DIRECTIVA PRESIDENCIAL 11 DE 1997 

(Julio 18)

En consideración a la naturaleza democrática, participativa y pluralista del Estado colombiano, que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y en la solidaridad de las personas, según lo consagra el artículo 1º de la Carta Política;

Teniendo en cuenta que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades, según lo dispone el artículo 2º de la Constitución Política;

Manifiesta de modo expreso su convicción de que los grupos y asociaciones de la sociedad civil que adelantan tareas y actividades encaminadas a la promoción, protección, y vigencia de los derechos humanos, tanto como a la prevención y el esclarecimiento de las agresiones y violaciones que en su contra se cometan, quienquiera sea el autor de las mismas, dentro del marco de la Constitución y las leyes, el respeto y apoyo a las instituciones democráticas legítimamente constituidas, configuran un elemento fundamental de la democracia colombiana y el Estado de derecho instituido para salvaguardarla;

Reitera la voluntad política del gobierno de otorgar al tema de derechos humanos una consideración prioritaria, encaminada a propiciar las condiciones necesarias para su plena vigencia en el territorio nacional;

Reconoce la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de los programas, proyectos y actividades relacionados con la divulgación, la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que adelantan las organizaciones privadas o de la sociedad civil, políticas, académicas, sociales, cívicas y comunitarias, conformadas con arreglo a la Constitución y a la ley, así como de las actividades que en esta materia adelantan cualesquiera personas o grupos, aunque formalmente no estén constituidas como personas jurídicas; a todas las organizaciones, programas, proyectos, grupos y personas aludidos, se los denomina en adelante “organizaciones de derechos humanos” para los efectos de esta directiva, y queda entendido que las prescripciones de la misma comprenden a las organizaciones que agrupan a víctimas de la acción de la guerrilla;

Reconoce igualmente el carácter legítimo de los programas, proyectos y actividades relacionados con la divulgación, la promoción, la protección, y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que desarrollan las entidades públicas del orden nacional, regional, departamental, municipal o local;

Reconoce, en particular, el carácter legítimo de las organizaciones de derechos humanos que consisten en el reporte y la denuncia, ante escenarios y organismos nacionales e internacionales, de violaciones individuales o colectivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y en la prestación de servicios de asesoría y asistencia jurídica a personas colocadas o presuntamente colocadas por fuera de la ley;

Reconoce que la actividad de las organizaciones de derechos humanos contribuye a la defensa y desarrollo de la democracia en el país, a la reducción y prevención de los padecimientos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a la lucha contra la impunidad;

Reitera que la actividad de las organizaciones de derechos humanos deben ajustarse a la Constitución y a las leyes;

Reitera que uno de los aspectos más importantes de la política de derechos humanos del Gobierno de Colombia es el planteado en los siguientes apartes del discurso que pronunciara el 9 de septiembre de 1994, Día Nacional de los Derechos Humanos:

“EI actual será un gobierno de puertas abiertas para las personas y las organizaciones particulares dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Las considerará sus aliadas en la tarea de salvaguardar los derechos fundamentales de los habitantes del territorio patrio. Mantendrá con ellas cuantas controversias considere necesarias sobre los diagnósticos y críticas que le planteen y sobre las políticas que propongan para enfrentar los diferentes aspectos de la aludida problemática y les demandará objetividad en sus juicios y ponderación en sus análisis, pero se abstendrá de descalificarlas o de pretender quitarles legitimidad. Buscará sostener con los organismos de derechos humanos relaciones constructivas en procura de suprimir las violaciones de tales derechos y pondrá de su parte cuanto sea necesario para proteger la vida y la integridad de sus miembros”.

“El gobierno promoverá esquemas de concertación de políticas y medidas de protección y defensa de los derechos humanos, y aceptará las convocatorias que se le formulen al respecto. Entendiendo que los derechos fundamentales en cuanto tales no son transables, tiene la convicción de que el diseño de los mecanismos tendientes a salvaguardarlos en contextos específicos debe ser objeto, por regla general, de la deliberación democrática. Concurrirá a ésta con plena seriedad, con respeto por sus contradictores y de buena fe”.

