, recurre a una cláusula valorativa muy abierta que contradice el principio de legalidad. Para el autor citado, un gran número de personas es una expresión doblemente ambigua; lo es tanto por lo que se refiere a números absolutos como lo que se refiere a números relativos(33).

No obstante, la expresión “gran número de personas” debe ser interpretada de forma muy restrictiva. Partiendo del hecho de que no puede establecerse una cifra exacta, la interpretación debe depender de las circunstancias de cada caso, especialmente de la capacidad del local en el que se celebre el evento o espectáculo. Así, y puesto que no genera el mismo peligro un altercado en un local de tres mil plazas con tres mil espectadores que si ese mismo disturbio se produce en un estadio con capacidad para cien mil personas pero al que solo han asistido tres mil, es lógico que en este segundo supuesto no pueda aplicarse el tipo agravado. Aunque lo decisivo al tratarse de un delito de peligro abstracto debe ser la idoneidad de las conductas para poner en peligro la integridad de los asistentes.

En esta línea se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 11 de marzo del 2008: “sin que se precise al respecto la concurrencia de determinados miles de personas en el estadio pues basta “un gran número” de ellas, que en un partido de esta clase se supera siempre con creces, lo que es hecho notorio que conoce incluso el ciudadano que no es aficionado al fútbol. Por tanto, aplicación correcta del subtipo agravado del 557.2 C.P”.

4.2.2.2. El tipo agravado del artículo 557.2, segundo inciso, del Código Penal: desórdenes públicos cometidos por una o más personas que provoquen avalanchas u otras reacciones en el público que pongan en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes 

Si bien la reforma penal del 2003 crea un tipo perfectamente relacionado con el apartado 1.º del artículo 557, “a los autores de los actos allí citados cuando estos se produjeren con ocasión de la celebración de eventos (...)”, la segunda de las modalidades agravadas es más discutible en cuanto a su relación con el número primero, por estar más cercana de las previsiones del artículo 558 que de las del artículo 557. En este sentido se manifiesta la casi totalidad de la doctrina(34) que afirma que lo que se ha pretendido, con más o menos acierto, ha sido sancionar bajo un mismo precepto con idéntica pena las dos concretas manifestaciones de esta forma de violencia: una desde una posición más estricta; otra, la segunda, menos rigurosa desde una perspectiva legal y que se asienta en parámetros distintos, más relacionados con el artículo 558.

Obviamente, la mayor vinculación con el artículo 558 es evidente, ya que, al contrario de la primera hipótesis, en este caso no se exigen:

Primero: ni sujeto activo plural. La actuación no ha de producirse necesariamente en grupo sino que puede llevarse a cabo por un individuo aislado.

Segundo: ni medios determinados. Se configura, al contrario, como delito de medios indeterminados ya que cualquier comportamiento con aptitud para provocar avalanchas o reacciones peligrosas para el público ingresa en el ámbito de previsión del precepto.

Tercero: ni elemento subjetivo del injusto. Más bien el precepto se contenta con recabar el dolo de peligro que reclama la estructura típica: conciencia de la aptitud de la conducta generada para producir el peligro.

La conducta típica de este segundo tipo agravado consiste en alterar el orden público mediante comportamientos que provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes. El contenido de esta modalidad agravada reside en el mayor desvalor de acción de la conducta.

El término “avalanchas” puede presentar problemas en su interpretación, pues como alude la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 11 marzo del 2008, dicho término es “algo más complejo técnicamente”. Además del peligro de avalancha, también se incrimina la producción de “otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o la totalidad de los asistentes”. El legislador equipara las “avalanchas” con “otras reacciones”, entre las que podrían incluirse, por ejemplo, hacer correr el pánico entre los asistentes a estos eventos.

A diferencia de la primera modalidad agravada aquí las conductas indicadas se deben realizar en el interior del recinto donde se celebre la actividad deportiva. En relación con la expresión “interior de los recintos”, esta no debe entenderse necesariamente como local cubierto, por ejemplo, un teatro o un cine, sino en recintos separados concluyentemente del exterior como un estadio de fútbol o una plaza de toros. Este requisito, que debe interpretarse en opinión de Aránguez Sánchez de forma extensiva aunque no analógica(35), limita la aplicación de dicha modalidad a los desórdenes provocados en lugares cerrados, en donde precisamente la existencia de barreras arquitectónicas o físicas constituye un factor adicional de riesgo en caso de reacciones histéricas o avalanchas en el público asistente.

