DIRECTIVA MINISTERIAL 36 DE 1997 

(Junio 16)

Esta directiva recopila y adiciona las instrucciones y directrices para la definición de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para que sirva de herramienta en el proceso de autorización de tarifas de los establecimientos educativos privados de educación formal, con especial referencia al calendario B y al plan de inspección del calendario A.

Los decretos 2064 y 2223 del 14 de noviembre y 5 de diciembre de 1996 tienen como propósito el que los costos del servicio público educativo prestado por los particulares respondan a la política sobre costos de matrículas y pensiones, que tiene entre sus propósitos garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños y los jóvenes, a las objetivos comunes del pacto social y a la política macroeconómica de reducción de los índices de inflación, que exige el esfuerzo solidario de todos los colombianos.

I. Autorización de tarifas.

De conformidad con el reglamento general para definición de tarifas y en especial con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1203 de julio 12 de 1996, todos los establecimientos educativos privados de calendario B tienen la obligación de presentar ante la respectiva secretaría de educación departamental o distrital, los formularios de autoevaluación y demás documentos para el registro de la propuesta de tarifas de matrículas; pensiones y cobros periódicos para el año académico 1997-1998, que debe hacerse aplicando la reglamentación vigente.

Por su parte las secretarías de educación tienen la obligación de analizar cada propuesta y autorizar, mediante resolución debidamente motivada, la tarifa anual que puede cobrar el establecimiento.

En ningún caso se pueden autorizar tarifas que superen los topes máximos de incremento consagrados en el Decreto 2064, desarrollado en la Circular Ministerial 50. Estos topes resultan de la aplicación de la fórmula consagrada en el artículo primero del precitado decreto, que establece que para 1997 el incremento porcentual máximo en las tarifas de matrículas y pensiones de los establecimientos educativos privados será igual a la meta de inflación incrementada en el porcentaje equivalente a la participación del costo salarial docente, multiplicado por el ajuste porcentual en los salarios docentes, disminuido en la meta de inflación, y el incremento porcentual derivado de las mejoras de calidad. Estos últimos, como máximo, se podrán incrementar en 2 puntos para el régimen de libertad vigilada y en 3 puntos para el de regulada. La inversión correspondiente a estos puntos debe justificarse en el plan de inversión presentado.

A los colegios que ingresen voluntariamente al régimen controlado y aquellos que sean clasificados en el mismo, se les autorizará un incremento que comprenda la meta de inflación, 18%, más el porcentaje equivalente al costo salarial docente.

La tarifa base para aplicar la fórmula es la tarifa anual efectiva y legalmente cobrada durante todo el año escolar inmediatamente anterior, como lo establece el Decreto 2064, cuya aplicación se instruyó en la Circular Ministerial 50 del 15 de noviembre de 1996.

El valor anual autorizado comprende matrícula y pensiones. El monto correspondiente a la matrícula en ningún caso podrá ser superior al 10% de dicho valor. El saldo corresponde al valor total de las pensiones y debe ser dividido en cuotas partes iguales que se cobrarán y pagarán según la periodicidad que para el efecto se utilice, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2º del artículo 4º del Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995 y durante la vigencia del período académico.

Para cumplir con la normatividad se recomienda a las autoridades educativas departamentales y distritales difundir por todos los medios a su alcance la obligación que tienen los colegios privados de presentar ante la respectiva secretaría de educación los formularios de autoevaluación, para así evitar el congelamiento de la tarifa. Así mismo deben poner a disposición de las instituciones copia del manual y de los formularios para la autoevaluación.

Se recomienda a las secretarías apoyarse en las alcaldías municipales y en los directores de núcleo si los hubiere, para asegurar que la documentación llegue a los planteles.

II. Expedición de resoluciones, notificaciones y decisión de recursos.

Las tarifas deben ser autorizadas mediante resolución motivada expedida por el secretario de educación. Estas resoluciones deben notificarse a las instituciones en forma eficaz, teniendo en cuenta las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

Expedida la resolución, y si no existe medio más eficaz, se le enviará al rector por correo certificado a la dirección del colegio una citación, para que asista a la diligencia de notificación. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

Si al cabo de cinco (5) días del envío de la citación no se ha logrado hacer la notificación, se fijará edicto en lugar público de la secretaría de educación por el término de 10 días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la providencia de autorización de tarifas.

La resolución de autorización de tarifas debe ser notificada y encontrarse en firme antes de la iniciación de clases regulares.

En los casos en que se interpongan recursos contra las resoluciones de autorización, los mismos deben ser resueltos y notificados con la mayor celeridad y eficacia, sin sobrepasar los términos legales. Los recursos de reposición deben ser resueltos por el secretario de educación y los de apelación por el gobernador o alcalde distrital.

