DIRECTIVA MINISTERIAL 16 DE 1995

(Febrero 28)

Este despacho, en cumplimiento de la función coordinadora del servicio público educativo que otorga al Ministerio de Educación Nacional el artículo 148 de la Ley 115 de 1994 (1), considera oportuno dar algunas orientaciones para la adopción del proyecto educativo institucional, PEI, y la fijación provisional de sus indicadores de logro.

Adopción del proyecto educativo institucional

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 y en los artículos 14 y 16 del Decreto 1860 del mismo año (2), todos los establecimientos educativos estatales y privados deberán adoptar a más tardar el 1º de marzo del presente año, al menos los siguientes aspectos del proyecto educativo institucional:

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución, ajustados a los fines de la educación definidos por los artículos 5º y concordantes de la Ley 115 de 1994.

2. Los objetivos generales del PEI, enmarcados dentro de los objetivos por niveles y ciclos definidos por los artículos 13, 16, 20, 21, 22, 30, 33 y concordantes de la Ley 115 de 1994.

3. El reglamento o manual de convivencia, de acuerdo con el contenido previsto en el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994.

4. El reglamento interno para docentes que contenga una definición de sus derechos y deberes y de sus relaciones con los demás es-tamentos de la comunidad educativa.

5. Los órganos, funciones y formas de integración del gobierno escolar.

6. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro, que permita la realización del proyecto educativo institucional, señalando su pertinencia y relación con los objetivos.

7. El plan de estudios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 38 y 47 del Decreto 1860 de 1994, dentro del cual se deben incluir los logros para cada grado y conjuntos de grados, a partir de los objetivos generales y específicos definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1994.

Esta obligación debe considerarse cumplida con la aprobación que al respecto otorgue el consejo directivo del establecimiento educativo. El consejo dispone hasta de sesenta (60) días hábiles contados a partir del 1º de marzo de 1995 para la revisión del proyecto educativo institucional y su envío a la secretaría de educación de la respectiva jurisdicción departamental o distrital, para los efectos del registro correspondiente y la formulación de observaciones, si fuere del caso.

Lo anterior no es óbice para que en ejercicio de la función de inspección y vigilancia que este ministerio delega en los gobernadores y alcaldes distritales para el efecto de comprobar el cumplimiento de la adopción del proyecto educativo institucional, se practiquen las correspondientes visitas a los establecimientos educativos con el fin de constatar el cumplimiento al respecto y, en caso de encontrar omisiones, otorgar la correspondiente asesoría y el soporte técnico-pedagógico necesario para que esta obligación pueda ser cabalmente asumida.

La dinámica interna que caracteriza al proyecto educativo institucional permite su modificación y ajuste como resultado de los procesos continuos de evaluación y deliberación. Por tanto, debe entenderse que la fecha prescrita en el Decreto 1860 de 1994 constituye la iniciación de tal proceso que debe culminar el 8 de febrero de 1997, cuando el establecimiento deberá registrar su PEI completo ante el sistema nacional de información.

Orientaciones generales para la fijación de los indicadores de logro en el proyecto educativo institucional

Como es de su conocimiento, los indicadores de logro por conjuntos de grados y las orientaciones a que se refiere el artículo 54 del Decreto 1860 de 1994, serán definidos de manera concertada, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 323 de 1995.

Mientras tanto los establecimientos educativos deben aplicar la disposición alternativa que establece el mismo artículo y proceder a determinar los indicadores de logro de manera provisional, en el proyecto educativo institucional.

Para que las secretarías de educación puedan cumplir con su función legal de asesoría y supervisión a los establecimientos educativos, durante esta etapa de transición, este ministerio se permite adelantar los siguientes criterios de orientación:

1. Los indicadores de logro son los indicios o las evidencias que demuestran que los procesos educativos están alcanzando la formación esperada en el educando. Además permiten verificar el grado de calidad con que se cumplen los fines y objetivos de la educación.

2. Para fijar indicadores de logro se deberán tener en cuenta los fines y objetivos de la educación señalados en la Ley 115 de 1994 que deben desarrollarse en el proyecto educativo institucional.

En tales fines y objetivos se encuentran los procesos fundamentales del desarrollo integral del educando que se propiciarán en la institución educativa y que, consecuentemente, serán objeto de evaluación en los diferentes grados. Entre estos procesos se encuentran los siguientes:

a) Los procesos de desarrollo cognitivo, como el pensamiento lógico formal, la capacidad para tratar problemas y la creatividad;

b) Los procesos de competencia comunicativa que involucran las capacidades de expresión y producción oral y escrita, de comprensión, de argumentación, de crítica y, en general, de comunicación;

c) Los procesos biológicos y físicos que incluyen el desarrollo de competencias físicas y su relación e influencia en el desarrollo social y sicológico;

d) Los procesos valorativos y actitudinales que hacen referencia a la construcción de un ambiente para el comportamiento recto y justo, la capacidad de valoración, de interacción y de asunción responsable de posiciones, y

e) Los procesos de expresión y experiencia estética que permiten el desarrollo de la sensibilidad, la emotividad, la contemplación, la comprensión y el disfrute, y el uso del lenguaje simbólico.

3. Además deberá tenerse en cuenta que la sociedad, el trabajo, la recreación, la paz, la ciencia y la tecnología, hacen exigencias concretas a las instituciones educativas que obligan a introducir en el currículo los siguientes lineamientos directamente relacionados con los logros educativos y su evaluación:

a) Un mayor énfasis en el desarrollo de capacidades y de procesos de pensamiento, de aprendizaje, de investigación y de socialización que en el desarrollo de contenidos;

b) El desarrollo de habilidades para la interacción y el trabajo en equipo, como también, la participación activa en el aula y el interés por el tratamiento adecuado y la solución de problemas reales;

c) El desarrollo de proyectos pedagógicos que traten problemas cuya solución requiere días o semanas de trabajo en y fuera del establecimiento educativo, antes que los simples ejercicios académicos de carácter repetitivo;

d) La valorización de la diversidad cultural, las creencias, las razas, el sexo y los factores personales, y

e) El desarrollo de valores y actitudes éticas que fundamenten y orienten la vida y contribuyan a la formación integral de cada alumno.

Finalmente se debe tener en cuenta que la evaluación del rendimiento escolar no es sólo cuantitativa durante este período de transición, sino continua, integral y, especialmente cualitativa, teniendo en cuenta las disposiciones que al respecto establece el capítulo VI del Decreto 1860 de 1994.

Este despacho anima a los señores secretarios de educación para que esta directiva sea ampliamente conocida por los rectores de los establecimientos educativos de la respectiva jurisdicción y para que compartan experiencias en esta materia como estrategia de asesoría.

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