En el supuesto de que la conducta se realizase en el exterior se podría plantear la aplicación de la primera modalidad del artículo 557.2, siempre y cuando se den sus requisitos o, en caso contrario, acudir al artículo 558 del Código Penal: perturbación grave del orden con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

Se trata, por tanto, de un delito de peligro, en el que sí hay que constatar la real peligrosidad para los asistentes. La actuación de los alborotadores debe comportar como mínimo, el riesgo de avalancha u otros comportamientos peligrosos del público, pero sin que sea preciso acreditar un ulterior resultado de peligro y menos aún resultado alguno, como una avalancha efectivamente producida, por lo que se trata de un delito de peligro potencial o abstracto-concreto.

4.2.3. El delito de desórdenes públicos del artículo 558 del Código Penal 

El artículo 558 del Código Penal dispone: “Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta”.

El artículo 558 castiga a los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

El precepto responde al peligro que representan los disturbios y la alteración del orden en actos que suponen concentraciones de masa.

La conducta típica consiste en “perturbar gravemente el orden público”, por lo que el núcleo de la conducta típica no difiere del tipo básico del artículo 557, pues “alterar” y “perturbar” son términos sinónimos. La alteración del orden debe ser entendida como la vulneración de las reglas que rigen el comportamiento a observar en el lugar concreto; reglas que constituyen la garantía de salvaguarda del desarrollo de las actividades propias del sitio en cuestión.

En relación a los espectáculos culturales o deportivos, la actividad alteradora del orden consistirá en la que pueda determinar perturbación o inquietud en los espectadores asistentes, y originar fricciones y choques físicos entre las personas.

Además, por exigencia típica, el desorden debe ser grave. Se trata de alterar el orden de un modo grave, siendo el sujeto activo consciente de ello. Por consiguiente cuando la perturbación sea leve solo será posible apreciar la falta del artículo 633 y ello es lo que hace la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete del 27 de diciembre del 2005 que revoca la sentencia de instancia que había condenado al autor como responsable de un delito de desórdenes públicos, condenándole como autor de una falta del artículo 633 del Código Penal.

Se entiende que la gravedad debe suponer, como mínimo, la suspensión formal del acto y la imposibilidad de reanudarlo de inmediato(36). Y así parece entenderlo también la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2.º de Sevilla del 3 de julio del 2008 que condena al acusado como autor de un delito de desórdenes públicos causados en un partido de fútbol y de una falta de lesiones a la pena de doce meses de multa, a razón de diez euros por día. Igualmente, se le priva de asistir a recintos deportivos por dos años y además se le condena a un mes de multa por la falta de lesiones sobre la persona de Juande Ramos. Los hechos tuvieron lugar durante el derbi copero jugado entre el Betis y el Sevilla en el estadio Manuel Ruiz de Lopera el 28 de febrero del 2007. Juande Ramos, entrenador del Sevilla, quedó inconsciente, afectado por una conmoción cerebral, tras recibir el impacto de una botella, incluso requirió ser trasladado a una clínica, precisando asistencia facultativa, luego necesitó de un plazo de siete días para recuperarse plenamente, durante dos de los cuales no pudo ejercer sus tareas profesionales.

A diferencia de las conductas descritas en el artículo 557.1 y el primer inciso del apartado 2.º del mismo artículo, el sujeto activo de la conducta prevista en el artículo 558 no debe ser, necesariamente, un grupo de personas. El sujeto activo puede ser individual. Por otro lado, el delito previsto en el artículo 558, a diferencia del que le antecede en orden, no describe conductas sino lugares en los que la perturbación del orden tiene lugar, diferencia que justifica, como subraya la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga del 29 de enero del 2003, que juzga a unos sujetos que invaden el terreno de juego, “que no pueda entenderse aquel integrado por las actuaciones citadas en el artículo 557 por cuanto, como es de ver, en los lugares —o en algunos de ellos— que nombra el primer precepto nunca podrían tener lugar esas actuaciones”. En definitiva, si el artículo 557 contiene un catálogo cerrado respecto a los medios, el artículo 558 solo exige que se perturbe gravemente el orden en determinados actos o lugares que expresamente enumera. Perturbación que puede llevarse a cabo por cualquier medio al no estar expresamente tasados por el precepto, lo que configura al tipo penal como un delito de medios indeterminados.