Todas las diligencias de notificación podrán hacerse por intermedio de los alcaldes municipales, quienes para el efecto podrán apoyarse en los directores de núcleo si los hubiere. En estos eventos es indispensable comunicar a los establecimientos la modalidad que se utilizará para la notificación. El alcalde municipal deberá devolver el original de la resolución debidamente notificada a la correspondiente secretaría de educación.

Igual procedimiento se podrá utilizar para recepcionar la presentación personal de los recursos legales que se llegaren a interponer, los cuales serán enviados por el alcalde municipal a la respectiva secretaría de educación para el conocimiento y decisión del funcionario competente según lo ya explicado.

III. Congelación.

Aquellas instituciones de calendario B que no presenten su autoevaluación para la definición de tarifas y a las que por tanto no se les puede expedir resolución de autorización, deben ser sancionadas con su inclusión en el régimen controlado. Estas instituciones no podrán incrementar las tarifas cobradas durante el año académico inmediatamente anterior, hasta tanto cumplan con dicha obligación y sean autorizadas por la respectiva secretaría de educación para el cobro de tarifas distintas a las que venían cobrando en el período 1996-1997, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Presentada la propuesta, la secretaría de educación autorizará las tarifas con el correspondiente incremento, según lo que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y en especial el Decreto 2064 de 1996 y la Circular 50 de dicho año. Esta autorización no puede ser retroactiva, por consiguiente el cobro de las nuevas tarifas autorizadas sólo operará hacia el futuro respecto de aquellas mensualidades no causadas al momento de la expedición de la providencia que autorice las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para el año 1997-1998.

IV. Aplicación de sanciones por cobro de tarifas superiores a las comunicadas y autorizadas.

El artículo 14 del Decreto 2223 de 1996 reafirma la función legal del Ministerio de Educación Nacional (Ley 115 de 1994, artículo 202) para someter a control por sanción a los establecimientos educativos privados, para evitar abusos en el cobro de las tarifas autorizadas y comunicadas.

En desarrollo de este mandato legal y para su cabal aplicación, se reiteran las instrucciones impartidas mediante la Directiva Ministerial 001 de enero 8 de 1997 a los señores gobernadores, alcaldes distritales y secretarios de educación departamentales y distritales, haciéndolas extensivas a las regiones en que funcionan instituciones de calendario B, para la aplicación de sanciones por el cobro de tarifas superiores a las autorizadas.

1. Cuando se compruebe que un establecimiento educativo privado cobró una tarifa superior a la tarifa autorizada y comunicada por la secretaría de educación departamental o distrital, incurrirá en la infracción definida en el artículo 14 del Decreto 2223 de 1996 y se procederá a sancionarlo con el ingreso al régimen controlado. En este evento, la tarifa anual que se impondrá no podrá ser, en ningún caso, superior al 18% de la tarifa que legal y efectivamente cobró el establecimiento durante todo el año académico inmediatamente anterior.

2. Esta sanción será impuesta por el gobernador o alcalde distrital, de acuerdo con las competencias que definió el artículo 20 del Decreto 2253 de 1995, en armonía con el artículo 15 del Decreto 907 de 1996, sin perjuicio de las sanciones adicionales que las mismas autoridades puedan aplicar según la gravedad de la falta o por comprobarse abierto desacato.

3. El Ministerio de Educación Nacional supervisará que las autoridades educativas territoriales, y en especial las secretarías de educación, apliquen lo aquí dispuesto y brindará la asesoría necesaria a través de la oficina de inspección y vigilancia de la calidad de la educación.

4. Las secretarías de educación son responsables de realizar integralmente el plan de inspección de que trata el numeral 6º de la Circular Ministerial 25 del pasado 16 de abril, dirigido a los establecimientos educativos del calendario A y de diseñar y ejecutar el correspondiente a los establecimientos de calendario B que debe iniciarse paralelamente con el inicio de las clases regulares. Se anexa a esta directiva el “instructivo a las secretarías de educación para la verificación de cobros por los establecimientos educativos de calendario A”.

V. Cobros periódicos.

La autorización de cobros periódicos a los colegios de calendario B debe ceñirse a las instrucciones impartidas en la Circular Ministerial 50 del 15 de noviembre de 1996. Los gastos de funcionamiento e inversión correspondientes a la prestación de todos los servicios a que hagan referencia los cobros periódicos, no podrán estar incluidos en el presupuesto de gastos e inversión presentados por el colegio para la definición y autorización de tarifas educativas.

Transporte escolar: El incremento en las tarifas del transporte escolar no podrá ser superior al porcentaje de aumento que para el servicio público de transporte se haya autorizado en la jurisdicción distrital o municipal en donde se encuentra ubicado el establecimiento educativo.

