DIRECTIVA MINISTERIAL 1 DE 1997 

(Enero 8)

Con motivo de la expedición del Decreto 2223 del 5 de diciembre de 1996, se hace necesario impartir instrucciones y directrices relacionadas con los costos del servicio público educativo prestado por los particulares, con el fin de armonizar las políticas del sector a los objetivos comunes del pacto social y a la política macroeconómica de reducción de los índices de inflación que exige el esfuerzo solidario de todos los colombianos.

A. Aplicación de sanciones por cobro de tarifas superiores a las comunicadas y autorizadas. El artículo 14 del Decreto 2223 de 1996, ratifica la función legal otorgada por el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 al Ministerio de Educación Nacional, para someter a control a los establecimientos educativos privados, cuando lo considere necesario para evitar abusos en los regímenes de libertad establecidos por la misma ley, en relación con el cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos.

En desarrollo de este mandato legal y para la cabal aplicación de lo dispuesto en el decreto antes mencionado, se dan las siguientes instrucciones a los señores gobernadores, alcaldes distritales y secretarios de educación departamentales y distritales, para los casos en que sea necesario sancionar por cobro de tarifas superiores a las autorizadas, y en consecuencia someter a control al establecimiento educativo privado y fijar directamente el monto máximo que podrá cobrar por concepto de matrícula y pensión.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1203 de julio 12 de 1996, todos los establecimientos educativos privados tienen la obligación de presentar ante la respectiva secretaría de educación

departamental o distrital, los formularios y demás documentos para el registro de la propuesta de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para el año académico de 1997, la cual debe hacerse aplicando la reglamentación vigente para el año académico de 1997, aquellos que no lo hagan deben ser sancionados con el ingreso al régimen controlado y no podrán incrementar las tarifas cobradas durante el año de 1996, hasta tanto cumplan con dicha obligación y sean autorizados por la respectiva secretaría de educación, para el cobro de tarifas distintas a las que venían cobrando en 1996, sin detrimento de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Presentada la propuesta la secretaría de educación autorizará las tarifas con el correspondiente incremento según le corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente y en especial el Decreto 2064 de 1996 y la Circular 50 de dicho año. Esta autorización no puede ser retroactiva, por consiguiente el cobro de las nuevas tarifas autorizadas sólo operará hacia el futuro respecto de aquellas mensualidades no causadas al momento de la expedición de la providencia que autorice las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para el año 1997.

2. Cuando se compruebe que un establecimiento educativo privado excedió la tarifa autorizada y comunicada por la secretaría de educación departamental o distrital, incurrirá en la infracción definida en el artículo 14 del Decreto 2223 de 1996 y se procederá a sancionar a dicho establecimiento, con el ingreso al régimen controlado. Además, en este evento la tarifa de matrícula y pensión que se impondrá, será la que resulte de aplicar un incremento porcentual que no podrá ser en ningún caso, superior al 18%, a la tarifa que legal y efectivamente cobró el establecimiento, durante el año académico inmediatamente anterior.

3. La sanción al respecto será impuesta por el gobernador o alcalde distrital, de acuerdo con las competencias que definió el artículo 20 del Decreto 2253 de 1995, en armonía con el artículo 15 del Decreto 907 de 1996, sin perjuicio de las sanciones adicionales que las mismas autoridades puedan aplicar, según la gravedad de la falta o cuando se compruebe abierto desacato.

4. El Ministerio de Educación Nacional, ejercerá sobre las autoridades educativas territoriales, y en especial sobre las secretarías de educación un continuo control para que se aplique lo aquí dispuesto. Brindará la asesoría permanente y necesaria a las mismas y, a través de la oficina de inspección y vigilancia de la calidad de la educación y de los supervisores nacionales de educación destacados en las entidades territoriales, dará las instrucciones y recomendaciones para adelantar la oportuna investigación, aplicar debidamente el régimen sancionatorio y atender los recursos que pudieran interponerse.

B. Textos, materiales educativos y uniformes. En relación con textos y uniformes se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Cuando los establecimientos educativos privados hagan requerimientos de uniformes, sólo podrán exigir uno para el uso diario y otro para las actividades formativas de educación física, recreación y deporte.

2. Está terminantemente prohibida la venta de textos y de uniformes por parte de los establecimientos educativos privados, salvo aquellos textos especiales que no puedan ser adquiridos dentro de las condiciones del libre mercado.

Los materiales educativos que produzca el mismo establecimiento, ligados directamente a la ejecución del proyecto educativo institucional y a la metodología educativa empleada, podrán ser objeto de cobro, siempre que así lo haya dispuesto el reglamento o manual de convivencia.

C. Normas sobre bonos. Con fundamento en las facultades que la Ley 115 de 1994 dio al Ministerio de Educación Nacional, para regular lo relativo al cobro de bonos, cuotas extraordinarias o contribuciones y tarifas adicionales distintas de las matrículas, pensiones y cobros periódicos, se reiteran las siguientes disposiciones:

1. El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, prohíbe expresamente a los establecimientos educativos privados, crear y exigir directamente o por intermedio de las asociaciones de padres de familia o de cualquier otro tipo de organización, cuotas, bonos o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Tampoco los establecimientos educativos privados, podrán crear este tipo de aportes, cobros o contribuciones, por el hecho de haber sido sancionados con el ingreso al régimen controlado.

2. Los establecimientos educativos privados que a la vigencia de la Ley 115 de 1994, ya tenían adoptados sistemas de financiación mediante bonos o semejantes y que a la fecha aún los conserven, no podrán en ningún caso, incrementar su valor.

3. Todos los establecimientos educativos privados que tengan bonos o semejantes deberán presentar a la respectiva secretaría de educación departamental o distrital, un plan de desmonte o ajuste gradual, a más tardar el 8 de febrero de 1997. Quienes no hayan elaborado dicho plan deberán proceder a hacerlo. El plan será estructurado de tal manera que a más tardar a 7 de febrero de 1999, cese todo cobro por este concepto, tanto para antiguos como para nuevos educandos.

Se entiende por ajuste gradual, su paulatina reducción a partir del año académico que se inicia en 1997, que puede ser programada máximo hasta por lo que resta del término de cinco (5) años fijado por la Ley 115 de 1994.

4. La violación a lo ordenado en la ley sobre el particular y,(sic) constituye infracción que será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 907 de 1996.

Las presentes reglas son de obligatorio cumplimiento y se expiden en atención a la competencia otorgada al Ministerio de Educación Nacional por los artículos 148, 202 y 203 de la Ley 115 de 1994, el artículo 2º del Decreto 2253 de 1995 y el artículo 14 del Decreto 2223 de 1996.

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