Lo que sí contiene el artículo 558 es un catálogo cerrado de lugares o actividades susceptibles de ser afectados típicamente en los que el orden es necesario para el desenvolvimiento normal de las actividades que allí se celebran. Los lugares que se mencionan expresamente son audiencia de un tribunal o juzgado, colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente. Las actividades que se mencionan son los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación. A ello añade el precepto los desórdenes que se desarrollan con motivo o celebración de espectáculos deportivos o culturales.

En relación con esta última circunstancia de lugar, la vigente redacción ha limitado su ámbito frente a la redacción anterior donde se aludía en general a “espectáculos, solemnidad o reunión numerosa”. La actual redacción limita los desórdenes relevantes penalmente en espectáculos públicos a que estos sean “deportivos o culturales”, expresión que, en coherencia sistemática con el artículo 557.2, debe interpretarse como sinónimo de “eventos o espectáculos”.

El artículo 558 es de aplicación a los altercados graves producidos “con motivo de la celebración de espectáculos deportivos”, por lo que se abarca no solo el periodo de tiempo y el espacio concreto en el que se celebra el espectáculo, sino también los momentos previos en los que el sujeto o los sujetos se desplazan hacia el lugar del encuentro, o los posteriores, siempre que exista esa conexión con el evento. El precepto es, por tanto, aplicable cuando los hechos se desarrollan a la salida del partido.

Aunque el precepto guarda silencio, las infracciones punibles realizadas en el contexto de la conducta típica no resultan absorbidas por esta sino sancionadas a través del respectivo concurso ideal o medial de delitos(37). En sentencia del 29 de abril de 1999, caso juzgado por la Audiencia Provincial de Vizcaya figura que el acusado, que se encontraba en el estadio San Mamés de Bilbao presenciando el partido de fútbol de la primera división de la liga española, que disputaban los equipos Athletic Club de Bilbao y Real Zaragoza, desde la grada sur, lanzó hacia la portería (alrededor de las 20:05 horas) ocupada en ese momento por Otto K., portero del equipo visitante, un artefacto explosivo que cayó en el terreno de juego y detonó junto al portero, quien a consecuencia de lo cual sufrió una queratitis y quemaduras en la cara que precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa sin que le quedasen secuelas. La Audiencia Provincial condenó al acusado como autor del delito de desórdenes públicos en espectáculos deportivos, que está previsto en el artículo 558 del Código Penal, en concurso ideal con una falta de lesiones.

4.2.4. Faltas contra el orden público: el artículo 633 del Código Penal 

Las faltas contra el orden público fueron objeto de una importante reducción mediante la Ley Orgánica 3/1989 del 21 de junio, respecto a la actualización del Código Penal. Dichas faltas se encuentran en la actualidad ubicadas en el título IV del libro III del Código Penal. En dicho título se encuentran los artículos 633 a 637, que contemplan diversas figuras delictivas que tienen su concordancia con algunos delitos. Así, la falta de perturbación leve del orden del artículo 633 tiene su correspondencia con el delito de desórdenes públicos del artículo 558.

Estas faltas constituyen por pura decisión legal, un título en el que se agrupan conductas heterogéneas, cuyos objetos de tutela penal son muy diferentes. En este sentido, puede decirse que el Código Penal de 1995 se mantiene fiel a la tradición legislativa y conserva el carácter residual de la rúbrica de las “faltas contra el orden público”, incluyendo en él todas las infracciones menores que no hallan mejor acomodo en otros títulos.

La primera de las figuras delictivas del título IV se contiene en el artículo 633 y menciona expresamente a los espectáculos deportivos. Dice el artículo 633: “Los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas serán castigados con las penas de localización permanente de 2 a 12 días y multa de 10 a 30 días”.

La conducta típica consiste en perturbar levemente el orden en los lugares específicamente descritos. El empleo del término “perturbar” para definir el comportamiento típico conlleva que los actos realizados en los lugares o acontecimientos señalados deben tener la capacidad, y lograrla, de interrumpir y / o alterar, si bien levemente, el desarrollo de la actividad concreta que se esté desarrollando en los mismos.

La conducta típica coincide con la descrita en el artículo 558 de la que únicamente se diferencia en el carácter leve de la perturbación causada y en la concreción de los lugares en los que se perturba el orden.

La falta parece estar pensada para sancionar la alteración leve del orden público protagonizada bien por espectadores o bien por personas ajenas al evento deportivo, dejando fuera de su ámbito de aplicación la alteración leve del orden público llevada a cabo por los propios deportistas durante el desarrollo del juego o competición.