Cuando se produzca el ajuste de la tarifa del servicio público de transporte igualmente se podrá ajustar a partir del mismo momento la tarifa correspondiente al transporte escolar en un porcentaje igual al de la diferencia que resulte entre los incrementos autorizados para los años 1997 y 1998.

En caso que el incremento para las tarifas del servicio público de transporte para el año 1998 sea inferior al del presente año, el valor del transporte se ajustará en igual forma.

Esto debe quedar explícito en la resolución de tarifas que expida la secretaría de educación. Igualmente debe estipularse como cláusula en los contratos que celebran las instituciones educativas privadas con los padres de familia, según lo preceptuado en el artículo 201 de la Ley 115 de 1994.

Alimentación: El incremento para el cobro por concepto de alimentación no podrá ser superior a la meta de inflación para 1997, es decir del 18%.

En el segundo semestre se podrá ajustar esta tarifa en la diferencia de la meta de inflación para los años de 1997 y 1998, siguiendo el criterio planteado para el cobro de transporte. Esto deberá expresarse, igualmente, en la resolución que expida la secretaría de educación y como cláusula del contrato suscrito con los padres de familia en los términos ya referidos.

Alojamiento escolar: El incremento del alojamiento escolar no podrá ser superior al porcentaje de la meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República para la vigencia de 1997.

Para 1998 la tarifa podrá ser ajustada en la diferencia que resulte entre los porcentajes de la meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República para las vigencias 1997-1998.

VI. Otros cobros periódicos.

De conformidad con lo señalado en el artículo 4º del Decreto 2253 de 1995, son las sumas que se pagan a los establecimientos educativos privados por conceptos deferentes a los de transporte, alimentación y alojamiento.

Para que estos cobros sean legales deben fijarse de manera expresa en el manual de convivencia adoptado debidamente y derivarse directamente de los servicios educativos ofrecidos que no estén contemplados en el presupuesto de gastos y de inversión presentados por el colegio para la definición y autorización de tarifas.

Estos cobros deben ajustarse como máximo, al equivalente de los mismos o similares servicios o materiales en el mercado.

VII. Bonos.

En cumplimiento a lo ordenado en la Ley 115 de 1994 y lo instruido en la Directiva Ministerial 001 citada, sobre el cobro de bonos, cuotas extraordinarias o contribuciones y tarifas adicionales distintas de las matrículas, pensiones y cobros periódicos, se reitera lo siguiente:

1. El artículo 203 de la Ley 115 de 1994 prohíbe expresamente a los establecimientos educativos privados crear y exigir directamente o por intermedio de las asociaciones de padres de familia o de cualquier otro tipo de organización, cuotas, bonos o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Con mayor razón los establecimientos educativos privados no podrán crear este tipo de aportes, cobros o contribuciones, con la justificación de haber sido sancionados con el ingreso al régimen controlado.

2. Los establecimientos educativos privados que a la vigencia de la Ley 115 de 1994 ya habían adoptado sistemas de financiación mediante bonos, cualquiera que sea su denominación y forma de cobro, y que a la fecha aún los conserven, no podían en ningún caso incrementar su valor. De comprobarse que lo han aumentado habrán incurrido en una infracción a la ley, ameritando ser sancionados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 907 de 1996.

3. Todos los establecimientos educativos privados que tengan establecidos estos sistemas de bonos han debido presentar a más tardar el 8 de febrero de 1997, en la respectiva secretaría de educación departamental o distrital, el plan de desmonte gradual. Quienes no lo hayan presentado en dicha fecha incurrieron en una infracción que amerita ser sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 907 de 1996.

Corresponde a las autoridades departamentales y distritales exigir el cumplimiento de la ley, requiriendo a las instituciones la presentación del plan de desmonte, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar por esta omisión.

Se entiende por desmonte gradual, su paulatina reducción a partir del año académico que se inicia en 1997, que puede ser programado hasta por lo que resta del término de cinco (5) años fijado por la Ley 115 de 1994, es decir hasta el 7 de febrero de 1999.

4. De conformidad con lo ordenado en el inciso segundo del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, sólo los establecimientos educativos privados sin ánimo de lucro podrán establecer un bono como aporte de capital, con destino al mejoramiento del proyecto educativo institucional, siempre y cuando se encuentren voluntariamente bajo el régimen controlado y expidan el título correspondiente. El MEN expedirá en los próximos días la reglamentación del inciso citado.

