Devolución del IVA por adquisiciones exentas

Revista Nº 186 Nov.-Dic. 2014

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1903 del 2014, que —con el loable propósito de ampliar la competitividad turística del país— reglamenta de manera equivocada la devolución del impuesto sobre las ventas (IVA), a los nacionales de otros países que cumplan la condición de ser turistas o visitantes, al unificar una vez más el tratamiento del gravamen por la adquisición de bienes muebles tanto en las unidades especiales de desarrollo fronterizo que hacen parte de las zonas de frontera, como en el resto del territorio nacional.

Bajo este contexto, la norma ordena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), devolver a los turistas y visitantes extranjeros el ciento por ciento (100%) del IVA por la compra de bienes en el territorio nacional —descontados los costos financieros y gastos de avisos en que se incurra—, previa definición de los bienes muebles objeto del beneficio y una vez verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos señalados en la misma disposición, que si bien resultan engorrosos, a su juicio facilitan el control, manejo y consulta de las devoluciones.

Sin embargo, esta reglamentación desconoce que desde la promulgación del artículo 70 de la Ley 1607 del 2012 que modificó el artículo 28 de la Ley 191 de 1995, se encuentra exenta la adquisición de bienes por parte de visitantes extranjeros que ingresen en tránsito fronterizo a las unidades especiales de desarrollo fronterizo, mientras que los turistas extranjeros que realicen
compras de bienes en el país por fuera de estos territorios, siguen gozando de la posibilidad de pedir la devolución del IVA previamente cancelado, como lo han venido haciendo de conformidad con el artículo 39 de la Ley 300 de 1996.

La diferencia no es sutil, pues los extranjeros que adquieran bienes en el territorio nacional deben pagar el IVA que se cause al momento de la venta y en tal sentido se autoriza su devolución con posterioridad, a menos que la compra se realice en municipios como Leticia, Valledupar, Riohacha, Pasto y Cúcuta —y todos aquellos señalados como unidades especiales de desarrollo fronterizo—(1), caso en el cual no se cancela suma alguna por el tributo, ya que dada su nueva condición de adquisiciones exentas, los bienes se encuentran sometidos al gravamen pero a la tarifa de cero (0).

A pesar de que se trata de situaciones diferentes y excluyentes cuyo tratamiento varía dependiendo del lugar dónde se efectué la venta, el citado decreto pretende tramitar bajo la cuerda del procedimiento de devolución del gravamen lo que por mandato legal está exento del mismo (sic), y en tal sentido una equivocada interpretación reglamentaria —por contener una contradicción irreconciliable— hace nugatoria la voluntad del legislador de favorecer las compras de bienes que efectúen los visitantes extranjeros en las unidades especiales de desarrollo fronterizo, y de paso, deja sumidos en la incertidumbre a los comerciantes de estas zonas de frontera.

En efecto, para quienes en estos lugares enajenen los bienes muebles descritos en el artículo 5º del Decreto 1903 del 2014 a un visitante extranjero, es legalmente imposible recuperar el IVA pagado al momento de su adquisición para su posterior comercialización como exento, a menos que de manera arbitraria se proceda al cobro de la tarifa general —a todas luces irregular por la exención de ley— desobedeciendo incluso el mandato contenido en el artículo 439 del estatuto tributario, y de llegar a hacerlo, la posterior solicitud de devolución que eleve el visitante extranjero por el impuesto que le fue cobrado, sin lugar a dudas será rechazada por parte de la autoridad tributaria ubicada en el puesto de control, al hacer uso de la causal prevista en el literal c) del artículo 10 del mencionado decreto, según la cual no es viable la petición en tal sentido cuando “… Se liquide el IVA a bienes excluidos, exentos o con tarifa superior a las que corresponda”.

Aunque la ley también consagra la exención para la adquisición de servicios en estos precisos territorios que pertenecen a las zonas de frontera, por fortuna para el ordenamiento jurídico este aspecto aún no ha sido reglamentado.

Está claro que para la técnica impositiva resulta difícil dar aplicación a una exención concebida sobre la base de la calidad del adquirente de los bienes muebles y servicios (L. 191/96, art. 28), por lo que en esta oportunidad se esperaba una verdadera solución a los problemas que se derivan de su implementación y no la expedición de un decreto reglamentario plagado de imprecisiones que solo sirve para confirmar el hecho de que el Gobierno Nacional fue inferior al reto que le planteó el legislador, como ha sido el común denominador en la reglamentación de la reforma tributaria contenida en la Ley 1607 del 2012.

(1) La unidades especiales de desarrollo fronterizo han sido establecidas mediante los decretos 1814 y 2036 de 1995, 150 y 930 de 1996 y 2561 de 1997.