La falta de desórdenes públicos a diferencia del delito no exige una alteración efectiva del desarrollo y, por tanto, tampoco es precisa la existencia del elemento subjetivo consistente en la intención de alterar la paz pública.

Por otro lado, y de conformidad con las orientaciones vigentes que tienden a reducir al máximo el ámbito del Derecho Penal —principio de mínima intervención o de ultima ratio— se debe exigir una mínima entidad en la perturbación de la paz pública para poder apreciar la falta.

Se ha apreciado esta falta en quienes saltaron al terreno de juego del Camp Nou cuando se disputaba la primera parte del partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y una vez en la portería se esposaron a cada uno de los postes mediante unos grilletes, consiguiendo con ello interrumpir el encuentro. En cambio, se absuelve a quien salta al lugar habilitado para la prensa y los servicios de seguridad del estadio durante la disputa del partido de fútbol para exhibir una pancarta reivindicativa, por no haberse acreditado que con su actitud afectase el normal desarrollo o seguimiento del partido.

Basta con que la leve alteración del espectáculo deportivo llegue a producirse, incluso aunque el autor no esté dentro del recinto. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete del 27 de diciembre del 2005 se condena por esta falta a un sujeto que intentó acceder a un estadio de fútbol sin tener boleto de entrada. La policía se lo impidió, y en respuesta el sujeto arrojó un objeto contra un vehículo que estaba fuera del estadio y profirió distintos insultos y amenazas, esto sin que conste en los hechos probados que su conducta perturbara el desarrollo del encuentro de fútbol.

No obstante, la falta del artículo 633 del Código Penal debería ser un simple ilícito administrativo. No hay que olvidar que la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, n.º 19/2007, del 11 de julio, contempla como infracciones muy graves de las personas espectadoras “la participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado” (artículo 2.1.a) en relación con el artículo 22.1.a) y “la interrupción no autorizada en los terrenos de juego” (artículo 2.1.d) en conexión con el artículo 22.1.a).

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(1) A Tyson se le revocó su licencia para boxear y se le impuso una multa de tres millones de dólares.

(2) En Italia, el creciente fenómeno del ejercicio de la violencia contra las fuerzas de seguridad ha servido para justificar la introducción en el Código Penal de una infracción ad hoc de lesiones a funcionario público que se encuentre de servicio durante el desarrollo de un evento deportivo. Vid. al respecto, Magnini, Valentina. “Estudios sobre derecho y deporte”. En: Morillas Cueva y Mantovani, F. (Dirs.), Benítez Ortúzar (coord.). Editorial Dykinson, Madrid: 2008, pp. 169 y ss.

(3) Millán Garrido, Antonio (coord.). Régimen jurídico de la violencia en el deporte. Editorial Bosch, Barcelona: 2006, pp. 63 y 64.

(4) Un estudio de las hipótesis de relación entre deporte y violencia y sobre el estado de la investigación sobre los hooligans y la violencia asociada al fútbol, puede verse en Albrecht, Hans Jörg. “Violencia y deporte. Fenomenología, explicación y prevención”. En: Revista Penal, n.º 7, 2001, pp. 27 y ss.

(5) Vid. Gamero Casado, Eduardo. “Novedades recientes en la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el derecho deportivo comparado”. En: Revista Andaluza de Derecho del Deporte, n.º 1, 2006, p. 200.

(6) Vid. un estudio más completo en De Vicente Martínez, Rosario. Derecho penal del deporte. Editorial Bosch, Barcelona: 2010, pp. 243 y ss.

(7) El auto del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, del 29 de septiembre del 2008, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para los detenidos.

(8) Morillas Cueva, Lorenzo, ob. cit., pp. 15 y 16.

(9) Vid. DO C 229 del 9 de agosto de 1985.

(10) Vid. DO C 49 del 2 de febrero de 1988.

(11) Vid. DO C 166, del 10 de junio de 1996.

(12) Vid. BOE número 193, del 13 de agosto de 1987.

(13) Vid. DOUE C 281 del 22 de noviembre del 2003, p. 1.

(14) Vid. El trabajo del Consejo de Europa en materia de deporte, vol. VIII. Textos del Convenio Europeo sobre la violencia de espectadores 1966-1999, Madrid, 2001, que incluye todos los textos relacionados con el Convenio Europeo contra la violencia de los espectadores 1966-1998, a los que se han añadido los textos relacionados con el Convenio Europeo contra la violencia de los espectadores correspondientes al año 1999.

