DIRECTIVA MINISTERIAL 40 DE 1998 

(Julio 8)

De conformidad con las funciones que le fueron otorgadas por la Ley 115 y el Decreto 1953 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional considera pertinente dar orientaciones e instrucciones a las secretarías departamentales y distritales de educación y demás agentes regionales y locales comprometidos en la prestación del servicio educativo, para el cabal cumplimiento de las disposiciones y formalidades relacionadas con los establecimientos, su naturaleza, sus condiciones, requisitos de constitución, de funcionamiento y reconocimiento oficial, mientras se expide el respectivo reglamento en desarrollo de los artículos 138, 193 y 194 de la Ley General de Educación.

1. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo.

A partir de la Ley 115 de 1994, para que una institución educativa sea reconocida como tal, debe reunir tres (3) requisitos, según el artículo 138, así:

a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial;

b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y

c) Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional.

Debe entenderse en consecuencia que el requisito de la “Licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial” señalado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, constituye una misma figura administrativa, que junto con las exigencias de infraestructura, dotación y el proyecto educativo institucional, conforman un todo, de tal suerte que la concurrencia de estos requisitos conllevan a definir la situación legal de un establecimiento educativo. Por tanto, el concepto de aprobación de establecimientos indicado en los artículos 10, 34, 112 y 151 de la Ley 115 de 1994, debe interpretarse dentro del marco general que la misma ley otorgó en los artículos 138 y 193.

Es de señalar que la eficiencia y calidad del servicio que presta un establecimiento educativo como garantía para los educandos y padres de familia, se sustenta en la construcción e implementación del Proyecto Educativo Institucional, que constituye el instrumento técnico pedagógico indispensable para la verificación del nivel de excelencia de la respectiva institución. Incluyendo los aspectos relativos a las condiciones de organización, financiación, dotación e infraestructura, requeridas para su cabal funcionamiento, tal como lo dispone el Decreto 1860 de 1994, especialmente en sus artículos 14, 38, 40 y 42 a 46. En el caso de los establecimientos educativos privados, se debe tener en cuenta además, el Decreto 2253 de 1995, y normas concordantes.

Igualmente, es necesario considerar en los análisis que realicen las secretarías de educación los aspectos contemplados en los artículos 80 y 84 de la Ley General de Educación relacionados con el diseño de criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza, el desempeño profesional del docente, de directivos, logros de los alumnos, eficiencia de métodos pedagógicos, de textos, materiales, gestión administrativa y eficiencia en la prestación del servicio.

2. Requisitos y procedimientos que deben cumplir los establecimientos que pretendan iniciar la prestación del servicio educativo.

Las instituciones que se organicen con el propósito de ofrecer el servicio público educativo por niveles y grados, en los términos establecidos en la Ley 115 de 1994, para que puedan obtener la correspondiente licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial, deberán cumplir los siguientes requisitos y procedimientos:

a) Presentar ante la respectiva secretaría de educación departamental o distrital, su propuesta de proyecto educativo institucional, ajustada a los lineamientos establecidos en el Decreto 1860 de 1994 en armonía con el Decreto 180 de 1997, lo que constituye el registro del proyecto. Este registro de la propuesta del PEI no es la aprobación o el reconocimiento oficial, sino la iniciación del proceso de legalización institucional.

Los establecimientos educativos privados deberán tener en cuenta, en el momento de la formulación de la propuesta, lo dispuesto en el Decreto 2253 de 1995 y normas concordantes, para el cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos. En el caso de los establecimientos educativos estatales deberá atenderse lo establecido en el Decreto 135 de 1996, para efectos del cobro de derechos académicos;

b) Poner en ejecución la propuesta presentada. Una vez iniciado el año académico, el rector del establecimiento convocará a la comunidad educativa para conformar el gobierno escolar y poner en práctica dicha propuesta, lo que constituye el punto de partida para la construcción del proyecto educativo institucional, y

c) Remitir informe de los avances logrados en la construcción del proyecto educativo institucional, sesenta (60) días calendario antes del proceso de matrícula para el año académico siguiente. En todo caso, el registro oficial de dichos avances debe hacerse a más tardar a los doce (12) meses siguientes de iniciadas las actividades académicas. Este registro no constituye la aprobación del establecimiento.

La secretaría de educación departamental o distrital respectiva, una vez haya recibido la propuesta y efectuado el registro correspondiente a que se alude en el literal a) de esta directiva, evaluará a través del cuerpo técnico de supervisores, la concordancia de la propuesta de PEI en relación con la normatividad vigente. Dicha evaluación debe dar como resultado un concepto técnico-pedagógico que fundamente la decisión de aceptación, ajuste o negación de dicha propuesta. La decisión adoptada se comunicará al establecimiento educativo mediante acto administrativo, indicando si autoriza su puesta en ejecución o en su defecto, señalando las objeciones que lo impiden.