En consecuencia y en desarrollo de los anteriores principios, el Presidente de la República,

ORDENA:

Atender y despachar favorablemente, a la mayor brevedad, las solicitudes de entrevistas y reuniones, al igual que las peticiones de información y el suministro de copias de documentos, que les presenten o formulen las organizaciones de derechos humanos, a menos que se trate de información o documentos sometidos a reserva de acuerdo con la ley, circunstancia ésta que deberá explicarse con comedimiento a los solicitantes;

Abstenerse de formular planteamientos o declaraciones que desconozcan la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos, o que contengan afirmaciones injuriosas o insultantes, o que constituyan formas de amenaza u hostigamiento contra aquéllas y éstos, y abstenerse de permitir o tolerar que los servidores públicos sometidos a la autoridad del funcionario de que se trate realicen ese mismo tipo de actos, así como de instigar o inducir a terceros, directamente o por interpuesta persona, a que incurran en esas mismas conductas;

Actuar con diligencia e impulsar dentro de la esfera de sus competencias el inicio, trámite y adelantamiento de los procesos disciplinarios contra los funcionarios de la rama ejecutiva que incurran en las conductas aquí contempladas en contra de miembros de las organizaciones de derechos humanos e imponer sin dilación las sanciones previstas cuando exista mérito para ello.

Abstenerse de incurrir en la formulación de falsas imputaciones o en conductas que menoscaben el derecho de defensa, al debido proceso y a la honra del sindicado; y en caso de recibir información en relación con la eventual comisión de delitos por parte de los miembros de las organizaciones de derechos humanos, ponerla a la mayor brevedad en conocimiento de las autoridades legales competentes;

Convocar y celebrar de manera oportuna y, de ser necesario, frecuente, consejos de seguridad departamentales y municipales, que contemplen en sus respectivas agendas el examen de las situaciones de riesgo para, o de agresión contra, las organizaciones de derechos humanos, y la adopción de medidas tendientes a enfrentar y conjurar dichas situaciones, y cursar invitación a representantes de las mencionadas organizaciones en calidad de participantes de dichas sesiones;

Promover la reactivación de escenarios de interlocución mixta, pluralista e interinstitucional tales como el consejo gubernamental de derechos humanos (artículo 50 del Decreto 372 de 1996) así como la creación de escenarios a nivel departamental y municipal para la discusión y formulación de políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en los cuales participen las autoridades civiles, la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado junto con los miembros de las organizaciones de derechos humanos;

Promover y efectuar un seguimiento sostenido y sistemático, e impulsar con determinación, dentro de la órbita de sus competencias, las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas relacionadas con violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cuyas víctimas tengan o hayan tenido la condición de miembros de organizaciones de derechos humanos;

Como complemento de lo anterior y en orden al debido cumplimiento por parte de los funcionarios públicos de los deberes impuestos por esta directiva, el Presidente de la República, insta y convoca, a las entidades que integran la rama judicial y el Ministerio Público a:

Otorgar prioridad y conducir con especial eficiencia y celeridad, las investigaciones penales y disciplinarias relacionadas con violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cuyas víctimas tengan o hayan tenido la condición de miembros de organizaciones de derechos humanos;

Responsabilizar de la conducción de las respectivas investigaciones a personal muy idóneo y eficiente así como asignar agentes especiales del Ministerio Público a los respectivos procesos que a su vez tenga tales cualidades.

N. del D.: Esta directiva presidencial va dirigida a ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, directores de entidades descentralizadas del orden nacional, consejeros presidenciales, gobernadores, alcaldes, comandante general de las fuerzas militares, comandante del Ejército Nacional de Colombia, Armada Nacional de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, director general de la Policía Nacional.

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