(15) Sobre la legislación portuguesa en el ámbito deportivo, Vid. Gamero Casado, Eduardo, ob. cit., pp. 200 y ss.; Rodríguez Enríquez, Juan. En: Millán Garrido (coord.), ob. cit., pp. 161 y ss.; Meirim, José Manuel. “La prevención y sanción de las manifestaciones de violencia asociada al deporte en el marco jurídico portugués”. En: Revista Española de Derecho Deportivo, n.º 12, 1999, pp. 133 y ss.

(16) Diario da República, 1.ª Serie, n.º 146, de 30 de julio del 2009.

(17) Vid. Foffani, Luigi. “Deporte y violencia. Los fenómenos de violencia ligados a las manifestaciones deportivas y las respuestas del ordenamiento jurídico: el caso italiano”. En: Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n.º 18, 2004, pp. 17 y ss.

(18) Vid. www.coniberodeporte.org

(19) Como incidentes más destacables a lo largo de la década de los ochenta se cita el fallecimiento de un espectador por lanzamiento de una bengala en el encuentro Cádiz CF vs. CD Castellón, el 25 de abril de 1985; los cuarenta heridos en la final de la Copa del Rey de ese mismo año disputada entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao; los veintidós detenidos en el Athletic-FC Barcelona del 9 de abril de 1986, etc. Vid. Millán Garrido, Antonio. En: Millán Garrido (coord.), ob. cit., p. 101, nota 65; Navas Renedo, Begoña. En: Millán Garrido (coord.), ibíd., p. 328, nota 5.

(20) Vid. más ampliamente Palomar Olmeda, Alberto. “La preocupación de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad y la libertad en los acontecimientos deportivos”. En: Revista Andaluza de Derecho del Deporte, n.º 1, 2006, p. 28; Ordoñez Solís, David. “Violencia y deporte: el régimen jurídico de la seguridad en los espectáculos deportivos”. En: Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, n.º 15, 2005-3, pp. 25 y ss.

(21) Vid. Palomar Olmeda, Alberto, ibíd., p. 15.

(22) Se refiere al Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol, que se firmó el 18 de marzo del 2005.

(23) Foffani, Luigi, ob. cit., p. 17.

(24) Vid. el texto de la citada resolución en el Diario Oficial n.º C 281 del 22 de noviembre del 2003, pp. 0001-0002.

(25) En este sentido Lamarca Pérez, Carmen (coord.). Derecho penal. Parte especial. 4.ª ed. Editorial Colex, Madrid: 2008, p. 731.

(26) En este sentido, entre otros, Torres Fernández, María Elena. Los delitos de desórdenes públicos en el Código Penal Español. Editorial Marcial Pons, Madrid: 2001, pp. 225 y ss.

(27) Ley Orgánica 15/2003, del 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal.

(28) Vid. por todos, Aránguez Sánchez, Carlos. “Los delitos de desórdenes públicos realizados con ocasión de eventos deportivos”. En: Revista Andaluza de Derecho del Deporte, n.º 4, 2008, p. 33.

(29) Morillas Cueva, Lorenzo y Suárez López, José María. En Millán Garrido (coord.), ob.cit., p. 325.

(30) Baucells Lladós, Joan. Comentarios al Código Penal. Parte especial. Tomo II. Córdoba Roda y García Arán (Dirs.). Editorial Marcial Pons, Madrid: 2004, p. 2544.

(31) Morillas Cueva, Lorenzo. “Derecho penal y deporte”. En: Revista Andaluza de Derecho del Deporte, n.º 1, 2006, p. 53.

(32) García Albero, Ramón. “Comentarios a la parte especial del derecho penal”. En: Quintero Olivares (Dir.), Morales Prats (coord.). 7.ª ed. Editorial Aranzadi, Pamplona: 2008, p. 2079.

(33) Queralt Jiménez, Joan. Derecho penal español. Parte especial. 6.ª ed. Editorial Atelier, Barcelona: 2010, p. 1148.

(34) Vid. por todos, García Albero, Ramón. En Quintero Olivares (Dir.), Morales Prats (coord.), ob. cit., p. 2079.

(35) Aránguez Sánchez, Carlos, ob. cit., p. 43.

(36) En este sentido, Queralt Jiménez, Joan, ob. cit., p. 1149.

(37) En este sentido García Albero, Ramón. En: Quintero Olivares (Dir.), Morales Prats (coord.), ob. cit., p. 2086; Baucells Lladós, Joan. En: Córdoba Roda y García Arán (Dirs.), ob. cit., p. 25