Las secretarías de educación departamentales y distritales, en ejercicio de sus competencias de supervisión, inspección, vigilancia y control, brindarán las orientaciones necesarias y realizarán las verificaciones requeridas que garanticen la calidad del servicio educativo ofrecido. Con base en los correspondientes informes, la respectiva secretaría de educación procederá a considerar el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, previo el lleno de los demás requisitos.

3. Requisitos y procedimientos que deben cumplir, los establecimientos educativos aprobados con antelación a la vigencia de la Ley 115 de 1994.

El artículo 194 de la Ley 115 de 1994, autorizó el funcionamiento a los establecimientos educativos privados que tuvieran la condición de aprobados de conformidad con las normas que regulaban tal materia, con antelación a la vigencia de dicha ley. A estos planteles les fue concedido un plazo de tres (3) años para elaborar y comenzar a aplicar su proyecto educativo institucional, período que se venció el 12 de agosto de 1997. Además se debe tener en cuenta que el Decreto 180 del 28 de enero de 1997, modificó el artículo 16 del Decreto 1860 de 1994 estableciendo que todas las instituciones educativas oficiales y privadas, debían presentar en la respectiva secretaría de educación departamental o distrital, los avances logrados en la construcción participativa del proyecto educativo institucional.

Cumplidos los anteriores requisitos y procedimientos, las secretarías de educación departamentales o distritales de la respectiva jurisdicción, otorgarán mediante acto administrativo, la nueva licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial a los establecimientos educativos que lo ameriten. Todo ello, sin perjuicio de que las secretarías de educación adelanten las acciones de seguimiento, evaluación y vigilancia, necesarias para garantizar a los usuarios del servicio educativo, el ejercicio pleno del derecho a la educación y a la calidad de la misma.

4. Establecimientos educativos con licencia de iniciación de labores.

Los establecimientos educativos que con base en la normatividad anterior a la Ley 115 de 1994, posean licencia de iniciación de labores o la tienen vencida, deberán presentar los avances logrados en la ejecución del proyecto educativo institucional y al mismo tiempo solicitarán por escrito la práctica de una visita de constatación y evaluación de las condiciones y exigencias legales para la prestación del servicio educativo.

La secretaría de educación departamental o distrital correspondiente, a través de su cuerpo técnico de supervisores, evaluará los avances del PEI y emitirá concepto técnico-pedagógico para fundamentar la decisión de conceder la licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial mediante acto administrativo. En caso de que se demanden ajustes, la secretaría de educación determinará la forma y los plazos en que se tendrán que satisfacer para poder conceder la respectiva licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial o en su defecto, aplicar el régimen sancionatorio previsto en el Decreto 907 de 1996.

5. Establecimientos educativos que actualmente prestan el servicio sin el lleno de los requisitos legales para su funcionamiento.

Atendiendo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del Decreto 907 de 1996, las secretarías de educación departamentales y distritaIes deberán agotar todos los mecanismos de apoyo y asesoría a los establecimientos educativos que se encuentran en situación irregular para que cumplan con las disposiciones vigentes para el legal funcionamiento de dichas instituciones. Si a pesar de ello, subsisten tales irregularidades, se deberá aplicar el régimen sancionatorio establecido en el capítulo 4º del Decreto 907 de 1996.

6. Ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la educación.

Dado que el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación es un mandato constitucional de carácter supremo, es necesario reiterar que el mismo, no es renunciable. Por tanto, los secretarios de educación departamentales y distritales deberán tener en cuenta en el momento de decidir sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos, que si bien es cierto, la Ley General de Educación otorgó autonomía a los establecimientos educativos, ello no implica que se dejen de adoptar medidas derivadas de la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones óptimas para la calidad y la prestación del servicio educativo.

Las secretarías de educación departamentales y distritales brindarán la orientación, asesoría y asistencia técnico-pedagógica necesarias a los establecimientos educativos para el cabal cumplimiento de la normatividad vigente y dentro del ejercicio de sus competencias, harán las verificaciones requeridas que garanticen la calidad del servicio educativo ofrecido.

El reglamento territorial para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que expidan las secretarías de educación departamentales y distritales, incorporará como normas transitorias lo establecido en la presente directiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 907 de 1996.

La oficina de inspección y vigilancia de la calidad de la educación de este ministerio, coordinará la asesoría y el acompañamiento del caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de esta directiva.

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