VIII. Textos, materiales educativos y uniformes.

En relación con textos, materiales educativos y uniformes se reiteran los lineamientos señalados en la Directiva Ministerial 001 antes citada en los siguientes términos:

1. Los establecimientos educativos sólo podrán exigir dos uniformes, uno para el uso diario y otro para las actividades de educación física, recreación y deporte, salvo que el manual de convivencia y las actividades organizadas por el PEI adoptado legalmente, exijan otro tipo de uniformes que hayan sido aprobados por el consejo directivo.

2. De conformidad con la Resolución Ministerial 17546 de noviembre de 1989, está prohibida la venta de textos por parte de los establecimientos educativos, salvo aquellos textos especiales que no puedan adquirirse en el mercado.

El costo de los materiales educativos que requiera la ejecución del proyecto educativo institucional y la metodología educativa empleada deberá ceñirse a lo dispuesto en el manual de convivencia y en ningún caso podrán cobrarse valores superiores a los establecidos en el mercado.

IX. Instrucciones adicionales para el manejo de costos en las instituciones de calendario A.

1. Autorización de tarifas por encima de los topes legales.

A la fecha deben estar definidas las tarifas de las matrículas, pensiones y cobros periódicos de todas las instituciones privadas de educación formal de calendario A. Esa definición implica que todos los recursos interpuestos se encuentren resueltos y notificados a los rectores de las instituciones.

Tal y como lo señala la normatividad vigente, en ningún caso han debido autorizarse reajustes superiores al 24,5% sobre la tarifa efectiva y legalmente cobrada durante todo el año académico de 1996. No obstante, de los resultados del operativo que se cumplió en las entidades territoriales por la supervisión nacional en el primer semestre del presente año y de la evaluación que sobre el mismo se realizó en el ministerio, se tiene conocimiento que en algunos departamentos se autorizaron aumentos que superan dicho porcentaje.

Por esto en la Circular Ministerial 25 del pasado 16 de abril se hizo un llamado especial a los señores gobernadores, alcaldes distritales y secretarios de educación para que aplicaran los correctivos necesarios tendientes a subsanar esta situación ilegal.

Considerando que situaciones como la descrita aún subsisten en algunos departamentos y distritos, solicito a las autoridades citadas que dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la presente, informen a la oficina de inspección y vigilancia del ministerio sobre el ajuste de tarifas autorizadas por encima de lo ordenado en el Decreto 2064.

Si las secretarías de educación insisten en no ajustar estas tarifas, haciendo caso omiso del ordenamiento legal, el Ministerio de Educación, a través de los funcionarios competentes y en cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios que rigen la función pública, está obligado a poner estas situaciones en conocimiento de las autoridades correspondientes.

2. Congelación.

Por mandato legal, todos los establecimientos educativos privados de calendario A que no presentaron oportunamente la autoevaluación para la definición de sus tarifas, debieron ser sancionados con el ingreso al régimen controlado y la congelación de la tarifa para 1997 con base en la cobrada durante 1996.

En caso de no existir resolución de autorización de tarifa para 1996 ha debido darse aplicación al Decreto 2253 de 1995, artículo 31, en el sentido que el incremento autorizado para el año académico 1996 fue, en esos casos, del 17% respecto de la tarifa adoptada para 1995.

Con base en lo anterior, las secretarías de educación debieron expedir, o expedirán si no lo han hecho todavía, la resolución que fija a cada colegio las tarifas de congelación para el presente año.

En los casos en que se expidieron resoluciones colectivas de congelación se debió indicar el nombre completo de la institución y la tarifa respectiva. Si no se hizo de esa forma, se debe proceder inmediatamente a determinar la tarifa, lo que se hará mediante resolución adicional. De igual forma se procederá si la resolución fue individual pero sin determinación de tarifa.

En aquellos casos en que se expidieron resoluciones que no singularizan las instituciones y tarifas, se debe proceder de inmediato a adicionarlas señalando la institución y su tarifa congelada.

X. Establecimientos educativos estatales.

Todos los establecimientos educativos oficiales deben acogerse al pacto social. Por lo tanto, el incremento en los derechos académicos autorizados según lo establecido en el Decreto 135 de enero 17 de 1996 y en los respectivos reglamentos territoriales, no podrá ser superior a la meta de inflación trazada del 18%.

Cualquier otro cobro debidamente autorizado debe ceñirse a lo establecido en esta directiva ministerial.

Las presentes reglas son de obligatorio y estricto cumplimiento y se expiden en atención a la competencia otorgada al Ministerio de Educación Nacional por los artículos 148, 202 y 203 de la Ley 115 de 1994, el artículo 2º del Decreto 2253 de 1995 y el artículo 14 del Decreto 2223 de 1996.

El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de su oficina de inspección y vigilancia de la calidad de la educación, brindará el apoyo y las orientaciones que sean requeridas, en los teléfonos 2224710, 2220228 y 980010121.

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